Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06538-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06538-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06538-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
2 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dos (2) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-06538-011
Demandante : Sandra Milena Corredor Buitrago
Demandados : Juzgado Doce (12) Administrativo de Tunja y Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 5
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad
Tema : Tutela contra providencia, reparación directa, perjuicios por
no pago de sentencia
Decisión : Sentencia de segunda instancia – confirma
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la accionante contra el fallo
de 31 de enero de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C2, que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
La demanda de tutela.
Sandra Milena Corredor Buitrago, quien actúa en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad, presuntamente vulnerados por el Juzgado Doce (12) Administrativo de
Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 5.
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Expediente digital disponible en Samai.
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C. P. Nicolás Yepes Corrales (E).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06538-01
Demandante: Sandra Milena Corredor Buitrago
Demandados: Juzgado Doce (12) Administrativo de Tunja y otro
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos los autos de (i) 11 de abril de 2024, por
medio del cual el Juzgado Doce (12) Administrativo de Tunja declaró probadas las
excepciones previas de «incapacidad jurídica o indebida representación del
demandado y haberse dado un trámite diferente al correspondiente,
propuestas por la vocera del PATRIMONIO AUT[Ó]NOMO DEL PAR CAPRECOM
EICE EN LIQUIDACI[Ó]N» y, en consecuencia, dio por terminado el proceso de
reparación directa que promovió contra esa entidad (expediente 15001-33-33-012-
2023-00023-00); y (ii) 10 de octubre del mismo año, por cuyo conducto el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 5 confirmó esa decisión. En su
lugar, pidió ordenar a las autoridades accionadas emitir un nuevo pronunciamiento
en el que se conceda la totalidad de las súplicas del aludido asunto ordinario.
Hechos3.
Relata la accionante que, el 24 de enero de 2023 promovió demanda de
reparación directa contra el PAR Caprecom Liquidado Administrado por la
Fiduprevisora S.A. (expediente 15001-33-33-012-2023-00023-00), encaminada al
reconocimiento de perjuicios derivados de la falta de pago total de la condena
impuesta en fallo de 21 de febrero de 2018, dictado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja – Sala Laboral, dentro del proceso con radicado 15001-
31-05-001-2014-00417-01.
Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Doce (12) Administrativo de
Tunja que, con auto de 11 de abril de 2024 declaró probadas las excepciones
previas de «incapacidad jurídica o indebida representación del demandado y
haberse dado un trámite diferente al correspondiente, propuestas por la
vocera del PATRIMONIO AUT[Ó]NOMO DEL PAR CAPRECOM EICE EN
LIQUIDACI[Ó]N» y, en consecuencia, lo dio por terminado, al considerar que,
frente a la primera, la entidad accionada se encontraba extinguida desde el 27 de
enero de 2017 y, en ese orden, no podía ser sujeto de derechos u obligaciones,
además, la Fiduprevisora S.A. solo podía conocer los procesos judiciales que
estuvieran en trámite para esa fecha; sin embargo, la demanda fue radicada en el
año 2023, por lo que, no podía ser asumida por aquella; y, en cuanto a la
segunda, como lo pretendido es el pago de una condena judicial, el medio idóneo
no era el de reparación directa sino el ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria.
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
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Demandante: Sandra Milena Corredor Buitrago
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Aduce que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación,
desatado el 10 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
de Decisión No. 5, en el sentido de confirmarla, comoquiera que «el PAR
Caprecom liquidado, cuyo vocero y administrador era Fiduprevisora S.A. no se
encuentra legitimado en la causa por pasiva en los procesos que se inicien con
posterioridad a la terminación del proceso de liquidación».
