Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06588-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06588-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06588-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
31 de enero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06588-00
Accionante: Movimiento Político Soy Porque Somos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-06588-00
Accionante: Movimiento Político Soy Porque Somos
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Subtema 1: Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial.
Subtema 2: Relevancia constitucional.
Subtema 3: Defecto fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela que presentó el Movimiento
Político Soy Porque Somos en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de la tutela
La abogada Ana Rosa Tapias Albán, quien adujo ser la representante legal de la firma
Legality Asesores Colombia S.A.S. y manifestó actuar como apoderada judicial del
Movimiento Político Soy Porque Somos, radicó escrito de solicitud de amparo del
derecho fundamental al debido proceso1, que consideró vulnerado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado con ocasión del auto emitido el 24 de octubre de 2024,
que confirmó, en sede de súplica, la providencia proferida por el magistrado ponente
de la misma Sección, el 28 de agosto de 2024, dentro del proceso de nulidad con
radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00126-00.
1.2. Hechos
1 Archivo electrónico identificado con certificado F67352F4EB608220 799AE2448EE7C800 B586A1FFFD4426D0
A819CFF082CEF65F, ubicado en el índice 2 del Samai.
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1.2.1. Ximena Echavarría Cardona presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad en contra del Consejo Nacional Electoral, con la finalidad de que
se infirme la Resolución 164391 del 13 de diciembre de 2023, por la cual se reconoció
personería jurídica al Movimiento Político Soy Porque Somos dentro del expediente
identificado con No. CNE-E-E2023-017495.
Al respecto, indicó que el entonces movimiento Soy Porque Somos y el Polo
Democrático Alternativo celebraron un acuerdo político (del que no le consta la fecha)
en virtud del cual, este último, avaló y respaldó a la señora Francia Márquez Mina en
la consulta interpartidista que definió los candidatos presidencial y vicepresidencial
de la coalición Pacto Histórico.
Resaltó que, en dicho acuerdo, se estableció que las candidaturas de Soy Porque
Somos para la lista cerrada que conformó el Pacto Histórico para el Senado de la
República, serían avaladas por el Polo Democrático Alternativo, así: “Los candidatos
de Soy Porque Somos, respaldados con el aval del Polo Democrático Alternativo
actuarán bajo los criterios de membresía y militancia del Movimiento político Soy
Porque Somos, en igualdad de condiciones y horizontalidad que todos los demás
miembros y obedecerán sus estatutos y sus criterios éticos y disciplinarios y a los
principios de democracia interna y las reglas de responsabilidades financieras
internas de Soy Porque Somos”2.
Explicó que, en tal sentido, los candidatos avalados por el Polo Democrático
Alternativo no solo fueron aspirantes por ese partido, sino además en simultáneo
militantes y miembros activos de Soy Porque Somos.
Mencionó que en el acuerdo se precisó que, en caso de que Soy Porque Somos
obtuviera personería jurídica, los elegidos en el Congreso de la República quedarían
en libertad para que con su curul se incorporaran al nuevo partido. Por lo tanto,
consideró que esto generaba desconcierto pues no se evidenciaba alguna acción que
llevara a que ese movimiento pudiera solicitar tal reconocimiento, pues no se había
constituido en grupo significativo de ciudadanos para apoyar alguna candidatura, ni
había adelantado el trámite de recolección de firmas para postular candidatos y
alcanzar la votación requerida en el artículo 108 de la Constitución Política.
2 Ibidem.
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1.2.2. El asunto se identificó con el radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00126-00
y correspondió conocerlo a la Sección Quinta del Consejo de Estado -despacho del
magistrado Luis Alberto Álvarez Parra-, autoridad judicial que, mediante auto del 17
de mayo de 2024, admitió la demanda, ordenó notificar a los sujetos procesales y
corrió el respectivo traslado.
1.2.3. Vencido el término de traslado, el mencionado despacho por medio de auto del
28 de agosto de 2024, entre otras decisiones, rechazó las excepciones presentadas
por el Movimiento Político Soy Porque Somos (inepta demanda y falta de
competencia); negó la práctica de unas pruebas testimoniales solicitadas por el
movimiento y adecuó el trámite para proferir sentencia anticipada.
