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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06572-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06572-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unión Temporal Formación Judicial 2019. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE este mecanismo constitucional por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06572-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de enero de 2025

Demandante: Cristian Fernando Varela Fitzgerald
Demandado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06572-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06572-00
Demandante: CRISTIAN FERNANDO VARELA FITZGERALD
Demandado: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

Temas: Tutela contra acto administrativo – improcedente por no
superar el requisito de la subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Cristian Fernando Varela Fitzgerald, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Con la
solicitud de amparo pretende la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al trabajo, de petición, a la dignidad y de acceso a
cargos públicos.

2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron quebrantadas
con las Resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y EJR24-737 del 8 de
noviembre del mismo año. En la primera de las decisiones recurridas se
publicaron los resultados de la evaluación de la primera fase del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, y la segunda resolvió un recurso de reposición
presentado por el accionante y otros.

1.2. Pretensiones

3. La parte tutelante solicitó lo siguiente:

i) Que la acción de tutela se conceda como un mecanismo de defensa definitivo.

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.

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Demandante: Cristian Fernando Varela Fitzgerald
Demandado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
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ii) Que se amparen mis derechos fundamentales de acceso a cargos públicos,
debido proceso, igualdad, trabajo y dignidad humana.

iii) Que se ordene a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, concederme 13,33
puntos adicionales correspondientes a la validación de las preguntas que no
hicieron parte de las lecturas obligatorias para la evaluación.

iv) Que se ordene a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, concederme 21,63
puntos adicionales correspondientes a la validación de las preguntas que no
hicieron parte de las lecturas obligatorias para la evaluación.

v) Que se ordene a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, concederme 17,5
puntos adicionales correspondientes a la validación de las preguntas que no
cumplieron requisitos de validez.

vi) Que se ordene a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la inclusión
definitiva, la inscripción y habilitación del suscrito en la sub-fase especializada del
IX Curso de Formación Judicial Inicial.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El tutelante aludió que fue convocado para participar en la tercera fase del
IX Curso de Formación Judicial Inicial, pero que en el marco de dicha etapa se
desconocieron las reglas de la convocatoria fijadas por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla (en adelante EJRLB). Principalmente porque se desarrolló
de forma virtual y se tuvieron en cuenta lecturas que no se establecieron como
obligatorias.

6. Precisó que mediante la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024,
la EJRLB publicó los resultados de las pruebas. Dado que el suyo fue de 727.920
puntos, resultó reprobado.

7. Inconforme con lo anterior, presentó un recurso de reposición que le fue
resuelto mediante la Resolución EJR24-737 del 8 de noviembre de 2024. Pese a
que se repuso de forma parcial el acto administrativo anterior y se le aumentó en
un leve porcentaje su resultado, fue definitivamente reprobado.

1.4. Sustento de la vulneración

8. En sentir del señor Varela Fitzgerald, las Resoluciones EJR24-298 del 21
de junio de 2024 y EJR24-737 del 8 de noviembre del mismo año están viciadas
de falta de motivación, desviación de poder y desconocieron las reglas para el
concurso fijadas por la EJRLB.

9. Aseveró que la Resolución que resolvió el recurso de reposición afectó
gravemente sus derechos fundamentales, dado que no resolvió de fondo sus
argumentos y utilizó inteligencia artificial para explicar algunos de los puntos
calificados. Agregó que se incluyeron preguntas que no se basaban en la

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bibliografía de obligatoria consulta, ni estaban relacionadas en el aplicativo
Syllabus, lo cual fue una falta a las reglas del concurso.

10. Discutió que muchas de las preguntas implicaban que los participantes
memorizaran textos cuya lectura ni siquiera estuvo dispuesta por los
organizadores.

11. Solicitó que se tuviera en cuenta la sentencia SU-067 de 2022 de la Corte
Constitucional, pues pese a que tiene a su alcance el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, se cumplen los presupuestos de la mencionada
decisión judicial para superar el requisito de la subsidiariedad. Lo anterior, pues
se encuentra ante la posible consumación de un perjuicio irremediable, dado que
desde el 16 de noviembre de 2024 se inició la siguiente fase dentro del curso
concurso.

12. Aludió que su derecho a acceder al cargo de juez de la república se vio
frustrado con las decisiones que reprocha por esta vía, lo que conllevó a que
también se conculcaran sus derechos fundamentales al trabajo y a escoger
libremente su profesión u oficio.

13. Explicó que el optar por el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho conjuraría la afectación de sus derechos, ya que la alta congestión
judicial impediría que obtenga una decisión en un tiempo prudente. Aclaró que,
si bien allí podría pedir una medida cautelar, la solución de la misma tardaría por
lo menos 15 días hábiles, entre el traslado a la contraparte y la providencia que
expida el juez.

1.5. Trámite de la tutela

14. Por auto del 3 de diciembre de 2024, el ponente de esta decisión admitió la
solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionados
al Consejo Superior de la Judicatura y a la EJRLB y como terceros con interés a
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (en adelante UPTC) y a
la Sociedad E-Distribution SAS. Finalmente, se ordenó al Consejo Superior de la
Judicatura y a la UPTC publicar un aviso sobre la existencia de esta tutela y se
negó la medida cautelar2.

