Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06482-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06482-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06482-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
6 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06482-00
Demandante: Sergio Hernán Bejarano Vergara
CONSEJO DE ESTADO.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06482-00
Demandante SERGIO HERNÁN BEJARANO VERGARA
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela contra actuación de empresa prestadora de energía
eléctrica y de la Policía Nacional. Ingreso al predio del actor sin previa
autorización ni justificación. Intervención ilegal del predio del actor sin
constituir previa servidumbre. Daños al predio del actor por parte de
la empresa de servicios públicos domiciliarios. Incumplimiento del
RETIE.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Sergio Hernán Bejarano Vergara, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de noviembre de 20241, Sergio Hernán Bejarano Vergara interpuso acción de
tutela contra el presidente de la República, la Policía Nacional y la empresa ENEL
Colombia SA ESP porque considera que esas autoridades vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la propiedad privada cuando
ingresaron sin autorización a su predio denominado «La Esperanza» el 20 de
noviembre de 2024 sin que existiera una imperiosa necesidad que justificara esa
acción en los términos del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016 .
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Declarar que los accionados, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA, la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
y ENEL COLOMBIA - CODENSA S.A. ESP, vulneraron mis Derechos Fundamentales del
Debido Proceso, a la Propiedad Privada, a recibir la misma protección y trato por parte de las
autoridades (igualdad), e innominados, por omisión, acción, abuso de autoridad y
extralimitación de funciones, al haber ingresado de manera arbitraria a mi propiedad, sin mi
consentimiento, ni orden judicial, administrativa o expedida por autoridad competente,
tampoco bajo los requisitos de la IMPERIOSA NECESIDAD, establecidos en el artículo 163
de la Ley 1801 de 2016; predio rural denominado “Predio Rural La Esperanza”, identificado
con número de matrícula inmobiliaria No. 160- 7512 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Gachetá, Cundinamarca, Código Catastral: BAK0001YEKBCOD, adquirida
mediante compraventa y ubicada en este mismo municipio, vereda Resguardo Primero.
SEGUNDA: Declarar que el accionado, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
vulneró mis Derechos Fundamentales del Debido Proceso, a la Propiedad Privada, a recibir la
misma protección y trato por parte de las autoridades (igualdad), e innominados, por omisión,
a sus deberes constitucionales y legales, ya que como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa, está obligado a garantizar los derechos y libertades de
todos los colombianos, por lo tanto, le corresponde dirigir la fuerza pública y disponer de ella
como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República, asegurando que los
habitantes de Colombia convivan en paz de acuerdo con las disposiciones constitucionales de
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Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índices 1 y 2).
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los artículos 189.3 en concordancia con el artículo 216 y artículo 218, y en ese sentido, el
Presidente de la República o a través del Ministro de Defensa deben instruir a la Policía
Nacional de Colombia en materia de Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y en
especial el respeto por el Debido Proceso con énfasis en el artículo 163 de la Ley 1801 de
2016; a la Propiedad Privada y a que la Fuerza Pública brinde la misma protección y trato a
los particulares (igualdad), así como control y vigilancia sobre las actuaciones desplegadas
por los miembros de la Policía Nacional de Colombia en ejercicio de sus funciones de Policía,
toda vez que, por falta y ausencia de formación, capacitación, instrucción y dar directrices
claras, precisas y concretas a la Policía Nacional, los agentes del Estado irrumpieron
ilegalmente en mi propiedad y si tuvieran la formación o el conocimiento sobre la prohibición
de ingresar a inmuebles privados sin autorización del propietario, orden judicial o
administrativa, así como su deber de informar al superior con copia al propietario cuando no
existe orden escrita, no hubieran vulnerado, afectado y puesto en peligro mis derechos
fundamentales, máxime que en la actualidad, continúan en riesgo y amenaza por las
accionadas al pretender volver a ingresar cuando lo deseen. TERCERA: Declarar que la accionada, la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA
NACIONAL DE COLOMBIA, vulneraron mis Derechos Fundamentales del Debido Proceso, a
la Propiedad Privada, a recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades
(igualdad), e innominados, al OMITIR SUS DEBERES CONSTITUCIONALES Y LEGALES
como autoridades de Policía, consagrados en el artículo 81 de la Ley 1801 de 2016, al no
desplegar la acción preventiva por perturbación, impidiendo o expulsando a los responsables
de las irregularidades, por el contrario, autorizaron el ingreso y brindaron acompañamiento,
en menoscabo de mis derechos fundamentales y atropello a mi propiedad, abusando de su
autoridad y extralimitándose en sus funciones. CUARTA: Ordenar al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en el término de
CUARENTA Y OCHO (48) horas y en garantía del Debido Proceso por haber ingresado la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA – ESTACIÓN
DE POLICÍA DE GACHETÁ – CUNDINAMARCA a mi predio sin autorización y sin orden
escrita de autoridad judicial o administrativa competente, tampoco bajo los requisitos de la
IMPERIOSA NECESIDAD, establecidos en el artículo 163 de la Ley 1801 de 2016; para que
instruya, forme y capacite a la Policía Nacional de Colombia en materia de Derechos
Humanos, Derechos Fundamentales y en especial el respeto por el Debido Proceso, con
énfasis en el artículo 163 de la Ley 1801 de 2016; a la Propiedad Privada y a que la Fuerza
Pública brinde la misma protección y trato a los particulares (igualdad), así conminarlo a que
ejerza control y vigilancia sobre las actuaciones desplegadas por los miembros de la Policía
Nacional de Colombia en ejercicio de sus funciones de Policía, de manera directa o a través
del Ministro de Defensa. QUINTA:
Ordenar que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA, en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas y en garantía del Debido
Proceso por haber ingresado a mi predio sin autorización, sin orden escrita de autoridad
judicial o administrativa competente, tampoco bajo los requisitos de la IMPERIOSA
NECESIDAD, establecidos en el artículo 163 de la Ley 1801 de 2016; me notifique la copia
del informe escrito que haya realizado ante el superior, conforme lo dispone el parágrafo 1 del
artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, indicando que funcionario, cargo y entidad pública o
privada a la que pertenece, dio la orden verbal o escrita para ingresar a mi predio, así como
el oficial, suboficial o miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional de Colombia que
autorizó el desplazamiento de las unidades policiales e ingreso a mi predio, anexando los
soportes correspondientes y así poder ejercer las demás acciones jurídicas que procedan
contra ese acto administrativo. SEXTA: Ordenar que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA, en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas y en garantía del Debido
Proceso por haber ingresado a mi predio sin autorización, sin orden escrita de autoridad
judicial o administrativa competente, tampoco bajo los requisitos de la IMPERIOSA
NECESIDAD, establecidos en el artículo 163 de la Ley 1801 de 2016; imponga las medidas
correctivas que apliquen a cada una de las personas que irrumpieron en mi inmueble de
manera ilegal, en especial el comportamiento establecido en el numeral 3 del artículo 77 de la
Ley 1801 de 2016, incluyendo las unidades de la misma Policía Nacional, a quienes por su
calidad de funcionarios públicos se compulse también copia a la Oficina de Control Interno
Disciplinario de la misma Institución y a la Procuraduría General de la Nación para que decida
sobre el poder preferente, debiendo rendir un informe de la relación de los implicados y lo
actuado al Juez Constitucional con copia al accionante. SÉPTIMA: Ordenar que la empresa ENEL COLOMBIA - CODENSA S.A. ESP, en el término
de CUARENTA Y OCHO (48) horas y en garantía del Debido Proceso, al no existir
servidumbre legalmente constituida ni registrada en el folio de matrícula de mi predio, retire
los postes, el transformador y líneas eléctricas de alta y baja tensión de mi inmueble, los cuales
pueden ser movidos a la vía pública principal, que está ubicada a 20 metros aproximadamente
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y donde no afecta mi propiedad, ni al servicio de energía que presta a la comunidad, además
de cesar el riesgo grave contra la vida, inminente, concreto, especifico, presente, serio, claro
y que puede materializarse donde una persona o animal se electrocute o sufra una descarga
eléctrica sobre todo en esta época de lluvias, debido a las cuerdas botadas por el piso o contra
las cercas de púas, la cual pueden convertirse en conductoras de energía, máxime que la han
venido recargando cada vez más de nuevas líneas eléctricas y realizando instalaciones sin
que el suscrito autorice el tránsito por mi propiedad, por lo que, se solicita de manera
provisional, mientras la empresa realiza el traslado de las redes, se ordene no instalar nuevas
conexiones de ese punto, y desde ya, RESPONSABILIZO CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUALMENTE a la empresa Enel Colombia – Codensa S.A. ESP y al Estado
Colombiano, por los daños y perjuicios que se lleguen a ocasionar por su irresponsabilidad y
falla en la prestación del servicio. Es claro que para la imposición de una servidumbre se debe
adelantar el respectivo proceso ante la jurisdicción ordinaria y bajo el respeto del debido
proceso y no por vías de hecho como lo pretende realizar la empresa de energía en
complicidad de la Policía Nacional de Colombia y de ser procedente, será en el lugar menos
gravoso para el inmueble y no en la mitad del predio, como se encuentra impuesto
actualmente, a través de la fuerza, haciendo uso de la posición dominante y de superioridad
frente al accionante.
OCTAVA: Ordenar que la empresa ENEL COLOMBIA - CODENSA S.A. ESP, en el futuro y
en garantía del Debido Proceso, se abstenga de ingresar a mi propiedad sin mi consentimiento
por escrito o sin orden judicial o administrativa, expedida por autoridad competente.
NOVENA: Ordenar que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA, en el futuro y en garantía del Debido Proceso, se abstenga de ingresar a mi
propiedad sin mi consentimiento por escrito o sin orden judicial o administrativa, expedida por
autoridad competente.
DÉCIMA: Ordenar que la empresa ENEL COLOMBIA - CODENSA S.A. ESP, en el futuro y en
garantía del Debido Proceso, se abstenga de cortar sin mi autorización, partir o dañar los
árboles de mi propiedad, asimismo, se abstenga de dejar las cuerdas de electricidad en el piso
por la mitad del potrero o contra las cercas de púa, lo que no solamente genera daños a estas,
sino que pone en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de quienes recorremos el
predio y nuestros animales como los bovinos.
DÉCIMA PRIMERA: Ordenar que la empresa ENEL COLOMBIA - CODENSA S.A. ESP, en el
futuro y en garantía del Debido Proceso, me informe previamente y a través de mi correo
electrónico personal: sergiobejarano391@gmail.com; cualquier visita, inspección o trabajo en
mi predio y deberá contar con mi autorización por escrito antes de ingresar a mi predio,
indicando la fecha, hora, trabajo a realizar, los nombres completos e identificación de los
funcionarios o contratistas que vayan a asistir. Mi correo electrónico personal es el único medio
de contacto y de notificaciones que autorizó para que la empresa de energía me contacte.
DÉCIMA SEGUNDA: Ordenar a los accionados, al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA, la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
y ENEL COLOMBIA - CODENSA S.A. ESP, que en el término de CUARENTA Y OCHO (48)
horas, y en garantía de mis derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad privada,
a recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades (igualdad), e innominados,
así como a la dignidad humana, buen nombre, honra y reputación, los cuales también se están
viendo afectados en el municipio de Gachetá - Cundinamarca, máxime, cuando ya se ha
escuchado el voz a voz que a ese predio se puede ingresar en cualquier momento y cuando
cualquier persona lo considere necesario porque la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y la
empresa ENEL COLOMBIA - CODENSA S.A. ESP AUTORIZARON debido a la prestación del
servicio de energía a la comunidad, lo que genera un riesgo mayor y vulneración, por lo tanto,
solicito que los accionados en conjunto, presenten disculpas públicas en el mismo lugar de los
hechos, informándome la fecha y hora del acto previamente a través de mi correo electrónico
personal: sergiobejarano391@gmail.com; en todo caso, garantizando mi presencia y de ser
necesario se adelante el acto de manera consensuada con el suscrito accionante.» 2
Adicional a lo anterior, solicitó que se decretara medida provisional en los siguientes
términos:
«De conformidad con el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, solicito señor Juez
Constitucional que, en garantía del debido proceso, se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO
DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y ENEL COLOMBIA - CODENSA S.A.
ESP, abstenerse de ingresar a mi predio bajo ninguna circunstancia, hasta que su honorable
Despacho profiera fallo definitivo dentro de la presente acción constitucional.»
