Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06560-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06560-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06560-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-06560-001
Demandante : Myriam Stella Bernate de Martín
Demandados : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A y Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A
Vinculada : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, seguridad social y acceso a la
administración de justicia
Tema : Tutela contra providencia, reliquidación pensión,
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
Decisión : Sentencia de primera instancia – accede
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela
incoada por Myriam Stella Bernate de Martín contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la
administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
Myriam Stella Bernate de Martín, quien actúa a través de apoderada judicial,
interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06560-00
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el fallo del 9 de mayo de 2024, mediante
el cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A 2, confirmó la
providencia del 14 de julio de 2022, en la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A3 negó las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) [expediente
25000-23-42-000-2019-00020-01]. En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad
accionada emitir una nueva decisión en la que se “declare la nulidad de la
Resolución GNR 648976 emitida […] el 6 de marzo de 2015, mediante la cual [se]
redujo la prestación pensional reconocida [en la Resolución GNR 349049 de 5 de
octubre de 2014] de $7.612.500 a la suma de $5.576.649”.
Hechos4.
Relata la accionante que, laboró como fiscal delegada ante los jueces penales del
circuito de Bogotá y, mediante Resolución GNR 349049 de 5 de octubre de 2014,
Colpensiones le reconoció pensión de jubilación con base en el 75% de la
asignación básica mensual más elevada devengada en el último año de servicio,
de conformidad con el artículo 6° del Decreto 546 de 1971 y con los factores
salariales de los artículos 717 del Decreto 1978 y 45 del Decreto 1045 de 1978, en
cuantía de $7.612.500, cuyo pago se supeditó a la demostración del retiro definitivo
del servicio, lo cual ocurrió el 14 siguiente; sin embargo, a través de Resolución
GNR 64897 de 6 de marzo de 2015 dicha entidad, sin agotar el trámite previo para
revocar su propio acto, reliquidó su mesada pensional y redujo el monto a la suma
de $5.576.649, efectiva a partir del 5 de enero de ese año, decisión que fue
confirmada por medio de las Resoluciones VPB 35953 del 21 de abril de 2015,
GNR 5558 y VPB 13858 del 8 de enero y 28 de marzo de 2016, y SUB 67641 del
13 de marzo de 2018.
Que, por lo anterior, el 7 de septiembre de 2018 acudió ante la jurisdicción
contencioso administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y
2
C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
3
M. P. Carmen Alicia Rengifo Sanguino.
4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06560-00
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
restablecimiento del derecho contra Colpensiones (expediente 25000-23-42-000-
2019-00020-01), encaminado a obtener la nulidad de las mencionadas
Resoluciones GNR 64897 de 6 de marzo de 2015, VPB 35953 del 21 de abril
siguiente, GNR 5558 y VPB 13858 del 8 de enero y 28 de marzo de 2016, y SUB
67641 del 13 de marzo de 2018 y lo deprecado en sede administrativa.
Aduce que del aludido asunto ordinario conoció el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que, en providencia de 14 de julio
de 20225, negó las súplicas formuladas, al considerar que, aunque “la pensión […]
fue reajustada sin seguir el trámite legal que correspondía, [no] pued[e] ordenarse
automáticamente se continúe pagando como primigeniamente fue reconocida, ya
que en verdad el valor que fue tomado no correspondía a la asignación mensual
más elevada, siendo relevante indicar que la entidad reconoció la prestación en los
términos del Decreto 546 de 1971, pero no es posible aceptar que se aparte de la
jurisprudencia reiterada tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de
Estado, que vienen sosteniendo que el IBL se aplica conforme a la Ley 100 de 1993
y sus decretos reglamentarios”.
Que, contra esa decisión judicial interpuso recurso de apelación, desatado el 9 de
mayo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el
sentido de confirmarla, al estimar que “la liquidación contenida en la Resolución
GNR 349049 del 5 de octubre de 2014 obedeció a interpretaciones legales y
jurisprudenciales en materia pensional distintas a las actualmente acogidas en
materia del régimen especial de la rama judicial, pues utilizó un ingreso base de
liquidación distinto al promedio salarial […] y, por el contrario, se basó en un IBL
que es, incluso, superior a la mayoría de las contraprestaciones salariales”.
