Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06530-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06530-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06530-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06530-00
Accionante: MARIELA DE JESÚS VASCO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA
Vinculado: JUZGADO 26 ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ.
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de procedibilidad /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / Improcedencia por inexistencia de carga argumentativa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Mariela de Jesús Vasco, de conformidad con lo consagrado en el
Decreto 333 del 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 27 de noviembre de 20242, la señora Mariela de Jesús Vasco formuló acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
buscando la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social,
mínimo vital, seguridad jurídica, “a la protección de las personas de la tercera edad”,
debido proceso judicial e igualdad.
Hechos relevantes
2. Afirmó la accionante que, mediante sentencia del 26 de abril de 2018, el Juzgado
26 Administrativo Oral de Bogotá declaró la nulidad de las Resoluciones n° 02060
de 2013 y 00924 de 2014, proferidas por la Dirección General de la Policía Nacional
y, como consecuencia de ello, ordenó a dicha institución reconocer y pagar a su
favor la pensión de sobreviviente con ocasión del deceso de su hijo, el ex agente
Orlando Antonio Lince Vasco.
1 Que ingresó para fallo el 10 de diciembre de 2024.
2 Índice 001 del aplicativo SAMAI.
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Accionante: Mariela de Jesús Vasco
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Vinculado: Juzgado 26 Administrativo Oral de Bogotá
Referencia: Acción de Tutela
3. Dicha decisión judicial adquirió ejecutoria el 30 de noviembre de 2018, como
consecuencia de la declaratoria de desierto del recurso de apelación y de la
improcedencia de la solicitud de adición de la sentencia, incoados por la entidad
condenada.
4. El 1° de febrero de 2021 fue incluida en nómina de pensionados, y desde
entonces se le han pagado las mesadas respectivas. Sin embargo, a la accionante
no se le han cancelado los valores correspondientes al retroactivo pensional
causado entre el 9 de octubre de 2010 (cuando produjo efectos el beneficio
pensional) y el 31 de enero de 2021 (antes de su inclusión en nómina de
pensionados).
5. El 20 de septiembre de 2022 la señora Vasco radicó demanda ejecutiva ante la
misma autoridad judicial mencionada, proceso que se tramita bajo el número de
radicación 11001-33-35-026-2014-00463-00. En su escrito de demanda solicitó el
decreto de la medida cautelar consistente en el embargo de las cuentas de
titularidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en diversas
entidades bancarias.
6. Mediante providencia del 18 de julio de 2023, el juzgado de conocimiento libró
mandamiento de pago en contra de la entidad mencionada; sin embargo, por auto
del 22 de agosto de 2023 dispuso negar la medida cautelar solicitada con
fundamento en que i) los recursos parafiscales del sistema de seguridad social en
pensiones son inembargables, en los términos del artículo 594, numeral 1°, del
CGP; y ii) el apoderado de la parte ejecutante se limitó a solicitar dicha medida sin
fundamentar jurídicamente y sin exponer por qué, a pesar de la expresa prohibición
legal, la misma resultaba procedente en el caso concreto.
7. Contra esa última decisión interpuso los recursos de reposición y en subsidio
apelación, el último de los cuales fue resuelto de manera negativa por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, a través de providencia del 23
de abril de 2024.
Pretensiones
8. Solicitó la parte accionante lo siguiente:
“1. Se acceda a la TUTELA de los derechos fundamentales a LA SEGURIDAD
SOCIAL, AL MINIMO VITAL, A LA SEGURIDAD JURIDICA, A LA PROTECCIÓN
DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, AL DEBIDO PROCESO
JUDICIAL Y A LA IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY que me están
siendo vulnerados por parte del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA M.P. DRA. BEATRIZ HELENA
ESCOBAR ROJAS con la decisión proferida mediante auto con fecha del 23 DE
ABRIL DE 2024.
2. ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA M.P. DRA. BEATRIZ HELENA
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Accionante: Mariela de Jesús Vasco
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Vinculado: Juzgado 26 Administrativo Oral de Bogotá
Referencia: Acción de Tutela
ESCOBAR ROJAS que mediante su representante legal, y que dentro del
término de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a
emitir un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los argumentos del recurso
y los esbozados en la presente tutela, y REVOQUE la decisión del EL JUZGADO
VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C en auto con
fecha del 22 de agosto de 2023 en el que NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DE
EMBARGO de las cuentas que posee la ejecutada LA NACIÓN - MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL, y proceda en consecuencia
a DECRETAR la MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO contra la ejecutada
respecto a las cuentas en las que hayan dineros para pagos de conciliaciones y
sentencias judiciales, donde el límite del embargo sea el total de lo adeudado a
la suscrita, y se continúe adelante con la ejecución del trámite.
3. ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA M.P. DRA. BEATRIZ HELENA
ESCOBAR ROJAS que dentro del mismo término de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela INFORME el estado del
cumplimiento del mismo, de tal manera que usted, señor Juez Constitucional,
pueda hacerle un seguimiento al cumplimiento de las órdenes proferidas,
haciendo efectiva la protección otorgada.
4. De no presentarse el cumplimiento del fallo y/o el informe a que se refiere las
peticiones que anteceden, solicito señor juez constitucional HACER CUMPLIR
EL FALLO, de conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, de tal
manera que la sentencia protectora no pase a ser un elemento inocuo frente a la
protección y no se tenga que utilizar nuevamente esta vía constitucional en busca
de la protección ya concedida.”
Fundamentos de la demanda de tutela
9. Sostuvo la accionante que ha agotado todos los recursos y mecanismos
ordinarios con los que contaba para obtener la revocatoria de la decisión que
denegó la medida cautelar pretendida, lo que permite acudir a la acción de amparo
para el mismo propósito.
10. Señaló que, en su caso, se satisfacen los requisitos trazados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional para la procedencia del embargo de
cuentas del Estado, en tanto se persigue la ejecución de una obligación clara,
expresa, exigible, de origen laboral y cuyo pago debe ser garantizado para la
preservación del principio de seguridad jurídica.
11. Indicó que desde la ejecutoria de la sentencia que le reconoció el derecho
pensional han transcurrido más de 6 años sin que la entidad ejecutada proceda al
pago que le corresponde, de manera que abstenerse de decretar la medida cautelar
en cuestión la priva de cualquier esperanza de obtener el cumplimiento efectivo de
aquella condena judicial, considerando que es una persona de avanzada edad (79
años) y sujeto de especial protección constitucional. Añadió que resulta injusto
someterla a un tiempo adicional e indeterminado para obtener el pago de la
acreencia de la que es beneficiaria, y que la medida cautelar solicitada “por lo menos
hace más plausible la espera o por lo menos me brinda una seguridad jurídica y la
3
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Accionante: Mariela de Jesús Vasco
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Vinculado: Juzgado 26 Administrativo Oral de Bogotá
Referencia: Acción de Tutela
protección del derecho a la igual (sic) frente a otros que se encuentra en iguales
condiciones a mí”.
Trámite en primera instancia
12. A través de auto del 2 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda -en calidad de accionado- y al Juzgado 26
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, como tercero interesado en las resultas
del proceso. Además, requirió al Juzgado mencionado para que allegara copia
digital del expediente con radicado 11001-33-35-026-2022-00349-00/01.
Intervenciones
13. El Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá solicitó negar las
pretensiones de la presente acción de amparo, indicando que en el proceso
ejecutivo 2022-00349-00 se han respetado a plenitud las garantías del debido
proceso, y las providencias cuestionadas consultaron los referentes normativos y
jurisprudenciales aplicables al caso.
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, guardó silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para conocer el presente asunto, en primera instancia, conforme al artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
Acción de tutela contra providencias judiciales
16. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
de 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales3. Posteriormente, la Sala Plena de la
Corporación adoptó las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-
590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional de amparo
contra providencia judicial, reiterando que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, en los términos del
artículo 86 Constitucional y que, por ende, el ejercicio de dicho mecanismo frente a
decisiones judiciales no es ajeno a tales características4.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
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Vinculado: Juzgado 26 Administrativo Oral de Bogotá
Referencia: Acción de Tutela
17. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los
requisitos generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales, que deben ser cuidadosamente verificados, son5:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, en
la medida que al juez de tutela no le está permitido incidir en la órbita de
competencias atribuidas a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que la solicitud de
amparo pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho
fundamental.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, la misma debe tener un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.
• Que el accionante identifique razonablemente los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que resultaron lesionados o amenazados, y que
hubiese alegado tal vulneración en el proceso judicial en la medida de lo posible.
• Que la decisión que se cuestiona no sea una sentencia de tutela.
18. A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras
providencias.
5
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Referencia: Acción de Tutela
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
19. Así las cosas, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de
tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal
manera que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura,
por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
alegados por el interesado6.
La satisfacción de las causales genéricas en el sub lite
20. En el presente asunto, en punto a la satisfacción de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la Sala advierte que: i)
los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados se encuentran
plenamente individualizados; ii) la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional; y iii) la
transgresión iusfundamental no es producto de una sentencia de tutela.
21. De otro lado, en lo que atañe al requisito de la inmediatez la interposición del
mecanismo constitucional, se observa que la notificación mediante estado
electrónico de la decisión cuestionada (proferida el 23 de abril de 2024) se produjo
el 15 de mayo de 20247, al tiempo que la acción de tutela de la referencia se presentó
el 27 de noviembre de 2024, esto es, transcurridos 6 meses y 11 días. En este punto
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
7 Según consta en el expediente electrónico del proceso ejecutivo 11001-33-35-026-2022-00349-01,
visible en el índice 009 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
6
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conviene recordar, como lo ha precisado esta Subsección en otras oportunidades8,
que la acción de tutela no está sometida a un término de caducidad perentorio 9, sino
al cumplimiento de un plazo razonable, plazo que, con el paso de los años y la
consolidación de la jurisprudencia constitucional, se fijó, prima facie, en 6 meses.
