Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06524-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06524-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06524-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06524-00
Accionante: Alimentos Saludables del Valle S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Acto
administrativo de adjudicación de contrato de interventoría / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, la
Sala procede a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 27 de noviembre de 2024, la sociedad Alimentos Saludables del Valle S.A.S.
(en adelante “AS del Valle”) presentó acción de tutela2, con la pretensión de que se
deje sin efectos la sentencia de 17 de junio de 20243 proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho4 promovido por Germán Montenegro Fajardo
Auditores y Asesores S.A.S. (en adelante GMF) contra el municipio de Pasto, con la
finalidad de que se declarara la nulidad del acto administrativo de adjudicación de un
contrato5.
2.
A través de la referida providencia la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia 6 y accedió a las
pretensiones de la demanda. Consideró que el ofrecimiento del demandante, que
era el más favorable para la entidad, se rechazó de manera irregular. En criterio de
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Invocó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
3 Notificada el 28 de junio de 2024.
4 Consejo de Estado, expediente 52001-2333-000-2020-01139 (69809).
5 Interventoría integral del contrato de operación del Programa de Alimentación Escolar -PAE- 2020.
6 Sentencia de 18 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
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Accionante: Alimentos Saludables del Valle S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
la autoridad judicial, el municipio interpretó el pliego de condiciones en contravía de
las normas en que debía fundarse y obviando el principio de selección objetiva, pues
la causal de rechazo referida a la disponibilidad del equipo de trabajo no estaba
limitada al momento de presentación de las ofertas. El ente territorial omitió valorar
que el director de proyecto ofertado por la sociedad demandante contaba con la
disponibilidad exigida, por lo que no se configuraba la causal de rechazo.
3.
La sociedad accionante señala que la autoridad judicial accionada incurrió en:
4.
Desconocimiento del precedente, porque desatendió la jurisprudencia pacífica
del Consejo de Estado, según la cual el pliego de condiciones es intangible 7 y sólo
puede ser interpretado cuando tenga puntos oscuros, lo cual no sucedió en este
caso. En la providencia cuestionada se acogió una tesis expuesta en una sentencia
de 24 de julio de 20138, según la cual “el pliego de condiciones, en su naturaleza de
acto administrativo y como todo instrumento jurídico, puede ser objeto de
interpretación”. Con fundamento en ello, la Sala se extralimitó porque “interpretó” un
pliego -que era claro y que no fue demandado- en lo referente a la exigencia de
disponibilidad del equipo de trabajo, desconociendo su literalidad y derivando una
regla inexistente. El requisito de personal era absolutamente claro y debía verificarse
al cierre del proceso, en respeto al principio de igualdad.
5.
Defecto sustantivo, en tanto se desconoció el pliego de condiciones -ley del
proceso contractual- y el artículo 30 (numeral 8) de la Ley 80 de 19939. Por vía de
interpretación modificó el pliego de condiciones, al establecer que la disponibilidad
del equipo no debía acreditarse al momento de presentación de ofertas, sino para el
inicio de la ejecución. Con ello, avaló la mejora de la oferta de GMF después del
cierre del proceso.
6.
Decisión sin motivación, pues se dio por sentado que el rechazo de GMF fue
irregular y que su propuesta era la mejor, accediendo a la declaratoria de nulidad y
el reconocimiento del restablecimiento del derecho. Esas consideraciones pasan por
alto que la exigencia de disponibilidad del personal era un requisito no sólo
habilitante, sino también ponderable, y aunque eso fue ignorado por la Subsección
B al crear una regla que modificó el pliego, lo cierto es que el incumplimiento de ese
requisito por parte de GMF determinaba una disminución en el puntaje asignado en
la evaluación, lo que implicaba que esta no era la mejor oferta para la entidad. Esa
tesis se refuerza, si se tiene en cuenta que como la oferta fue rechazada no podía
ser comparada con las demás, por lo que no tiene sustento la conclusión de que
aquella fue la mejor.
7 Referencia las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 7 de diciembre de 2017 (Rad.
25000232600020070005901 / 41888), 5 de marzo de 2020 (Rad. 25000232600020050109201 / 39019), 14 de
agosto de 2013 (Rad. 05001-23-31-000-1998-00833-01 / 25642) y 4 de mayo de 2011 (Rad. 25000-23-26-000-
1997-03924-01 / 18293).
8 Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, sentencia de 24 de julio de 2013, Exp. 25642.
9 “8.
