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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06528-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06528-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales- UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de tutela de 30 de enero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en su lugar 34 Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01 Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06528-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo
Demandada: Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso y iii)
estabilidad laboral reforzada

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 30 de enero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual negó el amparo de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

su juicio, al proferir la sentencia de 18 de septiembre de 2024, en el proceso ejecutivo
identificado con el número único de radicación 110013342052201700427-01,
vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, trabajó como empleado en el Distrito Capital- Unidad
Administrativa Especial de Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, donde tenía 15
turnos mensuales de 24 horas, para un total de 360 horas mensuales, desde
noviembre de 2006 al 31 de enero de 2019.

4. Manifestó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, demandó al Distrito Capital- Unidad Administrativa Especial de
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y, mediante sentencia de 27 de febrero de
2012, proferida por el Juzgado Setecientos Ocho Administrativo de Descongestión
del Circuito de Bogotá, se resolvió:

“[…] PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos:
Respecto del Distrito Capital – Secretaría de Gobierno – Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá el oficio No. 200933307410621 del 5 de noviembre de 2009 y de la
Resolución No. 031 del 14 de enero de 2010, ambos del Director de Gestión Humana
de la Secretaría de Gobierno Distrital.

Respecto del Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá el contenido de los oficios No. OAJ-2009-1586 del 9 de
noviembre de 2009 del Jefe de la Oficina Jurídica y No. OAJ-2010-114 del 14 de enero
de 2010, del Director de esa Unidad Administrativa.

SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho y de conformidad con el marco
normativo de las consideraciones de esta providencia, CONDENAR al Distrito Capital
– Secretaría de Gobierno – Cuerpo Oficial de Bomberos, respecto del periodo del 24
de octubre al 31 de diciembre de 2006 y al Distrito Capital Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a partir del 1° de enero de 2007 en
adelante, en lo que concierne al señor PEDRO IVANEL QUINTERO CASTILLO a lo
siguiente:
• A pagar al demandante las horas extras diurnas y nocturnas mensuales,
laboradas en exceso de la jornada máxima legal para empleados públicos
territoriales fijada en 190 horas mensuales por el artículo 33 del Decreto Ley
1042 de 1978, aplicando el límite que resulte mas favorable, esto es, el
previsto para los no conductores en el artículo 36 ibidem, o el especial del
Acuerdo Distrital 3 de 1999. En la liquidación deberá deducir los días de
descanso remunerado, vacancias, licencias, permisos y demás situaciones
administrativas que se le hayan presentado al trabajador.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

• A conceder o a pagar al demandante el descanso compensatorio por exceso
de horas extras por el tiempo laborado fuera de la jornada máxima legal para
empleados públicos territoriales fijada en 190 horas mensuales, por el
artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, que, además exceda el límite de
horas extras que resulte más favorable, esto es, el previsto para los no
conductores en el artículo 36 ibidem o el especial del Acuerdo Distrital 3 de
1999. Este concepto se pagará en los términos del literal e) del artículo 36
del Decreto Ley 1042 de 1978, esto es, a razón de un día hábil por cada ocho
horas extras de trabajo que exceden el límite más favorable.

• A conceder o a pagar al demandante el descanso compensatorio por trabajo
habitual en dominicales y festivos, causados por el tiempo laborado de
manera ordinaria en días dominicales y festivos, en los términos del artículo
39 del Decreto Ley 1042 de 1978.

• A reliquidar los recargos ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y
nocturnos pagados al demandante, teniendo en cuenta la jornada máxima
legal para empleados públicos territoriales fijada en 190 horas mensuales
por el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 y pagar las diferencias que
resulten de la reliquidación. En la liquidación del recargo ordinario nocturno,
deberá deducir los días de descanso remunerado, vacancias, licencias,
permisos y demás situaciones administrativas que se le hayan presentado al
trabajador.

• A reliquidar las primas de servicios, de vacaciones y de navidad, las
cesantías y demás factores salariales y prestacionales causados por el
demandante, teniendo en cuenta los mayores valores por concepto de
recargos y los nuevos valores por concepto de horas extras y descansos
compensatorios, de conformidad con lo ordenado por el artículo 45 del
Decreto Ley 1045 de 1978, cuya enunciación de factores no es taxativa. Así
mismo, a pagar las diferencias resultantes de la reliquidación.

5. Señaló que la decisión fue apelada por el Distrito Capital- Unidad
Administrativa Especial de Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, y el 18 de
octubre de 2012, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, resolvió:

“[…] “PRIMERO.- CONFÍRMASE PARCIALMENTE la sentencia del 27 de febrero
de 2012, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá D.C. – Sección Segunda, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda en el juicio promovido por el señor Pedro Ivanel
Quintero Castillo contra Distrito Capital - Secretaría de Gobierno - Unidad
Administrativa Especial - Cuerpo Oficial de Bomberos, de acuerdo con lo explicado
en la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO.- MODIFÍCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la referida
providencia, para indicar que en la liquidación de horas extras, la administración
deberá tener en cuenta el límite establecido en el literal d) del artículo 36 del
Decreto 1042 de 1978, modificado por el Decreto 10 de 1989, según lo expuesto.
Se precisa igualmente que si por razones de descanso remunerado, vacancias,
licencias, permisos y demás situaciones administrativas que la administración debe
verificar de manera cuidadosa al momento de hacer la liquidación respectiva, las
horas extras laboradas por el actor no llegan a superar el límite de 50 horas extras
que establece la normativa en cita, sólo se procederá el reconocimiento y pago del

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

número de horas extras efectivamente laboradas. Finalmente se modifica dicho
numeral para indicar que solamente las cesantías son susceptibles de ser
reliquidadas con el mayor valor por concepto de recargos y los nuevos valores por
concepto de horas extras, y por tanto quedan excluidas las primas de servicios, de
vacaciones de navidad y demás factores salariales y prestacionales devengados
por el actor de dicha reliquidación, conforme lo expuesto en la parte motiva de la
presente sentencia.

TERCERO.- REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia apelada en cuanto
dispuso el reconocimiento y pago a favor del accionante, del tiempo compensatorio
por exceso de horas extras consagrado en el literal e) del artículo 36 del Decreto
Ley 1042 de 1978, y del descanso compensatorio por trabajo habitual en
dominicales y festivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Decreto
Ley 1042 de 1978, y en su lugar se deniegan dichas pretensiones conforme lo
indicado en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO.- ADICIÓNASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, para indicar que el reconocimiento y pago de las diferencias que resulten
de reliquidar los recargos dominicales y festivos, tomando para el efecto los
recargos en los porcentajes que determina la ley, así como la jornada laboral
ordinaria establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, que corresponde
a 190 horas mensuales, procede previo descuento del descanso remunerado,
vacancias, licencias, permisos y demás situaciones administrativas en que se haya
visto incurso el accionante, según lo antes explicado. […]”.

6. Indicó que la sentencia de 18 de octubre de 2012 proferida por la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quedó
ejecutoriada el 6 de diciembre de 2012.

