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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06609-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06609-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente por falta de legitimación en la causa por activa de la señora Ana Vallejo Díaz para cuestionar la mora judicial del proceso de nulidad electoral con radicado 50001-23-33-000-2022-00121-00. 2. Declarar improcedente la acción de tutela en relación con el trámite de vigilancia judicial administrativa. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA Presidente (Firmado electrónicamente) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06609-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

23 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06609-00
Demandante: Ana Vallejo Díaz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06609-00
Demandante: ANA VALLEJO DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Temas: Mora judicial en trámite de nulidad electoral, tutela contra
decisión que negó solicitud de vigilancia judicial administrativa.
Requisitos generales de procedencia - legitimación.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada en nombre propio por la señora Ana
Vallejo Díaz contra el Tribunal Administrativo del Meta y el Consejo Seccional de la
Judicatura del Meta, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto
333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 2 de diciembre de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta y el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, así como
el principio de seguridad jurídica. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso legal, derecho a la
igualdad, seguridad jurídica y derecho de presunción de acierto y legalidad de las
actuaciones judiciales.

SEGUNDA: ORDENAR a la parte accionada que en el término de 48 horas siguientes a
la notificación del fallo de tutela proceda a dar apertura formal de vigilancia judicial
administrativa formulada por Ana Vallejo Díaz, al proceso núm. 50001-23-33-000-2022-
00121-00, que cura (sic) en el despacho 004 del Tribunal Administrativo del Meta por existir
razones y argumentos para su trámite.»

2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

La demandante indicó que el 25 de septiembre de 2024 radicó solicitud de vigilancia
judicial ante el Consejo Seccional del Meta del proceso de nulidad electoral 50001-23-
33-000-2022-00121-00 que cursa ante el Tribunal Administrativo del Meta.

El 30 de septiembre de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta inició las
diligencias preliminares mediante Auto CSJMEAVJ24-1099, en el que requirió al
Magistrado Juan Darío Contreras Bautista, o quien haga sus veces, en calidad de
titular del Despacho 004 del Tribunal Administrativo del Meta donde cursa el proceso
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Demandante: Ana Vallejo Díaz

sobre el que se solicitó la vigilancia, con el fin de que rindiera informe sobre los hechos
expuestos por la peticionaria y allegara copia del referido expediente para realizar la
respectiva verificación en el asunto en estudio.

Luego, mediante auto del 9 de octubre de 2024, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Meta resolvió no dar apertura a la vigilancia judicial administrativa
solicitada por la señora Vallejo Díaz, por considerar que no existía mérito porque de
conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo PSAA11-8716 del
2011, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la actora no acreditó su
condición de veedora ciudadana, ni demostró haber requerido la actuación de la
veeduría ciudadana en ese caso; lo que le permitió concluir que no le asistió interés
legítimo en el asunto, ni es parte del proceso.

3. Argumentos de la acción de tutela

La demandante afirmó que la solicitud de vigilancia judicial administrativa debió ser
atendida porque la interpuso con la finalidad de que se evidenciara que existe mora
para proferir sentencia en el proceso de nulidad electoral con radicado 50001-23-33-
000-2022-00121-00, pues, de conformidad con el artículo 14 del Acto Legislativo 01
de 2003, el parágrafo del artículo 264 constitucional prevé que los procesos de única
instancia del medio de control de nulidad electoral debían ser decididos en término
que no puede exceder los 6 meses.

Explicó que la intención de iniciar el proceso de vigilancia administrativa fue conminar
al despacho de conocimiento que decidiera sobre el asunto, además, indicó que se
desestimaron sus pretensiones sin tener en cuenta que en el proceso de nulidad
electoral se debate la elección de un cargo público como lo es el Contralor Municipal
de Villavicencio, razón por la que es un tema de interés general.

Insistió en que en su calidad de veedora ciudadana tiene un especial deber legal de
velar por el cumplimiento de la ley, señaló que, a su juicio, en el trámite del proceso
electoral existe parcialización en las decisiones y procedimientos adoptados por el
magistrado de conocimiento.

4. Trámite previo

El 6 de diciembre de 2024, el despacho del ponente admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a la demandante, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta y al
Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, en calidad de demandados.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Meta solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia, toda vez que la decisión que cuestiona fue emitida
conforme a derecho por el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, porque la
accionante no contaba con legitimación en la causa por activa para promover la
vigilancia judicial administrativa del proceso de nulidad electoral, porque no acreditó
la calidad de veedora ciudadana mediante la cual adujo actuar.