Precisó que la parte demandante solicitó: (i) el decreto de los documentos
diligenciados por la Representante a la Cámara Dorina Hernández Palomino para
obtener el aval del Polo Democrático Alternativo como candidata a la Cámara de
Bolívar y su «récord de militancia» en ese partido, y (ii) los testimonios de los señores
Alexander López Maya, Dorina Hernández Palomino y Francia Márquez Mina, para
que declararan sobre las condiciones en las que se solicitó la personería jurídica del
partido Soy Porque Somos y la suscripción del acuerdo político entre ambas
colectividades.
No obstante, la autoridad judicial consideró que dichas pruebas eran innecesarias
debido a que en el proceso obra el expediente CNE-E-2023-017495, que contiene la
trazabilidad de las actuaciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral para
reconocer dicho atributo a la organización política, así como las razones fácticas y
jurídicas que sustentaron el caso, que es lo que constituye el objeto de debate en el
caso concreto y que permite resolver los puntos de derecho fijados en el litigio.
Así mismo, señaló que el partido Soy Porque Somos pidió el testimonio y
declaraciones bajo juramento de los señores Dorina Hernández Palomino, Francia
Márquez Mina, Ariel Palacios Angulo e Idalmi Minota “para el convencimiento y la
claridad de los hechos”3. No obstante, estos testimonios también fueron negados por
innecesarios, por cuanto el expediente CNE-E-2023-017495, contiene los elementos
que se requieren para evaluar, tanto los cargos propuestos en la demanda, como los
argumentos ofrecidos en defensa de la legalidad del acto acusado, especialmente en
relación a los motivos para reconocer la personería jurídica y las razones ofrecidas
en su momento por los solicitantes, con el fin de resolver la fijación del litigio.
3 Ibidem.
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1.2.4. Inconforme con la anterior decisión, el Movimiento Político Soy Porque Somos,
presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. A través de providencia del
4 de octubre de 2024, el magistrado ponente decidió no reponer el auto recurrido.
Adicionalmente, sostuvo que, a pesar de que el recurso de apelación interpuesto
subsidiariamente resultaba improcedente, al tratarse de un asunto de única instancia,
en virtud de lo previsto en el parágrafo del artículo 318 del Código General del
Proceso, este se adecuaba al de súplica. Sin embargo, precisó que, de las decisiones
recurridas, solo la que negó los testimonios era susceptible de ese recurso, según lo
establecido en el numeral 2 del artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con el numeral 7 del artículo 243 ibidem.
1.2.5. En consecuencia, el asunto fue conocido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con exclusión del magistrado ponente, autoridad judicial que, mediante auto
del 24 de octubre de 2024, confirmó la decisión recurrida.
Al respecto, sostuvo que, tal y como lo planteó el magistrado sustanciador en el auto
recurrido, los testimonios o eventuales informes rendidos bajo la gravedad de
juramento resultan innecesarios para resolver la controversia suscitada frente a la
legalidad del acto administrativo demandado, pues el punto de discusión en este caso
se contrae a determinar si la resolución a través de la cual el Consejo Nacional
Electoral le reconoció la personería jurídica al partido Soy Porque Somos se expidió
con falsa motivación y con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, al
otorgársele ese atributo sin que la colectividad cumpliera los requisitos para el efecto.
Por tanto, consideró que el expediente CNE-E-2023-017495, contiene las
actuaciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral para el otorgamiento de
la personería jurídica al Movimiento Político Soy Porque Somos, así como las razones
fácticas y jurídicas que llevaron a esa entidad a decidir en tal sentido, por lo que su
estudio es suficiente para resolver los puntos de derecho fijados en el litigio.
1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
En consecuencia, pidió al juez constitucional dejar sin efecto el auto del 24 de octubre
de 2024, proferido en sede de súplica por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad con radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00126-00 y,
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en su lugar, ordenar a la autoridad judicial demandada a que expida una providencia
en la que tengan en cuenta los argumentos de la acción de tutela.
Como sustento de sus pretensiones la parte tutelante afirmó, en síntesis, que la
decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico en modalidad negativa, por las
pruebas que se dejaron de practicar.
