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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06528-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06528-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Negar el amparo invocado por el señor Pedro Ivanel Quintero Castillo, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 11001-03-15-000-2024-06528-00 Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06528-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de enero de 2025

1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06528-00

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06528-00
Accionante: Pedro Ivanel Quintero Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

Temas: Acción de tutela contra providencia que confirmó parcialmente
decisión de primera instancia en proceso ejecutivo, que reliquidó los
recargos dominicales y festivos diurnos y nocturnos de un trabajador
del Cuerpo de Oficial de Bomberos de Bogotá.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Pedro Ivanel Quintero
Castillo, mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

ANTECEDENTES

El accionante solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la remuneración mínima vital y móvil y a la cantidad y
calidad de trabajo, los cuales considera vulnerados con la expedición de la
providencia de 18 de septiembre de 2024, proferida en el proceso ejecutivo con
radicado 11001-33-42-052-2017-00427-00 [01].

HECHOS

Manifestó que laboró como empleado en el Distrito Capital – Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, cumpliendo

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06528-00

mensualmente 15 turnos de 24 horas para un total de 360 horas mensuales,
desde noviembre de 2006 hasta el 31 de enero de 2019.

Adujo que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el
Juzgado 708 Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá mediante
sentencia del 27 de febrero de 2012 decretó la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenó reliquidar y pagar las horas diurnas y
nocturnas, las primas de servicios y vacaciones y demás factores salariales y
prestacionales del demandante. Decisión que fue confirmada parcialmente por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en
providencia del 18 de octubre de igual año.

Que adelantó proceso ejecutivo el cual le correspondió al Juzgado 52
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, quien en sentencia del 30 de enero de
2020 declaró no probada la excepción de pago de la obligación y ordenó seguir
adelante con la ejecución por la suma de $58.391.437,81 y $51.264.040,77 por
concepto de capital.

Que el Distrito Capital- Unidad Administrativa Especial de Cuerpo Especial de
Bomberos de Bogotá recurrió la anterior decisión, la cual fue confirmada
parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C el 18 de septiembre de 2024. Que presentó solicitud de aclaración,
adición y/o corrección; sin embargo, la autoridad judicial accionada la negó de
plano.

Considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo
y fáctico, toda vez que no tuvo en cuenta la parte considerativa de las
providencias de 27 de febrero y 18 de octubre de 2012 del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino que por el contrario desconoció el debido
proceso, la cosa juzgada y el principio de inmutabilidad de las decisiones
ejecutoriadas, dado que «reliquidó los recargos festivos diurnos con el 100% y
los recargos festivos nocturnos con el 135% sobre la jornada máxima legal de
190 horas, para entrar a descontar los recargos pagados por la entidad de
manera errónea en cuanto al divisor de 240 horas mensuales, pero en los
porcentajes REALES del 200% y 235%, cuando en la sentencia de segunda

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instancia… deja claro que la liquidación se debe hacer con el divisor de 190
horas».

Trae a colación las sentencias de: tutela del 25 de septiembre de 2023
identificada 11001-03-15-000-2023-04299-00, 27 de noviembre de 2023 en el
proceso 11001-03-15-000-2023-04299-00 [01] y el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2018-01477-00 [01],
donde se ordenó que la reliquidación de los festivos diurnos es de 200% y la de
recargos festivos nocturnos es de 235%.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados, dejando sin efectos la
providencia del 18 de septiembre de 2024 y, en consecuencia, se ordene al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
proferir una nueva decisión conforme a los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042
de 1978.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 2 de diciembre de 2024 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación
a la autoridad judicial accionada y se vinculó al Distrito Capital – Unidad
Administrativa Especial de Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y a la Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscales- UGPP, como terceros interesados.

Posteriormente, mediante auto del 15 de enero de 2025 el consejero ponente
requirió al Juzgado 52 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá para
que remitiera de forma completa la sentencia de 18 de octubre de 2012 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C en el proceso ordinario con radicado 2010-00364-01.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección

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C afirmó que en la decisión del 18 de septiembre de 2024 objeto de controversia
no se incurrió en vía de hecho, defecto fáctico o sustantivo, pues la misma se
adoptó con fundamento en las normas pertinentes y con la interpretación que de
ellas se desprende.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales- UGPP solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva por inexistencia
de hecho u omisión atribuible a ésta.

El Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial de Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá fue debidamente notificado de la acción de tutela, sin
embargo, guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: i)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

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II) Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumplan la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar
a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.

III) Caso concreto

En síntesis, el señor Pedro Ivanel Quintero Castillo solicita la protección de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la remuneración
mínima vital y móvil y a la cantidad y calidad de trabajo, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, al proferir la sentencia de 18 de septiembre de 2024 dentro del
proceso ejecutivo con radicado 11001-33-42-052-2017-00427-00 [01].

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Alegó el actor que el Tribunal en la providencia antes citada no dio cabal
cumplimiento a las decisiones que sirvieron de título para la ejecución3; donde
según el actor se fijaron los criterios para la reliquidación de los festivos diurnos
en 200% y los recargos festivos nocturnos en 235% y que la liquidación se debe
hacer con el divisor de 190 horas, pero que el Tribunal tomó para la liquidación
del crédito los porcentajes del 100% y el 135% y lo dividió en 240 horas.