Frente al trámite del proceso de nulidad electoral, precisó que debe tenerse en cuenta
que son cinco procesos que se acumularon y el radicado número 50001-23-33-000-
2022-00121-00 sobre el que la demandante alega mora judicial fue acumulado con el
proceso identificado con el número de radicado 50001-23-33-000- 2022-00119-00 y

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Demandante: Ana Vallejo Díaz

en cual se han registrado las actuaciones procesales adelantadas desde el 29 de
agosto de 2022.

Manifestó que tampoco resulta procedente acceder a la apertura de la vigilancia
judicial administrativa solicitada, porque en dicho expediente, junto con los procesos
acumulados, se han adelantado con la rapidez que las partes lo han permitido, y
surtido todas las actuaciones procesales pertinentes.

Realizó resumen de las actuaciones procesales y resaltó que luego de surtir el trámite
de varios impedimentos el proceso quedó a su cargo desde el 19 de octubre de 2023
y, contrario a lo indicado por la accionante, se han adelantado a la máxima brevedad
posible todas las etapas procesales que faltaban por evacuar dentro del expediente
acumulado 50001-23-33-000-2022-00119-00, conforme a derecho y sin posturas
parcializadas e indicó que desde que asumió el conocimiento del proceso, ha emitido
las siguientes providencias:
• El 25 de octubre de 2023 la Secretaría de la Corporación envió notificación a las partes
del estado de auto que decidió aceptar el impedimento del Magistrado Carlos Enrique
Ardila Obando y pasó el conocimiento del asunto al Magistrado Juan Darío Contreras
Bautista.
• El 10 de noviembre de 2023 la Secretaría del Tribunal ingresó el expediente al Despacho.
• El 5 de diciembre de 2023 negó y/o rechazó respectivamente la solicitud de nulidad y el
recurso de reposición y en subsidio apelación presentadas el 10 y 11 de julio de 2023
por el demandado CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, así como una solicitud de
nulidad y recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuestas por el ciudadano
ALEXANDER TEJEIRO TORRES el 11 de julio de 2023, entre otras solicitudes. Decisión
que fue notificada en estado del 6 de diciembre de 2023.
• El 9 de febrero de 2024 el Consejo de Estado devolvió al Tribunal el expediente al
desatar, en auto del 1 de febrero de 2024, el recurso de apelación interpuesto por
Alexander Tejeiro Torres en contra del auto de 15 de junio de 2023, que, negó la
intervención en el proceso como “impugnador”.
• El 20 de febrero de 2024, mediante auto procedió a obedecer y cumplir lo resuelto por el
Consejo de Estado en auto del 1 de febrero de 2024, que revocó el numeral (sic) segundo
del auto de fecha 15 de junio de 2023 y tuvo como tercero impugnador al señor Alexander
Tejeiro Torres; así mismo, resolvió el recurso de reposición y en subsidio de apelación
presentado por Alexander Tejeiro Torres y una solicitud de acumulación con el radicado
50001- 33- 33-000-2022-00131-00, remitido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Villavicencio y aceptó la renuncia del apoderado judicial del Concejo
Municipal de Villavicencio. Decisión que fue notificada en estado del 21 de febrero de
2024.
• El 15 de marzo de 2024 la Secretaría del Tribunal ingresó el expediente al Despacho.
• En auto del 10 de abril de 2024, emitió pronunciamiento sobre las pruebas incorporadas
y trasladadas en auto del 24 de febrero de 2023, como de las que se decretaron en
providencia del 31 de marzo de 2023; igualmente, negó la nulidad solicitada por el
demandado Carlos Alberto López López por violación al debido proceso en relación con
el decreto de la prueba realizado en auto del 31 de marzo de 2023 y, finalmente, rechazó
por improcedente el desconocimiento del documento decretado como prueba mediante
auto del 31 de marzo de 2023.

Decisión que fue notificada en estado del 11 de abril de
2024.
• El 3 de mayo de 2024 la Secretaría del Tribunal ingresó el expediente al Despacho.
• El 6 de mayo de 2024, ante la solicitud de nulidad promovida por el demandado, requirió
a la Secretaría del Tribunal para que informará el trámite de notificación realizado
respecto del auto 063 del 20 de febrero de 2024, emitido por este Despacho judicial.
• El 9 de mayo de 2024, la secretaria del Tribunal dio cumplimiento al auto del 6 de mayo
de 2024 y emitió mediante constancia secretarial el informe requerido.
• El 9 de mayo de 2024 la Secretaría del Tribunal ingresó el expediente al Despacho.
• El 4 de junio de 2024 negó una solicitud de nulidad presentada por el demandado
CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ por indebida notificación del auto 063 del 20 de
febrero de 2024, no repuso el auto interlocutorio 138 del 10 de abril de 2024, rechazó
por improcedente el recurso de apelación presentado en contra del auto del 10 de abril
de 2024, negó la petición del demandado Carlos Alberto López López de citar a

