Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06562-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06562-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06562-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
7 de marzo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06562-01
Demandante: PAOLA ANDREA BASTIDAS ROJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
DISCUSIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL
AUXILIO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS PÚBLICOS
DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL Y
DESCENTRALIZADO DE LA RAMA EJECUTIVA DEL
ORDEN TERRITORIAL EN LOS CUALES NO SE PRESTA
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
Síntesis: la actora cuestionó las providencias de primera y segunda instancia que en el marco de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho le negaron el reconocimiento y pago del
auxilio de transporte. Se revocará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento de requisito de relevancia constitucional en cuanto al defecto
sustantivo y negó el amparo respecto del desconocimiento del precedente y, en su lugar,
accederá al amparo, tras verificar que se configuró un defecto sustantivo en la providencia de
segundo grado.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 30 de enero de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en la que se decidió:
“1. Declarar improcedente la presente acción de tutela en relación con el defecto
sustantivo propuesto, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
2. Negar las pretensiones de la demanda de tutela en relación con el defecto
por desconocimiento del precedente jurisprudencial, conforme con lo expuesto
en precedencia”. (negrillas del original – archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI)
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 28 de noviembre de 2024, a través de apoderado judicial,
la señora Paola Andrea Bastidas Rojas promovió proceso de acción de tutela en contra
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06562-01
Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
de la sentencia del 15 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá.
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Fue vinculada a la administración municipal de Solano (Caquetá), mediante
nombramiento provisional con asignación básica mensual que no superaba los dos (2)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2) El 15 de noviembre de 2019, le solicitó a la administración municipal el reconocimiento
y pago del auxilio de transporte por ser un factor reconocido a los empleados públicos del
nivel territorial conforme con lo dispuesto en el Decreto 1250 de 2017, sin embargo,
mediante oficio del 13 de diciembre de 2019, la administración negó su solicitud.
3) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó
la nulidad del acto administrativo que le negó el reconocimiento del auxilio de transporte
y, en consecuencia, pidió que se ordenara reconocerle y pagarle dicho concepto.
4) Mediante sentencia del 31 de marzo de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia negó las pretensiones de la demanda, tras estimar que si
bien estaba demostrado que devengaba menos de (2) dos salarios mínimos y que el
municipio de Solano no le suministraba el servicio de transporte, en el expediente no
existía ninguna prueba de la que se pudiera inferir que asumía costos adicionales de los
que se derivara un esfuerzo mayor para trasladarse al lugar de trabajo, requisito
imprescindible para acceder al auxilio de transporte.
5) Ello, por cuanto era un hecho notorio que el municipio no superaba las 11 cuadras y
que desde su dirección de notificación no era posible deducir que necesitara hacer uso
del medio de transporte para desplazarse a su lugar de trabajo.
6) Apeló con base en que el Decreto 1250 de 2017 es claro en señalar que los requisitos
para que un empleado de una entidad territorial pueda acceder reconocimiento y pago
del auxilio de transporte son tres, los cuales cumplió a cabalidad, por lo cual no era
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06562-01
Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
correcto que se exigiera que residiera lejos de su lugar de trabajo o que sus traslados le
generaran algún costo, pues, ello no estaba previsto en la norma aplicable.
7) A través de providencia del 15 de mayo de 2024, el Tribunal administrativo del Caquetá
confirmó la negativa, en consideración a que si bien la demandante cumplía con los tres
requisitos objetivos exigidos por el Decreto 1250 de 2017, la norma debía interpretarse
de manera armónica con su finalidad, lo cual permitía establecer excepciones en casos
donde el trabajador no requiriera el auxilio.
8) A su juicio, no se demostró la necesidad real del auxilio de transporte, ya que el
municipio de Solano no supera las 11 cuadras de extensión y la demandante tenía su
residencia a tres cuadras del lugar de trabajo, por tanto, no era razonable asumir que
incurriera en costos de transporte.
9) Sobre el particular, invocó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, según la
cual el auxilio de transporte no procede cuando el trabajador reside en el mismo lugar de
trabajo o cuando el desplazamiento no le genera un gasto o esfuerzo adicional
significativo y citó la Sentencia C-311 de 2020 de la Corte Constitucional.
