RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06571-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06571-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06571-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06571-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de enero de 2025

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta [30] de enero de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00
Demandantes: RAMÓN ENRIQUE GALVIS GUTIÉRREZ Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente por no
cumplir el requisito de inmediatez1 y agotamiento de todos los
medios de defensa judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 29 de noviembre de 2024, los señores Ramón Enrique Galvis Gutiérrez, Mary
Georgina Vanegas Castro y Gonzalo Lemus Jaimes, mediante apoderada judicial,
presentaron acción de tutela, con el fin de que se les protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, «de defensa y contradicción, igualdad».

Las referidas garantías constitucionales las estimaron vulneradas por el Juzgado
Octavo Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá con ocasión
de las providencias emitidas al interior del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 15001-3333-008-2013-00134-00/04, que se refieren a
la resolución de diversas solicitudes de nulidad procesal y de las providencias que
pusieron fin a la controversia.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

1 Ver al respecto, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, fallo de 12 de mayo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01726-00; 6 de octubre de
2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04855-00; 9 de febrero de 2023, expediente 11001-03-15-
000-2022-05795-01; 3 de agosto de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-01729-01, 5 de
octubre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-04653-00 y 25 de abril de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01351-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

PRIMERO: Revocar las sentencias del 23 de Agosto de 2024 del del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACA y Juzgado Octavo Administrativo oral del
Circuito de Tunja de fecha 13 de marzo de 2019.

SEGUNDO: Ordenar dejar sin efecto el auto admisorio de la demanda del 31
de octubre de 2013; frente al requisito de procedibilidad contra los exintegrantes
del liquidado CONSORCIO LA ESPERANZA GONZALO LEMUS JAIMES,
RAMON ENRIQUE GALVIS GUTIERREZ, SONIA CHAPARRO GARCIA Y
MARY GEORGINA VANEGAS CASTRO; que no cumple con los requisitos de
procedibilidad y por ende no hacen parte como demandados, excluirlos de la
admisión de la demanda y continuar con los demás demandados , a los cuales
si se cumplió el requisito de procedibilidad.

TERCERO: En caso tal se ordene la notificación de MARY VANEGAS
CASTRO2.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El señor a Javier Gamboa Ariza y otros3 presentaron solicitud de conciliación
prejudicial, oportunidad en la que convocaron, entre otras entidades, al Consorcio
la Esperanza4 y al municipio de Tunja, ello, por el deterioro y destrucción de sus
viviendas.

Agotado el requisito de la conciliación extrajudicial, el señor Gamboa y otros5
radicaron el medio de control de reparación directa contra el Consorcio La
Esperanza, el municipio de Tunja y otros. No obstante, inadmitida la demanda, los
demandantes precisaron que consideraba «prudente continuar la presente
demanda únicamente contra [sic] el Municipio de Tunja y los integrantes del
Consorcio la Esperanza».

Por lo anterior, el 31 de octubre de 2013 el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja
admitió la acción contenciosa contra el «MUNICIPIO DE TUNJA Y DE LOS
SEÑORES RAMON ENRIQUE GALVIS GUTI[É]RREZ, SONIA CHAPARRO
GARC[Í]A6, MARY GEORGINA VANEGAS CASTRO Y GONZALO LEMUS
JAIMES7» y dispuso su notificación personal8.

2 Trascrito con posibles errores ortográficos y mayúsculas sostenidas del texto original.
3 Claudia Patricia Rodríguez Pinto, en nombre propio y en representación de sus menores hijos

Claudia Lorena Gamboa Rodríguez, María Paula Gamboa Rodríguez, Javier Felipe Gamboa
Rodríguez; Lency Yolima Pérez Barón y Johao Alexander Sánchez en nombre propio y en
representación de sus menores hijas Diana Mariana Sánchez Pérez y Sara Isabel Sánchez Pérez;
Luz Mariela Piña Bernal, Nelson Yesid Suárez Piña, Maryideisy Vega Duarte, Doris Aura Duarte
Piracoca, Yuly Alejandra Diaz Duarte, Rosa Amelia Galvis de Alarcón y Claudia Patricia Martínez
Leguizamón en nombre propio y representación de su menor hijo Kevin Alexander Suárez Martínez.
4 Integrado por los tutelantes de este mecanismo constitucional.
5 Mencionados en la referencia 3.
6 Se precisa que la señora Sonia Chaparro García lamentablemente falleció.
7 Mayúsculas sostenidas del texto original.
8 Se destaca que los demandantes presentaron reforma de la demanda, oportunidad en la que se

aportaron nuevos poderes por parte del extremo activo, sin embargo, el 14 de agosto de 2014 el
despacho rechazó la reforma propuesta.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

El 13 de mayo de 2014 la apoderada de Ramón Enrique Galvis Gutiérrez, Gonzalo
Lemus Jaimes y Sonia Chaparro García solicitó declarar la ineptitud de la demanda
por falta de requisitos formales y condenar a la parte actora al pago de condena en
costas, porque «[h]ay carencia total de poder para demandar a los exconsorciados
del extinto Consorcio la esperanza. arts. 75 y 76 del C.P.C.».