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Demandante: Ana Vallejo Díaz

audiencia inicial y negó la intervención como coadyuvante a Anderson Armando Beltrán
Perdomo. Tales decisiones se notificaron en estado del 5 de junio de 2024.
• El 19 de junio de 2024 la Secretaría del Tribunal dejó constancia secretarial de haber
constatado que el 11 de junio de 2024 el demandado Carlos Alberto López López radicó
recurso de reposición y otras solicitudes en contra del auto del 4 de junio de 2024.
• El 21 de junio de 2024 la Secretaría del Tribunal ingresó el expediente al Despacho.
• El 5 de agosto de 2024 decidió no reponer los ordinales primero y cuarto del auto de
fecha 4 de junio de 2024, rechazó por improcedente el recurso de reposición presentado
en contra del ordinal segundo del auto 4 de junio de 2024, rechazó por improcedente el
recurso de apelación contra los ordinales primero y cuarto del auto del 4 de junio de
2024, dispuso que ejecutoriada las anteriores decisiones, corriera traslado a las partes
para alegar de conclusión y ordenó que ejecutoriada la decisión y vencido el término del
traslado para alegar de conclusión, ingresara el expediente al Despacho para lo
pertinente.
• El 6 de agosto de 2024 dio respuesta a la vigilancia judicial administrativa que
cuestiona la accionante.
• El 2 de septiembre de 2024 declaró improcedente la recusación presentada por el
impugnador Alexander Tejeiro Torres en contra de la Magistrada Nohra Eugenia
Galeano Parra y ordenó a la Secretaría del Tribunal correr traslado recurso de reposición
presentado por el impugnador Alexander Tejeiro Torres en contra del auto emitido el 5
de agosto de 2024.
• El 16 de septiembre de 2024 rechazó por improcedente la solicitud de aclaración y/o
adición presentada por el impugnador Alexander Tejeiro Torres y reiteró la orden de
correr traslado al recurso aludido.
• El 2 de octubre de 2024 puso en conocimiento el escrito de recusación presentado por
el señor José Enrique Molina Rojas a la Magistrada Nohra Eugenia Galeano Parra,
conforme con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 132 de la Ley 1437 de 2011.
• El 17 de octubre de 2024 ordenó remitir el expediente a la Presidencia del Tribunal para
que por su intermedio se realizará sorteo de un (1) conjuez con el fin de conformar el
quórum decisorio, de conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 18 del
Acuerdo 209 de 1997.
• El 25 de octubre de 2024 la Presidencia del Tribunal Administrativo del Meta señaló fecha
para el sorteo de Conjuez.
• El 12 de noviembre de 2024 la Presidencia del Tribunal Administrativo del Meta resolvió
no reponer el auto que emitió el 25 de octubre de 2024, como respuesta al recurso de
reposición presentado por el señor José Enrique Molina Rojas y señaló nueva fecha para
el sorteo de elección de conjuez.
• El 19 de noviembre de 2024 la Presidencia del Tribunal Administrativo del Meta negó por
improcedente la solicitud de aclaración y/o complementación presentada por el
demandante José Enrique Molina Rojas frente al auto de Presidencia calendado el 12
de noviembre de 2024 y señaló nueva fecha para el sorteo de elección de conjuez.
• El 26 de noviembre de 2024 la Presidencia del Tribunal Administrativo del Meta realizó
el sorteo de conjuez, en el que quedo asignada la Conjuez Sandra Lucía Eugenio Zárate
e indicó sobre el recurso de reposición presentado por el demandante José Enrique
Molina Rojas contra la providencia del 19 de noviembre de 2024, que, esa providencia
no era susceptible de recurso.
• El 5 de diciembre de 2024, el suscrito Magistrado, luego de recibir el expediente de parte
de la Presidencia del Tribunal Administrativo del Meta, negó por improcedente la nulidad
presentada por el demandante José Enrique Molina Rojas.
• Así mismo, en esa misma fecha, 5 de diciembre de 2024, en horas de la tarde, en Sala
de Decisión Oral Nro. 2 declaró infundada la recusación presentada por el demandante
dentro del proceso acumulado Nro.

50001-23-33- 000-2022- 00106-00, de José Enrique
Molina Rojas en contra de la Magistrada Nohra Eugenia Galeano Parra como integrante
de la Sala Oral Nro. 2 y se le impuso al demandante la multa dispuesta en el numeral 7°
del artículo 132 del CPACA, consistente en nueve (9) smlmv a favor del Consejo Superior
de la Judicatura, decisión contra la cual el sancionado presentó recurso de reposición,
el cual se encuentra pendiente del trámite secretarial respectivo.

