Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06532-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06532-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06532-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06532-01
Actora: Maritza del Carmen Doria Babilonia
Demandados: Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) seguridad
social, iv) acceso a la administración de justicia, v) trabajo; y vi) estabilidad laboral
reforzada
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de
31 de enero de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, por medio del cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala
y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06532-01
Actora: Maritza del Carmen Doria Babilonia
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1.La actora, a través de apoderada, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, el Juzgado
al proferir la sentencia de 18 de agosto de 2023 y el Tribunal al proferir la sentencia de
16 de mayo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
11001-33-42-053-2019-00325-01, vulneró sus derechos fundamentales indicados
supra.
Presupuestos fácticos
2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en síntesis,
son los siguientes:
3.Expresó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovió demanda contra el Instituto Nacional de Salud, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución núm. 0112 del 1º de febrero de 2019, por medio
del cual dio por terminado su nombramiento en provisionalidad en el cargo de
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 20.
4. El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia de 18 de agosto de 2023, resolvió negar las pretensiones de la demanda.
5. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 16 de mayo de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 18 de agosto de 2023, proferida por el
Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Sin emitir condena en costas en esta instancia […]”.
6.Como fundamento de su decisión consideró que:
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“[…] De las normas y la jurisprudencia trascritas, concluye la Sala que el nombramiento
provisional constituye una de las modalidades de provisión transitoria y excepcional de
empleos de carrera; y que su finalidad es la de garantizar la eficiencia en la función
administrativa ante la vacancia de un empleo público y propender por alcanzar los fines
esenciales del Estado, mientras este se asigna en propiedad conforme a las formalidades
de ley o cesa la situación administrativa que originó la vacancia temporal.
Igualmente, se tiene que el retiro de estos provisionales, los cuales, si bien no tienen un
fuero absoluto de estabilidad en el empleo, la legislación y la jurisprudencia les ha
asignado una estabilidad relativa que implica entre otros aspectos, la existencia de unas
causales de retiro y de unos requisitos para el mismo, entre los que se encuentra la
necesidad de motivación del acto administrativo que así lo disponga.
Así pues, los actos administrativos que retiran del servicio a un empleado provisional,
conforme el estudio realizado en precedencia, deben ser motivados […]”.
[…]
“[…] Adviértase como la accionada justificó su decisión en el acatamiento a lo ordenado
por esta misma Corporación en sede de tutela, pero además a lo dispuesto por la CNSC,
quien mediante Resolución 20182110115175 de 15 de agosto de 2018, conformó la lista
de elegibles para la provisión del cargo desempeñado por la actora; por lo cual el acto
está correctamente motivado con una causa legal, cual fue la necesidad de proveer el
cargo con un elegible.
Respecto del argumento del recurso de alzada, y que se soporta en la desprotección del
hecho de la condición de prepensionada, acusando a la administración de no adelantar
las acciones afirmativas necesarias para extender en el tiempo el vínculo laboral; se
advierte que, tal aserto no corresponde a la realidad, por cuanto la administración si ejerció
acciones afirmativas con el propósito de mantenerla en su cargo.
En efecto, el acto administrativo que dio por terminado su nombramiento en
provisionalidad se refirió puntualmente a su situación de prepensionada y a las acciones
afirmativas adelantadas por la entidad, las cuales acepta la demandante […]”.
[…]
“[…] Lo anterior se reitera, es admitido por la actora en el recurso de apelación, señalando
que efectivamente no existe en la entidad un cargo con su perfil dentro del sector no
misional, pero indicando que, conforme la sentencia T-063 de 2022 emitida por la Corte
Constitucional, la accionada faltó a su deber de agotar todas las posibilidades de
protección de sus derechos.
Respecto de dicha providencia invocada a su favor por la actora, debe indicarse que,
contrario a lo entendido por la actora, se resolvió amparar los derechos fundamentales de
un prepensionado reintegrándolo pero condicionado a la existencia de un cargo igual o
superior “siempre que este exista vacante o se de una vacante a futuro”, es decir, ratificó
su posición de respeto al mérito. Y como viene indicado la entidad demostró que no existía
en la entidad un cargo disponible para realizar nombramiento provisional a la actora, ya
que no cumplía con los perfiles y requisitos de las vacantes que existían a su interior; lo
cual así se infiere por cuanto no fue discutido por la interesada.
Igual criterio se expuso en la sentencia T-443 de 2022 donde con ponencia de la Dra.
Diana Fajardo Rivera se ampararon derechos fundamentales de un prepensionado, en lo
siguientes términos: […]”.