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la entidad por un término
de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En
ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas”.
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B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
7.
Mediante auto de 2 de diciembre de 202410, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades demandadas y se vinculó como terceros con
interés a la sociedad Germán Montenegro Fajardo Auditores & Asesores S.A.S. y al
municipio de Pasto. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
8.
El magistrado Alberto Montaña Plata indicó que la providencia cuestionada y el
expediente ordinario contienen los elementos necesarios para que el juez de tutela
adopte su decisión, y estará presto a atender lo que se disponga.
(ii) Secretaría de Educación Municipal de Pasto
9.
El abogado Jonnathan Nicolás Mera Muñoz, asesor jurídico de la referida
Secretaría intervino para señalar que coadyuva las pretensiones de la sociedad
accionante, destacando que con la providencia cuestionada se vulneraron los
derechos invocados por aquella. Señala que en el pliego de condiciones se
estableció: (i) que el mismo debía ser interpretado como un todo; (ii) que la
administración podía verificar la información suministrada en las ofertas y en caso de
inconsistencias, estas podían ser rechazadas; y, (iii) de igual manera se fijaron los
condiciones del equipo de trabajo -incluida la disponibilidad- como requisitos
habilitantes, sin mencionar que -en respuesta a una observación al pliego- se precisó
que el director general debía contar con exclusividad para el proyecto. En tal sentido,
es claro que el oferente GMF conocía de esta exigencia, así como de la causal de
rechazo, por lo que la actuación de la administración se ajustó a la legalidad, pues
ese requisito de disponibilidad debía acreditarse al culminar el término para
presentación de ofertas, no en fecha posterior, pues ello implicaba aceptar una
mejora de la propuesta, que riñe con el principio de igualdad.
(iii) Municipio de Pasto
10.
El abogado Wilder Calderón Morillo, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del
Despacho del Alcalde de Pasto, presentó solicitud de coadyuvancia. Además de
reiterar lo expuesto por el asesor jurídico de la Secretaría de Educación, en el
memorial que se acaba de referenciar, insistió en que la disponibilidad del personal
era uno de los requisitos habilitantes y se desconoció el precedente del Consejo de
Estado, relativo a que estos se deben cumplir al momento de presentar la propuesta,
de manera que lo subsanable es la prueba del cumplimiento no el requisito en sí
mismo.
(iv) Germán Montenegro Fajardo Auditores y Asesores S.A.S.
10 Notificado el 5 y 9 de diciembre de 2024.
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11.
Sostuvo que la autoridad judicial no incurrió en los defectos señalados por la
sociedad accionante. No es cierto que se desconociera el principio de intangibilidad
de los pliegos de condiciones, pues lo que se cuestionó en el proceso ordinario no
fue el contenido de los mismos sino la aplicación que hizo la entidad, que determinó
el rechazo irregular de su propuesta, que era la más favorable a la entidad.
Finalmente, cuestionó que la accionante, a pesar de haber sido vinculada en el
proceso ordinario, se abstuvo de intervenir en el mismo y formular las objeciones que
ahora pretende hacer valer ante el juez de tutela, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una tercera instancia.
(v) Alimentos Saludables del Valle S.A.S.
12.
En escrito de 13 de diciembre de 2024 indicó que al consultar el aplicativo Samai,
evidenció el registro de memoriales que no son visibles al público sino solo a las
partes, y no ha recibido dichos escritos en su correo electrónico. En razón de ello
solicitó que se le comparta un enlace de acceso al expediente o se le remitan a su
dirección electrónica los memoriales, para pronunciarse previo al fallo.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestiones previas
Solicitudes de coadyuvancia
13.
Al proceso concurrieron los abogados Jonnathan Nicolas Mera Muñoz y Wilder
Calderón Morillo, que afirman representar a la Secretaría de Educación Municipal de
Pasto y al Municipio de Pasto, respectivamente. Sólo el segundo acreditó tener
facultades para representar judicialmente al ente territorial11.
14.
La coadyuvancia es una figura procesal, que consiste en que una persona acude
a una controversia judicial para apoyar las aspiraciones del extremo activo o
compartir la oposición del demandado, y así salvaguardar sus propios intereses, de
acuerdo con el inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, que prevé que
“quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud”.
15.
Con base en lo expuesto, comoquiera que el municipio de Pasto tiene un interés
legítimo en este asunto, al ser parte demandada en el proceso ordinario, se
reconocerá como coadyuvante de la parte actora.