Solicitó declarar improcedente la acción de tutela invocada, porque no cumple con la
totalidad de los requisitos generales de procedencia, o en su defecto, se niegue el
amparo solicitado, debido a que el Tribunal, en el ejercicio de su competencia judicial,
ha adelantado el proceso de nulidad electoral de forma célere, imparcial y conforme
con la Ley.
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Demandante: Ana Vallejo Díaz

El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta se opuso a las pretensiones de la
actora, pues a su juicio, no vulneró alguno de los derechos fundamentales invocados
por la demandante. Explicó que dio trámite completo a la solicitud de vigilancia judicial
administrativa y aclaró que el hecho de no coincidir con la postura de la actora no
implica vulneración de derechos, dado que la peticionaria carece de legitimación en la
causa.

Finalmente, precisó que propondría en la próxima sesión de sala una “vigilancia judicial
administrativa oficiosa, conforme corresponda.”

6. Intervención de tercero con interés

El señor Jorge Alejo Calderón Perilla, demandante dentro del proceso de nulidad
electoral que se cuestiona, se refirió al desarrollo del proceso, que, calificó como lento,
seguidamente, afirmó que a la accionante le asiste legitimación en la causa por activa,
porque el carácter general y de interés público del proceso electoral y solicitó que se
acceda al amparo solicitado por la señora Vallejo Díaz.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema Jurídico

A la Sala le corresponde determinar, de un lado, si, en el presente caso, si el Tribunal
Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante, con ocasión de la presunta mora judicial en la que incurrió en el trámite
del proceso de nulidad electoral con radicado número 50001-23-33-000-2022-00121-
00, por la omisión en proferir sentencia en un término inferior a seis meses, punto en
el cual, de manera previa, será necesario referirse al presupuesto procesal de
legitimación en la causa por activa.

Seguidamente, la Sala deberá analizar si el Consejo Seccional de la Judicatura del
Meta vulneró los derechos fundamentales invocados por la demandante por negar la
apertura de la solicitud de vigilancia judicial administrativa que elevó respecto del
referido proceso, al considerar que no está legitimada en la causa por activa.

i) Del presupuesto de legitimación en la causa por activa en la presente
acción de tutela para alegar mora judicial en el proceso de nulidad
electoral con radicado 50001-23-33-000-2022-00121-00 y acumulados

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06609-00
Demandante: Ana Vallejo Díaz

Los artículos 86 de la Constitución Política1 y 10 del Decreto 2591 de 19912 establecen
que la acción de tutela puede ejercerla la persona que considere que se le han
vulnerado o amenazado derechos fundamentales, sin perjuicio de la representación
legal o judicial o de la agencia oficiosa, que permiten acudir ante el juez de tutela para
representar o agenciar derechos ajenos. Por supuesto que en esos casos debe
acreditarse la calidad en la que se actúa.

Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente3:
Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la acción de tutela, la misma debe
cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de ellos se encuentra el de legitimación por activa o
titularidad para promoverla.

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general, solamente el titular de un
derecho fundamental se encuentra habilitado para solicitar el amparo constitucional del mismo, bien sea que
lo haga en forma directa o por intermedio de su representante o apoderado.

Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser promovida por cualquiera
persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí
misma o por medio de un tercero quien actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del
artículo 10 del decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus derechos fundamentales
puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de representante. En esta disposición también se
contempló́ la posibilidad de la agencia de derechos ajenos, de tal forma que, en aquellos eventos en que el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, podrá́ un tercero presentar acción de tutela en
su nombre.

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la causa por activa en los
procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin
embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la Constitución
y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de
la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas
cuatro posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela
(resalta la Sala).

En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso) o (iv) a través de agente oficioso
(cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa).
Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como los personeros
municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

En la presente acción, se observa que la señora Ana Vallejo Díaz ejerció acción de
tutela con el fin de obtener la protección de los derechos al debido proceso y a la
igualdad, así como el principio de seguridad jurídica, con ocasión a la presunta mora
judicial en que habría incurrido el Tribunal Administrativo del Meta en proferir sentencia
en el proceso de nulidad electoral con radicado 50001-23-33-000-2022-00121-00 y
acumulados, pues, de conformidad con el artículo 14 del Acto Legislativo 01 de 2003,
el parágrafo del artículo 264 constitucional prevé que los procesos de única instancia
del medio de control de nulidad electoral debían ser decididos en término que no
puede exceder los 6 meses.

1
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
2
…). 8 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
3
T-552 de 2006.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06609-00
Demandante: Ana Vallejo Díaz

Sobre el particular, afirmó que cuenta con legitimación en la causa por activa, porque,
tiene calidad de veedora ciudadana y en razón a ello debe velar por los derechos de
la comunidad, más aún si el nombramiento sobre el que recae la demanda de nulidad
electoral es un cargo público.