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Actora: Maritza del Carmen Doria Babilonia
[…]
“[…] Adviértase como esta sentencia es clara en el deber de incorporar a la prepensionada
en un “cargo similar vacante”, y en el evento de no poder serlo en el mismo Despacho
donde prestaba sus servicios, lo sería en otro de la misma Institución, situación que en
nada se parece a la del caso bajo análisis, pues se ha manifestado por la accionada y
aceptado por la actora, que no existe dentro de la planta del Instituto Nacional de Salud,
cargo similar para el que la actora cumpliera requisitos, y pretender que los mismos se
moderen flexibilicen, resulta improcedente por cuanto sería atentar contra el manual de
planta y funciones de la entidad.
Así las cosas, no sólo se dejó consignado en el acto de retiro que, como acción afirmativa
se verificó la disponibilidad de plazas para reubicación de la actora, sino que como se
estudió, el Decreto 648 de 2017 es claro en que las acciones de protección operan cuando
la lista es inferior a las vacantes, lo cual no ocurrió; y en todo caso correspondía a la actora
demostrar que existía en la planta de la entidad un cargo vacante en el cual se le pudo
haber reubicado, y por el contrario acepta en su recurso, que aquel no existía.
Lo fundamental y que se destaca es que, de todas maneras, existió una causa legal para
el retiro de la actora, como fue la provisión de su cargo con una elegible por mérito, lo que
se constituye en una motivación suficiente que blinda de legalidad el acto administrativo;
por cuanto se insiste en que frente a las condiciones de vulnerabilidad, como
discapacitados o prepensionados, entre otros, cabe brindar protección, pero que las
mismas no podrán enervar los derechos de carrera de personas en listas de elegibles que
hayan superado un concurso de méritos, ya que de esta manera se privilegia el derecho
fundamental de acceso a la administración pública […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7.La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Comedidamente solicito a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado conceder el amparo de los derechos fundamentales del señor MARITZA DEL
CARMEN DORIA BABILONIA a la igualdad, al trabajo, a la administración de justicia a
la estabilidad laboral reforzada, la seguridad social y el debido proceso; y que en sede
de juez constitucional:
1. Ordene al Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá
dejar sin valor ni efecto la sentencia No. 081 del 18 de agosto de 2023 proferida dentro
del expediente con radicado 11001334205320190032500.
2. Ordene a la Sección Segunda-Subsección "A" del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dejar sin valor ni efecto la sentencia emitida el 16 de mayo de 2024 dentro
del expediente con radicado 11001334205320190032501.
3. Ordene al Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá
emitir una nueva decisión frente a las súplicas de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por la señora Maritza del Carmen Doria
Babilonia, dando correcta interpretación al criterio jurisprudencial dispuesto en la
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Sentencia SU 446 de 2011, aplicable al caso, en el sentido de considerar todas las
opciones viables jurídicamente para garantizar los derechos de la prepensionada […]”.
Actuación
8.El Despacho sustanciador de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto de 28 de noviembre de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii)
ordenó notificar al Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y a
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
y iii) vinculó como terceros con interés legítimo, al Instituto Nacional de Salud y a la
señora Claudia Patricia Carreño Rivera, concediéndoles el término de dos (2) días para
que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá señaló que:
“[…] En atención a su providencia proferida en la radicación de la referencia, notificada a este
Juzgado por correo electrónico en el día 3 de diciembre de 2024, procedo a solicitar que se
declare improcedente la acción por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, en la medida
que el interés de la accionante es utilizar la herramienta constitucional como una tercera
instancia, para insistir en su teoría respecto de la correcta interpretación de la Jurisprudencia,
pretendiendo que en sede constitucional se adelante el control de legalidad del acto
administrativo respecto del cual ya hubo pronunciamiento en primera y segunda instancia,
pues todo el interés es hacer variar la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, sección Segunda, Subsección A, que confirmó la decisión
proferida por este Juzgado […]”.
10.La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
afirmó que:
“[…] Estando dentro del término concedido en el auto de 28 de noviembre de 2024 que me
fuera notificado el 3 de diciembre del año en curso, me permito rendir informe requerido
remitiéndome para ello a las consideraciones que en su momento se expresaron en la
sentencia de segunda instancia firmada por la Sala de decisión, que la actora pretende discutir
a través de la acción constitucional […]”.