11 Además del acto administrativo de nombramiento y su acta de posesión como Jefe de la Oficina de Asesoría
Jurídica del municipio de Pasto, el abogado Calderón Morillo aportó copia de la escritura pública a través de la
cual el alcalde del ente territorial le concedió poder general para representación en actuaciones judiciales. Por
su parte el abogado Mera Muñoz se limitó a anexar el acto administrativo de nombramiento y el acta de posesión
como asesor jurídico de la Secretaría de Educación, sin acreditar las funciones que le asisten -concretamente
las de representación judicial-.
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Solicitud de remisión de memoriales
16. La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la solicitud de la demandante. Los
documentos en Samai están disponibles para la consulta de las partes, y no se hace
necesario que la Secretaría los remita a sus correos electrónicos. En todo caso,
todos los intervinientes han ejercido su derecho a la defensa, y el carácter sumario
de la acción de tutela riñe con las típicas figuras procesales como el traslado de
excepciones o los alegatos de conclusión, de ahí que no se admitan
pronunciamientos adicionales sobre lo manifestado en las contestaciones.
D. Análisis del caso concreto
17. La Sala considera que la solicitud de amparo no satisface el presupuesto de
relevancia constitucional. Los reproches formulados, más allá de dar cuenta de una
discrepancia respecto a lo resuelto por el juez natural, no se perfilan como yerros
con incidencia constitucional que demanden de la intervención del juez de tutela.
18. En términos generales se advierte la intención de que se haga un nuevo estudio
sobre la legalidad del acto administrativo de adjudicación, como si la tutela se tratara
de una tercera instancia del medio de control. Esa consideración se refuerza, al
encontrar que los reparos que se formulan contra la providencia no están
acompañados con una carga argumentativa que ilustre en forma clara la referida
relevancia constitucional.
19. Los presupuestos fácticos que determinaron la controversia en el proceso
ordinario, y que dan contexto al litigio constitucional, están dados por la concurrencia
de tres oferentes a un concurso de méritos para la adjudicación del contrato de
interventoría integral a la operación del PAE-2020 en el municipio de Pasto. El 5 de
febrero de 2020 el ente territorial publicó el informe definitivo de evaluación de las
ofertas, en el que GMF obtuvo el mejor puntaje12 y se indicó que todas las
propuestas estaban habilitadas13. El 6 de febrero siguiente, en la audiencia de
adjudicación, los proponentes desfavorecidos en la calificación reiteraron una
observación relacionada con que el personal ofertado por GMF no cumplía con la
disponibilidad, por lo que esa sociedad estaba incursa en una causal de rechazo. El
7 de febrero de 2020 continuó la audiencia de adjudicación y, con fundamento en
una certificación del Departamento de Nariño y por recomendación del Comité
Asesor Evaluador, se rechazó la propuesta de GMF al encontrarse acreditado que
la persona que se incluyó como director en la oferta, estuvo vinculada hasta el 6 de
febrero de 2020 a otro contrato de interventoría con el departamento. Según los
12 El puntaje de GMF fue de 960, mientras que AS del Valle y Consorcio Obras Jaramillo 2020 obtuvieron 950 y
350 puntos, respectivamente.
13 Esto luego de que AS del Valle y Consorcio Obras Jaramillo 2020 subsanaran sus propuestas.
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pliegos la disponibilidad de ese profesional -Director General- debía ser de 100%
para el proyecto y era causal de rechazo no contar con la misma14.
20. Esa situación motivó el ejercicio del medio de control, que culminó con la decisión
de la Sección Tercera - Subsección B de acceder a las pretensiones, declarar la
nulidad del acto administrativo de adjudicación y ordenar el restablecimiento del
derecho; bajo la consideración de que “las exigencias relacionadas con la
disponibilidad de tiempo contenidas en el pliego no debían interpretarse en el sentido
en el que se exigiera al equipo de trabajo contar con la referida disponibilidad al
momento de la presentación de la oferta, sino al momento del inicio de la ejecución
del contrato”.
21. Esa es la ratio decidendi de la providencia. De ahí que se descarte la relevancia
constitucional del primer defecto formulado por la sociedad accionante, relativo al
desconocimiento del precedente. La consideración de que el pliego de condiciones
puede interpretarse es un obiter dictum, y en manera alguna es contraria a la tesis
de intangibilidad que la accionante defiende. Ahora, la afirmación de que vía
interpretación se modificó el alcance de la disposición contenida en el pliego,
responde a un juicio subjetivo.