2
Páginas 6 a 10 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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2. Hechos
Se destacan los siguientes hechos del escrito de tutela:
2.1. El actor narró que el 20 de noviembre de 2024, la Policía Nacional y la
sociedad ENEL Colombia SA ESP (en adelante ENEL) ingresaron al predio de
su propiedad llamado «La Esperanza», sin que mediara autorización y
desconociendo su derecho al debido proceso, pues no cumplían con el
requisito de imperiosa necesidad establecido en el artículo 163 de la Ley 1801
de 2016.
Dijo que ENEL instaló postes, transformadores y cables en el predio sin su
consentimiento.
2.2. Expuso que ese mismo día, los empleados de ENEL intentaron realizar más
conexiones eléctricas sin su autorización por lo que el usufructuario del predio,
el señor Carlos Bejarano Torres, rechazó el ingreso a la propiedad.
Ante la negativa de autorización para el ingreso al predio, los empleados de la
empresa de energía acudieron a la Policía Nacional y el agente ingresó al
predio sin que mediara orden judicial, administrativa o una justificación válida
y permitió el ingreso de los funcionarios de ENEL, a pesar del llamado de
atención del usufructuario de que se respetara su derecho al debido proceso
y a la propiedad privada.
2.3. Reprochó que la Policía Nacional no cumplió con su deber de rendir informe
escrito al propietario después de que ingresara a su predio sin autorización,
como lo exige el parágrafo 1° del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016.
Agregó que las acciones de ENEL causaron daño en su predio como árboles
cortados y cables de energía en condiciones peligrosas para su integridad, la
de su familia y la de los animales como bovinos.
3. Fundamentos de la acción
El accionante basó la acción de tutela en la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la propiedad privada, a la igualdad, a la dignidad
humana y al buen nombre. Argumentó que las alegadas vulneraciones derivan de
hechos y omisiones atribuibles al presidente de la República, a la Policía Nacional
y a ENEL Colombia SA ESP, quienes, a su juicio, ingresaron y usaron el predio «La
esperanza» de manera arbitraria.
En el escrito de tutela se indica que el 20 de noviembre de 2024, la Policía Nacional
acompañó y permitió el ingreso de funcionarios de ENEL al predio de propiedad el
actor sin que mediara su autorización ni orden judicial o administrativa y sin que se
acreditaran los requisitos del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016 para tal propósito.
Destacó que el despliegue de estas actuaciones vulneró su derecho fundamental al
debido proceso.
Agregó que ENEL Colombia instaló una red eléctrica sin haber constituido una
servidumbre legal y causó daños al terreno dado que taló árboles y abandonó cables
en condiciones que pueden afectar la integridad de las personas y animales que
están en el predio. También reprochó que la Policía Nacional no presentó el informe
exigido por la Ley 1801 de 2016 cuando se ingresa de manera irregular a una
propiedad privada.
El actor atribuyó al presidente de la República la omisión al deber constitucional de
instruir a los agentes de policía sobre la protección de los derechos fundamentales
con miras a prevenir el despliegue de irregularidades como la que hoy se expone
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ante el juez de tutela. Y reprocha a ENEL Colombia por no seguir los procedimientos
legales en garantía del derecho a la propiedad privada.
De acuerdo con lo anterior requiere, entre otras cuestiones, que se ordene a la
empresa de energía el retiro de la infraestructura instalada y que se le exija
abstenerse de realizar nuevas actuaciones que afecten los derechos fundamentales
invocados. Asimismo, que se adopten medidas correctivas contra los responsables
para que en el futuro se respete el derecho al debido proceso y a la propiedad
privada de los dueños o usufructuarios de los predios.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 3 de diciembre de 2024, el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por Sergio Hernán Bejarano Vergara contra la
Presidencia de la República, la Policía Nacional y la Empresa ENEL Colombia
SA ESP. Además, vinculó, en calidad de tercera con interés, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y negó la medida
provisional que había sido solicitada en el escrito de tutela por considerar que
no cumplía con los propósitos constitucionalmente establecidos para su
decreto.
4.2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de
apoderada judicial, solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción de
tutela porque no vulneró los derechos fundamentales del señor Sergio Hernán
Bejarano. En esa línea, precisó que su competencia está limitada a la
inspección, vigilancia y control sobre las empresas prestadoras del servicio
público domiciliario y no sobre conflictos de carácter privado, como el ingreso
y uso del predio por parte de ENEL para instalar infraestructura eléctrica .
De otra parte, argumentó que a esa entidad no le asistía legitimación en la
causa por pasiva porque el actor no había presentado previamente una
solicitud, queja o recurso relacionado con los hechos que ahora expone en
acción de tutela, como lo exige la Ley 142 de 1994. En todo caso destacó que
la constitución de servidumbre y acceso a los predios privados para instalar
redes eléctricas corresponde a las empresas prestadoras del servicio y no a
esa entidad.
De otro lado, advirtió que corresponde a las empresas prestadoras realizar las
gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa
aplicable, como el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y constituir
formalmente las servidumbres para la operación de su infraestructura.
En los anexos del informe de la Superintendencia se encuentra el insumo
proporcionado por el superintendente delegado para Energía y Gas
Combustible en el que manifestó que:
«(…) es fundamental que la empresa prestadora realice la inspección de los activos que
señala el accionante y, con base en el análisis técnico de las mismas, proceda a aplicar las
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas anteriormente expuestas
y, con ello, la seguridad del accionante y su comunidad. Así como también realice la
verificación de sus activos y determine si cuenta con los respectivos permisos y servidumbres
Finalmente, resaltamos que la función de esta Superintendencia se circunscribe a realizar el
control, inspección y vigilancia de la prestación del servicio de energía eléctrica siendo, en
este caso, la verificación del cumplimiento del marco normativo anteriormente citado o el
pronunciamiento mediante respuesta a los recursos de apelación o queja, según
corresponda»
En línea con lo anterior, el Grupo de Atención Inmediata y Apoyo a la Gestión
para el Sector Energía y Gas requirió a la empresa ENEL Colombia SA ESP,
mediante radicado 20242015619271 del 6 de diciembre de 2024, con el fin de
que brindara información sobre los hechos que sustenta esta acción de tutela
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y adelantara de manera inmediata las acciones necesarias para asegurar la
seguridad de la infraestructura eléctrica.