7. Adujo que el la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca fue enfática en relación con las sentencias
aportadas, al ser per se, un título ejecutivo, que acoge el artículo el artículo 4221
del Código General del Proceso.

8. Adujo que, mediante auto de 11 de mayo de 2018, el Juzgado Cincuenta y
Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, libró mandamiento de pago por valor de
$58.392.437.81, por concepto de capital de la obligación indexada y los intereses
que se causaron desde el 7 de diciembre de 2012 hasta el momento en que se
materializara el pago total de la obligación.

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ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras
y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba
contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción,
o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas
o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha
en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

9. Señaló que el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá
también libró mandamiento de pago por la obligación de expedir la resolución que
definiera los parámetros de reconocimiento, liquidación y pago de “[…] i) las horas
extras diurnas y nocturnas laboradas en exceso de las 190 fijadas como jornada
máxima legal, sin superar el límite previsto para el caso de 50 mensuales ii) las
diferencias que resulten de reliquidar los recargos nocturnos y festivos, tanto
diurnos como nocturnos y iii) la reliquidación de las cesantías causadas, generados
a partir del 7 de diciembre de 2012 y teniendo en cuenta para ello, tanto lo
dispuesto en las providencias base de recaudo, como en la parte motiva de dicha
decisión y las condiciones en el que se ha desarrollado la prestación del servicio.
[…]”.

10. Indicó que, la decisión fue modificada mediante auto de 10 de agosto de 2018
en el que se precisó que los intereses ordenados en el numeral 1°. del
mandamiento de pago, debían liquidarse teniendo en cuenta los parámetros del
CCA, y especialmente con base en la tasa certificada de la Superintendencia
Financiera para la IBC.

11. Manifestó que, mediante auto de 3 de abril de 2019, se modificó el numeral 1°.
del mandamiento de pago de 11 de mayo de 2018, ordenando al Distrito Capital-
Unidad Administrativa Especial de Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, para
que en el término de cinco (5) días, pagara a favor del actor, la suma de
$56.891.245 por concepto de horas extras y reliquidación de recargos y cesantías
causados desde el 1. ° de enero de 2013 y el 31 de octubre de 2016, actualizados
a esa fecha.

12. Señaló que, de acuerdo con el artículo 177 del CCA2, el vencimiento de la
ejecutabilidad de la providencia es de 18 meses, sin perjuicio de que la condena

2
ARTICULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PUBLICAS. <Código derogado por
el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta
fecha es el siguiente:> Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea
competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.
El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios
competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan
partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica
del presupuesto.
El Congreso, las Asambleas, los Concejos, el Contralor General de la República, los Contralores
Departamentales, Municipales y Distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y
las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan
incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado
el Ministerio Público.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

cause intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia, que como indicó para la
fecha de la providencia, no se había acreditado pago o abono alguno al actor, por
parte de Unidad Administrativa Especial de Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

13. Adujo que acudió la acción ejecutiva que se identificó con el núm. de radicado
110013342052201700427-00 que correspondió al Juzgado 52 Administrativo Oral
del Circuito de Bogotá que, mediante sentencia de 30 de enero de 2020, declaró
no probada la excepción de pago de la obligación u (sic) ordenó seguir adelante
con la ejecución […]” al considerar que el mandamiento de pago librado se ajustaba
a la realidad fáctica y jurídica del proceso, por lo que ordenó seguir adelante con
la ejecución y que la Unidad Administrativa Especial de Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá pagara las sumas de $58.391.343,81 y $51.264.040,77 por
concepto de capital mas los intereses reclamados derivados de la sentencias del
proceso derivado del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
que accedieron parcialmente a las obligaciones reclamadas por el actor.

14. Las sentencias son copias que cuentan con constancia de ejecutoria y prestan
mérito ejecutivo, acogiendo el artículo 4223 del Código General del Proceso, por lo
que la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca advirtió que si era una obligación ejecutable.

15. Señaló que, interpuso recurso de apelación, frente al cual, la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 18 de
septiembre de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Se CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida en
audiencia inicial celebrada el treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020), por el
Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.,
pero se MODIFICA en cuanto a la suma provisional por la cual se sigue adelante
con la ejecución, la cual corresponde realmente a treinta y un millones doscientos
cuatro mil catorce pesos con setenta centavos ($31.204.014,70) por concepto de
capital, más los intereses moratorios causados a partir del siete (07) de diciembre
de dos mil seis (2006) hasta que se efectúe el pago de la obligación principal.

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las
apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán
ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.

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ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras
y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba
contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción,
o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas
o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha
en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

Se advierte que dicha suma es provisional por cuanto la definitiva, será la que resulte
de la liquidación del crédito, momento en el cual deberá calcularse además el monto
de los intereses moratorios.

SEGUNDO: Se REVOCA el numeral quinto de la citada providencia para en su lugar
NO condenar en costas a la parte vencida. […]”.

15.1. Como fundamento de su decisión consideró:

“[…] el recargo por trabajo en dominicales y festivos diurnos asciende al 200% y
está integrado por el 100 % de la asignación básica y un 100 % del recargo dominical
o festivo. La norma cuando establece “sin perjuicio de la remuneración ordinaria”, lo
que hace referencia es sólo al “disfrute del descanso compensatorio.

Por consiguiente, la liquidación realizada por el a quo debió ajustarse a lo indicado
en la norma y a la orientación jurisprudencial existente al respecto y finalmente a lo
expresado en la parte motiva del título ejecutivo, lo cual da una suma diferente e
inferior, ya que no es posible liquidar con un 200% y 235% cuando lo legal es el
100% y 135%. […]”.

[…]

“[…] Conforme a los anteriores parámetros, se obtuvo liquidación efectuada por la
Contadora de la Sección Segunda de esta Corporación, respecto de las horas extras
diurnas y nocturnas mensuales laboradas en exceso de la jornada laboral ordinaria,
recargos dominicales y festivos diurnos y nocturnos, sobre la jornada máxima legal
de 190 horas mensuales (recargos al 35%, 100% y 135%), teniendo en cuenta las
asignaciones básicas devengadas por el ejecutante entre el 24 de octubre de 2006
(por prescripción trienal) al 30 de octubre de 2016 (fecha solicitada en la demanda),
como se ordenó en las sentencias que prestan mérito ejecutivo, sin exceder el pago
de 50 horas extras en el mes. […]”.

[…]

“[…] De lo anterior se advierte con claridad que, sí existe un saldo insoluto pendiente
por cancelar al demandante, y por ende hay lugar a seguir adelante con la ejecución
por dicho monto. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, y como quiera que la liquidación efectuada por el área contable
de este Tribunal no resulta en perjuicio del apelante único, en el sub-lite, se deberá
seguir adelante con la ejecución sólo por la suma provisional antes indicada, esto
es, treinta y un millones doscientos cuatro mil catorce pesos con setenta
centavos ($31.204.014,70) por concepto de capital. […]”.