Fundamentos de la vulneración
La accionante argumentó que las providencias proferidas el 31 de marzo de 2023 y el 15
de mayo de 2024 del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia y
el Tribunal Administrativo de Caquetá incurrieron en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, con los siguientes argumentos:
En cuanto al defecto sustantivo sostuvo que desconoció el contenido literal del artículo 1
del Decreto 1250 del 2017 que prevé los criterios exigidos para del reconocimiento y pago
del auxilio de transporte en cuanto añadió condiciones no previstas en dicha normativa.
Ello, por cuanto exigió que se acreditara la necesidad del auxilio de transporte o la
existencia de un costo efectivo de traslado, cuando la norma únicamente establece tres
requisitos para su reconocimiento, a saber 1) que el servidor público devengue hasta dos
salarios mínimos legales mensuales vigentes, 2) que la entidad no suministre el servicio
de transporte, y 3) que el empleado no esté en vacaciones, licencia o suspensión.
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Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
El auxilio de transporte en el nivel territorial es un derecho prestacional que no puede ser
condicionado a la discrecionalidad de la administración pública ni a una carga probatoria
que la norma no exige, en ese sentido, se desnaturalizó la finalidad del auxilio de
transporte, transformándolo en una prestación sujeta a la prueba de necesidad, cuando
su reconocimiento debe derivarse exclusivamente del cumplimiento de los requisitos
legales, en consecuencia, a su juicio, la interpretación judicial adoptada contradijo el
contenido expreso del Decreto 1250 de 2017.
Respecto al desconocimiento del precedente argumentó que la decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá se apartó injustificadamente de una decisión previa de la
misma Corporación, sin exponer razones suficientes que justificaran la modificación de
su postura.
En efecto, sostuvo que el mismo tribunal, en sentencia de 15 de marzo de 20231, había
reconocido el auxilio de transporte en un caso con fundamentos fácticos y jurídicos
similares, en el cual se concluyó que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Decreto 1250 de 2017 era suficiente para acceder a la prestación, sin que fuera
procedente exigir una prueba adicional sobre la necesidad del auxilio o sobre la existencia
de un gasto efectivo en transporte.
Asimismo, trajo a colación las sentencias del 5 de junio de 2024, expediente 18001-33-
33-005-2021-00230-01; 31 de julio de 2024, expediente 18001-33-33-002-2021-00204-
01 y 11 de septiembre de 2024, expediente 18001-33-33-002-2021- 00206-01, todas del
Tribunal Administrativo del Caquetá.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“Con todo respeto y en mérito de lo expuesto, solicito al Honorable Tribunal se
sirva conceder las siguientes pretensiones:
Primero. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la igualdad ante la ley.
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Proceso con radicación no.18001-33-33-005-2021-00232-01.
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Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
Segundo. En consecuencia, se revoque la sentencia del 15 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, de tal manera que también
sea revocada la sentencia del 31 de marzo de 2023 expedida por la Juez Cuarta
Administrativa del Caquetá, ambas dentro del radicado
18001333300420210028500.
Tercero. Derivado de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del
Caquetá emitir una nueva sentencia ajustada a la norma Constitucional en la
cual se decida dejar sin efectos la sentencia proferida en segunda instancia
dentro del proceso de la referencia, y consecuentemente emitir una nueva
providencia ajustada a derecho, en la que se conceda el reconocimiento y pago
del auxilio de transporte a la empleada PAOLA ANDREA BASTIDAS ROJAS”.
Actuación procesal
Mediante auto del 3 de diciembre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo del Caquetá y al titular del Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia y, en calidad de tercero con interés, al municipio de Solano
(Caquetá), con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
Previamente a resolver el asunto, a través de sentencia del 30 de enero de 2025, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado delimitó el asunto a la providencia del 15 de mayo
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por cuanto fue la que definió
el asunto.
Finalmente, declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento de la relevancia
constitucional respecto del defecto sustantivo con fundamento en que sus argumentos
son una reproducción del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de
primera instancia, los cuales fueron abordados en la providencia del 15 de mayo de 2024
y, además, negó el amparo en relación con el desconocimiento del precedente judicial,
porque la sentencias invocadas son de la misma Corporación, se trató de decisiones
posteriores a la cuestionada y, en todo caso, eran diferentes Salas.
Impugnación
La parte actora señaló que el a quo declaró improcedente la acción de tutela en cuanto
al defecto sustantivo porque, su juicio, se utilizó como una instancia adicional para reabrir
el debate jurídico, sin embargo, no consideró que desde el proceso ordinario ha puesto
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Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
de presente que no se puede exigir un requisito que el legislador no previó y tanto el
juzgado como el tribunal hicieron caso omiso.
