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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06507-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06507-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Nazly Patricia de Arco Cáceres, quien actúa en nombre propio, contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por las razones aquí expuestas. Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06507-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

6 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06507-00
Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06507-00
Demandante: NAZLY PATRICIA DE ARCO CÁCERES
Demandado: ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”

Temas: Acción de tutela contra actos administrativos que excluyeron a
la actora del IX Curso de Formación Judicial Inicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Nazly Patricia de Arco Cáceres, quien actúa en nombre
propio, contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La señora Nazly Patricia de Arco Cáceres relató que se encuentra participando en el
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial (Convocatoria 27), adelantado por el Consejo Superior de la Judicatura
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto del 2018, para el cargo de juez
laboral.

Expuso que el mencionado concurso se encuentra a cargo de la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” y las subfases se rigen conforme al Acuerdo No. PCSJA19-
11400 de 2019, “Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de
Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la
República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”.

Señaló que por medio de la Resolución No. EJR24-298 del 21 de junio de 2024,
corregida por la Resolcuión No. EJR24-317 del 28 de junio de 20241 y su anexo, la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” publicó en su página web los resultados de
las evaluaciones aplicadas para la subfase general del Curso Concurso de
Formación Judicial2, obteniendo un puntaje final de 753,360 puntos, es decir,
reprobado.

1
Subsanó un error de digitación frente a la fecha para la interposición del recurso de reposición, precisando que este podría
ser interpuesto por el término de diez (10) días, del 15 al 26 de julio de 2024.
2
IX Curso de Formación Judicial.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06507-00
Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres

Mencionó que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante Resolución No. EJR24-1073 del 5 de noviembre de 2024
notificada el 8 del mismo mes y año a las 09:55 pm, en el sentido de reponer
parcialmente el acto objetado obteniendo 12 puntos adicionales, lo que ajusto la
calificación de la evaluación inicial a una puntación de 765 con la calificación de
reprobado, sin embargo, adivirtió que existe un error aritmético, circunstancia que,
en su criterio, agrava su situación.

Para terminar, afirmó que “[r]especto de la decisión adoptada” tiene “múltiples reparos
toda vez que revisados a detalle los ítems objetados y reconocidos a través del recurso de
reposición encontré que se me reconoció el puntaje asignado para los siguientes ITEMS:

PROGRAMA No. de item Puntaje
otorgado
Argumentación judicial y valoración probatoria 59 1.25
Ética independencia y autonomía judicial 35 6.25
Interpretación judicial y estructura de la Sentencia 50 1.25
Gestión judicial y TICS 23 1.25
Filosofía del derecho e interpretación Constitucional 43 1.25
TOTAL RECONOCIDO 11.25

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a cargos públicos, así como de los principios de confianza
legítima y buena fe, supuestamente vulnerados con la Resolución No. EJR24-1791
del 7 de noviembre de 2024, por medio de la cual se modificó parcialmente la
Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, en el sentido de ajustar la
calificación de la actora a 765 puntos con una calificación de “reprobado”.

Mencionó que la autoridad demanda omitió pronunciarse respecto de todos los
argumentos que expuso en el recurso de reposición, específicamente: 1°. Trae
señaladas como correctas algunas opciones de respuestas con exclusión de otras que
contextualmente aplican por completo como respuesta correcta. 2°. El absurdo abuso de la
sinonimia para confundir, no desvirtúa la certeza de las respuestas, más cuando lo que se
pide esa dar sentido a una idea o un párrafo. 3°. La memorización inmisericorde de normas
legales y de citas aleatorias de lecturas extensas, e incluso piesde páginas, no puede ser
jamás parámetro (o criterio) de valoración respecto de lo que es y no es correcto”.

Sostuvo que es necesario que los docentes que dictaron los programas en el curso
concurso sean quienes analicen y valoren de manera “contextual las respuestas de
la suscrita y no una máquina, programa o simplemente se dirijan al mal diseñado
formato del examen”.

