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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06548-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06548-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Acéptase la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Saul Ortiz Barrera. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co P Demandante: Rubén Dario Bermúdez García Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicación: 11001-03-15-000-2024-06548-00 cumplir con el requisito de relevancia constitucional. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06548-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

23 de enero de 2025

P
Demandante: Rubén Dario Bermúdez García
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06548-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06548-00
Demandante: RUBÉN DARÍO BERMÚDEZ GARCÍA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Rubén Darío Bermúdez García, en nombre propio, presentó solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Santander y el municipio de Girón,
con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de acceso a la
vivienda digna y a la «propiedad privada».

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
providencia de 31 de octubre de 2024, dictada por la referida autoridad judicial,
mediante la cual decidió no abrir incidente de desacato y, en su lugar, dispuso
requerir al alcalde del municipio de Girón, dentro de la acción popular
instaurada contra dicho ente territorial, identificada con el radicado
680012331000-2010-00940-00.

1.2. Pretensiones

El accionante elevó las siguientes:

PRIMERA: Solicito se me amparen los derechos fundamentales impetrados en el
presente escrito y que se me conceda la Acción de Tutela. SEGUNDA: Solicito que se
REVOQUE el auto de fecha 31 de octubre de 2024 proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER mediante le cual resolvió el Incidente de Desacato

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Demandante: Rubén Dario Bermúdez García
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06548-00

Rad.680012331000201000940-00 interpuesto por RUBEN DARIO BERMUDEZ GARCIA.
Id Documento: 11001031500020240654800005025010010 P á g i n a | 16 TERCERA:
Solicito que como consecuencia de lo solicitado en la PETICION SEGUNDA del presente
escrito, que se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER se sirva
proceder a resolver nuevamente el Incidente de Desacato interpuesto por RUBEN DARIO
BERMUDEZ GARCIA contra el MUNICIPIO DE GIRON y que sea tenido en cuenta lo
siguiente: a) Que se pronuncie sobre cada uno de los hechos que contiene el escrito de
Incidente de Desacato Rad.2010-00940-00 interpuesto por RUBEN DARIO BERMUDEZ
GARCIA b) Que se decreten las pruebas documentales aportadas por el incidentante
RUBEN DARIO BERMUDEZ GARCIA con el escrito de incidente de desacato Rad.2010-
00940-00 y que sean valoradas cada una de la pruebas documentales . c) Que con base
en las pruebas aportadas por el incidentante, entre ellas el Certificado de Tradición y
Libertad de la vivienda de RUBEN DARIO BERMUDEZ GARCIA MI.300-224066, que el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER se sirva proceder a establecer que en la
fecha de compra, de acuerdo al precio se establezca si se trata de una vivienda de
interés social, de conformidad a la norma vigente Ley 388 de 1999, Art.91. d) Que una
vez se establezca que mi vivienda es de interés social, con el fin que se me garantice el
debido proceso y el derecho a la propiedad privada de la vivienda identificada con la
M.I.300-224066 de RUBEN DARIO BERMUDEZ GARCIA, que se le ordene al Alcalde del
Municipio de Girón CAMPO ELIAS RAMIREZ PADILLA o quien haga sus veces, que para
la reubicación de mi familia, para dar cumplimiento a lo establecido en la sentencia de
Acción Popular Rad.2010-00940-00 se me asigne un subsidio para la compra de una
vivienda de interés social de conformidad a lo establecido en la Ley 1467 de 2019 Art.
2.1.9.1. que establece que el precio de una vivienda de interés social es de 150 SMLMV
fijados por el Gobierno Nacional en la anualidad que se realice al reubicación de mi
núcleo familiar (sic)1.

1.3. Hechos

Los siguientes son los supuestos fácticos, jurídicamente relevantes, que se
encuentran acreditados en el expediente:

El actor interpuso incidente de desacato contra el municipio de Girón por el
presunto incumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Santander dentro de la acción popular con radicado 2010-00940-00, en el
cual solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Solicito muy respetuosamente se de inicio al PRESENTE INCIDENTE
DE DESACATO de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 472
del año 1998. SEGUNDO: Solicito se le ordene a la Alcaldía Del Municipio de
Girón al Secretario de Vivienda Ciudad y Territorio del Municipio de Girón que en
la reubicación del propietario de la vivienda identificada con la MI 300-224066,
ubicada en la Carrera 21 No.45-22 Barrio El Carmen Girón, Se sirvan proceder a
dar aplicación a lo consagrado en la ley 1467 del año 2019 Art.2.1.9.1, Que
establece que el precio excepcional de una Vivienda De Interés Social es de
CIENTO CINCUENTA (150) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes que
en el año 2024 el precio es de $195.000.000, Teniendo en cuenta que a fecha de
la presentación del presente escrito no se ha materializado la reubicación de mi
vivienda. Lo anterior teniendo en cuenta que en el año 2009 , cuando compré mi
vivienda se encontraba en vigencia el Artículo 91 de la Ley 388 del año 1997 y
que la Ley vigente en el año 2024 es la Ley 1467 del año 2019 Artículo 2.1.9.1.