Sostiene que las providencias censuradas incurren en defecto sustantivo, dado
que:
(i) el argumento relacionado con que «el PAR CAPRECOM LIQUIDADO no tenía
capacidad para ser parte dentro de un proceso judicial ni “posibilidad alguna de
defenderse”, […] se cae por su propio peso teniendo en cuenta que […] se
encuentra debidamente representado por la FIDUPREVISORA S.A. [y,
adicionalmente] […] otorgó en debida forma poder para actuar» en las diligencias
ordinarias;
(ii) «lo reclamado […] NO corresponde a una [pretensión] nueva o […] con
posterioridad al proceso de liquidación de CAPRECOM EICE, sino que se trata de
una obligación que fue determinada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TUNJA, en sentencia del 21 de febrero de 2018, proceso que se
encontraba en curso antes de la terminación […] de [la] liquidación»; y
(iii) no es dable afirmar que «el trámite correcto para ventilar el presente asunto
sea el proceso ejecutivo regulado por el CGP, toda vez que no se pretende
únicamente el pago de la totalidad de la sentencia sino la declaratoria de
responsabilidad del estado en los términos del artículo 90 de la C.P además de los
correspondientes daños morales por el desgaste que se ha generado […] por el
incumplimiento deliberado de la parte demandada».
1.2 Contestaciones de la acción.
1.2.1 El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 54 solicitó
negar el amparo deprecado, por cuanto, en la decisión de segunda instancia
cuestionada, «se aplicaron las normas establecidas para el caso en concreto, por
4
Índice 00008 del expediente de Samai de primera instancia.
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Demandados: Juzgado Doce (12) Administrativo de Tunja y otro
lo que […] se debe mantener incólume por no evidenciarse alguna falla o
irregularidad en [su] contenido esencial».
1.2.2 El Juzgado Doce (12) Administrativo de Tunja5 solo se limitó a indicar las
direcciones de notificación de las partes dentro del proceso ordinario y a adjuntar
el respectivo link del expediente digital.
1.2.3 La Fiduprevisora S.A.6 informó que, «mediante el Decreto 2519 de 2015, se
ordenó la liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones
(Caprecom), concluyendo con el acta final de liquidación el 27 de enero de 2017»
y, pidió ser desvinculada de este mecanismo constitucional, en la medida en que
«NO se encuentra legitimad[a] en la causa por pasiva […], pues […] [son] el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ y el JUZGADO 12
ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA, quien[es] presuntamente vulnera[n los]
derecho[s] fundamental[es]» alegados por la demandante.
1.3 Providencia impugnada7.
Mediante fallo de 31 de enero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al
considerar que no cumple el requisito de relevancia constitucional, porque «los
cargos relacionados por la accionante […] corresponden con aquellos que fueron
expuestos en el escrito de apelación que radicó en el proceso ordinario en contra
del auto del 11 de abril de 2024 dictado por el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Tunja […], teniendo en cuenta que ha sido consistente en afirmar, por
un lado, que la entidad demandada estaba debidamente legitimada por pasiva con
ocasión del poder otorgado al apoderado de la fiduciaria para que administrara el
patrimonio en liquidación, […] y por otro, que sus pretensiones eran viables en la
medida en que buscaba el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento en
el pago de una obligación a su favor que le fue concedida mediante un fallo
dictado antes de la liquidación de la entidad».
Agregó que, «el defecto sustantivo que aduce incurrió la autoridad cuestionada y
que sustenta en un indebido análisis del asunto no guarda relación con lo
5
Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia.
4
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establecido por la Corte Constitucional respecto de su configuración8-9 y, […]
contrario a lo referido por la [actora], de la lectura de la providencia censurada se
pudo verificar que […] [se] explic[aron] con claridad las razones de su decisión».
Concluyó que «la solicitud de amparo se torna improcedente en la medida en que,
en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela
contra providencias judiciales exige que la accionante exponga sus argumentos en
el marco de los defectos ya establecidos para [su] procedencia […]; en otros
términos, que explique con suficiencia el porqué del posible yerro en el que
hubiere incurrido la autoridad cuestionada afecta sus garantías fundamentales»;
no obstante, la demandante «se limitó a enunciar criterios que a su juicio debió
tener en cuenta el Tribunal para que, en el caso concreto, […] tr[amitara el]
proceso desestimando el análisis que dio como resultado la declaración de las
excepciones y la terminación del proceso, sin explicar cómo el asunto afectó sus
garantías».
