Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06514-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06514-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06514-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06514-00
Demandante: RARL y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06514-00
Demandante RARL Y OTROS
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UNIDAD NACIONAL DE
PROTECCIÓN Y OTROS
Temas Acción de tutela. Derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad
personal. Evaluación del riesgo a partir de hechos sobrevinientes.
Mora en la evaluación atribuible a la UNP. Solicitud de reforzar el
esquema de protección de acuerdo con el nivel del riesgo.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por el señor RARL, en nombre propio y en
representación de su esposa y de sus hijos menores1, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de noviembre de 20242, el señor RARL, en nombre propio y en representación
de su esposa MTPG y de sus hijos menores interpusieron acción de tutela en contra
de la Presidencia de la República, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría Nacional del Pueblo y la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con ocasión de la vulneración
de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la seguridad.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Conceder la tutela a favor de (…) y nuestros hijos menores, debido a la vulneración de
nuestros derechos fundamentales a la vida, integridad personal y seguridad.
2. Ordenar medidas cautelares urgentes que incluyan: o Refuerzo inmediato del esquema
de protección, con la asignación de más escoltas y recursos adecuados. o Reubicación
temporal de la familia, si es necesario, para garantizar nuestra seguridad.
3. Ordenar a la UNP que, en el contexto de los hechos sobrevinientes y la demora en la
revaluación de riesgos, adopte medidas urgentes de protección para mi familia,
incluyendo la implementación de nuevas evaluaciones de riesgo sin dilaciones.
4. Solicitar vinculación a la Personería Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para
las Víctimas, la Presidencia de la República y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para garantizar que el Estado cumpla con su obligación de proteger a los
defensores de derechos humanos y sus familias.
5. Solicitar que el juez ordene la protección urgente a los niños menores, considerando que
su derecho a la protección y a vivir sin violencia está siendo vulnerado por la situación de
riesgo en la que se encuentran.
1
La Sala decidió reservar la identidad de la parte actora, dado que los hechos y pretensiones de la acción de tutela guardan
relación con medidas de protección a raíz de las amenazas de las que han sido víctima. Esta información es objeto de
reserva en los términos del numeral 13 del artículo 2.4.1.2.2 del Decreto 1066 de 2015 y el numeral 3° del artículo
2.4.1.2.47 de la misma normativa. Adicional a lo anterior, se considera que la información contenida en este proceso
constitucional puede afectar el derecho a la seguridad personal de la parte actora.
2
Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índice 2).
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6. Solicitar la intervención de la Corte Constitucional, a fin de que se pronuncie sobre la
necesidad urgente de medidas de protección para los defensores de derechos humanos
y sus familias, dada la gravedad de los hechos ocurridos y el peligro inminente que
enfrentan. »3 (Sic para toda la cita).
Además, solicitó que se decretara la siguiente medida provisional a su favor:
«Dada la gravedad de los hechos y el riesgo inminente para la vida e integridad de mi familia,
solicitamos que el Juez de Reparto de Guamo, Tolima ordene medidas cautelares
provisionales, tales como el refuerzo inmediato del esquema de protección y la asignación de
recursos adicionales a fin de garantizar nuestra seguridad mientras se resuelve la acción de
tutela.»
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El actor relató que él y su esposa son defensores de derechos humanos en
Colombia. Además, contó que son víctimas del conflicto armado en Colombia
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, por lo que están
registrados en el Registro Único de Víctimas.
Informó que debido a su activismo han sido objeto de amenazas contra su
integridad y de al menos tres atentados. Dijo que el último atentado que
padeció ocurrió el 23 de noviembre de 2024 en su residencia, cuando varios
hombres armados le dispararon en un intento de acabar con su vida. Estima
que este último hecho incrementó considerablemente su nivel de riesgo y el
de su familia, por lo que juzga indispensable que la UNP robustezca su
esquema de protección.
2.2. El señor RARL considera que el esquema de protección con el que cuenta en
la actualidad, (implementado el 29 de mayo de 2024, que consta de un hombre de
protección, un chaleco antibalas, un medio de comunicación y un subsidio de movilidad)
es insuficiente para el riesgo al que en la actualidad está expuesto.
2.3. La parte actora señaló que desde el 10 de septiembre de 2024 informó a la
Unidad Nacional de Protección sobre el aumento del riesgo que sobre él se
cierne debido a los hechos sobrevinientes, para obtener un refuerzo en su
esquema de seguridad, pero que sólo hasta el 5 de noviembre de 2024 la
entidad inició el proceso de evaluación del riesgo.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales invocados
en el escrito de tutela, aduciendo que su integridad y la de su familia estaban en
grave riesgo a causa de los atentados de los que han sido objeto por parte de grupos
al margen de la ley. Relataron que fueron víctimas de desplazamiento forzado y que
por esa razón están inscritos en el RUV.
El señor RARL manifestó que la mora de la UNP de evaluar su situación de riesgo
y reforzar su esquema de protección con ocasión a los recientes hechos de
atentados que han padecido (23 de noviembre de 2024), pone en grave peligro su
integridad personal y la de su familia. Por lo anterior, pretende que el juez de tutela
ordene a la UNP que adopte medidas urgentes de protección para él y su familia y
que disponga la implementación de nuevas evaluaciones de riesgo sin dilaciones.
3
Página 34 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 2 de diciembre de 2024, el despacho ponente admitió la acción
de tutela promovida por el señor RARL, en nombre propio y en representación
de su esposa y sus hijos menores, en contra de la Presidencia de la República
de Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
Además, decretó como medida provisional que la Unidad Nacional de
Protección adelantara la valoración del nivel de riesgo y el estudio de
protección de los accionantes.
También se ordenó a la Secretaría General de la Corporación la protección de
la identidad de los accionantes, reemplazando sus nombres por letras en los
sistemas de gestión de la información donde reposa el expediente.
Finalmente, se le ordenó a la parte accionante que remitiera en medio digital
los documentos que acrediten que ejercen la representación legal de sus hijos
menores, es decir, los registros civiles de nacimiento. Adicionalmente, se
requirió a la señora MTPG que allegara ratificación de que conoce de la
existencia de la presente acción de tutela y que está de acuerdo con su
interposición.
4.2. El señor RARL allegó memorial en el que dio cumplimiento a los
requerimientos del auto admisorio de la acción de tutela. Aportó los registros
civiles de nacimiento de sus dos hijos menores de edad, el registro civil de
matrimonio con la señora MTPG, la ratificación de la señora MTGP de que
conoce y consiente la interposición de esta tutela, los actos administrativos de
valoración del riesgo y de asignación de las medidas de protección y la copia
digitalizada de las peticiones que ha presentado ante la Unidad Nacional de
Protección para que robustezca su esquema de seguridad con ocasión de
hechos sobrevinientes.
Las peticiones fueron presentadas a través de mensaje de datos remitido al
buzón electrónico de la Unidad Nacional de Protección en las siguientes
fechas:
● Correo electrónico del 4 de noviembre de 2024 dirigido a la Unidad Nacional de
Protección en el que solicita protección urgente ante las amenazas a su
integridad por parte de grupos ilegales. Contó que recibió un arreglo de flores con
una tarjeta fúnebre con un mensaje intimidante de un grupo de autodefensas. En
esa línea, pidió que se reforzara su esquema de protección para lograr la efectiva
protección de su integridad y la de su familia.
