Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06535-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06535-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06535-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de enero de 2025
Demandante: Ligia María Sequeira Socarras
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06535-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintitrés [23] de enero de dos mil veinticinco [2025]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06535-00
Demandante: LIGIA MARÍA SEQUEIRA SOCARRAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas: Tutela de fondo. Petición copia expediente ordinario.
Radicación en canal deshabilitado. Niega amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Ligia María Sequeira Socarras, en nombre propio, presentó acción
de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia y «mora
judicial».
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas por el
Tribunal Administrativo del César, con ocasión a que, a la fecha de radicación
de la presente acción constitucional, la autoridad judicial no ha dado respuesta
a la petición elevada el 17 de septiembre de 2024, mediante la cual solicitó
copia del expediente del medio de control de reparación directa identificado
bajo el radicado 20001-23-15-000-2002-01013-00.
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Demandante: Ligia María Sequeira Socarras
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
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1.2. Pretensiones
Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
Solicito respetuosamente a la Sección 3° de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado que se sirva amparar mis derechos
fundamentales a la petición, debido proceso, acceso a la administración de
justicia y mora judicial para que se le ordene al Tribunal Administrativo del
Cesar dar respuesta de fondo, clara y congruente a la petición radicada el
17 de septiembre de 20241.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El 17 de septiembre de 2024 la señora Ligia María Sequeira Socarras presentó
una petición al Tribunal Administrativo del Cesar, en la cual solicitó información
con relación al expediente del medio de control de reparación directa
identificado bajo el radicado 20001-23-15-000-2002-01013-00 y, a su vez, una
copia del mismo. Sin embargo, a la fecha de presentación de la solicitud de
amparo no había obtenido respuesta.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el sub examine la parte actora expuso que se le vulneró sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de
justicia debido a que presentó una petición ante el Tribunal Administrativo del
Cesar en la que solicitó información y copia del expediente identificado con el
radicado 20001-23-15-000-2002-01013-00. Sin embargo, no obtuvo respuesta
alguna por parte del despacho judicial.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 2 de diciembre de 2024 el Despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora y al Tribunal Administrativo
del Cesar. Además, vinculó al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, para que, si lo consideraba del caso, interviniera en el presente trámite
constitucional en condición de tercero interesado.
1 Transcripción textual incluyendo posibles errores.
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1.6. Intervención
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó el siguiente informe:
1.6.1. Tribunal Administrativo del César
Mediante informe secretarial enviado el 9 de diciembre de 2024, la autoridad
judicial manifestó que la petición fue remitida al correo electrónico
des03tadmv@cendoj.ramajudicial.gov.co, dirección «el cual no se encuentra
habilitado desde el 02 de diciembre de 2023», por esta razón no llegó
satisfactoriamente al despacho judicial.
Indicó que solo tuvo conocimiento de la petición hasta el 6 de diciembre de
2024, fecha en la cual se dio por notificado de la presente acción de tutela.
Asimismo, manifestó que «no se puede acceder a la solicitud, toda vez que no
existe trámite con la radicación que se indicó por la peticionaria» y señaló que
después de verificar el aplicativo Samai, «se encontró que la Sra. LIGIA MARÍA
SEQUEIRA SOCARRAS, aparece como demandante en el proceso con
radicación 2000133310062009005800, el cual fue tramitado por el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por la señora Ligia María Sequeira Socarras contra el
Tribunal Administrativo del Cesar de conformidad con el Decreto 2591 de 1991,
el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Tribunal Administrativo
del Cesar vulneró el derecho fundamental de petición de la señora Ligia María
Sequeira Socarras con ocasión a que, a la fecha de radicación de esta tutela,
la autoridad accionada no había dado respuesta a la solicitud de copia e
información del expediente del medio de control de reparación directa 20001-
23-15-000-2002-01013-00.
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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, (iii) del derecho
de petición en actuaciones judiciales (iv) y el análisis del caso en concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es
decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2.
2.4. Del derecho de petición
La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho:
«El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».
Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
2 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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el artículo 14 de la Ley 1755 de 20153, que señala 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto
y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el
particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado
por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide
que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses
del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena
de la respuesta dada.4
3 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755
de 2015, que señala:
«ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de
las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10)
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días
siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando
a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto».
4 Sentencia T-149/13, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de
ello […] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que
cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud
por el solicitante».
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:
[…] i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos
a la información, a la participación política y a la libertad de expresión5; ii) su
contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta
y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades,
sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la
respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base
de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo6.
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del
derecho subjetivo.
2.5. Derecho de petición en actuaciones judiciales
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al
5 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la
sentencia T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
6 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
6
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señalar que existen dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los
operadores de justicia: (i) aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan
de conformidad con el procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley,
y (ii) las generales que no tienen incidencia en el contradictorio y que están
reguladas en el Título 2º de la Ley 1437 de 2011. En efecto, esta Sección en
sentencia del 25 de enero de 20187, señaló:
La Corte Constitucional8 y esta Corporación9 de manera reiterada han señalado
que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un
alcance diferente que implica limitaciones, por ello, se ha especificado que deben
diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales pueden
ser de dos clases:
(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto;
y
(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l derecho
de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar
a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales“, ya que esta es
una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de
acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.