1.6. Informes

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - EJRLB

15. Refirió que la solicitud de amparo pretende utilizarse como un nuevo
recurso de reposición o desplazar al juez contencioso administrativo, toda vez
que los aspectos tanto generales como específicos fueron resueltos mediante la

2 El actor pidió con la tutela que se procediera a su inscripción y habilitación en la fase
especializada del IX Curso de Formación Judicial.

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Resolución EJR24-737 del 8 de noviembre de 2024 «y se argumentó el contexto
de la pregunta, los elementos psicométricos, la coherencia y cohesión de los
ítems, lo relativo a los componentes de formación integral, las fuentes de cada
una de las preguntas y la conclusión de la elaboración de cada ítem».

16. Puso de presente que la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó
que casos como el presente resultan improcedentes ante la existencia de otro
mecanismo judicial de defensa, mediante la sentencia del 18 de enero de 20243.
Asimismo que, no se configura un perjuicio irremediable si se tiene en cuenta que
el actor presentó el recurso de reposición correspondiente, le fue resuelto de
conformidad con las reglas del concurso y se resolvieron todos los motivos de
inconformidad que expuso.

17. Sostuvo que no es cierto que haya utilizado la inteligencia artificial para
resolver los reparos del tutelante y que, en todo caso, en la sentencia T-323 de
2024 la Corte Constitucional, aclaró que el uso de este tipo de herramientas
constituye un apoyo a la gestión judicial.

18. Por lo expuesto, solicitó que se declare que la solicitud de amparo es
improcedente, pues no se acredita un perjuicio irremediable, aunado a que no se
advirtió la vulneración de derechos fundamentales.

1.6.2. Unión Temporal Formación Judicial 2019

19. Precisó que no tiene competencia para resolver las solicitudes que
presenten los discentes en el marco del IX Curso de Formación Judicial, de tal
forma que no hay nexo causal entre la presunta transgresión de los derechos
fundamentales del tutelante y sus funciones. En ese sentido, solicitó que se
declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. UPTC

20. Argumentó que, junto con la Unión Temporal Formación Judicial 2019 y la
autoridad accionada han actuado con observancia de las normas de orden
constitucional y legal que regulan el IX Curso de Formación Judicial Inicial y los
actos administrativos se han ajustado a las normas de la Ley 1437 de 2011. En
ese orden, manifestó su oposición a las pretensiones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

21. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra la EJRLB. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto

3 Exp. 11001-04-15-000-2023-07159-00.

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1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

22. La Unión Temporal Formación Judicial 2019 solicitó que se declare su falta
de legitimación en la causa por pasiva, al no tener relación alguna con los actos
administrativos que se atacan por esta vía.

23. Su solicitud será negada, dado que su vinculación al presente trámite se
dispuso en calidad de tercera con interés, dada su participación en el desarrollo
de la fase del concurso de la que resultaron las resoluciones cuestionadas.

2.3. Legitimación en la causa

24. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

25. La Sala evidencia que el señor Varela Fitzgerald se encuentra legitimado
por activa para reclamar la protección de los derechos fundamentales invocados
al haber sido discente del IX Curso de Formación Judicial del que resultaron los
actos administrativos tutelados.

26. Por otro lado, se evidencia que la EJRLB tiene legitimación por pasiva por
ser la que profirió las Resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y EJR24-
737 del 8 de noviembre del mismo año.

2.4. Problema jurídico

27. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿La EJRLB vulneró los derechos fundamentales cuya protección solicita
el tutelante con ocasión de las Resoluciones EJR24-298 del 21 de junio de 2024
y EJR24-737 del 8 de noviembre del mismo año?

28. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) los requisitos generales de
procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de superarse, (iii) el
caso concreto.

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2.5. Generalidades de la acción de tutela

29. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

30. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

2.6. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

31. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

32. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos y no a la tutela.

33. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando
una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia.

34. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es
un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

35. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas
son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso
2 del artículo 2 de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que
es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del
Estado y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

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2.7. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos

36. Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de
tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos.

37. Lo anterior, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente,
a través de los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Esta es la vía procesal idónea para que el legislador ha diseñado
para la garantía de los derechos4.

38. Así las cosas, la Corte ha precisado que «conforme al carácter residual de
la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir
las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción
de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable (…)»5.

39. En tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Al interior de este tipo de
procesos es posible recurrir a la solicitud de medidas cautelares, inclusive de
urgencia, al tenor de lo dispuesto en los artículos 229 y siguientes del referido
ordenamiento.

40. A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad de
actos administrativos se deben emplear los medios de control consagrados en la
Ley 1437 de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo de
amparo, salvo en el evento, se itera, en que se interponga para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.