Sostuvo que, con los testimonios solicitados, se pretendía configurar la validez de la
resolución emitida por el CNE, en la medida en que la demandante del proceso de
nulidad pretende restar validez y legitimidad a los hechos que llevaron al movimiento
a entrar en la coalición política del Pacto Histórico, así como “a los resultados
obtenidos en la consulta interpartidista por Francia Márquez, a partir de una
exposición repleta de galimatías fácticos e imprecisiones jurídicas”4.
Expuso que, desconocer los hechos y situaciones que dieron la importancia y
naturaleza de la mencionada consulta, así como las circunstancias sobre las cuales
a través del testimonio se puede verificar su natural y jurídica consecuencia frente al
otorgamiento de la personería jurídica del movimiento político que representaba
Francia Márquez, no solamente es un exabrupto probatorio sino que conlleva a
desconocer la voluntad de los militantes de la colectividad expresada en las urnas y
negar que esta ostenta la entidad suficiente para cumplir con los requisitos previstos
por el artículo 108 de la Constitución Política, tratándose de la vocación de
permanencia de la agrupación política, con fines de reconocimiento jurídico.
Indicó que la situación fáctica y jurídica que dio origen al reconocimiento de
personería jurídica del movimiento político Soy Porque Somos no se puede equiparar
a la de otra colectividad y menos aún, “encuadrar en las particulares situaciones
estudiadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado en las sentencias del 18 de
abril y del 9 de mayo de 2024, respectivamente, por medio de las cuales se decidió
sobre la nulidad de los actos que reconocieron personería jurídica a "Todos Somos
Colombia" y al partido político "En Marcha"”5.
Manifestó que el citado defecto se configura, al no permitir que los dirigentes del
movimiento testifiquen, por lo tanto, “se está negando, así poder hacer uso de las
herramienta (sic) para defender sus derechos como colectividad, violentando los
derechos fundamentales, pues la decisión judicial carece de sustento, se abstiene de
4 Ibidem
5 Ibidem.
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dar valor a elementos probatorios, aduciendo que la parte demandada ya fue
escuchada cuando fue en una etapa previa en el Consejo de Estado”6.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones
El despacho del magistrado ponente, en auto del 5 de diciembre de 20247, admitió la
acción de amparo; vinculó como terceros con interés a Ximena Echavarría Cardona
y a las personas y/o entidades que hicieron parte o intervinieron en el proceso de
nulidad con radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00126-00; negó la medida
provisional solicitada; requirió a la abogada Ana Rosa Tapias Albán para que aportara
(i) los documentos que acrediten que Ariel Rosebel Palacios Angulo tiene la facultad
de otorgar poder a nombre del Movimiento Político Soy Porque Somos, y (ii) el
certificado de existencia y representación legal de la firma Legality Asesores
Colombia S.A.S; además, suspendió los términos del trámite constitucional y ordenó
notificar a los sujetos procesales.
1.4.1. La abogada Ana Rosa Tapias Albán contestó el requerimiento realizado por el
despacho y allegó los documentos solicitados8.
1.4.2. El Consejo Nacional Electoral contestó la acción de tutela y solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, en la medida en que no tiene legitimación
en la causa por pasiva debido a que no es la autoridad indicada para satisfacer las
pretensiones de la solicitud de amparo.
1.4.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por intermedio del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, allegó el respectivo informe. Advirtió que la
solicitud no superaba el requisito de relevancia constitucional porque busca reabrir un
debate que ya fue resuelto tanto por el magistrado sustanciador del proceso, como
por el resto de la Sección Quinta en sede de súplica.
Sostuvo que los argumentos presentados en el escrito de tutela, consisten en una
reiteración de la solicitud probatoria que ya fue estudiada en dos ocasiones, puesto
que insiste en el decreto de unos informes y testimonios que son innecesarios para
resolver la cuestión de derecho bajo controversia.
6 Ibidem.
7 Ver documento contenido en el índice 5 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
ABA2F016C13EFC86 75956D989E34818A 7351D1AF1DC8DC92 690FDAEC5A33F342.
8 Ver documento contenido en el índice 10 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
9C0CD373D3F33211 CEF7848DC3E75108 D29B09E1EB72285C CF37289EE1F6694E.
