Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06514-03
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06514-03
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06514-03
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de mayo de 2025
Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado
:
11001-03-15-000-2024-06514-03
Demandante
:
RARL (en nombre propio y en representación de su esposa MTPG y de sus dos menores hijos)
Demandados
:
Presidencia de la República, Unidad Nacional de Protección, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Acción
:
Tutela (impugnación)
Derechos
Tema
:
:
Vida, integridad personal y seguridad
Solicitud de refuerzo de esquema de protección y extensión a familiares
Decisión
:
Confirma sentencia que accedió parcialmente
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) contra el fallo del 13 de febrero de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que accedió parcialmente al amparo deprecado.
ANTECEDENTES
Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el actor. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
RARL, quien actúa en nombre propio y en representación de su esposa MTPG y de sus menores hijos, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos a la vida, integridad personal y seguridad, presuntamente vulnerados por la Presidencia de la República, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Por consiguiente, solicitó, entre otras pretensiones, ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, «en el contexto de los hechos sobrevinientes y la demora en la revaluación de riesgos, adopte medidas urgentes de protección para [su] familia, incluyendo la implementación de nuevas evaluaciones […] sin dilaciones».
Hechos.
Relata el accionante que, tanto él como su esposa, además de ser víctimas de desplazamiento forzado, son defensores de derechos humanos en Colombia y, debido a su activismo social han sido objeto de múltiples amenazas contra su integridad por parte de grupos al margen de la ley y de, al menos, 3 atentados, siendo el último el 23 de noviembre de 2024 en su lugar de residencia, lo que, a su juicio, incrementó de manera ostensible su nivel de riesgo y el de su familia.
Que, pese a que actualmente cuenta con un esquema de protección, implementado el 29 de mayo de 2024, que consta de un hombre de protección, un chaleco antibalas, un medio de comunicación y un subsidio de movilidad, este es insuficiente para el nivel de riesgo al que él y su familia están expuestos, razón por la cual, el 10 de septiembre de ese año solicitó de la Unidad Nacional de Protección reforzar aquel; sin embargo, a pesar de la urgencia, solo hasta el 5 de noviembre siguiente dicha entidad inició el respectivo proceso de evaluación.
Sostiene que, la mora en la que ha incurrido la Unidad Nacional de Protección para evaluar su situación de riesgo y reforzar su esquema de protección, pone en grave peligro su integridad personal y la de su familia, por lo que, tuvo que acudir a este mecanismo constitucional.
1.2 Contestaciones de la acción.
1.2.1 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deprecó su desvinculación de este trámite constitucional, porque en su «sistema de gestión documental no se evidencia solicitud presentada por parte del [actor] […] que guarde relación con el tema descrito en la presente acción».
1.2.2 La Procuraduría Regional de Instrucción de Tolima indicó que «se procedió a revisar en la Plataforma e-Signa […], con el fin de verificar sí el accionante, ha presentado algún tipo de solicitud ante es[a] entidad, en relación con los hechos objeto de la acción constitucional; [lo] que permitió establecer que, mediante correo electrónico del 13 de junio de 2024, la Subteniente Mariana Herrera Ortiz, Comandante de la estación de policía del Guamo, Tolima, informó […] de la activación de ruta interinstitucional para [él], […] [situación que fue comunicada a] la Personera Municipal del Guamo y [el] Secretario del Interior de la Gobernación del Tolima».
1.2.3 La Presidencia de la República sostuvo que, en este caso, la responsable de analizar y responder los reclamos de la parte actora es la Unidad Nacional de Protección, comoquiera que es la institución encargada de garantizar la protección y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo.
1.2.4 La Unidad Nacional de Protección (UNP) adujo que, «[p]ara el 2024, […] en garantía a la vida e integridad personal y seguridad del [accionante], adelantó por parte de un analista del CTAR, el respectivo estudio de nivel de riesgo, mediante la orden de trabajo OT 647640, el cual determinó que a la fecha el riesgo
evidenciado era EXTRAORDINARIO, con ponderación de la matriz de 53.88%».