El hecho de que en la acción de tutela haya invocado los mismos argumentos en la
apelación no implica necesariamente la improcedencia de la tutela, pues, en este caso,
a pesar de ello se advierte el error judicial que no consistió en una simple diferencia
interpretativa, sino en la creación de una exigencia inexistente en el ordenamiento
jurídico, lo cual supuso una alteración arbitraria de las condiciones normativas aplicables
al caso concreto.
El tribunal no solo omitió aplicar la regla jurídica pertinente, sino que, mediante una
argumentación carente de respaldo normativo, adicionó un criterio de valoración subjetivo
que no tiene sustento en el ordenamiento vigente.
Por otra parte, sostuvo que el a quo desestimó el desconocimiento del precedente con
fundamento en dos aspectos, en primer lugar, afirmó que las sentencias citadas como
referencia fueron proferidas con posterioridad a la decisión cuestionada, por lo cual no
podrían constituir un precedente aplicable y, en segundo lugar, sostuvo que las
decisiones contradictorias provinieron de salas distintas dentro del mismo tribunal,
circunstancia que, a su juicio, impedía la configuración de una vulneración del principio
de igualdad.
No obstante, acreditó la existencia de una sentencia anterior que resolvió un caso idéntico
en sentido contrario, lo cual desvirtúa el que supuestamente no existiera un criterio previo
aplicable con identidad fáctica y jurídica.
En cuanto a que las decisiones eran de diferentes Salas, señaló que la existencia de
Salas de Decisión dentro de un mismo tribunal no puede ser utilizada como justificación
para emitir decisiones contradictorias pues, estas no son autónomas, por el contrario,
están obligadas a respetar el precedente horizontal, de modo que las partes en procesos
similares reciban un tratamiento homogéneo en la administración de justicia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06562-01
Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, 3) análisis de
los requisitos generales de procedencia, 4) caracterización del defecto sustantivo y 5)
análisis del defecto sustantivo en el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Caquetá con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 15 de mayo de 2024.
En la sentencia de primera instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por una
parte, declaró improcedente la acción de tutela tras encontrar insatisfecho el requisito de
relevancia constitucional frente al defecto sustantivo, por considerar que los argumentos
expuestos en ella reproducían el recurso de apelación y que habían sido abordados en
la providencia del 15 de mayo de 2024 y, por otra parte, negó el amparo frente
desconocimiento del precedente judicial con base en que las sentencias invocadas eran
de la misma corporación, pero fueron proferidas con posterioridad a la decisión
cuestionada y, en todo caso, eran de diferentes salas.
En la impugnación, la parte demandante sostuvo que la tutela no pretendía reabrir el
debate jurídico, sino corregir un error evidente, consistente en la creación de un requisito
no previsto en la norma.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06562-01
Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
Frente al desconocimiento del precedente, refutó que las decisiones invocadas fueran
inaplicables por ser posteriores y demostró la existencia de una sentencia anterior que
resolvió un caso idéntico en sentido contrario, lo que desvirtúa la afirmación de que no
existía un criterio previo aplicable.
Finalmente, cuestionó que el a quo justificara las decisiones contradictorias en las salas
distintas del mismo tribunal, pues estas no son autónomas y están obligadas a respetar
el precedente horizontal.
Análisis de los requisitos generales de procedencia
Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro de
conformidad; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez2; iii) no se atacó una
sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos que estimó transgredidos.
Asimismo, contrario a lo resuelto por el a quo constitucional, para la Sala v) la cuestión
que se discute es constitucionalmente relevante, en tanto lo que se reprocha es que el
tribunal demandado en segunda instancia incurrió en un defecto sustantivo por realizar
una interpretación contra legem de la norma aplicable al asunto, lo cual conllevó a que
se negarán las pretensiones y, a pesar de que la accionante lo advirtió en el recurso de
apelación, la autoridad demandada hizo caso omiso. Asimismo, se alegó un
desconocimiento del precedente a través de la identificación clara de las providencias y
su observancia para la resolución del asunto, aspecto que tampoco fue decidido en el
proceso ordinario.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala revocará la decisión que
declaró improcedente el mecanismo y, en su lugar, accederá al amparo, tras verificar que
se configuró un defecto sustantivo, por las razones que aquí se expondrán:
Como cuestión previa, se advierte que la Sala únicamente analizará el defecto sustantivo
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La providencia se notificó por correo electrónico el 31 de mayo de 2024, mientras que la tutela se presentó
el 28 de noviembre siguiente, es decir, dentro de los seis meses que la jurisprudencia ha considerado como
razonables.
