Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06563-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06563-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06563-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06563-01
Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06563-01
Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en proceso disciplinario.
Ausencia de defecto fáctico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de tutela
2. El 28 de noviembre de 2024, la señora Stella Yaneth Arciniegas Barrera,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.1
1.2. las pretensiones
3. La accionante presentó como pretensiones las siguientes:
1 La presente solicitud de tutela se presentó el 18 de diciembre de 2024, mediante escrito radicado en
la ventanilla virtual de esta corporación.
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Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
TUTELAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL BUEN NOMBRE, revisando el proceso
disciplinario radicado con el n°. 11001-25-02-000-2021-01242-01 de la Comisión de
Disciplina Judicial de Bogotá adelantado en mi contra, y como consecuencia de lo
anterior, se ordene la NULIDAD de todas las diligencias desarrolladas dentro del proceso
disciplinario radicado con el n°.11001-25-02-000-2021-01242-01 de la Comisión de
Disciplina Judicial de Bogotá.
ORDENAR la revocatoria de la sentencia de fecha 2 de octubre de 2024, aprobada según
Acta de Comisión n°. 057, proferida por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, a
fin de que se garantice los derechos fundamentales tutelados, conforme el material
probatorio contentivo en el proceso disciplinario. En consecuencia, REVOCAR la sentencia
de primera instancia de fecha 10 de noviembre de 2023, proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
DECRETAR que la abogada STELLA YANETH ARCINIEGAS BARRERA tiene el derecho a su
buen nombre y honra.
1.3. Los hechos
4. El 28 de abril de 2021, el señor Víctor Manuel Monroy Ramírez presentó queja
disciplinaria en contra de la abogada Stella Yaneth Arciniegas Barrera, con
fundamento en la cual se dio inicio al proceso disciplinario con radicado 11001-25-02-
000-2021-01242-01.
5. El 10 de noviembre de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá declaró disciplinariamente responsable a la abogada Stella Yaneth Arciniegas
Barrera por las faltas contempladas en el literal i) del artículo 34 y numeral 1° del
artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo y culpa, y en consecuencia, la
sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión de abogada por el término de
tres (3) años.
6. El 2 de octubre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial modificó
la sentencia de primera instancia, en el sentido de: absolver a la abogada de la falta
prevista en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, como de la falta señalada
en el numeral 1° del artículo 37 de igual normativa, por demorar la iniciación del
encargo profesional; confirmó la comisión de la falta contemplada en el numeral 1°
del artículo 37 ibidem, por dejar de hacer oportunamente las actuaciones propias del
encargo profesional al no subsanar la demanda; y en consecuencia, redujo la sanción
en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses.
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Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
7. El 14 de noviembre de 2024, le fue notificada la decisión por correo electrónico;
el 18 de noviembre siguiente fue realizada la notificación edicto; el 21 de noviembre se
le comunicó la sanción, y el 25 de noviembre ya se encontraba registrada la sanción
el sistema digital.
1.3. Sustento de la vulneración
8. La accionante cuestiona la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al buen nombre, por configuración de los defectos «fáctico» y
«procedimental», en atención a las siguientes circunstancias:
1.3.1. Defecto fáctico
9. Los juzgadores no analizaron las pruebas a profundidad, pues de haberlo hecho
se habría verificado que no había certeza para la aplicación de la sanción, ni siquiera
con reducción, según se pasa a explicar:
i) El 29 de julio de 2019, suscribió un contrato de prestación de servicios con el señor
Víctor Manuel Monroy Ramírez, en el que se comprometió a desarrollar gestiones
correspondientes ante la Caja de Vivienda Popular del Distrito de Bogotá D. C. para
obtener el título de propiedad —por sucesión—, del bien inmueble que había adquirido
su hermana, Herminda Monroy Ramírez (q. e. p d.), de acuerdo con una resolución
expedida por la Caja de Vivienda Popular, mediante la cual le fue asignada una vivienda
para que se trasladara de residencia, toda vez que el sitio donde se encontraba su
domicilio era de alto riesgo.
ii) Durante los meses de agosto y septiembre de 2019 acudió a la entidad para adelantar
su gestión y encontró que el proceso de adjudicación de la vivienda a la señora Herminda
Monroy quedó inconcluso debido a su fallecimiento, y que, además, ya existía una
revisión previa de una solicitud que había presentado el señor Víctor Manuel Monroy
Ramírez, en calidad de único heredero, la cual le fue negada por no cumplir con el
requisito de «no compartir domicilio con la beneficiaria».