El 17 de septiembre de 2014 el juzgado resolvió la petición como una nulidad, pero
procedió a negarla al exponer que (i) no se configura la causal del numeral 4 del
artículo 133 del C.G.P., (ii) «el Artículo 74 del C.G.P. no señala como requisito
taxativo del poder especial que se indique con exactitud a la parte demandada,
[…]9» (iii) y porque, aun admitiéndose los argumentos del extremo pasivo, la causal
de nulidad fue saneada porque el apoderado de los demandantes aportó nuevos
poderes de representación, en donde se delimitan a los demandados.

La anterior decisión fue recurrida en reposición y apelación por la parte
desfavorecida. Sin embargo, el 21 de enero de 2015, se dispuso no reponer, y
también se rechazó10 la apelación por improcedente11.

El 26 de enero de 2015 la apoderada de los antiguos consorciados procedió a
solicitar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio, en atención a que
«[e]l juzgado admit[ío] la demanda, pese a no haber presentado como prueba el
requisito previo de la conciliación extrajudicial art. 161 del C.P. A C.A. de los
integrantes del CONSORCIO LA ESPERANZA GONZALO LEMUS JAIMES
RAMON ENRIQUE GALVIS GUTIERREZ, SONIA CHAPARRO GARCIA Y MARY
GEORGINA VANEGAS CASTRO Consorcio ya liquidado hace 4 años por la DIAN
BUCARAMANGA», solicitud que fue negada el 11 de junio de 2015.

El 26 de junio de 2015 se presentó nuevamente una solicitud nulidad, y el 30 de julio
de 2015 esta petición fue negada. Contra esta determinación se interpusieron
recursos de reposición, apelación y queja, pero ninguno de estos prosperó12.

El 4 de diciembre de 2015, se aceptó el desistimiento de las solicitudes de
llamamientos en garantía y se rechazó por improcedente el incidente de
responsabilidad formulado por la apoderada de los antiguos integrantes del
Consorcio La Esperanza.

El 4 de febrero de 2016 el despacho fijó fecha para la realización de la audiencia
inicial, en la cual, entre otros aspectos, dispuso negar otra solicitud de nulidad.

El 24 de mayo de 2017 se radicó nuevamente una solicitud de nulidad y el 5 de junio
de 2017 el juzgado resolvió estarse a lo resuelto el 11 de abril de 2016.

9 Agregó que «si bien en los poderes no delimitan con exactitud quién o quiénes son los demandados

le cierto es que se trata de las personas naturales y privadas (derecho público o privado) implicadas
en los procesos de planeación, autorización, construcción, inspección, control y vigilancia de las
viviendas de los demandantes».
10 Se precisa que contra esta decisión se tramitó el recurso de queja, pero el Tribunal Administrativo

de Boyacá el 6 de septiembre de 2016 también lo rechazó por improcedente.
11 Providencia que fue notificada por estado el 22 de enero de 2015.
12 «El 01 de diciembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá, rechazó por improcedente el

recurso de queja interpuesto por los Exintegrantes del Consorcio La Esperanza».

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

El 24 de julio de 2017 la autoridad judicial de primera instancia negó otra solicitud
de nulidad.

El 11 de septiembre de 2018, el juzgado dispuso vincular como litisconsorte
necesario al entonces Curador Urbano No 2, señor José María Aponte Quintero.

El 13 de marzo de 2019, la autoridad judicial de primer grado emitió sentencia, en
la que declaró no probadas las excepciones de las demandadas y procedió a
declararlas administra y solidariamente responsables.

El 23 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de Boyacá modificó el numeral
tercero de la sentencia del a quo, que se refiere a la definición de los montos de la
condena, en el sentido confirmar las sumas establecidas, pero procedió a suprimir
el aparte que se refiere a que los demandantes podían exigir el 100% de la condena
a cualquiera de las demandadas.