1.4 La impugnación10.
Inconforme con la anterior decisión, la tutelante la impugnó, para cuyo propósito
reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
En virtud de los artículos 3211 del Decreto ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo
8
La Corte Constitucional ha indicado que el defecto sustantivo (o material) se presenta, “(i) Cuando la decisión judicial tiene
como fundamento una norma que no es aplicable, ya que … (v) “a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio …” o “(ii). Cuando pese a la
autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del
margen de interpretación razonable o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de
forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del
marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”
9
“En las sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007 y T-086 de 2007, la
Corte Constitucional se ha referido al defecto sustantivo en el siguiente sentido: “(i)Cuando la decisión judicial tiene como
fundamento una norma que no es aplicable, ya que (i) no es pertinente, (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada,
(iii) es inexistente, (iv) ha sido declarada contraria a la Constitución, (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y
es constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre por ejemplo cuando
se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador. (ii). Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el
operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra
legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica
una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica
aceptable tal decisión judicial. (iii). Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga
omnes. (iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución. (v) Cuando
un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vi) Cuando la decisión se
funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. (vii)
Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que hubiere permitido
una decisión diferente de acogerse la jurisprudencia.”
10
Índice 00019 del expediente de Samai de primera instancia.
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Demandante: Sandra Milena Corredor Buitrago
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80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión preliminar.
En el asunto sub examine la demandante pretende que se dejen sin efectos los
proveídos de (i) 11 de abril de 2024, por medio del cual el Juzgado Doce (12)
Administrativo de Tunja declaró probadas las excepciones previas de
«incapacidad jurídica o indebida representación del demandado y haberse
dado un trámite diferente al correspondiente, propuestas por la vocera del
PATRIMONIO AUT[Ó]NOMO DEL PAR CAPRECOM EICE EN LIQUIDACI[Ó]N»
y, en consecuencia, dio por terminado el proceso de reparación directa que
promovió contra esa entidad (expediente 15001-33-33-012-2023-00023-00); y (ii)
10 de octubre del mismo año, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de
Boyacá – Sala de Decisión No. 5 confirmó esa decisión.
Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
de 10 de octubre de 2024, por ser la que, al desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la de 11 de abril del mismo año, decidió de manera definitiva el
mencionado asunto contencioso-administrativo.
11
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
13
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección
o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
14
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
6
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2.4 Problema Jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el auto de
10 de octubre de 2024, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala de Decisión No. 5 confirmó el proveído de 11 de abril de ese año, con el que,
el Juzgado Doce (12) Administrativo de Tunja declaró probadas las excepciones
previas de «incapacidad jurídica o indebida representación del demandado y
haberse dado un trámite diferente al correspondiente, propuestas por la
vocera del PATRIMONIO AUT[Ó]NOMO DEL PAR CAPRECOM EICE EN
LIQUIDACI[Ó]N» y, en consecuencia, dio por terminado el proceso de reparación
directa promovido por la tutelante contra esa entidad (expediente 15001-33-33-
012-2023-00023-00); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
invocadas en la solicitud de amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela,
con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido
de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual, sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
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resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto
orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto
procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de
tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan
derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque
se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales
ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración;
(iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre
que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
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Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su
excepcionalidad contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se
funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por
parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales15, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201216, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
15
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta.
16
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06538-01
Demandante: Sandra Milena Corredor Buitrago
Demandados: Juzgado Doce (12) Administrativo de Tunja y otro
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos17.