Refirió que existe un número importante de preguntas que no se ajustan a los
propósitos que establece el Acuerdo Pedagógico PCSJA18-11077 del 16 de agosto
del 2018, a saber: i) “las que fueron calificadas sin tener en cuenta la apropiación del
contenido del contenido académico enfocado a la práctica judicial ni el desarrollo de
competencias sobre la función judicial, ni la interpretación de textos jurídicos ni la lógica del
razonamiento para la solución de problemas jurídicos ni los rangos de lecturas obligatorias”
y ii) “preguntas que, de ser necesario discutiré judicialmente en sede ordinaria, dado que la
sede administrativa se agotó con la expedición de la Resolución EJR24-821, tal y como
queda claro en el ordinal cuarto de dicha resolución. Sin embargo, espero que ello no sea
necesario, dado protuberante que resulta la violación a mis derechos fundamentales”

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Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres

Explicó que las preguntas realizadas en el curso-concurso tienen los siguientes
reparos:

i) Mencionó que la ejecución del IX curso de formación judicial, “atentó contra la
legalidad” porque modificó la forma de evaluación comoquiera que, en su criterio, el
taller no capacitó sino, por el contrario, evaluó la memoria textual de 200 textos “a
través de actividades que no son prácticas como asociación de palabras, selección de texto,
arrastrar respuestas, escoger palabra, elegir opción y test multi-respuesta”.

ii) Indicó que el cambio de evaluaciones parciales a acumuladas, atentaron contra la
legalidad reglamentaria del XI Curso de Formación Judicial, porque en el trascurso
de los 8 programas debían evaluarse 3 notas, pero señaló que en la práctica se
acumularon 28 evaluaciones al finalizar los mencionados programas y se impuso un
único examen escrito que en su mayoría eran preguntas de memoria.

iii) En relación con la pregunta 79 de la evaluación de la subfase general de 2 de
junio de 2023, jornada tarde, sostuvo que no se le reconocieron 3.33 puntos, por
haber escogido el vocablo “criterio” en vez de “parámetro”. Expuso que la forma de
completar el párrafo de la pregunta podía darse en distintas combinaciones porque
no se trataba de una pregunta de memoria.

Mencionó que en la mencionada pregunta incumple los criterios comunicativos
porque se tomó un párrafo al cual se le retiró palabras y se presentó de manera
confusa “en relación con el autor de la fuente primaria y el de la secundaria”. Agregó
que tiene problemas de citación y de uso inadecuado de fuentes segundarias,

Precisó que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en la respuesta masiva del
derecho de petición de julio de 2024, puso de presente que “en caso de existir una
pregunta que pudiera tener opciones que conserven coherencia y el sentido del texto, se
constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto y si se confirma la
correspondencia del sentido se tendría como respuesta correcta”, sin embargo, afirmó que
dicho argumento no fue aplicado en su caso toda vez que al resolver el recurso de
reposición la mencionada autoridad se limitó a realizar una recalificación
reconociendo solo algunos puntos sin analizar las demás preguntas conforme a lo
expuesto en el mencionado comunicado.

iv) Señaló que en el punto 3.3.14. “[l]a bibliografía de los syllabus no se tuvo en
cuenta en la evaluación” porque lo expuesto contradice las “mismas respuestas
ofrecidas por la EJRLB en punto a los ítems incluidos en las evaluaciones de la
subfase general que fueron construidos con base en lecturas que se encontraban
fuera del syllabus y/o hacían parte de las lecturas no obligatorias”.

Expuso que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” optó por verificar la literalidad
de los textos evaluados sin que se midiera la apropiación del contenido académico ni
la capacidad para interpretar textos jurídicos, lo que en su criterio, vulnera sus
derechos fundamentales.

Afirmó que acude a la acción de tutela para la protección transitoria de los derechos
fundamentales con el fin de que evitar un perjuicio irremediable, pues, mencionó que
sus alegatos no obedecen a criterios subjetivos o caprichosos para continuar y
finalizar el curso de formación judicial, sino, por el contrario tienen un respaldo en “un
dictamen/concepto pericial de valoración de validez (…), en donde Peritos expertos en la
construcción de ítems” identificaron los erros de la evaluación aplicada. Agregó que las
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Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres

preguntas tienen vicios técnicos en: i) los conceptos, ii) competencias y iii)
redacción, por lo que, en su criterio no se debió realizar una evaluación
exclusivamente con preguntas y calificaciones para medir su competencia.

