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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06570-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06570-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06570-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06570-00
Demandante: Miguel Ángel Barrera Núñez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Niega amparo – ausencia de vulneración del derecho
fundamental de petición.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. Miguel Ángel Barrera Núñez, presentó demanda de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y su
Dirección de Unidad de Compras Públicas, con el fin de obtener la protección de su
derecho fundamental de petición.

2. El 12 de septiembre de 2024, solicitó a la Presidencia del Consejo Superior de la

Judicatura que le informara acerca del costo total de los procesos de selección para
la provisión de cargos en la Rama Judicial correspondientes a las Convocatorias 17
y 22, y el costo total hasta ese entonces de la Convocatoria 27.

3. Por medio del oficio DEAJCPO24-393 del 4 de octubre de 2024, la Dirección de

Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
atendió la solicitud en los siguientes términos:

<< De manera atenta me permito dar respuesta a su solicitud de información, respecto
del costo total de los procesos contractuales correspondientes a diseño y aplicación
de pruebas para cargos de funcionarios de la Rama Judicial suscritos con la
Universidad Nacional de Colombia, de la siguiente manera:

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06570-00
Demandante: Miguel Ángel Barrera Núñez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Objeto Contrato Valor
Realizar un estudio sobre el diseño, aplicación e 147 de 2007 $897.000.000
impresión de pruebas de competencias,
conocimientos y aptitudes para los cargos de
Magistrados de Tribunal, Consejo Seccional de la
Judicatura y jueces de la República.
Diseño, construcción y aplicación de pruebas 112 de 2013 $2.044.195.254
psicotécnicas de conocimientos y/o de
competencias para los cargos de Funcionarios de
la Rama Judicial
Realizar el diseño, estructuración, impresión y 096 de 2018 $6.710.064.690
aplicación de pruebas psicotécnicas de
conocimientos, competencias y/o aptitudes para
los cargos de Funcionarios.

4. La parte actora alegó que su petición no fue resuelta de fondo, pues la respuesta

que le fue otorgada es evasiva y no atiende lo pedido, en la medida en que
únicamente hace alusión al costo total de los procesos contractuales
correspondientes a diseño y aplicación de pruebas para cargos de funcionarios de la
Rama Judicial suscritos con la Universidad Nacional de Colombia.

5. En ese sentido, las pretensiones están encaminadas a que se ordene a las
accionadas brindar una contestación de fondo, clara, precisa y congruente con lo
peticionado el 12 de septiembre de 2024.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

6. Mediante auto del 9 de diciembre de 2024, se dispuso admitir la demanda, notificar

de su presentación a las entidades accionadas, así como comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

7. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2 señaló que la solicitud elevada

por el actor el 12 de septiembre de 2024 fue atendida de fondo, de forma clara y
congruente, a través del oficio DEAJCPO24-393 del 4 de octubre de 2024, en el
sentido de indicarle sobre el costo total de los procesos contractuales sufragados en
las Convocatorias 17, 22 y 27, por lo que se configuró una carencia actual de objeto
por hecho superado.

8. Esgrimió que la parte accionante tiene a su disposición otros mecanismos para

ventilar su inconformidad respecto a la respuesta que le fue otorgada, como una
solicitud de aclaración o complementación, lo que torna improcedente la solicitud de
amparo.

9. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que, por medio del oficio DEAJCO24-489 del 11

de diciembre de 2024, la Dirección de la Unidad de Compras Públicas solicitó al

2 Intervención digital contenida en 7 folios.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06570-00
Demandante: Miguel Ángel Barrera Núñez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

peticionario aclarar lo pretendido con la solicitud del 12 de septiembre de 2024, en
un término de 10 días, a efectos de atender las inquietudes formuladas en la acción
de tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Caso concreto

10. La Sala negará la solicitud de amparo ante la ausencia de vulneración del derecho

fundamental invocado.

11. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, las personas tienen

derecho a dirigir peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivo de
interés general o particular, así como a obtener una respuesta oportuna. Así, el
derecho de petición tiene una finalidad doble. Por un lado, permite que los
interesados presenten peticiones respetuosas ante las autoridades y, por otro,
garantiza una contestación oportuna, de fondo y congruente con los requerimientos
que plantea el peticionario.