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Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
y se relevará del desconocimiento del precedente, por cuanto el primero es suficiente
para sustentar la decisión de amparar los derechos fundamentales de la actora.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala revocará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, accederá al amparo por las razones
que procederán a exponerse:
Caracterización del defecto sustantivo
Según la jurisprudencia constitucional, este defecto se configura cuando una autoridad
judicial fundamenta su decisión en una interpretación manifiestamente irrazonable del
ordenamiento jurídico, desconoce normas aplicables al caso concreto o introduce
requisitos que no han sido previstos por el legislador.
Este vicio se materializa cuando el operador judicial aplica una norma inexistente,
inaplicable o derogada, realiza una interpretación contra legem o ignora disposiciones
que resultan determinantes para la resolución del caso, con lo cual vulnera el derecho
fundamental del debido proceso y afecta el principio de seguridad jurídica.
Para que se configure el defecto sustantivo, la interpretación judicial debe carecer de
razonabilidad, proporcionalidad y sustento normativo, al punto de producir un resultado
manifiestamente contrario al derecho aplicable pues no se trata de un simple error en la
apreciación del derecho, sino de un yerro grave que desborda la autonomía judicial, pues
la independencia del juez no le autoriza a modificar los criterios legales de manera
arbitraria ni a desconocer el alcance normativo de una disposición expresa.
Este defecto es especialmente relevante cuando una decisión judicial desconoce los
criterios normativos vigentes, altera el contenido de una disposición mediante una
exigencia no prevista en la ley o impide el reconocimiento de un derecho con base en
fundamentos ajenos al marco jurídico aplicable.
Análisis del defecto sustantivo en el caso concreto
1) En primer lugar, conviene exponer las razones que conllevaron al Tribunal
Administrativo del Caquetá a confirmar la negativa a las pretensiones de la demanda
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06562-01
Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
formulada por la actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, para obtener el reconocimiento y pago del auxilio de transporte, ello, para
efectos de verificar si se configuró o no el defecto sustantivo alegado:
“Dilucidado lo anterior, precisa la Sala que para el caso concreto, resulta
necesario acudir a la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de
Justicia para zanjar este asunto, no sin antes advertir que el auxilio de
transporte es un beneficio laboral que como como su nombre lo indica, es
un apoyo cuya finalidad es la de compensar una parte de los gastos del
traslado del trabajador desde su residencia o domicilio hasta el sitio de
trabajo, de ahí que en los considerandos del Decreto 1250 de 2017, haya
quedado plasmado que se le debe reconocer a aquellos trabajadores que
deben acudir a medios informales de transporte para movilizarse a su
lugar de trabajo.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia3 estableció vía
jurisprudencial, dicho sea de paso, ratificadas por la Corte Constitucional,
unas excepciones al reconocimiento como son: (i) si la empresa
suministra gratuitamente y de manera completa el servicio de transporte,
y (ii) si el trabajador vive en el mismo lugar de trabajo, es decir, cuando el
traslado no le implica un costo.
Lo anterior, -dijo- por cuanto el auxilio de transporte tiene como finalidad
subsidiar los costos en que incurre el trabajador para movilizarse desde su
residencia hasta el lugar de trabajo, de modo que, si esto no le ocasiona gasto
alguno, no hay lugar a su reconocimiento.
Bajo el anterior margen de argumentación y subsumiendo al caso concreto los
anteriores supuestos, emerge con meridiana claridad que la actora, tal como lo
aseguró la juez de instancia, no tiene derecho al reconocimiento del auxilio de
transporte por cuanto, según se observa en el acápite de notificaciones de la
demanda, la actora reside en el Calle 4 No. 4-45 del Barrio Bellavista de Solano
y la Alcaldía se ubica en la Carrera 4 No. 6-92 del Barrio Bellavista de Solano,
conforme se informó en el escrito de contestación, es decir, que la distancia
entre uno y otro inmueble no supera las 3 cuadras.