Que, una vez obtenido ese resultado «el caso fue presentado, ante los delegados interinstitucionales que conforman el Comité de Evaluación del Riesgo y de Recomendación de Medidas - CERREM, donde en sesión del 11 de septiembre de 2024 […] se validó el riesgo como EXTRAORDINARIO» y se dieron las siguientes recomendaciones:
«Recomendaciones del CERREM: Ratificar esquema de protección Tipo Ligero conformado por una (1) persona de protección y un (1) apoyo de transporte en cuantía de un (1) SMMLV por doce (12) meses. Ratificar un (1) chaleco blindado y un (1) medio de comunicación. Las medidas de protección serán extensivas a su núcleo familiar.
Temporalidad: Las medidas de protección tendrán una temporalidad inicial de doce (12) meses, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, sin perjuicio de que estas medidas puedan ser modificadas por el CERREM, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 2.4.1.2.40. y los artículos 2.4.1.2.45 y 2.4.1.2.46 del Decreto 1066 del 2015 adicionado y modificado».
Expuso que, dichas recomendaciones «fueron adoptadas por el Director General de la UNP mediante la Resolución No. DGRP 10649 de 2024, […]», confirmada por «la Resolución DGRP No. 12357 de 2024», las cuales «son extensivas al núcleo familiar [del tutelante], garantizando los derechos fundamentales de su esposa e hijos».
Adicionalmente, indicó que «existe un procedimiento ordinario, que debe seguirse para ser beneficiario de medidas de protección o que siéndolo se pretenda revaluación del riesgo, establecido en el artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015. Dicha evaluación se constituye como la herramienta técnica idónea para determinar de forma puntual el grado de vulnerabilidad y riesgo en el que se encuentra la persona teniendo en cuenta un análisis de los diferentes factores […] a fin de determinar el nivel del mismo, que puede ser ordinario, extraordinario o extremo».
Agregó que, «el resultado del estudio del nivel del riesgo es producto de un extenso procedimiento técnico y de trabajo de campo el cual se encuentra ajustado al pronunciamiento de las altas cortes, además de contar con información de inteligencia y la garantía dada por entes de seguridad y de control del Estado».
Manifestó que, respecto a la protección de los hijos menores de edad del demandante carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que ello «es competencia exclusiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF -».
Finalmente, señaló que, lo pretendido en la presente tutela es crear una nueva instancia procesal en la que se puedan obviar los procedimientos administrativos, y la vía ordinaria, por lo que, no resulta procedente.
1.2.5 La Defensoría del Pueblo guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
1.3 Providencia impugnada.
Mediante fallo de 13 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta accedió parcialmente al amparo deprecado, al considerar que, aunque en la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, «la Unidad Nacional de Protección, a través de analista del Cuerpo Técnico de Análisis del Riesgo, estudió entre otros, los hechos expuestos por el señor RARL en la acción de tutela, ocurridos en los meses de septiembre y noviembre de 2024 […], validó el riesgo EXTRAORDINARIO que se cierne sobre [él] y decidió mantener el esquema de protección ligero que había sido previamente reconocido, con aumento en la cuantía del apoyo de transporte», dicho acto administrativo «desconoció el deber de motivación técnica y suficiente en lo que respecta al análisis de la situación del riesgo d[e su] grupo familiar […], pues no expuso las razones por las que, en esta oportunidad no se hacían extensivas las medidas de protección otorgada[s] a aquel», a quien, además, no basta con solo brindarle un esquema, sino que este sea idóneo y bien implementado.
Por consiguiente, ordenó a la Unidad Nacional de Protección «garanti[zar] la debida implementación del esquema de seguridad que le fue asignado al señor RARL, mediante la [aludida] Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, y que [este] se […] ext[ienda] a su grupo familiar», mientras se realiza una nueva valoración del riesgo en la que tomen en consideración los hechos sobrevivientes expuestos.
Así lo dispuso:
«3. Amparar los derechos al debido proceso, a la seguridad e integridad personal de MTPG y sus hijos menores vulnerados con la expedición de la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, al no extenderles las medidas de protección otorgadas al señor RARL en la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025.
