Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06560-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06560-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06560-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06560-01
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06560-01
Demandante MYRIAM STELLA BERNATE DE MARTÍN
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y
OTRO
Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos por violación directa de la
Constitución Política y procedimental. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento pensión jubilación
Decreto 546 de 1971. Monto. Revocatoria acto particular y concreto sin
consentimiento expreso.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Colpensiones contra la sentencia del
20 de enero de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que dispuso:
«PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Myriam Stella
Bernate de Martín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el fallo de 9 de mayo de 2024, por cuyo conducto el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A decidió, en segunda instancia, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la tutelante contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) [expediente 25000-23-42-000-
2019-00020-01], confirmando la providencia del 14 de julio de 2022, con la que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A negó las pretensiones.
TERCERO. En consecuencia, ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, dicte una nueva providencia en el aludido asunto ordinario, teniendo en cuenta
las consideraciones planteadas en esta decisión».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de noviembre de 20241, la señora Myriam Stella Bernate de Martín interpuso
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, al mínimo vital, la vida digna y a la seguridad social.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Primera: Que se declare que las autoridades judiciales accionadas al pronunciar las
sentencias de primera y segunda instancia en las fechas y con el alcance up supra indicados,
incurrieron en violación de los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la seguridad
social, a la igualdad, al mínimo vital y vida digna y al eficaz acceso a la administración de
justicia y, en consecuencia, incurrieron en violación directa de normas constitucionales,
sustantivas y procedimentales.
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Escrito de tutela radicado al correo de tutelas en línea.
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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín
Segunda: Que la Honorable Sala del Consejo de Estado, a quien le corresponda decidir esta
acción, para preservar los derechos fundamentales invocados profiera una nueva sentencia
que sustituya e invalide las anteriores, restituyéndole a la accionante los derechos
fundamentales vulnerados.
Tercera: Que, esa Honorable Corporación declare la plena validez de la Resolución No. GNR
349049 de 5 de octubre de 2014, mediante la cual COLPENSIONES reconoció la pensión de
vejez a la accionante MYRIAM STELLA BERNATE DE MARTÍN, en cuantía de $7.612.500,
aplicando para ello el Decreto 546 de 1971.
Cuarta: Que, en consecuencia, se declare la nulidad de la Resolución GNR 648976 emitida
por COLPENSIONES el 6 de marzo de 2015, mediante la cual redujo la prestación pensional
reconocida de $7.612.500 a la suma de $5.576.649, afectando a la accionante en la suma de
$2.035.851 de la mesada pensional previamente reconocida.
Quinta. Que igualmente, se declare la nulidad de las Resoluciones de COLPENSIONES, con
posterioridad a la que revocó la que reconoció el derecho pensional, emitidas como respuesta
a las varias reclamaciones en ese sentido, tales como: VPB No. 35953 del 21 de abril de 2015,
GNR No. 5558 del 8 de enero de 2016, VPB No. 13858 del 13 de marzo de 2016 y la SUB No.
67641 del 13 de marzo de 2018».
2. Hechos
Del estudio del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Myriam Stella Bernate de Martín laboró al servicio de la Fiscalía
General de la Nación desde el año 1989 hasta el año 2014, siendo el último
cargo desempeñado el de Fiscal delegada ante los Jueces Penales del
Circuito.
2.2. Mediante la resolución GNR 249049 del 5 de octubre de 2014 la
Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones),
reconoció a favor de la actora pensión de jubilación, en aplicación del Decreto
546 de 1971, condicionado al retiro definitivo del servicio.
El 14 de octubre de 2014, una vez notificada del acto administrativo de
reconocimiento pensional, la accionante renunció al cargo de fiscal delegada,
con efectos a partir del 5 de enero de 2015.
2.3. Una vez aceptada la renuncia al empleo, la señora Bernate de Martín solicitó
a Colpensiones su inclusión en nómina de pensionados; orden que se emitió
mediante la resolución GNR 648976 del 6 de marzo de 2015. Sin embargo,
además de la inclusión en nómina ordenada a partir de la efectividad de la
renuncia, la entidad pensional redujo el monto de la prestación inicialmente
reconocida ($7’612.500) a la suma de $5’576.649, evidenciándose una
diferencia de $2´035.851 de la respectiva mesada pensional, sin que se
hubiera solicitado su consentimiento para modificar el acto administrativo de
reconocimiento inicial.
Contra la anterior decisión, la interesada interpuso recurso de apelación, que
fue resuelto por resolución VPB No. 35953 de 21 de abril de 2015, confirmando
en todas sus partes la decisión recurrida.
2.4. El 27 de octubre de 2015 la actora solicitó la reliquidación de su pensión de
jubilación con la inclusión de todos los factores devengados en el último año
de servicios.
Dicha petición fue negada por Colpensiones mediante la resolución GNR 5558
del 8 de enero de 2016 por considerar que lo decidido se encontraba ajustado
a las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.
Indicó que la mesada pensional de la actora, corresponde incluso a una suma
menor, pero que respetaría el último valor reconocido de $5´576.649.
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Contra la anterior decisión la accionante interpuso recurso de apelación,
resuelto por Colpensiones mediante la resolución VPB 13858 del 28 de marzo
de 2016, confirmando la decisión recurrida.
2.5. El 20 de diciembre de 2017 la actora solicitó la revocatoria directa de la
resolución GNR 648976 del 6 de marzo de 2015; petición que fue negada
mediante la resolución SUB 67641 del 13 de marzo de 2018, y por tanto, no
se accedió a la reliquidación pensional pretendida.
Colpensiones consideró que no era procedente la revocatoria directa del acto
administrativo pretendido, porque contra la decisión interpuso los recursos de
ley. Sin embargo, argumentó que en aplicación al derecho al debido proceso
haría un estudio de reliquidación pensional y, encontró que el monto de la
mesada arrojaba un valor menor al que actualmente percibía, de manera que,
por favorabilidad, no había lugar a modificar esa suma.
2.6. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho la señora Myriam Stella Bernate de Martín demandó a la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, pretendiendo la
nulidad de los actos administrativos por los que se redujo su mesada
pensional. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara el
pago de indexado de las diferencias resultantes entre la reliquidación de las
mesadas con los respectivos incrementos correspondientes a los años 2015,
2016, 2017, 2018 y hasta que se hiciera efectivo el pago, con los intereses
moratorios.
