Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06483-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06483-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06483-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06483-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: ROSANA IVONE BALAGUERA CORTÉS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y
coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada; además, se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de
origen.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Rosana Ivone
Balaguera Cortés contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
16 Administrativo de Bogotá.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 26 de noviembre de 20241, la señora Rosana Ivone Balaguera Cortés,
mediante apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, por
1 Se advierte que el 12 de diciembre de 2024 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social2, con ocasión de las sentencias
proferidas el 14 de febrero y el 22 de agosto de 2024, mediante las cuales se
accedió parcialmente a las pretensiones de reliquidación de la pensión de
invalidez, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001333501620230012800. La aquí actora pretende lo siguiente (transcripción
textual):
PRIMERO: Comprobado como están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE ORDENE
MODIFICAR la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA SUBSECCIÓN "D" de fecha 22
de agosto de 2024, la cual, CONFIRMÓ la sentencia proferida por el
Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Bogotá.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente solicito al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “D” a proferir nueva sentencia de fondo ordenando al
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a
reliquidar la pensión de INVALIDEZ de origen Profesional de la señora
ROSANA IVONE BALAGUERA CORTÉS, con un IBL del 75% de las
cotizaciones realizadas a la fecha del retiro del servicio, conforme a lo
establecido en la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012.
(…)
2. La señora Balaguera Cortés afirmó que prestó sus servicios a la docencia oficial
entre el 18 de mayo de 2010 y el 18 de octubre de 2015, fecha en la que se retiró
por invalidez.
3. Como consecuencia de lo anterior, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en adelante FOMAG, mediante la Resolución 2271 del 2 de mayo
de 2016, le reconoció la pensión de invalidez, liquidada con el 54% del ingreso
base de liquidación (en adelante IBL), elevada al salario mínimo, de conformidad
con la Ley 100 de 1993.
2 También consideró desconocido el principio de favorabilidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
4. Posteriormente, en virtud de un nuevo dictamen, se elevó el índice de pérdida
de la capacidad laboral de la docente al 90% y, por consiguiente, el FOMAG
reliquidó la prestación. Sin embargo, a juicio de la accionante, la nueva liquidación
no incluyó la totalidad de emolumentos sobre los cuales se cotizó.
5. Inconforme con el monto de la pensión, la señora Balaguera Cortés ejerció el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de obtener la
reliquidación de la pensión de invalidez con la inclusión de la totalidad de los
factores devengados en el último año de servicios.
6. En primera instancia conoció del proceso el Juzgado 16 Administrativo de
Bogotá, el que, en sentencia del 14 de febrero de 2024, accedió parcialmente a las
pretensiones, en tanto anuló el acto demandado y ordenó a la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá y al FOMAG el reconocimiento de la prestación con
el 75% del IBL, de conformidad con el literal b, artículo 10, de la Ley 776 de 2002,
con efectividad desde el 21 de diciembre de 2018.
7. Inconforme con la decisión, porque no ordenó el cómputo de todos los factores
devengados en el último año de servicios, la docente la apeló y, en segunda
instancia, fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, mediante sentencia del 22 de agosto de 2024, fallo que,
en su criterio, omitió la inclusión de las partidas denominadas bonificación
mensual y prima de vacaciones.
8. La señora Balaguera Cortés sostuvo que las autoridades judiciales demandadas
erraron al no computar los referidos factores en la liquidación de la pensión, con el
argumento de que la invalidez a ella dictaminada es de origen profesional.
9. Así mismo, consideró que las sentencias cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente. Sin embargo, únicamente refiere
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
algunos fallos de tutela, en los que la Corte Constitucional ha admitido la
procedencia del citado defecto (T-934 de 2009, T-351 de 2011, T-464 de 2011 y T-
212 de 2012), sin puntualizar cuál o cuáles son las providencias judiciales con
fuerza vinculante que, en su criterio, se desestimaron.
10. Finalmente, mencionó que los fallos censurados adolecen de violación directa
de la Constitución, pero tampoco explicó con exactitud en qué consiste la
vulneración alegada.
