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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06487-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06487-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor Cesar Augusto Ramírez Valencia contra el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, por no superar el requisito de subsidiariedad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06487-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

30 de enero de 2025

Demandante: Cesar Augusto Ramírez Valencia
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas
Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06487-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06487-00
Demandante: CESAR AUGUSTO RAMÍREZ VALENCIA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, SALA CUARTA
DE DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente no
cumplir con el requisito de la subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor César Augusto Ramírez Valencia, actuando en nombre propio inició
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de
Decisión, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia, a la igualdad y «a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político».

El actor consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión
de las providencias del 3 y 20 de septiembre de 2024 proferidas por la autoridad
judicial accionada dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 17001-23-

1
Acción de tutela promovida a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, el 26 de
noviembre de 2024 a la cual se le asignó la secuencia No. 10457.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Cesar Augusto Ramírez Valencia
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas
Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06487-00

33-000-2024-00051-002.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora requirió:

PRIMERO: El de Acceso a la Administración de Justicia, en ejercicio del Control
Político que establece el Artículo 40 de la C.N.- De tenerse en cuenta que al haber
sido aceptada el recurso de Apelación interpuesto en su debida oportunidad,
actualmente el H. Consejo de Estado, estaría resolviendo la alzada de la misma
manera como ocurrió en la revisión de Segunda Instancia que se dio ante el
procedimiento del Concejo Municipal de la Dorada Caldas.

SEGUNDO: DERECHO A LA IGUALDAD (Artículo 13 de la C.N.)- Se presenta esta
vulneración, de tenerse en cuenta que otros procesos SIMILARES y presentados
ante esa misma Instancia, han sido resueltos oportunamente o mejor dentro de los
términos de ley.

TERCERO: EL DERECHO A PARTICIPAR EN LA CONFORMACION, EJERCICIO
Y CONTROL DEL PODER POLITICO (Establecido en el Artículo 40 de la C.N.)
Derecho fundamental que está siendo VULNERADO en la aplicación del proceso
de elección del Personero municipal de Palestina Caldas; al no haberse dado
cumplimiento a las exigencias de ley para tal hecho3.

1.3. Hechos

El señor Cesar Augusto Ramírez Valencia presentó demanda de nulidad electoral,
con el fin de que se declarara parcialmente nula el acta No. 004 del 10 de enero
de 2024 proferida por el Concejo municipal de Palestina, Caldas, por la cual se
designó como personero de dicha municipalidad a Carlos Enrique Gómez Ortiz
para el periodo constitucional 2024-2028, toda vez que, para el momento en que
fue elegido ya ocupaba tal cargo y no podía ser reelegido.

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, mediante
providencia del 3 de septiembre de 2024 decidió negar las pretensiones con
sustento en que, el cargo de «prohibición de la reelección de los personeros
municipales»4 es de aplicación restrictiva al Contralor General de la República y de
las elecciones atribuidas a las corporaciones públicas, dentro de las cuales no se
encuentran los personeros, por lo que no es posible adaptar tal prohibición por vía

2
En el proceso referido, Cesar Augusto Ramírez Valencia solicitó que se declare parcialmente nulo
el acta No 004 del 10 de enero de 2024 emanada del Concejo Municipal de Palestina, Caldas, por
medio del cual se eligió como personero de dicha municipalidad al señor Carlos Enrique Gómez
Ortiz.
3
Transcripción literal que puede contener errores.
4
Esta causal de nulidad se encuentra contenida en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011.

2

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de analogía pues su aplicación es restrictiva. Además, explicó que no existe una
norma que prohíba la reelección de un personero municipal.