Manifestó que el proceso administrativo finalizó el 8 de noviembre de 2024, por lo
que cuenta con cuatro meses para presentar la demanda ante el juez ordinario, sin
embargo, indicó que “el IX Curso se reinicia el 16 de noviembre por lo que en una única
semana el Estado me impuso la carga de contratar abogado, redactar una demanda de esta
(sic) complejidades y lograr que el Juez administrativo conceda una medida cautelar de
urgencia”.

Por otra parte, mencionó que de acuerdo con la Corte constitucional en la sentencia
SU-067 de 2022 y la jurisprudencia Consejo de Estado3, la acción de tutela es
procedente en el contexto de concursos de méritos cuando se presenta una
flagrante violación a los derechos fundamentales y no existe otro medio judicial
eficaz para su protección.

Adujo que en su caso se configura un perjuicito toda vez que de no ingresar a la
subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial, así sea de manera
transitoria, perdería la oportunidad de acceder al servicio público en los cargos
ofertados ya que un proceso ante la justicia ordinaria se demoraría mas de un año
en resolverse.

Por último, adujo que “si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso
ordinario, la autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo aquí pedido;
situación que no ocurriría si mis reclamos son aceptados —como estoy convencido que
son— y para ese momento no he realizado la subfase especializada, pues me causaría un
perjuicio, dada la posición desigual y desventajosa en la que quedaría frente a los
concursantes que iniciaron dicha subfase el 16/11/2024, dadas las consecuencia que ello
trae frente a la conformación del registro de elegibles. Téngase en cuenta que, la subfase
especializada será evaluada a más tardar el 30 de julio de 2025, término que, conforme a
las reglas de la experiencia es muy inferior al de duración razonada del proceso ordinario
que instauraría si no se accede a mi pretensión principal”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO - CONDECER LA MEDIDA PROVISIONAL solicitada por las razones y los
argumentos expuestos.

SEGUNDO - TUTELAR DE FORMA TRANSITORIA y hasta que el juez ordinario de la
jurisdicción contencioso administrativa se pronuncie, mis derechos fundamentales al
debido proceso, la confianza legitima, la buena fe y el acceso a cargos públicos,
vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
TERCERO - ORDENAR a la accionada que en un término improrrogable de 48 horas -
EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las respuestas
que di a las preguntas referidas en los argumentos esbozados en mi recurso de
reposición a la resolución inicial que me calificó como reprobada, el cual anexo a la
presente acción ii) DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria en la subfase
especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial).

3
Radicado No. 11001-03-15-000-2014-03142-01, Consejo de Estado Sala, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Gerardo
Arenas Monsalve.
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Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres

CUARTO - Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que
se DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso de
formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez ordinario resuelva la
demanda que, en ese evento, presentaré contra los resultados de la subfase general del
mencionado curso de formación judicial.”.

4. Trámite procesal

Por auto del 26 de noviembre de 2024, el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Barranquilla, ordenó remitir por competencia la acción
de tutela al Consejo de Estado.

Una vez se recibió el expediente en la corporación y se dispuso el reparto
administrativo, en proveído del 29 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador
admitió la demanda y ordenó notificar a la accionante y a la parte accionada. Así
mismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y negó la
medida provisional solicitada por cuanto no se acreditó la necesidad, gravedad y
urgencia de la misma.

En auto de 16 de enero de 2024, el despacho sustanciador ordenó notificar la Unión
Temporal Formación Judicial 2019, en calidad de demandada.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 299765 a 299768 y
4138 a 4143 del 2 de diciembre de 2024 y 21 de enero de 2025, con el fin de dar
cumplimiento a las referidas decisiones.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -
UPTC

Por medio de su representante legal, la institución educativa rindió informe en el que
afirmó que no vulneró los derechos fundamentales de la accionante teniendo en
cuenta que todas sus actuaciones han estado enmarcadas conforme a los Acuerdos
PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de septiembre
de 2019 y PCSJA19-11405 de 2019 y posteriores comunicados, expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura.