22. Precisamente, por la ausencia de un término preclusivo, se ha admitido que, en
función de la complejidad del caso, las condiciones del accionante o la naturaleza de
los derechos constitucionales involucrados, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de amparo pueda ser flexibilizado, en aplicación de los principios de la sana
crítica. En efecto, en sentencia T-001 de 2022, la Corte Constitucional señaló10:
“Con todo, el juez constitucional debe tomar en cuenta las condiciones del
accionante, así como las circunstancias que rodean los hechos para determinar
lo que debería considerarse como plazo razonable. Para ello, debe valorar las
pruebas aportadas de acuerdo [con] los principios de la sana crítica, con el fin
de determinar si hay una causal que justifique la inactividad del accionante’ (…)”
23. En el caso concreto, se tiene que la accionante es una persona de la tercera
edad (contaba con 79 años al momento de interposición de la tutela)11, lo que, en los
términos del artículo 46 de la Carta12, y tal como lo ha entendido la jurisprudencia13,
la convierte en sujeto de especial protección constitucional. Esa circunstancia,
aunada al hecho de que la cuestión debatida gira en torno a un componente del
sistema de seguridad social (el derecho pensional, concretamente), conduce a la
Sala a concluir que el marco temporal para el ejercicio de la presente acción de
amparo no fue irrazonablemente desbordado y, en consecuencia, dará por
satisfecho el requisito general de procedencia de la inmediatez.
24. No obstante, la Subsección no puede avanzar en el estudio de fondo del caso
sometido a su conocimiento, por las razones que pasan a explicarse.
La ausencia de relevancia constitucional y el incumplimiento de la carga
argumentativa sobre los requisitos específicos de procedencia
25. Como se indicó previamente, esta Corporación ha determinado que le
corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos
8 Entre otras, en sentencia del 28 de junio de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-00771-01 (AT).
9 Debe recordarse que el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, en su versión establecía un término
de dos meses para promover acciones de tutela contra autoridades judiciales, sin embargo, la Corte
Constitucional declaró inexequible dicha disposición mediante Sentencia C-543 de 1992.
10 M.P. Paola Andrea Meneses .
11 Conforme a su documento de identidad (aportado con la demanda -índice 002 del aplicativo
SAMAI-).
12 “ARTICULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia
de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en
caso de indigencia.”
13 Ver, al respecto, sentencias T-456 de 2004, T-888 de 2009, T-979 de 2011 y sentencia T-339 de
2016.
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generales, de tal manera que una vez superado ese examen formal pueda constatar
si se configura, por lo menos, uno de los requisitos específicos de procedencia de la
tutela contra providencia judicial, precisados en la sentencia C-590 de 2005. Así
mismo, esa constatación debe estar precedida por la invocación expresa -por parte
del interesado- del defecto o defectos concretos que se le reprochan a la decisión
judicial en cuestión, así como por el cumplimiento de una adecuada carga
argumentativa.
26. En la acción de tutela de la referencia no se hizo alusión a ninguno de los
requisitos específicos de procedencia que justificaran su ejercicio en contra de una
providencia judicial, y la exposición fáctica y jurídica que la sustenta no contiene
argumento alguno que desarrolle o explique por qué, a juicio de la accionante, la
providencia dictada el 23 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (o la dictada en primera instancia por el Juzgado 26 Administrativo
Oral de Bogotá): i) adolece de un defecto orgánico, sustantivo, fáctico o
procedimental; ii) careció de motivación o iii) fue expedida mediante un error
inducido, con desconocimiento del precedente o con violación directa de la
Constitución Política.
27. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito de
la relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la
autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales
e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces14.
28. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber15: i) Que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
29. Revisada la demanda, se evidencia que la señora Mariela de Jesús Vasco
acudió a la acción de amparo con el propósito de reabrir el debate jurídico en torno
a la viabilidad de las medidas cautelares solicitadas en el proceso ejecutivo 11001-
33-35-026-2014-00463-00 y emplear el presente mecanismo constitucional como
una suerte de tercera instancia para cuestionar el razonamiento jurídico efectuado
14 Corte Constitucional, Sentencia T–422 del 16 de octubre del 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Referencia: Acción de Tutela
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 26 Administrativo Oral
de Bogotá en las providencias que se abstuvieron de decretar tales medidas.