Sostiene que el fallo objeto de censura incurre en defecto procedimental absoluto
y violación directa de la Constitución Política, porque “menoscab[ó su] derecho
fundamental a la seguridad social (pensión) […] al pretermitir la violación al debido
proceso del que […] fue víctima por parte de COLPENSIONES, toda vez que esta
entidad omitió su obligación y deber legal de llamar[la] para obtener su
5
Cabe precisar que, frente a esa decisión, el magistrado Néstor Javier Calvo Cháves presentó salvamento de voto, al estimar
que “por tratarse el […] proceso de un asunto donde la litis se circunscribe a un debate relacionado en torno al monto de la
mesada pensional a la que le asiste derecho a la demandante, mas no a aspectos que revistan la suficiente gravedad como
para enmarcarse en una conducta punible, […] la entidad demandada no podía revocar unilateralmente el valor de dicha
prestación, en tanto para esa decisión constituía requisito sine qua non el contar con la autorización previa, expresa y escrita
de la demandante, lo cual no ocurrió en el sub iudice” y, si la entidad demandada consideraba que la mesada pensional
reconocida resultaba “contraria al ordenamiento jurídico o que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, deb[ía] adelantar
las actuaciones procesales legalmente establecidas por el CPACA a efectos de retirar el acto administrativo que reconoció
esa prestación”.
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consentimiento de rebajar su mesada pensional; y de no haber obtenido ese
consentimiento, debió demandar su propio acto (Resolución GNR 349049 del 5 de
octubre de 2014)”.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 2 de
diciembre de 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y a la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en los términos del
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A6. Indicó que se remite “a las consideraciones que en su momento
se expresaron en la sentencia de primera instancia […] que la actora pretende
discutir a través de la acción constitucional”.
2.1.2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A7. Sostuvo que en la
sentencia de segunda instancia objeto de reproche “se plasmaron de manera clara
y suficiente las razones por las cuales se aceptaron los argumentos de la defensa
propuestos por la Administradora Colombiana de Pensiones, que no son más que
la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y el principio de primacía de
la realidad sobre las formas, ante un error matemático en que incurrió la
demandada y que resultó en un reconocimiento pensional sin sustento legal ni
probatorio, que generó el pago de una mesada más alta que la que en derecho
corresponde”.
2.1.3 Colpensiones8. Solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela,
comoquiera que “frente al caso particular no es el mecanismo adecuado para
conseguir la satisfacción del derecho reclamado por [la demandante], teniendo en
cuenta que no puede constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio
objeto de debate”.
6
Índice 00008 de Samai.
7
Índice 00009 de Samai.
8
Índices 00010 y 00011 de Samai.
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III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 9
de mayo de 2024, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A decidió, en segunda instancia, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la tutelante contra la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) [expediente 25000-23-42-000-2019-
00020-01], en el sentido de confirmar la providencia del 14 de julio de 2022, con la
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
negó las pretensiones; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la administración
de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
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derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
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Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (iii) Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv)
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que
esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)
decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
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el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201210, en el sentido de disponer que la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente,
así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que
esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos11.
3.5 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a
la administración de justicia de la tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura
no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y
se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, toda vez que la providencia atacada quedó ejecutoriada el
6 de junio de 202412 y la solicitud de amparo se presentó el 28 de noviembre
siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (5 meses y 22 días); y (v) la
9
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
10
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
11
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
12
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 29 de mayo de 2024, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 31 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
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sentencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto procedimental absoluto,
pues, pese a que la actora alegó la violación directa a la Constitución Política, sus
argumentos están más relacionados con una presunta vulneración al debido
proceso por inobservancia del procedimiento legalmente establecido para revocar
un acto administrativo propio, por lo que en virtud del principio de oficiosidad, que
señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de manera
extensiva el escrito inicial13, resulta adecuado analizar este trámite a partir de la
aludida causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.
3.5.1 Defecto procedimental.
Se precisa que puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…] hay una
renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por
extremo rigor en la aplicación de las normas procesales»14, es decir, se privilegian
aspectos formales sobre el derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso
a la administración de justicia15.