iii) En la entrega de cada informe, su cliente le hacía entrega de dinero por concepto de
transporte y papelería, acumulando hasta noviembre de 2019, una suma de $1.400.000.
iv) En el mes de enero de 2020, planteó a su cliente la posibilidad de adelantar un
proceso judicial para obtener la adjudicación del bien comprometido en el acto
administrativo de adjudicación de la señora Monroy Ramírez (fallecida).
v) El 6 de marzo de 2020, recibió el mandato y mientras organizaba la documentación
para radicar la demanda, se presentó la Pandemia de Covid-19, por esta razón, a partir
del 16 de marzo de 2020 fueron cerrados los despachos judiciales y la atención
presencial fue suspendida, de lo cual mantuvo informado al cliente, a través de llamadas
telefónicas.
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Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
vi) En julio de 2020, recibió una llamada de la señora Miryam Ramírez, compañera de
su cliente, quien le solicitó el envío, en correo físico, del paquete que contenía la
demanda para buscar la forma de radicarla, lo cual realizó.
vii) Su cliente presentó la demanda, a la cual se le dio el radicado 2020-00399-00, y se
le asignó al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, el cual emitió auto del 31 de julio
de 2020 en el que la rechazó por falta de competencia y ordenó el traslado del expediente
para que fuera sometido a un nuevo reparto. A la demanda se le dio el radicado 2020-
00799-00 y se asignó al Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá, convertido
transitoriamente en Juzgado 52 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de
Bogotá, despacho judicial que mediante auto del 5 de noviembre de 2020, solicitó la
subsanación de la demanda.
viii) El señor Víctor Manuel Monroy Ramírez no le informó que había logrado radicar la
demanda, a fin de realizar el correspondiente seguimiento, razón por la cual nunca
conoció del estado del proceso; y aunque su cliente se enteró del requerimiento del
juzgado porque trató de subsanar la demanda a través del correo electrónico de su
compañera permanente miryamdiazramirez@gmail.com, no le comunicó de tal decisión
para que, como profesional del derecho, procediera a corregir los errores.
ix) En las conversaciones telefónicas sostenidas con su cliente durante el mes de
noviembre de 2020, se decidió dar por terminado el contrato de prestación de servicios
profesionales y se acordó, que le regresaría el 50% del valor de los honorarios y gastos
que tuvo durante el trámite administrativo, es decir, la suma de $750.000, que fueron
consignados a una cuenta de la señora Miryam Díaz Ramírez y que el cliente aseguró
haberlos recibido.
x) El 27 de enero de 2021, el Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá rechazó la demanda
por no ser subsanada.
10. Al mirar las pruebas contenidas en el proceso se observa: i) que la primera
demanda, presentada el 24 de julio de 2020, fue rechazada; ii) que como no tuvo la
oportunidad de revisar el auto de rechazo no conoció del hecho de que el rechazo fue
por competencia, pero remitido por el mismo juzgado para ser repartido a los juzgados
de pequeñas causas; iii) que en el nuevo juzgado se exigió el cumplimiento de
requisitos para la admisión, de los cuales jamás se enteró; iv) que el señor Víctor
Manuel Monroy pretendió subsanar la demanda, a través del correo de su compañera
miryamdiazramirez@gmail.com, sin tener en cuenta que debió hacerlo a través de
apoderado; y v) que la subsanación la hizo en el mes de noviembre de 2020, tiempo
después de que ya le había hecho la devolución de sus documentos.
11. Siguiendo el principio de dogmática jurídica, según el cual, en derecho las cosas
se deshacen como se hacen, ciertamente, con el quejoso se deshizo el contrato de
mandato y, respetando su deseo, no siguió con actuación alguna, sin saber que el
Juzgado Tercero había remitido por competencia su caso a los Juzgados de Pequeñas
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Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
Causas, y cuando su poderdante se dio cuenta de la inadmisión, fue él mismo quien
trató de subsanar la demanda sin buscarlo ni informarle, ya que si se le hubiera
contactado habría actuado en el proceso, siendo que, por demás, a la fecha en la que
se dio la inadmisión ya les había hecho devolución de sus documentos.