● Correo electrónico del 10 de noviembre de 2024 en el que el señor RARL solicitó
el refuerzo y ampliación de su esquema de protección porque estaba
desarrollando sus labores sociales en regiones del país con presencia de grupos
armados ilegales. Dijo que esta situación aumentaba sus riesgos y exigía un
esquema más robusto. Pidió que se le asignara un vehículo para garantizar una
movilización segura y más hombres de protección, porque uno es insuficiente
para asegurar la protección de su esposa y sus dos hijos.
● Correo electrónico del 13 de noviembre de 2024, a través del cual el aquí
accionante solicitó a la analista de Riesgo que le informara si su caso fue
escalonado al área de Trámite de Emergencia y la respuesta de esa dependencia
para su caso dadas las amenazas que ha enfrentado.
● Correo electrónico del 15 de noviembre de 2024, en el que el actor informó la
denuncia en la Fiscalía por la presunta persecución de la que ha sido objeto por
medio de un dron que sobrevuela áreas cercanas su residencia y sus rutas de
desplazamiento. Agregó que también había sido seguido por un hombre en una
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motocicleta en repetidas ocasiones Dijo que estas situaciones incrementaron su
percepción de riesgo y de vulnerabilidad. Por lo anterior, solicitó la investigación
de los hechos y que su esquema de seguridad fuera reforzado.
● Correo electrónico del 17 de noviembre de 2024 en el que el actor solicitó a la
Unidad Nacional de Protección la revisión y mejora de su esquema de protección
porque a su hombre de protección no le era posible desplazarse hasta el lugar
donde él estaba residiendo e informó que ejerce sus labores de protección de
derechos humanos en zonas que no cuentan con transporte público.
● Correo electrónico del 22 de noviembre de 2024 dirigido a la Unidad Nacional
de Protección en el que presenta una queja con ocasión al incumplimiento de esa
entidad en la prestación del servicio de protección y omisión de respuesta a sus
peticiones por parte del área de Hombres de Protección.
● Correo electrónico del 24 de noviembre de 2024 en el que el señor RARL informa
que fue víctima de un atentado en su residencia en el municipio del Guamo
Tolima.
En los anexos obra respuesta emitida el 26 de noviembre de 2024 por la
Unidad Nacional de Protección, Subdirección de Evaluación de Nivel del
Riesgo, en el que se informó al señor RARL que en ese momento estaba en
trámite una solicitud de Reevaluación por Hechos Sobrevinientes y que el
resultado sería comunicado una vez culminara el proceso. En línea con lo
anterior, le indicaron que era el Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas (CERREM) a quien le correspondía
recomendadas las medidas o esquema de protección por lo que debía esperar
el resultado de la reevaluación.
En todo caso, indicaron que los hechos y documentos fueron puestos en
conocimiento del analista de riesgo que estudia su caso.
4.3. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por
conducto de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, indicó que el señor RARL
cumple con las condiciones para acceder a las medidas previstas en la Ley de
Víctimas ya que está incluido en el Registro Único de Víctimas por los hechos
victimizantes de desplazamiento forzado, amenaza y lesiones personales.
Además, sostuvo que no ha lesionado o puesto en riesgo ningún derecho
fundamental de la parte accionante, puesto que el objeto de la acción
presentada es la presunta vulneración sufrida por el actor frente al refuerzo del
esquema de protección como garantía de su seguridad concedido por la
Unidad Nacional de Protección.
Por lo anterior consideró que la acción de tutela es improcedente respecto de
dicha entidad y que existía falta de legitimación en la causa por pasiva.
Finalmente solicitó su desvinculación del proceso o que se negaran las
pretensiones del escrito de tutela.
4.4. La Procuraduría Regional de Instrucción de Tolima, por conducto de
apoderada judicial, informó que al consultar sus bases de datos encontró
correo electrónico del 13 de junio de 2024 en el que la subteniente comandante
de la Estación de Policía de un municipio del Tolima informó al procurador
regional la activación de una ruta interinstitucional para el actor. También
mencionó que en correo del 14 de junio de 2024 esa procuraduría regional
comunicó la situación al personero municipal competente y al secretario del
interior de la Gobernación de Tolima.
Establecido lo anterior, solicitó ser desvinculado del proceso constitucional
debido a que sus funciones no guardan relación con los hechos y pretensiones
del escrito de tutela.
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4.5. La Presidencia de la República argumentó que no es la autoridad
competente para resolver lo solicitado por el accionante. Manifestó que no
tiene la facultad para intervenir en la adopción de medidas de seguridad ni en
la reevaluación de los casos por hechos sobrevinientes, pues son
competencias que fueron asignadas a la Unidad Nacional de Protección. Esta
entidad, por su naturaleza y autonomía, es la encargada de brindar o reforzar
los esquemas de seguridad y la Presidencia no tiene injerencia en esas
determinaciones ni le corresponde revisar las decisiones que adopte.
Finalmente, expuso un marco sobre la falta de legitimación en la causa por
pasiva, argumentando que la Presidencia de la República no es responsable
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, ya
que no tiene la competencia para resolver los asuntos planteados en la acción
de tutela. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del proceso, que se declare
improcedente la acción de tutela al no existir una acción u omisión imputable
a la Presidencia que vulnere los derechos fundamentales de la parte
accionante y que se negaran las pretensiones.
4.6. El 9 de diciembre de 2024, el señor RARL radicó memorial en el que informó
que en razón a su regreso al departamento del Tolima la UNP implementó
nuevamente un escolta en la zona indicada, pero que ese día 9 de noviembre
la medida no había sido efectuada y estaba sin hombre de protección situación
que puso en riesgo su integridad y seguridad.
De acuerdo con lo anterior, solicitó al Despacho que se dicte medida
provisional que asegure su derecho a la integridad personal y que se disponga
que se refuerce su esquema de protección mientras se falla la acción de tutela.
Adjuntó correo electrónico en el que expuso esa situación ante la UNP.
4.7. En auto del 16 de enero de 2024, el despacho requirió a la Unidad Nacional
de Protección para que corrigiera el informe de respuesta a la acción de tutela
porque el que allegó no correspondía con los hechos del caso. Se otorgó el
término de 1 día para cumplir con la gestión.
4.8. La Unidad Nacional de Protección, por conducto del jefe de la Oficina
Asesora Jurídica, presentó un primer oficio de respuesta a la acción de tutela
identificado con la radicación nro. OFI24-00073442. Solicitó que se declare la
improcedencia de la petición de amparo ante la inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales. Dijo que si el actor pretende que se robustezca su
esquema de seguridad debe atender a los procedimientos y trámites de la
Unidad Nacional de Protección establecidos en el Decreto 1066 de 2015,
artículo 2.4.1.2.40, en lugar de pretender obviarlos con la interposición de esta
acción de tutela.
De manera subsidiaria, solicitó que se niegue la acción de tutela porque
considera que la Unidad Nacional de Protección no ha vulnerado ni amenaza
los derechos fundamentales del señor RARL y otros, pues las determinaciones
que se han adoptado para proteger su integridad han atendido al marco
normativo establecido para tal fin.
Indicó que se han realizado los estudios de nivel de riesgo en los que se han
considerado los hechos sobrevinientes expuestos por el actor y las
recomendaciones de los órganos interinstitucionales que valoraron su
situación. En esa vía, recordó que el estudio de nivel de riesgo arrojó un riesgo
EXTRAORDINARIO con una matriz del 53.88%, respecto del cual el CERREM
recomendó el esquema de protección tipo ligero extensivo a su núcleo familiar.