Trámite impartido e intervenciones
11. Mediante auto del 2 de diciembre de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó su notificación a los magistrados que integran la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la titular del
Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, como parte demandada.
12. Como terceros con interés, se vinculó al ministro de Educación Nacional, al
presidente de la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) —o quien haga sus veces—, al
alcalde y a la secretaria de educación distrital de Bogotá, D.C., toda vez que las
entidades que representan intervinieron en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-016-2023-00128-00/01.
13. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
14. La titular del Juzgado 16 Administrativo de Bogotá remitió las piezas del
contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho 2023-00128-00/01, que
consideró pertinentes. Sin embargo, no emitió pronunciamiento alguno sobre el
particular.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
15. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación del
Distrito Capital intervino para señalar que la entidad a la que representa carece
de legitimación en la causa por pasiva, dado que no se le atribuyó acción u
omisión trasgresora de los derechos fundamentales alegados y no tiene
competencia para atender las pretensiones.
16. Pese a ser debidamente notificados, las autoridades judiciales demandadas y
los demás vinculados como terceros con interés no presentaron informe alguno.
17. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tampoco intervino en
esta oportunidad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
18. Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por
ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por la señora Rosana
Ivone Balaguera Cortés.
Análisis de la Sala
De la relevancia constitucional
19. En sentencia del 5 de agosto de 2014 (exp. 2012-02201-01 [IJ], M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez), la Sala Plena de esta Corporación señaló que esta
exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de
amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos
elementos.
20. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa,
esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración
de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
21. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
22. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
23. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
3 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
Caso concreto y solución del problema jurídico
24. De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente
porque no supera el requisito de relevancia constitucional. Se trata, pues, de una
solicitud de amparo sin la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia
constitucional para cuestionar providencias judiciales.
25. En efecto, aunque la parte actora manifestó su desacuerdo con la sentencia de
segunda instancia, proferida el 22 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, lo cierto es que no explicó
con claridad suficiente en qué consiste la vulneración a los derechos
fundamentales invocados.
26. Pese a que señaló el defecto sustantivo (por desconocimiento del precedente)
como causal específica de procedencia, en la que supuestamente incurrió la
providencia atacada, se limitó a exponer, de forma general, en qué consiste tal
vicio, sin concretar la violación en el caso específico, y sin siquiera citar la o las
providencias que considera inobservadas.
27. Lo mismo sucede con el defecto de violación directa de la Constitución, dado
que la parte actora no fue más allá de citar los derechos que estima conculcados y
presentar una explicación general sobre el contenido de dichas garantías, sin
precisar de qué manera el análisis y la conclusión de los jueces naturales sobre el
origen profesional de la invalidez, que los llevó a no computar los dos factores
reclamados en la liquidación pensional, supone el desconocimiento de una norma
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
fundamental o constituye un quebrantamiento del principio de interpretación
conforme con la Constitución4.
28. No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron los
derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento
del requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia
y razonablemente el vicio endilgado a la providencia judicial, a fin de que el juez
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia
judicial vulnera o no derechos fundamentales.
29. En suma, en esta oportunidad, lo que se advierte es un descontento genérico
con la decisión tomada en las providencias cuestionadas, inconformidad a la que
la accionante intenta darle el cariz de vicio o defecto, simplemente porque no fue
favorable a sus intereses.
30. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que quien ejerce la acción de
tutela no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente,
que sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso
concreto. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que
ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo
y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales 5.
31. De otra parte, la Sala advierte que con la totalidad de argumentos invocados
en la tutela la accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección
4 Sobre el particular, ver, entre otras, la sentencia SU-069 de 2018 de la Corte Constitucional.
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-
00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
de los derechos fundamentales en una instancia adicional del contencioso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
32. Nótese que la accionante busca reabrir el debate suscitado en sede ordinaria,
cuestionando la inaplicación de algunas normas, la aplicación de otras, y alegando
un supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial, que, como se dijo,
no explica a profundidad y, en todo caso, tampoco advierte esta Subsección.
Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es
que los jueces naturales efectuaron un análisis integral y razonado del régimen
pensional aplicable al sector docente, sustentado en los hechos que se
demostraron y en la jurisprudencia existente sobre la materia.
