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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06480-00

Fecha
24 de enero de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06480-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Santander Bolívar Solano, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06480-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

24 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 24 de enero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06480-00
Demandante: Santander Bolívar Solano
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias mediante las cuales se rechazó
el recurso extraordinario de revisión que había interpuesto.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Santander Bolívar
Solano contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 26 de noviembre de 2024, Santander Bolívar Solano presentó una
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, con
ocasión de las providencias de 2 de agosto y 21 de octubre de 2024, Rad.
11001-03-25-000-2022-00455-00 (4739-2022), mediante las cuales se rechazó
el recurso extraordinario de revisión que había interpuesto contra la
Sentencia proferida el 31 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Atlántico, dentro del proceso con radicado No. 08001-23-33-000-2016-01249-
01 (3179-2019)2.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Aunque solo solicitó la revocatoria del Auto de 21 de octubre de 2024, una lectura integral del escrito de tutela

permite establecer que la finalidad de la solicitud de amparo es que se revoquen las decisiones que rechazaron
el recurso extraordinario, es decir, también la providencia de 2 de agosto del mismo año.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06480-00
Demandante: Santander Bolívar Solano
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección A
Decisión: Declara improcedencia
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“1.- Solicito que se amparen los Derechos Fundamentales violados, artículo 29
de la Constitución Nacional, Derecho al Debido Proceso, y el derecho al acceso
a la administración de justicia artículo 229 y 228 de la C. N., prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal.- Y en virtud de este amparo solicito con el
debido respeto, se deje sin efecto o se REVOQUE el auto de fecha octubre 21
de 2024, que resolvió la reposición hecha contra el auto que rechazo de plano
el recurso de revisión, y en su defecto se ordene adelantar el proceso de la
revisión de las sentencias que le fueron adversas al aquí accionante SANTANDER
BOLIVAR SOLANO, por cuanto se demostró la existencia de la prueba,
comunicación escrita donde el trabajador solicito a la Universidad el cambio
de régimen de cesantías, prueba ésta que MANTUVO OCULTA la Universidad
del Atlántico, para negar el derecho que le asiste al aquí accionante a lo
establecido en el artículo 99 de la ley 50 de 1990.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) Santander Bolívar Solano presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad del acto por
medio del cual la Universidad del Atlántico le negó la sanción moratoria por
no pago oportuno de las cesantías.

5. 2) En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Atlántico negó las
pretensiones porque el trabajador pertenecía al régimen de cesantías
retroactivo, no anualizado.

6. 3) El demandante presentó recurso de apelación3. En segunda
instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó la decisión con argumentos similares.

7. 4) Una vez obtuvo la comunicación mediante la cual, el demandante
había solicitado a la Universidad el traslado de régimen de cesantías, que,
según su dicho, se encontraba oculta, en poder de la Universidad del
Atlántico, el 21 de agosto de 2022 presentó recurso extraordinario de
revisión4.

8. 5) La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
inadmitió la demanda de revisión para que se acreditara el envío de la

3 En el recurso de apelación argumentó que hubo errores de valoración de pruebas por el tribunal pues, no se

tuvieron en cuenta documentos que demostraban que la Universidad del Atlántico abrió una cuenta en un fondo
privado para las cesantías del trabajador Santander Bolívar Solano, atendiendo su solicitud. Manifestó que, a pesar
de que la primera instancia no encontró evidencia de la solicitud de traslado, había documentos y certificaciones
que daban cuenta del cambio de régimen de cesantías y la negligencia de la universidad al no continuar
consignando anualmente. Además, señaló que no se habían decretado pruebas testimoniales, lo que, junto a la
falta de valoración integral de las pruebas, constituyó una violación al derecho de defensa y prueba del actor.
4 “En efecto, de los documentos nuevos encontrados, unos son los correos cruzados entre el Docente SANTANDER