Inconforme con lo decidido, el actor presentó recurso de apelación, en el que indicó
que: (i) el concurso de personero se hizo sin atender las reglas de la Ley 136 de
1994, pues ni siquiera se abrió convocatoria con el tiempo legal que es de 3 días,
contrariando, en su sentir, las reglas de convocatoria de los servidores públicos a
que hace referencia el Acto Legislativo 02 de 2015 y la Ley 1904 de 2018, (ii) la
sentencia no resolvió todas las excepciones propuestas en la contestación de la
demanda, (iii) el Concejo que terminaba el periodo no podía adelantar el proceso
de selección del personero municipal, pues ello era competencia indelegable de
los nuevos integrantes de ese cuerpo colegiado.

Mediante auto del 20 de septiembre de 2024 la autoridad judicial accionada
rechazó el recurso de apelación por improcedente. Como argumento indicó que se
trata de un proceso de única instancia, según del artículo 161 numeral 6 de la Ley
1437 de 20115, en tanto el municipio de Palestina, Caldas tiene 13.560 habitantes,
por lo que frente a la decisión que pone fin al proceso no proceden recursos.

El anterior proveído fue notificado por estado el 23 de septiembre de 20246.

1.4. Fundamentos de la vulneración

Refirió que se vulnera la constitución política y de manera concreta, el ejercicio de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la administración de justicia, a
la igualdad y se le impide la posibilidad de participar en el poder político con las
decisiones proferidas por la accionada en las providencias del 3 y 20 de septiembre
de 2024, pues en su sentir, de no haberse rechazado el recurso de alzada, el
Consejo de Estado podría conocer de las falencias dentro del proceder del tribunal
para dictar el fallo dentro del proceso de nulidad electoral, el cual se profirió de
forma incompleta.

Advirtió que la elección del personero del municipio de Palestina, Caldas, se hizo
sin seguir el procedimiento y requisitos plasmados en la Ley 136 de 1994, por lo
que debería declararse su nulidad, tal como sucedió con la designación del
secretario de la misma corporación.

Señaló además que se desconoció el precedente de la Corte Constitucional

5
El numeral 6, literal a) del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011 señala que será competencia de
los tribunales Administrativos en única instancia conocer «De la nulidad de la elección de los
personeros y contralores distritales y municipales de municipios con menos de setenta mil (70.000)
habitantes, que no sean capital de departamento;»
6
Índice 039 de Samai del proceso 17001233300020240005100

3

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dispuesto en la sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014 en la que se estableció
la obligatoriedad de la aplicación de la doble instancia en los fallos judiciales.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 5 de diciembre de 2024, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante7 y, como parte
demandada, al Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión8.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso, a Carlos Enrique Gómez Ortiz9 y al Municipio de Palestina, Caldas10.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la corporación con la información de
la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión11

En documento radicado el 12 de diciembre de 2024 allegó la copia del proceso de
nulidad electoral de radicado 17001-23-33-000-2024-00051-00. No obstante, no
presentó pronunciamiento alguno sobre lo solicitado en este mecanismo.

1.6.2. El señor Carlos Enrique Gómez Ortiz12

Mediante escrito allegado el 18 de diciembre de 202413 solicitó declarar
improcedente la presente acción, debido a que, en su opinión el tutelante trae a
esta acción los mismos argumentos expuestos en la demanda de nulidad electoral,
los cuales desde el proceso ordinario se tornan confusos, repetitivos e
inentendibles.

7
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: igualdadantelajusticia@gmail.com;
cesaraugustoramirezvalencia@gmail.com; agruemepreramirez@gmail.com.
8
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: secadmcal@cendoj.ramajudicial.gov.co
9
Índice 016 de Samai. La notificación fue realizada el 16 de diciembre de 2024 a:
personeria@palestina-caldas.gov.co; cop583@hotmail.com.
10
Índice 007 de Samai. La notificación fue remitida a: notificacionjudicial@palestina-caldas.gov.co;
alcaldia@palestina-caldas.gov.co; palestina_caldas@hotmail.com.
11
Índice 011 y 012 de Samai.
12
Índice 017 de Samai.
13
Índice 038 de Samai.

