Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06554-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06554-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06554-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
27 de marzo de 2025
Demandante: Hernando Cortés Jiménez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06554-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06554-00
Demandante: HERNANDO CORTÉS JIMÉNEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Hernando Cortés Jiménez, mediante apoderado judicial1, instauró acción
de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la que
pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, «la prevalencia del derecho sustancial y a la
seguridad jurídica».
En sentir del accionante, la trasgresión de dichas garantías constitucionales se
materializó con ocasión de la sentencia dictada el 23 de mayo de 2024 por la
autoridad judicial accionada dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-
2022-00197-00, y a través de la cual se declaró infundado el recurso extraordinario
de revisión interpuesto contra el fallo del 25 de noviembre de 2020 proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta al interior del medio de
1 Poder debidamente conferido a la abogada Carmen Ligia Gómez López, el que fue autenticado
en la Notaría Única del Circuito de Manzanares, Caldas.
2 La cual fue radicada el 28 de noviembre de 2024 – índice 01 del aplicativo Samai.
1
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Demandante: Hernando Cortés Jiménez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-004-
2015-00759-00/013.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…] 2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados
se deje sin efecto la providencia de fecha 23 de mayo de 2024 proferida por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado.
3. Que una vez se deje sin efectos la providencia del 23 de mayo de 2024, se ordene
al Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado a que profiera nueva
decisión en la que se declare fundado el recurso extraordinario de revisión que se
presentó contra la sentencia del 25 de noviembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia. […]4
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
Manifiesta el accionante que prestó sus servicios al Ejército Nacional como soldado
profesional desde el 25 de junio de 1992 hasta el 16 de abril de 2014.
Precisó que, al reunir los requisitos de ley solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares -Cremil, el reconocimiento y pago de una asignación de retiro, que le fue
reconocida mediante Resolución No. 2948 del 27 de marzo de 2014.
El 6 de febrero de 2015, solicitó a la entidad el reajuste de la referida prestación, la
cual fue resuelta de manera desfavorable mediante oficio No. 0008304 del 12 de
febrero de la misma anualidad; decisión que fue recurrida y confirmada mediante
oficio 0014203 del 6 de marzo de 2015.
Con ocasión de lo anterior, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil , a efectos de que
se declarara la nulidad de los anteriores actos; y como consecuencia, se reliquidara
la pensión que le fue reconocida, tomando como base de liquidación la asignación
básica establecida en el inciso 20 del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, y a su
vez, se diera aplicación a lo previsto en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, que
3 Mediante esta providencia el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta revocó la
sentencia de primera instancia proferida el 28 de septiembre de 2017 por el Juzgado 4 Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín que había concedido parcialmente las pretensiones de la demanda,
y ordenó reliquidar la asignación de retiro del actor reajustando la misma en un 60%.
4 Transcripción original del texto con posibles errores.
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establece que al 60% de la asignación básica se le adicione el 38.5 %, como prima
de antigüedad.
Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2017, el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín, accedió parcialmente a las pretensiones, en los
siguientes términos:
[…]
PRIMERO: SE DECLARA probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva desde el punto de vista material, formulada por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares – CREMIL, en relación únicamente al reconocimiento y pago del
incremento del 20 % sobre la asignación de retiro del demandante.
SEGUNDO: SE INAPLICA el artículo 13.2, en lo relativo a la inclusión del subsidio de
familia como partida computable en la asignación de retiro del Soldado Profesional
retirado HERNANDO CORTÉS JIMÉNEZ, conforme lo expuesto en esta providencia.
TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD de los oficios Nos. 8304 y 14203 de 2015 por
el cual se negó al demandante la reliquidación de la asignación de retiro, con inclusión
de la partida computable subsidio de familia (sic) y la correcta liquidación de la prima
de antigüedad.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENASE a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -
CREMIL, reliquidar la asignación de retiro del señor HERNANDO CORTÉS JIMÉNEZ
identificado con C.C 10.180.454 a partir del 15 de abril de 2014, con inclusión de la
partida computable subsidio de familia (sic) y la correcta liquidación de la prima de
antigüedad conforme la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: CONDÉNASE a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -
CREMIL, al pago de las sumas de dinero reconocidas en el numeral anterior,
debidamente indexadas conforme lo indicado en la parte motiva de la presente
providencia.
