Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06621-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06621-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06621-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
20 de febrero de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06621 00
Accionante: Ricardo Tribín Ferro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06621 00
Accionantes: RICARDO TRIBÍN FERRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Ricardo Tribín
Ferro, en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El señor Ricardo Tribín Ferro solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, “al respeto a la buena fe” y
al buen nombre, que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del
22 de mayo de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, que modificó el fallo del 14 de septiembre de 2011, dictado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda de
controversias contractuales promovida contra la Empresa Territorial para
la Salud en liquidación (ETESA)1, en el sentido de declarar el
1
Quien sucedió a la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. (Ecosalud S.A) y a su vez esta fue
sucedida por el hoy Ministerio de Salud y Protección Social.
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incumplimiento del contrato por parte de la contratante, y de denegar las
demás pretensiones de la demanda2.
1.2. La demanda se presentó con el objeto de que se declarara el
incumplimiento de dicho contrato y en consecuencia se declara
patrimonialmente responsable a ETESA por los daños materiales y morales
ocasionados al demandante.
1.3. El medio de control se fundamentó en que el señor Ricardo Tribín Ferro,
el 5 de marzo de 1996, suscribió el contrato de prestación de servicios
número 015-96 con la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A.
(Ecosalud S.A), que tenía por objeto adelantar un proceso ejecutivo contra
la sociedad Inversiones Keno S.A., la aseguradora Colseguros S.A. y Mapfre
Seguros Generales de Colombia S.A. En dicho contrato se estipuló como
remuneración una suma de dinero y el 7% de la cantidad recaudada con
ocasión al proceso.
Adujo que, como cumplimiento del objeto del contrato presentó demanda
ejecutiva y ejerció la representación judicial de Ecosalud S.A. durante todo
el trámite procesal. Sostuvo que, en sentencia del 16 de agosto de 2006,
el Consejo de Estado, Sección Tercera, ordenó continuar con la ejecución,
según los términos del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil (CPC),
por lo que el proceso ejecutivo se adelantó hasta la liquidación del crédito.
Manifestó que el 28 de marzo de 2008 el jefe de la oficina jurídica de ETESA
presentó memorial ante el Consejo de Estado, en el que otorgó poder a otro
abogado para que continuara con la representación judicial de la empresa
dentro del trámite del proceso ejecutivo, lo que resultó en la revocatoria
tacita del poder a él otorgado, esto, a su juicio, fue una acción abusiva al
no haber sido justificada, y que dicha actuación le ocasionó daños morales
y materiales.
2
Proceso que se identificó con el radicado 25000-23-26-000-2010-00092-01 (42.677).
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1.4. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, quien mediante sentencia
del 14 de septiembre de 2011, denegó las pretensiones de la demanda
con fundamento en que la cláusula que fijó el pago del 7% estaba
condicionada a lo que se lograra recuperar en el proceso ejecutivo, y como
este terminó de manera anormal —porque el Consejo de Estado, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en el
expediente 1996-117713, declaró la nulidad de los actos administrativos
que fueron referenciados como parte del título en la demanda ejecutiva—
no se recaudó suma alguna, por lo que no se cumplió la condición
establecida en la cláusula del contrato número 015-96.
1.5. Contra la anterior decisión, el demandante presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, a través de sentencia del 22 de mayo de 2024, la cual
modificó el fallo de primera instancia en el sentido de declarar que ETESA
incumplió el contrato número 015-96 del 5 de marzo de 1996, suscrito
por el demandante y Ecosalud S.A., y de denegar las demás pretensiones
de la demanda, al considerar que el demandante no demostró la
configuración de un daño que debiera ser indemnizado.
1.6. El accionante adujo en la tutela que la providencia de segunda instancia
incurrió en defecto fáctico al no tener en cuenta que él cumplió de manera
exitosa el objeto del contrato, y que el recaudo estaba garantizado, pues
las aseguradoras contaban con la suficiente solvencia para realizar el pago.
Adujo que el fallo no tuvo en cuenta que en el proceso estaba demostrada
la mala fe en la que incurrió ETESA al revocar el poder a él conferido sin
mediar justificación alguna. Agregó que los actos administrativos que se
emplearon como parte del título ejecutivo fueron anulados por incurrir en
vicios que únicamente imputables son a la autoridad que los profirió, y no
a quien actuó como apoderado y, en tal sentido, la decisión cuestionada
3
No se indica la fecha de la decisión de nulidad y restablecimiento del derecho.
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premió a la entidad por su propia culpa. Por lo tanto, sostuvo que la decisión
objeto de tutela desconoció la prohibición de alegar la propia culpa.
Además, sostuvo que en el proceso ejecutivo actúo confiando en la
legalidad de los actos administrativos objeto de ejecución, y que, en su
sentir, “se defrauda y se condena a perder su trabajo en beneficio del
infractor", con lo que consideró vulnerada la regla del respeto del acto
propio, pues la autoridad infundió confianza sobre sus actos administrativos
y después actúo en sentido contrario para desconocerle sus derechos.
