Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06518-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06518-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06518-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406518-01
Actores: Jonas David Gámez Arrieta y otro1
Demandada: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla2
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a cargos
públicos
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 20 de febrero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en medio digital.
2 Idem pie de página núm. 1 supra.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202406518-01
Actores: Jonas David Gámez Arrieta y otro
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Jonas David Gámez Arrieta, en nombre propio, presentó solicitud de tutela
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, porque, a su juicio, al expedir “[…] la Resolución EJR24-
298 del 21 de junio de 2024 y […] la Resolución No. EJR24 1038 del 05 de noviembre
de 2024 […]”, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, “[…] Me encuentro participando en el concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria
27) […] Concurso en el que actualmente se desarrollan las fases a cargo de la
Escuela, producto de lo cual, recientemente se surtió la subfase general del curso
concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial) […]”.
4. Señaló que, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla profirió la Resolución núm.
EJR24-298 de 21 de junio de 2024, mediante la cual, publicó los resultados de las
pruebas de la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial Inicial, en la cual
advirtió que reprobó las pruebas.
5. Sostuvo que, interpuso recurso de reposición, frente a lo cual la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla expidió “[…] la Resolución N. EJR24-1038, contra la
cual no procede recurso alguno, la entidad accionada me categorizó como
“REPROBADO” de la subfase general, otorgándome un puntaje de 781 —el mínimo
exigido es de 800—. Ello implica que, producto de tal decisión quedo fuera del
concurso de méritos y no puedo avanzar a la subfase especializada […]”.
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La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela3:
“[…] Teniendo en cuenta los fundamentos facticos y de derecho que sustentan la
presente acción de tutela, además del acervo probatorio que se recaude dentro del
trámite de la acción, solicito acceder a las siguientes pretensiones:
TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legitima, la
buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada que en un término
improrrogable de 48 horas:
-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las
respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos séptimo y octavo de
la presente acción ii) DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria en la subfase
especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación
judicial).
Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que se
DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso
de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez ordinario
resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra los resultados de la
subfase general del mencionado curso de formación judicial. […]”.
6.1. Como fundamento de su solicitud consideró que4:
“[…] La accionada no se pronunció congruentemente sobre los argumentos
puntuales que planteé en el recurso contra los resultados de la evaluación de la
subfase general del IX curso de formación judicial. Esto se evidencia al comparar los
argumentos planteados en el recurso y lo indicado por la accionada la Resolución N.
EJR24-1038. Situación que tiene explicación, entre otras cosas, en el uso de
Inteligencia Artificial (IA) para resolver mi recurso, ello se salta a la vista al revisar la
parte final de la página 146 de dicha resolución […]”
[…]
“[…] Lo anterior, evidencia que el análisis realizado por la accionada con apoyo en
una IA, con el que la Escuela buscó respaldar respuestas anteriores y no estudiar
objetivamente los argumentos propuesto, termina impactando la esencia del recurso
como medio de protección, pues tal actuación implica una clara y notoria en una vía
de hecho, que transforma el recurso en un mero formalismo.
Es decir, el uso de IA con parámetros sugestivos para resolver el recurso —como los
que se dieron a la IA utilizada por la accionada—, vulnera el debido proceso y el
derecho de defensa, pues impedir una verdadera valoración de los argumentos de
3 Transcripción literal del texto.
4 Transcripción literal del texto.
4
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impugnación y convertir el recurso de reposición en un trámite formal sin análisis real
de fondo.
Afectando con ello, la transparencia del procedimiento administrativo, pues se usó
una de IA para dirigir la generación de respuestas o resultados específicos –prompt-
, sólo dio apariencia de perfección y legalidad al examen del curso de formación
judicial, más no atendió en debida forma lo planteado. […]”.
[…]
“[…] Respecto de la decisión adoptada por la escuela, tengo múltiples reparos, pues
existe un importante número de preguntas que no se ajustan a los propósitos de la
evaluación indicados en el acuerdo pedagógico que rige el IX curso de formación
judicial, tales como: preguntas que fueron calificadas sin tener en cuenta la
apropiación del contenido académico enfocado a la práctica judicial ni el desarrollo
de competencias sobre la función judicial, ni la interpretación de textos jurídicos5 ni
la lógica del razonamiento para la solución de problemas6 jurídicos ni los rangos de
lecturas obligatorias7, entre otros aspectos.