4

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Indicó que, pese a que el actor reitera que no podía llevarse a cabo la reelección
del personero del municipio de Palestina, Caldas, usando como fundamento la
prohibición dispuesta en la Ley 1904 de 2018, el tribunal explicó que esta norma
no era aplicable, asimismo la inconformidad respecto de que fuera el consejo
saliente y no el actual quién escogiera al personero, fueron argumentos ya
resueltos en la respectiva sentencia.

En su forma de ver las cosas, lo mismo acontece con su desacuerdo ante el
rechazo del recurso de apelación, pese a que la autoridad judicial le declaró que
esta era improcedente, el accionante insiste en su concesión. Advierte que los
argumentos del recurso bien pudo plantearlos cuando se dictó el auto de pruebas
en el que se fijó el litigio a resolver, pero no lo hizo así, por lo que dejó pasar la
oportunidad legal para expresar su inconformidad con lo que se iba a resolver en
la sentencia.

Pese a lo anterior, considera que el asunto que se plantea en sede tutela ya fue
debatido en el proceso electoral en el que se decidió que no se configuró la
inhabilidad para el ocupar el cargo de personero municipal, no obstante, el actor
pretende reabrir el mismo debate ya zanjado y usar este mecanismo como otra
instancia.

Aunado a lo anterior, consideró que no evidencia la vulneración de las garantías
invocadas.

Finalmente señaló que, a su juicio, la convocatoria para la elección de personero
se hizo respetando el procedimiento establecido en la Ley 1551 de 2012, el
Decreto 1083 de 2015 contó además con la aprobación de la mesa directiva del
Concejo de Palestina, Caldas y se realizó el examen de conocimiento por parte de
la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, que concluyó con la lista de
elegibles publicada a finales de 2023, de cuyos finalistas el Concejo debía elegir a
un candidato, después de realizar la respectiva entrevista. Lo anterior, se
desarrolló, a su parecer, garantizando los principios de publicidad y transparencia,
por lo que lo alegado en esta acción no tiene sustento alguno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
de presentada por el señor Cesar Augusto Ramírez Valencia, contra el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el

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Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde
a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión vulneró las
garantías invocadas por el señor Cesar Augusto Ramírez Valencia con
ocasión de la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2024, y del auto del
20 de septiembre del mismo año al interior del proceso de nulidad electoral
con radicado 17001-23-33-000-2024-00051-00?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) la subsidiariedad en el caso particular, y; (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su
procedencia.16

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
16
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

6

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relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Examen de los requisitos de procedencia general – agotamiento de los
recursos ordinarios y extraordinarios

La acción de tutela es un mecanismo de amparo autónomo, residual y subsidiario,
que procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. La
Corte Constitucional ha señalado que el requisito de subsidiariedad conlleva el
deber de agotar todos los medios de defensa –ordinarios y extraordinarios– que
tenga a su alcance para reclamar la protección de sus derechos, antes de acudir
a este mecanismo constitucional.17

Este deber tiene dos excepciones, que hacen procedente la acción de tutela,
aunque el afectado cuente con otro medio de defensa judicial, éstos son: (i) cuando
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o (ii)
cuando, en correspondencia con la situación fáctica bajo análisis, se pueda
establecer que los recursos judiciales no son idóneos ni eficaces para superar la
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Esta exigencia de agotar los medios de defensa disponibles se hace más estricta
cuando se utiliza la acción de tutela para atacar providencias judiciales, así lo ha
precisado la Corte Constitucional: «la solicitud de amparo constitucional contra las

17
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021.

7

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decisiones de los jueces solo procede cuando se hubieren agotado todos los
medios ordinarios o extraordinarios o, excepcionalmente, cuando la protección
resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable”. Y más adelante, enfatizó que
“[e]n la medida en que el amparo es un recurso subsidiario, es necesario que se
agoten, antes de interponerlo, la totalidad de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa».18

Dicha corporación, de manera reiterada ha aclarado que los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios constituyen, por regla general, las vías legítimas de
defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales.19

2.5. Del caso concreto

El actor pretende vía acción de tutela, dejar sin efectos el auto del 20 de septiembre
de 2024 por el cual, el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión
rechazó el recurso de alzada contra la sentencia del 3 de septiembre del mismo
año, pues a su juicio, con dichas providencias se incurre en: (i)violación directa de
la Constitución, por vulneración al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, y «a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político» en
tanto se impidió que el proceso tenga dos instancias, (ii) desconocimiento del
precedente respecto de la obligatoriedad de la doble instancia en los fallos
judiciales señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2014.

