Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06573-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06573-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06573-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406573-00
Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro1
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia,
ii) reparación integral y iii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Sala Séptima
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “2ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado
en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202406573-00
Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El abogado Juan José Gómez Arango2, quien manifestó actuar en calidad de
apoderado de Beatriz Elena Hernández Naranjo, presentó solicitud de tutela contra
la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 22 de mayo de 2024, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único
de radicación 050013333004201300040-01, vulneró sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la reparación
integral.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, con el fin de declararlas administrativamente responsables por la muerte
de los hermanos John Faber Osorio Hernández y Wilder Osorio Hernández, como
consecuencia de disparos con arma de dotación oficial, elementos en poder de
miembros de la SIJIN, el día 26 de marzo de 2011, en el sector de la “Pola” del
Municipio de Rionegro.
4. Señaló que, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Medellín
conoció en primera instancia y mediante sentencia del 29 de junio de 2016,
resolvió:
“[…] PRIMERO: Se declara no probada la excepción de culpa exclusiva de la
víctima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Se declara administrativa y patrimonialmente responsable en forma
extracontractual a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por los
daños antijurídicos causados a los demandantes, pagar un total de doscientos
2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 45 a 56 del documento denominado
“1_DemandaWeb_Demanda_ACCIONDETUTELABEATRI(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma
digital.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202406573-00
Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
ochenta (280) salarios mínimos legales mensuales vigentes a los demandantes,
por concepto de perjuicios morales, discriminados así:
En razón a los perjuicios morales causados por el deceso del señor Wilder Ferney
Osorio Hernández: […]”
[…]
“[…] En razón a los perjuicios morales causados por el deceso del señor John Faber
Osorio Hernández: […]”
[…]
“[…] CUARTO: Se condena a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional,
a pagar a la señora Beatriz Elena Hernández Naranjo, identificada con cédula de
ciudadanía 39'186.399, la cantidad de TRECE MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PES CON DIECINUEVE CENTAVOS
($ 13.231.306,19), por concepto de lucro cesante consolidado y futuro.
QUINTO: Se condena en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, a pagar a la menor Elizabeth Gil Flórez, el lucro cesante consolidado y
futuro generado por causa del fallecimiento de su padre el señor John Faber Osorio
Hernández, de conformidad con los parámetros establecido en esta providencia y
conforme a las reglas establecidas por el artículo 193 del CPACA, concordante con
el artículo 209 de la misma obra jurídica.
SEXTO: Condénese a la demandada en la cantidad de un millón pesos moneda
corriente ($1.000.000) por agencias en derecho y por todos los gastos incurridos
en el mismo, conforme lo indicado en la parte motiva de este fallo, los cuales
deberán ser liquidados en secretaría. […]”
5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 22 de mayo de
2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 29 de junio de 2016, conforme a lo
expuesto en precedencia, y, en consecuencia: […]”.
5.1 Como fundamento de su decisión consideró que3:
“[…] Advierte esta Sala, que tal como se ha narrado, la causa de la muerte de los
señores John Faber Osorio Hernández y Wilder Osorio Hernández por disparo de
arma de fuego de dotación oficial, tiene su génesis en la persecución que las víctimas
emprenden en contra del patrullero Rubén Darío Moreno Suarez, ambas víctimas con
navajas y abalanzándose en contra del referido policía. Las circunstancias de modo
en las que ocurrió la persecución también constan en el relato de las señoras Dori
Mabel Garcés López, Sonia Arbeláez Aristizábal y Lina Marcela Suarez Valencia, el
de los Policías implicados, incluso de los testigos de la parte actora, quienes rindieron
entrevista al Investigador de la Fiscalía según consta a folios 481 a 496 del C.2), lo
anterior quiere decir que contrario a lo percibido por el Juez de Primera Instancia, en
el presente caso las dos víctimas persiguieron de forma amenazante al patrullero
Rubén Darío, viéndose este abocado a realizar disparos en principio al aire y luego al
3 Transcripción literal del texto
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Núm. único de radicación: 110010315000202406573-00
Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
piso, puesto que la intención de las víctimas en todo momento fue atacar con sus
armas cortopunzantes al referido miembro de la Policía, sin que el uso de forma
preventiva del arma de fuego por parte del Policía, les haya aplacado sus ímpetus
amenazantes.
Lo anterior quiere decir, que no es que en el presente caso haya ocurrido una
concausalidad o concurrencia de culpas, o un exceso de fuerza por parte de los
miembros de la Fuerza Pública, puesto que lo que se observa es que el patrullero
Rubén Darío Moreno Suarez utilizó su arma de dotación oficial para defenderse de
los señores John Faber Osorio Hernández y Wilder Osorio Hernández, realizando
disparos al aire o al piso, cuando infortunadamente los disparos impactaron en la
humanidad de los hermanos Osorio Hernández.