4.3. La Policía Nacional, por conducto del jefe de Asuntos Jurídicos, se opuso a
las pretensiones de la tutela argumentando que los agentes de la institución
actuaron dentro del ordenamiento jurídico y que respetaron, en todo momento,
los derechos fundamentales del señor Bejarano Vergara.
Informó que la intervención en el predio «La Esperanza» se dio como
consecuencia de un requerimiento de ENEL para garantizar la seguridad de
los funcionarios de la empresa y que obedeció a su deber de resguardar el
orden público y de prevenir conflictos. También aclaró que a la entidad no le
asiste competencia para dirimir disputas privadas por el uso de los predios o
la constitución de servidumbres, dado que tales asuntos deben exponerse en
instancias judiciales.
La Policía Nacional advirtió que su ingreso al predio no implicó una violación
al derecho a la propiedad ni al debido proceso del actor debido a que sus
agentes no realizaron actos contrarios a la Constitución o a la Ley.
Como anexo a la acción de tutela se allegó copia de la comunicación oficial
GS-2024-187580-DECUN en la que el intendente Jhim Ariel Vega Sandoval,
quien hizo el acompañamiento de los funcionarios de ENEL al predio La
Esperanza del 20 de noviembre de 2024, rindió informe sobre los hechos.
El agente de policía indicó que intervino para garantizar la seguridad y facilitar
el restablecimiento del servicio de energía eléctrica luego de que ENEL
informara la caída de un poste en la vereda. Según su versión, la actuación se
realizó por instrucción del personero municipal quien advirtió la necesidad de
restituir el servicio de energía. Manifestó que su intervención se limitó al
acompañamiento para garantizar la seguridad de los operarios, de los
propietarios del predio y de los habitantes para evitar la manipulación de los
cables eléctricos que se cayeron. Enfatizó en que no actuó de forma arbitraria,
sino en cumplimiento de un mandato legal que prioriza el interés general sobre
el particular.
Con el informe también se aportó copia de los folios 79 y 80 del Libro de
Población en donde quedó registrado el acompañamiento a los empleados de
ENEL el 20 de noviembre de 2024.
4.4. ENEL Colombia SA ESP, a través del representante legal para asuntos
judiciales y administrativos, dijo que no vulneró los derechos fundamentales
del accionante porque su actuación se enmarcó en las disposiciones legales y
contractuales aplicables. Aclaró que, de acuerdo con el contrato de
condiciones uniformes CCU, sí tiene autorización para acceder a la
infraestructura eléctrica ubicada en predios privados por lo que no requería
autorización previa del propietario.
Además, argumentó la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer
el requisito de subsidiariedad, pues el actor no agotó los mecanismos
ordinarios a su disposición dado que es el juez ordinario quien debe decidir si
hay lugar a retirar los postes o si se inicia un proceso de imposición de
servidumbre, esto comoquiera que se trata de un tema netamente contractual
que no puede ser resuelto por el juez de tutela.
De otra parte, manifestó que no existe una vulneración o amenaza a los
derechos fundamentales invocados por el actor ya que el suministro de
energía eléctrica constituye un servicio esencial cuya interrupción puede
afectar derechos fundamentales de terceros. En todo caso, afirmó que el
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hecho motivador de la tutela ya se superó dado que la reconexión del servicio
ya se realizó y se eliminó cualquier afectación.
4.5. La Presidencia de la República, por conducto de la coordinadora del Grupo
Gerencia de Defensa Judicial, manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva para hacer parte de esta acción de tutela. Alegó que los
hechos y omisiones denunciados no le son atribuibles, pues no puede
intervenir directamente en las competencias de otras entidades como la Policía
Nacional, ya que aquella goza de autonomía jurídica y funcional en el
desarrollo de sus actuaciones.
Destacó que las reclamaciones del accionante no están relacionadas con una
acción u omisión específica de la Presidencia por lo que tampoco le asiste
responsabilidad alguna en los hechos narrados en la tutela.
Por lo anterior, insistió en que se le desvincule de la acción de tutela dado que
no tiene legitimación en la causa por pasiva.
4.6. El accionante radicó memorial, que subió al despacho el 16 de diciembre de
2024, en el que presentó su réplica frente a cada uno de los informes rendidos
por las autoridades que conforman la parte pasiva de esta tutela y argumentó
que no se ajustaban a los hechos relatados ni reconocían la gravedad de las
vulneraciones de los derechos fundamentales. Manifestó que las accionadas
se limitaron a justificar sus actuaciones sin abordar los daños y riesgos
ocasionados a su predio.
Respecto de la Policía Nacional, cuestionó que hubiera acompañado el
ingreso de ENEL a su predio sin contar con previa autorización, actuación que
desconoció el contenido del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016. Sostuvo que
el agente de policía en lugar de garantizar su derecho a la propiedad benefició
a los funcionarios de la empresa prestadora de servicios públicos. Y precisó
que la razón por la que los funcionarios de la empresa ingresaron a su predio
fue para conectar una nueva línea de energía eléctrica para el Salón Comunal
de la vereda el cual lleva poco de construido y hasta ese día estaba sin
electricidad. En línea, con lo anterior, solicitó que se vinculara a esta acción de
tutela a la Inspección y a la Personería Municipal de Gacheta a efectos de que
rindieran su versión de los hechos y allegaran los actos administrativos que
dieran cuenta de la validez de su actuación.
En cuanto a ENEL, refutó los argumentos con los que la empresa defendió su
derecho a ingresar al predio, pues a su juicio, no existe fundamento jurídico
para tal actuación y destacó que la empresa instaló postes, transformadores y
líneas eléctricas sin contar con una servidumbre legalmente constituida.
Además, alega que dejó cables eléctricos en el suelo con lo que generó riesgos
para personas y animales y causó daños en árboles y cercas, lo que a su juicio
da cuenta de un abuso del poder y uso indebido de la posición dominante.
También solicitó que se aplique la presunción de veracidad establecida en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, porque la Policía Nacional y la
Presidencia de la República no rindieron su informe en el término establecido
por este despacho.
Finalmente, manifestó que la Superintendencia de Servicios Públicos y la
Presidencia de la República no asumieron responsabilidad alguna
escudándose en limitaciones a su competencia, aunque sus omisiones
contribuyeron a la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la
propiedad privada.