Informó que la Fase III de la Etapa de Selección del Concurso de Méritos No. 27
para la conformación del Registro Nacional de Elegibles de las vacantes definitivas
de los cargos de jueces y magistrados de la República, convocado mediante el
Acuerdo No. PCSJA18- 11077 del 16 de agosto de 2018, se desarrolla a través del
contrato No. CO1.PCCNTR.1240112 de 2019, suscrito entre el Consejo Superior de
la Judicatura y la Unión Temporal Formación Judicial 2019.

Explicó que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es una Institución
de educación Superior con personería Jurídica independiente a la de la Unión
Temporal Formación Judicial 2019 y que conforme con el mencionado contrato, el
representante legal de la mencionada unión temporal, es quien debe emitir
respuesta de lo relacionado con “la forma en que se han dictado las sesiones del
curso, y toda otra prueba que consideren relevante dentro de la presente queja
constitucional”.

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Mencionó que la acción de tutela es improcedente respecto de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y, además no cumple con el requisito de
subsidiaridad porque no se evidencia vulneración de los derechos fundamentales
invocados como desconocidos, a lo que agregó que los hechos de solicitud de
amparo dan cuenta que las accionada ha actuado conforme a su competencia y
participación y no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Por último, afirmó que la Unión Temporal Formación Judicial 2019, el Consejo
Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” han actuado
con observancia de las normas de orden constitucional y legal que regulan el IX
Curso de Formación Judicial Inicial; los actos administrativos proferidos en el marco
de la actuación: acuerdos pedagógicos PCSJA18- 11077 del 16 de agosto de 2018,
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA19-11405 de 2019 y
posteriores comunicados, por lo que no se afectó el debido proceso de la
accionante.

5.2. Respuesta de la Unión Temporal de Formación Judicial 2019

Por intermedio de su representante legal suplente, la entidad rindió informe en el que
solicitó que se desvincule de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa
por pasiva.

Explicó que no puede atender a las pretensiones de la actora toda vez que no es la
competente para expedir un acto administrativo en el que se reconozcan como
acertadas las respuestas del examen de la Subfase General que se señala como
desconocidas, así como tampoco puede disponer sobre la inclusión de la
demandante en la Subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial,
porque carece de potestades para adoptar decisión pues actúa exclusivamente
como una alidada estratégica de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Precisó que conforme con el numeral 9 del capítulo VII del Acuerdo Pedagógico, la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” tiene la competencia para resolver todos los
recursos previstos en el desarrollo del mencionado curso, por lo que, afirmó que es
esta la entidad legitimada para responder respecto de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales alegados como desconocidos y no la Unión Temporal de
Formación Judicial 2019.

Sostuvo que, como lo mencionó la actora, el resultado del a Subfase General no le
permitió continuar participando en el IX Curso de Formación Judicial, por lo que no
es posible que continue con la Subfase especializada. Agregó que pese a que la
demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución EJR 24-298 del 21
de junio de 2024, la calificación es de “reprobado”.

Mencionó que conforme al Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019,
contra los resultados de las evaluaciones correspondientes a las subfases general y
especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial procede el recurso de
reposición, por lo que teniendo en cuenta que la actora hizo ejercicio del
mencionado recurso el cual fue resuelto mediante la Resolución EJR24-1073 del 5
de noviembre de 2024, la actuación administrativa finalizó conforme con el artículo
87 de la Ley 1437 de 2011.

Aseveró que la acción de tutela no es el medio adecuado para reclamar la
protección de los derechos fundamentales como lo pretende la demandante ni para
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pedir “la expedición de actos administrativos que reconozcan acertadas respuestas de la
evaluación de la Subfase General y la inclusión en la Subfase Especializada, cuando es
claro que conforme a las Acuerdos que rigen el IX Curso de Formación Judicial el
accionante no cumple los requisitos exigidos para continuar su participación en el curso-
concurso”.