La Corte Constitucional, en sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de
2007, ha dicho que en la causal por defecto procedimental deben concurrir los
siguientes elementos: (i) que no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii)
que el defecto procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar
derechos constitucionales fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada, salvo que las propias circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que como
consecuencia de lo anterior, se vulneran garantías superiores16; y (v) que no puede
ser atribuible al afectado el desconocimiento del procedimiento que se arguye 17.
13
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: “Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda”.
14
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
16
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011, entre otras.
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Resulta oportuno anotar que la aludida Corporación18 también ha indicado que el
defecto procedimental de carácter absoluto se configura cuando el juez no observa
las formas propias de cada juicio, bien sea porque sigue uno ajeno al autorizado
(actúa por fuera de sus competencias), lo que implica exigir trámites o requisitos
que no corresponden, u omite adelantar etapas procesales en desconocimiento del
principio de legalidad y, por ende, del derecho fundamental al debido proceso de
las partes intervinientes.
En el asunto sub examine la demandante aduce que la providencia cuestionada
incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque “menoscab[ó
su] derecho fundamental a la seguridad social (pensión) […] al pretermitir la
violación al debido proceso del que […] fue víctima por parte de COLPENSIONES,
toda vez que esta entidad omitió su obligación y deber legal de llamar[la] para
obtener su consentimiento de rebajar su mesada pensional; y de no haber obtenido
ese consentimiento, debió demandar su propio acto (Resolución GNR 349049 del
5 de octubre de 2014)”.
Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
“[…] en cuanto al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 546 de 1971, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han adoptado una postura pacífica alrededor
de la idea de que dicho aspecto no se encuentra sometido al citado régimen de
transición y, en consecuencia, tal como se describió en la sentencia SUJ-S2-021-20
del 11 de junio de 2020, ese elemento debe atender los parámetros de los artículos 21
y 36 del régimen general de seguridad social.
En virtud de lo anterior, bajo las actuales reglas jurisprudenciales en materia pensional
del Decreto 546 de 1971, el IBL debe conformarse a partir del promedio de lo
devengado por el trabajador durante los 10 años anteriores a la adquisición del
derecho, o del tiempo que le hiciere falta para adquirirlo, según corresponda, contados
desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que da como resultado una
mesada pensional más acorde con la realidad salarial del interesado, es decir, ya no
es posible acudir como ingreso base de liquidación a la mesada más alta devengada
durante el último año de servicio como se consideraba en el pasado.
A partir de la anterior explicación, y de la revisión del certificado de salarios […] se
encontró que la señora Myriam Bernate devengó, durante el último año de servicio,
$113.492.085 por concepto de salarios, conformados por factores como sueldo, sueldo
de vacaciones, gastos de representación, prima de navidad, prima de servicios,
bonificación por servicios, bonificación por actividad judicial y bonificación judicial y que
si se extrajera de ese monto, los factores de sueldo de vacaciones, prima de
vacaciones, prima de servicios y prima de navidad, los cuales no tienen la idoneidad
legal de conformar el IBL, el salario mensual promedio fue de $ 7.172.802, cifra que
resulta ser más cercana a la base liquidatoria utilizada en la Resolución GNR 64897
del 6 de marzo de 2015.
18
Sentencias SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-363 de 2013 de la Corte Constitucional, entre otras.
10
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Ahora bien, la Subsección no desconoce el hecho de que Colpensiones, con ocasión
del error en el que incurrió en el primer acto, varió el valor del ingreso base de
liquidación de la demandante y, con ello, el monto final de la mesada sin haber
solicitado la autorización de que trata el artículo 97 del C.P.A.C.A. Sobre este aspecto
ha de decirse que, tal como lo sostiene la apelante, los actos administrativos de
carácter particular y concreto no pueden ser revocados o modificados de forma
unilateral por la autoridad que lo expidió sin la previa y expresa autorización del titular
del derecho, lo que quiere decir que, en este caso, Colpensiones procedió de forma
irregular.