[…]

“[…] Analizada la norma en cita, resulta evidente que, en efecto los intereses
moratorios de que trata la misma, se causan respecto de las cantidades liquidas
reconocidas en las sentencias; no obstante, aunque la sentencia objeto de
ejecución no determinó de manera expresa y concreta las sumas de dinero a
cancelar en favor del actor, esto es, no reconoció una cantidad liquida de dinero,
tales acreencias son claramente liquidables con una simple operación aritmética,
efectuada de conformidad con los parámetros establecidos en la misma sentencia y
los documentos obrantes el expediente, tales como la certificación requerida por el

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

Magistrado sustanciador y que obra a folios 618 a 625 del expediente, en la que
constan la asignación básica pagada, el total de horas laboradas, el total de horas
de recargos ordinarios nocturnos, festivos diurnos y festivos nocturnos.

En consecuencia, no puede entender la ejecutada que, por haberse proferido la
decisión en abstracto, ello la exime de la consecuencia de pagar intereses en caso
de mora en el pago de las acreencias reconocidas en el título, cuando la misma
providencia lo ordenó en su parte resolutiva y cuando tales emolumentos operan
incluso por fuerza de ley, aun en aquellos casos en que la sentencia título de
recaudo ejecutivo no lo contemple de manera expresa. […]”.

[…]

“[…] De las pruebas aportadas al plenario se advierte con claridad, que las
sentencias aportadas como título quedaron debidamente ejecutoriadas el seis (06)
de diciembre del año 201228 sin que a la fecha se le haya dado cabal
cumplimiento a las mismas, como quiera que si bien, se expidió la Resolución
No.159 del 22 de marzo de 201329, notificada al apoderado de la parte actora el 8
de abril de la misma anualidad, la liquidación realizada en virtud de la misma arrojó
un saldo negativo por lo que no se le canceló a la parte actora suma alguna por
concepto de diferencias y/o intereses moratorios. […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior y como quiera que la ejecutoria de las providencias data del seis
(06) de diciembre del año dos mil doce (2012)30, y la solicitud de cumplimiento
se presentó el primero (1°) de abril del año 201431.esto es, por fuera de los seis (6)
meses que dispone la norma, en el presente asunto cesó la causación de los
intereses por el periodo comprendido entre el seis (06) de junio de dos mil trece
(2013) al treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014).

En este orden, se reitera que, los intereses moratorios se causaron desde el siete
(07) de diciembre de dos mil doce (2012) (día siguiente a la fecha de ejecutoria)
hasta el siete (07) de junio de dos mil trece (2013) (seis meses) y desde el primero
(1°) de abril de dos mil catorce (2014) (petición de cumplimiento) hasta que se
cancele el monto total de la obligación.

Así las cosas, encuentra la Sala que, no le asiste razón a la ejecutada al afirmar que
en el presente asunto no se generaron intereses moratorios, pues claramente, las
sumas reconocidas en las sentencias son fácilmente liquidables y además por que
efectivamente al no haber cumplido con la obligación establecida en el título, existe
mora en el pago de tales acreencias, la cual es sancionada por el legislador con el
pago de intereses moratorios. […]”.

[…]

“[…] Finalmente se advierte que, al momento de liquidar el crédito debe tenerse en
cuenta que los intereses moratorios se calculan sobre EL CAPITAL NETO (el
resultante luego de efectuar los descuentos de ley) debidamente INDEXADO y FIJO
(el causado a la fecha de ejecutoria de la sentencia), sin que dicha suma pueda
ser indexada.

[…]

“[…] De conformidad con el artículo anterior, se reitera que para que proceda la
condena en costas es necesario que obre prueba de su existencia, de manera que,
con fundamento en criterios objetivos, sea posible acreditar la utilidad para la parte
beneficiaria de la condena dentro del proceso, y, en el caso bajo estudio, este

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

presupuesto fáctico no se satisfizo de ninguna manera, pues no obra en el plenario
prueba alguna de su causación. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, la Sala Revocará la condena en costas impuestas por el a quo,
en el numeral quinto de la providencia apelada, dado que en el presente proceso
no se acreditó de manera alguna la existencia de las mismas, como tampoco se
desvirtuó la buena fe de la parte ejecutada, y aunque de forma expresa el citado
extremo no haya hecho referencia a tal circunstancia, entiende la Sala que la
apelación se surte respecto de lo desfavorable para esta y por los mismos
argumentos no se condenará en costas en esta oportunidad. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

16. El actor solicitó en su escrito de tutela4:

“[…] PRIMERA: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los derechos
Constitucionales fundamentales denominados DERECHO A LA IGUALDAD,
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS
SENTENCIS, principios Constitucionales del artículo 53 de la Carta Política, en
especial la igualdad de oportunidades a los Trabajadores, remuneración mínima vital
y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre los derechos inciertos y discutibles; situación mas favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; así como el derecho al acceso a la administración de justicia conforme
al artículo 229 de la Constitución Política, ante la existencia de defecto fáctico y
sustantivo, respecto a la reliquidación de los recargos festivos diurnos con el 100%
y los recargos festivos nocturnos con el 135%, cuando conforme con el artículo 39
del Decreto Ley 1042 de 1978, en concordancia con el artículo 35 sobre recargos
ordinarios nocturnos, cuando se trata de trabajo habitual en domingos y festivos
corresponde liquidar dichos recargos con el 200% y 235% respectivamente, como
quedó determinado en la parte considerativa de las sentencias de recaudo de
primera y segunda instancia modificadas en la providencia de segunda instancia del
proceso ejecutivo laboral.

Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la
providencia de segunda instancia proferida por la Subsección “C” de la Sección
Segunda del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 18 de septiembre
de 2024, notificada electrónicamente el 24 de septiembre de 2024, en el expediente
11001 33 42 052 2017 00 427 01 Proceso ejecutivo laboral siendo demandante
PEDRO IVANEL QUINTERO CASTILLO demandado DISTRITO CAPITAL- UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ,
respecto a la cual la parte actora radicó solicitud de adición, aclaración y corrección
el 26 de septiembre de 2024, la cual fue negada mediante providencia proferida 16
de octubre de 2024, por tanto se solicita se ordene a la H. Sala accionada proferir
nueva providencia confirme a lo consagrado en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley
1042 de 1978, respecto a los porcentajes reales y valores favorables a reconocer por