BOLIVAR SOLANO y el Departamento de Talento Humano de la Universidad del Atlántico, con Blanca Libia Soto,
correos donde se aprecia que la universidad DIRECCIONA al trabajador para que retire las Cesantías solicitadas,
al Fondo privado de Cesantías PROTECCION, dando por hecho que las cesantías del trabajador están en el fondo
PROTECCIÓN y por ende se pudiera decir y concluir que el REGIMEN DE CESANTIAS del trabajador es el
ANUALIZADO, establecido por la Ley 50 de 1990,- Y cuando el docente solicita nuevamente a la Universidad por
sus Cesantías, le reportan que se agotaron.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06480-00
Demandante: Santander Bolívar Solano
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección A
Decisión: Declara improcedencia
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demanda y sus anexos a la Universidad del Atlántico, se indicara con
claridad la sentencia cuya revisión pretendía y se adjuntara copia de
aquella con su constancia de ejecutoria; luego de presentado el escrito de
subsanación, por Auto de 2 de agosto de 2024, la rechazó porque se
presentó el recurso extraordinario sin que la sentencia de segunda instancia
estuviera ejecutoriada5. La parte demandante interpuso recurso de
reposición, en el que argumentó que la sentencia sí se encontraba
ejecutoriada pues, de acuerdo con certificación presentada, la sentencia
de segunda instancia había quedado ejecutoriada el 11 de febrero de 2022,
lo que indicaba que la de primera instancia también ya había cobrado
firmeza. El 21 de octubre de 2024, esa misma autoridad judicial confirmó la
decisión. Para ello, adujo que el recurso se había dirigido contra la sentencia
de primera instancia del Tribunal Administrativo de Atlántico6.

5 “El recurso extraordinario de revisión es un instrumento procesal destinado a controlar decisiones judiciales que

han adquirido firmeza mediante la cosa juzgada. Según el artículo 248 del CPACA: (…) Este mecanismo tiene por
finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada y, de conformidad con las
causales que establece el 250 del CPACA, busca el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía
de las garantías procesales, respecto de: i) decisiones judiciales que fueron permeadas por circunstancias no
conocidas al momento de proferir el fallo y ii) por la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos o por nulidades
originadas al tiempo de proferir la sentencia. // Desde luego, no se trata de un medio idóneo para modificar el
discurso de las instancias, sino que, al ser extraordinario y exceptivo, sólo procede en los casos previstos por el
legislador y en las precisas hipótesis normativas, las cuales, en general, atañen a cuestiones desconocidas en la
actuación donde los fallos con el sello de cosa juzgada fueron proferidos. // En el escrito de subsanación, la parte
recurrente presentó copia de la sentencia objeto del recurso extraordinario, junto con la constancia de ejecutoria,
lo cual permitió verificar que la sentencia del 31 de enero de 2019, emitida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, fue apelada por el señor Santander Bolívar Solano; recurso que fue resuelto mediante providencia del
16 de septiembre de 2021 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. // En ese sentido, el
artículo 302 del Código General del Proceso que trata lo relacionado con la ejecutoria de las providencias
judiciales que se dicten por fuera de audiencias, las cuales «[…] quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos» (Negrillas fuera del texto
original). // En este caso, la decisión cuya nulidad se busca mediante el recurso extraordinario de revisión
corresponde a la sentencia proferida el 31 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó
las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionadas con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la Ley 344 de 1996
y el Decreto Reglamentario 1582 de 1998. Sin embargo, esta decisión no puede considerarse definitiva en la
medida que no se habían agotado todas las instancias del proceso, es decir, la segunda instancia. // Recuérdese
que el recurso extraordinario de revisión está destinado a impugnar sentencias en firme y no a cuestionar asuntos
que aún no ha sido resuelto de manera definitiva. // Así las cosas, al constatarse que la demanda de revisión
intenta impugnar una orden judicial que no se encontraba debidamente ejecutoriada y, por lo tanto, no es
susceptible de ser revisada mediante este recurso, se rechazará de plano el recurso extraordinario de revisión
interpuesto.”
6 “Aplicadas las mencionadas disposiciones, el Despacho encuentra que el recurso de reposición interpuesto es

procedente, toda vez que: i) no existe norma legal que lo prohíba y ii) se formuló de manera oportuna, pues se
presentó y sustentó dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto recurrido. // Para resolver se tiene
que, el recurso de revisión es un medio de impugnación extraordinario que tiene por finalidad corregir los errores
evidentes y trascendentales en que haya incurrido una sentencia ejecutoriada, carácter que ostentan aquellas
contra las cuales no procede recurso alguno o cuando han sido resueltos lo que procedían contra ella. // En este
contexto, el artículo 302 del Código General del Proceso regula la ejecutoria de las providencias judiciales emitidas
fuera de audiencia, estableciendo que estas «[...] se consideran ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas,
siempre que no existan recursos o que los términos para su interposición hayan vencido sin que se hayan
presentado, o cuando se encuentre ejecutoriada la decisión que resuelva los recursos interpuestos». // Aunque la
parte recurrente tiene razón al señalar la incongruencia en la decisión del 2 de agosto de 2024, en la que se afirma
que no existe una sentencia ejecutoriada cuando en realidad sí la hay —pues en esa misma decisión se indicó
que la apelación presentada por el señor Santander Bolívar Solano fue resuelta mediante providencia del 16 de
septiembre de 2021 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado—, lo cierto es que la decisión
de rechazar el recurso debe mantenerse por las razones que pasan a explicarse: // Cuando en un proceso se han
dictado sentencias tanto de primera como de segunda instancia, es indiscutible que el recurso de revisión debe
dirigirse contra la última decisión, ya que es la que adquiere firmeza y se convierte en cosa juzgada (artículo 248
del CPACA); pues el recurso extraordinario de revisión está diseñado para impugnar sentencias que ya tienen la
calidad de cosa juzgada, lo cual solo puede ser intentado con éxito cuando la providencia que se impugna está
revestida de la citada condición, y para el caso en particular, no le corresponde más que a la decisión de esta
Corporación. // Así, la decisión susceptible de revisión debe ser necesariamente la de segunda instancia,
independientemente de que los hechos que sustentan la causal de revisión hayan ocurrido en la primera instancia.
De lo contrario, se dejaría incólume y sin impugnación el fallo de segunda instancia, que es el que otorga