Lo que se advierte entonces en el presente caso es la ocurrencia de la culpa exclusiva
de la víctima como causal eximente de responsabilidad, puesto que se encuentra
probado que los Policías si bien eran miembros adscritos de la SIJIN, solicitaron
apoyo a la central para que fuera enviada una patrulla de vigilancia, y que fueron las
agresiones de las hoy víctimas quienes portaban armas blancas, las que
desencaderon su muerte, ya que persistieron en sus amenazas en contra del
patrullero Rubén Darío Moreno Suárez, quién finalmente en defensa propia hizo uso
de su arma de dotación oficial.
Así entonces la causa de la muerte no fue el hecho de que los Policías se hayan
presentado o no como miembros adscritos a la Institución Policial, sino que el
patrullero Rubén Darío Moreno Suárez hizo uso de arma de dotación personal en
defensa propia, puesto que tenía a dos personas persiguiéndolo con armas
cortopunzantes, intentando atentar contra su vida.
Debe recordarse, que para que opere la legítima defensa como causal exonerativa
de responsabilidad, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que deben
configurarse los siguientes elementos: […]”
[…]
“[…] En el presente asunto, la Sala encuentra probado que la conducta de las víctimas
constituyó una amenaza ilegítima a la integridad y vida del patrullero Rubén Darío
Moreno Suarez, quién hizo uso de su arma de dotación oficial de forma lícita para
preservar su vida y repeler una amenaza, lo que provocó finalmente el desenlace
fatal.
Por lo anterior, este Despacho REVOCARÁ la decisión de primera instancia, para en
su lugar negar las pretensiones de la demanda. […]”
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. La actora solicitó en su escrito de tutela4:
4 Transcripción literal del texto.
5
Núm. único de radicación: 110010315000202406573-00
Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
“[…] PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y debido proceso, a la verdad justicia y reparación afectados de los tutelantes.
SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior, ordene que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dicte una nueva sentencia dentro del proceso
administrativo medio de control de reparación directa, radicado con el número 05001
33 33 022 2016 00117 01; para que, de acuerdo con su valoración, podamos satisfacer
los derechos fundamentales lesionados. […]”.
7. La actora en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada incurrió
en un defecto fáctico.
Actuación
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 14 de enero de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Séptima de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia; iii) vinculó, como tercero con
interés legítimo, al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a Diego Osorio
Hernández, a Serafín de Jesús Hernández, a Alba Nelly Naranjo, a Oscar Montoya,
a José Luis Suárez Torres, a Juliana Vanesa Gil Flórez y a Elizabeth Gil Flórez,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. La Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó
desestimar la acción de tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] 3.1. Caso Concreto En el presente caso resulta que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir con uno de los requisitos generales de procedencia en
contra de providencias judiciales, toda vez que no se cumple con el requisito de
inmediatez, puesto que han transcurrido más de 6 meses, después de haberse
proferido la sentencia de segunda instancia, sin que se advierta una justificación del
retardo en la interposición en la acción constitucional, por lo que en este caso prima
el principio de seguridad jurídica que reviste a las decisiones judiciales en firme. Debe
indicar este Magistrado que en el proceso con radicado 05001 33 33 004 2013 00040
01, las pruebas fueron valoradas dentro del marco legal, con fundamento en la lógica
y la sana crítica, de ahí entonces que la decisión proferida por el suscrito en segunda
instancia sea expresión del principio de autonomía judicial consagrado en el artículo
230 de la Constitución Política, y es por ello que la acción de tutela no procede como
una tercera instancia de los argumentos y valoraciones ya realizadas por los jueces
competentes en primera y segunda instancia, quienes gozan de independencia para
la valoración de las pruebas y la interpretación y aplicación del derecho.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406573-00
Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
Si se observan los argumentos expuestos en sede segunda instancia, se puede
deducir que las pruebas fueron valoradas en su conjunto y ello conllevó a que la
decisión en segunda instancia fuera negativa de las pretensiones de la demanda.
De esta forma entonces, tanto la valoración de las pruebas como la resolución en
derecho del caso concreto, se realizaron de manera adecuada y en el marco de la
autonomía e independencia judiciales, así como acatando el precedente
jurisprudencial emanado del Consejo de Estado.
Así pues, se insiste que, en el caso concreto, la acción de tutela resulta improcedente
al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y al no encontrarse
acreditados los defectos alegados, por lo anterior solicito sea desestimada la misma.