4 Transcripción literal del texto

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

concepto de reliquidación de los recargos festivos diurnos del 200% y recargos
festivos nocturnos del 235% con el factor de 190 horas mensuales (jornada máxima
legal empleados públicos), toda vez que la H. Sala accionada desconoció lo
dispuesto en las sentencias de recaudo de primera y segunda instancia, tanto así
que en la solicitud de adición, aclaración y corrección de la providencia de segunda
instancia en el proceso ejecutivo en los numerales 1 y 2, del memorial,
concretamente a folios 2 a 6 se transcribieron apartes pertinente de las sentencias
del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho de promesa y
segunda instancia, pero desafortunadamente la H. Sala Accionada NO ANALIZO DE
FONDO QUE EL PROBLEMA OBJETO DE RECLAMO ES LA MODIFICACIÓN DE
LAS SENTENCIAS DE RECAUDO, POR PARTE DEL H. TRIBUNAL EN LA
SENTENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO, AL DISPONER RELIQUIDAR LOS
RECARGOS CONTRARIO AL CLARO PRONUNCIAMIENTO DEL JUZGADO EN
PRIMERA INSTANCIA EN LA SENTENCIA DE RECAUDO Y DEL H. TRIBUNAL EN
LA PROVIDENCIA DE RECUADO DE SEGUNDA INSTANCIA, desconociendo que
le Juzgado en las consideraciones visibles a folios 11 y 12 da alcance a las
sentencias del H. Consejo de Estado, del 18 de abril de 2008 expediente 2003-
00041, reiterado en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del 2 de abril de 2009
expediente 2003-00042, aparece que se deben reconocer conforme con el artículo
39 del Decreto Ley 1042 de 1978 dando lugar al consiguiente pago de las diferencias
entre el sistema aplicado por la entidad demandada al dividir la asignación básica
mensual sobre 240 horas cuando se deben liquidar tomando la asignación básica
mensual sobre 190 horas, a folios 18 a 22 de la sentencia declarativa deja el Juzgado
en claro la procedencia de la reliquidación de recargos del 35%, 200% y 235; en la
sentencia de recaudo a folios 26, 28 y 29 también se tienen en cuenta los porcentajes
del 200% y 235%; dando alcance a la sentencia del 28 de enero de 2010 en el
expediente con radicación 1018-06 con ponencia del H. Consejero Doctor […], cuya
transcripción parcial obra a folio 29 de la providencia de recaudo de segunda
instancia, las cuales no son tenidas en cuenta en la providencia de segunda instancia
del proceso ejecutivo, debiéndose dar alcance a la favorabilidad laboral consagrada
en el artículo 53 de la Carta Política. En la sentencia de segunda instancia del
proceso ejecutivo se desconocen las liquidaciones del Juzgado 52 dando alcance a
las sentencias de recaudo donde se reliquidaron los recargos festivos diurnos con el
200% y los recargos festivos nocturnos con el 235%, generando resultados
favorables por el periodo comprendido entre octubre de 2006 a diciembre de 2012
por valor de $58.391.437,81 conforme a la providencia del 11 de mayo de 2018 y de
$51.261.040,77 respecto al periodo laborado de enero de 2013 a octubre de 2016,
conforme con la providencia del 4 de septiembre de 2019, o sea un total de capital
de $109.655.478,58, pero con el sistema de liquidación erróneo aplicado por el H.

Tribunal en la sentencia de segunda instancia del proceso ejecutivo generó un
resultado de $17.061.935,58 hasta la ejecutoria de la sentencia, y en el capital
posterior a la ejecutoria de la sentencia de $14.142.079,12, o sea un valor total de
capital de $31.204.014,70, para un saldo en desmedro del ejecutante de -
$78.451.463,88, al no dar aplicación real a lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto
Ley 1042 de 1978 para el trabajo en días domingos y festivos de manera ordinaria,
que corresponde al DOBLE DE LA REMUNERACIÓN O SEA 200% Y 235%
RESPECTIVAMENTE, SIN PERJUICIO DE LA REMUNERACIÓN PERCIBIDA EN
LA ASIGNACIÓN BÁSICA POR HABER LABORADO EL MES, actuando contrario a
la tesis garantistas de las sentencias de recaudo, al pretender que solo es el 100%
y 135% conculcando la favorabilidad laboral, desconociendo los principios de cosa
juzgada, inmutabilidad de las sentencias y el debido proceso, al modificar lo
concedido en las sentencias de recaudo, al liquidar el 100% y 135% sobre 190 horas
mensuales y descontar lo pagado por la entidad con el 200% y 235% sobre 240
horas mensuales, generando por ello SALDOS NEGATIVOS, cuando lo que ordenan
las sentencias de recaudo es RECONOCER Y PAGAR LAS DIFERENCIAS entre lo
liquidado erróneamente sobre 240 horas mensuales que debe ser cancelado sobre
190 horas mensuales, o sea el reconocimiento y pago de las diferencias positivas y
no resultados negativos mes a mes. […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

16.1 El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente5:

“[…] En la sentencia de segunda instancia del proceso ejecutivo proferida el 18 de
septiembre de 2024 se modifican las sentencias de recaudo para efectos de
disminuir los porcentajes de liquidación de los recargos festivos diurnos del 200% al
100% y recargos festivos nocturnos del 235% al 135% […]”.

[…]

“[…] En la sentencia de segunda instancia del proceso ejecutivo no se tiene en
cuenta en todo su contexto la sentencia de primera instancia del proceso ejecutivo
proferida por el Juzgado 52 donde se omite analizar las consideraciones del A quo
visibles a folios 11 a 13 del mismo respecto a la liquidación realizada por el Juzgado
visible a folios 418 a 419, 462 a 463 y 531 del expediente, vale decir con observancia
de los parámetros establecidos en los fallos ejecutados y la normatividad vigente, a
la luz d ellos cuales se determinó el capital contemplando las horas EXTRAS
DIURNAS Y NOCTURNAS, reliquidación de recargos del 355, 200% y 235% sobre
la jornada máxima legal de 190 horas mensuales, generando resultados de
%58.391.473,81 y $51.264.040,77 que en la liquidación del H. Tribunal modificando
las sentencias de recaudo negando el reconocimiento y pago de las horas EXTRAS
NOCTURNAS y liquidando los recargos festivos diurnos con el 100% y los recargos
festivos nocturnos con el 135%, cuando corresponden al 200% y 235% realmente,
resulta un valor total por capital de $31.204.014,70, afectando de manera grave el
patrimonio del ejecutante, al desconocer lo dispuesto en las sentencias de recaudo
de primera y segunda instancia, ejecutoriadas el 6 de diciembre de 2012. […]”.

[…]

“[…] Analizando puntualmente el tema de reliquidación de recargos ordinarios
nocturnos del 35%, recargos festivos diurnos del 200% recargos festivos nocturnos
del 235%, fueron claramente concedidos por el Juzgado en la sentencia de recaudo
de primera y confirmados por H. Tribunal en la sentencia de recaudo de segunda
instancia, por ende se deben reliquidar tal como está reconocido en las mismas
providencias o sea tomando la asignación básica mensual y dividiéndola en 190
horas y multiplicar dicho factor por las horas laboradas respectivamente por 35%,
200% y 235%, pero dicha orden contenida en el título ejecutivo es desconocida en
la sentencia del proceso ejecutivo de segunda instancia, cuando se reliquidan los
recargos festivos diurnos y nocturnos con el 100% como es liquidado por el H.
Tribunal y luego descontando lo pagado sobre 200% perjudicando el patrimonio del
ejecutante, al generar diferencias negativas mes a mes. […]”.