Ahora bien, la parte actora al sustentar su apelación, como ya se dijo, en
realidad no se encargó de refutar la premisa que esbozó la jueza de Instancia
para denegar las pretensiones de la demanda, derrumbando el hecho notorio y
la cercanía de la residencia de la actora y mostrando que en realidad la parte
actora sí estaba en la necesidad imperiosa de utilizar algún medio de transporte
para desplazarse desde su vivienda a su sitio de trabajo, sino que alejado de
esto, estructuró simplemente su defensa en que no era posible exigir para el
reconocimiento del auxilio de transporte la configuración de requisitos más allá
de los exigidos por el Decreto 1250 de 2017, circunstancia que claramente no
resultó ser cierta.
De lo dicho se colige entonces que la parte demandante incumplió los artículos
167 del Código General del Proceso y 103 del CPACA, los cuales prevén que i)
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen; y ii) quien acuda ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de
3
“IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Magistrado ponente STL16012-2022 Radicado n.° 68820 Acta 41
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022)”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06562-01
Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
colaboración para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia,
estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias, tales
omisiones generan como consecuencia que no sea posible que se dé
prosperidad a las pretensiones de la demanda.
Así entonces, si la parte actora consideraba que era merecedora del
auxilio de transporte le incumbía la carga de allegar los elementos
probatorios necesarios, para demostrarlo y como tal cosa no quedó
acreditada, no cabe ninguna condena en contra de la entidad demandada.
Por último, no sobra recalcar que, el Consejo de Estado citando a Juan Carlos
Henao en una providencia del 20174, dijo que “no basta, entonces, que en la
demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño, porque “el
demandante no puede limitarse si quiere sacar avante su pretensión, a hacer
afirmaciones sin respaldo probatorio”, que por demás no pueden ser valoradas
“como si se tratara de hechos notorios o presumibles, y no de situaciones cuya
comprobación, por mandato legal, le correspondía al demandante”.
La Sala no se pronunciará en relación con la inconformidad referida a que el
Municipio de Solano debía contar con certificado de disponibilidad presupuestal
para el reconocimiento del auxilio de transporte, puesto que la misma sólo sería
necesaria entrar a dilucidarla en el escenario en que se adoptara una eventual
medida de restablecimiento del derecho, lo que resulta ser un punto a
considerar esta decisión.
Finalmente, dijo el apelante que este Tribunal ya había sentado su precedente
judicial en un caso con fundamentos fácticos similares mediante la sentencia
del 15 de marzo de 2023, emitida dentro del proceso 180013300520210023201.
Lo primero que debe indicarse, es que no es cierto que el fallo al que alude se
constituya en precedente, sobre este asunto ha explicado el Consejo de Estado
que este concepto exige que en la providencia se especifique una regla o
subregla de derecho empleada por los órganos de cierre en las distintas
jurisdicciones en un caso para fallar unos determinados supuestos de hecho y/o
de derecho puestos a su conocimiento, por su pertinencia se cita in extenso la
decisión:
(…)
Teniendo claro entonces que no se trata de un precedente judicial la decisión
adoptada en la sentencia del 15 de marzo de 2023, no resulta por tanto
vinculante para esta Sala las decisiones ahí adoptadas, sin embargo, aceptando
en gracia de claridad que esto fuera así, pues tampoco habría lugar a seguir la
misma solución que se planteó, en tanto que si bien, en esa oportunidad se
analizó un caso análogo, las razones que conllevaron a adoptar la decisión
fueron diferentes, pues se apoyaron en que (i) no era razón válida para negar
el reconocimiento del auxilio de transporte el hecho de que en el municipio de
Solano no se prestara el servicio público de transporte, (ii) el fallo se apoyó en
conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la función pública y
no en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y (iii) en que no era
procedente negar el reconocimiento y pago del auxilio de transporte bajo el
argumento de que la entidad no cuenta con los recursos presupuestales para
asumir la erogación.
4
“CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, 5 de octubre de dos mil diecisiete
(2017), Radicación número: 41001- 23-33-000-2012-00206-01(1598-16), Actor: NOHORA RAMÍREZ DE
LEGUIZAMO Y OTROS Demandado: NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06562-01
Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
Colofón de lo expuesto, se impone por parte de Sala confirmar en su integridad
el fallo del 31 de marzo de 2023, emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo
de Florencia”.