4. En consecuencia, ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, extienda a MTPG y sus hijos menores las medidas de protección otorgadas al señor RARL mediante la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, mientras se realiza una nueva valoración de su nivel de riesgo, dentro de un término que no puede exceder de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de [esta] decisión […].
5. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que garantice la continuidad y disponibilidad de las medidas de protección asignadas al tutelante mediante la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, las cuales se ordena extender a su grupo familiar en la presente providencia, con las precisiones temporales a que se refiere este fallo».
1.4 La impugnación.
Inconforme con la anterior decisión, la Unidad Nacional de Protección la impugnó, reiterando los argumentos expuestos en su escrito de contestación y, agregó que «emitió Comunicación Interna MEM25-00012997 de fecha 24 de febrero de 2025 dirigid[a] a la Subdirección de Protección, con la finalidad de garantizar la continuidad y disponibilidad del esquema de seguridad implementado mediante la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025 en favor del accionante […] y su grupo familiar».
Así las cosas, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, por cuanto «se encuentra evaluando de manera rigurosa, detallada, imparcial e igualitaria el caso del» accionante y, además, «está adelantado […] un estudio de […] riesgo en favor de [su] esposa […] mediante la Orden de Trabajo OT 684661».
Agregó que, «el Consejo de Estado […] Sección Cuarta […] violó [su] derecho fundamental al debido proceso […], pues no era el competente para determinar el procedimiento a seguir en» este asunto, por lo que, se configuró el defecto orgánico, teniendo en cuenta, que «el Juez Natural y el competente para modificar las medidas de protección» del demandante, «es el Comité CERREM», con base en un estudio técnico y especializado.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
En virtud de los artículos 32 del Decreto ley 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Caso concreto.
En el presente asunto la inconformidad del demandante consiste en que a la fecha de presentación de la acción de tutela (21 de noviembre de 2024) la Unidad Nacional de Protección, entre otros aspectos, no le había reforzado el esquema de protección implementado el 29 de mayo de 2024, pese a haberlo solicitado el 10 de septiembre del mismo año, en razón al inminente riesgo en el que se encuentra actualmente, sumado a que, este debía ser extendido a su familia y prestarse de manera propicia.
Por su parte, la accionada Unidad Nacional de Protección (UNP), en su contestación, indicó que (i) «existe un procedimiento ordinario, que debe seguirse para ser beneficiario de medidas de protección o que siéndolo se pretenda revaluación del riesgo, establecido en el artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015» y, en todo caso, (ii) por medio de Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, se «validó el riesgo EXTRAORDINARIO que se cierne sobre [el actor] y decidió mantener el esquema de protección ligero que había sido previamente reconocido, con aumento en la cuantía del apoyo de transporte».
De igual forma, en el escrito de impugnación reiteró lo anterior y agregó que, se están adelantando las actuaciones y trámites internos necesarios para priorizar el estudio de nivel de riesgo actual que se está llevando a cabo en favor del tutelante y de su esposa, por lo que no existe vulneración a sus derechos fundamentales.
Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo del presente asunto, resulta oportuno anotar que, el artículo 2º de la Constitución Política estipula los fines esenciales del Estado, dentro de los que se encuentran los de «mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica” y “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades».
En virtud de dichos mandatos constitucionales, en el evento en que, una persona sea intimidada de muerte, se entiende que, su derecho constitucional fundamental a la seguridad personal está en peligro, por lo que, al Estado le asiste el compromiso de acoger soluciones pertinentes con el objeto de protegerla y evitar que las amenazas se materialicen, con lo que, se atienden las obligaciones internacionales adquiridas por el país, como las consignadas en tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7º) y el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (artículo 9º).
Para que haya lugar a disponer medidas de protección, es preciso que el riesgo sea extraordinario o extremo, esto es, que vaya más allá de los escollos que involucra la vida cotidiana, conceptos que fueron definidos por el artículo 2.4.1.1.4 del Decreto 1066 de 2015, en los siguientes términos:
«Riesgo Extraordinario. Es aquel que atenta contra el derecho a la seguridad personal de la víctima o testigo (…) y que se adecúa a las siguientes características:
*Que sea específico e individualizable.
*Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos y no en suposiciones abstractas.
*Que sea presente, no remoto ni eventual.
*Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos, integridad física, psíquica y sexual para la víctima o testigo.
*Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso
*Que sea claro y discernible.
*Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos.
*Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.
Riesgo Extremo. Es aquel que, además de ser extraordinario, es también grave, inminente y dirigido contra la vida o la integridad de la víctima o testigo».
Sobre el procedimiento que debe seguirse dentro del programa de protección ejecutado por la Unidad Nacional de Protección, la Corte Constitucional, en la sentencia T-123 de 2019, anotó:
«5.2. De ese modo, el artículo 2.4.1.2.40 del decreto en comento, establece cuál debe ser el procedimiento que debe seguirse dentro del programa de protección ejecutado por la UNP, que inicia con la recepción de la solicitud de protección por medio del diligenciamiento del formato de caracterización por parte de la UNP, para luego proceder a su análisis y verificación, en el sentido de determinar si el peticionario pertenece o no a la población que es objeto del programa de protección, como también, la existencia de un nexo de causalidad entre el riesgo y la actividad que desarrolle el solicitante. Luego de ello, se traslada la información al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información – Ctrai, que se encarga de su recopilación y análisis in situ.
5.3. Posteriormente, el asunto es examinado por el Grupo de Valoración Preliminar, que tiene como función estudiar la situación de riesgo (el cual es un requisito sine qua non para que el caso sea tramitado y se puedan asignar medidas de protección) para cada caso en concreto, según la información que, para ese efecto, haya sido remitida por el CTRAI. Así entonces, con dicho insumo, el GVP pondera el nivel de riesgo, que puede ser ordinario (0 a 50), extraordinario (51 a 80) y/o extremo (81 a 100), por medio de una matriz, la cual “si bien se encuentra adecuadamente concebida para valorar el riesgo, está diseñada para la valoración del riesgo de casos individuales”. La elaboración del nivel de riesgo, no podrá superar los 30 días hábiles, de conformidad con el numeral 3° del artículo 2.4.1.2.35, del Decreto 1066 de 2015.
5.4. Acto seguido, el GVP presenta ante el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM “la determinación sobre el nivel de riesgo y un concepto sobre las medidas idóneas a implementar”, para que este las valide y recomiende al Director la UNP aquellas que deban adoptarse, quien, mediante resolución susceptible de recurso de reposición, decidirá si adopta o no tales recomendaciones.
5.5. Según la normativa ya aludida, el nivel de riesgo de quienes hacen parte del Programa de Protección, deberá reevaluarse una vez al año, o antes, si se presentan nuevos hechos que puedan generar su variación. Igualmente, explica que las medidas de protección solo podrán ser modificadas por el Cerrem, cuando exista un cambio de las situaciones que generaron el grado de riesgo.
5.6. Por último, debe aclararse que la continuidad y la intensidad de los mecanismos de protección asignados por parte del Estado a un ciudadano que demuestre situación de amenaza, dependen del estudio del nivel de riesgo que realice la entidad designada para ese propósito, por lo tanto, mientras no se haya realizado dicho análisis, no es posible suspender las medidas ya otorgadas, es decir, que no pueden existir lapsos de desprotección que superen el término de la temporalidad inicialmente pactada».
Así las cosas, las prevenciones que han de ejecutarse para proteger o no a una persona deben estar fundamentadas en estudios técnicos y motivarse en aras de garantizar el precepto superior al debido proceso, la idoneidad en la prestación del servicio e impedir que las autoridades actúen arbitrariamente. Cabe anotar que, es necesario que esos conceptos involucren criterios razonables, conforme lo indicó la Corte Constitucional, al sostener:
«42. De conformidad con el Decreto 1066 de 2015, corresponde a la UNP determinar el nivel de riesgo al que está expuesta una persona y adoptar las medidas necesarias para protegerla. En virtud del artículo 29 de la Constitución Política, al realizar esas labores debe respetar el derecho al debido proceso. Con ese propósito, ha de observar oportunamente las siguientes obligaciones: (i) identificar y valorar el riesgo extraordinario, a partir de estudios contextuales y técnicos de la situación individual del afectado; (ii) definir e implementar las medidas de protección adecuadas, suficientes y eficaces para evitar la concreción de la amenaza; (iii) evaluar periódicamente el riesgo y las medidas de protección adoptadas; (iv) mitigar los efectos de las amenazas que lleguen a materializarse; y (v) abstenerse de tomar decisiones que creen nuevos riesgos o aumenten los existentes.