22. En cualquier caso, en lo que atañe al defecto por desconocimiento del precedente
la argumentación presentada es deficiente porque el parámetro que se toma de
referencia en la decisión es un argumento auxiliar, y no la regla de decisión. A eso
se suma que respecto a los precedentes supuestamente desconocidos, no se
presenta un análisis comparativo en el que se haga un escrutinio de los elementos
fácticos, tendiente a evidenciar la similitud con el asunto bajo estudio, y la
coincidencia de elementos sustantivos que determine la configuración de un
precedente que se torne vinculante para la Sala de decisión. Sin mencionar que el
argumento de fondo para cuestionar el ejercicio hermenéutico de la Subsección B,
relativo a que el pliego era absolutamente claro y no requería ser interpretado, es
cuestionable, como se expondrá más adelante.
23. Lo propio se puede decir de la alegada decisión sin motivación, pues la
accionante sustenta la supuesta falencia de la providencia en la certeza de una de
las premisas de su defensa, y a partir de ello construye un argumento circular. Así,
da por sentado que la exigencia de disponibilidad del personal era un requisito no
sólo habilitante, sino también ponderable; y sobre esa afirmación que presenta como
incontrovertible -cuando se supone es un punto en controversia- cuestiona que se
declarara la nulidad y el restablecimiento del derecho, precisando que lo primero era
inviable en tanto el acto de adjudicación se ajustó a la legalidad por reconocer la
incontrovertible naturaleza habilitante del requisito; y como la propuesta se rechazó,
no se podía decir que se estaba ante la oferta con mas puntaje, pues no cumplir un
requisito habilitante determinaba la disminución en la calificación.
14 “4.12 Causales de rechazo. Son causales para que una oferta sea rechazada por el Municipio: (...) 16. Cuando
se compruebe que el equipo de trabajo propuesto por el oferente se encuentra comprometido y por lo tanto no
cuenta con la disponibilidad requerida (...)”.
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24. No es de recibo que se estructure un defecto, a partir de consideraciones
subjetivas, y que el reproche sea que la autoridad judicial no razonó en el mismo
sentido que la accionante, o que no dio por ciertas premisas que justamente
constituyen el motivo de discusión, como lo es en este caso la naturaleza de la
exigencia de disponibilidad y el momento de su acreditación.
25. La motivación de la providencia se valora a partir de su coherencia interna y
externa. Se comparta o no lo expuesto por la Subsección B, ciertamente la sentencia
censurada expone en forma clara los elementos fácticos y sustantivos que toma en
consideración; y a partir de los mismos, articula una serie de argumentos en defensa
de la tesis adoptada, para llegar a una conclusión que es coherente con lo razonado.
De manera que tampoco se acredita la relevancia constitucional de esta censura.
26. Finalmente, en el defecto sustantivo se concreta el motivo central de la discusión,
esto es, la determinación de si la disponibilidad del personal ofertado era un requisito
habilitante o un requisito de ejecución -como dictaminó la Subsección B-, y conforme
a ello si su acreditación se requería al momento de presentar las ofertas o era posible
posteriormente. La respuesta a esos asuntos determina si lo acontecido en la
audiencia de adjudicación puede ser considerado una mejora en la oferta de GMF,
en los términos del artículo 30 (numeral 8) de la Ley 80 de 1993.
27. Al respecto la Sala evidencia dos situaciones iniciales que descartan la relevancia
constitucional, y se relacionan con la afectación a la demandante y el interés en el
proceso ordinario.
28. En primer lugar, se extraña una sustentación clara sobre la forma en que la
providencia censurada afectó los derechos fundamentales de la sociedad AS del
Valle. Es cierto que fue vinculada como tercero con interés, pues como adjudicataria
podría verse afectada eventualmente. Sin embargo, en estricto sentido, la parte
vencida en el proceso fue el municipio de Pasto, a quien se dirigió la orden de
restablecimiento del derecho.
29. El hecho de fungir como tercero interesado en el proceso ordinario no determina
una presunción de afectación con el resultado de aquél, más aún si se tiene en
cuenta que la decisión judicial se adoptó el 17 de junio de 2024 y se supone que el
contrato de interventoría finalizó en 2020, por lo que se intuye que ya incluso debió
haberse liquidado. Si bien la nulidad dejó sin efectos el acto de adjudicación, esa es
una afectación jurídica que no muta la realidad de que el contrato fue ejecutado y
seguramente pagado.