[…]”.
10. La Secretaria General del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
solicitó negar las pretensiones del amparo, al considerar que:
“[…] Es por esto que el Ad-quem en uso de la sana critica, razonabilidad hace una
valoración muy minuciosa de las pruebas obrantes en el medio de control de
reparación directa interpuesta por la parte actora, pues conlleva a que la autoridad
judicial decrete el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la
víctima y no una falla en el servicio como lo pretendían hacer ver los accionantes,
respecto a los hoy occisos en contra de los uniformados, quienes se encontraban en
el lugar de los hechos debido al llamado de la comunidad.
Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia con radicado número 05001-23-31-
000-1997-01172-01 del 28 de agosto, MP. Enrique Gil Botero, ha manifestado frente
a mencionado eximente de responsabilidad lo siguiente: […]”.
[…]
“[…] Es por lo expuesto que, se debe tener en cuenta que respecto a la
responsabilidad administrativa y extracontractual que se pretendía atribuir a la Policía
Nacional de Colombia, se declaró probado que la conducta de las víctimas constituyó
una amenaza ilegítima a la integridad y vida del patrullero Rubén Darío Moreno
Suarez, quién hizo uso de su arma de dotación oficial de forma lícita para preservar
su vida y repeler una amenaza, lo que provocó finalmente el desenlace fatal, la cual
fue catalogada por el ad-quem como culpa exclusiva de la víctima.
No obstante a lo anterior y teniendo en cuenta los argumentos fijados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, se tiene que, no existe una responsabilidad por parte de
la Policía Nacional, puesto que, no se le atañe razón alguna a los argumentos de la
parte actora frente a la función que cumplen o deben cumplir los uniformados
adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), por cuando no se puede
perder de vista las normas constitucionales y legales que rigen la Institución, como lo
son los artículos 218 de la Constitución Política y 8 de la Ley 62 de 1993 "Por la cual
se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de
seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente
de la República", los cuales establecen: […]”.
[…]
“[…] Con lo antedicho, se concluye que, si bien es cierto la parte actora afirma que
existe responsabilidad del Estado por cuanto sus agentes no podían haber acudido al
llamado de la comunidad por no pertenecer al modelo de vigilancia, se debe tener en
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
cuenta la obligatoriedad de intervenir que reglamenta a estos funcionarios, pues están
obligados a atender cualquier requerimiento de la comunidad, independientemente
de la especialidad a la que pertenezcan al interior de la institución policial.
I. IMPROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO
TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE
Sobre el particular resulta necesario recordar la finalidad, objetivos y procedencia de
la acción de tutela, la cual no es un expediente declarativo de derechos, sino un
mecanismo de protección de los derechos existentes.
En desarrollo de esa naturaleza y como mecanismo judicial de carácter extremo es la
misma Constitución la que dispone su procedencia limitándola solo cuando los
afectados no dispongan de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En este orden de ideas resulta necesario aclarar que la presente acción de tutela es
plenamente improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio
irremediable ocasionado a la señora BEATRIZ ELENA HERNÁNDEZ NARANJO,
derivado de la determinación adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Séptima de Oralidad, y que no están en la obligación jurídica de soportar.
Al respecto la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-553 de 2023 se ha
pronunciado, así: […]”.
[…]
“[…] Dicho de otra manera, para establecer la existencia de un perjuicio irremediable
debe tenerse en cuenta la presencia concurrente de los elementos para su
configuración, como es la inminencia que requiere medidas contingentes, la urgencia
tenida por el sujeto del derecho para escapar de ese perjuicio y la gravedad de los
hechos donde se evidencie la necesidad de la tutela como mecanismo para la
protección inmediata de los derechos fundamentales.
Por lo anterior, no considera esta Secretaría, frente al caso sometido a consideración
del Honorable Consejero, se esté ante el acontecimiento de un perjuicio irremediable
o de una amenaza inminente e INJUSTIFICADA, donde se amerite la procedencia de
la tutela como un mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones
solicitadas por los accionantes, máxime cuando se debatió a través de otras vías de
protección jurisdiccional siendo las idóneas para resolver la litis propuesta en la
presente acción y por lo mismo genera su improcedencia, teniendo en cuenta que
ésta es un mecanismo de protección subsidiario. Además, los hechos constitutivos
del perjuicio irremediable por no estar exentos de prueba, deben acreditarse con
carga probatoria. […]”.
11. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín allegó el expediente del
proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 05001
3333004201300040-01.