12. Dentro del proceso disciplinario se encuentran pruebas claras y fehacientes que
demuestran que su actuación no se halla inmersa en el fenómeno de la antijuridicidad,
esto es, que no incumplió con el mandato dado por el poderdante.
1.3.1. Defecto procedimental
13. En el caso no se cumplieron los plazos de notificación ni ejecutoria, pues la
sentencia le fue notificada el 13 de noviembre siguiente, a través de correo electrónico,
y en tal sentido, contando los dos días de la Ley 2213 de 2022;2 se tiene que los tres
días de ejecutoria de que trata la Ley 1123 de 20073 se vencieron el 20 de noviembre
de 2024; y comoquiera que no se notificó personalmente de la decisión, la notificación
por edicto se debió realizar el 21 de noviembre y no el día 18, como aparece en el
sistema.
14. Si la notificación por edicto se hubiera hecho el día 21, los cinco días de que
trata la Ley 1952 de 20194 se vencían el 27 de noviembre, pero, paradójicamente,
desde el día 25 de noviembre ya aparecía en el sistema nacional de abogados la
sanción impuesta, es decir, sin cumplirse aún los términos de ejecutoria.
1.4. Trámite de la acción
15. El 2 de diciembre de 2024, el consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez
admitió la demanda; negó la medida provisional solicitada por la accionante; ordenó
notificar al presidente y magistrados integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina
2 Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se
adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio
de justicia y se dictan otras disposiciones
3 Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.
4 Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
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Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
Judicial y al presidente y magistrados integrantes de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá; vinculó y ordenó notificar a los señores Víctor Manuel
Monroy Ramírez y Myriam Díaz Ramírez; informó a las partes demandadas y a los
terceros con interés que, una vez notificados, contaban con el término de dos (2) días
para que, rindieran informe sobre los hechos objeto de la acción; solicitó a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que remitiera copia magnética del expediente con
radicación 11001-202-000-2021-01242-01; y tuvo como pruebas con el valor que les
asigna la ley los documentos allegados con la demanda.
1.5. Informes
1.5.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial
16. El 6 de diciembre de 2024, el magistrado Juan Carlos Granados Becerra solicitó
declarar improcedente la acción o, en su defecto, negar el amparo invocado, en
atención a las siguientes circunstancias:
17. No se encuentra dentro del libelo la suficiente carga argumentativa que
demuestre la manera como se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de
la accionante. Ello, por cuanto en la demanda apenas se enunció que la decisión
censurada se encontraba incursa en un defecto fáctico al no tenerse en cuenta las
pruebas aportadas que la exculpaban de las faltas endilgadas; sin embargo, las
pruebas se apreciaron en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y se
valoraron razonadamente, encontrando un acervo probatorio suficiente que condujo a
la certeza de su falta de diligencia profesional y, por contera, de la ocurrencia de la
falta disciplinaria a título de culpa.
18. En relación con la ejecutoria de la decisión en segunda instancia, con
fundamento en la cual se alega la vulneración del derecho al buen nombre, es
primordial resaltar que en virtud del artículo 16 de la Ley 1123 de 20075 se debe hacer
remisión al artículo 1386 de la Ley 1952 de 2019,6 en el cual se señala que las
5 Por la cual se establece el código disciplinario del abogado.
6 Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002
y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011 relacionadas con el derecho disciplinario.
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Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
providencias de segunda instancia sobre las cuales no proceden los recursos de ley
quedan ejecutoriadas el día de la notificación.
19. En el caso particular, se tiene: i) que el 13 de noviembre de 2024 se surtió la
notificación de manera personal, por correo electrónico; ii) que el 18 de noviembre de
2024, a partir de las ocho de la mañana, se efectuó la notificación por edicto, por el
lapso de tres (3) días hábiles, cobrando ejecutoría el 20 de noviembre de 2024; iii) que
el 21 de noviembre de 2024 se comunicó la sanción al Director del Registro Nacional
de Abogados, de conformidad con los artículos 19 y 23 de la Ley 2094 de 2021 —que
modifica los artículos 120 y 127 de la ley 1952 de 2019—; y iv) que el 26 de noviembre
de 2024 se informó a la abogada del registro de la sanción, teniendo esta misma fecha
como inicio y como finalización el 25 de mayo de 2025. No se observa vulneración al
buen nombre pues en el certificado de antecedentes disciplinarios se plasmó lo
decidido por la Comisión el 2 de octubre de 2024 y que cobró ejecutoria el 20 de
noviembre de 2024.