[…]

“[…] se desconoce de plano la orden contenida en la sentencia de recaudo, toda vez
que en primera instancia el Juzgado dispuso reliquidar los recargos del 35%, 200%
y 235% tomando como base 190 horas y no 240 horas mensuales como fueron
liquidados y pagados por la entidad ejecutada, conforme con la sentencia de
recaudo, es del caso tener en cuenta que el tema de la cosa juzgada e inmutabilidad
de las sentencias ha sido reiterado por el H. Consejo de Estado, […]”.

[…]

“[…] La grave afectación económica al ejecutante con la decisión del H. Tribunal en
la providencia del 18 de septiembre de 2024, se demuestra con las diferencias entre
las liquidaciones del A quo en el proceso ejecutivo, cuando en principio por el periodo
comprendido de octubre de 2006 a diciembre de 2012 por valor de $58.391.437,81

5 Transcripción literal del texto

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

en la providencia de 11 de mayo de 2018 y de enero de 2013 a octubre de 2016
$51.264.040,77 con la modificación que aparece en la providencia del 4 de
septiembre de 2019, o sea un total de capital de $109.655,478,58. […]”.

[…]

“[…] Nótese que la liquidación realizada por la Contadora del H. Tribunal conforme
con las instrucciones de la Sala, la cual no aparece detallada en la providencia,
solamente a folio 21 aparecen una tabla resumen de liquidación donde contempla
$17.061.935,58 hasta la ejecutoria de la sentencia, comparados con los
$58.391.437,81 liquidados por el A quo, generan un desmedro del patrimonio del
ejecutante por un saldo en contra de -$41.329.502,23. Respecto a la liquidación del
H. Tribunal del capital posterior a la ejecutoria de la sentencia aparece un valor de
$14.142.079,12 comparados con la liquidación del A quo de $51.264.040,77
discriminados en horas extras por valor de $26.977.254,12 y el saldo por concepto
de reliquidación de recargos y cesantías, o sea un desmedro al patrimonio del
ejecutante de -$37.121.961,65 para una afectación al patrimonio del ejecutante por
concepto de capital de $78.451.463,88 además de la correspondiente afectación por
concepto de intereses. […]”.

[…]

“[…] Se colige de los valores irrisorios liquidados por la Contadora del H. tribunal,
que se reliquidaron los recargos festivos diurnos con el 100% y los recargos festivos
nocturnos con el 135% sobre la jornada máxima legal de 190 horas, para entrar a
descontar los recargos pagados por la entidad de manera errónea en cuanto al
divisor de 240 horas mensuales, pero en los porcentajes REALES del 200% у 235%,
cuando en la sentencia de segunda instancia de recaudo proferida por la Subsección
C de la Sección Segunda del H. Tribunal, deja en claro que la liquidación se debe
hacer con el divisor de 190 horas, dando alcance a la jurisprudencia sobre la materia
del H. Consejo de Estado, tal como aparece a folio 26, 28, 29 y 30 de la misma […]”.

[…]

“[…] NO existe ninguna duda que el H. Tribunal, en la sentencia de recaudo de
segunda instancia a folio 26 analizo y tuvo en cuenta los porcentajes percibidos por
el actor del 35%, 200% y 235% divididos en 240 horas, y en la paginas 29 y 30 de la
sentencia mencionada DEJO EN CLARO QUE EL ERROR de la administración
Distrital consistía en la aplicación del divisor, por ende el ejecutante tiene pleno
derecho al RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS entre el divisor de 240 horas
y 190 horas, con el consiguiente RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS MISMAS,
contrario a la posición del H. Tribunal en la providencia del 18 de septiembre de 2024,
donde se MODIFICA LA SENTENCIA DE RECAUDO de manera flagrante, causando
con ello un perjuicio irremediable al ejecutante, al variar los porcentajes de
reconocimiento en el 100% у 135%, cuando corresponden al 200% y 235%, como
claramente se colige de la lectura de los apartes transcritos en el numeral anterior,
por ende es procedente CORREGIR dicho error evidente en la sentencia
mencionada, al desconocer el debido proceso, la inmutabilidad de las sentencias, la
cosa juzgada, la favorabilidad laboral, el principio del indubio operario, entre otras.

Existe desmedro grave e injustificado en contra del ejecutante, violando los principios
Constitucionales a la favorabilidad laboral, consagrado en el artículo 53 de la Carta
Política, en contravía de los principios aplicados por el A quo en el proceso ejecutivo,
máxime que para interpretar las ordenes de las sentencias de recaudo dio alcance a
los principios Constitucionales, indubio operario y favorabilidad laboral, que son
desconocidos de plano en la sentencia del 18 de septiembre de 2024, privando al
ejecutante de sus justos derechos laborales, toda vez que el Distrito Capital hace
más de 50 años, ha venido liquidando los recargos festivos diurnos con el 200% y

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

los recargos festivos nocturnos con el 235%, dando cabal alcance al artículo 39 del
Decreto Ley 1042 de 1978, […].

[…]

“[…] Por lo tanto, no existe ningún argumento constitucional, legal o jurisprudencial
que sustente la decisión adoptada por el H. Tribunal en la sentencia del 18 de
septiembre de 2024, objeto de solicitud de adición, aclaración y corrección, toda vez
que se demuestra que afecta de manera irremediable el patrimonio del ejecutante al
disponer la reliquidación de los recargos festivos diurnos con el 100% sobre 190
horas mensuales, para luego realizar el descuento total del 200% cancelados sobre
240 horas mensuales, y los recargos festivos nocturnos con el 135% sobre 190 horas
mensuales, para luego realizar el descuento total del 235% cancelados sobre 240
horas, cuando al cambiar el denominador 240 a 190 debe generar diferencias
positivas y no negativas a la ejecutante, como se demuestra de manera fehaciente
en presente memorial. […]”.

Actuación

17. El Despacho de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante auto de 2 de diciembre de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó como terceros con interés legítimo al
Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial de Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales- UGPP, concediéndoles
el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

18. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se opuso a los argumentos de la tutela al considerar que no se
incurrió en vía de hecho, defecto fáctico o sustantivo, ni hubo violación de los
derechos fundamentales invocados por el actor. Señaló que

“[…] La providencia referida fue proferida con prevalencia de los principios de la
sana crítica y la buena fe, después de haberse surtido el procedimiento con garantía
de igualdad e imparcialidad de las partes en contienda, y en ella, se encuentran
consignados ampliamente los motivos que llevaron a la Sala a confirmar
parcialmente la orden de seguir adelante con la ejecución. Aunado a lo anterior, es
menester precisar que en el presente caso no se configuran los requisitos
dispuestos por la Honorable Corte Constitucional, para que la acción de tutela
proceda contra providencias judiciales, sino que, por el contrario, lo que pretende la
parte accionante es revivir el debate surtido en esta Jurisdicción. […]”.

19. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales- UGPP- solicitó declarar improcedente la acción de tutela y que no es

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
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la entidad competente para atender lo pretendido por el actor, por lo que consideró
que tiene falta de legitimación en la causa por pasiva. Para tal efecto, señaló que:

“[…] PRIMERO: Con fundamento en lo expuesto, solicito respetuosamente que se
DESVINCULE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL UGPP, cualquiera que fuere el sentido de la sentencia, dado que la misma
es IMPROCEDENTE, en tanto no existe ningún hecho u omisión atribuible a mi
representada, frente a quien pueda predicarse una afectación de los derechos
fundamentales invocados

SEGUNDO: De manera subsidiaria a la pretensión anterior, ante la inexistencia de
una acción u omisión de mi presentada que pudiese generar alguna vulneración a
los derechos fundamentales invocados por la accionante, se le solicita
respetuosamente que se NIEGUEN las pretensiones de la presente acción de tutela
respecto de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP..
[…]”.

20. La Unidad Administrativa Especial de Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

21. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 30 de enero de 2025, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Negar el amparo invocado por el señor Pedro Ivanel Quintero Castillo
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. […]”.

21.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Alegó el actor que el Tribunal en la providencia antes citada no dio cabal
cumplimiento a las decisiones que sirvieron de título para la ejecución, donde según
el actor se fijaron los criterios para la reliquidación de los festivos diurnos en 200%
y los recargos festivos nocturnos en 235% y que la liquidación se debe hacer con el
divisor de 190 horas, pero el Tribunal tomó para la liquidación del crédito los
porcentajes del 100% y el 135% y lo dividió en 240 horas.

También, argumentó el desconocimiento de una serie de pronunciamientos de esta
corporación, en las que, según el actor se determinó que la reliquidación de los
festivos diurnos es de 200% y la de recargos festivos nocturnos es de 235%.

Encuentra la Sala que la acción de tutela contra la providencia de 18 de septiembre
de 2024 cumple los requisitos de procedencia, pues a) la relevancia constitucional
está dada, en la media en que se debe examinar la presunta vulneración de los
derechos fundamentales por los defectos fáctico y sustantivo, el demandante
argumentó suficientemente la solicitud; b) el accionante no cuenta con otro medio
de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

notificación de la providencia; d) no se invoca la irregularidad procesal y e) la tutela
no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

En la providencia cuestionada el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda, Subsección C, adujo que la providencia que hoy obra como título ejecutivo
en sus consideraciones referenció la sentencia del Consejo de Estado del 28 de
enero de 2010 radicado 1018-06, mediante la cual se expuso que “[a]sí cuándo (sic)
la norma define que el trabajo realizado en día domingos y festivos se remunera con
el equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada diminical o festivo
laborado, se debe entender que se remunera con un recargo del 100% sobre el valor
del trabajo realizado”. […]”.

[…]

“[…] Así mismo, trajo a colación las providencias del Consejo de Estado de 17 de
mayo de 2007, 6 de diciembre de 2018, 29 de agosto y 7 de octubre de 2019, 10 de
septiembre de 2020, 18 de octubre y 9 de noviembre de 2023 y el Concepto
20236000150261 de 18 de abril de igual año, de los cuales concluyó que «el recargo
por trabajo en dominicales y festivos diurnos asciende al 200% y está integrado por
el 100% de la asignación básica y un 100% del recargo dominical o festivo» por lo
que, «la liquidación realizada por el a quo debió ajustarse a lo indicado en la norma
y a la orientación jurisprudencial existente al respecto y finalmente a lo expresado
en la parte motiva del título ejecutivo, lo cual da una suma diferente e inferior, ya que
no es posible liquidar con un 200% y 235% cuando lo legal es el 100% y 135%. […]”.

[…]

“[…] En esa medida, encuentra la Subsección que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C no incurrió en los defectos fáctico
y sustantivo, bajo el entendido que de acuerdo con la redacción de la sentencia del
18 de octubre de 2012, que constituye el título ejecutivo, la autoridad judicial
accionada interpretó que, los recargos nocturnos se deben efectuar teniendo en
cuenta 190 horas mensuales y no 240, ya que es el valor que resulta de multiplicar
la jornada máxima que rige para el actor, según el artículo 33 del Decreto 1042 de
1978 (44 horas semanales), por el valor que se obtiene de dividir las 52 semanas
del año en 12.[…]”.

[…]

“[…] De igual forma, de las consideraciones del título ejecutivo, en especial de la
transcripción que se realizó de un aparte de la sentencia de 28 de enero de 2010
del Consejo de Estado, el Tribunal dedujo que cuando el artículo 39 del Decreto
1042 de 1978 establece el doble del valor hace referencia a un 100% del valor
ordinario de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, esto en vista
de que el fallo cita dicha decisión, pero no concluye la firma en la que se debe liquidar
dicho concepto. […]”.

La impugnación

22. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente6:

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Transcripción literal del texto

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

“[…] Me permito reiterar las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que en el
fallo de PRIMERA INSTANCIA impugnado se niega de plano, sin analizar la
existencia de desconocimiento de derechos Constitucionales evidentes, en el tema
de la reliquidación de los recargos festivos diurnos con el 100% y los recargos
festivos nocturnos con el 135%, cuando corresponden al 200% y 235%
respectivamente, que por ende desconocieron los DERECHOS A LA IGUALDA,
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS
SENTENCIAS, al interpretar de manera errónea las normas legales vigentes y haber
sido modificada una sentencia debidamente ejecutoriada, estando vedado al
operador judicial en el proceso ejecutivo modificar el título ejecutivo debidamente
ejecutoriado, como lo ha determinado el H. Consejo de Estado en sentencias de
tutela de manera reiterada, en un caso idéntico la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B en providencia del 25
de septiembre de 2023, siendo H. Magistrado Ponente Doctor […] Expediente:
11001-03-15-000-2023-04299-00 confirmada en segunda instancia por la
Subsección B de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado con ponencia del
H. Consejero Doctor […], el 17 de noviembre de 2023, registrada el 19 de 2023 en
SAMAI. […]”.

[…]

“[…] Conforme a los precedentes de hecho y derecho, comedidamente solicito a los
h. Consejeros, a quienes corresponda por reparto el conocimiento de la impugnación
de la sentencia de tutela de primera instancia, se revoque la misma y por ende se
dé la razón jurídica y legal que le corresponde a mi prohijado señor PEDRO IVANEL
QUINTERO CASTILLO concediendo en su integridad las pretensiones iniciales de
la demanda de tutela, en igualdad de condiciones a los señores […] y […], a quienes
el H. Consejo de Estado en casos análogos al presente les concedió el amparo
Constitucional al debido proceso […]”.