2) En el presente caso, la Sala encuentra que la decisión del Tribunal Administrativo del
Caquetá incurrió en este defecto, por cuanto desconoció el contenido del Decreto 1250
de 2017, en tanto adicionó un requisito que no se desprende de su tenor ni de su finalidad
normativa y tampoco se justificó de manera plena ni razonable por qué la nueva
interpretación podía resultar más acorde o garantista de los derechos de las partes.
3) Tal normativa especial, en su artículo 1, únicamente exige tres condiciones objetivas
para el reconocimiento del auxilio de transporte, a saber i) que el empleado devengue
hasta dos (2) salarios mínimos, ii) que la entidad no suministre el servicio de transporte y
iii) que el empleado no esté en vacaciones, licencia o suspensión.
4) En consecuencia, no podía el tribunal exigir prueba adicional sobre la necesidad del
auxilio o la existencia de un costo efectivo de transporte, pues, tal requisito no fue
contemplado por el legislador.
5) Ahora bien, cabe destacar que el tribunal fundamentó su decisión en fallos de la Corte
Suprema de Justicia que regulan el auxilio de transporte, sin embargo, esa normativa es
aplicable en el sector privado, en el cual se han establecido excepciones relacionadas
con el suministro gratuito del servicio de transporte por parte del empleador o con la
residencia en el mismo lugar de trabajo.
6) De manera que, esos criterios no son aplicables al caso concreto, dado que el auxilio
de transporte de los empleados públicos del nivel territorial se rige por una norma especial
cuya aplicación no puede ser condicionada por interpretaciones desarrolladas en el
marco del derecho laboral privado.
7) Por otra parte, se tiene que la Sentencia C-311 de 2020 de la Corte Constitucional fue
utilizada como fundamento para condicionar el reconocimiento del auxilio de transporte a
la existencia de un gasto real en movilización.
8) Sin embargo, la Sala advierte que tal decisión no podía ser utilizada como fundamento
en la decisión de segunda instancia, pues, su objeto de análisis fue la exequibilidad del
Decreto Legislativo 771 de 2020, norma expedida en el marco del Estado de Emergencia
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06562-01
Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
Económica, Social y Ecológica para regular el auxilio de conectividad digital como
sustitución del auxilio de transporte para empleados públicos en trabajo en casa durante
la emergencia sanitaria por COVID-19.
9) En ese contexto, la Corte analizó la finalidad del auxilio de transporte como una
prestación no salarial que buscaba compensar gastos de movilización, pero lo hizo
exclusivamente dentro del marco del decreto de emergencia, sin analizar el régimen
ordinario del auxilio de transporte previsto en normativas generales como el Decreto 1250
de 2017.
10) En consecuencia, utilizar esa decisión para justificar la negativa del auxilio en el caso
concreto constituye un uso indebido del precedente constitucional, pues el debate central
de la decisión judicial cuestionada no giraba en torno a la validez o interpretación del
Decreto Legislativo 771 de 2020, sino sobre la correcta aplicación del Decreto 1250 de
2017, norma de carácter permanente que regula el auxilio de transporte en el nivel
territorial.
11) Además, en dicha providencia no se estableció un nuevo requisito para acceder al
auxilio de transporte, sino que se limitó a examinar si la sustitución del auxilio por
conectividad digital en el contexto de la pandemia era compatible con el principio de
igualdad y el acceso a condiciones dignas de trabajo.
12) De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que el tribunal incurrió en defecto
sustantivo por desconocer el contenido expreso del Decreto 1250 de 2017, con
fundamento en decisiones judiciales de la Corte Constitucional y la Corte Suprema
inaplicables al régimen de empleados públicos del nivel territorial.
13) En consecuencia, se ordenará proferir una sentencia de remplazo en la que se deberá
analizar de manera puntual el Decreto 1250 de 2017 y aplicar los requisitos allí previstos
en lo relacionado con el auxilio de transporte de empleados públicos.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06562-01
Actor: Paola Andrea Bastidas Rojas
Acción de tutela
FALLA:
Revócase la sentencia de primera instancia del 30 de enero de 2025 que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia en cuanto al defecto sustantivo y negó
el amparo en cuanto al desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia. En su lugar, dispónese:
1°) Ampáranse los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,
trabajo y debido proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 15 de mayo de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Caquetá en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación no. 18001-3333-004-2021-00285-01 y ordénase a dicha
autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación
de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta
las consideraciones expuestas.
3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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