Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06571-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06571-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06571-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06571-01
Accionante: RAMÓN ENRIQUE GALVIS GUTIÉRREZ Y OTROS.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y JUZGADO
OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE TUNJA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
INMEDIATEZ / IMPROCEDENCIA – no se cumple el requisito de relevancia
constitucional e inmediatez.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación promovida, a través de apoderado, por Ramón
Enrique Galvis Gutiérrez, Mary Vanegas Castro y Gonzalo Lemus Jaimes contra la
sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 32 del decreto 2591 de
1991.
ANTECEDENTES
1. El presente caso corresponde a una acción de tutela contra una providencia
judicial, motivo por el cual, primero resulta necesario exponer los antecedentes del
proceso ordinario y, posteriormente, describir las circunstancias que dieron origen
a la acción de tutela.
Antecedentes del proceso ordinario
2. Javier Gamboa Ariza y Claudia Patricia Rodríguez Pinto, actuando en
nombre propio; Lency Yolima Pérez Barón y Johao Alexander Sánchez, actuando
en nombre propio y en representación de sus menores hijos Dana Mariana y Sara
Isabel Sánchez Pérez; Luz Mariela Piña Bernal, Nelson Yesid Suárez Piña,
Maryideisy Vega Duarte, Doris Aura Duarte Piracoca, Yuly Alejandra Diaz Duarte;
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06571-01
Accionante: Ramon Enrique Galvis Gutiérrez y Otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Rosa Amelia Galvis de Alarcón, Claudia Patricia Martínez Leguizamón, esta última
quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hijo Kevin Alexander
Suárez Martínez presentaron una solicitud de conciliación prejudicial, en la que
convocaron, entre otras entidades, al Consorcio La Esperanza y al municipio de
Tunja con el propósito de buscar una solución ante el deterioro y la destrucción de
sus viviendas.
3. Según la demanda de tutela, el Consorcio La Esperanza “para la fecha de la
conciliación de los demandantes, ya se encontraba liquidado, conforme al acta de
liquidación del Consorcio abril del año 2011 registrada en el libro mayor y balance
presentado ante la DIAN BUCARAMANGA desde esa fecha para la cancelación de
la Inscripción del registro del Contribuyente, cuya cancelación inscripción fue
aportada.” Los exintegrantes del extinto Consorcio eran Ramón Enrique Galvis
Gutiérrez, Sonia Chaparro García, Mary Georgina Vanegas Castro y Gonzalo
Lemus Jaimes quienes, según el escrito de tutela, no fueron notificados como
personas naturales, particulares ni como exintegrantes del extinto Consorcio la
Esperanza para efectos de la conciliación.
4. Adicionalmente, sostiene que “la notificación al Consorcio la Esperanza fue
devuelta por enviar a una dirección que no pertenecía al Consorcio la Esperanza”.
Con todo, afirma que el señor “Gonzalo Lemus Jaimes quien había sido
representante legal del entonces Consorcio la Esperanza tuvo conocimiento verbal
de un tercero, que le llamó a Bucaramanga en septiembre del año 2011. Ante ello
para información de la Procuraduría, el señor Lemus Jaimes otorgó poder a una
abogada YINA MARCELA MAYORGA en su calidad de exintegrante del liquidado
Consorcio La Esperanza, quien actuaba como representante Legal del Consorcio la
Esperanza, (no dice quien actúa como representante legal del Consorcio) para que
asiste a audiencia de conciliación extrajudicial de los demandantes contra EL
CONSORCIO LA ESPERANZA a efectuarse el día 9 de septiembre del 2011 a las
9 a.m. y del cual el extinto Consorcio La Esperanza no va a conciliar las pretensiones
aducidas demandantes, poder autenticado en Bucaramanga el 7 de Septiembre de
2011.”
5. Una vez agotado el requisito de conciliación extrajudicial, el señor Gamboa y
los demás interesados interpusieron la demanda de reparación directa contra el
Consorcio La Esperanza, el municipio de Tunja y otros, cuyo conocimiento en
primera instancia correspondió al Juzgado accionado.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06571-01
Accionante: Ramon Enrique Galvis Gutiérrez y Otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
6. El 12 de septiembre de 2013, el juzgado inadmitió la demanda y ordenó
subsanar varias deficiencias. En particular, solicitó que se allegara el poder otorgado
por Doris Aura Duarte y que se acreditara el agotamiento del requisito de
conciliación extrajudicial. Además, requirió que se precisara si la demanda se dirigía
contra el Consorcio la Esperanza como entidad o contra sus integrantes de manera
individual.