Mediante providencia de 31 de octubre de 2024, la referida autoridad judicial
decidió no abrir incidente de desacato y, en su lugar, dispuso requerir al alcalde

1
Se transcribe con posibles errores gramaticales y ortográficos.

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del municipio de Girón para que realizara las siguientes actuaciones:

i) rinda un informe en el cual se estructure un plan de acción para materializar el
cronograma establecido desde el año 2023, en los puntos 7 y 8 del referido
cronograma. ii) teniendo en cuenta el censo realizado, se informe las medidas de
priorización para las familias beneficiarias, y cuáles de estas ya han sido objeto la
entrega del subsidio. iii) Remitir un plan de acción de control, vigilancia y
recuperación del espacio público, para evitar la re invasión de los predios
recuperados.

1.4. Sustento de la petición

El actor señaló que el tribunal, al resolver el incidente de desacato, no hizo
ningún pronunciamiento sobre el hecho cuarto de su escrito, no decretó ninguna
de las pruebas documentales aportadas, omisión con la que vulneró su derecho
al debido proceso y el principio de congruencia, además del derecho de acceso
a la vivienda digna y a la administración de justicia.

Aseguró que, contrario a lo determinado por el juez de la acción popular, dicha
entidad territorial desconoció la orden judicial en mención, dado que, estableció
que el precio de una vivienda de interés social asciende a 135 SMLMV y de una
vivienda de interés social prioritario corresponde a 70 SMLMV.

Explicó que el municipio de Girón, para realizar la reubicación de su vivienda, le
hizo una oferta por valor de $75.712.000, propuesta que, afirma, desconoce que
su casa es de interés social, ya que el precio para el año 2021 era de 135
SMLMV, conforme a la Ley 388 de 1997, artículo 91, y no es una vivienda de
interés social prioritario, que tiene un valor inferior.

Refirió que, en el año 2009, cuando realizó la compra de la vivienda estaba
vigente la Ley 388 de 1997, que consagra que la vivienda de interés social tiene
un precio de 135 SMLMV.

Relató que el municipio de Girón, al hacer una oferta institucional para la
reubicación de su vivienda no hizo un estudio de los certificados de tradición y
libertad que contienen el proceso de compra de adquisición, para identificar
cuáles viviendas eran de interés social y cuáles eran de interés prioritario, con lo
que trasgredió el debido proceso y desacató el fallo dictado en la acción popular.

1.5. Actuaciones procesales

Mediante auto del 29 de noviembre de 2024, el despacho del magistrado
sustanciador admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar esta decisión al
accionante, a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Santander y al municipio de Girón.

Adicionalmente, dispuso comunicar la iniciación del trámite procesal a los
señores Juan Francisco Cuadros Reyes y Saul Ortiz Barrera y al director
general de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, por considerar que podrían tener interés en las resultas del
proceso.

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De igual manera, se dispuso la publicación en el sitio web del Consejo de
Estado de un aviso en el que se informara sobre la existencia de la presente
acción, para efectos de comunicar a eventuales interesados.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Santander

La magistrada sustanciadora de la providencia atacada rindió informe en el cual
indicó que el incidente de desacato fue atendido en debida forma. Aseguró que,
mediante el auto del 31 de octubre de 2024, ordenó rendir una serie de informes
al alcalde del municipio de Girón, a efectos de determinar las acciones a seguir
para continuar las gestiones administrativas pertinentes para darle cumplimiento
a las ordenes dentro del medio de control. Además, expuso que señaló como
fecha para la realización de la audiencia de verificación de cumplimiento, el 24
de enero de 2025.

1.5.2. Municipio de Girón

Aseveró que el fallo dictado por el tribunal ordenó que se buscara una
oportunidad o tránsito hacia una vivienda digna, por ello, el ente territorial dentro
de su autonomía administrativa tiene la potestad de determinar la forma en la
cual les brinda a las familias afectadas «una oportunidad o tránsito hacia una
vivienda digna», siendo esta la entrega de un subsidio, en el que las personas
deben utilizar para la compra de una vivienda en otro lugar.

Expuso que, la administración municipal ha cumplido con su obligación expresa
y ha adelantado gestiones administrativas en aras de dar cabal cumplimiento al
fallo de la referencia, así como la intención para dar una solución a futuro.