1.5.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
20. El 6 de diciembre de 2024, la magistrada Paulina Canosa Suárez solicitó negar
la protección solicitada. Señaló que lo pretendido por la accionante es que el juez
constitucional realice una nueva valoración probatoria, lo cual es improcedente a
través de la acción de tutela; además de que la alegada afectación a su buen nombre
es producto de su conducta y no de las personas que integraron las comisiones.
1.6. Sentencia de primera instancia
21. El 12 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B declaró improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, dados los siguientes considerandos:
22. El defecto fáctico endilgado por la actora fue propuesto en similares términos
que en el proceso disciplinario, el cual fue abordado y resuelto en la providencia del 2
de octubre de 2024 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En tal
sentido, el objeto de la demanda es reabrir un debate que es propio del juez
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disciplinario y frente al cual le está vedado pronunciarse al juez constitucional, por
desbordar su competencia.
23. La sanción de suspensión en el ejercicio profesional por el término de seis
meses no fue con ocasión de la indebida presentación de la demanda o por su
incorrecta subsanación, sino porque la abogada dejó de realizar las actuaciones en
defensa de los intereses de su cliente de manera oportunamente, pues asumió un
encargo profesional en el cual debía realizar unas gestiones y presentar una demanda,
encargo que desatendió por completo una vez se rechazó la demanda, en tanto no
renunció al mandato.
24. Aunque la parte demandante pretende darle el cariz de vicio a dicha situación
es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela
son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el curso del
proceso de disciplinario a través de los descargos, los recursos de ley y los alegatos
de conclusión, los cuales fueron resueltos en la providencia cuestionada.
1.7. Impugnación
25. La accionante impugnó la sentencia de primera instancia en orden a que se
revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela, dados los siguientes
argumentos:
26. La acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues lo
que se cuestiona es la vulneración de su derecho al debido proceso por la indebida
valoración de los hechos plasmados en la queja con el material probatorio aportado al
plenario, y en tal sentido, se hace necesario revisar la decisión.
27. Además, es del caso tener en cuenta lo señalado en el salvamento de voto
presentado por el consejero de Estado Martín Bermúdez Muñoz, quien se apartó de la
mayoría decisoria, al considerar que en el caso se configuró un defecto fáctico por
cuanto «la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió imponer la falta
disciplinaria a la accionante aun cuando determinó que la omisión de subsanar la
demanda en debida forma no le era atribuible por cuanto fueron sus poderdantes
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Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
quienes presentaron la demanda y posteriormente la subsanaron, sin comunicarle
dichas actuaciones a la accionante».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela
interpuesta por la señora Stella Yaneth Arciniegas Barrera en contra de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991; en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021; y en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
29. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, la
documental aportada al plenario y los argumentos expuestos en la impugnación, esta
Sala plantea como problema jurídico a resolver el siguiente:
30. ¿Corresponde confirmar o revocar la decisión del a quo en cuanto declaró
improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
y, en su lugar, analizar los defectos invocados?
31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes ítems:
i) sobre la acción de tutela en contra de providencias judiciales y ii) caso concreto.
2.3. Sobre la acción de tutela en contra de providencias judiciales
32. En la Sentencia C-590 de 2005,7 la Corte Constitucional hizo distinción entre
causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la
interposición de la acción, y causales específicas, que persiguen verificar la
procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
7 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
33. De esta forma, se señalaron como causales genéricas las siguientes: i) que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere
alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi)
que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un
examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra
providencia judicial de naturaleza «excepcional».
34. Y como causales específicas, aquellas que se centran en el estudio de la
providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental
absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La
Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe
estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales
35. En el caso se cumple con el requisito de «legitimación en la causa por activa y
pasiva», puesto que la señora Stella Yaneth Arciniegas fue demandada en el proceso
disciplinario enjuiciado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue la autoridad
judicial que emitió la decisión objeto de censura en esta instancia constitucional.