Preguntas que, de ser necesario discutiré judicialmente en sede ordinaria, dado que
la sede administrativa se agotó con la expedición de la Resolución EJR24-1038, tal
y como queda claro en el ordinal cuarto de dicha resolución. Sin embargo, espero
que ello no sea necesario, dado protuberante que resulta la violación a mis DDFF.
[…]”.
[…]
“[…] En conclusión, señor(a) Juez además de los vicios de legalidad y de debido
proceso en el proceso de formación, en el instrumento de evaluación y en la ejecución
del IX Curso, las preguntas tienen vicios técnicos en los conceptos que miden, en las
competencias que miden, en la redacción. No debieron evaluarnos exclusivamente
con preguntas y menos la nota determinada como taller que corresponde a 480
puntos de 1000, un dictamen pericial que aporto ha determinado que esos puntos
fueron evaluados completamente de memoria y desde la dinámicas legales.
La sede administrativa para defender mis derechos ante la entidad publica se cerró
el viernes 8 de noviembre y a parti de ahora tengo 4 meses para demandar ante el
juez ordinario, sin embargo el IX Curso se reinicia el 16 de noviembre por lo que en
una semana el estado me impuso la carga de contratar abogado, redactar una
demanda de esta complejidades y lograr que el Juez administrativo conceda una
medida cautelar de urgencia.
Cabe resaltar que al subfase especializada del IX curso empieza el 16 de noviembre
y termina a mediados del año entrante, que el estado ya destinó y contrató el IX curso
y que el amparo de la justicia administrativa podría ser posterior a la terminación del
IX Curso. […]”.
5 Por citar algunas, la pregunta 39 de la evaluación del módulo de Justicia transicional y justicia restaurativa,
79 de la evaluación del módulo de Filosofía Derecho e Interpretación Constitucional, 77 de la evaluación del
módulo de DDHH Género.
6 Por citar algunas, la pregunta 34 de la evaluación del módulo de Habilidades humanas.
7 Por citar algunas, las preguntas 4 y 41 de la evaluación del módulo de Habilidades humanas, 45, 47 y 57 de
la evaluación del módulo de Argumentación judicial y valoración probatoria y 63 de la evaluación del módulo
de DDHH Género.
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Actuación
7. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 29 de noviembre de 2024, resolvió: “[…] REMITIR el expediente
de acción de tutela de radicado N.º 11001-03 15-000-2024-06518-00 al proceso No.
11001-03-15-000-2024-06163-00, que cursa en el despacho de la consejera Nubia
Margoth Peña Garzón; para que se defina si procede la acumulación procesal. […]”.
8. El Despacho sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante auto de 29 de noviembre de 2024, negó la solicitud de acumulación de la
acción constitucional de referencia.
9. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 22 de enero de 2025: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla; iii) vinculó, como terceros con interés legítimo a la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la Sociedad E-Distribution
S.A.S y a todos los participantes de la subfase general del IX del Curso de
Formación Judicial Inicial, concediéndoles el término de tres (3) días para rendir
informe sobre el particular; iv) ordenó al Consejo Superior de la Judicatura y a la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que dieran a conocer la
existencia de esta tutela mediante la publicación de un aviso en el sitio web
correspondiente y a través de mensaje de datos a los correos electrónicos de los
participantes del IX Curso de Formación Judicial Inicial; y v) negó la medida provisional
solicitada por el actor.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó negar el amparo de la acción de tutela, al
considerar que:
“[…] Respecto del principio de subsidiariedad, es preciso recordar que en todo
concurso de méritos los aspirantes cuentan con medios de defensa judicial idóneos
y eficaces para reprochar los actos administrativos proferidos en el marco de dicho
proceso.
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En ese sentido, de entrada, se puede colegir, a propósito del proceso de selección y
convocatoria al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial, reglamentado por el Acuerdo PCSJA18-11077, del 16 de agosto
de 2018, que la tutela no es procedente para solicitar la protección de los derechos
fundamentales que el accionante considera vulnerados, pues, para tal fin, cuenta con
los mecanismos idóneos y eficaces consagrados en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Por ello, le
correspondería al tutelante hacer uso de los medios de control dispuestos por la Ley
1437 de 2011 para atacar dicha decisión, verbigracia, por medio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, aún más, cuando en el marco de este medio
de control existe la posibilidad por parte del actor, de solicitar medidas cautelares,
que pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión; así como
también, de la medida prevista en el artículo 234 ibidem, caso en el cual, y si el juez
la haya fundada, podrá adoptar dicho mecanismo sin previa notificación a la otra
parte. […]”.