4.7. El accionante radicó un segundo memorial el 24 de enero de 2025, en el que
solicitó impulso para el proceso constitucional considerando la fecha en que
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se radicó y admitió la acción de tutela. Insiste en la necesidad de que se
protejan con urgencia los derechos invocados dado que continúan ingresando
a su predio personas aduciendo que allí está ubicado el transformador del
servicio público de energía. Dijo que no acude a las autoridades locales en
búsqueda de una solución porque su gestión no ha sido útil en el escenario
fáctico descrito en la acción y, por el contrario, han consentido el ingreso sin
autorización de los funcionarios de ENEL a su predio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa: de las solicitudes de desvinculación y de la petición de
aplicar la presunción de veracidad
2.1. Vistos los antecedentes de la acción de tutela, esta Sala estima pertinente
acceder a la solicitud de desvinculación de la Presidencia de la República, ya
que el escenario fáctico descrito no evidencia que esa entidad o el presidente
hayan adelantado alguna acción que los vincule con la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la propiedad
privada del actor. Recuérdese que en la tutela se alega como causa de la
vulneración la intrusión de un agente la Policía Nacional y de los funcionarios
de ENEL en el predio del accionante sin contar con autorización o justificación
alguna, para instalar una red eléctrica y que en el desarrollo de esa gestión
causaron daños en su propiedad y expusieron la integridad de las personas y
animales que estaban allí.
Así las cosas, como el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela debe dirigirse «contra la autoridad pública o representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental» y el escenario fáctico de
este caso no da cuenta de que la Presidencia o el presidente de la República
tengan alguna relación con el escenario de vulneración de derechos, en la
parte resolutiva del fallo se dispondrá su desvinculación.
De la lectura de la acción de tutela se infiere que la razón por la que el señor
Bejarano Vergara relacionó como accionada a la Presidencia de la República
es porque estima que la actuación del agente de policía que ingresó a su
predio sin autorización derivó de la falta de capacitación en el marco jurídico
de sus funciones.
Si en gracia de discusión se aceptara este argumento, la autoridad encargada
de la capacitación de sus agentes es la propia Policía Nacional a través de la
Dirección de Educación Policial4 que hace parte de la Dirección General de
3
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
4
Ley 2179 de 2021. «Por la cual se crea la categoría de patrulleros de policía, se establecen normas relacionadas con el
régimen especial de carrera del personal uniformado de la policía nacional, se fortalece la profesionalización para el
servicio público de policía y se dictan otras disposiciones». Artículo 82. Profesión de Policía. (…) Para el ejercicio de la
profesión de policía, es requisito indispensable adelantar y aprobar los programas académicos dispuestos por la Policía
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esa institución5, no directamente la Presidencia, por lo que se mantendrá la
decisión de desvincularla de esta acción de tutela. En línea con lo anterior, se
descartan las pretensiones primera (parcial), segunda, cuarta y decimosegunda
(parcial) de la acción de tutela.
2.2. Respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se
negará la petición de desvinculación porque en el informe de la acción de tutela
evidenció su competencia en la vigilancia y control respecto del cumplimiento
de las leyes a las que están sujetos los prestadores de servicio y en la
verificación de que las obras, equipos y procedimientos de las empresas
cumplan con los requisitos técnicos que hayan señalado los ministerios.
Como se discute la actuación presuntamente arbitraria y riesgosa de los
funcionarios de ENEL en el ingreso al predio de propiedad del accionante y la
presunta instalación de una red eléctrica, en la que dejaron por el suelo cables
que ponen en peligro la integridad de las personas y animales que están en el
predio, se estima necesario que la entidad continúe vinculada a esta acción de
tutela.
Más aún si se considera que con los anexos al informe de tutela se aportó el
oficio de la coordinadora del Grupo de Atención Inmediata y Apoyo a la Gestión
para el Sector Energía y Gas en el que requirió a ENEL que brindara
información sobre los hechos objeto de tutela y adelantara una visita técnica
en el predio para evaluar el estado de la infraestructura eléctrica y en el caso
de encontrar situaciones de riesgo procediera a eliminarlas o mitigarlas.
2.3. De otra parte, la Sala negará la solicitud del actor de aplicar la presunción de
veracidad respecto de la Presidencia de la República y de la Policía Nacional
por haber rendido sus informes de manera extemporánea.
Al verificar el expediente electrónico se observa que el auto admisorio de la
acción de tutela fue notificado a los sujetos procesales por la Secretaría
General el viernes 6 de diciembre de 2024, por lo que los dos días hábiles para
rendir el informe se cumplieron el martes 10 de diciembre. Como la Policía
Nacional rindió informe el 10 de diciembre, se concluye que el informe fue
oportuno.
Ahora respecto, de la Presidencia de la República si bien se observa que rindió
su informe el 12 de diciembre de 2024, es decir, por fuera del término de dos
días establecido por el despacho, no puede desconocerse que no se trata de
un plazo desproporcionado que dé cuenta de negligencia o desidia respecto
del proceso constitucional, por lo que no se estima razonable aplicar la sanción
consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
En todo caso, se precisa que la consecuencia de la omisión en el informe es
declarar ciertos los hechos de la tutela relacionados con la autoridad renuente,
pero como se indicó previamente en el relato de los hechos no se evidencia
acción u omisión desplegada de manera directa por el presidente o la
Presidencia de la República en el escenario de vulneración de derechos
invocado por el actor.
Nacional. La Dirección de Educación Policial deberá certificar la idoneidad requerida para el cumplimiento de la misión
constitucional y funciones legales asignadas a Ia Policía Nacional.; artículo 83. Educación policial. «(…) PARÁGRAFO
1. La Dirección de Educación Policial priorizará formación en derechos humanos, la investigación científica en el ámbito
del servicio público de policía y el ejercicio de la profesión de policía como elementos sustantivos e inescindibles en el
diseño y desarrollo de los programas académicos de formación, capacitación y entrenamiento, buscando formar entre
otras competencias, la toma de decisiones por parte del uniformado de manera independiente y autónoma en el servicio
de policía, con base en un pensamiento reflexivo y crítico. PARÁGRAFO 2. El Consejo Superior de Educación Policial
aprobará el Sistema Educativo Policial y el Proyecto Educativo Institucional.»; artículo 84. Consejo Superior de Educación
Policial.
5
Decreto 113 de 2022. Artículo primero.