La jurisprudencia constitucional ha previsto que la legitimación en la causa por activa
en el marco de la acción de tutela requiere que el accionante ostente un interés jurídico
directo, es decir, que sea el titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad demandada.

Puntualmente, sobre la legitimación en la causa por activa para ejercer acción de
tutela contra sentencias proferidas en un proceso de nulidad electoral, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-329 de 2024, rectificó su jurisprudencia para
precisar los eventos en que se entiende acreditado el presupuesto de legitimación
para ejercer acción de tutela contra decisiones y procesos de naturaleza electoral, en
el siguiente sentido:

«Esto lleva a la Corte a establecer de aquí en adelante, un criterio unificado sobre el punto,
en el siguiente sentido:

115. En las acciones de tutela contra providencias judiciales proferidas en el marco de un
proceso de nulidad electoral en las que se alegue la protección de los derechos a la
representación política y a elegir y ser elegido, en adelante, quienes no hayan sido partes
o terceros en el proceso ordinario en el que se profirió la decisión cuestionada, no
tienen legitimación por activa para presentar la acción de tutela. En consecuencia, los
tutelantes deben acreditar que participaron en el respectivo proceso en calidad de
demandados, demandantes o terceros y que, por ende, les asiste un interés legítimo.
La Corte fija esta regla por las siguientes razones.

116. Primero, la regla expuesta en la sentencia T-1337 de 2001 y reiterada en las T-358 de
2002, T-516 de 2014 y T-066 de 2015 fue creada para aquellos asuntos en los que se discute
la vulneración de los derechos a la representación política efectiva y a elegir y ser elegido
por parte de la acción u omisión de entidades distintas a las autoridades judiciales. En efecto,
en ninguno de esos casos se analizó una demanda de tutela contra una providencia judicial.

117. Segundo, la acción de tutela contra providencia judicial es de carácter excepcional. Esto
quiere decir que, en lo que a la legitimación en la causa por activa se refiere, el estudio que
debe realizar el juez de tutela es estricto, en el sentido de que, en principio, una providencia
judicial que resuelve un caso concreto surte efectos entre las partes. Esto implica que, en
principio, sólo quienes participaron dentro del correspondiente proceso judicial, o aquellos
que debiendo haber sido llamados al trámite no lo fueron, estarían legitimados para reclamar
la vulneración de sus garantías fundamentales a causa de una decisión judicial.

118. Tercero, el artículo 228 de la Ley 1437 de 2011 establece la forma de intervención de
terceros en los procesos electorales al disponer que “cualquier persona puede pedir que se
la tenga como impugnador o coadyuvante”. Dicho artículo fija como término máximo para su
postulación el día previo a la celebración de la audiencia inicial. En consecuencia, los
ciudadanos cuentan con la posibilidad de solicitar su participación en los procesos de nulidad
electoral en los que tengan interés y poner en conocimiento del juez natural, los argumentos
que consideren relevantes.

119. Cuarto, el medio de control ordinario, instituido para la revisión de la legalidad de los
actos de elección, es en efecto, la nulidad electoral, el cual es eficaz para garantizar la
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos a elegir y ser elegidos y a la
representación política efectiva [854]. En ese sentido, es en dicho escenario en el que se
deben ventilar y decidir las distintas posiciones sobre la legalidad del acto de contenido
electoral.

4 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencias del 16.08.18. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. 25000-

23-41-000-2018-00603-01 y del 13.02.20. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 05001-23-33-000-2019-03091-01.
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Demandante: Ana Vallejo Díaz

120. Quinto, quienes participaron en el proceso de nulidad electoral en calidad de
demandados, demandantes o de terceros, son los titulares de los derechos que
eventualmente se puedan ver conculcados en ese proceso. En consecuencia, son
ellos quienes tienen legitimación en la causa para presentar la acción de tutela contra
la decisión adoptada por el juez».
(Se destaca)

Como fundamento de la presente acción la señora Ana Vallejo Díaz alega que el
Tribunal Administrativo del Meta incurrió en mora judicial, porque en el proceso de
nulidad electoral con radicado 50001-23-33-000-2022-00121-00 han transcurrido más
de 6 meses desde su admisión y al ser de única instancia, ya debió haberse proferido
sentencia.

Al respecto, la Sala observa que, aunque la actora no está cuestionando una decisión
de carácter definitivo en el marco del proceso electoral, no puede desconocerse que
dentro de la motivación para establecer la aludida regla de unificación, contenida en
la sentencia SU-329 de 2024 de la Corte Constitucional, resulta claro que solo les
asiste legitimación en la causa por activa para ejercer acción de tutela a « quienes
participaron en el proceso de nulidad electoral en calidad de demandados, demandantes o de
terceros» por ser «los titulares de los derechos que eventualmente se puedan ver
conculcados en ese proceso».