Aún así, la Sala estima que, en primer lugar, el contenido normativo de ambos actos
es idéntico, es decir, no se incurrió en una modificación del régimen pensional o de los
requisitos para el reconocimiento del derecho y, en segunda medida, la utilización del
IBL consignado en la Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014 es
abiertamente contrario a la verdad probatoria y salarial de la demandante, por lo que
se considera contrario a los propósitos de la justicia admitir la vigencia de un acto en el
que se reconoció un derecho a partir de una irregularidad matemática, como sería la
utilización de una cifra de IBL que no tiene sustento probatorio, o jurídica, como la
interpretación y aplicación inadecuada del Decreto 546 de 1971, lo que puede llevar a
la generación de un impacto significativo y negativo en el área fiscal del sistema
pensional.
De ese modo, los actos administrativos no contienen un sustento normativo erróneo,
pues ambos acudieron a la Ley 100 de 1993 y al Decreto 546 de 1971; por el contrario,
es la Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014, cuya aplicación solicita la
demandante, la que contiene la aplicación de un IBL del que no se encuentra sustento
alguno y que podría ser considerado como una imprecisión que, si bien le es favorable,
no sería correcto avalarla por vía judicial, pues ello podría, incluso, abarcar las líneas
del aprovechamiento de un error de la administración, lo que resulta ser contrario a los
preceptos constitucionales de buena fe y justicia material.
De acuerdo con lo expuesto, es cierto que Colpensiones pudo incurrir en un
desconocimiento del debido proceso al no solicitar la autorización de la demandante
para corregir la grave imprecisión que cometió; no obstante, la Sala considera que el
citado derecho puede ceder en la balanza jurídica frente a otros principios en juego
tales como la justicia material, la prevalencia del derecho sustancial y la primacía del
derecho sustancial sobre las formas. Lo anterior es así porque al revisar
cuidadosamente los argumentos expuestos por la parte demandante se observa que
se centran únicamente en el no agotamiento del tan citado requisito de autorización,
pero nunca se hace alusión a que la disminución del valor de la mesada responda a
una incorrecta liquidación de la mesada, o una indebida conformación del ingreso base
de liquidación.
Dicho de otro modo, la parte accionante ha sustentado su defensa en un asunto que,
dadas las condiciones jurídicas del caso, podría considerarse como meramente
administrativo o procesal, pero no se ha referido de ningún modo a aspectos
sustanciales de su derecho pensional, tales como los factores salariales, la
interpretación o aplicación de la norma o las reglas de unificación alrededor de esta
clase de pensiones. Por tal razón, el estudio completo del proceso permite concluir que,
en esta oportunidad, es justo y vale la pena que los criterios procesales y
administrativos cedan ante el valor jurídico del derecho sustancial, pues debe tomarse
en consideración que la liquidación contenida en la Resolución GNR 64897 del 6 de
marzo de 2015 se ajusta de mejor manera a la actual posición del Consejo de Estado.
Así las cosas, a pesar de que en efecto Colpensiones procedió incorrectamente, lo
cierto es que, en aras de garantizar un derecho pensional acorde con las circunstancias
laborales de la demandante, con la ley y con la jurisprudencia, se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda”. (Énfasis
propio).
De lo anteriormente citado y de los documentos aportados a las presentes
diligencias, se evidencia que, Colpensiones, sin consentimiento ni autorización
11
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previa de la accionante, mediante Resolución GNR 64897 de 6 de marzo de 2015
redujo el monto de la pensión de jubilación que inicialmente le fue reconocida en
Resolución GNR 349049 de 5 de octubre de 2014, con fundamento en que se había
incurrido en un error matemático, lo cual para la autoridad accionada no resulta
desacertado, en razón a que, en su criterio, su derecho pensional “puede ceder en
la balanza jurídica frente a otros principios en juego tales como la justicia material,
la prevalencia del derecho sustancial y la primacía del derecho sustancial sobre las
formas”.
No obstante, para la Sala, Colpensiones no podía revocar unilateralmente el valor
de dicha prestación pese a haber advertido un error en su liquidación, en tanto para
esa decisión, conforme al artículo 9719 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), constituía requisito sine qua non el
contar con la autorización previa, expresa y escrita de la demandante, lo cual no
ocurrió y, de no obtenerse dicha autorización, debió demandar el correspondiente
acto administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Conforme a lo anterior, cabe precisar que, pese a que Colpensiones hubiere
incurrido en un error al liquidar la pensión de jubilación inicialmente reconocida a la
actora a través de un acto administrativo sobre el cual se presume su legalidad, por
no encontrarse acorde con el criterio jurisprudencial actual y vigente de esta
Corporación, al disminuir notoriamente su monto sin consentimiento previo de ella,
procedió de manera incorrecta y contraria a la Ley, dado que, se reitera, el artículo
97 del CPACA señala con claridad que “cuando un acto administrativo, bien sea
expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular”,
19
“Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley,
cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular
y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito
del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá
demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento
previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa”.