1.5.3. Saul Ortiz Barrera

Manifestó que coadyuva en todo su contenido cada una de las peticiones
interpuestas por el accionante. Agregó que, en la anualidad que el actor hizo la
compra, aún no existía el precio de viviendas de interés social prioritario en la
legislación de vivienda y al someterlo a que acepte el precio de una vivienda de
interés social prioritario se violan las leyes 388 de 1997 y 1467 de 2019, que
establecen que el precio de una vivienda de interés social corresponde a 150
SMLMV.

Argumentó que, se configura la violación del debido proceso, a la propiedad
privada y a la vivienda digna, con las ofertas institucionales realizadas por la
administración municipal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Cuestión previa

El inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que «quien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud».

La Corte Constitucional ha precisado que el coadyuvante es un tercero que tiene
una relación sustancial con las partes que, indirectamente, se pueden ver
afectadas si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable y que
«aquellos no reclaman un derecho propio para que sobre él haya decisión en el
proceso, sino un interés personal en la suerte de la pretensión de una de las
partes. Se trata de intervenir para afianzar y sostener las razones de un derecho
ajeno»2.

En este caso, el señor Saul Ortiz Barrera manifiesta que coadyuva la decisión
cuestionada, en ese sentido, le asiste interés en la resolución de la presente
acción de tutela. Por consiguiente, es procedente la petición de coadyuvancia
formulada.

2.3. Problemas jurídicos

Corresponde determinar si en este caso se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial (procedencia
adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.

En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá
si la providencia cuestionada, mediante la cual, el Tribunal Administrativo de
Santander decidió no iniciar incidente de desacato contra el alcalde del
municipio de Girón, vulnera sus derechos fundamentales.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados, (iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de

2
Sentencia Su-134 de 2022.

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20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.4

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal

3
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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Ibídem.

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entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Sobre los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. Presupuesto de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
respecto del presupuesto de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «[…] el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre […]».

El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal5 (Énfasis de la Sala).

Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con
este postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,

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Sentencia SU 573 de 2019.

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iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no
se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

2.6. Estudio del caso concreto

En el caso objeto de estudio, la parte actora aseguró que la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la vivienda digna y a la propiedad privada, se configura por los yerros
en que incurrió la autoridad judicial demandada, al determinar que el alcalde del
municipio de Girón ha adelantado gestiones administrativas en aras de dar cabal
cumplimiento al fallo y no abrir el incidente de desacato formulado en su contra.

Revisado el expediente se encuentra que, dentro de la acción popular con
radicado . 68001-23-31-000-2010-00940-00, el Tribunal Administrativo de
Santander decidió:

Primero. Declarar que el municipio de Girón está vulnerando los derechos
colectivos a la previsión de desastres técnicamente previsibles sobre la
ronda hídrica del Rio de Oro, la protección de zonas destinadas a
mantener el equilibrio ecológico y la construcción de desarrollos urbanos
cumpliendo el marco legal dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes.

Segundo. Ordenar al municipio de Girón a que actuando de conformidad
con su Plan de Ordenamiento Territorial – Acuerdo No. 100 de 2010-,
clausure y demuela, en un término no mayor a seis (06) meses, contados a
partir de la ejecutoria de esta providencia, todas las construcciones que en
este momento se encuentran dentro de la ronda hídrica del Río de Oro y
las que se encuentran en zonas donde no se pueda construir cerca de este
cuerpo de agua, tanto de los asentamientos denominados Brisas del Río y
El Carmen, como de todo el cauce del cuerpo de agua en mención, a fin de
que se recupere dicho espacio público propio de la prevención de
desastres, la protección y el respeto al medio ambiente, y lo destine a su
uso propio; que vigile y reprenda el asentamiento humano sobre estos
espacios públicos, haciendo énfasis a que previo a las actuaciones que se
le ordenaron atrás, otorgue una oportunidad de reubicación a las personas
que en este momento habitan contrariando el POT en el lugar a fin de
respetar el principio de confianza legítima, en el entendido de que si bien la
Administración ha permitido la utilización ilegal de estos espacios, no
puede desalojar intempestivamente a sus moradores actuales sin
brindarles una oportunidad o tránsito hacia una vivienda digna que cumpla
con el ordenamiento normativo, verbi grata, la Ciudadela Nuevo Girón, u
otros proyectos de vivienda que tenga el municipio.

Tercero. Confórmese un Comité, en el cual estará presente el Actor
Popular, el Municipio de Girón a través de sus Secretarías pertinentes, el
Agente del Ministerio Público delegado para este proceso, y un delegado
de los actuales habitantes en la zona tantas veces aludida, que deberá ser

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llamado por el municipio de Girón para que se presente al proceso de
reubicación e intervenga en especial, en la vigilancia de la orden de
reubicación de los actuales habitantes ¨ (subrayas del Despacho)

Mediante auto del 31 de octubre de 2024, el referido tribunal consideró que, el
alcalde del ente territorial está adelantando las gestiones administrativas para
avanzar en la materialización de otorgarle a las familias una oportunidad o
tránsito hacia una vivienda digna.