A partir del anterior criterio, para la Sala de Decisión resulta claro que la señora Ana
Vallejo no acreditó el presupuesto de legitimación en la causa por activa para ejercer
la presente acción de tutela para alegar la vulneración de derechos fundamentales
propios en un trámite procesal en el que no acreditó ser parte, obrar como tercera
interesada o coadyuvante, siendo esta una facultad que le confiere el artículo 228 de
la Ley 1437 de 20115.

En suma, en el presente caso la señora Ana Vallejo Díaz carece de legitimación en la
causa por activa para alegar la vulneración de derechos fundamentales propios por la
presunta mora judicial del Tribunal Administrativo del Meta.

No ocurre lo mismo en relación con los cargos que alega respecto de la decisión que
negó la solicitud que elevó ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta para
iniciar vigilancia judicial administrativa, pues fue a la aquí actora a quien directamente
se negó la solicitud de vigilancia administrativa, que, es la decisión que cuestiona por
esta vía. Por lo tanto, la Sala pasa a estudiar si se vulneraron los derechos
fundamentales invocados.

ii) De la decisión que negó la apertura del trámite de vigilancia
administrativa

La demandante alegó que el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta vulneró los
derechos fundamentales invocados, porque en auto del 9 de octubre de 2024, la
mencionada entidad resolvió no dar apertura al trámite de vigilancia judicial. A su
juicio, había lugar a iniciar el proceso de vigilancia judicial administrativa por el retraso
presentado en el proceso de nulidad electoral con radicado 50001-23-33-000-2022-
00121-00.

5 “Intervención de terceros en procesos electorales e improcedencia en los procesos de pérdidas de
investidura. En los procesos electorales cualquier persona puede pedir que se la tenga como impugnador o
coadyuvante. Su intervención solo se admitirá hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de celebración de la
audiencia inicial.
En los procesos de pérdida de investidura de miembros de corporaciones de elección popular no se admitirá
intervención de terceros”.
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Demandante: Ana Vallejo Díaz

Al respecto, se tiene que la solicitud de amparo frente a este punto no acredita la
vulneración de derechos fundamentales de la actora y no cuenta con una carga
mínima necesaria para que el juez de tutela pueda advertir con suficiente claridad y
de manera precisa el debate constitucional que pone de presente la accionante en
torno a la vulneración de las garantías fundamentales invocadas, pues la demandante
no identificó de manera razonable la situación por la que, a su juicio, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta vulneró sus derechos fundamentales, lo que
supone la exigencia de una carga mínima de la argumentación.

Lo anterior, porque en el escrito de tutela la parte demandante se limitó a manifestar
de manera genérica que el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta vulneró los
derechos fundamentales con la decisión que negó la apertura del trámite de vigilancia
judicial, con base en que la solicitud encontraba justificación en la mora del proceso
electoral. Sin embargo, pasó por alto explicar las razones por las que la decisión
cuestionada incurre en el desconocimiento de alguna garantía fundamental.

La Sala observa que el 9 de octubre de 2024 el Consejo Seccional de la Judicatura
del Meta para negar la apertura del referido trámite, expuso como fundamento la
siguiente motivación:

«Caso Concreto:

Descendiendo al caso que nos ocupa, tenemos que la inconformidad del quejoso, se
fundamenta en el presunto retraso que se ha presentado en el proceso, puesto que dentro
de las actuaciones relevantes del proceso, deviene el auto de 28 de julio de 2022, proferido
por el Consejo de Estado; sin que a la fecha, se haya emitido sentencia, lo que implica el
desconocimiento de los términos procesales, siendo que se trata de un proceso de Nulidad
Electoral, que no puede exceder de 1 año o 6 meses, según el caso.

Ante este panorama, se procede a analizar el informe rendido por el Magistrado requerido,
así como las actuaciones judiciales registradas en la Sede Electrónica de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo de Colombia SAMAI; encontrando que el asunto en
estudio, se trata de un proceso de Nulidad Electoral, que el 29 de agosto de 2022, fue
acumulado al radicado 50001-23-33-000-2022-00119 00 y luego de haberse resuelto los
impedimentos presentados por los homólogos, le fue asignado al titular del Despacho
vinculado, desde el 19 de octubre de 2023 y en el que desde dicha fecha, se han
adelantado todas las etapas procesales que faltaban por evacuar en el expediente
acumulado, como son solicitudes de nulidad, aclaración de providencias, recusaciones
contra los magistrados y recursos de reposición y apelación; siendo que a la fecha, se
encuentra emitido auto de 5 de agosto de 2024, en el que se dispuso correr traslado de
alegatos de conclusión, para luego continuar con la etapa de fallo, la cual no se ha logrado
alcanzar, en razón a las mencionadas actuaciones procesales; de tal manera que si bien
es cierto, a la fecha, no se ha emitido sentencia, si se han resuelto cada una de las
solicitudes presentadas por los intervinientes; lo que permite evidenciar que el proceso ha
estado activo y se encuentra en trámite para emitir sentencia.