2.8. Subsidiariedad de la acción de tutela en el caso concreto

41. A juicio de la parte actora, la trasgresión de las garantías constitucionales
cuya protección solicitó por esta vía devienen de las Resoluciones EJR24-298
del 21 de junio de 2024 y EJR24-737 del 8 de noviembre del mismo año. Cabe
destacar que los argumentos de tutela se dirigen a atacar la legalidad de dichas
decisiones por presuntamente adolecer de falta de motivación, desviación de
poder y desconocimiento de las normas en las que deberían fundarse -las reglas
del concurso-.

4 Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2018.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2015.

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42. Así las cosas, si bien es cierto que se ha aceptado la procedencia de la
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos a través de
acciones constitucionales de tutela, ello solo ocurre ante la presencia o posible
consumación de un perjuicio irremediable, situación que debe ser, cuando menos
justificada de alguna manera por quien acude al juez de tutela y pretende que
desplace la competencia del juez contencioso administrativo.

43. Frente a lo anterior, el tutelante insistió en la necesidad de continuar con
la fase correspondiente del curso concurso, la cual se reanudó el 16 de
noviembre de 2024, y en que, pese a que tiene conocimiento de la posibilidad de
acudir en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, la proposición de la
medida cautelar en el marco del proceso ordinario resultaría gravosa porque el
juez podría tardarse alrededor de quince días en decidir sobre la misma.

44. Pese a lo anterior, la Sala considera que la petición de amparo deviene en
improcedente, dado que, para discutir la legalidad de las Resoluciones
mencionadas el actor tiene a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Como es de conocimiento del tutelante y lo propuso
en el escrito tutelar, en el marco del proceso ordinario cuenta con la posibilidad
de proponer medidas cautelares, que de considerarse urgentes por el juez
administrativo se adoptarán desde la presentación de la solicitud y sin necesidad
de notificar a la otra parte, de conformidad con el artículo 234 de la Ley 1437 de
20116.

45. Nótese que, incluso pese a que el actor tuvo conocimiento del acto con el
que culminó la actuación administrativa desde el 8 de noviembre de 2024, acudió
al juez de tutela hasta el 29 del mismo mes. Esto es, con posterioridad al 16 de
noviembre de 2024 -fecha en la que se inició la fase del concurso con la que no
pudo continuar-, de tal forma que no se advierte la urgencia a la que alude.

46. En otras palabras, la Sala no evidencia que en este caso exista un grave
riesgo que configure un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales
del señor Varela Fitzgerald. Máxime, si se considera que al acudir al medio de
control dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 podrá, además de
discutir la ilegalidad de los actos en cuestión y proponer sus desacuerdos,
solicitar las medidas cautelares que considere convenientes para la satisfacción
de sus derechos, que pueden ser adoptadas por el juez desde la presentación
de la solicitud en caso de advertir la urgencia y necesidad.

6 ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la
solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una
medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su
urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución
de la caución señalada en el auto que la decrete.

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47. Se reitera que la acción de tutela tiene una naturaleza residual ante la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial. Aceptar lo contrario
implicaría un desgaste innecesario de la administración de justicia. Se aclara
además que, no se acreditó la posible configuración de un perjuicio irremediable.

48. Finalmente, se pone de presente que en otra acción de tutela en la que la
Sección Quinta del Consejo de Estado estudió si las presuntas falencias de la
plataforma mediante la que se desarrollaron las pruebas del IX Curso de
Formación Judicial Inicial resultaban vulneradoras de los derechos
fundamentales de los discentes, se declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado. Lo anterior, tuvo sustento en las siguientes consideraciones:

En ese sentido no se advierte que el tiempo con el que contaban los discentes para
responder las preguntas del IX Curso de Formación Judicial Inicial sea vulnerador
de sus derechos al debido proceso, a la igualdad o a acceder a cargos públicos.
Por el contrario, se avizora que, incluso contaron con más tiempo del que se ha
dispuesto en otras convocatorias de la misma índole.

(…)

Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que se realizaron pruebas
desde la plataforma JMETER, las cuales fueron satisfactorias al 100% y
demostraron que el cambio de pregunta oscila entre los 1 y 5 segundos, siendo
esta situación una de las que más generaba preocupación entre los discentes.

Cabe destacar que, en todo caso, ante situaciones como la falta de conexión
repentina o una grave interrupción, los discentes deberán poner de presente su
caso y los técnicos especialistas, en caso de no poder brindar una solución y tras
la evaluación concreta de lo ocurrido a cada participante, dispondrán la
reprogramación de la prueba. A ello se suma que, como lo puso de presente la
UPTC en este expediente, el aplicativo captura el micrófono, la cámara y la pantalla
en caso de que los discentes requieran contar con estas herramientas como
mecanismos de prueba7.

49. Por consiguiente, se declarará que este medio constitucional es
improcedente por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la
parte actora cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para proponer lo que plantea por esta vía.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

7. Sentencia de tutela del 4 de junio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-02307-00, M.P. Pedro

Pablo Vanegas Gil.

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III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unión
Temporal Formación Judicial 2019.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE este mecanismo constitucional por
no satisfacer el requisito de la subsidiariedad.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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