2.7. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A (expediente Nro. 25000-23-42-
000-2019-00020-00) que, en sentencia del 14 de julio de 2022 negó las
pretensiones de la demanda.
El tribunal reconoció que Colpensiones omitió adelantar el procedimiento de
revocatoria directa de acto particular y concreto, previsto en el artículo 97 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
sin embargo, consideró que la prestación no podía pagarse como había sido
inicialmente reconocida, ya que, en efecto, el valor que se tomó no
correspondía a la asignación mensual más elevada, además que se había
reconocido en los términos del Decreto 546 de 1971 pero que, no era posible
aceptar que se apartara de la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, en la que se sostenía que el IBL se
aplicaba conforme a la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
En ese orden de ideas, dijo que al estudiar la legalidad de los actos acusados,
era claro que el valor tomado como IBL del mes de marzo por valor de
$10.150.000 era una suma que, pese a encontrarse en el historial de semanas
cotizadas de Colpensiones por el periodo del 1º al 31 de marzo de 2014, no
era acorde con la realidad salarial y prestacional de la señora Bernate de
Martín en la medida que no se había detallado los emolumentos sobre los que
se habían hecho las correspondientes cotizaciones.
Precisó que, conforme con el certificado de devengados y deducciones
expedido por la Fiscalía General de la Nación, justamente para el mes de
marzo se había reportado una cotización de $165.500, cuya base de sería la
suma de $4.137.500, lo cual era contrario a lo reportado en el Historial de
Semanas Cotizadas donde se indicó una base de $10.150.000.
Que al revisar las cotizaciones realizadas entre los meses de mayo, agosto,
septiembre, octubre y noviembre de 2014 el IBC alcanzó la suma de
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$7.172.802, que correspondía al sueldo, gastos de representación y
bonificación judicial, y el 4% de aportes que correspondía al trabajador fue de
$286.900, por lo que extraer el 75 % del valor constante de dichos meses,
arrojaba un valor de $5.379.600 que era cercano al establecido por
Colpensiones.
Dijo que, pese a que Colpensiones se le cuestionó el hecho de asumir un IBL
a partir de una prueba que no se compadecía con la verdadera situación
salarial y prestacional de la demandante, sumado a la omisión de dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, relativo al
consentimiento con el que debió contar para modificar el valor de la pensión
que inicialmente reconoció, lo cierto era que lo pretendido en la demanda se
apartaba de la actual línea jurisprudencial del Consejo de Estado en sentencia
de unificación de 11 de junio de 2020 No. CE-SUJ-S2-021-201, en la cual se
señaló que se reconocería pensión de jubilación conforme al régimen especial
de la Rama Judicial, Decreto 546 de 1971, con excepción de los factores que
serían los enlistados en el Decreto 1158 de 1994, aplicable al caso por estar
la controversia en trámite judicial.
2.8. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante ante el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A que, en sentencia del 9 de mayo de
2024 (notificada por correo electrónico el 29 de mayo de 2024), confirmó la decisión
de primera instancia.
Sostuvo la decisión de cierre que, si bien podría pensarse que el
reconocimiento pensional de la actora se basó en la aplicación del artículo 6º
del Decreto 546 de 1971, tomando como base para su liquidación el salario
más alto devengado en el último año de servicio, de cara a lo probado con el
certificado de salarios obrante en el expediente, se evidenciaba que la mesada
más alta percibida por la señora Myriam Stella Bernate fue la correspondiente
al mes de diciembre de 2014 (de $ 15’384.137), mientras que la del mes de
marzo fue de $3’565.086, por lo que no era cierto que la primera liquidación
de la mesada pensional discutida hubiera obedecido a la mensualidad más
alta o la correspondiente a mes de marzo de 2014.
Lo anterior llevó a la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación a
concluir que, no existía certeza del origen del IBL utilizado por Colpensiones
para calcular el monto de la pensión en la Resolución GNR 349049 del 5 de
octubre de 2014, es decir, no se conocía de dónde obtuvo Colpensiones el
valor del IBL utilizado para liquidar la prestación por vejez.
Sin embargo, precisó que de la revisión del certificado de salarios se encontró
que durante el último año de servicio la actora devengó $113.492.085 por
concepto de salarios, conformados por factores como sueldo, sueldo de
vacaciones, gastos de representación, prima de navidad, prima de servicios,
bonificación por servicios, bonificación por actividad judicial y bonificación
judicial y que si se extrajera de ese monto, los factores de sueldo de
vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad, los
cuales no tenían la idoneidad legal de conformar el IBL, el salario mensual
promedio sería de $ 7.172.802, cifra que resultaba ser más cercana a la base
liquidatoria utilizada en la resolución GNR 64897 del 6 de marzo de 2015.
De modo, que si se tenía en cuenta que la resolución GNR 349049 del 5 de
octubre de 2014 había reconocido inicialmente la pensión de vejez de la
actora, esta obedeció a interpretaciones legales y jurisprudenciales en materia
pensional distintas a las actualmente acogidas en materia del régimen especial
de la rama judicial, pues utilizó un ingreso base de liquidación distinto al
promedio salarial de la accionante y, se basó en un IBL incluso superior a la
mayoría de las contraprestaciones salariales de la accionante.
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En lo relacionado con el consentimiento que Colpensiones debió solicitar para
modificar el valor del ingreso base de liquidación de la accionante y, con ello,
el monto final de la mesada, precisó que la entidad procedió de forma irregular
y contraria al artículo 97 del CPACA pero que, no obstante «el citado derecho
puede ceder en la balanza jurídica frente a otros principios en juego tales como la justicia
material, la prevalencia del derecho sustancial y la primacía del derecho sustancial sobre las
formas. Lo anterior es así porque al revisar cuidadosamente los argumentos expuestos por la
parte demandante se observa que se centran únicamente en el no agotamiento del tan citado
requisito de autorización, pero nunca se hace alusión a que la disminución del valor de la
mesada responda a una incorrecta liquidación de la mesada, o una indebida conformación del
ingreso base de liquidación».