Acorde con lo analizado en el marco normativo, la Sala advierte que la acción de
tutela presentada por el señor César Augusto Ramírez Valencia no cumple con el
requisito de subsidiariedad. Esto se debe a que el actor desplazó la competencia
del juez natural al no interponer los recursos procedentes frente a la decisión que
pretende cuestionar mediante este mecanismo. Por tanto, emitir alguna orden
dentro de la presente acción de tutela desnaturalizaría su carácter residual, como
se explicará a continuación.

Se evidencia que el tutelante inició el proceso de nulidad electoral con el propósito
de que se declarara parcialmente nula el acta No. 004 del 10 de enero de 2024,
proferida por el Concejo municipal de Palestina, Caldas, mediante la cual se eligió
al personero de ese municipio. El debate fue resuelto por el Tribunal Administrativo
de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, que encontró probado que el acto de elección
no estaba viciado de nulidad.

Como fundamento de lo anterior indicó que: (i) la Ley 1904 de 2018 es aplicable a
la elección de los contralores departamentales, distritales, y municipales, y es

18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015.

8

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extensiva a la designación de servidores dentro de las corporaciones públicas, (ii)
no puede aplicarse a la convocatoria para personeros municipales, cuya
regulación se encuentra en la Ley 136 de 1994 y el Decreto 1083 de 2015; y, (iii)
estas disposiciones no consagran la prohibición de reelección, la que no puede
hacerse extensiva, por ser de interpretación restrictiva.

Inconforme con la decisión anterior, el demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue rechazado por la autoridad judicial accionada mediante auto
del 20 de septiembre de 2024, al tratarse de un proceso de única instancia. En
consecuencia, el recurrente interpuso la presente acción de tutela, a pesar de
contar con el recurso de reposición y el de queja; frente al primero, el artículo 242
de la Ley 1437 de 2011, indica que «procede contra todos los autos, salvo norma
legal en contrario […].», y, frente al segundo, el artículo 245 de la Ley 1437 de
2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 353 del
CGP, señala que «se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o
se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente».

Resulta evidente que el tutelante pretende, a través de este mecanismo de
protección, desplazar la competencia del juez natural, que en este caso
corresponde al juez contencioso administrativo y no al juez de tutela. Esto se debe
a que el juez competente para decidir sobre los asuntos sometidos a su
conocimiento es quien debe resolver -en primera instancia- sobre la decisión
impugnada, a fin de que pueda modificar la misma en caso de considerar que
incurrió en un yerro, para ello se instituyó el recurso de reposición.

Por otra parte, y agotado el trámite anterior, es el superior jerárquico del tribunal
accionado quien tiene la facultad de decidir si estuvo bien o mal denegado el
recurso de apelación presentado por el actor y, de ser procedente, admitirlo para
resolver los planteamientos expuestos en este.

Por otro lado, frente al desconocimiento del precedente de la sentencia C-792 del
29 de octubre de 2014 que habla de la obligatoriedad de garantizarse la doble
instancia en los fallos judiciales, cabe destacar que este cargo pudo ser
argumentado por el actor dentro del recurso de reposición o queja, para que fuera
resuelto por el juez contencioso.

Así, y comoquiera que a través del presente mecanismo no se pueden desconocer
las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para debatir lo
solicitado, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del
funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia,
por lo que declarará improcedente la acción de tutela impetrada por el actor, por
no superar el requisito de subsidiariedad.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Cesar Augusto Ramírez Valencia contra el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Cuarta de Decisión, por no superar el requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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