Por último, puso de presente que la Corte Constitucional ha establecido que la
solicitud de amparo no es procedente para controvertir actos administrativos toda
vez que las inconformidades que puedan surgir deben ser dirimidas ante la
jurisdicción contenciosa administrativas a través de los medios de control previstos
para ello, por lo que, concluyó que la acción de tutela no puede ser utilizada como
un mecanismo alterno.

6. Escrito allegado por la demandante

La accionante allegó la sentencia de 6 de diciembre de 2024, por medio de la cual el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado en una acción de tutela concedió el
amparo transitorio del derecho al debido proceso de un participante del IX Curso de
formación judicial y, en consecuencia ordenó a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” que en el término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la
notificación de la providencia, procediera con la vinculación del demandante a la
subfase especializada. Así mismo, advirtió al actor que dentro de los cuatros (4)
meses siguientes debía interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho so pena de que cesen los efectos de la vinculación ordenada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

La Unión Temporal de Formación Judicial 2019, en la contestación de la acción de
tutela indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que no es la
competente para expedir actos administrativos en el que se reconozcan como
acertadas las respuestas del examen de la Subfase General que se señalan como
desconocidas, así como tampoco puede disponer sobre la inclusión de la demandante
en la Subfase especializada

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la Corte
4
Constitucional en la sentencia T-005 de 2022 señaló que dicho requisito “hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

4
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
7

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La Sala pone de presente que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y la Unión
Temporal de Formación Judicial 2019 suscribieron contrato No.
CO1.PCCNTR.1240112 de 2019, en el que se pactó el “Diseño, estructuración académica
y desarrollo en modalidad virtual y presencial del IX Curso de Formación Judicial Inicial para
los aspirantes a Magistrados/as y Jueces/zas de la República de todas las especialidades y
jurisdicciones5”.

De conformidad con lo expuesto, la Sala negará a la solicitud de desvinculación debido
a que la Unión Temporal de Formación Judicial 2019, participó en el diseño del IX
curso de Formación judicial, respecto del cual se alega la supuesta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos, así como
los principios de confianza legítima, buena fe de la accionante, por lo que es necesario
que comparezca en calidad de demandada.

3. Planteamiento del problema jurídico y solución

Le corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela es procedente para
controvertir la Resolución N. EJR24-1073 del 5 de noviembre de 2024, por medio de la
cual se modificó parcialmente la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024,
corregida por la Resolución EJR24- 317 del 28 de junio de 20246, en el sentido de
ajustar la calificación del actora a 765 puntos con un estado de “reprobado” en el
marco del IX Curso de Formación Judicial Inicial y, en caso de superarse los demás
requisitos, determinar si la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos, así como los
principios de confianza legítima, buena fe de la accionante, al considerar que existen
vicios de legalidad en el desarrollo de la evaluación de la Subfase General del IX
Curso de Formación Judicial Inicial y no se acató lo afirmado por la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” en la respuesta masiva de 15 de julio de 2024

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, en tanto se logró
establecer que en el asunto no se cumple con el requisito de procedibilidad de
subsidiariedad y no se acreditó una circunstancia que involucre un perjuicio
irremediable.

4. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de los concursos de méritos

4.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de
evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los derechos
fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar un
perjuicio irremediable.

5
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” / Unión Temporal Formación Judicial 2019. Anexo técnico especificaciones técnicas
para la realización del IX Curso de Formación Judicial Inicial. (Documento de Trabajo), 2019. p. 4
6
Subsanó un error de digitación frente a la fecha para la interposición del recurso de reposición, precisando que este podría
ser interpuesto por el término de diez (10) días, del 15 al 26 de julio de 2024.
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En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados o
vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”, toda vez que para
controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes medios de control en la
jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen idóneos para restablecer el
derecho conculcado.