11.La señora Claudia Patricia Carreño Rivera expresó lo siguiente:
“[…] Se ha reconocido tanto por la primera y segunda instancia judicial como por la parte
demandante que no puede atentarse contra mi derecho a la inamovilidad en la condición
de funcionario de carrera, al desempeño efectivo de mis funciones, legalmente obtenido a
través de la meritocracia constitucionalmente reconocida, tal como se evidencia, entre
otros, en el escrito de tutela presentado por la demandante en apartes como el siguiente;
“Así las cosas, es claro que la interpretación que le dio la Sala accionada es totalmente
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contraria a la finalidad del precedente vigente y de los postulados constitucionales, pues
aunque en ningún momento se pretendió o se instó a que la entidad desatendiera las
normas de orden público y la orden judicial que la obligaba a nombrar a la ganadora del
concurso de méritos en su cargo, lo que se esperaba de la Administración era que tomara
las acciones necesarias para proteger los derechos fundamentales aquí resaltados de la
accionada”.
7. No tengo ni tuve nada que ver con la vinculación transitoria provisional de la señora
Maritza del Carmen Doria Babilonia, ni tampoco con su desvinculación.
8. Deseo manifestar igualmente que no poseo ninguna competencia, ni nada que añadir a
la petición de la señora Maritza del Carmen Doria Babilonia para ser vinculada a través de
un contrato de prestación de servicios, tal como lo pide la demandada.
9. Se respete la confianza legítima generada por el nombramiento en propiedad,
manteniendo todos los derechos inherentes al mismo […]”.
12.El Instituto Nacional de Salud guardó silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
13.La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de
tutela, en primera instancia, el 31 de enero de 2025, por medio de la cual resolvió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por la
señora Maritza del Carmen Doria Babilonia de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia. […]”.
14.Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito de
relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir el
análisis efectuado por las autoridades accionadas dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-42- 053-2019-
00325-00/01, como si este mecanismo fuera una instancia adicional, según se explicará.
4.3. Maritza del Carmen Doria Babilonia alegó, en esencia, que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en un defecto sustantivo al estimar que el INS no pudo reubicarla
por ausencia de un cargo vacante similar al que venía desempeñando, cuando debió
brindar diversas alternativas para garantizar su pensión […]”.
[…]
“[…] Luego de lo relatado, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos planteados al interior del proceso
ordinario, discusión que finalmente se traduce en la interpretación personal y particular
que hace de la sentencia SU-446 de 2011.
Se advierte que en el proceso ordinario el Tribunal accionado específicamente señaló
que existió una causa legal para el retiro de la actora, esto es, la provisión de su cargo
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con una persona elegible por mérito y, específicamente, se verificó que no había
disponibilidad de plazas para la reubicación de la actora, que atendieran a su perfil
profesional, pues a pesar de existir dos cargos de Profesional Especializado Código 202
Grado 20, correspondían al personal de la salud, mientras que el cargo que ocupaba la
actora era del sector administrativo. En suma, la accionante no discutió que existieran
vacantes similares o equivalentes a la que venía ocupando, sino que las autoridades
judiciales debieron explorar nuevas alternativas para continuar vinculada con el INS.
Las referidas consideraciones permiten a esa Subsección concluir que se trata de un
debate culminado, respecto del cual la parte actora, a través del escrito de tutela,
pretende continuar discutiendo un aspecto ya definido por la autoridad judicial
competente, sin presentar argumentos con relevancia constitucional que permitan entrar
al análisis de fondo, más allá de su inconformidad con la decisión adoptada por el juez
natural del asunto. 4.6. Resulta claro que la parte accionante pretende utilizar la acción
de tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas
contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar con ocasión de la
interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo cual
el asunto sale de la competencia del juez constitucional […]”.
La impugnación
15. La actora1, obrando mediante apoderada, impugnó la sentencia proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado por las siguientes razones:
“[…] Por otro lado, y como se advirtió desde el inicio de esta acción con el escrito
primigenio de tutela, claramente en este caso se involucran múltiples aspectos de
relevancia constitucional teniendo en cuenta que con la decisión que se tome con esta
acción se garantizaría la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución, como fin esencial del Estado, y a la vez, se pueda definir una postura
jurisprudencial, como garantía de igualdad en el trato jurídico, los principios de seguridad
jurídica y de confianza legítima, respecto al entendimiento acertado y el alcance que debe
predicarse de una decisión que si bien fue tomada por la Alta Corporación Constitucional
tiene incidencia directa y es utilizada como fuente de derecho en los asuntos de
conocimiento de la jurisdicción administrativa, de la cual este es el órgano de cierre.