[…]
“[…] En este orden, no se configura un perjuicio irremediable para el accionante ni
una vulneración flagrante a sus derechos fundamentales por cuanto, 1) presentó
recurso de reposición contra el acto administrativo que definió los puntajes de la
prueba de la Subfase General del curso–concurso. 2) Su recurso fue atendido y
resuelto de conformidad con la ley, el Acuerdo de Convocatoria y el Acuerdo
Pedagógico. 3) En la resolución se resolvieron los motivos de inconformidad respecto
al cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación de la Subfase general, por lo
tanto, no se advierte una vulneración a ningún derecho fundamental, por lo que no
sería plausible considerar la existencia de un perjuicio irremediable, cuando se ha
actuado de conformidad a derecho, teniendo en cuenta sus derechos y garantías, en
atención a la ley y los acuerdos referidos, que gozan de legalidad y son vinculantes
tanto para el accionante como para la Administración. […]”.
11. La Unión Temporal Formación Judicial 2019 solicitó su desvinculación, al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, por las siguientes
razones:
“[…] En tal sentido no le asiste legitimación en la causa por pasiva a mi representada,
entendida esta como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las
pretensiones de una demanda o en este caso las peticiones del accionante, por
cuanto la Unión Temporal Formación Judicial 2019 no es la competente para expedir
un acto administrativo y reconocer como acertadas las respuestas que señala el
accionante dio a las preguntas referidas en los argumentos séptimo y octavo, ni
disponer de su inclusión en la subfase especializada del IX Curso de Formación
Judicial, como es lo pretendido por el accionante. Lo anterior de conformidad con lo
señalado en el capítulo VII relacionado con el sistema de evaluación académica, que
en el numeral 9 […]”.
[…]
“[…] En este sentido, la Unión Temporal Formación Judicial 2019 actúa
exclusivamente como un aliado estratégico de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla para el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial, careciendo de
potestades administrativas para emitir actos o adoptar decisiones en torno a dichas
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solicitudes, por lo tanto, deberá desvincularse a mi representada de la presente
acción de tutela. […]”.
12. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC manifestó
que “[…] La acción presentada por el accionante, es improcedente respecto de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ante la carencia actual de
objeto y no cumplir con el requisito de subsidiaridad (sic) toda vez que se está ante
un caso concreto en el que no existe un hecho vulnerador que demuestre la
conculcación de los derechos fundamentales invocados, aunado a que de los
mismos hechos que fundamentan la acción constitucional, dan cuenta que la
accionada ha actuado en lo de su competencia y participación del desarrollo del
objeto de la Unión Temporal Formación Judicial 2019. […]”.
La sentencia impugnada
13. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 20 de
febrero de 2025, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unión
Temporal Formación Judicial 2019.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE este mecanismo constitucional
promovido por el señor Carlos Gámez Arrieta contra el Consejo Superior de la
Judicatura – EJLRB, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad. […]”.
13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Así las cosas, si bien es cierto que se ha aceptado de manera excepcional la
procedencia de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos
a través de acciones constitucionales de tutela, ello solo (sic) ocurre ante la
presencia o posible consumación de un perjuicio irremediable, situación que debe
ser cuando menos justificada de alguna manera por quien acude al juez de tutela.
47. Frente a lo anterior, el tutelante insistió en la necesidad de continuar con la fase
correspondiente del curso, la cual daba inicio el 16 de noviembre de 2024. Por lo
tanto, puso de presente que, pese a que tiene conocimiento de la posibilidad de
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, la espera del fallo de primera
instancia en el marco del proceso ordinario le resultaría gravosa.
48. Ahora bien, la Sala considera que la petición de amparo debe declararse
improcedente, dado que, para discutir la legalidad de las Resoluciones
mencionadas, el actor tiene a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues es el mecanismo idóneo y eficaz para dejar sin
efecto la decisión enjuiciada y proteger los derechos fundamentales que se
considera en riesgo.
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49. Además, cuenta con la posibilidad de proponer medidas cautelares que, de
considerarse urgentes por el juez administrativo, se adoptarán desde la presentación
de la solicitud y sin necesidad de notificar a la otra parte, de conformidad con el
artículo 234 de la Ley 1437 de 20118.