12
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máxime cuando, además, en el artículo 1920 de la Ley 797 de 200321 se estableció
que las entidades encargadas de administrar el reconocimiento y pago de ese tipo
de prestaciones, deben verificar el cumplimiento de los requisitos para la
adquisición de esos derechos y la legalidad de los documentos que sirvieron de
soporte para ese otorgamiento, de manera que un error en la valoración y
apreciación de esas pruebas por parte de Colpensiones, no puede conllevar a la
vulneración de las garantías superiores de la beneficiaria.
De acuerdo con lo anotado, se puede concluir que la providencia censurada, como
lo señaló la tutelante, incurre en defecto procedimental, porque, aunque advirtió
que no se adelantaron las etapas procesales correspondientes en el sub lite, lo cual
va en detrimento del derecho fundamental al debido proceso de la actora, optó por
negar sus pretensiones, lo que impone acceder al amparo solicitado.
Ahora bien, cabe precisar que, respecto al tema en cuestión y en un asunto de
similares contornos, en providencia de 19 de septiembre de 2024, esta
Corporación, específicamente esta Sala22, sostuvo:
“48. En ese orden, no puede olvidarse que el acto administrativo se caracteriza por
producir efectos jurídicos, es decir, lo que en él se determina es capaz de crear,
modificar o extinguir una situación jurídica particular que, en este caso, implicó el
reconocimiento de una prestación periódica a Oscar Albeiro Cardona Trujillo, bajo unos
presupuestos de exigibilidad que no podían ser modificados por la administración sin
agotar el trámite previsto para ello por la ley.
49. De acuerdo con lo anterior, la administración tiene prohibido revocar actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de manera
previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo derecho, en
caso contrario, deberá cuestionar su constitucionalidad o legalidad a través del
respectivo medio de control; salvo que se trate de los casos previstos en el artículo 19
de la Ley 797 de 2003, en los que previamente se debe agotar una actuación
administrativa en la que se compruebe la irregularidad.
50. Lo anterior resulta coherente con el deber que tiene la administración de respetar
sus propios actos, pero, esencialmente con la garantía de la inmutabilidad e
invariabilidad de la decisión que garantiza derechos reconocidos y, la buena fe con la
que se accedió a la prestación que le implicó respetar los compromisos que adquirió y
generó estabilidad a la situación creada, salvo autorización expresa del beneficiario o
decisión judicial”.
20
“ARTÍCULO 19. REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE. <CONDICIONALMENTE
exequible> Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la
adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de
la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales
pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el
incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las
autoridades competentes”.
21
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
22
Expediente 17001-23-33-000-2017-00348-01 (5199-2022), C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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De lo anterior se colige que, en estos casos, contrario a lo indicado por la autoridad
accionada, debe privilegiarse el aspecto formal sobre el sustancial, máxime cuando
se ha modificado unilateralmente un derecho pensional al que accedió la tutelante
en forma legal, por cuanto, se insiste, el artículo 97 del CPACA señala con claridad
que “cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo,
expreso y escrito del respectivo titular”.
Así lo estableció esta Corporación en providencia de 12 de marzo de 202023:
“La autoridad pública que expide un acto administrativo de contenido particular y
concreto, en el evento de considerar que éste no se ajusta al ordenamiento jurídico,
tiene a su alcance el mecanismo administrativo de la revocatoria directa, el cual le
permite revocar su decisión, previa la obtención del consentimiento del titular de la
relación jurídica establecida en aquél, de conformidad con lo previsto en el artículo 97
del CPACA. Ahora bien, de acuerdo con el inciso segundo de esta norma, en caso de
no obtenerse tal aprobación, la autoridad pública deberá demandar su propio acto ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La impugnación judicial que la entidad pública hace de los actos administrativos de
carácter particular que ella expide, ante la imposibilidad jurídica de revocarlos, se ha
denominado tradicionalmente como acción de lesividad, la cual, por sus características,
se equipara al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que ejercen
los particulares cuando demandan actos de esa misma naturaleza”.