7. Subsanada la demanda, el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja admitió
la acción contra el municipio de Tunja y los señores Ramón Enrique Galvis
Gutiérrez, Sonia Chaparro García, Mary Georgina Vanegas Castro y Gonzalo
Lemus Jaimes, ordenando su notificación personal.
8. La apoderada de Ramón Enrique Galvis Gutiérrez, Gonzalo Lemus Jaimes y
Sonia Chaparro García solicitó declarar la ineptitud de la demanda por falta de
requisitos formales y condenar en costas a la parte actora, argumentando que
existía una carencia total de poder para demandar a los exintegrantes del extinto
Consorcio La Esperanza.
9. Mediante auto del 17 de septiembre de 2014, el juzgado trató la petición
como una solicitud de nulidad, pero la negó al considerar que, no se configuraba la
causal del numeral 4 del artículo 133 del Código General del Proceso, en tanto que
el artículo 74 del mismo código no exigía como requisito indispensable que el poder
especial señalara con exactitud a la parte demandada, aunado a que la causal de
nulidad había sido saneada, por cuanto el apoderado de los demandantes aportó
nuevos poderes de representación en los que identificaba a los demandados.
10. La parte desfavorecida interpuso recursos de reposición y apelación
alegando que los poderes allegados con la demanda no podían tener efectos
retroactivos. Sin embargo, el 21 de enero de 2015, el juzgado negó la reposición y
rechazó la apelación por improcedente.
11. La apoderada de los exmiembros del consorcio procedió a solicitar la nulidad
de todo lo actuado a partir del auto admisorio el 26 de enero de 2015, por no haberse
presentado como prueba el requisito previo de la conciliación extrajudicial previsto
en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, frente a cada uno de los integrantes del
desaparecido consorcio; solicitud que fue negada el 11 de junio de 2015.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06571-01
Accionante: Ramon Enrique Galvis Gutiérrez y Otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
12. El 26 de junio de 2015 se presentó una nueva solicitud de nulidad, la cual fue
desestimada el 30 de julio del mismo año. Contra esta resolución se interpusieron
recursos de reposición, apelación y queja, los cuales, finalmente, fueron resueltos
en términos desfavorables.
13. El 4 de diciembre de 2015 se aceptó el desistimiento de las solicitudes de
llamamientos en garantía, y se desestimó por improcedente el incidente de nulidad
interpuesto por la apoderada de los antiguos miembros del Consorcio La Esperanza.
14. El 4 de febrero de 2016, el despacho estableció la fecha para la realización
de la audiencia inicial, en la cual, entre otros aspectos, se resolvió negar una nueva
solicitud de nulidad. El 24 de mayo de 2017 se presentó un nuevo incidente y el 5
de junio del mismo año, el juzgado resolvió estarse a lo resuelto el 11 de abril de
2016. Posteriormente, en providencias de 5 de junio y 24 de julio de 2017,
nuevamente se desestimaron incidentes de nulidad similares.
15. El Juzgado emitió sentencia el 13 de marzo de 2019, en la que declaró
responsables de manera solidaria a los demandados por los daños antijurídicos
causados a los actores, debiendo responder en la siguiente proporción: el municipio
de Tunja en un 30%, los exintegrantes del Consorcio la Esperanza (Gonzalo Lemus
Jaimes, Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y Sonia Chaparro García) en un 50% y el
Ex Curador Urbano No 2 de Tunja- señor José María Aponte Quintero en un 20%.
16. Apelada la decisión por las partes, el Tribunal Administrativo de Boyacá a
través de providencia de 23 de agosto de 2024 modificó la decisión de primer grado
por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor
de los demandantes, y la confirmó en los demás aspectos.
17. La apoderada de Mary Georgina Vanegas Castro radicó una solicitud de
nulidad, argumentando que su representada no fue notificada en debida forma, en
tanto que reside en Estados Unidos y no en la dirección en la que se practicó la
notificación personal.