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1.4.4. El consejero Luis Alberto Álvarez Parra contestó la solicitud de amparo y
deprecó que se declare la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional y, que, en todo caso, de manera subsidiaria, se
denieguen las pretensiones comoquiera que en el trámite cuestionado se respetaron
las garantías fundamentales.
Indicó que el escrito no cumple con la carga argumentativa ius fundamental en la
medida que la controversia no trasciende de la inconformidad de una de las partes
del proceso electoral con una decisión interlocutoria, hacia una verdadera vulneración
de derechos fundamentales
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591
de 1991, y lo previsto en el reglamento interno de la Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
2.2.1. La legitimación en la causa por activa del Movimiento Político Soy Porque
Somos se encuentra acreditada, dado que fungió como demandada en el proceso de
nulidad radicado bajo el núm. 11001-03-28-000-2024-00126-00, en el que fue
proferida la providencia objeto de tutela, y, por tanto, es titular de los derechos
fundamentales cuyo amparo se pretende.
2.2.2. También quedó acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, porque profirió el auto del 24 de octubre de
2024, que resolvió el recurso de súplica a interior del proceso con radicado núm.
11001-03-28-000-2024-00126-00 y que, según la tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.
2.3. Procedibilidad de la acción de tutela
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política es un
mecanismo judicial preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
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amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley9.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que, cuando una solicitud de amparo
va dirigida en contra de una providencia judicial, el juez de tutela debe, de forma
preliminar, analizar los requisitos generales de procedibilidad de la acción10. Así, una
vez verificada la observación de los presupuestos que la determinan, procede el
pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en
función de los defectos en que incurre la actuación acusada y conforme a las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
2.3.1. Relevancia constitucional
El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia constitucional
si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una controversia estricta
y exclusivamente legal12, como aquí acontece. De ese modo, en sede constitucional
se ponderará entre la finalidad de la acción de tutela como garantía iusfundamental y
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que gobiernan las decisiones
9 Corte Constitucional, sentencia T-867 de 2013: “[e]sta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete
autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el
Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada,
además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata
de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro
de los supuestos de hecho contemplados en la ley”.
10 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier
acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en
los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos
de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga
relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa
judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso
de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental , que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material
o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado
en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
12 esta cuestión y “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar ninguna
otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones
que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas
del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos
fundamentales de quien […] se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y
coherente – es decir segura y en condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos
del derecho”. Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
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judiciales13. Así las cosas, el juez del amparo debe resolver asuntos de dimensión
constitucional, con respeto de las competencias legales y del principio de autonomía
de los jueces14.
En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar la
competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad15; (ii) restringir el ejercicio
del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas, e
(iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales16.
Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que,
prima facie, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso 17.
Para ello, la jurisprudencia constitucional18 ha definido cuáles son los requisitos
específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas causales que
habilitan el control constitucional concreto.
El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en
la solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de
la actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona19, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional”20.
13 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable para
conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir
una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 21
de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente n.° 2020-836-00.
15 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de
2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de
2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
16 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
17 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-18, T-422-
18 y T-248-18.
18 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
19 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
20 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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En particular, cabe denotar que la Corte Constitucional, en la SU-215 de 2022, indicó
que “[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal”.
2.3.2. Caso concreto
La parte actora consideró que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico en
modalidad negativa, toda vez que se dejaron de practicar pruebas que fueron
solicitadas en la contestación de la demanda. Sostuvo que, con los testimonios
deprecados pretendía configurar la validez de la resolución emitida por el CNE, en la
medida en que la demandante del proceso de nulidad pretende restar validez y
legitimidad a los hechos que llevaron al movimiento a entrar en la coalición política
del Pacto Histórico, así como “a los resultados obtenidos en la consulta interpartidista
por Francia Márquez, a partir de una exposición repleta de galimatías fácticos e
imprecisiones jurídicas”21.
Al respecto, resulta pertinente poner de presente que la autoridad judicial accionada
precisó, en la decisión enjuiciada, que:
“(…) 66. De acuerdo con lo anterior, el objeto de los testimonios o eventuales
declaraciones por escrito es permitir «el convencimiento y la claridad de los
hechos», argumento que no brinda mayor claridad sobre lo pretendido con la
prueba.