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3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala establecer, en primera medida, si
la acción de tutela supera el presupuesto de subsidiariedad. Si el requisito anterior
se encuentra satisfecho, se analizará si Enel Colombia SA ESP y la Policía Nacional
incurrieron en violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la propiedad privada del señor Sergio Hernán Bejarano al desplegar la
actuación narrada en los antecedentes de la acción de tutela el 20 de noviembre de
2024.
El análisis de la tutela se dividirá en las tres vulneraciones alegadas por el actor,
así:
3.1. ¿Es posible analizar a través de la acción de tutela la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor con ocasión a la presunta intromisión arbitraria
de la Policía Nacional y de los funcionarios de ENEL en el predio del actor?
3.2. ¿Es posible analizar a través de la acción de tutela la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del actor con ocasión de la instauración de una red eléctrica
en su propiedad sin haber constituido servidumbre previamente y por los daños que
generaron en el predio con esa actividad?
3.3. ¿Es posible estudiar a través de la acción de tutela la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del actor por las presuntas condiciones de inseguridad en la
que quedó la infraestructura eléctrica en el predio del actor?
4. Análisis del presupuesto de subsidiaridad en el caso particular
4.1. Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces.
En consecuencia, la tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias,
consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa
judicial, idóneo y eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la
idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso
concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante
y, además, dependen de la existencia o no de un perjuicio irremediable, en los
términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Recuérdese que el presupuesto de subsidiariedad de la acción de tutela
encuentra fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991. Este requisito de procedibilidad ha sido
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, quien ha establecido que se
incumple, por lo menos, en tres eventos6: a) cuando el asunto está en trámite;
b) cuando no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios; y c) cuando se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
4.2. El accionante discute, entre otras cuestiones, que el 20 de noviembre de 2024
un agente de la Policía Nacional ingresó sin autorización ni justificación legal
alguna a su predio y permitió el acceso de los funcionarios de ENEL al mismo
para instalar infraestructura eléctrica. Considera que esta actuación
desconoce sus derechos al debido proceso y a la propiedad privada, además,
reprocha que la Policía Nacional no hubiere atendido a lo dispuesto en el
artículo 163 de la Ley 1801 para el ingreso a su inmueble ni hubiera cumplido
con rendir el informe de los hechos que en esa disposición se exige.
6
Al respecto, Corte Constitucional, sentencias SU041 de 2018, SU695 de 2015 y SU-081 de 2020.
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Conforme a lo anterior, solicitó en el acápite de pretensiones que se declare
que las accionadas ingresaron de manera arbitraria a su predio y que se
emitieran órdenes de: brindar capacitación a los agentes, emitir el informe
respectivo por parte del agente de policía y de los soportes de la actuación,
imponer medidas correctivas, abstenerse de ingresar nuevamente al predio sin
justificación y de dañar árboles o dejar cables eléctricos en condiciones que
generen peligro, así como, ofrecer disculpas públicas al dueño del predio.
4.2.1. En primer lugar, se analizará la vulneración alegada y las pretensiones
expuestas frente a la Policía Nacional. Al respecto, se reprocha haber
ingresado al predio sin el cumplimiento del trámite dispuesto en el artículo
163 de la Ley 1801 de 2016.
A través de la referida Ley 1801, el Congreso de la República expidió el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El artículo 163
de esa normativa regula el ingreso a un inmueble sin orden escrita y
establece que los agentes de Policía podrán acceder en los domicilios
cuando fuere de imperiosa necesidad y enumera 6 eventos. En el
parágrafo primero de ese artículo se indica lo siguiente:
«El personal uniformado de la Policía Nacional que realice un ingreso a inmueble sin
orden escrita, de inmediato rendirá informe escrito a su superior, con copia al
propietario, poseedor o tenedor del inmueble, donde conste la razón por la cual se
realizó el ingreso. Si el propietario, poseedor o tenedor considera que no había razón
para el ingreso o que se hizo de manera inapropiada, podrá informar a las autoridades
competentes. En todo caso, previo al ingreso al inmueble, las personas podrán exigir la
plena identificación de la autoridad a fin de evitar la suplantación, verificación a realizar
mediante mecanismos provistos o aceptados por la autoridad policial.»
Este parágrafo fue declarado exequible condicionalmente por la Corte
Constitucional en la sentencia C-212 de 2017, en el entendido de que el
cumplimiento de las garantías allí previstas no excluye la realización de
un control judicial posterior de la actuación policial. En esta línea, la Corte
exhortó al Congreso de la República para que, antes del 20 de junio de
2019, expidiera la Ley que definiera la autoridad competente y trámite
para surtir este control; pero, advirtió que si al vencimiento del plazo
previsto en el numeral anterior, dicha ley no había sido promulgada, el
control judicial del acceso al domicilio sin orden judicial previa deberá ser
realizado, previa solicitud del interesado, por el juez de control de
garantías.
Se relaciona por estimarlo conveniente, el siguiente aparte de la
sentencia de constitucionalidad antes mencionada:
«La garantía de la inviolabilidad del domicilio no se basta con la posibilidad con la que
ya cuentan todas las personas de formular denuncias penales o disciplinarias o de
solicitar la reparación de perjuicios mediante la acción de reparación directa; la
inviolabilidad del domicilio exige una compensación a la ausencia excepcional de
autorización judicial previa, a través de la posibilidad de solicitar un control judicial
integral, sistemático, en el que se examine la validez de la actuación policial y, además,
llegado el caso, se dé lugar a la determinación de las responsabilidades que se generan
por la afectación de este derecho fundamental».
De acuerdo con lo expuesto, ya que el accionante alegó que el agente
de policía ingresó a su domicilio sin su autorización ni la de una autoridad
judicial o administrativa competente y sin cumplir con los presupuestos
del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, se destaca que esa misma
disposición normativa en el parágrafo establece la posibilidad, de que la
persona afectada solicite un control judicial en el que se examine la
validez de la actuación judicial y se adopten las decisiones pertinentes.
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Se recuerda que en caso de que el trámite no haya sido regulado aún por
el Congreso de la República, la autoridad competente es el juez con
funciones de control de garantías, según lo dispuso la Corte
Constitucional en la sentencia C-212 de 2017.
Así las cosas, en análisis sobre la validez de la actuación desplegada por
el agente de Policía según los presupuestos de la Ley 1801 de 2016 no
debe hacerse a través de la acción de tutela, sino del mecanismo judicial
especial regulado en el artículo 163 de esa normativa.