Además de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha destacado reiteradamente la importancia de que la UNP motive de forma clara, suficiente y específica los actos mediante los cuales evalúa el riesgo de un ciudadano e instaura, modifica o disminuye las medidas de protección correspondientes. Solo así, el interesado tendrá la posibilidad real de conocer y controvertir las razones por las cuales dicha entidad consideró que su situación ameritaba o no la adopción de mecanismos orientados a garantizar su seguridad. Ello implica que las decisiones que se emitan al respecto, como mínimo, deben: (i) relacionar todas las circunstancias y elementos que incidan en el nivel de riesgo de la persona; (ii) realizar un análisis pormenorizado e integral de los mismos, con fundamento en estudios técnicos que permitan determinar su naturaleza, alcance e intensidad; (iii) exponer razonadamente los motivos por los cuales es procedente o no implementar mecanismos individuales de seguridad; (iv) identificar las prevenciones a implementar; y (v) justificar por qué las mismas son idóneas para garantizar la seguridad del interesado».
Ahora bien, en la Sentencia T-719 de 2003 la Corte Constitucional, respecto a los sujetos de especial protección constitucional en estado de emergencia, manifestó:
«5. Sujetos de especial protección constitucional en situaciones de emergencia. Deberes mínimos de las autoridades estatales.
¿Que significa que exista un sujeto de especial protección constitucional? ¿Qué implica tal categoría para su titular, y para el Estado? En síntesis, significa que todas las autoridades tienen el deber particular de velar por que se respeten y promuevan los derechos de las personas a quienes la Carta dispensa un grado especial de protección, con mayor razón si acuden a las dependencias oficiales buscando ayuda para su situación. Ello implica que las autoridades deben obrar frente a estos sujetos de manera especialmente diligente, interpretando el alcance de sus propias funciones con un criterio eminentemente protectivo, que refleje la intención del Constituyente y busque preservar, ante todo, el goce de sus derechos fundamentales. Asímismo, implica que cuando exista más de una entidad pública con competencia para atender los requerimientos de uno de estos sujetos de especial protección, su deber general de coordinación ha de ser cumplido con particular cuidado, para que no se impongan a dichas personas cargas administrativas innecesarias que pueden –y deben- ser asumidas directamente por las entidades públicas implicadas.
El deber de especial protección que tienen las autoridades frente a estos sujetos se acentúa en situaciones de emergencia en las cuales sus derechos fundamentales estén expuestos a un nivel significativo de riesgo, y mucho más cuando ello es consecuencia del conflicto armado. Esta regla es particularmente pertinente para el caso bajo revisión, puesto que en él están implicados dos sujetos de especial protección constitucional e internacional: una madre cabeza de familia, y un niño menor de un año». (Énfasis propio).
De lo anterior se concluye que, para establecer la caracterización de los niveles de riesgo, se debe prestar especial atención a las condiciones de vulnerabilidad de quien requiere la protección.
Por otra parte, en lo que respecta a la carga de la prueba, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-020 de 2022 ha explicado que, cuando existe «un contexto generalizado de violencia que supone riesgos extraordinarios y desproporcionados para determinados grupos poblacionales”, esta situación debe dar lugar a “la presunción del riesgo para enfrentar efectivamente dichos escenarios de violación extendida de derechos” y, “en los casos de personas especialmente vulnerables, quienes no cuentan con la forma o las oportunidades “para allegar medios de prueba adicionales sobre las amenazas que enfrentan, más allá de sus propios relatos”, se invierte la carga de la prueba “sobre la Unidad Nacional de Protección, a quien corresponde confirmar o desvirtuar el nivel de amenaza».