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Decisión: Declara improcedencia
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9. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico,
procedimental y sustantivo, porque (1) no se tuvo en cuenta como prueba,
una consignación de cesantías anualizadas de 2007 al Fondo de Cesantías
Protección, la cual demostraba el cambio de régimen del accionante; (2)
se cambiaron las razones para rechazar el recurso extraordinario de revisión,
pues, primero, se indicó que no estaba ejecutoriada la sentencia de
segunda instancia y, posteriormente, se cambió dicho argumento para
señalar que se había presentado el recurso contra la sentencia de primera
instancia y no la de segunda; y (3) inaplicó los artículos 228 a 230 de la
Constitución Política e interpretó indebidamente los artículos 170 y 171 del
CPACA y 90 del CGP, este argumento no fue desarrollado en el texto de la
demanda.

10. De acuerdo con lo planteado, el Tribunal Administrativo de Atlántico
no tuvo en cuenta una comunicación que estaba en poder de la
Universidad, en la cual, el trabajador había solicitado el traslado de régimen
y, en segunda instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, además de eso, tampoco atendió que se había efectuado una
consignación al fondo privado de cesantías, lo que también daba cuenta
del cambio de régimen.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7

11. La Universidad del Atlántico solicitó que se desestimara la solicitud de
amparo por ser improcedente y carente de fundamento. Consideró que la
decisión de rechazar el recurso extraordinario de revisión debía mantenerse,
ya que este debió dirigirse contra la sentencia de segunda instancia
ejecutoriada y no contra la de primera instancia. Además, señaló que no
era viable que el despacho modificara el objeto de la revisión y la estudiara
frente a la sentencia de segunda instancia y, ante la inadmisión, la parte
demandante insistió en que la decisión atacada era la de primera instancia.

inmutabilidad a la sentencia de primera instancia. // Así las cosas, teniendo en consideración que en el asunto
bajo examen el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico fue apelado por la
parte demandante, y resuelto por el Consejo de Estado, en la cual se confirma la de primer grado, al venir dirigido
el recurso de revisión contra la decisión del ad quo se imponía, necesariamente, ante la afirmación expresa del
recurrente en ese sentido, el rechazo de la demanda aquí formulada. // Ahora, precisamente por ser excepcional
el mecanismo de revisión, se requiere la delimitación de su ejercicio, pues de otro modo se desfiguraría su
naturaleza extraordinaria y la seguridad jurídica de los fallos legalmente en firme sufriría un grave menoscabo. //
En consecuencia, tampoco era viable que el Despacho modificara el objeto de la revisión para dirigirla contra la
sentencia de segunda instancia, pues incluso la propia parte, al subsanar el recurso que había sido inadmitido por
error en la identificación del proceso, aportó la decisión de primera instancia, reafirmando así que la decisión
impugnada era la del Tribunal- como expresamente se señaló en la demanda-. Cualquier adecuación oficiosa
habría generado una imprecisión, distorsionando el verdadero alcance del recurso y desviando la atención de lo
que realmente se buscaba llevar a conocimiento. // En consecuencia, el recurso presentado era improcedente,
y obligaba al rechazo de la demanda, sin que fuera necesario examinar los demás aspectos formales.”
7 Por Auto de 28 de noviembre de 2024, se admitió la acción de tutela presentada por Santander Bolívar Solano

contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y se dispuso vincular a la Universidad del
Atlántico, como tercero con interés en el asunto.

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12. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pese
a que fue debidamente notificada8, guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

13. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

14. Para la Corte Constitucional, este requisito encuentra su razón de ser
en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la
necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia
adicional para reabrir debates de carácter legal. En ese orden, como
finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de
preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e
independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde
se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en
una instancia adicional9.

15. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto10; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario11 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad12.

8 Índice 9 de Samai.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
12 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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16. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202313,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

17. En el presente asunto, ante el rechazo del recurso extraordinario de
revisión porque se pretendió “impugnar una orden judicial que no se
encontraba debidamente ejecutoriada y, por lo tanto, no es susceptible de
ser revisada mediante este recurso”14, la parte demandante interpuso
recurso de reposición en el que argumentó (se trascribe):

“Es de tener en cuenta que la sentencia que se presentó a revisión en el recurso
extraordinario de Revisión, fue la sentencia del 31 de enero de 2019, y en el
texto del auto ahora recurrido de agosto 02, en el folio segundo, renglón 27,
usted reconoce que esa sentencia de 31 de enero de 2019, fue resuelta en
segunda instancia a 16 de septiembre de 2021, Por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, Consejero Ponente Dr. Gabriel Valbuena
Hernández.

Entonces, mi réplica a su decisión en auto de agosto 02 de 2024, que amerita
este recurso de Reposición, se concentra en que ese auto afirma que esta
sentencia de segunda instancia de 16 de septiembre 2021, no estaba aún
ejecutoriada al momento de presentar, éste suscrito apoderado, mi recurso de
Revisión, lo cual se produjo a agosto 31 de 2022.

Si la sentencia de primera instancia tiene fecha de ejecutoria febrero 11 de
2022, conforme a certificación ya antes aportada y que nuevamente presento
junto a este escrito, obviamente señor Consejero, es procesalmente
confirmatoria, que, si ésta sentencia de primera instancia, ha quedado
ejecutoriada es porque la sentencia de segunda instancia ya ha adquirido
firmeza, y está ejecutoriada también.”

18. Con base en lo anterior, la Sala evidencia que la parte actora
pretendió, vía acción de tutela, que se analizaran argumentos que ya
habían sido expuestos en el trámite del recurso extraordinario de revisión y,
de manera particular, al sustentar el recurso de reposición contra la decisión
de rechazo de la demanda de revisión, de 2 de agosto de 2024.

19. En el escrito de tutela, la parte actora reiteró esos argumentos, así (se
trascribe):

“Debe considerarse y tenerse en cuenta, que en el momento, que el Consejo
de Estado al mandar a subsanar el recurso de revisión presentado contra la
sentencia de primera instancia, y no haberse éste pronunciado en el sentido de
que el recurso estaba mal dirigido, está VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO Y ESTA
IMPIDIENDO EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y ESTA VIOLANDO
EL DERECHO A LA IGUALDAD.- ¿Cómo así, es que 26 meses después de
presentado el recurso de revisión y habiéndose pronunciado en un auto
RECHAZANDO DE PLANO EL RECURSO DE REVISIÓN en agosto 2 de 2024,

13 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Auto de 2 de agosto de 2024. Rad. 11001-03-25-000-2022-

00455-00 (4739-2022).

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argumentando que éste se había presentado sin antes haberse dado la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, y al presentarse reposición a
ese auto que rechazo de plano el recurso de revisión, el Consejo de Estado
emite un auto donde dice NO REPONE, por cuanto si bien se está demostrando
en la reposición presentada, que el recurso de revisión se interpuso después de
haberse dado la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia; al resolver
esa reposición, resuelve rechazar el recurso de revisión con unos NUEVOS
ARGUMENTOS, porque éste debió haberse presentado contra la sentencia de
segunda instancia y no contra la sentencia de primera instancia como se hizo;
generando de esta manera una VIOLACION AL DEBIDO PROCESO Y AL
DERECHO A LA IGUALDAD Y AL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA, dándose un exceso ritual manifiesto, cercenando la posibilidad
para que el aquí accionante hiciese valer su derecho a reclamar la sanción
contemplada en la ley 50 de 1990, y PERMITIENDO que prosperara la excepción
presentada por la Universidad del Atlántico, en el proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho cuando se atacaba la Nulidad del Acto
Administrativo VICIADO DE NULIDAD POR FALSA MOTIVACION, excepcionando
la Universidad que el trabajador pertenece al régimen de cesantías retroactivo
y no al anualizado habiendo ocultado la prueba donde el trabajador solicito
cambiar de régimen de cesantías acogiéndose a lo dispuesto en la ley 50 de
1990.”