12. La Corte Constitucional ha señalado que el ejercicio de dicha prerrogativa conlleva

los siguientes elementos: (i) la posibilidad real, cierta y efectiva de presentar
peticiones respetuosas; (ii) el otorgamiento de una respuesta de fondo, esto es,
clara, precisa y de acuerdo a lo solicitado; (iii) contestar oportunamente, es decir,
dentro del término legalmente establecido para tal efecto y; (iv) la comunicación
pronta de la contestación al peticionario. Lo anterior, sin perjuicio de que el contenido
de la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado3.

13. En el escrito de tutela, el accionante alegó que las accionadas transgredieron su

derecho fundamental de petición porque no dieron una respuesta de fondo frente a
la solicitud que presentó el 12 de septiembre de 2024. En concreto, el peticionario
pidió la siguiente información:

<< Costo total del proceso de (sic) selección correspondiente a la convocatoria 17 para
ocupar cargos en la Rama Judicial.
2.- Costo total del proceso de (sic) selección correspondiente a la convocatoria 22 para
ocupar cargos en la Rama Judicial.
3.- Costo total alcanzado hasta la fecha en la convocatoria 27, para los mismos
fines.>>.

14. En respuesta a dicha solicitud, la Dirección de Unidad de Compras Públicas de la

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través del oficio DEAJCPO24-393
del 4 de octubre de 2024, le informó al peticionario sobre el costo total de los
procesos contractuales correspondientes a diseño y aplicación de pruebas suscritos

3 Corte Constitucional, Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En ese mismo sentido, ver
sentencias T-430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019 y T-230 de 2020.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06570-00
Demandante: Miguel Ángel Barrera Núñez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

con la Universidad Nacional de Colombia para cada una de las convocatorias,
indicando el contrato respectivo, su objeto y su valor.

15. Para esta Sala de Subsección la contestación otorgada por la accionada
constituye una respuesta de fondo, en tanto es clara, precisa y atiende lo pedido sin
acudir a información impertinente, pues versa sobre la materia objeto de consulta,
esto es, lo relativo a los costos de los procesos contractuales adelantados en el
marco de las convocatorias aludidas por el peticionario.

16. A efectos de sustentar la vulneración alegada, el actor se limitó a aducir que la

respuesta era evasiva, pero no explicó de forma suficiente en qué consiste esa
evasividad que le atribuye. Tampoco indicó de forma puntual cuál es la información
que pretendía obtener con lo requerido y que la demandada dejó de entregar.

17. Aun así, en aras de atender las inquietudes planteadas por la parte actora (que

únicamente se pusieron de presente con ocasión de la tutela), la entidad accionada
lo requirió para que aclarara lo pretendido con la petición que elevó el 12 de
septiembre de 2024.

18. Bajo ese escenario, la Sala no encuentra una conducta vulneradora de derechos,

pues la parte demandada resolvió de forma oportuna la solicitud planteada por el
accionante conforme a lo que estimó correspondía a la información que requería,
que, en su momento, no consideró oscura, ni que fuera de difícil comprensión. Pese
a ello, una vez tuvo conocimiento de las dudas que le surgieron al peticionario, se
puso a su disposición con el propósito de aclarar las mismas y entregarle la
información que pretendiera obtener con la solicitud. Actuar que, sin lugar a dudas,
no va en desmedro del derecho fundamental de petición del accionante, sino en
garantía del mismo y, en esa medida, no merece ningún tipo de censura desde el
punto de vista constitucional.

19. Esta Corporación4 ha sostenido que el sentido de la respuesta no hace parte del

núcleo esencial del derecho fundamental de petición, en tanto es de competencia
exclusiva del sujeto pasivo de la petición. Por ende, la mera inconformidad con la
respuesta, sin estar debidamente justificada, como acontece en el caso de marras,
no supone per se una violación de dicha prerrogativa.

20. Si el accionante consideró que la información era incompleta o que debía ser

complementada, lo que correspondía era que lo pusiera de presente a la autoridad,
a efectos de que esta le diera las precisiones que demanda. De ahí que la Sala tome
en consideración la disposición de la administración en atender su solicitud,
reconociendo que pudo existir una comprensión inadecuada de lo peticionado. La
acción de tutela no puede ser concebida como un instrumento para lograr la

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp.11001-03-

15-000-2021-05637-01, CP. Gabriel Valbuena Hernández.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06570-00
Demandante: Miguel Ángel Barrera Núñez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

complementación de respuestas. Es en esencia un mecanismo excepcional para la
defensa de derechos fundamentales por cuenta de actuaciones u omisiones de la
autoridad, que en esta ocasión no se acreditan.

21. Por
lo expuesto en precedencia, la Sala negará el amparo deprecado en la
demanda.

22. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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