La sentencia de segunda instancia fue notificada el 6 de septiembre de 2024.

El 6 de septiembre de 2024 la apoderada de Mary Georgina Vanegas Castro13
radicó solicitud de nulidad, al exponer que a su representada no se le notificó en
debida forma, porque su poderdante reside en Estados Unidos de Norteamérica, y
no en la dirección en donde se tramitó la notificación personal.

El 11 de octubre de 2024 el tribunal «rechazó de plano» la solicitud al considerar
que la nulidad propuesta se debió elevar a través del recurso extraordinario de
revisión, o como excepción en la ejecución de la sentencia, según lo establece el
artículo 134 del CGP. Decisión contra la cual se interpuso reposición, pero este fue
resuelto el 20 de noviembre de 2024, en el sentido de no reponer, providencia que
se notificó el 21 de noviembre de 2024.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine, los accionantes, luego de destacar que en el trámite prejudicial
conciliatorio del medio de control 15001-3333-008-2013-00134-00 no se les
convocó en calidad de «exintegrantes del extinto Consorcio la Esperanza»,
expusieron que:

[e]xiste una violación al debido proceso frente a las actuaciones y decisiones
del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, cuyas
consideraciones son abiertamente contrarias a lo demostrado y probado; cuyo
convocado fue el CONSORCIO LA ESPERANZA, liquidado el Consorcio antes
de la presentación de la solicitud de Conciliación Julio de 2011 y de los cuales
no fue notificado el extinto CONSORCIO LA ESPERANZA, ni notificados los
miembros o exintegrantes del extinto Consorcio la Esperanza, la certificación
de envío fue devuelta en Bucaramanga; con otra dirección a la que registraba
el extinto CONSORCIO LA ESPERANZA en el RUT de la DIAN.

13 El poder se otorgó el 6 de septiembre de 2024.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

Al respecto, manifestaron que no se cumplió el requisito de procedibilidad contra los
exintegrantes del liquidado consorcio La Esperanza.

Resaltaron que los poderes aportados con la demanda contenciosa no eran
admisibles, comoquiera que en estos no se determinaron los sujetos procesales
contra los cuales se dirigía la acción.

Destacaron que el juzgado no podía darles efectos retroactivos a los poderes
aportados con la reforma de la demanda. Precisaron que en el auto admisorio se
cometió un error al disponer la admisión frente a los integrantes del consorcio, como
si este estuviera vigente.

Señalaron que en la sentencia de primera instancia no se resolvió de fondo la
excepción de incumplimiento de las obligaciones contractuales, así como otros
puntos expuestos en la contestación de la demanda.

Expusieron que el tribunal afectó sus garantías al no referirse acerca de la
excepción de inepta de demanda por falta de requisitos en los poderes otorgados
con la demanda, solo por el hecho de que ello no fue objeto de pronunciamiento en
la sentencia de primera instancia, luego «el TRIBUNAL […] solo revisa la sentencia
del juez, [¿]No hay un estudio minucioso si se cumplen las normas procesales el
debido proceso?? Es una amplia violación al debido proceso14».

Finalmente alegaron que el tribunal afectó las garantías de la señora Mary Georgina
Vanegas Castro, al no declarar la nulidad por indebida notificación, ya que la
notificación de la admisión de la demanda se realizó a una dirección que no
corresponde, máxime cuando ésta reside en el exterior.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 3 de diciembre de 2024 el magistrado sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar como demandados al Tribunal Administrativo de
Boyacá y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.

Por su parte, como terceros con interés en las resultas del proceso vinculó a los
señores Javier Gamboa Ariza, Claudia Patricia Rodríguez Pinto, en nombre propio
y en representación de sus menores hijos Claudia Lorena Gamboa Rodríguez,
María Paula Gamboa Rodríguez, Javier Felipe Gamboa Rodríguez; Lency Yolima
Pérez Barón y Johao Alexander Sánchez en nombre propio y en representación de
sus menores hijas Diana Mariana Sánchez Pérez y Sara Isabel Sánchez Pérez; Luz
Mariela Piña Bernal, Nelson Yesid Suárez Piña, Maryideisy Vega Duarte, Doris Aura
Duarte Piracoca, Yuly Alejandra Diaz Duarte, Rosa Amelia Galvis de Alarcón y
Claudia Patricia Martínez Leguizamón en nombre propio y representación de su
menor hijo Kevin Alexander Suárez Martínez [parte actora al interior del expediente
contencioso], al municipio de Tunja, el excurador urbano No. 2 – José María Aponte
Quintero y la señora Sonia Chaparro García [extremo pasivo en la demanda de
reparación directa].