1.7. Manifestó que la providencia objeto de debate incurrió en defecto
sustantivo, por no dar aplicación a los artículos 1546 y 2184 del Código
Civil, que le otorgaban derecho a la remuneración estipulada y a la
indemnización de perjuicios.
1.8. Sostuvo que la decisión atacada incurrió en desconocimiento del
precedente fijado en la sentencia del 6 de septiembre de 2001, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, dentro del proceso con
radicación 66001 23 31 000 1996 03160 01, que se refirió a “la
independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso,
con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor
de la indemnización del perjuicio moral”4.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, hizo un
recuento de los fundamentos de la decisión, y adujo que la providencia
atacada no incurrió en los defectos alegados por el accionante, en razón
a que se dictó después de realizar un análisis riguroso de las cláusulas del
contrato 015-96 y del material probatorio obrante en el expediente.
Además, manifestó que se fundamentó de manera suficiente en la ley y
la jurisprudencia aplicables.
4
Cita extraída de la demanda de tutela.
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Finalmente, manifestó que lo que se pretende con la tutela es revivir el
debate que ya fue zanjado por el juez ordinario.
2.2. El señor Ricardo Tribín Ferro se pronunció frente al informe que
allegó la autoridad judicial accionada, en el sentido de reiterar los
argumentos relacionados con el incumplimiento del contrato y los
defectos que, a su juicio, se configuraron en la decisión atacada. En
particular, enfatizó que ETESA vulneró el principio de buena fe al invocar
la ilegalidad de su propio acto administrativo para negarle el derecho a su
remuneración.
2.3. La Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, vinculados en el auto de admisión, guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. El señor Ricardo Tribín Ferro interpuso demanda de controversias
contractuales contra ETESA con el objeto de que se declarara el
incumplimiento del contrato de prestación de servicios número 015-96
suscrito el 5 de marzo de 1996 con Ecosalud S.A., que tenía por objeto
adelantar un proceso ejecutivo en favor de la empresa, con una
remuneración pactada en la suma equivalente al 7% de la cantidad que se
recaudara en el proceso. Además, solicitó que se declarara
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patrimonialmente responsable a la demandada, y se le condenara a
indemnizarlo por los perjuicios morales y materiales ocasionados.
3.2.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, a través de sentencia del 14 de septiembre de 2011,
denegó las pretensiones de la demanda.
3.2.3. Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso
de apelación y, mediante proveído del 22 de mayo de 2024, el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, la modificó en el sentido de
declarar el incumplimiento del contrato por parte de ETESA, pero de negar
las demás pretensiones de la demanda, al considerar que no se probó el
daño.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación5,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional 6 hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
6
M. P. Natalia Ángel Cabo.
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Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573
de 20197, el alto tribunal explicó que este requisito busca tres objetivos:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.
3.3.1.3. La instancia adicional
7
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
8
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
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La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho 9:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
9
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.2. Caso concreto
En el asunto bajo examen, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas por la parte accionante en la tutela consisten en que, a su
juicio, la sentencia de segunda instancia incurrió en: (i) defecto fáctico
por indebida valoración de las pruebas allegadas al expediente que
demostraban el cumplimiento del objeto contractual por su parte y de la
mala fe en que incurrió la demandada, (ii) defecto sustantivo por no
aplicar los artículos 1546 y 2184 del Código Civil, de los cuales se
desprendía su derecho a recibir la remuneración pactada y a la
indemnización de perjuicios, y (iii) desconocimiento del precedente fijado
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en la sentencia del 6 de
septiembre de 2001, radicación 66001 23 31 000 1996 03160 01.
3.3.2.1. En primer lugar, la Sala advierte que los argumentos expuestos
por el demandante, particularmente en cuanto a la valoración de las
pruebas allegadas al plenario y a la supuesta falta de aplicación de las
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normas que, según alega, le otorgaban el derecho reclamado, constituyen
simplemente la reiteración del debate que ya se agotó en el proceso
ordinario, lo que deja en claro que sólo busca ventilar sus inconformidades
frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre
el caso planteado.
Dicho de otro modo, la parte actora simplemente pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, por lo que es evidente que sólo
quiere acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual es
improcedente este mecanismo excepcional de protección.
3.3.2.2. Frente al desconocimiento del precedente, se advierte que esta
Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202110, sostuvo que en las
acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega el
desconocimiento del precedente se exige, como carga argumentativa
mínima, que se identifiquen: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas
y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la
sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver, y
(iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o
similares.
En el caso sub examine, la parte demandante se limitó a invocar una
providencia de esta corporación, pero sin identificar los problemas
jurídicos que allí se resolvieron y sin efectuar una comparación entre los
hechos estudiados en esos asuntos y el sub lite, para acreditar que las
reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables a su
caso particular.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte accionada, y
que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de controversias contractuales.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
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caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
cuestionar lo resuelto por el juez natural del asunto y a reclamar que no
se decidió de acuerdo con el criterio que le resultaba más favorable.
En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06621 00
Accionante: Ricardo Tribín Ferro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por Ricardo Tribín Ferro contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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