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Respecto del nivel de riesgo de la esposa del señor RARL, la Unidad Nacional
de Protección destacó que no ha radicado un formulario de solicitud de
protección individual, gestión indispensable para iniciar su evaluación de
riesgo de manera independiente. Respecto de los hijos menores de edad del
señor RARL manifestó que su protección corresponde al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF).
También precisó que, el señor RARL en el escrito de tutela no expuso nuevos
hechos de amenazas diferentes a los que ya estaba estudiando el analista del
Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo de la Subdirección de Evaluación de
Riesgo de la UNP en la orden de trabajo 673657, por lo que en ausencia de
nuevos elementos que evidencien una amenaza adicional no existen
argumentos para imputar una vulneración de derechos del protegido.
Informó que con fundamento en la Orden de Trabajo nro. 647640 de 2024 el
Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR) aplicó la matriz de riesgo en el
caso del señor RARL y arrojó un riesgo extraordinario, con una ponderación
en la matriz de 53,88%. Surtido este trámite, el caso fue presentado ante el
Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) que
en sesión del 11 de septiembre de 2024 validó el riesgo extremo y ratificó el
esquema de protección tipo ligero y precisó que las medidas eran extensivas
a su grupo familiar. Estas recomendaciones fueron adoptadas por el director
general de la UNP mediante la Resolución No. DGRP 10649 de 2024,
confirmadas en la Resolución DGRP 12357 del 25 de noviembre 2024.
Advirtió que el resultado del estudio del nivel de riesgo deriva de un extenso
procedimiento técnico y de trabajo de campo ajustado a los pronunciamientos
de las Cortes y que se alimenta con información de inteligencia y la información
de entes de seguridad y de control del Estado. En esa línea, indicó que la UNP
tiene la infraestructura técnica necesaria para realizar una valoración integral
y ponderada del riesgo en cada caso, de donde es posible inferir la idoneidad
de las conclusiones emitidas por esa entidad.
A ese respecto, se relaciona el siguiente aparte del informe:
«Por lo tanto, son los delegados interinstitucionales que conforman el Comité del CERREM
los competentes para determinar si se implementan, se ajustan o se finalizan las medidas de
protección para el caso del accionante y no el accionante el que debe indicar que medidas de
protección se le deben implementar a su criterio. Es importante recordar al despacho, que la
recomendación de las medidas de protección asignadas a los beneficiarios del programa, son
competencia exclusiva del CERREM, las cuales se realizan con base en el estudio de nivel de
riesgo realizado por la UNP, los cuales cuentan con las herramientas y el personal capacitado
para determinar cuál es el nivel de riesgo que ostentan los evaluados.»
Respecto del cumplimiento de la medida cautelar dictada por el Despacho
Ponente en el auto del 2 de diciembre de 2024, informó que por medio de
comunicación interna MEM24-00068136 del 06 de diciembre de 2024 solicitó a
la Subdirección de Evaluación de Riesgo de la UNP, el cumplimiento de lo
decretado. Aportó la mencionada comunicación, con lo que pretendió acreditar
gestión para el cumplimiento de la medida.
Finalmente, en lo que atañe al derecho de petición frente a las solicitudes sin
responder enrostradas por el señor RARL en la acción de tutela, manifestó que
verificó sus bases de datos y constató que la Subdirección de Evaluación del
Riesgo de la UNP brindó respuesta de fondo a través de mensaje de datos
remitido al peticionario el 26 de noviembre de 2024, por lo que no hay lugar a
declarar vulnerado ese derecho fundamental.
4.9. La Unidad Nacional de Protección, por conducto del jefe de la Oficina
Asesora Jurídica, presentó segundo oficio de respuesta a la acción de tutela
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identificado con la radicación nro. OFI25-00002227 y fechado del 20 de enero
de 2025, en el que reiteró en esencia los argumentos previamente expuestos.
4.10. La parte accionante remitió memorial en el que indicó que la Unidad Nacional
de Protección no ha cumplido con la medida provisional decretada en el auto
del 2 de diciembre de 2024, en el que se requirió que se adelantara un nuevo
estudio de riesgo actualizado.
Dijo que la Resolución DGRP 00069 de 2025 contiene información
desactualizada e incorrecta lo que le llevó a denunciar ante la Fiscalía General
de la Nación a la analista de la UNP que estudió su caso, por el delito de
prevaricato por acción.
Mencionó que la resolución no fue realizada conforme a lo ordenado por esta
Corporación lo que pone a su familia en una situación de desprotección porque
no se implementaron medidas de seguridad idóneas para él y para su grupo
familiar.
Reprochó la decisión administrativa contenida en la Resolución DGRP 00069
de «(…) dejar sin efecto la extensión de las medidas de protección al núcleo familiar en la
resolución DGRP 000069 de 2025 notificada el día 13 de enero del 2025, resulta contraria a
los principios fundamentales del derecho a la protección de la familia y los derechos de los
niños que en este caso son niños de 1 y 3 años, quienes requieren de una protección especial
dada su edad y vulnerabilidad.»
4.11. El 5 de febrero de 2025 a las 9:17 a. m., el señor RARL copió al despacho
ponente del correo electrónico dirigido a la Unidad Nacional de Protección en
el que informaba la «omisión en la prestación del servicio de protección» por parte
de la autoridad accionada. Contó que en el transcurso de ese día no se le
había brindado el esquema de protección asignado en integridad, omisión que
evidencia un grave incumplimiento de las obligaciones legales y
constitucionales de la entidad accionada que expone su integridad.
Advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación reiterativa
que da cuenta del incumplimiento de la entidad frente de su obligación de
cuidar de la integridad de los protegidos.
A ese respecto, recordó que la Corte Constitucional en las sentencias T-719
de 2003, T-1025 de 2007 y T-974 de 2014 manifestó que la omisión en la
implementación efectiva de las medidas de protección a los defensores de
derechos humanos genera responsabilidad estatal4 y puede dar lugar a la
adopción de medidas correctivas, disciplinarias y judiciales.
De acuerdo con lo anterior, hizo responsable a la Unidad Nacional de
Protección de cualquier afectación que sufriera a su integridad o a la de su
familia y solicitó lo siguiente:
«1. La reactivación y cumplimiento efectivo de la medida de protección que me ha sido
asignada.
2. Respuesta escrita, clara y motivada sobre las razones de la omisión en la prestación
del servicio de protección en la presente fecha.
3. Que se adopten las medidas correctivas pertinentes para evitar la repetición de estos
hechos.»
4.12. El 9 de febrero de 2025 el señor RARL remitió al despacho ponente copia del
correo electrónico dirigido a la Unidad Nacional de Protección en el que
informa que sus vecinos de una vereda del Tolima le alertaron sobre la
presencia de hombres armados en su lugar de residencia, el 8 de febrero del
año en curso. Por ello solicitó a la autoridad accionada que realizara una
4
Al respecto, el señor RARL mencionó la sentencia emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del
proceso nro. 11001-03-26-000-2009-00057-00.