3. Fundamentos de la acción
La accionante consideró que al proferir las sentencias del 14 de julio de 2022 y del
9 de mayo de 2024, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nro. 25000-23-42-000-2019-00020-00/01, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, incurrieron en los defectos por violación directa de la Constitución y
procedimental absoluto.
3.1. Defecto por violación directa de la Constitución. En sentir de la accionante,
se vulneró su derecho fundamental al debido proceso porque Colpensiones
omitió su obligación y deber legal de obtener su consentimiento con el fin de
rebajar su mesada pensional y que, de no haber obtenido ese consentimiento,
debió demandar su propio acto, esto es, la resolución GNR 349049 del 5 de
octubre de 2014, conforme lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1437 de
2011, pero que, de forma deliberada, omitió realizar estas actuaciones que
eran obligatorias por mandato legal y constitucional y que tal actuar y mal
proceder había sido avalado por los jueces ordinarios en las sentencias
respectivas.
Además, consideró que, en las respectivas sentencias, la administradora de
pensiones debió ser conminada a buscar la certificación de factores salariales
en sus registros o en su defecto a solicitarlas a misma solicitante o a la Fiscalía
General de la Nación y que, lo cierto era que ella allegó la documentación
pertinente con la solicitud de pensión.
Insistió en que los jueces ordinarios subsanaron y prácticamente ratificaron la
actuación irregular de la administradora de pensiones sin que se generara
censura o responsabilidad alguna en cabeza de Colpensiones.
3.2. Defecto procedimental absoluto. Para la parte actora, las autoridades
judiciales accionadas actuaron al margen del procedimiento legal establecido
al no declarar la nulidad del acto administrativo cuando se advertía la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad
social y que habían escogido una interpretación contraria a los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica, lo que a su paso implicaba un
desconocimiento material o sustantivo al decidir sobre normas inexistentes
para la época en que se reconoció la pensión de jubilación, pretermitiéndose
un procedimiento que era obligatorio adelantar por parte de Colpensiones.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 2 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la presente acción y ordenó notificar en calidad de parte
accionada al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y a la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
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4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, indicó que en la
decisión cuestionada se plasmaron de manera clara y suficiente las razones
por las cuales se aceptaron los argumentos de la defensa propuestos por la
Administradora Colombiana de Pensiones, que no eran otros que la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y el principio de primacía
de la realidad sobre las formalidades, ante un error matemático en que incurrió
la demandada y que resultó en un reconocimiento pensional sin sustento legal
ni probatorio, que generó el pago de una mesada más alta que la que en
derecho correspondía. Sostuvo que la decisión se sustentó en las pruebas
aportadas al proceso y en el marco legal aplicable al caso concreto.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, rindió informe por conducto del actual titular del despacho,
quien manifestó que tomó posesión el 1º de octubre de 2024, que el despacho
a su cargo conoció en segunda instancia el expediente 2 5000-23-42-000-2019-
00020-00 que corresponde al proceso ordinario cuya decisión era objeto de la
presente acción de tutela y, en ese orden de ideas, manifestó remitirse a las
consideraciones de la sentencia de primera instancia firmada por la Sala de
decisión de la que actualmente hace parte.
4.4. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, presentó
escrito de oposición en el que manifestó que la acción de tutela no podía ser
entendida como una tercera instancia para volver a analizar el litigio objeto de
debate, pues que esto sería invadir la órbita de competencia del juez ordinario
y excedería la competencia del juez constitucional.
De otra parte, hizo mención a la intangibilidad de las sentencias y recordó que
las decisiones emitidas por los jueces que estaban ejecutoriadas, hacían
tránsito a cosa juzgada, en ese orden de ideas, sostuvo que el trámite que se
discutía en la presente acción ya había sido objeto de estudio por el juez
natural y que no se había accedido a las pretensiones de la demanda, por lo
que la tutela debía ser declarada improcedente ante la existencia la cosa
juzgada.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 20 de enero de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado accedió a las pretensiones de la demanda de tutela. Consideró
que se configuraba un defecto procedimental en la decisión de cierre del respectivo
medio de control ya que, luego de analizar los documentos aportados al proceso y
encontrar que Colpensiones, sin consentimiento ni autorización previa de la
accionante, redujo el monto de la pensión de vejez que le había sido inicialmente
reconocida, alegando que había incurrido en un error matemático.
Sostuvo que, aun cuando en la sentencia acusada se indicó que el derecho
pensional podía ceder en la balanza jurídica frente a otros principios en juego tales
como la justicia material, la prevalencia del derecho sustancial y la primacía del
derecho sustancial sobre las formas, encontraba claro que Colpensiones no podía
revocar unilateralmente el valor de dicha prestación, pese a haber advertido un error
en su liquidación, pues que conforme lo dispuesto en el artículo 97 del CPACA era
requisito indispensable contar con la autorización previa, expresa y escrita de la
demandante, lo cual no ocurrió, y en caso de no contar con dicha autorización,
proceder a demandar su propio acto administrativo ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativo.
Conforme a lo anterior, pese a que Colpensiones hubiere incurrido en un error al
liquidar la pensión de jubilación inicialmente reconocida a la actora a través de un
acto administrativo sobre el cual se presumía su legalidad, por no encontrarse
acorde con el criterio jurisprudencial actual y vigente de la corporación al disminuir
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notoriamente su monto sin consentimiento previo de la titular, había procedido de
manera incorrecta y contraria a la ley, insistiendo que el artículo 97 del CPACA
señala expresamente que «cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya
creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho
de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del
respectivo titular», por lo que debía privilegiarse el aspecto formal sobre el sustancial,
máxime cuando se había modificado unilateralmente un derecho pensional al que
accedió la tutelante en forma legal.
6. Impugnación y actuación posterior al fallo
6.1. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, impugnó la
decisión de primera instancia. Reiteró los argumentos expuestos en el informe
rendido dentro del presente trámite constitucional y pidió se revocara la
decisión de tutela de primera instancia.
Argumentó que la decisión emitida por los jueces ordinarios se encontraba
ejecutoriada, por lo que operó la cosa juzgada. Insistió que la tutela no podía
ser utilizada como una instancia adicional para prologar el debate ya resuelto
por el juez natural.