El material probatorio traído al plenario, en lo pertinente a las actuaciones realizadas por la UNP, da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción de tutela. En tal virtud, se destaca:
a) Solicitudes formuladas el 4, 10, 13, 15, 17, 22 y 24 de noviembre de 2024 por el actor ante la Unidad Nacional de Protección, encaminadas a que, de manera urgente, se le reforzara y ampliara el esquema de protección del que es beneficiario, comoquiera que, en ejercicio de su labor como defensor de derechos humanos ha sido objeto de amenazas contra su vida y la de su familia por parte de grupos al margen de la ley y, recientemente había sido víctima de un atentado.
b) El 27 de noviembre de 2024 el actor, en nombre propio y en representación de su esposa y sus menores hijos, instauró la acción de tutela de la referencia, con el propósito que se protegieran sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal y seguridad y se ordenara la adopción de medidas urgentes de protección para su familia, incluyendo la implementación, sin dilaciones, de nuevas evaluaciones del riesgo al que están expuestos actualmente.
c) A través de auto de 2 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Cuarta admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar a la Presidencia de la República, a la Unidad Nacional de Protección, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría Nacional del Pueblo y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
Por otra parte, se dispuso:
«Decretar como medida provisional, la siguiente: que dentro del término máximo de 48 horas, contadas desde la notificación de esta providencia, la Unidad Nacional de Protección adelante la valoración del nivel de riesgo y el estudio de protección de los señores RARL Y MTPG, y de sus hijos menores.
La Unidad Nacional de Protección deberá remitir copia del documento de valoración con destino al radicado de la referencia».
d) En sentencia de 13 de febrero de 2025 el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en lo que respecta a la accionada UNP, sostuvo que, aunque en la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, «a través de analista del Cuerpo Técnico de Análisis del Riesgo, estudió entre otros, los hechos expuestos por el señor RARL en la acción de tutela, ocurridos en los meses de septiembre y noviembre de 2024 […], validó el riesgo EXTRAORDINARIO que se cierne sobre [él] y decidió mantener el esquema de protección ligero que había sido previamente reconocido, con aumento en la cuantía del apoyo de transporte», dicho acto administrativo «desconoció el deber de motivación técnica y suficiente en lo que respecta al análisis de la situación del riesgo d[e su] grupo familiar […], pues no expuso las razones por las que, en esta oportunidad no se hacían extensivas las medidas de protección otorgada a aquel», a quien, además, no basta con solo brindarle un esquema, sino que este sea idóneo y bien implementado.
Por lo tanto, amparó los derechos al debido proceso, a la seguridad e integridad personal de la esposa y los hijos accionante y, en consecuencia, le ordenó a dicha entidad:
«4. […] que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, extienda a MTPG y sus hijos menores las medidas de protección otorgadas al señor RARL mediante la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, mientras se realiza una nueva valoración de su nivel de riesgo, dentro de un término que no puede exceder de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de [esta] decisión […].
5. […] que garantice la continuidad y disponibilidad de las medidas de protección asignadas al tutelante mediante la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025, las cuales se ordena extender a su grupo familiar en la presente providencia, con las precisiones temporales a que se refiere este fallo».
e) Por medio de oficio OFI25-00010190 de 24 de febrero de 2025 la Unidad Nacional de Protección formuló solicitud de adición, encaminada a manifestar su inconformidad respecto a los términos de cumplimiento otorgados en la sentencia de primera instancia, los cuales, a su parecer, resultan cortos e insuficientes.
f) Lo anterior fue despachado de manera desfavorable, por auto del 13 de marzo de 2025, puesto que no se advirtieron argumentos que de conformidad con la ley debían ser objeto de pronunciamiento o se haya omitido su análisis.
g) El 21 de febrero de 2025 el tutelante formuló un incidente de desacato, con fundamento en que, la orden relativa a que la UNP extendiera las medidas de protección de las que era beneficiario a su núcleo familiar, emitida en la referida sentencia de amparo no se había cumplido, en virtud del cual, el Consejo de Estado - Sección Cuarta, con auto de 25 de los mismos mes y año, previo a darle apertura, requirió de la UNP, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación, rendir informe sobre el acatamiento de la aludida providencia.