18. El 11 de octubre de 2024, el tribunal rechazó de plano la solicitud de nulidad,
relacionada con la indebida notificación, al considerar que la alegación debía
formularse a través del recurso extraordinario de revisión o como excepción en la
ejecución de la sentencia, conforme al artículo 134 del Código General del Proceso.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
19. Contra esta decisión, la parte afectada interpuso recurso de reposición, el
cual fue resuelto el 21 de noviembre de 2024 en el sentido de no reponer.
Antecedentes de la demanda de tutela
20. La parte actora interpuso acción de tutela con el propósito de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, e igualdad, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Boyacá y el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito
Judicial De Tunja, dentro del proceso de reparación directa nro.
15001333300820130013400.
21. Manifiesta que la violación al debido proceso se generó con la vinculación
del Consorcio La Esperanza al trámite de la conciliación surtido ante la
Procuraduría. Informa que el consorcio fue liquidado en julio de 2011 antes de que
se presentara una solicitud de conciliación, y ninguno de los miembros o ex
integrantes del consorcio fue debidamente notificado. Además, la certificación de
envío fue devuelta a Bucaramanga con una dirección incorrecta que no
correspondía al RUT del consorcio.
22. Argumenta que el requisito de la conciliación no se cumplió respecto a los ex
integrantes del consorcio (Gonzalo Lemus Jaimes, Sonia Chaparro García, Mary
Georgina Vanegas Castro y Ramón Enrique Galvis Gutiérrez), lo que implica que el
proceso debería anularse.
23. Afirma que los poderes conferidos por los accionantes en el proceso de
reparación directa no eran específicos, en tanto que identificaron de manera clara
los demandados en los poderes otorgados lo que llevó a la inadmisión de la
demanda. Aclara que aunque formalmente fue subsanada, los poderes seguían
siendo ambiguos y no identificaban correctamente a los demandados, lo que motivó
que los demandados propusieran las excepciones de falta de legitimación en la
causa y la indebida representación procesal.
24. Resalta que el juzgado no podía darles efectos retroactivos a los poderes
aportados con la reforma de la demanda. Precisan que en el auto admisorio se
cometió un error al disponer la admisión frente a los integrantes del consorcio, como
si este estuviera vigente.
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Accionante: Ramon Enrique Galvis Gutiérrez y Otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
25. La parte actora también cuestiona la validez de la notificación realizada a los
exintegrantes del Consorcio La Esperanza, quienes, según la demanda, fueron
notificados como particulares y no como representantes del Consorcio. A pesar de
que se argumentó que deberían haber sido tratados de manera diferente debido a
la extinción del Consorcio, el juzgado determinó que la notificación fue válida, ya
que se realizó conforme a las normativas legales, sin que el cambio de estatus de
los demandados afectara su notificación como personas naturales.
26. Agrega que el juez de primera instancia no resolvió adecuadamente la
excepción sobre el incumplimiento de las obligaciones contractuales ni otros puntos
planteados en la respuesta a la demanda. El tribunal, al revisar la sentencia, no
analizó de manera exhaustiva si se cumplían las normas procesales y se violó el
debido proceso. Por último, se argumenta que el tribunal afectó las garantías de una
de las partes, Mary Georgina Vanegas Castro, al no declarar la nulidad por una
notificación incorrecta, ya que se envió a una dirección errónea, a pesar de que ella
reside en el exterior.
Pretensiones:
“PRIMERO: Revocar las sentencias del 23 de Agosto de 2024 del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ y Juzgado Octavo Administrativo oral del Circuito de
Tunja de fecha 13 de marzo de 2019.
SEGUNDO: Ordenar dejar sin efecto el auto admisorio de la demanda del 31 de
octubre de 2013; frente al requisito de procedibilidad contra los ex integrantes del
liquidado CONSORCIO LA ESPERANZA GONZALO LEMUS JAIMES, RAMON
ENRIQUE GALVIS GUTIERREZ, SONIA CHAPARRO GARCIA Y MARY GEORGINA
VANEGAS CASTRO; que no cumple con los requisitos de procedibilidad y por ende
no hacen parte como demandados, excluirlos de la admisión de la demanda y
continuar con los demás demandados, a los cuales si se cumplió́ el requisito de
procedibilidad.