SEXTA: SE NIEGAN las demás pretensiones por los argumentos expuestos en la
parte motiva. […]
Como sustento de lo anterior precisó que, conforme a lo previsto en el artículo 1º,
inciso 2º del Decreto 1794 de 2000, los soldados voluntarios que por disposición
legal pasaron a ser soldados profesionales tienen derecho a percibir como
asignación de retiro un salario mínimo incrementado en un 60%.
No obstante, señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por el
Consejo de Estado, la autoridad competente para atender dicho aspecto no es la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil, sino el Ejército Nacional, entidad
que no fue vinculada al proceso, por lo que declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva con relación al reajuste del 20% del salario
básico devengado en actividad.
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La anterior decisión fue recurrida por los extremos procesales de la litis.
Al respecto, la parte actora señaló que, conforme a las disposiciones previstas en
el artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, la misma tenía derecho a que su salario
básico le fuera incrementado en un 20%; mientras que la parte demandada apeló lo
relacionado con la prima de antigüedad.
El 27 de noviembre de 2017, se llevó a cabo ante el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín, la audiencia de conciliación prevista en el artículo
192 de la Ley 1437 de 2011; en la que se aceptó el desistimiento del recurso de
apelación interpuesto por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, únicamente en
lo que respecta a la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro que le
fue reconocida al señor Cortés Jiménez.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, mediante fallo del 25 de
noviembre de 2020, revocó la decisión adoptada por el A quo, y en su lugar, resolvió:
[…PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2017, proferida por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de los oficios 8304 y 14203 de 2015,
mediante los cuales se negó al demandante la reliquidación de la asignación de retiro
y la correcta liquidación de la prima de antigüedad del señor HERNANDO CORTÉS
JIMÉNEZ, expedidos por CREMIL.
TERCERO: Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se
CONDENA a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL, a
reliquidar la asignación de retiro reconocida al señor HERNANDO CORTÉS JIMÉNEZ
teniendo como sueldo, el salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un
60%, razón por la que incrementará la porción faltante, solo en caso que a la fecha
no lo haya hecho…]
Ello, al estimar que, mediante sentencia CE-SUJ-015-19 del 25 de abril de 2019,
esta corporación unificó la posición jurisprudencial en la que determinó que la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares –Cremil , se encuentra legitimada para resolver
las peticiones relativas al reajuste del 20% de la asignación de retiro de los soldados
profesionales, sin que se requiera que previamente se hubiera obtenido el reajuste
del salario devengado en servicio activo, o se hubiere reclamado ante el Ministerio
de Defensa.
Así mismo, concluyó que la liquidación de la prestación social que le fue reconocida
al actor no se ajustaba a lo previsto en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, ni a
la sentencia de unificación aludida, pues para determinar el ingreso base de
liquidación, la entidad aplicó el 70%, tanto al sueldo como a la prima de antigüedad,
afectando la asignación de retiro.
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Por último, y con relación al subsidio familiar, precisó que la pensión le fue
reconocida al actor el 14 de abril de 2014, es decir, antes de la entrada en vigencia
del Decreto 1162 de 2014, ya que su publicación en el Diario Oficial data del 25 de
junio del referido año, por lo que concluyó que no se causó el derecho a su
reconocimiento.
Contra la anterior decisión, el señor Hernando Cortés interpuso recurso
extraordinario de revisión5, con el fin que se profiriera una nueva sentencia que
confirmara la decisión adoptada por el juez ordinario de primera instancia, en el
sentido de ordenar la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro que le
fue reconocida; por ser un aspecto que no fue objeto de apelación en los recursos
interpuestos en la respectiva instancia judicial.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, luego de agotadas las
etapas propias del asunto, mediante proveído del 23 de mayo de 2024, declaró
infundada la alzada por no haberse configurado la causal prevista en el numeral 5º
del artículo 250 del C.P.A.C.A., esto es, «existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
Lo anterior, al considerar que, tanto la valoración probatoria como el análisis
jurisprudencial y normativo realizado por el tribunal en segunda instancia se efectuó
conforme a derecho, sin que de ninguna forma pudiera llegar a considerarse como
violatoria del derecho al debido proceso, del principio de congruencia o propia de
una nulidad originada en la sentencia; máxime cuando el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta Mixta ostentaba la competencia funcional para pronunciarse
sobre los argumentos expuestos por los apelantes, empero también sobre los
aspectos que resulten inescindiblemente relacionados u otros que pueda resolver
oficiosamente.