67. No obstante, de la lectura integral de la contestación de la demanda es
posible apreciar que lo que busca demostrar esa colectividad a partir de tales
declaraciones, es el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la
personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral.
(…)
74. Según se tiene, el punto de discusión en este caso se contrae a determinar
si la resolución a través de la cual el Consejo Nacional Electoral le reconoció la
personería jurídica al partido Soy Porque Somos se expidió con falsa motivación
y con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, al otorgársele ese
atributo sin que la colectividad cumpliera los requisitos para el efecto.
75. Por ello, el análisis que debe asumir el juez de conocimiento no es otro
distinto a verificar si esa organización política, al interior del trámite
administrativo correspondiente, acreditó los presupuestos que debía atender
para que la organización electoral le reconociera la personería jurídica o si,
21 Archivo electrónico identificado con certificado F67352F4EB608220 799AE2448EE7C800
B586A1FFFD4426D0 A819CFF082CEF65F, ubicado en el índice 2 del Samai.
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como lo afirma la parte actora, el acto administrativo que decidió esa actuación
pasó por alto que la colectividad no los cumplía.
76. En tal sentido, es evidente que el expediente CNE-E-2023-017495, contiene
las actuaciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral para el
otorgamiento de la personería jurídica a Soy Porque Somos, así como las
razones fácticas y jurídicas que llevaron a esa entidad a decidir en tal sentido,
por lo que su estudio es suficiente para resolver los puntos de derecho fijados
en el litigio.
77. Por lo mismo, las declaraciones o informes escritos que pudieran rendir los
señores Dorina Hernández Palomino, Francia Márquez Mina, Ariel Palacios
Angulo e Idalmi Minota sobre el particular, resultan innecesarios para el examen
que debe realizar el juez de lo contencioso administrativo para determinar si el
acto administrativo adolece de falsa motivación e infracción de las normas en
que debía fundarse, por tratarse de un asunto de pleno derecho (…)”22.
Como puede apreciarse sin dificultad, la autoridad judicial cuestionada consideró que
le asistió razón al magistrado sustanciador al negar el decreto de estas pruebas
solicitadas por el partido Soy Porque Somos, en la medida en que no se requieren
tales declaraciones para dilucidar el objeto del trámite procesal.
Además, la Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que, al margen del
argumento expuesto en el recurso de “súplica”, según el cual las declaraciones tienen
por objeto demostrar la vocación de permanencia o la existencia de una plataforma
política y afiliados, lo cierto es que la controversia puede ser resuelta con base en los
documentos que fueron tenidos en cuenta por el Consejo Nacional Electoral para
otorgarle la personería jurídica a esa colectividad y, así, determinar si se cumplían los
requisitos requeridos para el efecto.
Con todo y lo anterior, en la providencia censurada también se indicó que, aunque el
partido alegó que no se le está permitiendo utilizar todas las herramientas para
proteger sus derechos, “se advierte que el hecho de negar el decreto de los
testimonios por innecesarios no implica vulneración alguna de las garantías con las
que cuenta; por el contrario, al hacer parte del trámite procesal de la referencia, ha
podido aportar pruebas desde la contestación de la demanda, interponer los recursos
pertinentes y, en todo caso, aún tiene la posibilidad de controvertir las piezas
documentales que obran en el expediente, como desarrollo del derecho de defensa y
contradicción”23.
Ahora bien, para efectos de analizar el defecto fáctico alegado por la parte actora en
función del requisito de relevancia constitucional, es preciso tener en cuenta que la
22 Ver documento contenido en el índice 2 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
E4E0DD7A64420838 495FE58A971D1D86 24259CAD504214B4 18F3662547694AB6.
23 Ibidem.
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Corte Constitucional ha concluido que este tiene una dimensión negativa y otra
positiva. La dimensión negativa se configura cuando el juez: (i) niega una prueba; (ii)
no se valora una prueba o se valora de manera arbitraria, irracional o caprichosa u
(iii) omite por completo la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados o determinante en el desenlace del proceso. La
dimensión positiva se configura, en cambio, (i) cuando el juez admite pruebas que no
ha debido admitir ni valorar, por ejemplo, por tratarse de pruebas ilícitas o (ii) cuando
el juez decide conforme a elementos probatorios que, por disposición de la ley, no
conducen a demostrar el hecho sobre el cual se fundamenta la decisión24.
