Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06565-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06565-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06565-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 7 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06565-00
Demandante: Saray Sofía Jiménez Cavadia
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia, por medio
de la cual se revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, se declaró la improcedencia
de una acción de cumplimiento.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Saray Sofía Jiménez
Cavadia contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 28 de noviembre de 2024, Saray Sofía Jiménez Cavadia presentó
una acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, acceso a la administración de justicia y mínimo vital, con
ocasión de la Sentencia de 12 de septiembre de 2024, mediante la cual la
autoridad judicial accionada revocó la decisión de primera instancia y
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento promovida bajo el
radicado No. 23001-23-33-000-2024-00114-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“Solicito muy respetuosamente se sirva ordenar al consejo de estado declarar
la nulidad de la sentencia de radicado [23001-23-33-000-2024-00114-01] del
proceso de acción de cumplimiento puesto que sus argumentos desconocen
los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad,
acceso a la administración de justicia, mínimo vital, y no tuvo en cuenta la
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06565-00
Demandante: Saray Sofía Jiménez Cavadia
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Decisión: Declara improcedente
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naturaleza jurídica de Icetex para proferir el fallo de segunda instancia, vincular
al DPN para que emita un informe donde se demuestre que he estado en el
Sisben durante toda mi vida en los puntajes más bajos, al principio con tarjeta
de identidad No. 99031117859 luego con cedula de ciudadanía No.
1.067.965.386 lo cual demuestra el estado de vulnerabilidad que me
encuentro.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) El 22 de agosto de 2024, Saray Sofía Jiménez Cavadia presentó un
derecho de petición ante el ICETEX en el que solicitó que se le condonara
un crédito que tenía con esa entidad, pues consideraba que cumplía con
los requisitos mínimos establecidos en los Acuerdos No. 25 de 28 de junio de
2017 y 17 de 29 de abril de 2021 para hacer una solicitud de esa índole.
5. 2) El ICETEX no respondió el requerimiento hecho por la parte actora
de forma oportuna, por lo que interpuso acción de tutela contra esa
entidad, la cual correspondió al Juzgado 5 Laboral de Montería.
6. 3) El ICETEX brindó una respuesta negativa a la petición, de modo que
la señora Jiménez Cavadia procedió a requerir a dicha entidad para que
diera cumplimiento a los Acuerdos No. 25 de 28 de junio de 2017 y 17 de 29
de abril de 2021, referentes a la condonación de créditos por pertenencia a
una población vulnerable.
7. 4) Saray Sofía Jiménez Cavadia manifestó en su momento que el
ICETEX se negó a acceder a lo solicitado porque en el último semestre
académico que cursó no se encontraba dentro de la base de datos del
Sisbén.
8. 5) Por lo anterior, la señora Jiménez Cavadia presentó demanda en
ejercicio de la acción de cumplimiento con el fin de que el ICETEX atendiera
lo previsto en los Acuerdos No. 25 de 28 de junio de 2017 y 17 de 29 de abril
de 2021, relacionados con la condonación del porcentaje adeudado del
crédito que tenía con la entidad. Esa demanda fue admitida mediante Auto
de 28 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Rad. 23001-
23-33-000-2024-00114-00.
9. 6) El Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de Sentencia de
5 de agosto de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó
al ICETEX que cumpliera lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo No. 25 de
2017, modificado por el artículo 1 del Acuerdo No. 17 de 2021, y le otorgara
a Saray Sofia Jiménez Cavadia el beneficio consagrado en esa norma.
10. 7) El ICETEX apeló esa decisión y solicitó que se revocara el fallo de
primera instancia y, en su lugar, se declarara la improcedencia de la acción
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de cumplimiento. Para ello, argumentó que el tribunal había desconocido
lo previsto en los artículos 1, 2 y 9 de la Ley 393 de 1997; 4 y 8 de la Ley 1002
de 2005; 1625, 1711, 1712, 1713, 2221y 2222 del Código Civil y 1163 y
concordantes del Código de Comercio.
11. Señaló, además, que la actora contaba con otro mecanismo
ordinario para hacer valer sus derechos con los cuales incluso podía solicitar
medidas cautelares. Precisó que, en todo caso, la decisión impugnada
desconoció que el Consejo de Estado había establecido que la acción de
cumplimiento era improcedente para resolver solicitudes de condonación
de créditos del ICETEX.
12. 8) La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante Sentencia de
12 de septiembre de 2024, revocó la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, al
considerar que la demandante tenía la posibilidad de alegar la defensa de
sus derechos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho o la acción civil contractual ante la Jurisdicción Ordinaria.
13. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que la autoridad judicial accionada desconoció tanto lo previsto en la
Ley 31 de 1992 sobre la naturaleza jurídica del ICETEX, como el precedente
establecido en la (se trascribe) “Sentencia del Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 11 de noviembre de 2010
(Rad. 11001032700020100033101)”, en la que, según ella, se determinó que
la mencionada es una entidad pública del orden nacional a la cual se
aplican las reglas del derecho público.
14. Indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado ignoró la
información remitida por el Departamento Nacional de Planeación donde
era posible evidenciar que estaba dentro de la base de datos del Sisbén y,
por tanto, podía acceder a los beneficios otorgados por los Acuerdos No. 25
de 28 de junio de 2017 y 17 de 29 de abril de 2021.
15. Agregó que no contaba con los recursos necesarios para satisfacer
sus necesidades básicas, por lo que acudió a la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable de ver
menoscabado su mínimo vital.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
16. La Sección Quinta del Consejo de Estado manifestó que la parte
actora se limitó a reiterar los argumentos que sirvieron como sustento de la
2 Mediante Auto de 3 de diciembre de 2024, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como parte accionada a la Sección Quinta del Consejo de Estado y (3) vincular al Tribunal
Administrativo de Córdoba, al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX)
y al Departamento de Nacional de Planeación (DNP), como terceros con interés en el asunto.
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acción de cumplimiento, pero omitió demostrar alguno de los requisitos
especiales establecidos por la Corte Constitucional necesarios para la
procedencia de la acción de tutela.
17. Señaló que la demanda de tutela no cumplía con la carga
argumentativa suficiente para que el juez de tutela abordara de fondo el
asunto, de modo que solicitó que se declarara su improcedencia y, en su
defecto, se negara el amparo solicitado, al no encontrar acreditados los
requisitos de procedencia excepcional de la acción tutela contra
providencia judicial.
18. El Tribunal Administrativo de Córdoba remitió la información requerida
sobre el proceso ordinario, pero no se pronunció sobre el objeto de la acción
de tutela.
19. El ICETEX indicó que no incurrió en acción u omisión alguna con la cual
se hubieran vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora y que
los reparos hechos en la acción de tutela estaban relacionados con la
decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado en el marco del
proceso de acción de cumplimiento, por lo que pidió ser desvinculado del
presente trámite. Adicionalmente, pidió que se declarara la improcedencia
de la solicitud de amparo dado que revestía un interés simplemente
económico.
20. El Departamento Nacional de Planeación, pese a haber sido
debidamente notificado, guardó silencio3.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación del ICETEX. 2.2. Procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación del ICETEX
21. En lo que respecta a la solicitud de desvinculación presentada por el
ICETEX, la Sala la despachará de forma desfavorable, comoquiera que tuvo
la calidad de parte accionada en el proceso No. 23001-23-33-000-2024-
00114-00/01 (acción de cumplimiento) y, por lo tanto, lo que aquí se decida
puede tener repercusión respecto de él.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
22. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
3 Índice 7 del aplicativo SAMAI.
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23. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional4.
24. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental5.
25. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto6; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario7 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad8.
26. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 20239,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
4 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
5 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
6 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.
No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
9 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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27. Con base en lo anterior, se tiene que la parte actora alegó que la
cuestión discutida tenía trascendencia constitucional porque la autoridad
judicial accionada había desconocido el precedente establecido en la (se
trascribe) “Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, 11 de noviembre de 2010 (Rad.
11001032700020100033101)”, sin determinar cuál regla de esa providencia
puntualmente se ignoró. Además, señaló que había desconocido lo previsto
en la Ley 31 de 1992 sobre la naturaleza jurídica del ICETEX y los soportes
remitidos por el Departamento Nacional de Planeación que daban cuenta
de su vinculación a la base de datos del Sisbén.
28. Para la Sala, esos argumentos resultan ser insuficientes para explicar
las razones por las cuales el asunto controvertido tiene verdadera relevancia
constitucional, pues lo que pretendió la señora Jiménez Cavadia fue reabrir
un debate ya zanjado por el juez natural de la causa, por lo que resulta
necesario recordar que la acción de tutela no puede ser utilizada como una
tercera instancia para cuestionar lo decidido en el marco de un proceso
ordinario.
29. En adición, revisado el escrito de tutela, se observa que las
inconformidades de la parte actora en relación con la sentencia enjuiciada
revisten un interés esencialmente económico, puesto que el debate gira en
torno a que la no condonación del crédito que tiene con el ICETEX, con base
en los Acuerdos No. 25 del 28 de junio de 2017 y No. 17 del 29 de abril de
2021, afecta su estabilidad económica.
30. De otro lado, se advierte que, aun cuando la parte actora manifestó
que acudía a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable consistente en la afectación a su mínimo vital, lo
cierto es que no logró demostrar dicha situación de vulnerabilidad que haría
procedente su solicitud de amparo ante la inminencia de vulneración de sus
garantías constitucionales.
31. Habida cuenta de lo anterior, esta Sala estima conveniente señalar
que las diferencias interpretativas que existieren entre la parte demandante
y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la justificación
para la intervención del juez de tutela, por lo que la presentación simple de
las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué
el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional10.
10 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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2.3. Conclusión
32. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el requisito de
relevancia constitucional no se cumplió en el caso concreto y, por tal
motivo, se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos
de procedencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el ICETEX,
de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDo: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada
por Saray Sofía Jiménez Cavadia, de conformidad con las razones expuestas
en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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