Por lo expuesto concluyó que, al haberse formulado recurso de apelación, tanto por
la parte activa como de la pasiva, el tribunal tenía plena competencia para resolver
sobre las pretensiones y las excepciones de mérito sin limitaciones; por lo que la
congruencia en la decisión que resuelve la alzada comporta la posibilidad del ad
quem de pronunciarse no solamente respecto de las razones expresamente
consignadas en la apelación, sino también sobre aspectos consustanciales a
aquellas, sin perjuicio de las cuestiones que de oficio se deban dirimir para producir
un fallo que sea justo y en pleno derecho.
La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 31
de mayo de 20246.
5 Al que se le asignó el radicado 11001-03-25-000-2022-00197-00 (0333-2022)
6 Índice 33 – Proceso ordinario de segunda instancia.
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1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
El accionante manifestó que, con la expedición de la sentencia cuestionada la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, toda vez que al
momento de resolver el recurso extraordinario de revisión no tuvo en cuenta la
totalidad de los documentos decretados, los que dan cuenta que la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares formuló la alzada únicamente respecto a la pretensión de
la prima de antigüedad, ya que en la audiencia de conciliación celebrada ante el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, la entidad manifestó
de manera expresa, que desistía de la apelación formulada frente al subsidio
familiar.
Señaló que, en la audiencia de conciliación celebrada el 27 de noviembre de 2017,
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares aportó concepto del comité de conciliación
en el que, además de lo señalado de manera anterior, se indicó que, no se apelarían
los fallos en los que se ordenaba la inclusión del subsidio familiar en la asignación
de retiro de los soldados profesionales, por lo que se autorizó al apoderado judicial
de la entidad para desistir del recurso de apelación en lo que respecta a dicho
beneficio.
Refirió que, en el recurso de alzada interpuesto por la parte actora solamente se
cuestionó lo relativo al incremento del 20% del salario básico; mientras que la parte
demandada apeló lo relacionado con la prima de antigüedad, la condena en costas,
y la aplicación de la prescripción trienal, ya que desistió de la apelación formulada
en lo atinente al subsidio familiar. Desistimiento que fue aceptado por el a quo y que
cobró ejecutoria tras no formularse objeción alguna en contra de lo decidido.
Precisó que, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, al momento
de resolver los recursos interpuestos, tenía limitada su competencia para
pronunciarse en segunda instancia únicamente sobre los aspectos que fueron
debatidos por las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 320 y 328
del Código General del Proceso.
Indicó que, bajo dicho escenario, la sentencia cuestionada se reputara nula al
desconocer las disposiciones normativas relacionadas a los límites de la
competencia, situación que, a su juicio, transgrede de manera directa su derecho
fundamental al debido proceso.
Señaló que, a través del citado recurso, se pretendía dejar en evidencia que la
sentencia emitida el 25 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta Mixta, se encuentra viciada de nulidad, por lo que procede la
causal de revisión invocada a través del recurso extraordinario formulado, sin que
el mismo pretenda ser utilizado como una tercera instancia.
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Demandante: Hernando Cortés Jiménez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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Indicó que, la autoridad judicial accionada incurrió en un error al considerar que, al
haberse formulado recurso de apelación por los extremos procesales de la litis, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, tenía plena competencia
para resolver sin limitación lo decidido por el a quo, lo cual refleja un
desconocimiento del contenido y alcance de las disposiciones normativas que
regulan dicho recurso.
Reiteró que, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al momento
de proferir la sentencia acusada, incurrió en un defecto fáctico, ya que no valoró la
totalidad de los documentos decretados en el trámite del recurso extraordinario, en
especial, el concepto emitido por el comité de conciliación de la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares, y el acta de la audiencia celebrada el 27 de noviembre de
2017 en la que se aceptó el desistimiento del recurso de apelación formulado con
relación a la pretensión del subsidio familiar, y que dan cuenta que lo resuelto en
primera instancia en cuanto a dicho aspecto cobró ejecutoria, al ser un asunto no
apelado; y frente al cual el Ad quem estaba vedado de efectuar cualquier
pronunciamiento.
Por lo anterior solicitó que se amparen los derechos fundamentales alegados y
como consecuencia, se ordene al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta la totalidad de
los documentos decretados e incorporados en el recurso de revisión formulado, en
especial, el concepto emitido por el comité de conciliación de la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares, y el acta de la audiencia aludida, los cuales, según su juicio,
permiten evidenciar el error en el que incurrió el tribunal mencionado y que conlleva
a la configuración de la nulidad originada en la sentencia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia del 10 de febrero de 20257, la magistrada ponente de esta
decisión avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A8, como, como autoridad
judicial accionada, y vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso,
al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta9, al Juzgado 4º
7 Índice 22 de Samai.