Así, basta detectar los desaciertos en que incurrieron las autoridades judiciales
accionadas para precisar que lo decidido supone la afectación de derechos inalienables
de la accionante como la igualdad, el trabajo, la estabilidad laboral reforzada, entre otros;
y que constituyen el foco de este amparo, ya que lo que se cuestiona por esta vía son los
medios a través del cual los Juzgadores de instancia formaron su convencimiento e
interpretaron las normas aplicables a la materia, configurando en realidad un defecto
sustantivo.
La Sala sostiene que lo que se pretende aquí es derruir la constitucionalidad de las
providencias entuteladas porque tenemos una “interpretación personal y particular (...) de
la sentencia SU-446 de 2011”, y frente a este punto es menester resaltar que, contrario a
lo que se da a entender, en la acción de tutela incoada muy juiciosamente se expuso que
el defecto que se endilga a las providencias es el sustantivo, el cual según abundante
jurisprudencia constitucional precisamente consiste en que la interpretación dada por el
operador no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes.
1 Transcripción literal del texto.
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Actora: Maritza del Carmen Doria Babilonia
Así las cosas, si se reducieran a opiniones personales todas las interpretaciones que a
cierta norma o precedente jurisprudencial los usuarios de la justicia pongamos a
consideración del Juez de tutela, sin ciertamente este entrar a analizar y valorar de fondo
el asunto, nunca se podría dar por configurado un defecto sustantivo y sería inocua la
posibilidad de presentar estas acciones constitucionales […]”.
[…]
“[…] Por otro lado, este Despacho aduce que en esta acción no se presentaron
argumentos relevantes que permitan entrar a analizar de fondo la decisión atacada ya
que “la accionante no discutió que existieran vacantes similares o equivalentes a la que
venía ocupando, sino que las autoridades judiciales debieron explorar nuevas alternativas
para continuar vinculada con el INS”
Respecto a ello, una vez más me permito destacar que el amparo solicitado en este caso
consiste en que se revise la constitucionalidad de las providencias atacadas por
considerarse que el precedente jurisprudencial que se aplicó, fue aplicado dándose una
interpretación restrictiva y claramente perjudicial para los intereses legítimos de la señora
Doria Babilonia.
En ese orden de ideas, dada la fuerza vinculante bien conocida de la jurisprudencia de
todas las Altas Cortes de nuestro ordenamiento jurídico la cual proviene del imperio de la
ley, no podía exigírsele a la accionante ni en el medio de control tener que plantear a sus
operadores judiciales todas las posibilidades jurídicas a las que debían acudir para
respetar sus derechos, máxime cuando la aplicación de medidas afirmativas de
protección, es un deber que ha sido impuesto a la administración por la jurisprudencia
constitucional desde la sentencia SU-446 de 2011.
De tal forma que este fallo se aleja de las sendas del constitucionalismo garantista al
negar el amparo a la actora arguyendo que esta no discutió la existencia de vacantes
similares o equivalentes a las que venía ocupando, pues las diversas opciones con las
que cuentan las entidades de empleo público para realizar sus movimientos de personal
se encuentran en la ley, y era más bien deber de las accionadas analizar si el Instituto
Nacional de Salud verdaderamente agotó todas las alternativas jurídicamente válidas
para evitar el desamparo de los derechos de la empleada en provisionalidad. Bajo esa
óptica, siendo los anteriores presupuestos los que comportan la trasgresión de los
derechos fundamentales de la accionante y este el medio idóneo para la efectividad de lo
pretendido, dejo fundamentada mi impugnación al fallo de tutela indicado arriba […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los
artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política;
en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 3 y con
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna a esta sección
el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta
de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio,
para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
18. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.
19.Para resolver el anterior problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i)
procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii)
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la seguridad social; vii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; viii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada; ix) análisis del
caso concreto y finalmente las x) conclusiones de la Sala.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
20.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez
Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena 5, en
sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el
estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias
judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias
de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina
judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
21.Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590
de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás
pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
22.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii)
el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio
irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una
irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v)
la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el
proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
23.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración
de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en
primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo
término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la
decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
24.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de
procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
25.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela en el caso concreto
26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
27.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014 10, al
referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional, sostuvo lo
siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos
de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para
evitar que se convierta en una tercera instancia.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10 Ut supra página 6.