También, argumentó el desconocimiento de una serie de pronunciamientos de
esta corporación, en las que, según el actor se determinó que la reliquidación de
los festivos diurnos es de 200% y la de recargos festivos nocturnos es de 235%.

Encuentra la Sala que la acción de tutela contra la providencia de 18 de
septiembre de 2024 cumple los requisitos de procedencia, pues a) la relevancia
constitucional está dada, en la medida en que se debe examinar la presunta
vulneración de los derechos fundamentales por los defectos fáctico y sustantivo,
el demandante argumentó suficientemente la solicitud; b) el accionante no cuenta
con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el
requisito de inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los seis meses
siguientes a la notificación de la providencia; d) no se invoca una irregularidad
procesal y e) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

En la providencia cuestionada el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, adujo que la providencia que hoy obra como
título ejecutivo en sus consideraciones referenció la sentencia del Consejo de
Estado del 28 de enero de 2010 radicado 1018-06, mediante la cual se expuso
que «[a]sí cuándo (sic) la norma define que el trabajo realizado en día domingos
y festivos se remunera con el equivalente al doble del valor de un día de trabajo
por cada dominical o festivo laborado, se debe entender que se remunera con un
recargo del 100% sobre el valor del trabajo realizado».

De lo anterior, concluyó que

“(…) en el sub-lite, el trabajo ordinario en días dominicales y festivos se debe
calcular con un 100% y no con un 200% como lo asume el a quo en el fallo ejecutivo
de primera instancia y en su correspondiente liquidación.

3 Sentencias de 27 de febrero y 18 de octubre de 2012 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

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Lo anterior por cuanto, si bien es cierto, la entidad viene calculando dichos recargos
en un 200%; en esta oportunidad, los fallos que conforman el título ejecutivo
complejo, concluyen que el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, al referirse al
doble del valor hace referencia a un 100% del valor ordinario de un día de
trabajo por cada dominical o festivo laborado, y aunque no se haya indicado
de forma expresa en su parte resolutiva, es este y no otra la interpretación que se
infiere de sus considerandos (…)”

Así mismo, trajo a colación las providencias del Consejo de Estado de 17 de mayo
de 2007, 6 de diciembre de 2018, 29 de agosto y 7 de octubre de 2019, 10 de
septiembre de 2020, 18 de octubre y 9 de noviembre de 2023 y el Concepto
20236000150261 de 18 de abril de igual año, de los cuales concluyó que «el
recargo por trabajo en dominicales y festivos diurnos asciende al 200% y está
integrado por el 100% de la asignación básica y un 100% del recargo dominical
o festivo» por lo que, «la liquidación realizada por el a quo debió ajustarse a lo
indicado en la norma y a la orientación jurisprudencial existente al respecto y
finalmente a lo expresado en la parte motiva del título ejecutivo, lo cual da una
suma diferente e inferior, ya que no es posible liquidar con un 200% y 235%
cuando lo legal es el 100% y 135%».

Aunado a lo anterior, reconoció que de acuerdo con la sentencia base de
ejecución, la jornada máxima legal para empleados públicos sería la consagrada
en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, esto es, 190 horas mensuales y
no 240.

Con base en lo anterior, el Tribunal confirmó de manera parcial la sentencia del
30 de enero de 2020, bajo el entendido que la suma provisional por la cual se
sigue con la ejecución es de $31.204.014,70 por concepto de capital y los
intereses moratorios causados a partir del 7 de diciembre de 2006 y hasta que se
efectúe el pago de la obligación principal.

En esa medida, encuentra la Subsección que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C no incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo, bajo el entendido que de acuerdo con la redacción de la
sentencia del 18 de octubre de 2012, que constituye el título ejecutivo, la
autoridad judicial accionada interpretó que, los recargos nocturnos se deben
efectuar teniendo en cuenta 190 horas mensuales y no 240, ya que es el valor

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que resulta de multiplicar la jornada máxima que rige para el actor, según el
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 (44 horas semanales), por el valor que se
obtiene de dividir las 52 semanas del año en 12.

De igual forma, de las consideraciones del título ejecutivo, en especial de la
transcripción que se realizó de un aparte de la sentencia de 28 de enero de 2010
del Consejo de Estado, el Tribunal dedujo que cuando el artículo 39 del Decreto
1042 de 1978 establece el doble del valor hace referencia a un 100% del valor
ordinario de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, esto, en vista
de que el fallo cita dicha decisión, pero no concluye la forma en la que se debe
liquidar dicho concepto.

Tampoco se configura el desconocimiento del precedente, dado que las
providencias alegadas por la accionante sobre la reliquidación de los festivos
diurnos y recargos festivos nocturnos del Consejo de Estado, tutelas con radicado
11001-03-15-000-2023-04299-00 y 11001-03-15-000-2023-04299-00 [01] y
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2018-
01477-00 [01], no son precedentes de obligatorio cumplimiento de conformidad
con el artículo 270 del CPACA y tampoco guardan identidad fáctica y jurídica con
el asunto.

En consecuencia, se negará el amparo invocado porque no se materializan los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, invocados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Negar el amparo invocado por el señor Pedro Ivanel Quintero Castillo,
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06528-00

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC

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