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reevaluación del riesgo en el lugar donde vive y que adoptara las medidas de
seguridad acordes con su nivel actual de riesgo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa: de las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Presidencia de la República, la Unidad para las Víctimas y la Procuraduría
Regional de Instrucción del Tolima
La Sala aceptará la solicitud de la Presidencia de la República, de la unidad para
las Víctimas y de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima para que se
les desvincule de esta acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva. Esto comoquiera que no se planteó ninguna pretensión concreta frente a
estas entidades ni sus funciones tienen una relación directa con el escenario fáctico
en el que la parte accionante fundamenta la presunta violación de sus derechos
fundamentales a la vida, a la integridad y a la seguridad personal.
El escenario de vulneración se centró en la omisión de la UNP de evaluar de manera
célere el riesgo del actor y de su familia, de acuerdo con los hechos sobrevinientes
y de reforzar, en consecuencia, su esquema de protección para que sea coherente
con su nivel de riesgo.
En línea con lo anterior, la entidad competente para lograr la eventual satisfacción
de las pretensiones de la tutela y la garantía de los derechos que se acusan como
vulnerados es la Unidad Nacional de Protección. Esta entidad es a la que le
corresponde adoptar las medidas de protección recomendadas por el CERREM a
partir de la valoración de los resultados del procedimiento de evaluación del riesgo
que realiza el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo de la UNP. Todo lo anterior, al
tenor de lo consagrado en los artículos 2.4.1.2.28 y 2.4.1.2.40. del Decreto 1066 de
2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior)
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala deberá resolver los siguientes
problemas jurídicos:
1. ¿Vulneró la Unidad Nacional de Protección los derechos a la integridad y a la
seguridad personal de los accionantes al no haber valorado con celeridad el nivel
de riesgo del señor RARL a partir de los hechos de violencia descritos en la
tutela?
2. ¿incurrió la Unidad Nacional de Protección en desacato por no cumplir a
satisfacción con la medida provisional decretada en el auto del 2 de diciembre de
2024?
5
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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3. ¿La decisión de no extender el esquema de seguridad del señor RARL a su grupo
familiar, que adoptó la UNP en la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de
2025, vulnera los derechos a la seguridad y a la integridad de los accionantes?
4. Los derechos a la vida y a la seguridad de los líderes sociales y las
medidas de protección para personas en riesgo
La Constitución Política consagra la vida como un derecho fundamental inviolable
que debe ser defendido por las autoridades y por los particulares. Desde sus
primeros pronunciamientos, la Corte Constitucional reconoció que el derecho a la
vida es un presupuesto para el goce y la ejecución de los demás derechos
constitucionales.
Asimismo, los artículos 2° y 11 constitucionales establecen que las «autoridades de la
República están instituidas para proteger la vida de todas las personas residentes en
Colombia». Para la Corte Constitucional, de este deber estatal se desprenden dos
esferas de obligatorio cumplimiento: el deber de respetar la vida y la obligación de
protegerla6.
Los deberes de respeto se traducen en que las autoridades deben abstenerse de
vulnerar la vida e integridad personal de los ciudadanos. Mientras que el deber de
protección alude a la implementación de medidas concretas para la protección de
una persona, sobre la cual pesan amenazas concretas sobre su vida e integridad
personal, a fin de evitar la consumación de un daño.
Por su parte, frente a la seguridad, existen dos concepciones de seguridad: una
clásica, centrada en el monopolio estatal del poder y el fortalecimiento militar ante
amenazas7, y otra más amplia, que abarca medidas para proteger la vida, la
comunidad y el acceso a condiciones dignas8. Esta última incluye un enfoque
preventivo, buscando no sólo reaccionar ante riesgos, sino evitar factores de
vulnerabilidad. La Corte Constitucional enfatiza que este modelo requiere que el
Estado supere una visión reactiva, promoviendo la articulación entre sus
instituciones y la sociedad civil9..
Con fundamento en esa última perspectiva, la Corte Constitucional ha reconocido a
la seguridad como un derecho fundamental, consistente en la protección a las
personas, por parte de las autoridades, ante distintos tipos de riesgos, no solo de
índole militar, que rebasen los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en
sociedad10.
A partir del desarrollo jurisprudencial de los derechos a la vida y a la seguridad, se
ha reconocido que existen ciertas personas, grupos o comunidades expuestas a
unos niveles de riesgo superiores que el común de la población y corresponde al
Estado atender las diversas amenazas que existan.
Actualmente, tales amenazas son atendidas a través de la Unidad Nacional de
Protección. Entidad que tiene la obligación de definir mecanismos de protección
específicos para evitar que se materialice el daño, especialmente cuando se trata
de personas que por su actividad o contexto social están expuestas a un nivel
de amenaza superior11; y, consecuentemente, de brindarles condiciones de
seguridad.
El Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección tiene como objetivo
brindar protección a aquellas personas que enfrentan un riesgo contra su vida,
6
Corte Constitucional. Sentencia T-473 de 2018.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-020 de 2022.
8
Corte Constitucional. Sentencia SU-020 de 2022.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU-020 de 2022.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU-020 de 2022.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-473 de 2018.
9
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seguridad personal o integridad, debido a la gravedad. Dicho programa se
encuentra regulado en el Decreto 1066 de 2015. Está orientado a las personas que
«son objeto de amenazas o de actos en contra de su vida por asuntos relacionados con el
conflicto armado interno, la violencia ideológica o política» (negrillas propias)12 y que pertenezcan
a alguno de los grupos establecidos en el artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015, entre los
cuales se encuentran los «dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de
derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o de campesinos».
En línea con lo anterior, conviene tener en cuenta que, en la sentencia T-457 de
2024, la Corte Constitucional recordó que en Colombia los líderes y lideresas
sociales desempeñan un papel clave en la protección del medio ambiente, la
participación política y la defensa de comunidades vulnerables. Y precisó que esa
labor conlleva graves riesgos, sobre todo en territorios marcados por la violencia.
A ese respecto, recordó que tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió el aumento de los ataques
contra defensores de derechos, incluyendo, estigmatización, amenazas y
asesinatos colectivos. Dijo que según las cifras de la Defensoría del Pueblo en el
año 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales y, en el 2024, Indepaz registró 98
asesinatos. Esta situación, evidencia la persistencia del problema.
De acuerdo con lo anterior, la Corte advirtió que corresponde al Estado colombiano
proteger a quienes defienden los derechos humanos considerando su rol
fundamental en la democracia.
Así las cosas, corresponde a la Unidad Nacional de Protección determinar el nivel
de riesgo al que están expuestos los líderes sociales y adoptar las medidas
necesarias para protegerla.
En la Sentencia T-719 de 2003, la Corte Constitucional indicó que «para establecer la
caracterización de los distintos niveles de riesgo, se debe hacer una evaluación de las condiciones
de vulnerabilidad de quien requiere la protección. Esto, toda vez que se debe identificar si el sujeto
hace parte de aquellos grupos que históricamente han recibido amenazas o atentados contra
su vida o seguridad, como, por ejemplo, las personas víctimas de desplazamiento, los
defensores de derechos humanos y los miembros de sindicatos, entre otros».
En lo que respecta a la carga de la prueba, la Corte Constitucional ha explicado que
en los eventos que se solicita la protección a los derechos a la vida y a la seguridad
en contextos de marcada violencia y, consecuentemente, ante la existencia de
riesgos extraordinarios, se invierte ese deber probatorio, que inicialmente recae en
el demandante. Por consiguiente, le corresponde a la respectiva entidad,
generalmente a la Unidad Nacional de Protección, desvirtuar la existencia o nivel
del riesgo13.