Adicionalmente se refirió a la sostenibilidad del sistema pensional, indicando
que «cualquier decisión que tomen los administradores de justicia, debe tener en cuenta que
mientras las determinaciones afecten situaciones que redundan en temas económicos, deben
basar las mismas en el principio constitucional de sostenibilidad fiscal del sistema pensional,
de lo contario so pena de la protección al derecho de un afiliado o ciudadano, pueden verse
afectados todos aquellos que hacen parte del sistema».
6.2. En cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, profirió sentencia de reemplazo el
20 de marzo de 2025, en la que revocó la sentencia del 14 de julio de 2022
expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar,
declaró la nulidad de las Resoluciones GNR 64897 y VPB 35953 de 2015
expedidas por Colpensiones, y ordenó lo siguiente:
«TERCERO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, RESTAURAR
LA VIGENCIA de la Resolución GNR 349049 de 2014; y CONDENAR a la
Administradora Colombiana de Pensiones a pagar con efectos retroactivos las sumas
dejadas de percibir por la señora Myriam Stella Bernate de Marín con ocasión a la
expedición de las Resoluciones GNR 64897 y VPB 35953 de 2015, desde la fecha en
que se hizo efectiva la reliquidación pensional allí contenida y hasta que se restaure el
valor de la mesada pensional reconocido en la Resolución GNR 349049 de 2014,
efectuando las deducciones proporcionales que correspondan por concepto de aportes
al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
CUARTO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones indexar la cifra
resultante de conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 187 del
CPACA y con base en la fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. SIN CONDENA en costas en ninguna de las dos instancias por los motivos
explicados en la parte motiva de esta decisión.»
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. De allí que la
Corte Constitucional establezca como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, que la providencia judicial que se cuestiona deba
contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con
la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener en cuenta
que, en la sentencia, SU573 de 2017, la Corte Constitucional analizó el tercer
elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en los antecedentes del caso, y
concretamente con los argumentos de la impugnación, si hay lugar a revocar la
decisión de tutela de primera instancia que accedió a las pretensiones de la
demanda por encontrar acreditado el defecto procedimental en la sentencia del 9
de mayo de 2024, proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho Nro. 25000-23-42-000-2019-00020-00/01.
4. Análisis de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
La solicitud de amparo se promovió dentro de un plazo razonable dado que la
providencia objeto de amparo se notificó a través de correo electrónico el 29 de
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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín
mayo de 20243 y la acción de tutela fue radicada el 28 de noviembre de 20244. Esta
circunstancia permite concluir que se respetó el parámetro temporal de seis meses
establecido por esta Corporación para la procedencia de la acción5.
Adicional a lo anterior, contra la sentencia de segunda instancia proferida en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no proceden recursos
ordinarios y los argumentos planteados en la acción de tutela no se corresponden
con las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de unificación de
jurisprudencia o de revisión.
El asunto no alude a una discusión de orden legal o económico, sino que recae
sobre el restablecimiento de derechos relacionados con la seguridad social y cumple
con el presupuesto de carga argumentativa, de modo que, si existieran los errores
que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales.
Tampoco se trata de una acción de tutela contra una sentencia de la misma
naturaleza.
La Sala estima satisfecho el requisito de la relevancia constitucional porque el
asunto no alude a una discusión de orden legal o económico, pues recae sobre el
restablecimiento de derechos relacionados con la seguridad social, concretamente
el derecho al goce efectivo del derecho a la pensión de jubilación, y cumple con el
presupuesto de carga argumentativa, de modo que, si existieran los errores que
alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social.
En el caso se discute el monto de la pensión reconocida a la señora Bernate de
Martín, por haber cumplido con los requisitos establecidos en el Decreto 546 de
1971, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y haber laborado para la Fiscalía General de la Nación; y la
revocatoria parcial de un acto administrativo de contenido particular y concreto, sin
el previo consentimiento de su titular, lo que hace procedente, la intervención del
juez constitucional.
En la sentencia T-422 de 2011, la Corte Constitucional6 se pronunció sobre la
relevancia constitucional en ciertos casos relacionados con derechos pensionales
para explicar que «el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es un asunto de relevancia
constitucional por estar radicado en personas de la tercera edad; la privación de este derecho puede
afectar el derecho al mínimo vital de este grupo de ciudadanos, y la procedibilidad para ser reclamado por
vía de tutela se da cuando convergen otras circunstancias que complican la existencia digna del sujeto,
tales como padecimientos de salud, carencia de otros recursos para subsistir, e indefinición del marco
normativo en que se encuentra el afectado; el reconocimiento extemporáneo del derecho con base en
esta última circunstancia puede convergir en la ocurrencia de un perjuicio irremediable que el juez de
tutela está llamado a evitar mediante la utilización de la acción como mecanismo transitorio».
Tal como lo consideró el juez de tutela de primera instancia, la controversia
propuesta trasciende al escenario constitucional, como quiera que se alega el
desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, en este caso, del
debido proceso administrativo, toda vez que se le endilga a Colpensiones la
revocatoria parcial de un acto administrativo de contenido particular y concreto (el
que reconoció la pensión de vejez a la actora en una cuantía específica), sin el previo
consentimiento del titular del derecho en él reconocido, y sin adelantar el
procedimiento previsto en el artículo 97 CPACA, lo que tiene una incidencia directa
en el goce efectivo del derecho pensional de la accionante.
3
Conforme se evidencia en el aplicativo SAMAI, en el proceso ordinario en segunda instancia en el que se encuentra
registrada la constancia de notificación a las partes por correo electrónico.
4
Fecha de radicación en el correo de tutelas en línea.
5
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
6
Sentencia SU-062 de 2023.
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5. Análisis del caso concreto
5.1. En el escrito de impugnación, Colpensiones indicó que la decisión proferida en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se encontraba
ejecutoriada, por lo que operó la cosa juzgada.
Como se indicó previamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado han admitido la procedencia excepcional contra
providencias judiciales. Sin embargo, a fin de proteger la autonomía funcional
y la independencia judicial, la labor de jueces de tutela está orientada a
proteger derechos fundamentales vulnerados con una decisión judicial y a
proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente.
Estos requisitos deben cumplirse todavía con mayor rigor tratándose de una
decisión proferida por el órgano de cierre judicial en la materia.