No obstante, la Corte Constitucional ha reconocido 3 eventos en los cuales el
mecanismo constitucional es procedente para controvertir las decisiones adoptadas
en un concurso de méritos, a saber: i) inexistencia de un mecanismo judicial: “ Se
trata del reconocimiento “de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial” . Esto
sucede, por ejemplo, frente a los actos administrativos de trámite. En estos eventos, la
acción de tutela opera como mecanismo definitivo”, ii) urgencia de evitar el acaecimiento de
un perjuicio irremediable: “por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible
afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente
afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción” y iii)
planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del
juez administrativo: se aplica este supuesto cuando existen criterios de discriminación. “Por
ejemplo, en la Sentencia T-160 de 2018 se excluyó al concursante por tener un tatuaje. En
la Sentencia T-438 de 2018 esto se dio por la estatura del aspirante”7.

En conclusión, pese a que por regla general la acción de tutela es improcedente
contra actos administrativos que se produzcan con ocasión de un concurso de
méritos, la corte ha admitido que procede de manera excepcional y, en
consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del acto
administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el respectivo
proceso.

4.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado dos
supuestos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
dictados en el marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con los
actos de trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial
idóneo es la acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control
judicial8. El segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando ha
sido publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto
administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se expidan

7
Corte Constitucional, sentencia T-156 de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas
8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-04643-00, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-03787-01, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez;
sentencia de 6 de junio de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de
29 de abril de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 14 de junio
de 2018, exp. Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
9

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actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles, es
procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de
exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se encuentre
o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas aplicables en el
proceso de selección9.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-049 de 201910 indicó
que la acción de tutela es procedente en los concursos de méritos: (i) contra los
actos de trámite, es decir, aquellos que se expiden para impulsar y dar continuidad a
las convocatorias, postura que ha reforzado con jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y (ii) para resolver controversias suscitadas en el
desarrollo de un concurso de méritos, respecto de lo cual precisó que “la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la acción de
tutela es procedente frente a controversias originadas en concursos de méritos para
la provisión de empleos públicos si el proceso de selección se encuentra en curso”.

Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de elegibles
se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y derechos
ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en algunos
casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela cuando
se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y eficaces
(T-551 de 2017 y T-160 de 2018).

4.3. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
públicos de méritos, la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 202211 señaló
que si bien la regla general indica la improcedencia de la acción de tutela para
resolver los conflictos que se enmarcan en los concursos de méritos cuando existen
actos susceptibles de control judicial, lo cierto es que la jurisprudencia ha fijado
algunas subreglas para los eventos en los cuales el medio de control no resulta
eficaz. En tal sentido que el mecanismo constitucional es procedente de forma
definitiva en los siguientes casos: (i) el empleo ofertado se encuentra con un periodo
fijo; (ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer puesto
en la lista de elegibles; (iii) presenta elementos que podrían escapar del control del
juez de lo contencioso administrativo por su relevancia constitucional y, (iv) cuando
por las condiciones particulares del demandante resulta desproporcionado acudir al
mecanismo.

En igual sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-156 de 202412, indicó que
existe un medio de control idóneo y eficaz para controvertir los actos administrativos
definitivos dictados en un concurso de méritos, como lo es el de nulidad y
restablecimiento del derecho por cuanto la “(...) discusión se relaciona con un debate
sobre la legalidad del acto administrativo y las condiciones en las que este debía emitirse,
debate que es propio del juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Y recordó
que “el medio de control de nulidad puede adelantarse cuando los actos administrativos
“hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y

9
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-05555-01, C.P. Milton
Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00928-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto (E).
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M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien
los profirió”.

De igual forma, analizó cuándo se configura un perjuicio irremediable que haga
viable el amparo de manera transitoria en dichos eventos, ante lo cual sostuvo “no se
configura un perjuicio irremediable cuando los accionantes “contaban con una mera
expectativa de ser nombradas en los cargos a los cuales concursaron, sin que se haya
consolidado un derecho a acceder de inmediato a los cargos públicos”. Para considerar que
existe un derecho adquirido en materia de concursos, esta corporación ha sostenido que se
requiere acreditar “(a) [que] la persona participó en un concurso de méritos; (b) que el
nombre fue incluido en la lista de elegibles y (c) que existe una vacante para ser designado”.