TERCERO: En caso tal se ordene la notificación de MARY VANEGAS CASTRO.”
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Trámite en primera instancia
27. La Sección Quinta admitió la demanda de tutela1 y, en consecuencia, ordenó
notificar a la parte demandante y a las autoridades judiciales accionadas. Asimismo,
vinculó a Javier Gamboa Ariza y Claudia Patricia Rodríguez Pinto, en nombre propio
y en representación de sus hijos y otros, quienes forman parte de la parte actora en
el proceso contencioso. De igual forma vinculó al Municipio de Tunja, al ex curador
urbano No. 2, José María Aponte Quintero, y Sonia Chaparro García, en su calidad
de parte demandada en la acción de reparación directa.
Intervenciones
28. El Tribunal Administrativo de Boyacá2 y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Tunja3 solicitaron declarar improcedente la acción
de tutela, argumentando que la parte accionante busca controvertir una actuación
acontecida en 2013, lo que claramente no satisface el requisito de inmediatez.
Asimismo, señalaron que los peticionarios intentan utilizar la tutela como una tercera
instancia, dado que los argumentos expuestos en esta vía ya fueron ampliamente
debatidos y resueltos en el proceso ordinario.
Sentencia de primera instancia
29. Mediante providencia del 30 de enero de 20254, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente el mecanismo de amparo constitucional
presentado al concluir que no satisface el requisito de inmediatez, pues los
peticionarios intentan controvertir decisiones de los años 2014, 2015, 2016 o 2017,
habiendo transcurrido varios años desde su emisión y desde la presentación de la
tutela. Asimismo, no satisface el requisito de subsidiariedad, pues todavía procede
el recurso extraordinario de revisión.
1 Índice electrónico 004 de SAMAI. 8Autoqueadmite_20240657100Autoadmis(.pdf) NroActua 4.
2Índice electrónico 015 de SAMAI.
20RECIBEMEMORIAL_Memorial_CONTESTACIONTUTELARD(.pdf) NroActua 15
3Índice electrónico 009 de SAMAI. 12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 9
4 Índice electrónico 031 de SAMAI. 41Sentencia_Fallo_20240657100improcede(.pdf) NroActua 31.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
La Impugnación5
30. Los accionantes solicitaron revocar la sentencia de primer grado e insisten
en sostener la violación de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso generados por la indebida notificación y vinculación en el proceso lo que
les impidió a los accionantes ejercer su derecho de defensa y contradicción,
responder a la demanda, aportar pruebas y ser debidamente escuchados.
31. Cuestionaron el estudio de inmediatez efectuado en la decisión de primera
instancia, y sostuvieron que la señora Mary Georgina Vanegas Castro no tuvo la
oportunidad de presentar solicitudes de nulidad al Juzgado Octavo Administrativo
Oral del Circuito de Tunja, ya que no fue notificada debidamente, por cuanto fue
hasta el 6 de septiembre de 2024 cuando la accionante, quien reside en Estados
Unidos, tuvo conocimiento del proceso, momento en el cual otorgó poder por
mensaje de datos. En ese mismo momento, presentó una solicitud de nulidad por
indebida notificación ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, antes de que
quedara ejecutoriada la sentencia.
32. Indicaron que en el auto del 11 de octubre de 2024, el Tribunal rechazó de
plano la nulidad conforme al artículo 134 del Código General del Proceso, sin tener
en cuenta el inciso primero de dicho artículo. Posteriormente, el Tribunal no repuso
el auto del 20 de noviembre de 2024, sin considerar el párrafo del artículo 136 del
CGP, que establece que las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada
del superior son insanables.
33. Afirmaron que como las nulidades no tienen recurso de apelación, se
interpusieron incidentes ante el Juzgado, señalando las anomalías y vicios de
procedimiento. Posteriormente, se interpuso un recurso de apelación ante el
Tribunal Administrativo de Boyacá, argumentando todos los vicios de
procedimiento, los requisitos de procedibilidad y los poderes que no estaban
debidamente conformados, dado que no existía poder para demandar al Municipio
de Tunja ni a los exintegrantes del extinto Consorcio “La Esperanza”. El Tribunal no
estudió estos puntos ya que, en la sentencia, el Tribunal hace un recuento de las
nulidades ya resueltas por el inferior, sin profundizar en ellas.