30. De hecho, la declaratoria de nulidad se refirió sólo al acto administrativo de
adjudicación, no incluyó al contrato; y, si bien lo primero podría dar sustento a una
pretensión judicial que comprendiera lo segundo15, ciertamente eso no se verificó en
15 Según el artículo 44 (numeral 4) de la Ley 80 de 1993, una de las causales de nulidad absoluta de los contratos
es que “se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten”.
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el proceso ordinario y la parte accionante tampoco informa de otra actuación judicial
en la que se surta ese debate, ni explica cómo esa eventualidad lo perjudicaría.
31. En esos términos, más allá de la discusión jurídica y la carga de restablecimiento
que se impuso al ente territorial, no se advierte cuál es la afectación a los intereses
de la accionante. Y más concretamente a sus derechos fundamentales. La
Subsección no afirma, de manera categórica, que el fallo cuestionado resultara
absolutamente inane para la accionante, pero si se pretende dejar sin efectos una
decisión judicial del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativa, bajo la tesis de que el mismo vulneró derechos fundamentales, lo
mínimo que se espera es que esa afectación esté claramente identificada, explicada
y acreditada.
32. En concordancia con lo anterior, la Sala llama la atención sobre la desidia de la
sociedad demandante en defender sus intereses ante el juez natural. La vinculación
al proceso ordinario como tercero con interés, se hizo justamente para que ejerciera
sus derechos de contradicción y defensa en una causa que eventualmente podía
implicar una afectación, como la suspensión o declaratoria de nulidad del contrato,
durante su ejecución. A pesar de ello, la sociedad AS del Valle guardó silencio y no
contestó la demanda en el proceso ordinario, es decir no formuló ningún tipo de
excepción respecto a las pretensiones de GMF, en un momento en el que era más
evidente que la decisión de la autoridad judicial podía afectarla.
33. Su única intervención en el proceso ordinario se dio en la etapa de alegatos de
primera instancia, en la que señaló falencias técnicas de la demanda, destacó que
el rechazo de la oferta de GMF fue atribuible a su proceder y cuestionó la expectativa
indemnizatoria del demandante.
34. En ningún momento se planteó ante el juez natural un debate jurídico como el
presentado en esta acción de tutela. El demandante cuestionó la legalidad del acto
de adjudicación, alegando que la causal de rechazo se aplicó de manera irregular,
en tanto la interpretación que se le dio no consultó su finalidad, que era contar con
un equipo disponible para la ejecución del contrato. En su criterio, entender lo
contrario era tanto como exigir que el equipo se integrara con “personal
desempleado o desocupado y que mantuvieran esa condición durante todo el
proceso”. Sobre esa base, precisó que no mejoró su oferta pues nunca cambió el
equipo de trabajo ofertado; cosa diferente es que para la audiencia de adjudicación
-ante el cuestionamiento de los otros oferentes y el requerimiento de la entidad-,
modificó su equipo en el otro contrato. De manera que el cambio en otra relación
contractual no puede entenderse como una modificación o mejora de la oferta, que
siempre fue la misma, y desde un primer momento fue calificada como la más
favorable a la entidad.
35. Respecto a ello, el municipio de Pasto sólo formuló dos excepciones de mérito
nominadas y una innominada (declarar las que se encuentren probadas). En la
primera –“Carencia de fundamento fáctico para incoar las pretensiones de la
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demanda”- señaló que el pliego de condiciones no podía modificarse ni ser
desconocido, y que la propuesta de GMF fue rechazada, tras la constatación de que
uno de los miembros del equipo ofertado no tenía la disponibilidad requerida. En la
segunda –“inexistencia del perjuicio reclamado”- cuestionó la existencia del daño
antijurídico y el monto indemnizatorio reclamado. La sociedad AS del Valle, como ya
se dijo, no presentó ninguna excepción porque no contestó la demanda.
36. La Sala de Subsección no pasa por alto que establecer si la exigencia de
disponibilidad del personal era un requisito habilitante, es un tema relevante porque
determina el momento en que se debe acreditar y de ello depende la posibilidad, así
como la forma y tiempos de subsanación. Sin embargo, esa relevancia es de tipo
legal, pues la determinación de tal aspecto podía brindar elementos en favor o en
contra de la presunción de legalidad del acto administrativo. De ahí que el debate
tuviera que surtirse ante el juez de lo contencioso administrativo, no ante el juez de
tutela pues desde la óptica constitucional -y en las circunstancias que concurren en
este caso- ese asunto no es relevante, en clave de protección de derechos
fundamentales.