De modo que, contrario a lo que indica Colpensiones la presente acción resulta
procedente para el estudio de una decisión que, en principio ha hecho tránsito
a cosa juzgada, a la luz de las causales generales y especiales de procedencia
de este mecanismo constitucional, ya que la labor del juez de tutela no es
resolver el asunto sometido al estudio y decisión del juez natural, sino la de
verificar si eventualmente el juez de la causa pudo incurrir en alguno de los
defectos.
Así las cosas, el argumento de la cosa juzgada de una decisión judicial no
impide un eventual pronunciamiento del juez de tutela, el cual está orientado
a proteger los derechos fundamentales que eventualmente pudieran ser
trasgredidos con la respectiva providencia judicial.
5.2. En el escrito de impugnación Colpensiones alegó, de manera general, que la
situación pensional de la señora Myriam Stella Bernate de Martin pondría en
riesgo la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
De acuerdo con los antecedentes del caso, a la señora Myriam Stella Bernate
de Martín le fue reconocida pensión de jubilación por parte de Colpensiones,
mediante la Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014, dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, por ser
beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
En el referido acto administrativo se tuvo como acreditado (i) que la solicitante
nació el 11 de marzo de 1951; y (ii) que laboró al servicio de la Fiscalía General
de la Nación por el período comprendido entre el 1º de septiembre de 1989 y
el 31 de agosto de 2014.
A efectos de establecer el monto de la prestación a reconocer, la Resolución
de reconocimiento pensional, indicó que el IBL, se liquidaba de la siguiente
manera: «$10.150.000 x 75% = $7.612.500».
El reconocimiento pensional quedó condicionado al retiro definitivo del
servicio, por lo que la actora presentó renuncia al cargo desempeñado en la
Fiscalía General de la Nación, aceptada el 2 de diciembre de 2014, con efectos
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a partir del 5 de enero de 2015, razón por la que, la parte actora solicitó su
inclusión en nómina de pensionados acreditando su retiro.
Mediante la Resolución GNR 64897 del 6 de marzo de 2015, Colpensiones
procedió a incluir en nómina a la accionante, sin embargo de manera oficiosa
volvió sobre el estudio del reconocimiento pensional de la actora y consideró
que debía liquidarse nuevamente la prestación, encontrando que el IBL debía
computarse de la siguiente manera: «$7.435.532 x 75% = $5.576.649».
La justificación que se presentó en la citada resolución, fue la siguiente:
«Que es menester hacerle saber a la peticionaria que la Resolución GNR No. 349049 del 05
de octubre de 2014 liquidó erradamente la mesada pensional, ya que tuvo en cuenta como
ingreso base de cotización únicamente el aporte realizado en marzo de 2014 por un valor de
$10.150.000.00, cotización en la que se pagaron los diferentes factores salariales a que tenía
derecho la peticionaria como empleada de la Fiscalía General de la Nación, pero que no
podían tenerse en cuenta dado que no se adjuntó el documento en el cual se certificaran
dichos factores mes a mes con el objetivo de verificar la forma en que se causaron».
Luego de agotada la vía administrativa y de haberse recurrido esta decisión
mediante la interposición del recurso de apelación que fue resuelto por
Colpensiones mediante la Resolución VPB 35953 del 21 de abril de 2015,
en el sentido de confirmar lo inicialmente resuelto, la actora presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho que, culminó con la sentencia que
se acusa, esto es, la proferida el 9 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, cuyos apartes relevantes se citan a
continuación:
«… los actos administrativos más significativos para la solución del presente caso resultan ser
las Resoluciones GNR 349049 del 5 de octubre de 2014 y GNR 64897 del 6 de marzo de
2015, por ser aquellos en los cuales se explican los términos del reconocimiento y reliquidación
de la mesada pensional de la señora Myriam Bernate, respectivamente. De ese modo, llama
la atención el hecho de que, a pesar de existir una diferencia sustancial en el valor a pagar
por concepto de pensión, ambos documentos cuentan con el mismo sustento normativo y
fáctico, es decir, el número de semanas es muy similar, la aplicación de los beneficios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es consistente y el régimen pensional es idéntico,
esto es, el consignado en el Decreto 546 de 1971.
Por tal razón, es, cuando menos, curioso que bajo los mismos preceptos en una resolución se
haya concedido una pensión de $ 7.612.500 mientras que en la otra haya sido de $ 5.576.649,
esto es, una diferencia de alrededor de 2 millones. La explicación manifestada por
Colpensiones ante la anterior inconsistencia fue incluida en la parte final de la Resolución GNR
64897 del 6 de marzo de 2015, según la cual dicha diferencia se debió a que, inicialmente, se
tomó como ingreso base de liquidación lo percibido por la demandante en el mes de marzo de
ese año sin examinar cuáles factores salariales debían o no conformar el IBL.
[…]
No obstante, al revisar el certificado de salarios visible en el folio 36 y citado en el hecho
probado número ix, se observa que la mesada más alta de la señora Myriam Stella Bernate
en realidad fue la del mes de diciembre de 2014, por una suma de $15.384.137, mientras que
la del mes de marzo fue de $3.565.086, lo que implica que no es cierto que la primera
liquidación de la mesada pensional discutida haya obedecido ni a la mensualidad más
alta ni a la del mes de marzo de 2014. (Resaltos intencionales de la sala).
Lo anterior quiere decir que no existe certeza del origen del ingreso base de liquidación
utilizado por Colpensiones para calcular el monto de la pensión en la Resolución GNR 349049
del 5 de octubre de 2014, esto es, no se conoce de dónde obtuvo Colpensiones el valor del
IBL utilizado, toda vez que dicha cifra no obedece ni a la mesada más alta, ni a la del mes
alegado, es más, la cifra no concuerda con ninguno de los salarios percibidos por la interesada
durante el año 2014.