5 Índice electrónico 038 de SAMAI. 45_MemorialWeb_Recurso-IMPUGNACIONTUTELAS(.pdf)
NroActua 38.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
34. Estimaron que el proceso de tutela fue interpuesto dentro del plazo de seis
meses contados a partir de la sentencia de segunda instancia, razón por la cual la
tutela cumple con el presupuesto de inmediatez.
CONSIDERACIONES
Competencia
35. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
Problemas jurídicos
36. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedencia formales, por tratarse de una
tutela contra providencias judiciales. En caso de verificar lo anterior, como segundo
problema jurídico se examinará si la decisión atacada incurrió en las causales
específicas alegadas, concretamente el defecto procedimental absoluto.
La acción de tutela contra providencias judiciales
37. La acción de tutela contra providencias judiciales, está sujeta a requisitos
genéricos de procedencia, los cuales han sido reiterados de manera constante por
la Corte Constitucional. En primer lugar, las llamadas causales generales de
procedencia, que en caso de superarse permiten un análisis de fondo del caso, se
han sintetizado de la siguiente manera6:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor
6 Corte Constitucional C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se
tornan definitivas”.
38. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface los
requisitos generales de procedencia.
39. Incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional,
subsidiariedad e inmediatez en el caso concreto.
Según los acápites que anteceden, la violación de los derechos fundamentales en
esta controversia presuntamente se generó (i) con la vinculación del Consorcio La
Esperanza y no de sus miembros a la audiencia de conciliación, lo que implica que
el proceso debería anularse desde la admisión; (ii) los poderes conferidos por los
accionantes en el proceso de reparación directa no eran específicos, en tanto que
identificaron de manera clara los demandados y (iii) la violación del debido proceso
de la señora Mary Georgina Vanegas Castro, quien no tuvo la oportunidad hacerse
parte de la acción de responsabilidad extracontractual del Estado.
40. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta evidente que cada uno de los
argumentos sobre los cuales se edifica la acción de tutela fueron transversales al
largo y dispendioso trámite del proceso de reparación directa, que culminó con
sentencias condenatorias en contra de la parte actora y de otras entidades, y
conlleva a la conclusión según la cual la violación de derechos fundamentales es
apenas aparente.
41. Al respecto, la Sala establece que el conocimiento de la solicitud de
conciliación extrajudicial presentada el 14 de julio de 2011 por la parte actora, fue
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
dirigida en contra de diversas entidades públicas y privadas, entre ellas, contra el
“Consorcio La Esperanza”. Según consta en la certificación expedida el 21 de
septiembre de 2011, el representante del consorcio, aún cuando fue enterado de la
diligencia, prefirió no asistir a la misma enviando la correspondiente justificación la
cual fue aceptada por el procurador judicial. Con base en ello y en la ausencia de
voluntad conciliatoria de otros sujetos llamados a comparecer al proceso, el
conciliador declaró fallida la etapa previa a la formulación de la demanda.
42. En la etapa de admisión de la demanda, la jueza de conocimiento solicitó a
la parte actora que aclarara contra quien dirigían las pretensiones, vale decir, si
contra el Consorcio La Esperanza o sus integrantes Ramón Enrique Galvis
Gutiérrez, Sonia Chaparro García, Mary Georgina Venegas Castro y Gonzalo
Lemus Jaimes, teniendo en cuenta que de acuerdo con la sentencia T-841 de 2009
de la Corte Constitucional que retoma la posición jurisprudencial de esta
Corporación, las Uniones Temporales y Consorcios “no crean una persona jurídica
nueva e Independiente de los miembros que conforman dichas asociaciones y al no
poseer naturaleza jurídica propia, no tienen capacidad para comparecer en
procesos ante autoridades judiciales”.