14 Transcrito del texto original.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

Así mismo, se ordenó a la oficina de sistemas de la Corporación, realizar la
publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página web
del Consejo de Estado15.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por intermedio del magistrado a
cargo del despacho sustanciador de la providencia que puso fin al proceso
contencioso, solicitó declarar improcedente el mecanismo, al considerar que no se
acreditó el requisito de inmediatez, comoquiera que se pretende controvertir una
actuación surtida en el año 2013.

Precisó que lo expuesto en el presente mecanismo constitucional fue resuelto al
interior del proceso contencioso en diversas solicitudes de nulidad a través de
diferentes autos16.

Destacó que el cargo por nulidad por indebida notificación de la señora Vanegas
fue resuelto en las providencias de 11 de octubre de 2024 y 20 de noviembre de
2024.

1.6.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Tunja detalló
ampliamente todas las decisiones que expidió con ocasión de las diversas
solicitudes de nulidad elevadas al interior del proceso contencioso, que a su juicio
se reiteran en el presente mecanismo tutelar, de lo cual concluye que lo que
pretenden los accionantes es usar la tutela como si fuera una tercera instancia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Colegiatura determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por los accionantes, por parte
del Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja.

15 Ante la dificultad de notificar a algunos terceros, la Secretaría General de esta Corporación
procedió a realizar varias notificaciones por medio de aviso del 3 de diciembre de 2024.
16 El tribunal destacó los autos de 17 de septiembre de 2014, 30 de julio de 2015, 1 de diciembre de

2015, y 6 de septiembre de 2016.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el
caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201217
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales19.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201420, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Inmediatez frente a los cargos dirigidos contra el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Tunja

La Sala considera que la presente solicitud de amparo no cumple con el requisito
de la inmediatez, por las razones que a continuación se explican:

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable21, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de

17 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
19 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
21 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha
5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero
del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-
01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo 22.

De acuerdo con lo anterior, esta sección23 ha considerado como plazo prudencial el
de seis [6] meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la solicitud de
protección y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite
es que se declara su improcedencia.

En el caso objeto de estudio, como los accionantes insistente en que no se agotó
en debida forma el requisito de procedibilidad y que no era viable demandar a los
antiguos integrantes del consorcio La Esperanza, comoquiera que la solicitud de
conciliación prejudicial no se dirigió contra cada uno de ellos y no se presentaron
los poderes para demandar en debida forma, el presupuesto de la inmediatez debe
analizarse desde la ejecutoria de la(s) providencia(s) que se refirió a ese aspecto.

Ahora, como fueron diversos autos los que se pronunciaron frente a estos aspectos,
sería del caso establecer la ejecutoria de cada uno de ellos con el fin de abordar los
fundamentos de éstos en consonancia con la solicitud de tutela, para a su vez
contrastar sus consideraciones y establecer cuál de ellos resolvió o resolvieron los
argumentos que hoy se controvierten, no obstante ni siquiera tomando como punto
de partida la notificación de la última providencia del juzgado que se refirió a los
argumentos que se intentan someter a estudio es posible superar este requisito, ya
tal proveído data del año 2017, estos es, de hace más de 7 años contados desde la
radicación de la acción de la tutela.

En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican
el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 2015, cuya tesis es acogida por este juez colegiado como criterio auxiliar,
indicó que la acción de tutela será procedente:

Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que
la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y
es actual24.

22 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
23 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada

Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
24 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de

2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

En este orden de ideas, esta Colegiatura considera como plazo prudencial el de seis
[6] meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual, para el
caso concreto es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada.

En este punto cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del
derecho a la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a
quienes se les ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el
lapso en mención.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 25, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200526, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y reiteró que seis meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.

De igual manera se destaca que controvertir una providencia judicial supone
cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, lo cual impone
al interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo justificación razonable,
carga que le corresponde alegar y demostrar a la parte accionante y que en este
asunto no se hizo.

Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la decisión que
se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea conocida en razón de
la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para que la persona acuda ante
el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.

Ahora bien, la Sala resalta que en el presente asunto la parte accionante no justificó
la incapacidad para acudir ante el juez constitucional en las diversas oportunidades
que tuvo cuando conoció las múltiples decisiones por parte del juzgado en la que
negó sus solicitudes de nulidad.