Ahora bien, en lo relacionado con el procedimiento ordinario para iniciar el Programa
de Protección el artículo 2.4.1.2.40. del Decreto 1066 de 2015 regula cada una de
las fases de este, en los siguientes términos:
«Procedimiento ordinario del programa de protección. El procedimiento ordinario del
programa de protección es el siguiente:
1. Recepción de la solicitud de protección y diligenciamiento del formulario de solicitud de
inscripción con la verificación de los requisitos mínimos establecidos.
2. Análisis de la pertenencia del solicitante a la población objeto del programa de protección
y existencia del nexo causal entre el riesgo y la actividad que este desarrolla.
3. Inicio del procedimiento de evaluación del riesgo por parte del CTAR.
4. Presentación del resultado de la evaluación del riesgo al CERREM en un plazo no mayor
de 30 días hábiles, contados a partir del momento en que el solicitante expreso su
consentimiento para la vinculación al programa.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-038 de 2024.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-020 de 2022.
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5. Análisis, valoración del caso y recomendación de medidas por parte del respectivo
comité.
6. Adopción de la recomendación del respectivo comité por parte del director de la Unidad
Nacional de Protección, mediante acto Administrativo motivado.
7. El contenido del acto administrativo de que trata el numeral anterior será dado a conocer
al protegido mediante comunicación escrita.
8. Implementación de las medidas de protección, para lo cual, la entidad competente
suscribirá un acta en donde conste su entrega al protegido.
9. Seguimiento a la implementación y uso de las medidas de protección.
10. Reevaluación del nivel de riesgo, para lo cual la Unidad Nacional de Protección - UNP
establecerá un procedimiento abreviado, en tanto es un procedimiento técnico.
PARÁGRAFO 1. La realización de la evaluación del riesgo, cuando haya lugar a ello, es un
requisito sine qua non para que el caso pueda ser tramitado y se puedan asignar medidas de
protección».
De la norma transcrita se desprende que, tras la solicitud de protección y
diligenciamiento del formulario de inscripción, se analiza si el solicitante pertenece
a la población objeto del programa de protección y luego empieza la evaluación del
riesgo por parte del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR). Tal evaluación
debe ser remitida al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas
(CERREM) en menos de 30 días hábiles y a este último le corresponde valorar el
caso y recomendar las medidas que considere pertinentes, así como su
temporalidad. Posteriormente, se dicta acto administrativo contentivo de las
recomendaciones dispuestas por el CERREM. Por último, se procede a la
notificación de la decisión y a la implementación de las medidas reconocidas.
5. Actuaciones relevantes del procedimiento administrativo para la
implementación del programa de protección en el caso concreto
Expuesto el anterior marco normativo y jurisprudencial, la Sala establecerá si en el
caso particular existe amenaza o vulneración alguna a los derechos a la vida, a la
integridad y a la seguridad de los accionantes. Para esto se considera pertinente
hacer una breve referencia a los actos administrativos en los que la Unidad Nacional
de Protección ha adoptado las medidas de protección recomendadas por el
CERREM a favor del señor RARL:
● Resolución DGR 003828 del 22 de mayo de 2024, en donde se relacionaron
como hechos que afectaron la integridad del señor RARL, los siguientes: (i)
amenaza de muerte a él y a su familia a través de panfletos signados por grupos
ilegales que recibieron el 9 y el 22 de noviembre de 2023; y (ii) atentado con arma
de fuego ocurrido el 25 de diciembre de 2023 en su residencia. La anterior
información fue corroborada con diferentes autoridades que reconocieron el rol
social del señor RARL como defensor de derechos humanos y evidenciaron que
en sus bases de datos obran las denuncias por los hechos descritos.
En esta oportunidad el CERREM, en sesión del 12 de abril de 2024, validó el
riesgo del señor RARL como EXTRAORDINARIO y recomendó implementar un
esquema de protección tipo ligero, consistente en: 1 persona de protección y 1
apoyo de transporte en cuantía de 1 SMMLV, ratificó 1 chaleco blindado e
implementó 1 medio de comunicación. Estas medidas fueron extendidas al grupo
familiar y se asignaron con una temporalidad de 12 meses a partir de la firmeza
del acto administrativo.
● Resolución DGRP 010649 del 9 de octubre de 2024, en donde se realizó la
reevaluación del riesgo con ocasión del hecho sobreviniente ocurrido el 25 de
mayo de 2024. Se relató que cuando el actor se dirigía con su esposa a una
reunión en el marco de su labor como defensores de derechos humanos, fueron
abordados por dos desconocidos en una moto, quienes le gritaron improperios
debido a su liderazgo y le dispararon dos veces. Uno de los disparos impactó en
su chaleco de protección. Los hechos fueron denunciados ante la Policía
Nacional, la Personería y la Fiscalía General de la Nación.
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El caso del señor RARL fue presentado ante el CERREM en sesión del 11 de
septiembre de 2024. El Comité validó el nivel de riesgo EXTRAORDINARIO que
se cierne sobre el solicitante y ratificó el esquema de protección tipo ligero que
había recomendado en la Resolución 003828 de 2024. Estas medidas fueron
extendidas a su grupo familiar y se indicó que tenían una temporalidad de 12
meses a partir de la firmeza de ese acto administrativo.
● Resolución DGRP 012357 del 25 de noviembre de 2024, por medio de la cual
se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución DGRP 010649. En el
recurso el actor expuso nuevos hechos sobrevinientes consistentes en la
recepción de un panfleto amenazante por parte de un grupo ilegal y haber sido
objeto de seguimientos ilegales por medio de drones. Insistió en la insuficiencia
del esquema de protección que le fue asignado y solicitó que se brindara medio
de transporte adecuado para poder desplegar su labor como líder social y
garantizar la integridad de su familia. En este acto administrativo se explicó que el CTAR determinó un nivel de riesgo
EXTRAORDINARIO para el caso del señor RARL con una ponderación en la
matriz de 53,88%. Respecto de los fundamentos de la ponderación, en el acto
administrativo se lee:
«(…) no puede desconocerse, de acuerdo al resultado de las actividades de recopilación
y análisis de la información en el desarrollo de la reevaluación del nivel de riesgo, que la
intensidad de la amenaza se mantuvo, teniendo en cuenta que en estudio anterior
realizado en el año 2024 se pondero el riesgo en 53,88% y en el estudio actual se
evidencio en 53,88%. Por lo cual se motivó la ratificación de las medidas de protección,
de acuerdo al resultado del Instrumento Estándar de Valoración de riesgo individual,
avalado por la Honorable Corte Constitucional.
(…) las medidas a implementar dependen del resultado de la matriz, así como de las
condiciones de modo, tiempo y lugar dentro de las cuales las personas realizan sus
desplazamientos y ejercen sus actividades diarias, lo anterior es alimentado por la
recolección de información, la entrevista y el análisis que presenta el analista de riesgo y
luego se estudia dentro del CERREM o del Comité Especial – según corresponda –. Los
cuales consideraron ratificar las medidas de protección.
(…) Luego del análisis realizado, no es posible atender favorablemente la solicitud del
señor RARL, dado que según lo establecido por el parágrafo 3° del artículo 2.4.1.2.40 del
Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 1139 de 2021, “Solo se podrá
recomendar la modificación de las medidas de protección por el CERREM, cuando exista
una variación de las situaciones que generaron el nivel de riesgo”, escenario que no se
ajusta al caso objeto del presente pronunciamiento.»