También cumple con el requisito de «relevancia constitucional», pues aunque es cierto
que el defecto fáctico endilgado por la actora fue propuesto en similares términos que
en el proceso disciplinario, la accionante expresa de manera clara las razones por la
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Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
cuales considera que la litis fue resuelta sin un adecuado análisis probatorio, evento
que de encontrarse acreditado conduciría a considerar trasgredidos sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.8 Por
consiguiente, la Sala revocará la sentencia impugnada que declaró improcedente el
amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
36. En cuanto al requisito de «subsidiariedad se cumple parcialmente, pues, según
los fundamentos de la acción, lo concerniente al defecto fáctico no se enmarca en
alguna de las causales de procedencia de los recursos extraordinarios propios de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. No obstante, ocurre lo contrario en torno
de los reparos relativos al defecto procedimental, puesto que la controversia en torno
a la ejecutoria de la providencia de segunda instancia podía haberse increpado a
través del incidente de nulidad, lo cual no ocurrió.
37. Además, también «satisface el requisito de inmediatez», toda vez que la
providencia objeto de censura data del 14 de noviembre de 2024, y la presente acción
de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de
Estado el 28 de noviembre siguiente, esto es, en el término de los seis meses
señalados por esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela
contra providencia judicial.9
38. Asimismo, se encuentra que en el asunto «no se cuestiona una irregularidad
procesal», sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis
probatorio; que dentro del libelo «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de
manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y el
8 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso
a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello
los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
9 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
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Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
defecto que considera configurado; y que «no se cuestiona una sentencia de tutela»,
sino la proferida dentro de un proceso disciplinario.
2.4.2. Sobre el defecto fáctico invocado
39. El accionante reprocha, en sede de impugnación, la existencia de un «defecto
fáctico» en el análisis efectuado por el juez disciplinario de segunda instancia en torno
de la «falta a la debida diligencia profesional por dejar de hacer oportunamente las
diligencias propias de la actuación profesional» contemplada en el numeral 1° del
artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, al no subsanar la demanda; y por contera, de la
dosimetría de la sanción aplicada. Alega que el juez realizó una indebida valoración
de los hechos plasmados en la queja disciplinaria con el material probatorio aportado
al plenario, pues de haberse analizado a profundidad se habría verificado que no había
certeza para la aplicación de la sanción, nisiquiera con reducción.
40. De manera particular, refiere que en el caso no se tomó en cuenta: i) que la
primera demanda, presentada el 24 de julio de 2020, fue rechazada; ii) que como no
tuvo la oportunidad de revisar el auto de rechazo no conoció del hecho de que el
rechazo fue por competencia, pero remitido por el mismo juzgado para ser repartido a
los juzgados de pequeñas causas; iii) que en el nuevo juzgado se exigió el
cumplimiento de requisitos para la admisión, de los cuales jamás se enteró; iv) que el
señor Víctor Manuel Monroy pretendió subsanar la demanda, a través del correo de su
compañera miryamdiazramirez@gmail.com, sin tener en cuenta que debió hacerlo a
través de apoderado; y v) que la subsanación la hizo en el mes de noviembre de 2020,
tiempo después de que ya le había hecho la devolución de sus documentos.
41. Pues bien, en la providencia objeto de censura, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial trajo a colación las siguientes pruebas recaudadas en el proceso:
i) El contrato de prestación de servicios profesionales del 29 de julio de 2019 suscrito
con el señor Víctor Manuel Monroy para prestar asesoría jurídica en materia civil,
iniciando con el trámite para obtener la titulación del bien inmueble que adquirió por
sucesión la señora Rosa Herminda Monroy Ramírez, y no ser posible dicha pretensión,
tramitar solicitud de mejoras liquidadas y adjudicadas a la Caja de Vivienda Popular.
ii) La respuesta al derecho de petición de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Caja de Vivienda
Popular, dirigida el 27 de agosto de 2019 al señor Víctor Manuel Monroy Ramírez, en el
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cual le informaron que no se concedía la solicitud de ingreso a la base de datos de la
Caja de Vivienda Popular por cuanto nunca había hecho parte del núcleo familiar
beneficiario del proceso.
iii) El poder otorgado a la abogada Stella Yaneth Arciniegas Barrera, autenticado el 6 de
marzo de 2020 por el señor Víctor Manuel Monroy Ramírez, con la obligación de iniciar,
tramitar y llevar hasta su culminación proceso ordinario de responsabilidad contractual
de menor cuantía contra la Caja de Vivienda Popular.
iv) El acta de reparto del 8 de octubre de 2020, del proceso radicado 2020-00799-00,
asignado al Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá, convertido transitoriamente en
Juzgado 52 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá.