De igual manera, resulta procedente aclarar que, aunque por regla general, la
revocatoria de actos administrativos de carácter particular requiere del
consentimiento del respectivo titular, existen excepciones establecidas en la ley,
dentro de las cuales, precisamente, en tratándose de temas pensionales, una de
ellas está prevista en el antes citado artículo 19 de la Ley 797 de 2003, que
establece que, en caso de comprobarse el incumplimiento de los requisitos para el
otorgamiento y pago de prestaciones económicas o que el reconocimiento se hizo
con base en documentación falsa se puede revocar el acto unilateralmente.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado el alcance de dicha norma en su
jurisprudencia, es así como en la sentencia C-835 de 200324, se declaró su
exequibilidad, “en el entendido que el incumplimiento de los requisitos o que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, se refiere siempre a
conductas que estén tipificadas como delito por la ley penal”, con fundamento en
los siguientes argumentos:
23
Sección Primera, Expediente 11001-03-24-000-2014-00366-00, C. P. Oswaldo Giraldo López.
24
M. P. Jaime Araújo Rentería.
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“[…] en el evento de que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o
se halla comprobado el incumplimiento de los requisitos, basta con que sean
constitutivos de conductas tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se inscribe
la utilización de documentación falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas
por la ley penal tales como el cohecho, el peculado, etc. Como que se trata de una
circunstancia de ostensible ilegalidad, respecto de la cual, “(...) la aplicación del
principio de buena fe deberá operar es en beneficio de la administración para proteger
el interés público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen
o desarrollo a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que
sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias”. 25
[…]
Por lo tanto, los motivos que dan lugar a la hipótesis revocatoria del artículo 19 no
pueden entenderse de manera indeterminada, aislada, ni al margen del debido
proceso. Antes bien, la manifiesta ilegalidad, tanto de las conductas reprochadas
como de los medios utilizados para acceder a la prestación económica que se
cuestione, debe probarse plenamente en el procedimiento administrativo que
contemplan las prenotadas disposiciones, para lo cual el titular del derecho prestacional
o sus causahabientes deberán contar con todas las garantías que inspiran el debido
proceso en sede administrativa, destacándose el respeto y acatamiento, entre otros,
de los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción; y por
supuesto, imponiéndose el respeto y acatamiento que ameritan los términos
preclusivos con que cuenta el funcionario competente para adelantar y resolver cada
etapa o lapso procedimental. Así, la decisión revocatoria, en tanto acto reglado que
es, deberá sustentarse en una ritualidad sin vicios y en una fundamentación probatoria
real, objetiva y trascendente, en la cual confluyan de manera evidente todos los
elementos de juicio que llevaron al convencimiento del funcionario competente para
resolver. En conclusión, entre la parte motiva y la parte resolutiva del acto de
revocatoria directa deben mediar relaciones de consonancia que estén acordes con los
respectivos mandatos constitucionales y legales, particularmente, con el debido
proceso, la legalidad de los derechos adquiridos y la defensa del Tesoro Público.
Recordando además que, en materia de supresión de actos administrativos, no es lo
mismo cuando interviene un funcionario administrativo que cuando interviene el juez; y
que, en todo caso, la revocatoria directa de un acto administrativo que reconoce una
pensión o prestación económica sólo puede declararse cuando ha mediado un delito”.
(Énfasis propio).
Por otra parte, la Corte Constitucional en la sentencia SU-182 de 201926 unificó la
jurisprudencia en relación con la figura de la revocatoria directa para asuntos
pensionales relacionados con fraude y reiteró el criterio trazado en el fallo C-835 de
2003, para lo cual fijó las siguientes reglas:
(i) Solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título. Según dispone el artículo 58 de la Carta Política, la protección de los
derechos adquiridos, implica que su obtención se dio “con arreglo a las leyes vigentes”.
Los derechos que se obtienen irregularmente no pueden aspirar a la misma protección
e inmutabilidad de la que gozan los derechos obtenidos con apego a la Ley27.