Ahora bien, en la presente Vigilancia Administrativa, se advierte por parte del Magistrado
convocado y se verifica en este trámite que la peticionaria, en su escrito de solicitud no
acredita su condición de veedora ciudadana, ni demuestra que se haya requerido la
actuación de la veeduría ciudadana en este caso; lo que permite vislumbrar que la
peticionaria no es parte en el proceso, ni tampoco tiene un interés legítimo en el asunto
que nos ocupa; por lo que se debe precisar que constituye premisa normativa dentro del
presente trámite, el Acuerdo PSAA11-8716 del 2011 expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura, que reglamentó de carácter permanente orientado a garantizar que la labor
de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se ejerza de manera oportuna y
eficaz, tarea que bien puede iniciarse de oficio o a petición de la parte que demuestre
interés legítimo, quien deberá indicar con claridad las acciones u omisiones específicas en
procesos judiciales singularmente determinados (artículo tercero ibidem).

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Demandante: Ana Vallejo Díaz

LEGITIMACIÓN DENTRO DE LA VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA

Respecto de la legitimación en la causa, el art. 3 del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011,
prevé que la Vigilancia Judicial Administrativa se ejercerá de oficio o a petición de quien
aduzca interés legítimo y recaerá sobre acciones u omisiones específicas en procesos
singularmente determinados. En el caso concreto, se puede establecer la quejosa al no
acreditar su calidad de veedora ciudadana, no está legitimada para activar este
mecanismo administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo tercero del
Acuerdo PSAA11-8416 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo
que se hace necesario exhortar a la peticionaria, para que en lo sucesivo realice un buen
uso de este mecanismo administrativo, en aras de evitar desgastes administrativos
innecesarios que afectan la dinámica de la administración de justicia. Por lo anterior, este
Despacho considera que no existe mérito para dar apertura de Vigilancia Judicial
Administrativa, al no existir interés legítimo de la peticionaria, de conformidad con lo
establecido en el artículo tercero del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, del Consejo Superior
de la Judicatura, por lo que se procederá a dar por terminadas las presentes diligencias y
se ordena el archivo de las mismas, atendiendo lo señalado en el artículo sexto del citado
Acuerdo.»

(subraya fuera de texto)

En ese sentido, se advierte que, el fundamento del Consejo Seccional de la Judicatura
del Meta para negar la apertura del proceso de vigilancia judicial administrativa es que,
una vez recibió los informes del traslado de la solicitud, evidenció que la señora Vallejo
Díaz no cumplía con los requisitos contemplados en el artículo 3 del PSAA11-8716
del 20116, puntualmente, no demostró que tuviera interés legítimo en el proceso del
que reclamaba se iniciara el trámite de vigilancia.

El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta señaló que, aunque la demandante
alegó que ejercía la solicitud en calidad de veedora ciudadana no acreditó de alguna
forma la referida calidad, pues en virtud a lo establecido en el artículo 270 de la
Constitución Política de Colombia, la Ley 850 de 2003, el artículo 100 de la Ley 134
de 1994, el artículo 178 numeral 22 de la Ley 136 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 no
acreditó su calidad, pues, no aportó:

• El documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los
integrantes de la veeduría, documento de identidad, objeto de la
vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia
• El registro del acta de constitución de la veeduría ante la personería
municipal (esto les da legitimidad), o ante la Cámara de Comercio.

De conformidad con lo anterior, se evidencia que el Consejo Seccional de la Judicatura
del Meta se refirió a la norma aplicable, la cual establece como requisito para que
proceda la solicitud de vigilancia judicial administrativa que se demuestre el interés
legítimo para ejercer la solicitud, sin embargo, en el escrito de tutela la actora se limitó