Tuvo en cuenta que, según lo informado por el alcalde, con el rubro aprobado en
el presupuesto para el cumplimiento de la sentencia, solo era posible entregar
subsidios a 18 familias, con base en un cronograma de actividades que finaliza
con la realización de feria inmobiliaria, para que los beneficiarios del subsidio
busquen la vivienda a comprar, y se les desembolse el subsidio, a cambio de la
vivienda ubicada en la ronda hídrica del Rio de Oro al municipio para su
demolición.

Además encontró que, el ente territorial indicó que, de los 18 subsidios que se
otorgaron en el año 2023, con el fin de ofrecer la oportunidad de reubicación,
únicamente se han podido materializar 4, toda vez que, los beneficiarios
restantes han interpuesto barreras, tales como «(i) no aceptar el subsidio que se
otorgó, porque consideran que el valor a desembolsar debe coincidir con el
precio del avalúo comercial del inmueble; y (ii) no allegar los documentos
requeridos, para finalizar el trámite administrativo tendiente al pago del
subsidio».

Finalmente, reconoció que, si bien existen dilaciones en los términos para dar
cumplimiento al cronograma presentado, no puede estructurarse el elemento
objetivo del desacato, puesto que el alcalde ha usado los medios a su alcance y
ha tenido la intención para dar solución a la problemática.

Como se desprende de lo señalado, la providencia proferida por el tribunal
accionado dentro de la acción popular iniciada contra el municipio de Girón tuvo
como objeto proteger los derechos colectivos de los habitantes de la ronda
hídrica del Rio de Oro.

Con posterioridad, el tribunal ha realizado la verificación del cumplimiento de la
orden de protección, para ello, revisó el cronograma entregado por la entidad de
acuerdo al presupuesto asignado para cumplir la orden judicial. Entre otras
actuaciones, ha realizado audiencias de verificación con el comité de
seguimiento conformado para ese propósito.

En el auto cuestionado, el tribunal estudió el cumplimiento global de la
sentencia, que amparó a varias personas y requiere la realización de múltiples
acciones por parte de la administración municipal, entre las cuales se encuentra
la de asignar presupuesto, censar a las familias afectadas, determinar el valor
de las viviendas, realizar ferias inmobiliarias, entregar subsidios y, finalmente,
vigilar que no se invadan nuevamente los terrenos en riesgo.

En la aludida providencia se efectuó un estudio de dichas acciones, pero,

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Demandante: Rubén Dario Bermúdez García
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06548-00

además, se refirió a los casos puntuales, entre ellos, el del accionante. Al
respecto señaló que, el ente territorial ha solicitado al actor la entrega de
documentos para hacerle el pago del subsidio, pero el actor se ha rehusado a
recibirlo porque no está de acuerdo con el monto asignado.

Como se observa, no se encuentra que los argumentos esbozados por el
accionante alcancen una relevancia constitucional, en el entendido de que, la
orden dictada por la autoridad judicial se encaminó al amparo de su derecho a la
vivienda digna y lo que el actor pone de presente en su escrito de tutela, es una
controversia o inconformidad con el monto que el municipio le ha asignado por
concepto de subsidio para que entregue su vivienda construida en una zona de
riesgo ambiental.

El actor sustenta la argumentación de su petición, en la aplicación de una
categoría de vivienda de interés social a su edificación, en lugar de la asignada
por el ente territorial que, al ser prioritaria, tiene un valor inferior, aspecto que no
se relaciona con los derechos fundamentales invocados.

En síntesis, el accionante pretende traer al escenario constitucional, un debate
de orden meramente legal y económico, relativo al subsidio determinado y,
frente al cual, el actor presenta discrepancias que, no alcanzan un escenario ius
fundamental. Es decir, lo que busca es convertir este mecanismo en una
instancia adicional para exponer una pretensión de orden monetario sobre el
valor que, considera, tiene su vivienda, en contraste con el ofrecido por la
administración.

Asi las cosas, la discusión traída a través de este mecanismo excepcional ya
había sido propuesta por la demandante en el marco de la acción popular,
escenario natural del debate y culminó con la decisión adoptada por el juez
colegiado. Además, se refiere a un asunto de índole meramente económica, por
lo que no alcanza el rango de debate constitucional.

En conclusión, la petición de amparo no supera el examen de procedencia
general en los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen
en una controversia de orden legal, tarea que ya fue abordada por los jueces
competentes durante el proceso judicial, y no en el alcance de un derecho
fundamental ni la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución
Política, motivo por el cual se declarará la improcedencia de la acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Acéptase la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Saul
Ortiz Barrera.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no

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cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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