v) El auto del 5 de noviembre de 2020, mediante el cual el Juzgado 70 Civil Municipal de
Bogotá inadmitió la demanda.
vi) El memorial del 12 de noviembre de 2020 dirigido al Juzgado 70 Civil Municipal de
Bogotá remitido desde el correo myriamdiazramirez@gmail.com suscrito por el señor
Víctor Manuel Monroy Ramírez, atendiendo el auto de inadmisión.
vii) El auto del 27 de enero de 2021 que rechazó la demanda, al no haberse atendido 9
de las 10 observaciones realizadas por el despacho judicial.
viii) La copia del manuscrito firmado por el señor Víctor Manuel Monroy Ramírez y la
abogada Stella Yaneth Arciniegas Barrera, en el cual se dejó constancia del recibo de la
suma de $1.400.000 como honorarios.
ix) La queja del señor Víctor Manuel Monroy Ramírez, en la cual manifiesta que la
abogada le regresó el 50% de los honorarios y renunció al poder.
42. Con fundamento en lo anterior, la autoridad accionada dejo sentado i) que la
investigada y el quejoso suscribieron un contrato de prestación de servicios
profesionales; ii) que la abogada se comprometió a realizar los trámites pertinentes
para obtener la titulación del bien inmueble que había dejado la señora Rosa Herminda
Monroy Ramírez al quejoso como único heredero; iii) que el 31 de julio de 2020, cuando
el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá rechazó la demanda, la abogada adujo
desentenderse del proceso, iv) que el 29 de diciembre de 2020, la abogada le consignó
el dinero al quejoso, renunciando al encargo profesional, y v) que el quejoso fue quien
propendió por subsanar la demanda.
43. En esos términos, procedió a analizar los cargos de apelación de la siguiente
forma: i) indebida valoración probatoria, ii) carencia de dolo en las actuaciones y
omisiones enrostradas; iii) dosimetría de la sanción, y iv) prueba solicitada.
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44. El cargo de indebida valoración probatoria, lo dividió en cuatro fases, así: a)
falta a la debida diligencia profesional por dejar de hacer oportunamente las
actuaciones propias del encargo, b) falta a la debida diligencia profesional por demorar
la iniciación del encargo profesional, c) falta de lealtad con el cliente al no estar
capacitada para la interposición de la demanda, y d) falta de lealtad con el cliente al
no estar capacitada para subsanar la demanda, las dos primeras consignadas en el
numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, y las dos últimas, en el literal i) del
artículo 34 de la misma ley.
45. De esta forma, luego de analizar lo correspondiente con cada cargo, mantuvo
el cargo primero relativo a la falta enrostrada por no subsanar la demanda en el
encargo profesional que asumió, y absolvió a la abogada de los cargos segundo,
tercero y cuarto, relativos a demorar la iniciación del encargo profesional, pues al haber
renunciado ya no era obligación de la apoderada volver a interponer la demanda, y
estar capacitada en relación a la radicación de la demanda, y la subsanación en debida
forma.
46. De esta forma, en torno de la falta a la debida diligencia profesional por dejar de
hacer oportunamente las actuaciones propias del encargo ―que es lo cuestionado en
esta instancia constitucional―, dijo que, de acuerdo con el contrato de prestación de
servicios suscrito por las partes, era obligación de la apoderada subsanar la demanda,
y que, si se encontraba impedida para seguir con el encargo profesional, debió
renunciar a este ante el despacho judicial, lo cual tampoco realizó.
47. Y en esos términos, en lo referente a la dosimetría de la sanción ―también
cuestionado a través de la acción de tutela― señaló que coincidía con los criterios
generales previstos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, contemplados por el a
quo, esto es, i) la trascendencia social de la conducta, comoquiera que la abogada
dejo de realizar oportunamente las actuaciones en defensa de los intereses de su
cliente, y ii) el perjuicio causado, que se materializó en no permitir que el señor Víctor
Manuel Monroy Ramírez tuviese la oportunidad de que su caso fuera considerado por
el Juzgado 70 Civil Municipal de Bogotá; pero que, era del caso reducir la sanción a la
suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis meses, toda vez que
la falta del numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, relacionada con la falta
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a la debida diligencia profesional por dejar de hacer oportunamente las actuaciones
propias del encargo, se presentó por el descuido de la profesional del derecho, y por
lo mismo, regresó parte de sus honorarios y procedió a renunciar al encargo y,
adicionalmente, porque se le absolvió por las faltas del literal i) del artículo 34, de la
Ley 1123 de 2007, de lealtad con el cliente al aceptar el encargo profesional sin estar
capacitada para la interposición de la demanda, ni para subsanarla, como por la falta
del numeral 1° del artículo 37 de la misma ley, demorar la iniciación del encargo
profesional.