Además, en la parte considerativa de la resolución se le informó al señor RARL
que «de acuerdo con la información digital que reposa en la Subdirección de Evaluación
de Riesgo, se evidenció que el procedimiento ordinario se está llevando a cabo bajo la
Orden de Trabajo No 673657, en favor del recurrente, en los términos del artículo
2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015 (modificado y adicionado), mismo que le será
notificado mediante un acto administrativo expedido por esta Unidad Administrativa
Especial y en el que se le determinaran las medidas de protección idóneas según su nivel
de riesgo, siempre y cuando exista lugar a ellas.»
● Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, a través de la cual se surtió
la validación del nivel de riesgo del actor a partir de hechos sobrevinientes y en
cumplimiento de la medida provisional decretada por el Despacho Ponente.
En esta oportunidad las autoridades competentes tomaron en consideración los
siguientes hechos sobrevinientes: (i) panfletos amenazantes de un grupo ilegal
que el señor RARL encontró el 23 de junio de 2024, donde lo declaran objetivo
militar; (ii) panfleto que encontró en su residencia, el 10 de septiembre de 2024,
firmado por un grupo ilegal donde le daban 24 horas para abandonar el país; (iii)
entrega de un arreglo floral y una tarjeta que contenía una amenaza de muerte,
signado por un grupo ilegal el 4 de noviembre; y (iv) presencia de sujetos
extraños cerca a su casa ubicada en zona rural que respondieron con disparos
cuando él salió con una escopeta para verificar la situación, ocurrido el 23 de
noviembre de 2024. El analista informó que estos hechos habían sido
denunciados ante la Fiscalía General de la Nación
Se evidenció que en el proceso de recopilación de información el analista
consultó varias autoridades. La FGN indicó que el señor RARL ha instaurado seis
12
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denuncias en el año 2024, la Policía Nacional indicó que el valorado es un líder
social que ha sufrido amenazas por su labor e informó que su situación ha sido
expuesta en Consejo de Seguridad y, respecto de los hechos del 4 de noviembre
se manifestó que «la comunidad informó que no observaron al sujeto que llevó el
arreglo floral.»
En la resolución también se lee que la junta de acción comunal de una localidad
de Bogotá indicó conocer la labor social de RARL, quien los asesora
jurídicamente para interponer quejas en materia de salud y denuncias sobre
destierros de viviendas, y que conocen de la amenaza que recibió a través de un
panfleto. La autoridad agregó que las juntas de acción comunal de un municipio
del Tolima informaron que conocen de los hechos de violencia en contra del líder
de derechos humanos, pero manifestaron que no escucharon disparos ni
comentarios de la comunidad sobre los hechos ocurridos el 23 de noviembre de
2024.
Por otra parte, se indicó que el hombre de protección informó que conocía de los
hechos por versión del protegido, pero que no estuvo presente cuando ocurrieron.
A partir de lo anterior y de un anunciado análisis del contexto de violencia de los
lugares a donde se moviliza el protegido, en el acto administrativo se expuso la
siguiente valoración:
«(…) el cotejo integral a los elementos de información obtenidos en el marco de la
respectiva evaluación frente a las diferentes entrevistas, el trabajo de campo, los
elementos de información proporcionados por los organismos de seguridad e inteligencia
del Estado permiten establecer que por lo anteriormente expuesto, se pudo colegir que
el valorado continúa con un riesgo excepcional que no tiene el deber jurídico de soportar,
aun así, no se tienen elementos de juicio contundentes y fácticos para convalidar los
presuntos hechos sobrevinientes que precisen el aumento de la intensidad del riesgo que
exhibe en la actualidad, es decir, se mantiene el ponderado desde la última evaluación
del riesgo, dado que coexisten elementos de juicio que permiten establecer la
persistencia del riesgo excepcional para su seguridad e integridad, que cumple con
algunas características al descrito por la Corte Constitucional, con ocasión a la labor que
adelanta, el contexto donde la desarrolla y la visibilidad con la que cuenta el evaluado,
riesgo que no está en el deber jurídico de tolerar.» (Subraya la Sala)
El caso fue escalado al conocimiento del CERREM, en sesión del 20 de diciembre
de 2024. El Comité validó el nivel de riesgo EXTRAORDINARIO y ajustó el
esquema de seguridad tipo ligero, así: ratificó 1 persona de protección,
implementó un apoyo de transporte en la cuantía de 1.5. SMLMV, finalizó 1 apoyo
de transporte en cuantía de 1 SMMLV y ratificó 1 chaleco blindado y 1 medio de
comunicación. En el acto administrativo la UNP indicó que estas medidas
tendrían una temporalidad de 12 meses contados desde la firmeza del acto
administrativo, pero en esta ocasión no se extendieron las medidas al grupo
familiar compuesto por su esposa y dos hijos menores.
6. Análisis del caso particular: la reevaluación del riesgo del señor RARL y
el cumplimiento de la medida provisional decretada
6.1. Establecido lo anterior, conviene recordar que en la acción de tutela se discutió
(i) la demora de la Unidad Nacional de Protección para realizar la reevaluación
del riesgo del señor RARL a partir de los hechos sobrevinientes de violencia
de los que había sido objeto y (ii) la necesidad de disponer el refuerzo de su
esquema de protección para garantizar su integridad y la de su familia.
Respecto de la mora, en el escrito de tutela se argumentó que la UNP no había
realizado la reevaluación del riesgo del señor RARL al amparo de los hechos
ocurridos el 10 de septiembre y el 23 de noviembre de 2024 y que justificaban,
a su juicio, reforzar su esquema de seguridad.
Sobre los hechos en mención, en el memorial de respuesta de la acción de
tutela, la UNP informó que había una orden de trabajo (nro. 673657) en marcha
en virtud de la cual un analista del CTAR estaba estudiando los hechos
posteriores indicados. Se aportó como insumo, el informe rendido por el
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analista del 5 de diciembre de 2024, en el que relacionó las gestiones
adelantadas. Allí enlistó las entrevistas a autoridades y a terceros, la entrevista
con el evaluado y el envío de informes a autoridades del orden departamental,
municipal y distrital. El analista manifestó que priorizaría la orden para finalizar
la gestión con miras a cumplir con el estudio de nivel de riesgo.
Se observa además que el caso de valoración del riesgo a partir de hechos
sobrevinientes del señor RARL fue presentado ante el Comité de Evaluación
del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), en sesión del 20 de
diciembre de 2024 y que el acto administrativo a partir del cual la UNP adopta
las medidas de protección recomendadas por el CERREM, se emitió el 10 de
enero de 2025 y se notificó el día 13 de ese mes y año.
Así bien, la UNP emitió la Resolución 000069 del 10 de enero de 2025,
contentiva de la valoración del riesgo a partir de los hechos expuestos por el
actor y de la adopción de las recomendación del CERREM. El tiempo
transcurrido entre el último hecho de amenaza analizado (23 de noviembre de
2024), y la emisión del acto administrativo no se estima desproporcionado, pero
no puede desconocerse que el trámite se priorizó con ocasión al cumplimiento
de la medida provisional ordenada por esta Corporación y no por la voluntad o
iniciativa de la Unidad Nacional de Protección.