[…]
A partir de la anterior explicación, y de la revisión del certificado de salarios citado en el hecho
probado ix, se encontró que la señora Myriam Bernate devengó, durante el último año de
servicio, $113.492.085 por concepto de salarios, conformados por factores como sueldo,
sueldo de vacaciones, gastos de representación, prima de navidad, prima de servicios,
bonificación por servicios, bonificación por actividad judicial y bonificación judicial y que si se
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extrajera de ese monto, los factores de sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, prima de
servicios y prima de navidad, los cuales no tienen la idoneidad legal de conformar el IBL, el
salario mensual promedio fue de $7.172.802, cifra que resulta ser más cercana a la base
liquidatoria utilizada en la Resolución GNR 64897 del 6 de marzo de 2015.
[…]
«Ahora bien, la Subsección no desconoce el hecho de que Colpensiones, con ocasión del
error en el que incurrió en el primer acto, varió el valor del ingreso base de liquidación de la
demandante y, con ello, el monto final de la mesada sin haber solicitado la autorización de que
trata el artículo 97 del C.P.A.C.A. Sobre este aspecto ha de decirse que, tal como lo sostiene
la apelante, los actos administrativos de carácter particular y concreto no pueden ser
revocados o modificados de forma unilateral por la autoridad que lo expidió sin la previa y
expresa autorización del titular del derecho, lo que quiere decir que, en este caso,
Colpensiones procedió de forma irregular. Aun así, la Sala estima que, en primer lugar, el contenido normativo de ambos actos es
idéntico, es decir, no se incurrió en una modificación del régimen pensional o de los requisitos
para el reconocimiento del derecho y, en segunda medida, la utilización del IBL consignado
en la Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014 es abiertamente contrario a la verdad
probatoria y salarial de la demandante, por lo que se considera contrario a los propósitos de
la justicia admitir la vigencia de un acto en el que se reconoció un derecho a partir de una
irregularidad matemática, como sería la utilización de una cifra de IBL que no tiene sustento
probatorio, o jurídica, como la interpretación y aplicación inadecuada del Decreto 546 de 1971,
lo que puede llevar a la generación de un impacto significativo y negativo en el área fiscal del
sistema pensional. De ese modo, los actos administrativos no contienen un sustento normativo erróneo, pues
ambos acudieron a la Ley 100 de 1993 y al Decreto 546 de 1971; por el contrario, es la
Resolución GNR 349049 del 5 de octubre de 2014, cuya aplicación solicita la demandante, la
que contiene la aplicación de un IBL del que no se encuentra sustento alguno y que podría ser
considerado como una imprecisión que, si bien le es favorable, no sería correcto avalarla por
vía judicial, pues ello podría, incluso, abarcar las líneas del aprovechamiento de un error de la
administración, lo que resulta ser contrario a los preceptos constitucionales de buena fe y
justicia material. De acuerdo con lo expuesto, es cierto que Colpensiones pudo incurrir en un desconocimiento
del debido proceso al no solicitar la autorización de la demandante para corregir la grave
imprecisión que cometió; no obstante, la Sala considera que el citado derecho puede ceder
en la balanza jurídica frente a otros principios en juego tales como la justicia material, la
prevalencia del derecho sustancial y la primacía del derecho sustancial sobre las formas. Lo
anterior es así porque al revisar cuidadosamente los argumentos expuestos por la parte
demandante se observa que se centran únicamente en el no agotamiento del tan citado
requisito de autorización, pero nunca se hace alusión a que la disminución del valor de la
mesada responda a una incorrecta liquidación de la mesada, o una indebida conformación del
ingreso base de liquidación. Dicho de otro modo, la parte accionante ha sustentado su defensa en un asunto que, dadas
las condiciones jurídicas del caso, podría considerarse como meramente administrativo o
procesal, pero no se ha referido de ningún modo a aspectos sustanciales de su derecho
pensional, tales como los factores salariales, la interpretación o aplicación de la norma o las
reglas de unificación alrededor de esta clase de pensiones.
Por tal razón, el estudio completo
del proceso permite concluir que, en esta oportunidad, es justo y vale la pena que los criterios
procesales y administrativos cedan ante el valor jurídico del derecho sustancial, pues debe
tomarse en consideración que la liquidación contenida en la Resolución GNR 64897 del 6 de
marzo de 2015 se ajusta de mejor manera a la actual posición del Consejo de Estado. Así las cosas, a pesar de que en efecto Colpensiones procedió incorrectamente, lo cierto es
que, en aras de garantizar un derecho pensional acorde con las circunstancias laborales de la
demandante, con la ley y con la jurisprudencia, se confirmará la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda».
5.3. La facultad de revocatoria directa de pensiones por parte de la administración,
se encuentra contenida en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, que es del
siguiente tenor literal:
«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. <condicionalmente
exequible> Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes
respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán
verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de
los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o
prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón
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de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación
económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se
hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del
acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades
competentes».
La norma transcrita fue objeto de control abstracto de constitucionalidad, en
sentencia C-835 de 2003. La Corte Constitucional declaró su exequibilidad
condicionada, en los siguientes términos:
«… la decisión revocatoria, en tanto acto reglado que es, deberá sustentarse en una ritualidad
sin vicios y en una fundamentación probatoria real, objetiva y trascendente, en la cual
confluyan de manera evidente todos los elementos de juicio que llevaron al convencimiento
del funcionario competente para resolver. En conclusión, entre la parte motiva y la parte
resolutiva del acto de revocatoria directa deben mediar relaciones de consonancia que estén
acordes con los respectivos mandatos constitucionales y legales, particularmente, con el
debido proceso, la legalidad de los derechos adquiridos y la defensa del Tesoro Público.
Recordando además que, en materia de supresión de actos administrativos, no es lo mismo
cuando interviene un funcionario administrativo que cuando interviene el juez; y que, en todo
caso, la revocatoria directa de un acto administrativo que reconoce una pensión o prestación
económica sólo puede declararse cuando ha mediado un delito.
La Corte deja claramente establecido que cuando el litigio versa sobre problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de
un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general; estos
litigios deben ser definidos por los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 y que en consecuencia no procede la revocatoria directa del acto
administrativo sin el consentimiento del particular.