43. Ante la manifestación del apoderado de los actores que manifestó que
consideraban prudente continuar la presente demanda únicamente contra el
municipio de Tunja y los integrantes del Consorcio La Esperanza, el juzgado
procedió a la admisión de la acción de reparación directa a través de auto de 31 de
octubre de 2013 y ordenó, entre otros, la notificación de RAMÓN ENRIQUE GALVIS
GUTIERREZ, SONIA CHAPARRO GARCIA, GONZALO LEMUS JAIMES y MARY
GEORGINA VANEGAS CASTRO como miembros del consorcio. Los tres primeros
contestaron la demanda y propusieron excepciones de fondo, sin que cuestionara
el agotamiento del requisito de la conciliación extrajudicial bien sea a través de este
acto procesal o vía recurso de reposición.
44. En este sentido, cabe recordar que la conciliación prejudicial para la época
de inicio del proceso era una formalidad que constituía un requisito habilitante para
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tanto así que su omisión
conllevaba como consecuencia la inadmisión y el rechazo de la demanda. De tal
suerte que una vez admitida, sin reproche alguno de las partes, era natural que el
proceso avanzara y llegara hasta la fase de dictar sentencia. Bajo esa óptica no
resulta lógico sostener que, una vez culminado el proceso, se acuda a la tutela para
retrotraer las actuaciones al año 2013, con claro sacrificio de los principios que
inspiran el debido proceso y el acceso a la administración de justicia y en franco
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Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
desconocimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez que inspiran la
tutela.
45. En cuanto a la supuesta falta de especificidad de los poderes conferidos por
los accionantes en el proceso de reparación directa, la Sala estima que tal reproche
carece por completo de relevancia constitucional y de inmediatez, en tanto que la
demanda de tutela sólo reitera una vez más los argumentos que sustentaron las
múltiples solicitudes de nulidad que sobre el particular presentó la apoderada de los
miembros del consorcio respecto a este punto en particular.
46. La Sala encuentra, al igual que el juez de tutela de primera instancia, que
fueron diversas las providencias que se pronunciaron frente a este punto, por lo que
sería del caso establecer la ejecutoria de éstas con el fin de determinar el ejercicio
oportuno de la acción constitucional. No obstante, para la Sala tal estudio resulta
inane, ni siquiera tomando como punto de partida la notificación de la última
providencia del juzgado del año 2017 que se refirió este punto, es posible superar
este requisito ya que han transcurrido más de siete años contados desde la
radicación de la acción de tutela.
47. Por último, respecto a la falta de vinculación de la señora Mary Georgina
Vanegas Castro al proceso judicial, la Sala advierte que la interesada cuenta con la
posibilidad de acudir al recurso extraordinario de revisión para debatir la presunta
existencia de la causal de nulidad originada en la sentencia.
48. Al respecto, es preciso recordar que esta subsección en un caso semejante
concluyó que la falta de vinculación de un sujeto cuya vinculación era necesaria en
el proceso conlleva una nulidad que debe ser propuesta a través de los siguientes
medios de defensa judiciales y en las siguientes oportunidades: (i) si no se ha
proferido sentencia de primera instancia, el interesado podrá proponer la excepción
previa, formular ante el juez el incidente de nulidad o solicitar la integración del
contradictorio, (ii) si fue expedida la sentencia, el juez pierde competencia y
corresponde solicitar su examen en la apelación o pedir la nulidad al funcionario
judicial de segundo grado por el legitimado para ello y (iii) si contra la sentencia no
procede recurso porque es de única o segunda instancia y no se pudo alegar antes
la causal de nulidad, es posible que el afectado acuda al recurso extraordinario de
revisión (art. 134 del C.G.P. en concordancia con el art. 250.5 del CPACA)7.
7 Cfr. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Radicación No. 11001031500020210553400. CP. María
Adriana Marín.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06571-01
Accionante: Ramon Enrique Galvis Gutiérrez y Otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
49. La acción de tutela contra una providencia judicial exige que el interesado
agote los mecanismos judiciales de defensa ordinarios y extraordinarios previstos
en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si la parte actora considera que existe una
nulidad originada en la sentencia de segunda instancia, debe acudir al juez de la
revisión para que éste determine si dicha causal se configuró o no en la
controversia.
50. En esos precisos términos, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia proferida por la Sección Quinta de esta Corporación dentro del proceso de
referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06571-01
Accionante: Ramon Enrique Galvis Gutiérrez y Otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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