8 Notificación realizada a los correos electrónicos: notifjduque@consejodeestado.gov.co;
despacho401@consejodeestado.gov.co; notifjmoralest@consejodeestado.gov.co;
dgavirias@consejodeestado.gov.co; notiflmesa@consejodeestado.gov.co; índice 25 de Samai.
9 Notificación realizada a los correos electrónicos: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co; sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co;
recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co; índice 25 de Samai.
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Demandante: Hernando Cortés Jiménez
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Administrativo del Circuito Judicial de Medellín10, y a la Caja de Retiro de la Fuerzas
Militares -Cremil11.
1.6. Intervenciones.
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A12
El magistrado ponente de la providencia cuestionada, presentó informe en el que
manifestó que, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el actor se
declaró infundado al no encontrar acreditada la causal establecida en el numeral 5º
del artículo 250 del CPACA, por lo que, a su a juicio, la sentencia aludida no se
profirió con violación al debido proceso, toda vez que los recursos de apelación
impetrados fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
Mixta, conforme a la competencia funcional y ajustado al objeto de la litis.
Con fundamento en lo anterior, señaló que en el presente asunto no existió
vulneración de las garantías invocadas; por el contrario, lo que se advierte es que
la solicitud de amparo está encaminada a proponer un nuevo debate, pues con la
decisión controvertida no se desconoció el precedente jurisprudencial, ni se incurrió
en el defecto fáctico alegado.
Por lo anterior, solicitó se declare la improcedencia de la acción por no superar el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido por el actor es que
se debata de nuevo lo decido por el juez ordinario, situación que desnaturaliza la
acción de tutela. O en su defecto, se niegue el amparo invocado al evidenciarse que
la providencia controvertida se encuentra ajustada a derecho, sin que se hubiere
incurrido en algún defecto especifico de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial y, por ende, no se generó vulneración de derecho fundamental
alguno.
1.6.2. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL13
Allegó escrito en el que manifestó que en el presente asunto no se evidencia
vulneración de los derechos constitucionales invocados por el actor, ya que el
mismo ha tenido a su disposición los medios judiciales de defensa, garantizándose
en todas las etapas procesales el derecho al debido proceso, y por ende la
oportunidad para acceder a la administración de justicia.
10 Notificación realizada a los correos electrónicos: adm04med@cendoj.ramajudicial.gov.co;
jadmin04mdl@notificacionesrj.gov.co índice 25 de Samai.
11 Notificación realizada a los correos electrónicos: notificacionesjudiciales@cremil.gov.co;
juridica@cremil.gov.co índice 25 de Samai.
12 Índice 27 de Samai.
13 Índice 29 de Samai.
8
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Señaló que no es competencia del juez de tutela examinar las actuaciones
procesales surtidas en otros juicios ordinarios y determinar en cuál de ellos la
decisión definitiva fue ajustada a la ley, enfatizando además que, el hecho de que
no se acceda a las pretensiones como sucede en el caso particular, no
necesariamente quiere decir que se esté incurriendo en una vía de hecho.
Así mismo, refirió que, a pesar de que la parte actora invocó la sentencia SU-627
de 2015 para sustentar la procedencia de la tutela; lo cierto es que en el presente
asunto no se cumple ninguno de los requisitos establecidos por la jurisprudencia
para que la misma se torne procedente.
Por lo anterior solicitó, se declare la improcedencia de la acción de tutela presentada
por el señor Hernando Cortés, al evidenciarse que la providencia judicial acusada
no se profirió de manera caprichosa ni arbitraria, sino con sujeción al ordenamiento
jurídico para el caso.
1.6.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, y el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, pese a estar
debidamente notificados de la existencia del presente asunto, guardaron silencio.
1.7. Manifestación de impedimento
En escrito del 21 de febrero de 2025, la magistrada Gloria María Gómez Montoya
manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, en atención a que
sostiene una relación de amistad íntima y entrañable con el magistrado Daniel
Montero Betancur, quien hizo parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta Mixta, y suscribió la sentencia dictada el 25 de noviembre de 2020, y contra
la cual el accionante interpuso recurso extraordinario de revisión, siendo objeto de
discusión mediante la presente acción constitucional.