12. Los señores Diego Osorio Hernández, Serafín de Jesús Hernández, Alba Nelly
Naranjo, Oscar Montoya, José Luis Suárez Torres, Juliana Vanesa Gil Flórez y
Elizabeth Gil Flórez guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
16. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
a la reparación integral; vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii)
conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
18. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio
de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
201413, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
13 Ut supra página 6.
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado21:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
26. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
22 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Ibidem.
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
27. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
24
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
28. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
30. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
25 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
reparación integral
32. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406573-00
Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
33. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
27
reparación integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1)
busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se
interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas
de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no
repetición […]”.
Análisis del caso concreto
34. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sala
Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio,
el Tribunal, al proferir la sentencia de 22 de mayo de 2024, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con
el número único de radicación 050013333004201300040-01: vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
35. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
36. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
37. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
27 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
37.1. Copia de la providencia de 22 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia dentro del marco del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 050013333004201300040-01.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
38. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente28:
“[…] Se deja claro así que no nos encontramos ante una simple discordancia en la
valoración de la prueba, donde existen criterios encontrados frente a qué valor se le
asigna o no a una prueba, sino que nos encontramos frente a una verdadera omisión
completa de algunos medios de prueba, pues, se reitera, estos se obviaron por
completo, encontrándonos así en el supuesto del defecto fáctico por omisión en la
valoración de los medios de prueba, ya que “a pesar de que en el proceso existan
elementos probatorios, omite considerarlos, no los admite, o simplemente no los
tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva”.
Es así como nos encontramos en el otro supuesto del defecto fáctico cuando el
fallador “en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los
hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico”13. En este
caso puntual, la accionada, teniendo en cuenta un medio de prueba que estaba en
el expediente, cercenó su contenido para llegar a una conclusión que es
abiertamente errada. El cercenar de su contenido a un medio de prueba, valorando
únicamente la parte que le sirve para sustentar su decisión, omitiendo la parte de su
contenido que lleva a otra conclusión, es, sin asomo de dudas, un defecto fáctico.
Es así como no tiene en cuenta las declaraciones de quienes se encontraban en
compañía de los fallecidos, y cercena en su totalidad la decisión proferida en el
expediente disciplinario, del cual solo trae a colación las declaraciones, pero
desconoce en su totalidad las conclusiones a las que llega el proceso.
Adicionalmente, la prueba indebidamente valorada, junto con la que ni siquiera se
valoró por su completa omisión, termina por llevar a la falladora a un camino que sin
duda constituye un defecto fáctico, pues de haberlos valorado, se habría llegado a
la conclusión de que estaba probado que los funcionarios al actuar de forma
contraria a los deberes que impone su roll como policías fueron parte de la cade
causal que desencadeno en el resultado muerte de los civiles; y si bien era dable
concluir la presencia de concurrencia de culpas por la participación de las víctimas,
era contrario al material probatorio obrante entender que la conducta de las mismas
era la causa UNICA y DETERMINANTE del resultado muerte.
iii) Incidencia de la omisión en la decisión:
28 Transcripción literal del texto.
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
Además de la omisión en la valoración o la indebida valoración de los medios de
prueba, para que se configure un defecto fáctico, debe demostrarse que “en el caso
concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la
solución del asunto jurídico variaría sustancialmente”.
Se reitera, que si el despacho hubiese valorado los medios de prueba obrantes en
el plenario. específicamente el expediente disciplinario adelantado contra los
policiales implicados en el procedimiento, el resultado variaría de forma sustancial.
iv) Conclusión: configuración del defecto fáctico en el proceso:
Nos encontramos ante un defecto fáctico por ausencia de valoración de medios de
prueba que estaban presentes en el expediente y debieron ser valorados por el juez
atendiendo al principio de comunidad de la prueba y que eran determinantes en la
decisión. Además, existe una indebida valoración de los medios de prueba, que si
bien fueron tenidos en cuenta, fueron cercenados abruptamente en su contenido.
[…]”.
39. Para la Sala el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por
las autoridades judiciales accionadas, y la acción de tutela contra providencia
judicial no constituye una instancia adicional que permita reabrir el debate resuelto
por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada
incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales.
40. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no
le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez
que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial
y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
41. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
20
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales […]”.
42. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
43. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza
puramente legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.
44. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa de la órbita
de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega la
vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
45. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia enunciados por la actora, no se
evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de reparación directa
se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso,
y se respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además,
no concurre una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que
amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho
fundamental de un sujeto de especial protección constitucional.
46. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
47. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la
actora enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, y a la reparación integral esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
48. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Actora: Beatriz Elena Hernández Naranjo
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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