En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite, bajo los supuestos
que ha identificado la jurisprudencia constitucional. No obstante, cuando se
controvierte una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de
elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso), la acción de tutela,
en principio, es improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial, como
los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los que
se puede hacer uso de las medidas cautelares, para lo cual se han precisado unas
subreglas jurisprudenciales que habilitan, excepcionalmente, el ejercicio de la acción
de tutela.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La señora Nazly Patricia de Arco Cáceres, quien actúa en nombre propio,
acude a la acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos, así como de los
principios de confianza legítima y buena fe, supuestamente vulnerados, con la
Resolución EJR24-1073 del 5 de noviembre de 2024, por medio de la cual se
modificó parcialmente la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, corregida
por la Resolución. EJR24- 317 del 28 de junio de 202413, en el sentido de otorgar
una calificación de 765 puntos, lo que conllevó que reprobara la evaluación de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial adelantado en el marco de la
Convocatoria 27, en el que participó para el cargo de juez laboral.

Lo anterior porque, a su juicio, existen vicios de legalidad en el desarrollo de la
evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, no se
acató lo afirmado por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en la respuesta
masiva de 15 de julio de 2024 y la pregunta 79 de la evaluación de la subfase
general de 2 de junio de 2024, jornada tarde, estuvo mal calificada por cuanto la
respuesta podía darse en distintas combinaciones

Indicó que también se atentó contra la legalidad reglamentaria del XI Curso de
Formación Judicial porque se acumularon 28 evaluaciones, se impuso un único
examen escrito y se formularon preguntas para responder de memoria.

5.2. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque en el caso bajo
examen no se cumple con el requisito de subsidiaridad, en tanto se acude con el
propósito de controvertir la legalidad de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de

13
Subsanó un error de digitación frente a la fecha para la interposición del recurso de reposición, precisando que este podría
ser interpuesto por el término de diez (10) días, del 15 al 26 de julio de 2024.
11

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2024, corregida por la Resolución EJR24- 317 del 28 de junio de 2024, por medio de
la cual se publicó el resultado de la evaluación de la subfase general del Curso
Concurso de Formación Judicial14 y de la Resolución. EJR24-1073 del 5 de
noviembre de 202415 que resolvió el recurso de reposición, ajustando la calificación
de la actora de 753,360 a 764 puntos, para lo cual la accionante cuenta con otro
medio de defensa judicial que goza de idoneidad y eficacia.

Al respecto, la Sala precisa que la Resolución EJR24-1073 del 5 de noviembre de
202416 tiene naturaleza definitiva, porque fue proferida en virtud del recurso de
reposición que presentó la actora contra Resolución EJR24-298 del 21 de junio de
2024, corregida por la Resolución EJR24- 317 del 28 de junio de 2024, definiendo
su situación particular al impedirle continuar en el IX Curso de Formación Judicial
Inicial y excluirla del procedimiento de selección por obtener menos de 800 puntos.

Como se indicó en las consideraciones, la acción de tutela se torna procedente,
cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa, se evidencia la
configuración de un perjuicio irremediable y se esté en presencia de las excepciones
señaladas en la jurisprudencia para admitir de manera excepcional el mecanismo
constitucional para controvertir decisiones en concursos de méritos, tales como “(i) la
inexistencia de un medio de control; (ii) la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que la discusión desborde la competencia del juez administrativo”. Sobre el último
supuesto, la Corte Constitucional ha sostenido que se trata de argumentos de índole
estrictamente constitucional que no puedan ser conocidos por el juez de lo
contencioso administrativo.

En este sentido, teniendo en cuenta los argumentos propuestos por la accionante, la
Sala advierte que la demandante cuenta con otro medio de defensa judicial como es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentra
regulado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA17.