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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de
esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional
de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la acción de tutela
se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de
las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la actora
tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez
pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente
el amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una
instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se
derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por
medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia
constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar
a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la
causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho
fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la
especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del
recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución,
para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de
amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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de mera legalidad [15]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia
constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así
por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido
proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido
proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la
Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a presentar
y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa
técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de
predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la
publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto
que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el
equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone
un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”.
(Resaltado por la Sala).
28.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto objeto de debate sea
de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a consideración de
esta Corporación, revista una gran trascendencia para la interpretación del estatuto
superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo eficaz, así como para la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.”19
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia de
la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios, un asunto
de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –Sala
Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que
trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago de
la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la misma,
retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el asunto
que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun haciendo una
interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto con las disposiciones
constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la igualdad), artículo 25
(derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social) y el artículo 53 (derecho a
la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno y reajuste de las pensiones)
del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que el contenido de dicho artículo,
por el sólo hecho de derivarse de postulados constitucionales no tiene ‘per se’ vocación
de derecho fundamental.”20
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo en
cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera sumariamente,
un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de relevancia constitucional
que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en cuenta que los jueces ordinarios
laborales reconocieron la indexación de la mesada pensional y negaron, bajo argumentos
sólidos y no caprichosos, los intereses moratorios sobre la indexación […]”.
29.En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii)
cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa
mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los derechos
fundamentales.
30.La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221 precisó, en relación con
el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional, cuáles eran
los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria
o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
20 Ibidem.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del
caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo
esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación
de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo
a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está
construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de
una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja
su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de
relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente
económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado
o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias
en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se
puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de
tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento
de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la
relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y
no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no
se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de
una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración
a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional […]». (Resaltado por la Sala).
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia
31. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha entendido el derecho de acceso a la
administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las personas de
poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de
naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la
determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías
sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al debido proceso,
como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de
las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
22 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
23 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado
derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro
del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada
juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas
el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al
debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material
de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación
de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos
1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
35.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
36.Atendiendo a que la Corte Constitucional24 ha entendido que el derecho a la igualdad
“[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre
los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el
carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso
de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de
discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las
leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la
Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la
prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que
24 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
37.Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la
forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su
poder adquisitivo constante […]”.
38.De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la seguridad
social ha dicho lo siguiente:25
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio público
de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del
Estado26.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a
las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la
materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad
de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal
consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo”27. Su
fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad humana en virtud del cual “resulta
posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que les
25 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
26 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que
comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
27 Sentencia T-173 de 2016.
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obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente
recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos”28 […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
39. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas […]”.
40. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha dicho
lo siguiente29:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho y
como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho al
trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad jurídica; un
derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de él la
persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el
ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo
que se proporciona los medios indispensables para su congrua subsistencia y además
desarrolla su potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la
actividad que lo pone en contacto productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja en la
especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de protección
subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el ejercicio legislativo
(artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado en la
promoción de políticas de pleno empleo (artículo 334) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada
41. Visto el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:
“[…] El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
28 Ibídem.
29 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de
las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad […]”. (Resaltado por la Sala).
42.Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha definido el derecho a la estabilidad
laboral reforzada, como “[…] el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido
en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se
requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve la
desvinculación del mismos y; (iv) a que la autoridad laboral competente autorice el
despido, con la previa verificación de la estructuración de la causal objetiva, no
relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador, que se aduce para dar por
terminado el contrato laboral, so pena que, de no establecerse, el despido sea declarado
ineficaz […]”.
Análisis del caso concreto
43. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, el Juzgado
al proferir la sentencia de 18 de agosto de 2023 y el Tribunal al proferir la sentencia de
16 de mayo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
11001-33-42-053-2019-00325-01, vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.
44.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa
de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
45.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código
General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda,
30 Corte Constitucional, Sentencia T- 320 de 21 de junio de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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en relación con los problemas jurídicos planteados en el escrito de tutela y en la
impugnación.
Acervo y análisis probatorios
46.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
46.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 16 de mayo de 2024.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
47.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que la
jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional. El
actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente31:
“[…] En nutrida jurisprudencia constitucional se ha determinado que se configura un
defecto sustantivo en una providencia judicial cuando el operador, a pesar de la
autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación
final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una
de las partes, o cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada,
sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la
decisión judicial.
Definidos los contomos de este defecto, tenemos que las sentencias contra las que se
incoa esta acción de amparo adolecen de un defecto sustantivo como pasará a
explicarse.