20. Esta inconformidad fue resuelta por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado de la siguiente forma (se trascribe):

“Aunque la parte recurrente tiene razón al señalar la incongruencia en la
decisión del 2 de agosto de 2024, en la que se afirma que no existe una
sentencia ejecutoriada cuando en realidad sí la hay —pues en esa misma
decisión se indicó que la apelación presentada por el señor Santander Bolívar
Solano fue resuelta mediante providencia del 16 de septiembre de 2021 por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado—, lo cierto es que la
decisión de rechazar el recurso debe mantenerse por las razones que pasan a
explicarse:

Cuando en un proceso se han dictado sentencias tanto de primera como de
segunda instancia, es indiscutible que el recurso de revisión debe dirigirse contra
la última decisión, ya que es la que adquiere firmeza y se convierte en cosa
juzgada (artículo 248 del CPACA); pues el recurso extraordinario de revisión está
diseñado para impugnar sentencias que ya tienen la calidad de cosa juzgada,
lo cual solo puede ser intentado con éxito cuando la providencia que se
impugna está revestida de la citada condición, y para el caso en particular, no
le corresponde más que a la decisión de esta Corporación.

Así, la decisión susceptible de revisión debe ser necesariamente la de segunda
instancia, independientemente de que los hechos que sustentan la causal de
revisión hayan ocurrido en la primera instancia. De lo contrario, se dejaría
incólume y sin impugnación el fallo de segunda instancia, que es el que otorga
inmutabilidad a la sentencia de primera instancia.

Así las cosas, teniendo en consideración que en el asunto bajo examen el fallo
de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico fue
apelado por la parte demandante, y resuelto por el Consejo de Estado, en la
cual se confirma la de primer grado, al venir dirigido el recurso de revisión contra
la decisión del ad quo se imponía, necesariamente, ante la afirmación expresa
del recurrente en ese sentido, el rechazo de la demanda aquí formulada.

Ahora, precisamente por ser excepcional el mecanismo de revisión, se requiere
la delimitación de su ejercicio, pues de otro modo se desfiguraría su naturaleza
extraordinaria y la seguridad jurídica de los fallos legalmente en firme sufriría un
grave menoscabo.

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Demandante: Santander Bolívar Solano
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección A
Decisión: Declara improcedencia
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En consecuencia, tampoco era viable que el Despacho modificara el objeto
de la revisión para dirigirla contra la sentencia de segunda instancia, pues
incluso la propia parte, al subsanar el recurso que había sido inadmitido por error
en la identificación del proceso, aportó la decisión de primera instancia,
reafirmando así que la decisión impugnada era la del Tribunal- como
expresamente se señaló en la demanda-. Cualquier adecuación oficiosa habría
generado una imprecisión, distorsionando el verdadero alcance del recurso y
desviando la atención de lo que realmente se buscaba llevar a conocimiento.”

21. De lo anterior, se advierte que la parte actora, en su solicitud de
amparo, planteó argumentos que ya fueron estudiados por el juez natural
de la causa, lo cual impide al juez de tutela pronunciarse al respecto. Insiste
el demandante en desconocer los efectos del artículo 248 del CPACA, pues
pretende que sea admitido el recurso extraordinario de revisión contra una
decisión de primera instancia, a pesar de que el juez natural de la causa ya
le había indicado las razones por las que no procedía la revisión.

22. Adicionalmente, la parte actora no desplegó una carga
argumentativa suficiente para explicar por qué su litigio revestía una
verdadera trascendencia constitucional que hiciera necesaria la
intervención del juez de tutela. Por el contrario, sus argumentos dan cuenta
de una inconformidad con la conclusión a la que llegó la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero no evidenciaron un
defecto que conllevara a una vulneración de sus derechos fundamentales.

23. Dentro de los motivos de inconformidad planteados, también señaló
el solicitante de amparo que no se tuvo en cuenta la prueba de una
consignación al Fondo de Cesantías Protección, que demostraba el cambio
de régimen del accionante. Este argumento amerita igual pronunciamiento
pues, tal situación fue planteada desde el mismo proceso ordinario, luego,
en el trámite del recurso extraordinario de revisión y, evidentemente, se trata
de una discrepancia con el concepto de los jueces que conocieron con
anterioridad el asunto.

24. Finalmente, respecto de la inaplicación de los artículos 228 a 230 de
la Constitución Política y la indebida interpretación de los artículos 170 y 171
del CPACA y 90 del CGP, la parte actora no ejerció una carga
argumentativa suficiente que permitiera siquiera el estudio de tales reparos.

25. Así las cosas, debe aclararse que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06480-00
Demandante: Santander Bolívar Solano
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección A
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional15.

2.2. Conclusión

26. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el requisito de
relevancia constitucional no se cumplió en el caso concreto y, por tal
motivo, se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos
de procedencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada
por Santander Bolívar Solano, de conformidad con las razones expuestas en
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

15 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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