Bajo ese contexto, la Sala no encuentra razones válidas para habilitar la procedencia
de este mecanismo de protección constitucional de naturaleza residual y subsidiaria,
pues ello sería desconocer que el ordenamiento jurídico ha previsto un medio de
defensa judicial con la aptitud suficiente para ventilar estas controversias de
naturaleza estrictamente legal, motivo por el cual la acción de tutela es improcedente
porque la demandante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, como es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela la Corte
Constitucional señaló que, en línea de principio, “quien pretenda controvertir en sede

14
IX Curso de Formación Judicial.
15
““Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024,
corregida por la Resolución EJR24- 317 del 28 de junio de 2024”” en el sentido de modificar la calificación obtenida por la
accionante a 765 puntos con un estado de reprobado.
16
““Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024,
corregida por la Resolución EJR24- 317 del 28 de junio de 2024”” en el sentido de modificar la calificación obtenida por la
accionante a 765 puntos con un estado de reprobado.
17
“Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare
la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se
le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente
violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando
la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto
intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.
12

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judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que para tales fines existen en la
jurisdicción contenciosa administrativa”18.

Ahora, la acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto
que la accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable, pues si
bien sostuvo que “no ingresar prontamente, así sea de manera transitario al Subfase
especializada del IX Curso de Formación Judicial, perderé la oportunidad acceder al
servicio público en las cargos ofertados porque un proceso ordinaria demoraría más de una
año y esta subfase terminaría en agosto del año entrante”, lo cierto es que el proceso
contencioso-administrativo prevé medidas cautelares que permiten al juez adoptar
las decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales.

La Corte Constitucional ha reiterado que tratándose de la provisión de cargos
públicos mediante el sistema de concurso de méritos, el único perjuicio que habilita
el amparo es aquel que cumple con las siguientes condiciones: “(i) se produce de
manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de
reparar el daño producido; (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la medida de
protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v)
la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la
tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales19”

Así las cosas, verificadas las circunstancias del caso, la Sala encuentra que no se
configura un perjuicio que se pueda catalogar como irremediable pues no se
observan circunstancias particulares que ameriten la intervención del juez
constitucional ante la existencia de una situación grave, urgente, inminente e
impostergable que afecte los derechos fundamentales de la accionante.

De esta manera, la demandante no puede convertir la acción de tutela en un medio
residual y subsidiario para la defensa de sus derechos fundamentales, pues, se
insiste, que la legalidad de Resolución EJR24-1073 del 5 de noviembre de 2024,
puede ser controvertida ante la jurisdicción contencioso administrativa de
conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, a lo que se suma que en
dicho medio de control, la accionante puede reclamar la adopción de medidas
cautelares en virtud del artículo 229 y siguientes de la misma normativa.

Como lo estableció esta Sala en la sentencia de 12 de diciembre de 2024 20, no se
advierte que la decisión de la autoridad demandada consistente en excluir al
demandante del IX Curso de Formación Judicial Inicial, realizado en el marco de la
Convocatoria 27, constituya una actuación que ocasione un riesgo cierto y real que
amenace o afecte un derecho fundamental y que amerite la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela, máxime cuando los participantes en un concurso de
méritos no les asiste un derecho adquirido21.

18
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
19
Sentencia T-716 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterada en la sentencia de 24 de abril de 2019, exp. 2019-
01152-00 y de 28 de abril de 2022, ex 2021-06364-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
20
Exp. 11001-03-15-000-2024-05158-01, C.P. Wilson Ramos Girón.
21
Corte Constitucional, sentencia T-081 del 2021, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar: «[…] no cabe alegar que existe un
derecho adquirido, en la medida en que para que ello confluya se requiere acreditar que (a) la persona participó en un
concurso de méritos; (b) que el nombre fue incluido en la lista de elegibles y (c) que existe una vacante definitiva para ser
designado, por lo que los demás participantes tan solo tendrán una expectativa […]».
13

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Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres

En definitiva, la acción de tutela formulada por la señora Nazly Patricia de Arco
Cáceres es improcedente porque no cumple con el presupuesto de la
subsidiariedad, en tanto cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ordinario
para ventilar la discusión propuesta al juez constitucional, y no se encuentra
acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que habilite el mecanismo de
protección constitucional de manera excepcional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora
Nazly Patricia de Arco Cáceres, quien actúa en nombre propio, contra la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

14

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