Sólo bajo estos lineamientos se declarará la exequibilidad condicionada del artículo 19 de la
ley 797 de 2003; en el entendido que el incumplimiento de los requisitos o que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, se refiere siempre a conductas que
estén tipificadas como delito por la ley penal». (Subraya la Sala)
A partir del marco jurídico reseñado, surgió al interior de las Salas de Revisión
de la Corte Constitucional discrepancia en cuanto al estándar exigible a la
administración para proceder con la revocatoria directa de los actos
administrativos que reconocen prestaciones periódicas24. De manera que, de
una parte (postura uno25), se estableció que la sentencia penal condenatoria,
era requisito necesario para proceder con la revocatoria directa del acto que
reconoció pensión y, de otra (postura dos26), se dijo que la sentencia penal no
era el único medio para probar la mala fe en el reconocimiento de la prestación
periódica e , incluso, que no era exigible que el beneficiario de la pensión fuese
quien causare la ilegalidad, en razón a que, en el Estado de Derecho, también
es reprochable el aprovechamiento del ostensible error ajeno.
Luego, con el propósito de unificar posturas frente al alcance de la norma en
comento, en armonía con la sentencia que declaró su exequibilidad
condicionada, la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-182 de 2019,
en la que “reiteró” y “complementó” los criterios trazados en la sentencia C-
835 de 2003 frente al alcance del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, así:
«(i) Solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con justo
título. Según dispone el artículo 58 de la Carta Política, la protección de los derechos
adquiridos, implica que su obtención se dio “con arreglo a las leyes vigentes”. Los derechos
que se obtienen irregularmente no pueden aspirar a la misma protección e inmutabilidad de
la que gozan los derechos obtenidos con apego a la Ley.
(ii) La verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber.
(iii) Sólo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del
afectado. Con este criterio, la jurisprudencia busca evitar que el ciudadano quede al arbitrio
de la administración. La simple sospecha, inconsistencias menores en el cumplimiento de los
requisitos, o debates jurídicos alrededor de una norma, no habilitan el mecanismo de la
revocatoria unilateral. Estos motivos deben ser lo suficientemente graves como para que
pudieran enmarcarse en una conducta penal.
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(iv) No es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario
de la pensión. Los supuestos que trae el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 deben entenderse
como el resultado de conductas u omisiones especialmente graves, al punto que pudieran
enmarcarse en algún tipo penal; y no simplemente tratarse de discrepancias jurídicas, o
inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos. Esto supone un estándar alto
de prueba a cargo de la administración, pero no implica una suerte de prejudicialidad, que
restrinja la actuación de la administración a la espera que se produzca una sentencia penal
condenatoria.
(v) Tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la
administración, pues el ordenamiento jurídico sanciona a quién se aprovecha de estos
escenarios. El cumplimiento de las normas es un presupuesto básico del Estado social y
democrático de derecho. Actuar con rectitud y honestidad es una exigencia que se deriva del
principio general de la buena fe y que permite crear un ambiente de confianza mutuo,
imprescindible para el buen funcionamiento del sistema pensional. El orden constitucional no
protege la posición de quien pretende aprovecharse del error o infortunio ajeno para obtener
un beneficio particular.
(vi) Sujeción al debido proceso. La administración o autoridad competente no puede suspender
un derecho pensional, sin antes haber agotado un debido proceso que garantice al afectado
su defensa. En este proceso, la carga de la prueba recae sobre la administración a quien
corresponde desvirtuar la presunción de buena fe que cobija al pensionado. Durante el
mismo, debe prestarse especial atención a los principios de la necesidad de la prueba, de la
publicidad y la contradicción. Frente a una “censura fundada” de la administración, la carga
de la prueba se traslada al afiliado.
(vii) El derecho fundamental al habeas data y la prueba supletiva de la historia laboral. Tanto
el empleador como las administradoras de pensiones son las principales responsables de
velar por la correcta expedición y custodia de los certificados que den cuenta fielmente de la
trayectoria laboral de una persona. (...)
(viii) El procedimiento administrativo de revocatoria no debe entenderse como un escenario
puramente adversarial. Ateniendo (sic) las fallas históricas en el manejo de la información
laboral, y considerando que el trabajador es la parte débil del sistema, las administradoras de
pensiones no pueden asumir el procedimiento de revocatoria como una instancia meramente
adversarial (...).
(ix) Efectos de la revocatoria. La revocatoria directa sólo tiene efectos hacia el futuro (ex nunc).
La administración no puede recuperar los dineros que haya girado en una maniobra
fraudulenta a través de este mecanismo, sino que debe acudir al juez administrativo, quién sí
es competente para retrotraer todas las consecuencias que ocasionó un acto administrativo
contrario a derecho.
(x) Alcance de la revocatoria y recurso judicial. La revocatoria unilateral es un mecanismo de
control excepcional promovido por la propia administración. Esta no resuelve definitivamente
sobre la legalidad de un acto administrativo, ni tiene la competencia para expulsar del
ordenamiento un acto pensional y retrotraer sus efectos. Tanto la administración como los
particulares podrán acudir ante el juez competente para resolver de forma definitiva las
diferencias que surjan en torno a un reconocimiento pensional». (Subraya la Sala).
Entonces, en cuanto al estándar exigido a la administración para la revocatoria
directa de actos administrativos que reconocen pensiones, en la sentencia SU-
182 de 2019 se precisó que aunque es inexorable que la administración
exprese motivos reales, objetivos, trascendentes y verificables, es decir,
descarta decisiones arbitrarias o caprichosas que se sustenten en meras
sospechas o conjeturas infundadas de la administración, no debe
sobredimensionarse tal requisito al punto de la exigencia de una sentencia
penal como condición necesaria de la activación de la facultad oficiosa de la
administración (reglas iii y iv).
En cuanto a la suficiencia o estándar de las razones que habilitan la revocatoria
de oficio de los actos administrativos, en los supuestos del artículo 19 de la
Ley 797 de 2003, precisó que deben ser tan graves «como para que pudieran
enmarcarse en una conducta penal», sin que sea necesario que la conducta ilegal
sea atribuible al beneficiario de la pensión dado que el ordenamiento jurídico
no protege a quien pretende aprovecharse del error ajeno (regla v), pues tal
supuesto desborda el principio de buena fe que debe mediar las relaciones
entre los administrados y la administración.
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5.4. Establecido lo anterior, la Sala encuentra que la decisión de primera instancia
debe confirmarse, pues como lo advirtió el juez de tutela de primer grado, al
proferir la sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se incurrió en los defectos alegados por la parte
actora, toda vez que se desatendió el derecho fundamental al debido proceso
de la accionante, al haberse revocado parcialmente un acto administrativo de
carácter particular y concreto, sin adelantar el procedimiento previsto en el
artículo 97 del CPACA.