(ii) La verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un
deber. Las administradoras de pensiones o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas, no solo están facultadas, sino que
es su deber verificar de oficio, el cumplimiento de los requisitos para la adquisición de
un derecho prestacional. Sin embargo, mientras no surjan nuevos motivos o causas
fundadas de duda, no puede la administración reabrir periódicamente investigaciones
25
Ibídem.
26
M. P. Diana Fajardo Rivera.
27
Constitución Política. Art. 58. Sentencias T-639 de 1996 MP. Vladimiro Naranjo; C-672 de 2001. MP. Álvaro Tafur Galvis;
C-1007 de 2002. MP. Clara Inés Vargas; C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo; SU-240 de 2015. MP. Martha Victoria Sáchica.
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que afecten derechos adquiridos, y propicien escenarios injustificados de inseguridad
jurídica28.
(iii) Solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran
enmarcarse en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el
consentimiento del afectado. Con este criterio, la jurisprudencia busca evitar que el
ciudadano quede al arbitrio de la administración. La simple sospecha, inconsistencias
menores en el cumplimiento de los requisitos, o debates jurídicos alrededor de una
norma, no habilitan el mecanismo de la revocatoria unilateral 29. Estos motivos deben
ser lo suficientemente graves como para que pudieran enmarcarse en una conducta
penal30.
(iv) No es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del
beneficiario de la pensión. Los supuestos que trae el artículo 19 de la Ley 797 de
2003 deben entenderse como el resultado de conductas u omisiones especialmente
graves, al punto que pudieran enmarcarse en algún tipo penal; y no simplemente
tratarse de discrepancias jurídicas, o inconsistencias menores en el cumplimiento de
los requisitos31. Esto supone un estándar alto de prueba a cargo de la administración,
pero no implica una suerte de prejudicialidad, que restrinja la actuación de la
administración a la espera que se produzca una sentencia penal condenatoria.
(v) Tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error
a la administración, pues el ordenamiento jurídico sanciona a quién se aprovecha
de estos escenarios. El cumplimiento de las normas es un presupuesto básico del
Estado social y democrático de derecho. Actuar con rectitud y honestidad es una
exigencia que se deriva del principio general de la buena fe y que permite crear un
ambiente de confianza mutuo, imprescindible para el buen funcionamiento del sistema
pensional. El orden constitucional no protege la posición de quien pretende
aprovecharse del error o infortunio ajeno para obtener un beneficio particular 32.
(vi) Sujeción al debido proceso. La administración o autoridad competente no puede
suspender un derecho pensional, sin antes haber agotado un debido proceso que
garantice al afectado su defensa. En este proceso, la carga de la prueba recae sobre
la administración a quien corresponde desvirtuar la presunción de buena fe que cobija
al pensionado. Durante el mismo, debe prestarse especial atención a los principios de
la necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción 33. Frente a una “censura
fundada”34 de la administración, la carga de la prueba se traslada al afiliado.
(vii) El derecho fundamental al habeas data y la prueba supletiva de la historia laboral.
Tanto el empleador35 como las administradoras de pensiones 36 son las principales
responsables de velar por la correcta expedición y custodia de los certificados que den
cuenta fielmente de la trayectoria laboral de una persona. Pero, teniendo en cuenta que
aún subsisten fallas en el manejo de la información, las administradoras de pensiones
no pueden, sin más, modificar la historia laboral de un afiliado, salvo que cuenten con
una “justificación bien razonada”37 y sujeta a un debido proceso. El afiliado, por su
parte, está en el derecho de controvertir el dictamen de la administración, y para ello
podrá hacer uso de los medios supletivos de prueba a su alcance. El análisis del nivel
de certeza que ofrecen estos medios alternos deberá hacerse caso a caso, y teniendo
en cuenta, también, que la tutela no es el escenario para adelantar un examen
probatorio a fondo, ni reemplaza la competencia del juez ordinario, quien tiene la
palabra definitiva.
28
Sentencia C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo.
29
Sentencias T-347 de 1994. MP. Antonio Barrera Carbonell y T-611 de 1997. MP. Hernando Herrera.
30
Sentencia C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo.
31
Sentencias C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo; y T-479 de 2017. MP. Cristina Pardo Schlessinger.