Como se sostuvo en la sentencia SU-636 de 2015, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha determinado que existen algunas causales en las que se configura un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y un defecto fáctico en su dimensión
negativa. Ello ocurre cuando el juez “(i) omite valorar prueba documental que ha sido
aportada en copia simple, pese a haber sido conocida y no controvertida por las partes;
también cuando (ii) omite emplear su facultad probatoria de oficio para ordenar que se
alleguen los originales de documentos aportados en copia simple o, en general, [(iii)
cuando omite] practicar pruebas que han sido solicitadas o están insinuadas en
el proceso y se requieren para establecer la verdad material de los hechos”25. En
tal sentido, se configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y un
defecto fáctico en su dimensión negativa cuando el juez omite practicar o valorar
pruebas que han sido solicitadas o que en el curso del proceso se advierten como
relevantes para que la verdad judicial se aproxime en la mayor medida posible a la
verdad material.
Dicho lo anterior, se pone de presente que la parte actora, sobre el defecto invocado,
no se refirió en los términos antes anotados, pues i) se limitó a indicar, que la Sección
Quinta del Consejo de Estado no decretó las pruebas testimoniales, a pesar de que
en su sentir eran necesarias; ii) no explicó ni delimitó en concreto en que consistió el
yerro en el que consideró incurrió la autoridad judicial; iii) ni expuso los argumentos
que permitieran inferir que al decretar las pruebas, la decisión tenía la posibilidad de
cambiar.
Sumado a esto, se observa que la acción está dirigida, en realidad, a convertir la
acción de tutela en una instancia adicional, en la medida que la parte tutelante
cuestiona decisiones proferidas en el curso de un proceso ordinario, frente a las
24 Corte constitucional, SU-062 de 2018.
25 Corte Constitucional, SU-636 de 2015
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cuales agotó, bajo los mismos argumentos que expone en sede constitucional, el
mecanismo judicial idóneo.
En ese orden, los cargos relacionados con la configuración del defecto fáctico no
exponen una irracionabilidad en la interpretación probatoria que la Sección Quinta del
Consejo de Estado realizó, sino que pretenden, nuevamente, insistir en mostrar una
solución distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses del tutelante,
asunto que carece de relevancia constitucional.
Al respecto, cabe precisar que, si bien las partes pueden protestar la configuración
de errores relacionados con la valoración del material probatorio y su injerencia en la
decisión cuestionada, lo cierto es que la simple inconformidad con lo decidido en la
providencia, per se, no habilita al juez constitucional a realizar un estudio de las
pruebas que la autoridad judicial contra la que se dirige la acción tuvo en cuenta o no
al resolver el asunto. En ese sentido, compete al interesado demostrar, en función de
los requisitos enunciados por la jurisprudencia constitucional, las pruebas que la
autoridad dejó de valorar, aquellas que valoró indebidamente, o a las que dio un
alcance distinto, y que tuvo como consecuencia una afectación al debido proceso.
Por las razones expuestas, la Sala observa que la acción de tutela planteó una mera
inconformidad con lo decido en el medio de control de nulidad simple, pues a juicio
de la parte actora sí debían decretarse las pruebas testimoniales. Esta discrepancia
no habilita al juez constitucional a realizar un nuevo estudio de los argumentos
expuestos ante el juez de instancia. Por el contrario, compete al interesado demostrar
cómo la omisión de estas pruebas afectó su derecho al debido proceso, condición
que, como se explicó, no se cumplió en este caso, por tanto, este cargo carece de
relevancia constitucional.
Así, es preciso recordar que, la acción de tutela fue concebida como un mecanismo
de carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho
constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza
residual y subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante
respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una
decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la aquí accionante,
un nuevo estudio.
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Consecuente con lo hasta aquí expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la
acción porque los cargos carecen de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el
Movimiento Político Soy Porque Somos, por los motivos expuestos en las
consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
SABF
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