Al respecto conviene reiterar que esta Sección no se refirió a la ejecutoria de la cada
una de las providencias que se pronunciaron acerca la inviabilidad de que los
antiguos integrantes del consorcio no podían ser parte del proceso contencioso,
porque ya sea la proferida en el año 2014, 2015, 2016 o 2017, ninguna supera el
requisito de la inmediatez.

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
26
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

Solo en casos excepcionales y debidamente acreditados es posible ponderar el
principio de la seguridad jurídica con el derecho de acceso a la administración de
justicia, pero como ya se expuso, ello no corresponde los supuestos fácticos aquí
analizados.

2.4.2. Falta de agotamiento de todos los medios de defensa en lo que respecta
al cargo por nulidad por indebida notificación de la señora Mary Georgina
Vanegas Castro

En primer lugar, se destaca que, lo que se refiere al agotamiento de todos los
mecanismos de defensa judicial, el inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución
Política consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de
tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral
1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros medios de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la
tutela.

Al respecto, resulta pertinente destacar lo que ha dispuesto la Corte Constitucional
cuando la parte accionante no espera la resolución de la controversia por parte del
juez natural de la causa27:

112. En síntesis, para la Sala Quinta de Revisión, le asistió razón al juez
constitucional de primera instancia cuando declaró improcedente la acción de
tutela interpuesta por la señora Gloria Patricia Montoya Arbeláez, por lo menos,
en lo que corresponde al vicio alegado de violación del derecho de defensa,
puesto que aquella tenía la carga de esperar la resolución del recurso
interpuesto antes de acudir al amparo constitucional (recurso de reposición), en
la medida en que era idóneo y eficaz para resolver las pretensiones relativas a
(i) la indebida notificación del pliego de cargos en el marco del proceso
disciplinario y (ii) a la pretermisión de una instancia procesal, carga que no se
advierte como injusta o desproporcionada, ya que no se encontró acreditada la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en tanto que no fueron justificadas las
condiciones de urgencia, inminencia, gravedad e impostergabilidad dispuestas
en la reiterada jurisprudencia constitucional sobre la materia.
[…]

(i) La acción de tutela contra una providencia judicial exige que, con anterioridad
a su interposición, se acredite el debido agotamiento de los mecanismos
judiciales de defensa ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento
jurídico, salvo que la misma se active como mecanismo transitorio de protección
de los derechos fundamentales, cuando existe riesgo certero de configuración
de un perjuicio irremediable.
[…]

Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que,
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos
judiciales, deben buscar la defensa de aquellos.

27 Ver al respecto T-140 de 2023.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

En este punto se recuerda que los accionantes consideran que el tribunal accionado
trasgredió los derechos de la señora Mary Georgina Vanegas Castro, al no declarar
la «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación»

De conformidad con lo anterior, es posible concluir que los tutelantes alegan la
configuración de una de las causales de procedencia del recurso extraordinario de
revisión, puntualmente la contenida en la causal 5. º del artículo 250 del CPACA.

En este orden de ideas, se recuerda que la acción de tutela contra una providencia
judicial exige que, con anterioridad a su interposición, se acredite el debido
agotamiento de los mecanismos judiciales de defensa ordinarios y extraordinarios
previstos en el ordenamiento jurídico.

En razón de lo expuesto, este cargo de la solicitud de tutela no supera el requisito
de agotamiento de todos los medios de defensa judicial, comoquiera que en tal
caso procede el recurso extraordinario de revisión y, por lo tanto, la Sala se
abstendrá de su estudio y declarará improcedente la solitud de amparo.

2.4.3. Falta de agotamiento de todos los medios de defensa por el cargo que
se refiere a que la autoridad judicial de primer grado «no […] resolvió de fondo
la excepción de incumplimiento de las obligaciones contractuales, así como
otros puntos expuestos en la contestación de la demanda»

Finalmente, esta Sección considera que el cargo que se refiere a la omisión de
resolución de algunas excepciones de fondo en la sentencia de la autoridad judicial
de primera instancia tampoco cumple con el presupuesto del agotamiento de todos
los medios de defensa, ya que los tutelantes pudieron hacer uso de la solicitud de
adición28 para pedirle al juzgado que se pronunciara acerca de lo que consideraron
no fue resuelto.

2.5. Conclusión

Así las cosas, es claro para esta colegiatura que en el sub examine, no puede el
juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que
no se superan los requisitos de inmediatez y agotamiento de todos los medios
de defensa judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

28 Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de

la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. […]

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-00

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y otros.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.