El actor también tiene la posibilidad de iniciar las acciones disciplinarias
y penales a las que considere que hubiere lugar a efectos de que se
investigue en cada uno de estos ámbitos y por la autoridad competente
las actuaciones desplegadas por el agente de policía el 20 de noviembre
de 2024.
4.2.2. Ahora, en lo que refiere a la omisión del agente de Policía de rendir el
informe establecido en el parágrafo 1 del artículo 163 de la Ley 1801 de
2016, el mecanismo para requerirlo puede ser el derecho de petición7, o
eventualmente, la acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87
de la Constitución Política y en la Ley 393 de 1997, previo el cumplimiento
del requisito de constitución en renuencia.
Según estas normas toda persona puede acudir a la acción de
cumplimiento para procurar que una autoridad judicial atienda a una
obligación que le ha sido impuesta en una Ley o en un acto
administrativo. El propósito de esta figura es garantizar el principio de
legalidad y la eficacia del ordenamiento jurídico. Es procedente cuando
existe un incumplimiento actual de una norma, siempre que se haya
requerido previamente su acatamiento y no exista otro mecanismo
judicial eficaz. No aplica para normas programáticas, conflictos laborales,
contractuales o normas que hayan perdido su vigencia.
El trámite también atiende a un plazo célere de 10 días que asegura la
efectividad en la protección de los derechos.
4.3. De otro lado, el accionante reprochó el ingreso de ENEL a su predio, el 20 de
noviembre de 2024, para instalar una red eléctrica sin su autorización y sin que
se hubiera constituido previamente una servidumbre.
4.3.1. Debe iniciar esta Sala por manifestar que no es al juez de tutela a quien
le corresponde determinar si los funcionarios de ENEL Colombia
ingresaron ilegalmente al predio del señor Sergio Hernán Bejarano ni
hacer llamados de atención u ordenar la adopción de medidas
correctivas.
Si el actor estima que estos funcionarios ingresaron a su propiedad
irrespetando su derecho a la intimidad y a la propiedad privada, puede
acudir a la jurisdicción penal aduciendo la comisión del ilícito que estima
se materializó, como, por ejemplo, los delitos contra la inviolabilidad de
habitación o sitio de trabajo.
7
De conformidad con el inciso 2º del artículo 13 del CPACA , “Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir
información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e
interponer recursos”.
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Ahora, como ENEL en su respuesta manifestó que, en virtud del contrato
de condiciones uniformes suscrito entre la empresa y el accionante, le es
posible acceder a la infraestructura eléctrica sin previo aviso del
propietario o del arrendatario del inmueble y a este le corresponde
facilitar el ingreso de los trabajadores, también puede tratarse de una
controversia contractual que no corresponde dirimir al juez de tutela.
En línea con lo anterior, también corresponde a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con lo establecido en el
Título V de la Ley 142 de 1992 (arts. 79 y siguientes), vigilar, controlar y
sancionar, entre otros, (i) el cumplimiento de las leyes y actos
administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos
y sancionar sus violaciones, (ii) así como el cumplimiento de los contratos
suscritos entre las empresas de servicios públicos y los usuarios.
Entonces, corresponde al actor activar los mecanismos que estime
pertinentes para presentar ante la autoridad competente los hechos
expuestos en esta acción de tutela para lograr a través del mecanismo
idóneo la protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados.
4.3.2. Ahora, los alegatos del actor relativo a que ENEL Colombia instauró una
red eléctrica en su predio sin haber establecido previamente una
servidumbre y a los daños en su predio que esa actuación generó, debe
indicarse que el mecanismo pertinente para que se declare la
responsabilidad de la prestadora del servicio y se la condene al pago de
perjuicios derivados de una ocupación temporal o permanente de un
inmueble es el medio de control de reparación directa en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo8.
4.4. Finalmente, el actor manifestó que el 20 de noviembre de 2024, los
funcionarios de ENEL Colombia dejaron las cuerdas de electricidad sobre el
piso por la mitad del potrero o contra las cercas de púas lo que pone en riesgo
la integridad de las personas y animales que recorren el predio, por lo que
solicitó que, a través de esta acción de tutela, se ordenara a ENEL cesar el
inminente riesgo que esa situación genera.
Al respecto, se recuerda que según el artículo 79.12. de la Ley 142 de 1994,
corresponde a la Superintendencia verificar que «las obras, equipos y
procedimientos de las empresas cumplan con los requisitos técnicos que hayan señalado
los ministerios.».
En línea con lo anterior, el Reglamento de Instalaciones Eléctricas, expedido
por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE) establece las normas técnicas y
de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas en el país para
prevenir accidentes y garantizar la protección de las personas, los bienes y el
medio ambiente. Entre esas disposiciones, se evidencian especificaciones
técnicas, distancias mínimas de seguridad, reglas básicas de trabajo, entre
otros.
8
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A Sentencia del 12 de
diciembre de 2019. Proceso nro. 08001-23-31-002-2005-01470-01 (53901). «Bajo esos lineamientos normativos y
jurisprudenciales, la Sala concluye que a esta jurisdicción le corresponde el conocimiento de esta controversia, no por lo
dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, sino por lo previsto de manera especial en el artículo
33 de la Ley 142 de 1994 -vigente para el momento en que se presentó la demanda-, por cuanto en el sub examine se
alega que Promigas S.A., empresa de servicios públicos, le ocasionó un daño al ahora demandante Fabián Joaquín
Fernández por instalar en unos predios, que alega son de su propiedad, una tubería para la conducción de gas natural,
tratándose entonces de un asunto en el que se reclaman perjuicios derivados por la constitución de una servidumbre.
No está de más precisar que el anterior criterio especial de jurisdicción resulta aplicable sin importar la naturaleza jurídica
-bien sea pública o privada- de la empresa de servicios públicos respecto de la cual se pretenda la declaratoria de
responsabilidad.»
Y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Providencia del 9 de febrero de 2011. Proceso nro. 54001-23-31-000-
2008-00301-01(38271). M.P. Danilo Rojas Betancourth.
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Así pues, al Operador de Red le corresponde la administración, operación y
mantenimiento de su sistema9 y ante la existencia de alto riesgo o de peligro
inminente, debe tomar de manera inmediata las acciones preventivas para
evitar la materialización del riesgo.