h) Mediante oficio OFI25-00012178 del 4 de marzo de 2025 la UNP informó que (i) «el gerente de Operaciones de la Unión Temporal Alta Seguridad 2024 confirmó la recepción de las instrucciones de extender el esquema de seguridad del beneficiario RARL a su núcleo familiar»; (ii) se «inició estudio de nivel de riesgo para la esposa del actor, la señora MTPG, con la orden de trabajo 684661», el cual «está en proceso de validación por el CERREM para establecer su nivel de riesgo de manera independiente y realizar las recomendaciones a las que haya lugar»; y (iii) para la revaluación «del riesgo del señor RARL […] se activó la orden de trabajo 698572 con ese propósito», procedimiento que «atiende a unos lineamientos técnicos del Cuerpo Técnico de Análisis del Riesgo (CTAR) [y] tiene un plazo mínimo de 30 días hábiles».
i) A través de proveído de 11 de marzo de 2025, el Consejo de Estado - Sección Cuarta, resolvió:
«1. Abstenerse de dar apertura al incidente de desacato propuesto por el señor RARL y declarar el cumplimiento del fallo de tutela proferido el 13 de febrero de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en lo relativo a la orden de extender las medidas de protección otorgadas al señor RARL en la Resolución DGRP 000069 del 10 de enero de 2025 a su núcleo familiar, compuesto por la señora MTPG y sus hijos menores […]».
Lo anterior, al considerar que, «el mandato impartido en la sentencia del 13 de febrero de 2025, relativo a que se extendieran las medidas de protección concedidas al señor RARL a su núcleo familiar, fue cumplido por la Unidad Nacional de Protección» que, en el trámite del incidente de desacato «dio cuenta de las gestiones que adelantó, a través de la Oficina Asesora Jurídica y de la Subdirección de Protección […] para asegurar que [dicha] orden fuera acatada por las personas y funcionarios competentes para tal fin».
Ahora bien, la inconformidad de la UNP consiste en que, como se están adelantando las actuaciones internas necesarias para priorizar el estudio de nivel de riesgo que se está llevando a cabo en favor del tutelante y su familia, no existe vulneración a sus derechos fundamentales.
En este contexto, cabe precisar que, del estudio probatorio efectuado en párrafos precedentes se observa que, dichos argumentos ya fueron desarrollados en el trámite del incidente presentado por el tutelante, con la finalidad de evaluar si la UNP, en efecto, ha cumplido el fallo de primera instancia, frente al cual, el Consejo de Estado - Sección Cuarta, mediante auto de 11 de marzo del año en curso se abstuvo de darle apertura, al estimar que sí se acreditó el acatamiento.
En este contexto, la Sala considera que, en un principio, habría lugar a revocar la decisión de primera instancia, que accedió al amparo deprecado, para, en su lugar, negarlo, porque se evidencia que la conducta lesiva que se reprochaba de la UNP ha cesado, en razón a que, atendió el requerimiento del demandante.
No obstante, se aclara que, por una parte, al momento de proferir el fallo de primera instancia dicha autoridad accionada no había demostrado las gestiones concernientes a evaluar de manera propicia la solicitud del actor, pese a sus condiciones de vulnerabilidad que lo hacen, junto a su familia, sujeto de especial protección constitucional, lo que condujo a que, luego de un exhaustivo análisis, se accediera parcialmente al amparo deprecado y, por otro lado, fue en virtud de la orden allí impuesta que la UNP actuó, lo que indefectiblemente conlleva a que se confirme el amparo.
Adicionalmente, esta Sala exhortará a la autoridad accionada UNP, para que asuma un rol más activo en la valoración del riesgo de quienes, como en el caso del actor, han sido víctimas del conflicto armado y se encuentran amenazados, comoquiera que, tiene la obligación de definir mecanismos de protección específicos para evitar que se materialice el daño, sin que la tardanza en los procedimientos internos pueda servir de excusa.