37. En tal sentido, en sede de tutela no puede censurarse la providencia de la Sección
Tercera - Subsección B con fundamento en argumentos novedosos que no fueron
puestos a su consideración. Si bien en la sentencia ordinaria de primera instancia,
el Tribunal Administrativo de Nariño orientó el análisis en ese sentido, y consideró
tal exigencia como un requisito habilitante, cerrando la posibilidad de que pudieran
considerarse elementos fácticos acaecidos con posterioridad a la culminación del
término para recepción de ofertas; lo cierto es que ese punto no hacía parte de la
discusión suscitada entre las partes, y el a quem abordó el estudio desde otra
perspectiva.
38. Para la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado, la revisión del
pliego de condiciones daba cuenta de que la oferta debía contemplar un equipo de
trabajo conformado por un director, dos profesionales de apoyo y cinco técnicos o
auxiliares logísticos, respecto de los cuales el numeral 2.6.2 estableció una
experiencia específica que debía acreditarse como requisito habilitante. Ahora, si
bien se estableció un porcentaje de dedicación al proyecto, que para el caso del
director general era del 100% y determinaba su exclusividad, aunado al hecho de
que se fijó como causal de rechazo el incumplimiento de esos porcentajes, en criterio
de la autoridad judicial demandada, el pliego no podía interpretarse en el sentido de
que esa exigencia debía cumplirse al momento de presentación de la oferta, sino
para el inicio de la ejecución. De ahí que la constatación de que se contaba con la
disponibilidad, para el momento de la adjudicación, era suficiente para descartar la
aplicación de la causal de rechazo.
39. Esta Subsección no cuenta con elementos para censurar aquella decisión en
sede constitucional, pues la misma parte de fundamentos fácticos y sustantivos
claros, a partir de los cuales presenta una tesis que se acompaña de una
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argumentación suficiente, y en el modo que se presenta no riñe con las reglas
mínimas de la razonabilidad.
40. En esta instancia constitucional tanto la sociedad AS del Valle, como el municipio
de Pasto, han presentado la tesis de que la exigencia de disponibilidad del equipo
ofertado era un requisito habilitante. Si esa aserción se admitiera como
incontrovertible y a pesar de sustentarse en el proceso, la Subsección B la hubiese
obviado, podría prosperar el cuestionamiento aquí planteado. No obstante, se debe
tener en cuenta que, además de que ese asunto no fue debatido, la sentencia
cuestionada no pasa por alto el tema, ni afirma que a pesar de tratarse de un
requisito habilitante puede subsanarse.
41. La postura de la Sección Tercera - Subsección B, parte de la premisa de que el
requisito habilitante está referido sólo a la experiencia del equipo de trabajo. En ese
sentido su argumentación no cae en una inconsistencia conceptual, pues desliga la
exigencia de disponibilidad tanto de los requisitos habilitantes como de los
ponderables, y la define como un requisito de ejecución.
42. Esa posición no se antoja irracional, máxime si se tiene en cuenta que la
disponibilidad no responde a una lógica acumulativa como la experiencia, sino que
sencillamente se tiene o no se tiene, y eso puede variar en cualquier momento. De
ahí que tampoco sea arbitrario concluir que su verificación debería ser al momento
de la ejecución.
43. De acuerdo con lo anterior, para la Sala, la autoridad judicial que definió el caso,
en sede ordinaria, presentó razones suficientes para acoger la postura que
determinó el sentido de su decisión.
44. En ese orden de ideas, la tutelante omitió presentar al juez de tutela una discusión
de contornos constitucionales, en tanto sus reproches carecen de la carga
argumentativa suficiente para acreditar la configuración de un yerro de esa entidad
que implique vulneración de derechos fundamentales, cuanto más si su objeto era
dejar sin efectos una sentencia proferida por una Alta Corte, para cuyo propósito
resulta indispensable que se acredite la configuración de una irregularidad de tal
envergadura que atente de manera abierta contra la Carta política.
45.
De conformidad con lo expuesto, se declarará improcedente la solicitud de
amparo.
46.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06524-00
Accionante: Alimentos Saludables del Valle S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
III. RESUELVE
PRIMERO: RECONOCER COMO COADYUVANTE DE LA DEMANDANTE al
municipio de Pasto.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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