2.5. Caso concreto
2.5.1. En el sub examine la accionante alegó que el Tribunal Administrativo del
Cesar vulneró su derecho fundamental de petición, comoquiera que, al
momento de presentar la acción de tutela, la autoridad judicial no había resuelto
la solicitud de copias radicada el 17 de septiembre de 2024.
7 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de
25 de enero de 2018. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
8 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de
13 de julio de 2017. Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de
2018. C.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00.
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En este punto es importante precisar que si bien la expedición de copias es un
procedimiento que se encuentra establecido en el artículo 11410 del Código
General del Proceso, este no contempla un término para efectuarlo. Es por ello
que, en casos como el que se analiza en el presente asunto, a través de los
cuales se solicitó la expedición de copias, la Sala ha determinado que el estudio
de la acción de tutela procede a la luz del derecho fundamental de petición de
solicitud de documentos, toda vez que se trata de una función administrativa,
que es ajena a la litis o impulsos procesales11.
Ahora bien, del material probatorio allegado al expediente, se advierte que el 9
de diciembre de 2024, la accionante recibió una respuesta de parte del
despacho judicial en la que se le explicó mediante informe secretarial que la
dirección electrónica des03tadmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co se
encuentra deshabilitada desde el 2 de diciembre de 2023, como se puede
observar a continuación
10 «ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del
expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de
las reglas siguientes:
1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice.
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán
constancia de su ejecutoria.
3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo pida el
interesado.
4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un
recurso o de cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si
careciere de ellos, será de cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción dentro
de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ordene, so pena de
que se declare desierto el recurso o terminada la respectiva actuación.
5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas de
oficio o a solicitud de parte».
11 Ver las siguientes sentencias proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado: (i) 20
de enero de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado 11001-03-15-000-2021-10797-
00; (ii) 24 de febrero de 2022 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicado 11001-03-15-000-2022-
00551-00; y (iii) 13 de mayo de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado 11001-03-
15-000-2021-01752-00.
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En este sentido, la Sala no advierte la vulneración del derecho fundamental de
petición de la actora, toda vez que la dirección electrónica en donde se radicó
no estaba habilitada para recibir y enviar mensajes. Es por esta razón que el
Tribunal Administrativo del Cesar no recibió la solicitud presentada por la
señora Ligia Maria Sequeira Socarras y, no fue sino hasta la notificación de la
presente acción constitucional que tuvo conocimiento donde logró explicarle a
la accionante que «En los sistemas de información de antaño (Justicia siglo
XXI) y los disponibles en la actualidad (Software SAMAI), no existe registro
alguno con la información requerida, esto es, proceso de reparación directa con
radicado 20001-23-15-000-2002-01013-00, que fue o se encuentre en trámite
en el Tribunal Administrativo del Cesar».
Recuérdese que, sobre este aspecto, en sentencia T-329 de 2011, la Corte
Constitucional explicó lo siguiente:
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Por lo anterior, es pertinente agregar que, si bien toda persona tiene derecho a
elevar solicitudes respetuosas ante la administración o contra particulares, es
requisito indispensable para obtener el fin perseguido con la acción de
tutela, demostrar así sea de forma sumaria, que se presentó la petición.
[…]
En este orden, no basta por tanto que el accionante afirme que su derecho de
petición se vulneró por no obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha
afirmación con elementos que permitan comprobar lo dicho, de modo que quien
dice haber presentado una solicitud y no haber obtenido respuesta deberá
presentar copia de la misma recibida por la autoridad o particular
demandado o suministrar alguna información sobre las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que acompañaron la petición, a fin de que el juez pueda ordenar
la verificación.12 (Se resalta).
De igual forma, es oportuno indicare que si bien el mismo 9 de diciembre de
2024, esto es dentro del trámite de la presente solicitud de amparo, la
accionante recibió de parte del despacho judicial el expediente mediante
archivo adjunto, no puede afirmarse una carencia actual de objeto por hecho
superado, toda vez que, se repite, no se demostró la vulneración o amenaza
del derecho fundamental de petición en tanto que la solicitud no se canalizó en
debida forma.
Finalmente, comoquiera que en las pretensiones se refirió una presunta mora
judicial en resolver la petición de copias, basta con precisar que es imposible
predicar una tardanza de la cual no se tiene un punto de partida, luego resulta
inocuo hacer mayor elucubración sobre el punto.
Con base en todo lo expuesto, la Sala descarta la vulneración del derecho
fundamental de petición de la señora Ligia María Sequeira Socarras, pues se
reitera que el Tribunal Administrativo del Cesar no recibió la petición y por lo
tanto no omitió el deber que se le impone a las autoridades públicas de
contestar las solicitudes que se presenten ante ellas.
12 Sentencia T- 767 del 12 de agosto de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición de la
señora Ligia María Sequeira Socarras.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días
siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SÚAREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co;8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
11
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