48. El juez colegiado determinó, válidamente, que en el caso se configuraba la falta
a la debida diligencia profesional por dejar de hacer oportunamente las actuaciones
propias del encargo, pues era obligación de la apoderada subsanar la demanda, y si
se encontraba impedida para seguir con el encargo profesional, proceder a su renuncia
ante el despacho judicial, lo cual tampoco realizó, punto focal sobre el cual se adoptó
la decisión. Entonces, muy a pesar del disenso de la accionante en torno a la
valoración probatoria efectuada por el juzgador, al no tener en cuenta que nunca se
enteró del envío del expediente ante otro despacho judicial, lo que se advierte es que
las pruebas se apreciaron en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
encontrando que ello no excusaba a la apoderada del hecho de no haber estado
pendiente del proceso y, de haber presentado la renuncia del encargo profesional, si
se encontraba impedida para seguir con este.
49. Y si bien, en el salvamento de voto presentado en la primera instancia se
consideró que en el caso sí se incurrió en el defecto fáctico endilgado por cuanto «la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió imponer la falta disciplinaria a la
accionante aun cuando determinó que la omisión de subsanar la demanda en debida
forma no le era atribuible por cuanto fueron sus poderdantes quienes presentaron la
demanda y posteriormente la subsanaron, sin comunicarle dichas actuaciones a la
accionante»; lo cierto es que tal conclusión fue abordada por el juzgador en el análisis
del cargo de «falta de lealtad con el cliente al no estar capacitada para subsanar la
demanda» y no en el análisis del cargo «falta a la debida diligencia profesional por
dejar de hacer oportunamente las actuaciones propias del encargo», que es el
cuestionado por la accionante en la acción de tutela.
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50. Así las cosas, las consideraciones presentadas por el juzgador, para efectos
de dar solución a la litis, no se advierten irracionales y/o caprichosas, pues además de
que dejó en evidencia todo el acervo probatorio encontrado en el plenario, procedió a
su efectivo análisis, en tanto estableció el valor de cada una de las pruebas y explicó
lo que de ellas pudo extraer, ámbito en el que el juez natural, a partir de las reglas de
la sana crítica, cuenta con mayor libertad de análisis para alcanzar la verdad de los
hechos que interesan al caso. Y si bien, la accionante disiente del análisis probatorio
efectuado, mal haría este juez constitucional en imponerle al juez natural un
determinado criterio valorativo, ya que ello invadiría el ámbito de sus competencias.
51. Es de indicar que, en casos como el presente, en los que se invoca la existencia
de un defecto fáctico en su dimensión positiva, el juez de tutela está autorizado a
analizar, solamente, si la valoración que realizó el operador jurídico desconoció las
reglas de la sana crítica y/o persuasión racional, en las que, de acuerdo con la Corte
Constitucional «interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del
juez»,10 puesto que, «unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado
pueda analizar la prueba (de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en
los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento
experimental de las cosas»,11 lo cual no se advierte desconocido en el caso.
52. Y siendo así, lo que se extrae del asunto es que la parte actora está inconforme
con la lógica y estudio dado por el fallador y utiliza la acción de tutela para plantear un
análisis de la prueba que, en su juicio, es el que debe darse, lo cual está
completamente vedado para el juez constitucional, toda vez que el mecanismo de
amparo no es una instancia adicional para requerir una nueva revisión de las pruebas
obrantes en el juicio ordinario. De esta forma, no se encuentra que la accionada haya
incurrido en un defecto fáctico que habilite la procedencia del amparo deprecado, por
lo que se considera infundado y, en tal sentido, negarán las pretensiones solicitadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
10 Sentencia C-622 de 1998.
11 Ibídem
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Accionante: Stella Yaneth Arciniegas Barrera
III. F A L L A:
Primero. REVOCAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que declaró improcedente el
amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En su lugar,
NEGAR el amparo invocado por la señora Stella Yaneth Arciniegas Barrera, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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