Así las cosas, no se evidencia una mora desproporcionada en la valoración
del riesgo del señor RARL con fundamento en hechos que el tutelante expuso,
pues el último suceso de relevancia ocurrió el 23 de noviembre de 2024 y se
reportó ante la UNP al día siguiente. Por el contrario, se observa que en efecto
estaba en curso la orden de trabajo nro. 673657 por esos hechos, tanto así
que al ser requerido el analista con miras a responder la acción de tutela el 5
de diciembre de 2024, indicó en su informe una gestión avanzada para el caso
concreto. Los tiempos en los que se elevó el caso ante el CERREM tampoco
evidencia negligencia o desidia en este específico caso.
Entonces, aunque con la Resolución 000069 del 10 de enero de 2025 se
satisfizo parcialmente las pretensiones de la acción de tutela, debido a que la
accionada realizó la valoración del riesgo solicitada por el señor RARL en el
escrito de tutela, no se puede dejar de lado que, según lo informado por el
actor, dicho acto administrativo no se acompasa con su situación de riesgo
actual y además que expone a su familia a un mayor escenario de
vulnerabilidad y desprotección del que se encontraba antes de interponer la
acción de tutela. Por lo anterior, solicitó que se declare el incumplimiento de la
medida provisional.
En ese escenario, la Sala analizará si la Unidad Nacional de Protección
desacató la medida provisional decretada por el despacho ponente en el auto
admisorio del 2 de diciembre de 2024 y si, en consecuencia, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad e integridad
personal de RARL y de su grupo familiar.
6.2. Para esta Sala, la Unidad Nacional de Protección solo cumplió parcialmente
la medida provisional decretada en el auto del 2 de diciembre de 2024,
comoquiera que en dicho proveído se ordenó a la autoridad accionada que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia adelantara
la valoración del nivel del riesgo y el estudio de protección del señor RARL y
de su grupo familiar.
Concretamente se dispuso lo siguiente:
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«Decretar como medida provisional, la siguiente: que dentro del término máximo de 48
horas, contadas desde la notificación de esta providencia, la Unidad Nacional de
Protección adelante la valoración del nivel de riesgo y el estudio de protección de
los señores RARL Y MTPG, y de sus hijos menores. La Unidad Nacional de
Protección deberá remitir copia del documento de valoración con destino al radicado de
la referencia»
En el memorial de desacato, el señor RARL informó que el 13 de enero de
2025 le fue notificada la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025,
a través de la cual la Unidad Nacional de Protección indicó haber dado
cumplimiento a la medida provisional. El actor aportó el oficio de notificación y
la copia digitalizada del citado acto administrativo.
El señor RARL argumentó que la autoridad accionada incurrió en desacato de
la medida provisional porque el análisis de riesgo se basó en un estudio
antiguo que no refleja su situación actual ni toma en cuenta los hechos
sobrevinientes que motivaron la medida provisional, por lo que requirió un
nuevo estudio de riesgo actualizado. Además, advirtió que la decisión
adoptada por la autoridad administrativa en la Resolución DGRP 000069, pone
en riesgo su integridad y la de su familia, porque dejó sin efectos las medidas
de protección que antes habían sido extendidas a su grupo familiar, lo que
agrava su situación de vulnerabilidad al generar un ambiente de inseguridad y
desprotección.
Sobre el particular, la Sala advierte que en la Resolución DGRP 000069 del
10 de enero de 2025 (Supra 5.1.), la Unidad Nacional de Protección, a través
de analista del Cuerpo Técnico de Análisis del Riesgo, estudió entre otros, los
hechos expuestos por el señor RARL en la acción de tutela, ocurridos en los
meses de septiembre y noviembre de 2024. Después, el analista presentó la
valoración ante el CERREM, autoridad que validó el riesgo EXTRAORDINARIO
que se cierne sobre el actor y decidió mantener el esquema de protección
ligero que había sido previamente reconocido, con aumento en la cuantía del
apoyo de transporte.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que en el acto administrativo sí fueron
considerados los hechos de violencia expuestos en el escrito de tutela y que
motivaron el decreto de la medida provisional, por lo que sobre ese aspecto,
en específico, frente al tutelante RARL no se encuentra la UNP en desacato.
No obstante, se advierte con preocupación que la UNP, al proferir la
Resolución 000069 del 10 de enero de 2025 omitió extender al grupo familiar
del señor RARL las medidas de protección recomendadas por el CERREM, a
pesar de que esa medida se había adoptado en los actos administrativos
previos en los que se valoró el nivel de riesgo del solicitante. Así se puede
corroborar en las Resoluciones DGRP 003828 de 2024, 010649 de 2024 y
012357 de 2024 (Supra 5.1.).
Esta determinación implica el desacato parcial de la medida provisional
decretada en el auto del 2 de diciembre de 2024, porque en ella se ordenó
realizar la valoración del riesgo del señor RARL y de su grupo familiar, de
acuerdo con los nuevos hechos de amenaza relatados en la acción de tutela;
pero en el acto administrativo en comento se dispuso el esquema de
protección sólo para el señor RARL, sin extenderlo a su núcleo familiar,
dejándolos en estado de desprotección sin justificación alguna. Recuérdese
que, aunque la valoración del riesgo es individual y el esquema de protección
es asignado al beneficiario, excepcionalmente, las medidas pueden ser
extensivas a su núcleo familiar si el riesgo del titular se extiende a ellos 14.
14
Parágrafo único del artículo 2.4.1.2.3. del Decreto 1066 de 2015.
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En línea con lo anterior, advierte la Sala que la UNP no expuso ninguna
motivación en la Resolución DGRP 000069 de 2025 que explique la razón de
cambiar la modalidad en la que había sido implementado, hasta el momento,
el esquema de protección.
En este punto conviene recordar que la Corte Constitucional ha sido enfática
y consistente al indicar que los actos administrativos de evaluación del riesgo
y determinación del programa de protección deben atender a un criterio de
motivación suficiente en la que expongan las razones que fundamentan las
determinaciones que se adoptan en torno al esquema de protección de los
beneficiarios del programa15.
A ese respecto, conviene recordar lo indicado por el Tribunal Constitucional en
la sentencia T-457 de 2024 sobre la motivación de las medidas de protección:
«85. En decisiones anteriores esta Corte precisó que el ejercicio de las competencias
de la UNP en materia de protección no escapa a las garantías propias del debido
proceso. Por el contrario, como autoridad encargada de la evaluación del riesgo y de la
implementación de medidas de seguridad, puede concluirse que la UNP tiene los
siguientes deberes: (…) f) Motivar sus decisiones de manera técnica, suficiente y
razonable. Este deber implica que los actos administrativos proferidos por la UNP deben
estar precedidos de los estudios técnicos de valoración del riesgo en cada caso
particular y exponer de manera clara las razones por las que la entidad toma una
determinada decisión.
86. Esta última exigencia garantiza que las personas cuenten con la posibilidad de
controlar las decisiones de las autoridades y de controvertir —a través de los recursos
administrativos y mecanismos judiciales procedentes— los argumentos en los que estas
fundamentan sus decisiones. Como lo evidenció la sentencia T-015 de 2022, el
incumplimiento del deber de motivación por parte de la UNP ha generado que la Corte
le ordene adelantar reevaluaciones del riesgo en casos específicos.