[…]

“[…] en el presente caso se niega al señor PEDRO IVANEL QUINTERO CASTILLO,
caso idéntico al señor […] bajo el argumento que no tiene relevancia Constitucional,
contrario a lo analizado en sede de tutela de primera y segunda instancia del caso
idéntico al presente, transcritos parcialmente en el presente memorial, donde la
Subsección B de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado encontró que si
existían defectos fáctico y sustantivo, apreciaciones confirmadas por la Subsección
B de la Sección Segunda de la Corporación, al resolver la impugnación de la
providencia por parte del H. Tribunal accionado. […].

[…]

“[…] Con base en lo expuesto, es totalmente procedente que la presente acción de
tutela tiende a prosperar, con el fin de lograr que al señor PEDRO IVANEL
QUINTERO CASTILLO, se le reconozca el trabajo habitual en días domingos y
festivos, dando alcance al artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978 con el 200% y
235%, confirme fue ordenado de manera concreta en las sentencias de recaudo de
primera y segunda instancia del proceso ejecutivo, con lo cual se vulneraron sus
derechos Constitucionales al debido proceso, igualdad, cosa juzgada, favorabilidad
laboral, inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, acceso a la administración de
justicia, contrario a lo dispuesto en la sentencias de recaudo, ya que de manera
abiertamente errónea se pretende que la reliquidación realizada por el H. Tribunal
accionado con el 100% y 135% cumple con lo ordenado en las sentencias de
recaudo, desconociendo la realidad procesal y los precedentes jurisprudenciales al
respecto de la Sección Segunda en pleno en las sentencias de Unificación
Jurisprudencial y providencias de las Subsecciones Ay B de la Sección Segunda del
H. Consejo de Estado, donde también se dispone la reliquidación de los recargos
festivos diurnos con el 200% y los recargos festivos nocturnos con el 235%.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

23. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20199, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

24. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Legitimación en la causa por pasiva

25. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva, para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del
contenido de la sentencia.

26. Visto el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por
pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones
impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por
ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

27. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 200610, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos
casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo
señala el segundo estatuto."[11]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la

10 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
11 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-

562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.

28. La Sala advierte que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales- UGPP solicitó su desvinculación por cuanto, a su juicio,
carece de legitimación en la causa por pasiva.

29. Al respecto, es preciso indicar que dicha autoridad fue vinculada dentro marco
del proceso ordinario, por lo que le asiste interés.

30. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales- UGPP, le asiste interés en la
decisión de tutela que se profiera respecto del proceso ejecutivo mencionado supra.

31. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formuladas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales- UGPP.

Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

33. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; v) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada;
procediendo posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el
fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

34. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena12, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

35. Esta Sección adoptó13 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200514, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio
de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

36. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.

37. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.

María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
14 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”15 que encaje en dichos parámetros.

38. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

39. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

40. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

41. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201417, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte

15 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
17 Ut supra página 6.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [18]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [19].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [20].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [21].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una
instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se
derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia
constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el
desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra

[18] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[19] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[21] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

23

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decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [22]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [23].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [24]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”.
(Resaltado por la Sala)

42. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado25:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”26

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

[22] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[23] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[24] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
25 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
26Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
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La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”27

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

43. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

44. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202228 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

27 Ibidem.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

25

Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala)

26

Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

45. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

46. Atendiendo a que la Corte Constitucional3 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

47. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

27

Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

48. Atendiendo a que, la Corte Constitucional29 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada

49. Visto el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad […]”. (Resaltado
por la Sala).

50. Atendiendo a que, la Corte Constitucional20 ha definido el derecho a la
estabilidad laboral reforzada, como “[…] el derecho a conservar el empleo; (ii) a no
ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el

29 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

28

Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva
que conlleve la desvinculación del mismos y; (iv) a que la autoridad laboral
competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de la
causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador,
que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena que, de no
establecerse, el despido sea declarado ineficaz […]”.

Análisis del caso concreto

51. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a
su juicio, al proferir la sentencia de 18 de septiembre de 2024, en el proceso ejecutivo
identificado con el número único de radicación 110013342052201700427-01,
vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

52. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

53. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

54. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

54.1. Copia digital del expediente del proceso de acción ejecutiva identificado con
el número único de radicación 110013342052201700427-01.

Solución del caso concreto

29

Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

55. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente:

“[…]“[…] En la sentencia de segunda instancia del proceso ejecutivo proferida el 18
de septiembre de 2024 se modifican las sentencias de recaudo para efectos de
disminuir los porcentajes de liquidación de los recargos festivos diurnos del 200% al
100% y recargos festivos nocturnos del 235% al 135% […]”.

[…]

“[…] En la sentencia de segunda instancia del proceso ejecutivo no se tiene en
cuenta en todo su contexto la sentencia de primera instancia del proceso ejecutivo
proferida por el Juzgado 52 donde se omite analizar las consideraciones del A quo
visibles a folios 11 a 13 del mismo respecto a la liquidación realizada por el Juzgado
visible a folios 418 a 419, 462 a 463 y 531 del expediente, vale decir con observancia
de los parámetros establecidos en los fallos ejecutados y la normatividad vigente, a
la luz d ellos cuales se determinó el capital contemplando las horas EXTRAS
DIURNAS Y NOCTURNAS, reliquidación de recargos del 355, 200% y 235% sobre
la jornada máxima legal de 190 horas mensuales, generando resultados de
%58.391.473,81 y $51.264.040,77 que en la liquidación del H. Tribunal modificando
las sentencias de recaudo negando el reconocimiento y pago de las horas EXTRAS
NOCTURNAS y liquidando los recargos festivos diurnos con el 100% y los recargos
festivos nocturnos con el 135%, cuando corresponden al 200% y 235% realmente,
resulta un valor total por capital de $31.204.014,70, afectando de manera grave el
patrimonio del ejecutante, al desconocer lo dispuesto en las sentencias de recaudo
de primera y segunda instancia, ejecutoriadas el 6 de diciembre de 2012. […]”.

[…]

“[…] Analizando puntualmente el tema de reliquidación de recargos ordinarios
nocturnos del 35%, recargos festivos diurnos del 200% recargos festivos nocturnos
del 235%, fueron claramente concedidos por el Juzgado en la sentencia de recaudo
de primera y confirmados por H. Tribunal en la sentencia de recaudo de segunda
instancia, por ende se deben reliquidar tal como está reconocido en las mismas
providencias o sea tomando la asignación básica mensual y dividiéndola en 190
horas y multiplicar dicho factor por las horas laboradas respectivamente por 35%,
200% y 235%, pero dicha orden contenida en el título ejecutivo es desconocida en
la sentencia del proceso ejecutivo de segunda instancia, cuando se reliquidan los
recargos festivos diurnos y nocturnos con el 100% como es liquidado por el H.
Tribunal y luego descontando lo pagado sobre 200% perjudicando el patrimonio del
ejecutante, al generar diferencias negativas mes a mes. […]”.