6 Artículo tercero: Formulación de la Solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa. La Vigilancia Judicial

Administrativa se ejercerá de oficio o a petición de quien aduzca interés legítimo y recaerá sobre acciones u
omisiones específicas en procesos singularmente determinados. El impulso oficioso será producto del ejercicio de
las funciones propias de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, principalmente
como consecuencia de las visitas generales o especiales a los despachos judiciales. Cuando la actuación se
promueva a solicitud de interesado, se realizará mediante escrito dirigido al Presidente de la Sala Administrativa
del Consejo Seccional de la Judicatura al que corresponda el despacho requerido; el memorial respectivo deberá
contener el nombre completo y la identificación del peticionario; una relación sucinta de los hechos que configuren
la situación que se debe examinar, con indicación del despacho judicial donde se han producido; él o los procesos
judiciales o actuaciones u omisiones que afectan, debidamente identificados y se acompañarán las pruebas que
tenga quien lo suscribe. Igualmente, se indicará el lugar de notificación del solicitante. El escrito formulado a
petición de parte se recibirá en la Secretaría del Consejo Seccional - Sala Administrativa o en la Oficina de Quejas
y Reclamos de la Secretaría Ejecutiva de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la que previa
radicación, lo remitirá a la autoridad correspondiente para lo de su cargo.»
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Demandante: Ana Vallejo Díaz

a manifestar su inconformidad con el hecho de que se negara su solicitud de vigilancia
judicial, sin señalar de qué manera dicha decisión incurrió en algún defecto, si
desconoció alguna norma aplicable o si la autoridad dejó de valorar alguna prueba
que acreditara el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo tercero del
Acuerdo PSAA11-8416 de 2011.

En este sentido, resulta claro que la parte actora no identificó de manera razonable
los fundamentos en que sustenta la vulneración invocada, que permitan al juez
constitucional habilitar el estudio de fondo de la tutela, pues, como se vio la señora
Vallejo Díaz se limitó a enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sin
argumentar de qué forma la decisión objetada incurrió en un yerro procesal y sin que
de dichos argumentos se pueda extraer de qué manera se configuró la vulneración
alegada.

Si bien, la actora planteó unos interrogantes frente a lo decidido por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta al señalar que cumplió con todos los requisitos
para que se accedieran a la solicitud de vigilancia judicial administrativa, lo cierto es
que, no explicó cuáles serían los requisitos que cumplió o si esos requisitos no fueron
tenidos en cuenta, por el contrario, como se vio, el Consejo Seccional de la judicatura
del Meta fue claro en señalar que la señora Vallejo no cumplió con los requisitos
necesarios para la formulación y trámite de la solicitud en aplicación del artículo 3 del
Acuerdo PSAA11-8716 de 2011.

Es decir, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta realizó el estudio del caso
sometido a su conocimiento, sin embargo, resultado del mismo, negó la apertura del
trámite de vigilancia judicial.

Dicho de otro modo, la actora estaba en la obligación de controvertir las razones de la
decisión que resolvió la solicitud de vigilancia judicial administrativa, sin embargo, en
el escrito de tutela únicamente se limitó a señalar que, dicha solicitud debió ser
tramitada porque existen irregularidades dentro del proceso de nulidad electoral del
que alega se incurrió en mora, pero de ninguna manera demostró la calidad de
veedora con interés legítimo en el asunto para evidenciar que sí era procedente la
apertura del trámite de vigilancia judicial administrativa.

En este punto, es importante recordar que no basta con alegar la posible amenaza o
vulneración de un derecho fundamental para que se habilite la acción de tutela, debe
además demostrarse que en el trámite demandado, en este caso la solicitud de
vigilancia judicial administrativa existió una irregularidad abiertamente contraria a la
Constitución que haga necesaria la intervención del juez constitucional, de manera
que, en el presente caso no se acredita una vulneración de derechos fundamentales,
pues la demandante más allá de señalar su descontento con la decisión no argumentó
de qué manera se incurrió en la vulneración invocada.

En suma, la parte actora solo expuso su descontento frente a la decisión, pero, pasó
por alto, expresar razones que puedan equipararse a la argumentación necesaria para
proceder con el estudio de fondo.

Sin perjuicio de que la actora pueda volver a solicitar la vigilancia judicial administrativa
previa acreditación y cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 3 del
Acuerdo PSAA11-8716 de 2011.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06609-00
Demandante: Ana Vallejo Díaz

Lo anterior es suficiente para concluir que no se encuentra acreditada la vulneración
alegada, por lo que la Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto a las
pretensiones elevadas frente al Consejo Seccional de la Judicatura del Meta.

En suma, en el presente caso se impone, declarar improcedente por falta de
legitimación en la causa por activa de la señora Ana Vallejo Díaz para cuestionar la
mora judicial del proceso de nulidad electoral con radicado 50001-23-33-000-2022-
00121-00 y declarar improcedente la acción de tutela en relación con el trámite de
vigilancia judicial administrativa, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente por falta de legitimación en la causa por activa de la señora
Ana Vallejo Díaz para cuestionar la mora judicial del proceso de nulidad electoral con
radicado 50001-23-33-000-2022-00121-00.
2. Declarar improcedente la acción de tutela en relación con el trámite de vigilancia
judicial administrativa.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado

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