Por último, frente al argumento planteado por la UNP en su escrito de contestación, relacionado con que la protección de los hijos menores de edad del demandante «es competencia exclusiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF -», se aclara que, en el Decreto 1066 de 2015, se estableció que corresponde a la UNP determinar el nivel de riesgo al que está expuesta una persona y adoptar las medidas necesarias para protegerla, para lo cual, se debe tener especial cuidado en el análisis de las condiciones de vulnerabilidad que esta tenga y en si su pedimento lo hace solo para su seguridad o también para la de su núcleo familiar, como en este caso.
Asimismo, se recuerda que, en la sentencia T-719 de 2003 citada en párrafos precedentes, respecto a los sujetos de especial protección constitucional en estado de emergencia, para fijar las pautas a seguir en cuanto al estudio del riesgo por parte de la UNP, la Corte Constitucional hizo especial énfasis en el «deber de especial protección que tienen las autoridades frente a estos sujetos se acentúa en situaciones de emergencia en las cuales sus derechos fundamentales estén expuestos a un nivel significativo de riesgo, y mucho más cuando ello es consecuencia del conflicto armado», regla que resultaba «particularmente pertinente para el caso bajo revisión, comoquiera que est[aban] implicados […] una madre cabeza de familia y un niño menor de un año». (Énfasis propio).
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de insistir en que solo el ICBF debe intervenir para la atención de los menores, la UNP, en aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), deberá coordinar con dicha institución, de acuerdo con sus competencias legalmente establecidas.
III. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que se impone confirmar la decisión de primera instancia que accedió parcialmente al amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2025, a través de la cual, el Consejo de Estado - Sección Cuarta accedió parcialmente al amparo deprecado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. EXHORTAR a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que asuma un rol más activo en la valoración del riesgo de quienes, como en el caso del actor, son víctimas del conflicto armado y se encuentran amenazados, comoquiera que tiene la obligación de definir mecanismos de protección específicos para evitar que se materialice el daño, sin que la tardanza en los procedimientos internos pueda servir de excusa.
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. COMUNICAR la presente sentencia a la Sección Cuarta de esta Corporación y remitir copia.
QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Expediente digital disponible en Samai. No indicó sus nombres. C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002. Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia. Índice 00014 del expediente de Samai de primera instancia. Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia. Índices 00022 y 00023 del expediente de Samai de primera instancia. Índice 00028 del expediente de Samai de primera instancia. Índice 00034 del expediente de Samai de primera instancia.
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”. Por medio del cual se expide “el reglamento interno del Consejo de Estado”. Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2020, M. P. Cristina Pardo Schlesinger: “[e]l derecho a la seguridad personal está íntimamente ligado con el derecho a la vida (artículo 11 C.P.) al tener éste último un carácter fundamental e “inviolable”, cuya responsabilidad de protección recae sobre el Estado cuando se encuentre bajo amenaza”, lo cual “implica que todas las personas deben recibir una protección adecuada por parte de las autoridades ante riesgos extraordinarios, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad”. Ratificada por la Ley 16 de 1972.
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Adoptado a través de la Ley 74 de 1968.
“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Sentencia T-123 de 2023, M. P. Juan Carlos Cortés González. Sentencias T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-388 de 2019, M.P Diana Fajardo Rivera; T-469 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera; T-111 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera; T-239 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-015 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Cfr. Sentencias T-111 de 2021 y T-469 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera. Sentencias T-709 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-388 de 2019, T-469 de 2020, T-111 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera; T-239 de 2021 y T-015 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. M. P. Cristina Pardo Schlesinger. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-469 de 2020. MP. Diana Fajardo Rivera. Ibíd. Ibíd. Índice 00002 del expediente de Samai de primera instancia. Índice 00004 del expediente de Samai de primera instancia. Índice 00028 del expediente de Samai de primera instancia. Índice 00035 del expediente de Samai de primera instancia. Índice 00043 del expediente de Samai de primera instancia. Índice 00004 del expediente incidental de Samai. Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
[…]
10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.
[…]”.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06514-03
Demandante: RARL (en nombre propio y en representación de su esposa MTPG y de sus dos menores hijos)
Demandados: Presidencia de la República y otros
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
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