[…]

“[…] se desconoce de plano la orden contenida en la sentencia de recaudo, toda vez
que en primera instancia el Juzgado dispuso reliquidar los recargos del 35%, 200%
y 235% tomando como base 190 horas y no 240 horas mensuales como fueron
liquidados y pagados por la entidad ejecutada, conforme con la sentencia de

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

recaudo, es del caso tener en cuenta que el tema de la cosa juzgada e inmutabilidad
de las sentencias ha sido reiterado por el H. Consejo de Estado, […]”.

[…]

“[…] La grave afectación económica al ejecutante con la decisión del H. Tribunal en
la providencia del 18 de septiembre de 2024, se demuestra con las diferencias entre
las liquidaciones del A quo en el proceso ejecutivo, cuando en principio por el periodo
comprendido de octubre de 2006 a diciembre de 2012 por valor de $58.391.437,81
en la providencia de 11 de mayo de 2018 y de enero de 2013 a octubre de 2016
$51.264.040,77 con la modificación que aparece en la providencia del 4 de
septiembre de 2019, o sea un total de capital de $109.655,478,58. […]”.

[…]

“[…] Nótese que la liquidación realizada por la Contadora del H. Tribunal conforme
con las instrucciones de la Sala, la cual no aparece detallada en la providencia,
solamente a folio 21 aparecen una tabla resumen de liquidación donde contempla
$17.061.935,58 hasta la ejecutoria de la sentencia, comparados con los
$58.391.437,81 liquidados por el A quo, generan un desmedro del patrimonio del
ejecutante por un saldo en contra de -$41.329.502,23. Respecto a la liquidación del
H. Tribunal del capital posterior a la ejecutoria de la sentencia aparece un valor de
$14.142.079,12 comparados con la liquidación del A quo de $51.264.040,77
discriminados en horas extras por valor de $26.977.254,12 y el saldo por concepto
de reliquidación de recargos y cesantías, o sea un desmedro al patrimonio del
ejecutante de -$37.121.961,65 para una afectación al patrimonio del ejecutante por
concepto de capital de $78.451.463,88 además de la correspondiente afectación por
concepto de intereses. […]”.

[…]

“[…] Se colige de los valores irrisorios liquidados por la Contadora del H. tribunal,
que se reliquidaron los recargos festivos diurnos con el 100% y los recargos festivos
nocturnos con el 135% sobre la jornada máxima legal de 190 horas, para entrar a
descontar los recargos pagados por la entidad de manera errónea en cuanto al
divisor de 240 horas mensuales, pero en los porcentajes REALES del 200% у 235%,
cuando en la sentencia de segunda instancia de recaudo proferida por la Subsección
C de la Sección Segunda del H. Tribunal, deja en claro que la liquidación se debe
hacer con el divisor de 190 horas, dando alcance a la jurisprudencia sobre la materia
del H. Consejo de Estado, tal como aparece a folio 26, 28, 29 y 30 de la misma […]”.

[…]

“[…] NO existe ninguna duda que el H. Tribunal, en la sentencia de recaudo de
segunda instancia a folio 26 analizo y tuvo en cuenta los porcentajes percibidos por
el actor del 35%, 200% y 235% divididos en 240 horas, y en la paginas 29 y 30 de la
sentencia mencionada DEJO EN CLARO QUE EL ERROR de la administración
Distrital consistía en la aplicación del divisor, por ende el ejecutante tiene pleno
derecho al RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS entre el divisor de 240 horas
y 190 horas, con el consiguiente RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS MISMAS,
contrario a la posición del H. Tribunal en la providencia del 18 de septiembre de 2024,
donde se MODIFICA LA SENTENCIA DE RECAUDO de manera flagrante, causando
con ello un perjuicio irremediable al ejecutante, al variar los porcentajes de
reconocimiento en el 100% у 135%, cuando corresponden al 200% y 235%, como
claramente se colige de la lectura de los apartes transcritos en el numeral anterior,
por ende es procedente CORREGIR dicho error evidente en la sentencia
mencionada, al desconocer el debido proceso, la inmutabilidad de las sentencias, la
cosa juzgada, la favorabilidad laboral, el principio del indubio operario, entre otras.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

Existe desmedro grave e injustificado en contra del ejecutante, violando los principios
Constitucionales a la favorabilidad laboral, consagrado en el artículo 53 de la Carta
Política, en contravía de los principios aplicados por el A quo en el proceso ejecutivo,
máxime que para interpretar las ordenes de las sentencias de recaudo dio alcance a
los principios Constitucionales, indubio operario y favorabilidad laboral, que son
desconocidos de plano en la sentencia del 18 de septiembre de 2024, privando al
ejecutante de sus justos derechos laborales, toda vez que el Distrito Capital hace
más de 50 años, ha venido liquidando los recargos festivos diurnos con el 200% y
los recargos festivos nocturnos con el 235%, dando cabal alcance al artículo 39 del
Decreto Ley 1042 de 1978, […].

[…]

“[…] Por lo tanto, no existe ningún argumento constitucional, legal o jurisprudencial
que sustente la decisión adoptada por el H. Tribunal en la sentencia del 18 de
septiembre de 2024, objeto de solicitud de adición, aclaración y corrección, toda vez
que se demuestra que afecta de manera irremediable el patrimonio del ejecutante al
disponer la reliquidación de los recargos festivos diurnos con el 100% sobre 190
horas mensuales, para luego realizar el descuento total del 200% cancelados sobre
240 horas mensuales, y los recargos festivos nocturnos con el 135% sobre 190 horas
mensuales, para luego realizar el descuento total del 235% cancelados sobre 240
horas, cuando al cambiar el denominador 240 a 190 debe generar diferencias
positivas y no negativas a la ejecutante, como se demuestra de manera fehaciente
en presente memorial. […]”.

[…]

56. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el
debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad
judicial accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

57. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de derechos
fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente legal,
probatorio y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue
decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría
el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

58. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales […]”. (Resaltado por la Sala)

59. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales, probatorios y económicos, cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

60. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal, probatoria y económico; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de
los derechos fundamentales indicados supra.

61. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal, probatorio y económico concluido
que escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto,
el actor alega la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el
criterio de la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación,
sino mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

62. Los supuestos de vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada enunciados por el actor, no se
evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso ejecutivo se adelantó
ante el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso, y respetó
el derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre
una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la
actuación del juez constitucional, no se trata de amparar los derechos
fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

63. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal,
probatorio y económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la
procedencia de la tutela contra una providencia judicial.

64. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el
actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y a la estabilidad laboral reforzada, esa presunta afectación tiene su origen
en un debate estrictamente legal, probatorio y económico.

Conclusiones de la Sala

65. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia de tutela 30 de enero de
2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por medio de la cual negó el amparo de tutela de los derechos fundamentales
deprecados por el actor y, en su lugar, declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales- UGPP, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de tutela de 30 de enero de 2025 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en su lugar

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Núm. único de radicación: 110010315000202406528-01
Actor: Pedro Ivanel Quintero Castillo

DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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