30. Esa intención inequívoca dirigida a obtener un nuevo análisis de lo debatido en
sede judicial ordinaria se extrae de lo manifestado en varios apartados del escrito de
tutela, de los cuales se resaltan los siguientes [transcripción textual]:
“24. Se tiene que los argumentos de la suscrita en el recurso presentado, con el
fin de que se ACEDA A LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO, se arguye
básicamente en: (…)
25. Como puede verse, ya se agotaron todos los recursos con los que contaba para
que el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA M.P. DRA. BEATRIZ HELENA ESCOBAR ROJAS revocara su
decisión y en consecuencia procediera a DECRETARSE LA MEDIDA CAUTELAR DE
EMBARGO de las cuentas de la ejecutada LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICIA NACIONAL, por lo que no me quedan más mecanismos
ordinarios a los cuales acudir más que a la ACCIÓN DE TUTELA.
26. Como bien se explicó en el recurso, en el caso que nos ocupa, si se cumplen
los requisitos de la H. Corte Constitucional para poder embargar las cuentas
públicas del Estado, puesto que el titulo ejecutivo ES CLARO, EXPRESO Y
EXIGIBLE, el segundo requisitos es satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral
siendo los dineros desprendidos de derechos pensionales caracterizados de origen
laboral, y finalmente el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad
jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias; por lo que
no se entiende entonces la posición inequívoca asumida por la accionada TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA
M.P. DRA. BEATRIZ HELENA ESCOBAR ROJAS, decisión que a todas luces me
perjudica mis derechos fundamentales.
(…)
30. Por lo anterior, y de acuerdo con los hechos narrados y con el fin de proteger los
derechos fundamentales a LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MINIMO VITAL, A LA
SEGURIDAD JURIDICA, A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD, AL DEBIDO PROCESO JUDICIAL Y A LA IGUALDAD que me fueron
vulnerados, es la ACCION DE TUTELA EL MECANISMO IDONEO ante el juez
constitucional con el fin de que impartan órdenes al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA M.P. DRA.
BEATRIZ HELENA ESCOBAR ROJAS, y en consecuencia emita un nuevo
pronunciamiento teniendo en cuenta los argumentos del recurso y los esbozados
en la presente tutela, y revoque la decisión de EL JUZGADO VEINTISÉIS
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C en auto con fecha del 22 de
agosto de 2023 en el que SE NEGO EL DECRETO DE LA MEDIDA DE EMBARGO
de las cuentas que posa la ejecutada LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICIA NACIONAL y en las que hayan dineros para pagos de
conciliaciones y sentencias judiciales.
(…)
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Referencia: Acción de Tutela
La sentencia C-1154 de 2008 al analizar la constitucionalidad del artículo 21 (parcial)
del Decreto 28 de 2008[25], señaló que el Acto Legislativo n. 4 de 2007 modificó
aspectos del Sistema General de Participaciones como resultado de una mayor
preocupación de parte del Constituyente “por asegurar el destino social y la inversión
efectiva de esos recursos”, por lo cual se incorporaron medidas en la Constitución
tendentes a adoptar mecanismos de control y seguimiento al gasto ejecutado con
dichos recursos, y asegurar el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad en los
sectores de educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Lo anterior cambió
la noción sobre la inembargabilidad de recursos del Sistema General de
Participaciones de modo que solo de manera excepcional se permitió la adopción de
medidas cautelares.
(…)
En este sentido, la sentencia C-1154 de 2008 condicionó la constitucionalidad del
artículo 21 del Decreto 28 de 2008 a que se pudieran decretar medidas cautelares para
“el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia”, sobre
recursos de libre destinación y excepcionalmente sobre los recursos de destinación
específica. Sin embargo, no se contemplaron otros casos excepcionales que sí habían
sido admitidos por la jurisprudencia anterior.” (énfasis añadido)
31. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el
requisito de la relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es continuar
con el debate propuesto en el recurso de apelación contra el auto que negó las
medidas cautelares solicitadas en el proceso ejecutivo, lo cual escapa de la órbita de
intervención del juez constitucional, toda vez que la decisión acusada se sustenta en
los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.
32. En consecuencia, la Subsección considera que lo pretendido por la tutelante es
que se realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez
natural, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela16, dado que, como
lo ha señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un ‘juicio de
validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado17, lo que se opone
a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron
origen a la controversia”18.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
16 Corte Constitucional, Sentencia T-016 del 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-310 del 30 de abril 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-016 del 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicado:11001-03-15-000-2024-06530-00
Accionante: Mariela de Jesús Vasco
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
Vinculado: Juzgado 26 Administrativo Oral de Bogotá
Referencia: Acción de Tutela
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Mariela de Jesús Vasco, actuando en nombre propio, en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda, y el vinculado Juzgado 26
Administrativo Oral de Bogotá; por las razones que anteceden.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.
VF
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