33. En efecto, en la sentencia del 22 de agosto de 2024, objeto de reproche, luego
de hacer una exposición del régimen pensional de los docentes, en especial el
aplicable cuando se trata de la pensión por invalidez de origen profesional, y de
referirse a las pruebas aportadas al plenario, el Tribunal accionado, para
responder las inconformidades esgrimidas por la parte accionante en la alzada
—que, valga señalar, son similares a las expresadas en la demanda de tutela—,
discurrió:
De las pruebas arrimadas se observa que la Secretaría de Educación de
Bogotá en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconoció la pensión de invalidez a favor de la demandante, a
través de la Resolución 2271 del 2 de mayo de 2016, para lo cual tuvo en
cuenta un monto del 54% correspondiente al promedio de los factores
salariales percibidos por la docente durante su historia laboral, con la
inclusión de la asignación básica.
Asimismo, el acto administrativo en mención enunció que las disposiciones
aplicables para el reconocimiento de la prestación eran, entre otras, las
previstas en las Leyes 91 de 1989, 100 de 1993, 812 de 2003 y 962 de 2002
y Decretos 1158 de 1994 y 2831 de 2005. No obstante, de la parte motiva
de dicha resolución, se observa que la entidad dio aplicación exclusiva a lo
señalado en los artículos 21 y 40 de la Ley 100 de 1993; de ahí que hubiere
otorgado el beneficio prestacional de la demandante en virtud de las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
prerrogativas del sistema general de pensiones, al considerar que su
vinculación al servicio oficial fue con posterioridad a la Ley 812 de 2003.
En este orden, a diferencia de lo argüido en el recurso de alzada la entidad
demandada para reconocer la pensión de invalidez de la docente, debió -y
así lo hizo- tener en cuenta el periodo de liquidación regulado en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de lo cotizado por la
demandante durante los últimos 10 años de prestación de servicio o todo el
tiempo si este fuere inferior, lo cual se ajusta plenamente a los postulados
de la sentencia de unificación aplicable al caso concreto.
Aunado a lo anterior, no puede perder de vista que el artículo 81 de la Ley
812 de 2003, establece el régimen de prima media para los docentes que se
vinculen al servicio educativo a partir de su vigencia; y ese orden, será -
entre otras- la Ley 100 de 1993 la aplicable al presente asunto. Lo anterior,
también se reiteró en la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del
25 de abril de 2019 en los siguientes términos: Los docentes vinculados a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones.
Bajo esta perspectiva, en consideración a la jurisprudencia expuesta y a la
normatividad aplicable al presente caso, no es viable acceder al petitum
consistente en que la pensión de invalidez debe ser liquidada teniendo en
cuenta la totalidad de los factores salariales que devengó durante su último
año de servicios.
En cuanto a los factores salariales que la demandada incluyó en la
liquidación del monto de la pensión, se encuentra acreditado que la
Resolución No. 758 de 16 de febrero de 2023 “Por la cual se resuelve un
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 10820 del 29 de
septiembre de 2022” indicó que a la docente actora se le liquidó la pensión
de invalidez Ley 100 de 1993 con la asignación básica promedio sin incluir la
bonificación mensual/decreto establecida su fecha de status pensional del
26/08/2015, por consiguiente, es procedente ajustar la prestación por este
motivo (…). En virtud de lo anterior, se reliquidó la prestación así: (…)
Ahora bien, del formato único para expedición de certificado de salarios de
16 de noviembre de 2018 (01. Fo.44) se aprecia que entre los 10 años de
servicio anteriores a la fecha de reconocimiento pensional (2005-2015) la
demandante en algunas anualidades percibió la prima de vacaciones (2005,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014) lo cierto es que dicho
factor no se encuentra enlistado en el Decreto 1158 de 1994, veamos: (...)