Conforme los argumentos que se presentaron por Colpensiones y conforme
con el estudio efectuado por la autoridad judicial accionada, no hay duda que,
la razón por la que la se resolvió modificar el reconocimiento pensional de la
actora Myriam Stella Bernate de Martín no obedeció a ninguna de las causales
contempladas en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 que permite en
determinadas circunstancias la revocatoria de actos de reconocimiento
pensional sin contar con autorización del particular, desarrollado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional citada.
Incluso, la misma sentencia SU-182 de 2019 hace alusión a la prueba de la
historia laboral y advierte que tanto el empleador como las administradoras de
pensiones son las principales responsables de velar por la correcta expedición
y custodia de los certificados que dan cuenta de la trayectoria laboral de la
persona, lo que, para la Sala implica también poder tener acceso a las
certificaciones que permitan evidenciar no solo los tiempos laborados sino
también los factores salariales devengados y sobre los que se hicieron los
aportes respectivos.
Así lo ha precisado la Corte Constitucional, por vía de ejemplo, en la sentencia
T-379 de 20177, en la que se precisó el deber de las administradoras de
pensiones en lo que tiene que ver con la información de las historias laborales.
Se dijo en lo pertinente en dicho pronunciamiento:
«DEBERES DE LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES RESPECTO DE LA
INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA HISTORIA LABORAL
20. La historia laboral es el documento en el que las administradoras de pensiones consignan
los aportes que, a través del tiempo, han realizado los empleadores o el trabajador
independiente con el fin de asegurar las contingencias amparadas por el Sistema de
Seguridad Social. Es por ello que las administradoras cuentan con un deber especial respecto
de la información que consignan en la historia laboral de sus afiliados, pues un reporte
incompleto o con inconsistencias puede implicar la vulneración de los derechos fundamentales
de ese trabajador que, con una expectativa legítima, solicita el reconocimiento de una de las
prestaciones económicas aseguradas.
20.1. Precisamente, es importante recordar que el reconocimiento de esas prestaciones, se
encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos que fija la Ley, los que para el caso de
la pensión de vejez son (i) edad y (ii) semanas cotizadas. Dentro de la lógica del sistema de
pensiones colombiano, lo anterior demuestra que el afiliado cumplió con una carga de
solidaridad intergeneracional (régimen de prima media) o que acumuló cierta cantidad de
aportes (régimen de ahorro individual).
Por ello, todas las cotizaciones realizadas son consignadas en la historia laboral, documento
que contiene además el periodo en el que se hicieron, el vínculo contractual del cual se derivan
y el monto de ingreso con base en el cual fueron liquidadas. Es decir que, la historia laboral
es la prueba que le permite al trabajador conocer la información clara, actual y completa sobre
el estado de los requisitos que debe acreditar para adquirir el status de pensionado. En esa
medida, las administradoras de pensiones tienen ciertos deberes respecto del mantenimiento
de las historias laborales, pues dada su naturaleza contiene datos personales que permiten la
identificación del trabajador, el monto de sus ingresos y el tipo de actividad del que provienen,
motivo por el cual está sujeta a las pautas contenidas en la Ley 1581 de 2012».
7
Sentencia del 12 de junio de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06560-01
Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín
5.5. De modo que, para la Sala, ante la circunstancia por la que Colpensiones
decidió modificar el monto a reconocer relacionado con la pensión de
jubilación, sin que estuviera en duda el régimen o los requisitos para acceder
a la prestación que, eventualmente hubiera permitido, bajo los supuestos de
la norma, que se revocara el acto de reconocimiento pensional por la
administración, es por lo que la Sala considera, como lo anunció el juez de
tutela de primer grado que, se desconoció el derecho al debido proceso de la
accionante, pues tal como se advirtió e incluso se reconoció en la sentencia
que se cuestiona a través de la presente acción, se hacía necesario contar con
el consentimiento del particular, en los términos del artículo 97 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado sobre el
particular, vale la pena citar, a manera de ejemplo, la sentencia del 27 de
agosto de 2020, proferida por la Subsección B8, en la que se precisó:
«La revocación directa ha sido creada con el propósito de que la Administración en sede
gubernativa tenga la posibilidad de enmendar no solo errores de tipo formal, sino atañederos
a una ilegalidad o inconstitucionalidad manifiestas o contrariedad con el interés público y
social, e incluso cuando se cause un agravio injustificado a una persona, empero, si el acto
comporta la naturaleza de particular y concreto, en aras de la protección de los derechos
adquiridos y del debido proceso, se deberá obtener el consentimiento expreso y escrito del
titular del derecho que se pudo haber reconocido en el mencionado acto administrativo, y de
no ser posible, aquella solo tendrá la opción de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo con el fin de lograr su anulación parcial o total, según sea el caso.
Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional9 ha precisado que «[l]a prohibición de
revocar actos administrativos de contenido particular y concreto se ha justificado en la
jurisprudencia, a partir de la garantía de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica
y el respeto de los derechos adquiridos que “avalan el principio de la inmutabilidad o
intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto
administrativo” y fortalecen la relación entre la Administración y los particulares».
[…]
La Sala advierte que de acuerdo con el análisis realizado en precedencia, la revocación directa
de actos administrativos de carácter particular solo puede ser utilizada cuando la
Administración cuenta con autorización expresa e inequívoca del beneficiario de la actuación,
esto es, que no exista duda alguna sobre la disposición de voluntad consciente que el titular
del derecho reconocido efectúa respecto de la extinción jurídica de determinado derecho o
prerrogativa».
6. Conclusión
Por las razones que han quedado expuestas, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia proferida el 20 de enero de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, que concedió el amparo del derecho fundamental
al debido proceso de la señora Myriam Stella Bernate de Martín.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 20 de enero de 2025, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
8
Expediente Nro. 08001-23-31-000-2010-00421-01(1503-15). Actor: Marina Mercedes González Ávila. M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
9
Sentencia SU-050 de 2017, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
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Demandante: Myriam Stella Bernate de Martín
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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