De acuerdo con lo anterior, al Operador de Red le corresponde mantener y
operar sus instalaciones asegurando la integridad de las personas y de los
bienes, para lograr esa finalidad el Ministerio de Minas y Energía expide
reglamentos técnicos, como el RETIE que establece los estándares de
seguridad y calidad de las instalaciones eléctricas en Colombia. Y corresponde
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios verificar que las
empresas prestadoras cumplan con esos requisitos técnicos.
Con todo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aunque
reconoció su competencia en la labor verificadora mencionada y la necesidad
de que ENEL Colombia realice una inspección de los activos señalados por el
actor para garantizar el cumplimiento de las reglas técnicas expuestas,
destacó que el señor Sergio Hernán Bejarano Vergara no ha acudido a esa
entidad para lograr el cometido que ahora expone en acción de tutela.
Incluso en el memorial del 16 de diciembre de 2024 , el accionante manifestó
«(…) sobre el caso concreto todavía no he presentado petición alguna a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios en contra de ENEL COLOMBIA, no significa que, por ese
hecho, la Entidad de Control está ejerciendo su función constitucional, legal y reglamentaria,
ya que si cumpliera con sus funciones ENEL Colombia no cometería tantas irregularidades,
atropellos contra los ciudadanos, aprovechándose de su poder dominante.»
A pesar de ello, dado que adquirió el conocimiento a través de la acción de
tutela, la Superintendencia emitió requerimiento dirigido a ENEL Colombia SA
ESP, oficio nro. 20242015619271 del 6 de diciembre de 2024, para que
adoptara las siguientes gestiones sobre los hechos objeto de tutela:
«Bogotá D.C.
Señor: FRANCESCO BERTOLI
Gerente
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
Calle 93 No 13-45 Piso 1 c
clientescolombia@enel.com
Bogotá D.C.
Respetado señor Bertoli:
Esta Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tuvo conocimiento de la acción de
tutela señalada en el asunto, instaurada por SERGIO HERNÁN BEJARANO VERGARA, en
contra de la empresa ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. para que se ampare los derechos del
debido proceso, a la propiedad privada, a recibir la misma protección y trato por parte de las
autoridades (igualdad).
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Superintendencia Delegada, a través del Grupo de
Atención Inmediata y Apoyo a la Gestión para el Sector Energía y Gas, requiere la siguiente
información o documentación:
1. Realizar visita técnica al sector mencionado por el usuario de manera INMEDIATA, para
evaluar el estado de la infraestructura eléctrica (POSTES- REDES ELECTRICAS-
TRANSFORMADOR) y en caso de que se encuentren situaciones de alto riesgo, realizar
inmediatamente las acciones que haya lugar para mitigar o eliminarlas. (adjuntar visita
técnica).
2. Evidencia del cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas–RETIE
capítulo 2, respecto a los Requisitos Técnicos Esenciales de las redes, postes y demás
activos eléctricos de la zona.»
3. indicar la fecha exacta (mes/día) en la cual la empresa ejecutará labores sobre la
infraestructura eléctrica (REDES), teniendo en cuenta el riesgo que representan al
encontrarse descolgadas y sobre el suelo, atravesando el predio cerca de la vivienda de
los usuarios.
9
Cfr. Resolución CREG 070 de 1998.
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4. Sírvase informar si sobre el predio del ciudadano se constituyó servidumbre para la
instalación de los postes de energía, redes eléctricas y transformador de ser así (adjuntar
escritura pública).
5. Allegue copia de las respuestas emitidas a las peticiones informadas e incoadas por el
accionante en sede de la empresa, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la acción de
tutela, el usuario ya había comunicado la situación de riesgo que presenten las redes, sin
que a la fecha se haya otorgado solución.
6. Cualquier otra información que la empresa considere importante para esclarecer la
situación.
Para la remisión de la información, se otorga un plazo de cinco (5) días posteriores al recibo
de la presente comunicación.». (Subraya la Sala)
De acuerdo con lo expuesto, no es posible endilgar a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios la responsabilidad por no cumplir con su deber
de vigilancia y control respecto del acatamiento de Enel de los requisitos
técnicos, en los hechos del 20 de noviembre de 2024, porque la situación no
había sido puesta en su conocimiento y es desproporcionado exigir que a partir
de una actuación oficiosa de verificación general se enterara de la situación
expuesta e iniciara una investigación. Esta última pretensión implica una
obligación de imposible cumplimiento. La carga de informar a la entidad es del
usuario afectado con la actuación de la prestadora del servicio.
En todo caso, la Sala evidencia que, tan pronto conoció de los hechos aquí
estudiados, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través
del Superintendente delegado para Energía y Gas10, asumió el conocimiento
de oficio del caso particular y requirió al gerente de ENEL para que adelantara
las gestiones necesarias para hacer cesar el riesgo que presuntamente se
cierne sobre las personas y bienes por la indebida instalación de la red
eléctrica.
Como se ve, respecto de la pretensión estudiada también se configura la
improcedencia de la acción por incumplir con el presupuesto de subsidiaridad.
Correspondía al actor poner en conocimiento de la autoridad competente los
hechos de la acción de tutela para que ésta adoptara las medidas pertinentes.
La idoneidad del mecanismo administrativo en cabeza de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios queda en evidencia a partir del estudio
normativo antes expuesto y con la comunicación del 6 de diciembre de 2024
dirigida al gerente de ENEL Colombia en el que requiere que realice una visita
técnica para mitigar las situaciones de alto riesgo que se puedan presentar en
el predio del actor ante el posible incumplimiento del RETIE.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala: (i) desvinculará de la acción de tutela a la
Presidencia de la República ya que no tiene relación directa con los hechos y
escenario de vulneración de derechos expuestos en el escrito de tutela; y (ii)
declarará la improcedencia de la petición de amparo frente a ENEL Colombia SA
ESP, a la Policía Nacional de Colombia y a la Superintendencia de Industria y
Comercio porque no se satisfizo el presupuesto de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Desvincular de la presente acción de tutela a la Presidencia de la República,
acorde con lo indicado en el acápite de cuestión previa de este fallo.
10
Grupo de Atención Inmediata y Apoyo a la Gestión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06482-00
Demandante: Sergio Hernán Bejarano Vergara
2. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor
Sergio Hernán Bejarano Vergara contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, ENEL Colombia SA ESP y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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