87. El cumplimiento del deber de motivación de las decisiones de la UNP es
especialmente relevante cuando la entidad va a modificar las medidas de protección
otorgadas en virtud de estudios técnicos anteriores. En estos supuestos, la UNP debe
argumentar su determinación de manera suficiente y razonable, con base en otros
conceptos especializados que, a su vez, consideren todas las circunstancias y
elementos del contexto que justifican la modificación.» (Subraya la Sala)
Así las cosas, se tiene que la falta de motivación en la Resolución DGRP
000069 sobre las razones que llevaron a no extender las medidas de
protección al grupo familiar de RARL (situación que representa un cambio importante
respecto de la modalidad en la que habían sido concedidas previamente), vulnera los
derechos del actor al debido proceso y, configura una amenaza a los derechos
a la integridad y a la seguridad y unidad de su grupo familiar.
Adicional a lo anterior, la Sala evidencia que la Resolución DGRP 000069 del
10 de enero de 2025 desconoció el deber de motivación técnica y suficiente
en lo que respecta al análisis de la situación del riesgo del grupo familiar del
señor RARL, pues no expuso las razones por las que, en esta oportunidad no
se hacían extensivas las medidas de protección otorgada a aquel.
Se pone de presente que la argumentación del acto administrativo que
resuelva sobre un procedimiento de calificación del riesgo se rige por algunos
principios desarrollados en la jurisprudencia constitucional, entre otras, en la
sentencia T-429 de 2020 y en la sentencia SU-020 de 2022.
6.3. De otra parte, en el escrito de tutela se requirió al juez constitucional que
ordenara a la UNP que reforzara el esquema de protección del actor en orden
a asignar más escoltas y recursos adecuados porque las nuevas evaluaciones
de riesgo presentan demoras excesivas.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-239 de 2021.
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A ese respecto, se debe advertir la incompetencia del juez de tutela para
recomendar o disponer las medidas de seguridad adecuadas o razonables a
efectos de proteger efectivamente la integridad del actor y de su familia. Esta
función fue asignada por ley a la Unidad Nacional de Protección, ya que cuenta
con el conocimiento técnico, el personal idóneo, las fuentes de consulta y la
infraestructura necesaria para hacer un análisis que sea fiel a la situación de
seguridad del solicitante16. Es claro entonces que el juez de tutela no cuenta
con las herramientas necesarias para hacer la valoración del riesgo y
establecer las medidas de protección idóneas para el riesgo que se cierne
sobre los solicitantes.
Dadas las particularidades de este caso, la orden apropiada con miras a
proteger los derechos invocados por el actor, respetando las competencias
dispuestas en el ordenamiento jurídico, era disponer la reevaluación del riesgo
del señor RARL en atención a los hechos sobrevinientes que relató en la
acción de tutela y que estimaba justificaban fortalecer su esquema de
protección. Esa orden ya se emitió en el curso de la acción, a través de la
medida provisional que fue decretada en el auto del 2 de diciembre de 2024,
de manera que con la Resolución DGRP 000069 se conjuró la situación sobre
esa omisión expuesta en la tutela. Ahora, si el actor presenta desacuerdos con
la nueva valoración del riesgo que se hizo en la Resolución DGRP 000069 de
2025, deberá exponerlos a través del recurso de reposición, posibilidad que se
le informó en el artículo 10° de ese acto administrativo.
6.4. En consideración a los argumentos expuestos, la Sala declarará el
incumplimiento parcial de la medida provisional y concederá el amparo de
los derechos al debido proceso, a la seguridad e integridad personal del grupo
familiar del señor RARL, toda vez que frente a éste se encuentra cumplida,
por las razones ya explicadas.
En consecuencia, se ordenará a la Unidad Nacional de Protección que
extienda al grupo familiar las medidas de protección otorgadas al señor RARL
en la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, mientras se realiza
una nueva valoración del riesgo en la que tome en consideración los hechos
relatados en esta acción de tutela a efectos de validar su actual nivel de riesgo.
En la motivación del acto administrativo deberá tener en cuenta (i) la carga de
motivación técnica suficiente y razonable en la evaluación del riesgo e
implementación de las medidas de seguridad, especialmente en relación con
la posibilidad de extender las medidas de protección al núcleo familiar del
señor RARL; y (ii) los principios desarrollados en la jurisprudencia
constitucional en la sentencias T-429 de 2020 y SU-020 de 2022 para los
procesos de evaluación del riesgo de los solicitantes de programas de
protección.
6.5. Adicional a lo anterior, se tiene que, en el trámite de la tutela, el señor RARL
informó al despacho sobre el incumplimiento en la prestación del servicio de
protección por parte de la Unidad Nacional de Protección el día 5 de febrero
del año en curso. Aunque la situación sobreviniente desborda el objeto de la
acción de tutela como inicialmente fue instaurada, es claro que se trata de una
situación relevante que puede poner en riesgo la seguridad del actor y de su
familia por la indebida implementación del esquema de seguridad que le fue
asignado.
16
Al respecto, consultar: Sentencias T-059 de 2012, T-591 de 2013 y T-388 de 2019.
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Recuérdese que la Corte Constitucional en su jurisprudencia17 ha reiterado
que la efectiva adopción e implementación de las medidas de protección es un
imperativo para mitigar el riesgo que se cierne sobre las personas protegidas.
Luego, es claro que el proceso de evaluación y determinación de las
estrategias de seguridad carece de utilidad si las medidas no se implementan
de manera eficiente y oportuna.
En esa vía, se estima pertinente ordenar a la Unidad Nacional de Protección
para que garantice la debida implementación del esquema de seguridad que
le fue asignado al señor RARL, mediante la Resolución DGRP 000069 del 10
de enero de 2025, y que se ordena extender a su grupo familiar en la presente
providencia, con las precisiones temporales que se hacen en este fallo.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia
de la República, de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Declarar el incumplimiento parcial de la medida provisional ordenada en el
auto admisorio del 2 de diciembre de 2024, en cuanto omitió extender al grupo
familiar del señor RARL las medidas de protección recomendadas por el
Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM.
3. Amparar los derechos al debido proceso, a la seguridad e integridad personal
de MTPG y sus hijos menores vulnerados con la expedición de la Resolución
DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, al no extenderles las medidas de
protección otorgadas al señor RARL en la Resolución DGRP 000069 del 10
de enero de 2025.
4. En consecuencia, ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, extienda a MTPG y sus hijos menores las medidas de
protección otorgadas al señor RARL mediante la Resolución DGRP 000069
del 10 de enero de 2025, mientras se realiza una nueva valoración de su
nivel de riesgo, dentro de un término que no puede exceder de diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión, teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas en la presente providencia.
5. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que garantice la continuidad y
disponibilidad de las medidas de protección asignadas al tutelante mediante la
Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, las cuales se ordena
extender a su grupo familiar en la presente providencia, con las precisiones
temporales a que se refiere este fallo.
6. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
7. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
17
Corte Constitucional Sentencias T-239 de 2021 (párrafos 12 a 15), T-015 de 2022 (párrafo 43) y T-263 de 2023 (párrafos
101 y 102.)
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Demandante: RARL y otros
8. Por Secretaría General, deberán hacerse las anotaciones a las que haya lugar
en el incidente de desacato radicado bajo el número 11001-03-15-000-2024-
06514-01, considerando que el cumplimiento de la medida provisional se
analizó y decidió en esta providencia.
9. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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