Sin embargo, en Sala del 6 de marzo del presente año, los demás integrantes de la
Sección Quinta de esta Corporación declararon infundado el impedimento por no
encontrar acreditados en el caso concreto los elementos para la configuración de la
causal invocada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991,
el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
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2.2. Problema jurídico
Conforme a lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones
presentadas, corresponde a la sala resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, vulneró los
derechos fundamentales del actor, con ocasión de la sentencia dictada el 23
de mayo de 2024, con radicado 11001-03-25-000-2022-00197-00 y a través
de la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra el fallo del 25 de noviembre de 2020 proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-
004-2015-00759-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 14
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su
procedencia.16
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.
El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.17
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
17 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
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deviene en la improcedencia de este mecanismo18.
El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»19.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202220, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
18Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
19 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
20 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal21 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional23.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal24”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales25”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental
[…]
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-128 de 2021.
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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal27. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
La parte actora a través del presente mecanismo constitucional cuestionó la
sentencia del 23 de mayo de 2024 por medio de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra el fallo del 25 de noviembre de 2020 proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-004-2015-
00759-00/01
A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, toda vez
que al momento de dirimir la controversia, no valoró la totalidad de los documentos
decretados al interior de dicho trámite; en especial, el concepto emitido por el comité
de conciliación de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, y el acta de la audiencia
celebrada el 27 de noviembre de 2017 en la que se aceptó el desistimiento del
recurso de apelación formulado por dicha entidad con relación a la pretensión del
subsidio familiar, y que dan cuenta que lo resuelto en primera instancia en cuanto a
dicho aspecto cobró ejecutoria, al ser un asunto no apelado; y frente al cual el Ad
quem estaba vedado de efectuar cualquier pronunciamiento.
Revisado el escrito a través del cual se sustentó el recurso de revisión formulado,
se observa que el tutelante no efectuó reparo alguno en los términos antes
señalados; pues en el mismo, el accionante se limitó a reiterar que el tribunal
administrativo mencionado no tenía competencia para pronunciarse respeto a la
pretensión del reconocimiento del subsidio familiar, ya que dicho aspecto no fue
apelado por ninguna de las partes.
Así mismo, se observa que en el documento mencionado no se hizo alusión a las
pruebas documentales que a través del presente mecanismo, el actor aduce fueron
desatendidas por la autoridad judicial accionada, como tampoco se puso de
presente que en la audiencia de conciliación celebrada el 27 de noviembre de 2017,
ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, se aceptó el
desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares con relación a dicho beneficio, toda vez que, por disposición del
comité de conciliación de la citada entidad se decidió que los fallos en los que se
26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ib.
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ordenara la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro de los soldados
profesionales no se apelarían.
De esta manera, la Sala considera que el reproche realizado por la parte actora con
relación a la falta de valoración de las pruebas aducidas resulta improcedente, toda
vez que, a través del presente asunto pretende ventilar aspectos nuevos o
situaciones jurídicas que no planteó al momento de controvertir la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, en sede de
segunda instancia.
Así las cosas, se avizora que lo perseguido por el señor Hernando Cortés, es que
se analice un reproche que omitió plantear en el recurso extraordinario de revisión
formulado, situación que implica desconocer las competencias que por ley le fueron
atribuidas a los jueces naturales, pues, la autoridad judicial accionada no tenía la
obligación de valorar los elementos probatorios referidos, ya que ello corresponde
a una situación fáctica y jurídica disímil a la estudiada en el asunto objeto del
presente debate.
Por lo anterior, la controversia planteada al interior de la providencia que ahora se
cuestiona se circunscribió a determinar si, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta Mixta, al momento de resolver los recursos de apelación interpuestos
por las partes contra la sentencia de primera instancia, excedió los límites de
competencia conferidos por la ley, y por ende, configurado la causal contemplada
en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, esto es, existir una nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
En virtud de lo mencionado, la Sala estima que, en cuanto al defecto fáctico alegado
por el accionante, la presente acción de tutela resulta improcedente por no superar
el requisito de subsidiariedad, ya que los argumentos expuestos en dicho cargo,
debieron plantearse en el trámite del recurso extraordinario interpuesto.