2.6 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad de la tutelante; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la providencia atacada quedó
ejecutoriada el 25 de octubre de 202418 y la solicitud de amparo se presentó el 28
de noviembre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (1 mes); y (v) el
auto acusado no es de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo invocada por
la accionante, pero, en virtud del principio de oficiosidad, que señala que, el juez
de tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva el escrito
inicial19 y, en pro de garantizar su derecho al acceso a la administración de
justicia, dado que sus reproches no estuvieron relacionados con el
desconocimiento de alguna norma, sino con una inconformidad propia respecto
de lo concluido en el proveído censurado.
17
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
18
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 21 de octubre de 2024.
19
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta
medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que
llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06538-01
Demandante: Sandra Milena Corredor Buitrago
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2.6.1 Defecto sustantivo.
Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo
con las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional20 ha estimado que, la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento
en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el
decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se
omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
«Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales»21.
En el asunto sub examine la demandante aduce que, la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, porque:
(i) el argumento relacionado con que «el PAR CAPRECOM LIQUIDADO no tenía
capacidad para ser parte dentro de un proceso judicial ni “posibilidad alguna de
defenderse”, […] se cae por su propio peso teniendo en cuenta que […] se
encuentra debidamente representado por la FIDUPREVISORA S.A. [y,
adicionalmente] […] otorgó en debida forma poder para actuar» en las diligencias
ordinarias;
(ii) «lo reclamado […] NO corresponde a una [pretensión] nueva o […] con
posterioridad al proceso de liquidación de CAPRECOM EICE, sino que se trata de
una obligación que fue determinada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TUNJA, en sentencia del 21 de febrero de 2018, proceso que se
encontraba en curso antes de la terminación […] de [la] liquidación»; y
20
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
21
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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(iii) no es dable afirmar que «el trámite correcto para ventilar el presente asunto
sea el proceso ejecutivo regulado por el CGP, toda vez que no se pretende
únicamente el pago de la totalidad de la sentencia sino la declaratoria de
responsabilidad del estado en los términos del artículo 90 de la C.P además de los
correspondientes daños morales por el desgaste que se ha generado […] por el
incumplimiento deliberado de la parte demandada».
Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
«16. Precisado lo anterior, resulta claro para la Sala que el PAR Caprecom liquidado,
cuyo vocero y administrador era Fiduprevisora S.A. no se encuentra legitimado en la
causa por pasiva en los procesos que se inicien con posterioridad a la terminación del
proceso de liquidación. Entonces: como la liquidación ocurrió el 27 de enero de 2017 y
el presente proceso se radicó el 24 de enero de 2023, el PAR Caprecom no se
encuentra legitimada en la causa por pasiva.
17. La Sala precisa que no le asiste razón a la demandante cuando afirma que si
existe legitimación en la causa porque el valor de la condena que se pretende a través
del presente proceso corresponde a la suma liquida de dinero reconocida en un
proceso laboral tramitado ante la jurisdicción ordinaria, con anterioridad a la
liquidación definitiva de Caprecom. No puede entenderse que el sub lite es una
continuación de ese proceso, pues acá se pretende la declaratoria de responsabilidad
administrativa de la demandada por el no pago de una condena judicial, asunto
sustancialmente diferente al allí discutido -reconocimiento de derechos laborales- en el
cual, además, ya se profirió sentencia de segunda instancia.
18. Aunque lo pretendido sea el pago de la suma reconocida allí, se trata de procesos
independientes y con características especiales, pues en este caso, deberá
demostrarse la falla del servicio alegada, entonces: al tratarse de un proceso
declarativo originado por situaciones diferentes, no puede aducirse que se trate de un
asunto iniciado antes de la liquidación definitiva de Caprecom.
19. Tampoco le asiste razón cuando afirma que como la demandada confirió poder
para actuar dentro del presente proceso se encuentra legitimada, pues tal hecho no
define la situación objeto de análisis. El estar o no legitimado para actuar en el marco
de un proceso no depende de que se confiera poder o se conteste la demanda, sino
de la titularidad del derecho o de la obligación o la posible atribución de una acción u
omisión y, además, se requiere que tenga capacidad para ser parte, lo que supone la
existencia: situaciones que no se presentan en el sub examine, pues quedó claro que
la demandada solo tiene capacidad para ser parte cuando los procesos judiciales
estuvieran en curso al momento de la liquidación de Caprecom. Es más, la
demandada propuso las excepciones respectivas con fundamento justamente en que
no puede ser parte en el presente proceso.