Encontramos que en el medio de control adelantado por la accionante contra el Instituto
Nacional de Salud, tanto el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá como la Sección Segunda -Subsección "A" del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca coinciden en sus fallos en que está plenamente
demostrada la calidad de prepensionada de la señora Doria Babilonia, empero, a su
juicio, la Entidad procuró de todas las maneras posibles la protección del derecho a la
estabilidad laboral reforzada que le asistía a la actora, pero fue imposible por no existir
ningún cargo vacante y similar al que ella desempañaba.
31 Transcripción literal del texto.
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Esta posición y criterio interpretativo transgrede de manera flagrante los principios
superiores que le asisten a mi poderdante, pues alejándose de la óptica garante
iusfundamentalista y de la interpretación teleológica de las fuentes de derecho a las que
ellos mismos apelaron para resolver el caso, a saber, el precedente establecido por la
Sentencia SU-446 de 2011 y demás normas que regulan las circunstancias que rodean
la a provisión definitiva de los empleos de carrera; pretermitieron analizar si el Instituto
Nacional de Salud verdaderamente agotó todas las alternativas jurídicamente válidas
para evitar el desamparo de los derechos de la empleada en provisionalidad […]”.
[…]
“[…] Resáltese que en el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017,
se establecen diversas opciones con las que cuentan las entidades de empleo público
para realizar sus movimientos de personal. Sumado a ello, la Ley 80 de 1993 establece
el contrato estatal de prestación de servicios como instrumento para desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Adicionalmente, no existe en el ordenamiento jurídico disposición alguna que impida que
se tome como medida afirmativa la opción de que la entidad nominadora, ante la
imposibilidad de reubicar al empleado en provisonalidad, realice el pago de aportes a
pensión en favor de este hasta que cumpla los requisitos que acrediten la condición de
pensionado y sea incluido en nómina.
Es clarísimo entonces que la entidad demandada contaba con un catálogo de posibles
soluciones respaldadas por lo indicado por la Corte Constitucional en la jurisprudencia
por ellos mismos citada. Inclusive, se trac a colación un caso de contornos fácticos
similares resuelto por la misma Corporación en el que fue más allá de buscar una
protección inmediata y preservó sus derechos, aunque fuera a mediano plazo, de la
siguiente manera: […]”.
[…]
“[…] En tales términos, no se comprende cómo los operadores judiciales accionados
afirman sin dubitación que la demandada no contaba con una alternativa que le
permitiera garantizar los derechos fundamentales tanto del aspirante que debía ser
nombrado en carrera como de la demandante, y que, a su vez, la administración sí
ejerció acciones afirmativas con el propósito de mantenerla en su cargo, si basta con
analizar el contenido de la Resolución No. 112 de 2019-acto administrativo con el que
se termina el nombramiento provisional de la actora para notar que antes de proceder a
la desvinculación de la señora Doria Babilonia ni siquiera mencionan cuáles fueron las
acciones afirmativas que intentaron realizar para evitar la vulneración de sus derechos,
más bien se limitan a señalar en su parte considerativa "Que el Instituto Nacional de
Salud expidió la Circular No. 0016 con fecha 07 de septiembre de 2018 por medio de la
cual se establecieron las Acciones Afirmativas de Protección Especial", y, al revisar la
mencionada circular, esta tampoco establece ninguna medida de protección para este
grupo de sujetos, sólo describe los requisitos y circunstancias que se deben acreditar
ante la entidad para obtener dicha protección […]”.
48.Para la Sala el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en la
vulneración de los derechos fundamentales.
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Actora: Maritza del Carmen Doria Babilonia
49.Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los derechos
fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez
que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
50.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración de un
derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de un
defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito general
de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
51.La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita, no
tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se encuentra
limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez natural.
52.Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
53.En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca cuestionar el
criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada, es decir, la actora
acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio jurídico del juez natural
y reabrir un debate legal en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
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derecho, el cual escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es
cierto, la actora alega la vulneración de los derechos fundamentales indicado supra, el
criterio de la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino
mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración
del mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
54.Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la seguridad
social y a la estabilidad laboral reforzada enunciados por la actora, no se evidencian en
el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso.
Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que
amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho
fundamental de un sujeto de especial protección constitucional.
55.En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la tutela
contra una providencia judicial.
56.De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
57. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de
esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 31 de enero de 2025
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
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Actora: Maritza del Carmen Doria Babilonia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 31 de enero de 2025 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Ausente con permiso
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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