En este orden y si bien el formato único para expedición de certificado de
salarios que se analiza da cuenta que sobre dicho factor se efectuaron
aportes al Sistema de Seguridad Social, ello no conlleva a que este sea
incluido para liquidar la pensión de invalidez de la demandante, pues existe
norma legal taxativa que reglamenta este particular, así como un precedente
jurisprudencial reciente6 que señala la imposibilidad de tenerse en cuenta en
la medida en que no se encuentra enlistado en la norma ibidem. Ahora bien,
si en efecto al referido emolumento se le efectuaron descuentos para
cotización al sistema pensional, administrativamente puede, a manera de
ejemplo, solicitar la devolución de las sumas deducidas de su salario.
Así las cosas, la Sala concuerda con lo resuelto por el A quo, esto es,
acceder a las pretensiones de la demanda únicamente en lo que concierne a
la tasa de reemplazo, toda vez que la pensión concedida por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es menos favorable, pues
en primera oportunidad se aplicó un 54%, posteriormente un 70%,
atendiendo a los preceptos de que trata el artículo 40 de la Ley 100 de 1993,
el cual, según se explicó, no resultaba aplicable al caso de marras. Pues en
consideración a que la causación de la invalidez de la docente fue de origen
profesional, la normativa que corresponde para determinar el monto de su
prestación es la contemplada en el artículo 10 de la Ley 776 de 2002.
En este orden, y toda vez que la calificación de la pérdida de la capacidad
laboral de la señora Rosana Ivone Balaguera Cortés se dictaminó en un
90%, se torna imperioso, tal y como lo estimó el juzgado de instancia,
ordenar la reliquidación de la pensión tomando como base una tasa del 75%
del ingreso base de liquidación de conformidad con el literal b del artículo 10
de la Ley 776 de 2002.
Pero, como se dijo, no procede lo atinente a que el IBL debe ser calculado
con el promedio de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicio.
34. Así las cosas, el Tribunal demandado, conforme al análisis integral de los
medios de prueba, a la normativa aplicable y a la orientación de la jurisprudencia
reciente en la materia, concluyó que la pensión de invalidez reconocida a favor de
la señora Rosana Ivone Balaguera está gobernada por la Ley 776 de 2002
(porque la invalidez tiene origen profesional) y, por ende, incrementó la tasa de
remplazo al 75%, pero determinó que en cuanto al periodo de liquidación y al IBL
6
Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
la prestación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y su Decreto
Reglamentario 1158 de 1994.
35. Por esa razón, la autoridad judicial accionada no accedió a la totalidad de las
pretensiones de la señora Balaguera Cortés, quien buscaba que la prestación se
liquidara con todo lo devengado en el último año de servicios, dado que, según el
análisis realizado, el periodo de liquidación está regulado en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, y corresponde al promedio de lo cotizado durante los últimos 10
años de prestación de servicio o todo el tiempo si este fuere inferior; y los factores
computables, son aquellos señalados taxativamente en el Decreto 1158 de 1994,
que no incluye la bonificación mensual/decreto ni la prima de vacaciones.
36. En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a la
decisión censurada resultan razonables, estuvieron soportadas en la
jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado en la materia, pues recuérdese
que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado7, «[a] los docentes
vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre
los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».
37. Vistas así las cosas, para la Subsección es claro que los argumentos
alegados en la tutela fueron invocados para continuar con un debate jurídico y
probatorio que ya fue decidido por la autoridad judicial accionada, consistente en
que, desde la óptica particular de la accionante, se debió ordenar la reliquidación
7 Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
de la pensión de invalidez a favor de la señora Rosana Ivone Balaguera Cortés
con un 75% de todos los salarios devengados en el último año de servicios,
incluidas las partidas denominadas bonificación mensual/decreto y la prima de
vacaciones.
38. Las consideraciones que sirvieron de fundamento a la decisión censurada, en
criterio de la Sala, resultan razonables y no merecen reproche alguno desde el
punto de vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las
comparta, no significa que se hubieran configurado los defectos alegados, ni
habilita al juez constitucional para reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela
en una instancia adicional.
39. Por tanto, la Subsección concluye que la presente solicitud de amparo deviene
en improcedente, dado que no satisface el requisito general de relevancia
constitucional.
41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Rosana Ivone Balaguera Cortés, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06483-00
Demandante: Rosana Ivone Balaguera Cortés
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.