[…]
26. Lo aducido por [la] recurrente sobre la no procedencia del proceso ejecutivo con
fundamento en que en el sub lite además del pago de la condena judicial se pretende
el reconocimiento de daños morales, no enerva la falta de legitimación de la demanda,
pues como se explicó in extenso, eso depende de si el proceso judicial inició antes de
la liquidación definitiva de Caprecom, lo cual no ocurre acá». (Énfasis propio).
De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que, (i) el PAR
Caprecom Liquidado Administrado por la Fiduprevisora S.A. no se encontraba
legitimado en la causa por pasiva en el proceso de reparación directa promovido
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por la actora en su contra (expediente 15001-33-33-012-2023-00023-00), porque,
este inició con posterioridad a la terminación del proceso de liquidación de aquel,
ocurrida el 27 de enero de 2017; (ii) carece de asidero jurídico su afirmación
concerniente a que, dicho asunto es la continuación del trámite ordinario en el que
se emitió la sentencia cuyo pago total se reclama y que estaba en curso durante la
liquidación de la extinguida Caprecom, por cuanto, «acá se pretende la
declaratoria de responsabilidad administrativa de la demandada por
[incumplimiento] de una condena judicial, [mientras que] allí [se] discuti[ó el]
reconocimiento de derechos laborales»; y, además, (iii) «[e]l estar o no legitimado
para actuar en el marco de un proceso no depende de que se confiera poder o se
conteste la demanda, sino de la titularidad del derecho o de la obligación o la
posible atribución de una acción u omisión y, además, se requiere que tenga
capacidad para ser parte, lo que supone la existencia: situaciones que no se
presentan en el sub examine».
Es decir, para la Sala, la autoridad accionada resolvió cada una de las
inconformidades expuestas por la actora en el recurso de apelación del auto de 11
de abril de 2024, en el que, el Juzgado Doce (12) Administrativo de Tunja declaró
probadas las excepciones previas de «incapacidad jurídica o indebida
representación del demandado y haberse dado un trámite diferente al
correspondiente, propuestas por la vocera del PATRIMONIO AUT[Ó]NOMO DEL
PAR CAPRECOM EICE EN LIQUIDACI[Ó]N» y, en consecuencia, dio por
terminado el proceso de reparación directa que promovió contra esa entidad
(expediente 15001-33-33-012-2023-00023-00), las cuales, reiteró en esta acción
de tutela (invocando la causal de defecto sustantivo), lo que denota que, su
intención más allá de manifestar la supuesta vulneración de derechos
fundamentales, es utilizar este mecanismo constitucional como una instancia
adicional con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
Así las cosas, se concluye que el proveído reprochado no incurre en el defecto
sustantivo alegado, por cuanto estuvo debidamente fundamentado, en tanto, se
insiste, como se determinó en primera instancia, no se alegó el desconocimiento o
indebida aplicación de alguna norma, sino el desacuerdo de la tutelante frente a lo
decidido por la autoridad accionada en el auto objeto de discusión respecto de las
excepciones previas propuestas por el PAR Caprecom Liquidado Administrado por
la Fiduprevisora S.A., especialmente, la de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
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III. DECISIÓN
Aunque en este caso el análisis efectuado supera el requisito de relevancia
constitucional, siendo lo procedente revocar la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud, para en su lugar negar el amparo; debido a que
los efectos prácticos son los mismos, la Sala la confirmará, en el entendido que se
negarán las pretensiones de la demanda por no configurarse el defecto sustantivo
alegado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 31 de enero de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el sentido de negar el
amparo de los derechos fundamentales invocados por Sandra Milena Corredor
Buitrago, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección
C de esta Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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