50. Por otra parte, el señor Gámez Arrieta consideró que se encuentra ante un
perjuicio irremediable por no tener la posibilidad de acceder a la subsiguiente fase
del concurso que daba inicio el 16 de noviembre de 2024.
51. Sin embargo, la Sala no encuentra acreditada la configuración de un perjuicio
irremediable. La continuidad de las etapas del proceso de selección no es prueba
suficiente para considerar la existencia tal perjuicio. De ser así, la acción de tutela
se tornaría en el mecanismo principal para cuestionar los actos expedidos por las
autoridades del concurso, lo cual desconocería la naturaleza subsidiaria y residual
de la acción. […]”.
[…]
“[…] En otras palabras, la Sala no evidencia que en este caso exista un grave riesgo
que configure un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales del señor
Gámez Arrieta, máxime si se tiene en cuenta que al acudir al medio de control
dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 podrá, además de discutir la
ilegalidad de los actos en cuestión y proponer sus desacuerdos, solicitar las medidas
cautelares que considere convenientes para la satisfacción de sus derechos, que
pueden ser adoptadas por el juez desde la presentación de la solicitud en caso de
advertir la urgencia y necesidad. […]”.
La impugnación
14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado. En ese orden de ideas manifestó lo siguiente:9
“[…] La trasgresión de las garantías constitucionales cuya protección solicito
devienen de las Resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y EJR24-1038 del
5 de noviembre del mismo año.
2) La nulidad de dichas decisiones de debe decretar al no resolver los reproches
realizados en el recurso de reposición, al no otorgar el puntaje adecuado, utilizar la
inteligencia artificial para resolverlo y, en consecuencia, no obtener una respuesta
de fondo frente a los argumentos planteados.
3) De manera excepcional se debe dar la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos a través de accion constitucional de tutela ante la presencia
o posible consumación de un perjuicio irremediable, justificado al haberse dado inicio
el curso de formación-subfase especializada, el 16 de noviembre de 2024. Pese a
que voy a acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, la espera del fallo de
primera instancia en el marco del proceso ordinario resultaría gravosa e incluso la
decisión que se adopte con respecto a la medida cautelar de urgencia, pues las
8 ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
9 Transcripción literal del texto.
9
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reglas de la experiencia indican que por la congestón que presentan los Juzgado
Administrativos, estas decisiones son demoradas en el tiempo, de conformidad con
el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011.
4) Existe una alta probabilidad de que se materialice la vulneración del derecho
fundamental invocado, pues mientras se espera se resuelva el medio de control por
el proceso ordinario dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, se verán
conculcado mis derechos fundamentales que solicito se protejan, configurandose un
perjuicio irremediable para el suscrito; razón por la cual acudo a la naturaleza
residual de acción constitucional de tutela ante la existencia de otro mecanismo de
defensa judicial. […]”.
[…]
“[…] El recurso de reposición fue resuelto a través de la Resolución No. EJR24-1038
del 05 de noviembre 2024 mediante la cual se me asignó un puntaje final de 781
puntos, el cual no me permite avanzar a la parte especializada. […]”.
[…]
“[…] Siendo así, el puntaje asignado en los actos administrativos acá cuestionados
desconocen los artículos 29, 40 (numeral 7º), 53, 83 Constitucionales, en especial el
artículo 125, así como los artículos 156 y siguientes de la Ley 270 de 1996; pues tal
como lo han considerado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional mantener
preguntas “–con fallas técnicas– contrariaría la finalidad del concurso de méritos
pues la prueba no se fundamentaría en los conocimientos del concursante, sino en
el azar de una respuesta sobre la que no existe certeza”10.
No se puede olvidar que la Corte Constitucional ha establecido que el principio de la
meritocracia es un elemento esencial de nuestra Constitución, por lo que cualquier
medida que implique su desconocimiento conllevaría a una sustitución de la carta,
tal como lo explicó en las Sentencias C-588 de 2009 y C-249/12, lo que significa que
la debida calificación de las pruebas dentro de un concurso de méritos es una tarea
de vital importancia para garantizar el principio del mérito, por lo que el Estado debe
actuar de manera ágil y urgente cuando una medida administrativa desconoce dicho
principio. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 11, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
10 Corte Constitucional Sentencia T-386 de 2016
11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
10
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202112 y con el artículo 1313 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201914, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
17. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia, y
de ser así, ii) establecer si el Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla al expedir las Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio
de 2024 y EJR24-1038 de 5 noviembre de 2024, vulneró los derechos
fundamentales invocados por el actor.
18. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos; ii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso;
iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso
a cargos públicos; iv) análisis del caso concreto, y finalmente v) las conclusiones de
la Sala.
12 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
13 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos
19. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la
subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y concreto (numeral
1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°), toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el medio de control
de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad15
si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó la Constitución
Política.
20. En ese sentido, la jurisprudencia16 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:
“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se
debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela,
salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y
pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la
posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo caso las
acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber caducado al
momento de interponerse la acción de tutela.
[…]
“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto
de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el
juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la
inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente
[…]”.
21. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
15 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 200317, la Corte Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado
por la Sala)
22. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
23. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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24. Atendiendo a que, la Corte Constitucional18 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
acceso a cargos públicos
25. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.
[…]
“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.
26. Atendiendo a que la Corte Constitucional19 ha entendido que entran dentro
del ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que
han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo20, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
18 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
20 Sentencia T-309 de 1993.
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concurso de méritos21, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos22, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.
Análisis del caso concreto
27. Jonas David Gámez Arrieta, en nombre propio, presentó solicitud de tutela
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, porque, a su juicio, al expedir “[…] la Resolución EJR24-
298 del 21 de junio de 2024 y […] la Resolución No. EJR24 1038 del 05 de noviembre
de 2024 […]”, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
28. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
29. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
30. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
30.1. Documentos allegados con el escrito de tutela y la impugnación.
21 Sentencia T-313 de 2006.
22 Sentencia T-451 de 2001.
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30.2. Informe rendido por la autoridad accionada y terceros con interés legítimo,
junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
Análisis de la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
en el caso concreto
31. En el caso sub examine, el actor afirma que la Nación – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla vulneró sus
derechos fundamentales al expedir la Resolución número EJR24-298 de 21 de junio
de 2024 y la Resolución número EJR24-1038 de 5 noviembre de 2024.
32. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios
de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
establecer, como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad de los actos administrativos
referidos por el actor, con los cuales, en su sentir, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
33. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico
colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la
legalidad de los actos administrativos y a través de ellos se puede proteger de forma
oportuna e inmediata los derechos fundamentales que el actor considera le han sido
vulnerados.
34. En segundo lugar, para demandar dichos actos administrativos, a saber, la
Resolución número EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y la Resolución número
EJR24-1038 de 5 noviembre de 2024, expedidas por el Consejo Superior de la
Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el legislador estableció en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo los
respectivos medios de control, entre ellos, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
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35. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las
causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió […]”.
36. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que las pretensiones del
actor relacionadas con “[…] ORDENAR a la accionada que en un término
improrrogable de 48 horas: -EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca
como acertadas las respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos
séptimo y octavo de la presente acción ii) DISPONGA mi inclusión definitiva o
transitoria en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX
curso de formación judicial). Subsidiariamente y en el evento de no considerase la
anterior orden, pido que se DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase
especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación
judicial), hasta que un juez ordinario resuelva la demanda que, en ese evento,
presentaré contra los resultados de la subfase general del mencionado curso de
formación judicial […]”, deben analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, comoquiera que es el encargado de realizar el
examen de legalidad de dichos actos expedidos, en este caso, por el Consejo
Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
37. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores23
que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el argumento según
el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el
estudiado.
38. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes
herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas
23 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
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cautelares incluso de urgencia24, como la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes,
las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte
una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva.
39. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección25 ha señalado que
aun cuando el actor considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las
medidas cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.
40. La Sala precisa que, si bien el actor en su escrito de tutela hizo referencia a
que “[…] el uso de IA con parámetros sugestivos para resolver el recurso —como
los que se dieron a la IA utilizada por la accionada—, vulnera el debido proceso y el
derecho de defensa, pues impedir una verdadera valoración de los argumentos de
impugnación y convertir el recurso de reposición en un trámite formal sin análisis
real de fondo. […]”, corresponde al juez ordinario el respectivo análisis, previo al
cumplimiento de los requisitos legales.
41. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que el actor no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.
42. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional26:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
24 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada
deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
25 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de
2015).
26 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”.
43. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que
el actor se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
44. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, existe
otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales,
para controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados, antes de
acudir a la acción de tutela.
Conclusiones de la Sala
45. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 20 de febrero
de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la
cual declaró improcedente la solicitud de tutela por no satisfacer el requisito de la
subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 20 de febrero de 2025 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
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motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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