De otro lado, y si bien la parte actora alegó que la providencia cuestionada adolecía
del mismo defecto anterior, por considerar que, de conformidad con lo previsto en
los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, la competencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, se encontraba limitada, lo que
significa que, al momento de resolver los recursos de apelación interpuestos por los
extremos procesales únicamente se encontraba facultado para pronunciarse sobre
los aspectos que fueron debatidos en sede de segunda instancia; revisados los
fundamentos de la solicitud advierte la Sala que, en realidad dicho argumento
encaja en la configuración de un defecto sustantivo y que corresponde además a
una simple inconformidad con relación a la decisión adoptada por la autoridad
judicial accionada a través de la providencia que se cuestiona, y frente a lo cual
precisó:
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«El Tribunal Administrativo de Antioquia ostentaba la competencia funcional para
pronunciarse sobre los argumentos expuestos por los apelantes, empero también
sobre los aspectos que resulten inescindiblemente relacionados u otros que pueda
resolver oficiosamente.
En el presente caso, como hubo apelación tanto de la parte activa como de la
pasiva, el tribunal tenía plena competencia para resolver sobre las pretensiones
y las excepciones de mérito, sin limitaciones, en cuyo caso encontró que como la
inclusión de la partida de subsidio familiar respecto de la cual se pretendía el
incremento en el monto para la liquidación de la asignación de retiro, según la tesis
del Consejo de Estado vigente para entonces, no se ajustaba a la legalidad.
Así, pues, la congruencia, vista en el contexto de la competencia del fallador de
segunda instancia, al resolver la apelación con apelante único, implica entonces la
posibilidad de emitir o no pronunciamiento en relación con aspectos no planteados
directa o expresamente en el recurso de alzada. Sin embargo, cuando son las dos
partes las apelantes, el superior puede resolver sin limitaciones.» [Negrilla
original del texto]
Lo anterior, permite concluir que, a través del presente escenario la parte actora
pretende que el juez constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener
la interpretación y aplicación de las normas y principios, en la forma que a ella le
parece «correcta»; pues a su juicio, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, incurrió en un error al arribar a la anterior conclusión, lo cual refleja
un desconocimiento del contenido y alcance de las disposiciones normativas que
regulan el recurso de apelación.
En otros términos, lo perseguido por el señor Cortés Jiménez, mediante el presente
mecanismo constitucional, es crear una instancia adicional, en la que se estudie
nuevamente los cargos que ya fueron zanjados por los operadores judiciales
ordinarios y, obtener además una decisión favorable.
Situación que, de igual forma ocurre con el argumento relativo a que el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia emitida el 25 de noviembre
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, se tornaba
procedente; pues revisada la motivación de la sentencia cuestionada, se evidencia
que la autoridad judicial accionada, luego de efectuar un análisis de las
consideraciones realizadas por el Ad quem, concluyó que en el asunto debatido no
se encontraba configurada la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del
CPACA.
Lo anterior, al considerar que, al actor no le asistía razón al afirmar que el fallador
de segunda instancia i) excedió sus competencias, ii) desconoció el principio de
congruencia y iii) vulneró el debido proceso; comoquiera que el tribunal aludido
resolvió los recursos de apelación conforme a su competencia funcional y con base
en la litis, entendiéndose que dentro del thema decidendum estaba la posibilidad de
revisar la base de liquidación del demandante, estimando que de la asignación de
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retiro que le fue reconocida debía excluirse la inclusión de la partida de subsidio
familiar, situación que no daba lugar a la nulidad generada en la sentencia objeto
del recurso extraordinario.
Así las cosas, se extrae que lo perseguido por el accionante a través del presente
mecanismo constitucional, es reabrir etapas ordinarias previamente concluidas a
partir de una inconformidad sin enfoque de derechos fundamentales.
Aunado lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.
Así mismo, es menester advertir que el juez natural de la causa se enfrenta a
múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de
normas a un caso en específico28, y no le corresponde al juez constitucional señalar
cuál de tales posibilidades es la «correcta», ya que ello vulneraría la independencia
y autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario.
En igual sentido, ha de recordarse que, al haber cuestionado una providencia
emitida por una alta corte, se exige con mayor énfasis que el accionante ejecute
una exposición del sustento de la acción, que sin lugar a dudas demuestre de forma
coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial; circunstancia que,
como se analizó no se presentó en el sub lite.
Acorde con lo analizado, la Sala concluye que la discusión planteada en la acción
de tutela no superó los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional,
pues, el actor pretende que los cargos aquí presentados sean estudiados, pese a
que, debieron plantearse en el trámite del recurso de revisión interpuesto; además
de corresponder a una controversia que ya fue resuelta por el juez natural, por lo
que se impone declarar la improcedencia de este mecanismo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Hernando Cortés Jiménez, contra el Consejo de Estado, Sección
28 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
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Segunda, Subsección A, por no satisfacer los requisitos de subsidiariedad y de
relevancia constitucional, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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