32
Constitución Política, Arts. 1, 83 y 95. Sentencia SU-240 de 2015. MP. Martha Victoria Sáchica.
33
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araujo.
34
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana Margarita Olaya Forero. Sentencia del 16 de
julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029).
35
Para el sector público, ver Ley 4 de 1913, Ley 43 de 1913, Decreto 2842 de 2010; y en el sector privado, ver Código
sustantivo del trabajo (Art.57 y 264).
36
Ley 100, Art 53. Ver, entre muchas otras, sentencias T-144 de 2013. MP. María Victoria Calle; T-494 de 2013. MP. Luis
Guillermo Guerrero; T-463 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz.
37
Sentencias T-208 de 2012. MP. Juan Carlos Henao y T-463 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz.
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(viii) El procedimiento administrativo de revocatoria no debe entenderse como un
escenario puramente adversarial. Ateniendo las fallas históricas en el manejo de la
información laboral, y considerando que el trabajador es la parte débil38 del sistema,
las administradoras de pensiones no pueden asumir el procedimiento de revocatoria
como una instancia meramente adversarial. Están obligadas a utilizar sus
competencias de investigación e inspección, incluso de oficio, para corroborar o
desestimar los argumentos y pruebas que ponga de presente el trabajador39. En caso
de que el afiliado allegue algún medio de prueba que soporte razonablemente su
versión, no se podrá revocar su derecho, hasta tanto la administración agote los medios
a su alcance para verificar las pruebas e intentar aproximarse a la realidad fáctica de
lo sucedido.
(ix) Efectos de la revocatoria. La revocatoria directa solo tiene efectos hacia el futuro (ex
nunc)40. La administración no puede recuperar los dineros que haya girado en una
maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que debe acudir al juez
administrativo, quién sí es competente para retrotraer todas las consecuencias que
ocasionó un acto administrativo contrario a derecho 41.
(x) Alcance de la revocatoria y recurso judicial. La revocatoria unilateral es un
mecanismo de control excepcional promovido por la propia administración. Esta no
resuelve definitivamente sobre la legalidad de un acto administrativo, ni tiene la
competencia para expulsar del ordenamiento un acto pensional y retrotraer sus efectos.
Tanto la administración como los particulares podrán acudir ante el juez competente
para resolver de forma definitiva las diferencias que surjan en torno a un reconocimiento
pensional”.
De lo anterior se colige que, pese a que se pueden revocar unilateralmente los
actos administrativos de carácter particular cuando se comprueba el incumplimiento
de los requisitos para el otorgamiento y pago de prestaciones económicas o que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, (i) no se puede tratar de
cualquier incumplimiento de requisitos, como ocurre con los errores de forma o
inconsistencias por desactualización de la información interna de las entidades
correspondientes, porque, además, la Administración debe, previamente, hacer
una verificación exhaustiva con sujeción al debido proceso, de tal modo que no
puede extender a los titulares de la pensiones o prestaciones económicas los
efectos de su propia incuria; y (ii) el incumplimiento de los requisitos debe estar
tipificado como delito, situaciones que, se reitera, no ocurrieron en el asunto sub
examine.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la actora
demostró que la sentencia de 9 de mayo de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en defecto procedimental. Por tal
38
Sentencia T-058 de 2017. MP. Gabriel Eduardo Mendoza.
39
Ver sentencias T-144 de 2013. MP. María Victoria Calle y T-463 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz.
40
Sentencia C-835 de 2003 MP. Jaime Araujo. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana
Margarita Olaya Forero. Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029).
41
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Arts. 138 y 164, núm. 1º,
literal c.
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motivo, se accederá a la solicitud de amparo invocada por la señora Myriam Stella
Bernate de Martín.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Myriam Stella Bernate de Martín, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el fallo de 9 de mayo de 2024, por cuyo
conducto el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A decidió, en
segunda instancia, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la tutelante contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) [expediente 25000-23-42-000-2019-00020-01], confirmando la
providencia del 14 de julio de 2022, con la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A negó las pretensiones.
TERCERO. En consecuencia, ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación
de esta providencia, dicte una nueva providencia en el aludido asunto ordinario,
teniendo en cuenta las consideraciones planteadas en esta decisión.
CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones establecidas
en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SEXTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
18
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06560-00
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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