Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06621-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06621-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06621-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06621-01
Accionante: Ricardo Tribín Ferro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia – carga argumentativa – instancia adicional.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 20 de febrero de 2025, por el Consejo de Estado – Sección
Primera, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 2 de diciembre de 2024, el señor Ricardo Tribín Ferro presentó acción de tutela
contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre y buena
fe. Consideró que dichas prerrogativas fueron vulneradas con la expedición del fallo
de 22 de mayo de 20241, dictado al interior del proceso de controversias
contractuales2 que promovió contra la Empresa Territorial para la Salud liquidada
(Etesa)3; cuyo propósito era que se declarara responsable a la demandada por
revocar un poder que le otorgó al señor Tribín Ferro para iniciar un proceso ejecutivo,
y que este último tenía derecho a reclamar la ganancia que esperaba recibir y los
demás perjuicios causados.
2. A través de la referida providencia, el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C modificó la decisión de primera instancia4 de negar las pretensiones
y, en su lugar, declaró que Etesa incumplió el contrato 015-96 pero, denegó el
reconocimiento de perjuicios. Consideró que estaba acreditado que la entidad
decidió terminar unilateralmente el contrato 015-96 mediante la revocatoria tácita del
poder otorgado a Ricardo Tribín Ferro, al otorgar la representación judicial a otro
1 Notificada el 27 de junio de 2024.
2 Radicado 25000-23-26-000-2010-00092-01.
3 Quien sucedió a la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. (Ecosalud S.A) y a su vez esta fue
sucedida por el hoy Ministerio de Salud y Protección Social.
4 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de 14 de septiembre de 2011 negó las
pretensiones de la demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06621-01
Accionante: Ricardo Tribín Ferro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
abogado, por tanto, no existió una causa que justificara tal determinación y, en el
contrato no se pactó nada en relación con las consecuencias de esa terminación ni
se acordó que el mandatario debía asumir los riesgos o consecuencias de esa
decisión. Negó el reconocimiento y pago de perjuicios materiales y morales, por
cuanto no fue posible concluir que el demandante los hubiera demostrado.
3. El actor indicó que la autoridad judicial accionada violó el principio de la buena fe,
y los derechos al debido proceso y trabajo por incurrir en los siguientes defectos:
4. Defecto fáctico: al omitir apreciar las sentencias favorables obtenidas por el
abogado Tribín Ferro en las dos instancias del proceso ejecutivo; e ignoró que el
mandatario cumplió de manera exitosa su obligación contractual, y que el recaudo
ejecutivo estaba garantizado, pues las aseguradoras contaban con la suficiente
solvencia para realizar el pago. Agregó que la accionada no tuvo en cuenta que en
el proceso estaba demostrada la mala fe en la que incurrió Etesa al revocar el poder
a él conferido.
5. Defecto sustantivo: afirmó que las sentencias favorables del proceso ejecutivo
garantizaban el recaudo de la obligación, por lo que al revocarse abusivamente su
mandato Etesa quedó obligada a pagarle la remuneración estipulada e indemnizarle
las pérdidas sufridas por causa de su mandato. En razón a ello, el juez ordinario al
negar las peticiones de condena dejó de aplicar los artículos 1546 y 2184 (numerales
3 y 5) del Código Civil, que le otorgaban derecho a la remuneración estipulada y a la
indemnización de perjuicios.
6. “Violación del principio de buena fe”: el juez ordinario incurrió en dos violaciones
de ese principio, la primera, al permitir que la demandada alegara los vicios de su
acto contra el apoderado a quien encomendó hacerlo efectivo, y quien actuó de
buena fe y cumplió exitosamente su mandato. La segunda, por omitir el hecho de
que al conferirle mandato para exigir ejecutivamente el crédito determinado en un
acto administrativo suyo, la demandada afirmó que el mismo era válido, pero
después para negar la remuneración sostuvo que era nulo; conducta que la autoridad
judicial refrendó, violando el principio de respeto de los actos propios.
7. Por otra parte, continuó diciendo que se vulneraron sus derechos al buen nombre
y a la reparación integral del daño moral, por incurrir en los siguientes yerros:
8.Defecto fáctico: por no advertir que la revocación arbitraria del mandato afectó el
buen nombre del señor Tribín, porque trascendió en el medio profesional y creó
suspicacias sobre los motivos que le asistieron a una entidad para proceder en ese
sentido. También le causó un daño moral porque luego de 10 años de trabajo en los
que cumplió su labor, se le privó de los honorarios de éxito, tema que es sensible
para un apoderado que ha obtenido un resultado favorable después de años de
sufragar unos costos que no alcanzaban a solventarse con los honorarios fijos.
9. Desconocimiento del precedente judicial: al requerirle al demandante que
probara su abatimiento por la frustración de sus derechos a causa de la revocación
arbitraria de su mandato; pues en la práctica tales pruebas serían superfluas, debido
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
a que ya obraba en el proceso material suficiente para acreditar el daño moral y solo
faltaba era la estimación prudente del sentenciador. Por lo que exigir otras pruebas
no es solo un defecto fáctico sino un desconocimiento de su propio precedente,
puntualmente, de la sentencia del 6 de septiembre de 2001, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, dentro del proceso con radicación 66001-23-31-000-
1996-03160-01, que se refirió a la independencia del juez contencioso-administrativo
para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente
juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral.
B. Sentencia de primera instancia
10.
En fallo de 20 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo, al no encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional.
11.
Manifestó que los argumentos expuestos por el demandante, particularmente la
valoración de las pruebas allegadas al plenario y la supuesta falta de aplicación de
las normas que, según alega, le otorgaban el derecho reclamado, constituían
simplemente la reiteración del debate que ya se agotó en el proceso ordinario, lo
que dejaba en claro que sólo buscaba ventilar sus inconformidades frente a las
conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre el caso planteado. Es
decir, a su juicio, la parte actora simplemente pretendía que el juez constitucional
analizara nuevamente la controversia y emitiera una nueva resolución sobre el
particular, evidenciándose una instancia adicional.
12.
Por otro lado, en lo relativo al desconocimiento del precedente, indicó que la parte
demandante se limitó a invocar una providencia de esta Corporación, pero sin
identificar los problemas jurídicos que allí se resolvieron y sin efectuar una
comparación entre los hechos estudiados en esos asuntos y el sub lite, para
acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran
aplicables a su caso particular; por tanto, no cumplió con la carga argumentativa
mínima.
C. La impugnación
13.
La parte accionante reiteró lo dicho en el escrito de tutela, pero de forma sumaria,
e indicó que el juez constitucional de primera instancia desconoció el precedente de
la Corte Constitucional sobre la noción de relevancia constitucional. Citó la sentencia
C-590 de 2005 y expresó que para el juez de primera instancia solo puede acudirse
a este mecanismo de amparo contra las decisiones cimentadas en hechos que no
fueron objeto del proceso, error interpretativo que condujo a la errónea conclusión
dada en el fallo de primera instancia, pues ese no es el entendimiento que la Corte
Constitucional le ha dado al presupuesto de relevancia constitucional.
14.
Por otra parte, indicó que el juez de primera instancia al no pronunciarse sobre las
causales específicas de procedibilidad invocadas le vulneró su derecho de acceder
a la justicia. Finalmente expresó que la Sección Primera de esta Corporación incurrió
en un exceso ritual manifiesto por cuanto impuso a las acusaciones de
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desconocimiento del precedente judicial un formalismo incompatible con la libertad
de formas que es propia de la acción de tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
15.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.
E. Análisis del caso concreto
16. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, en tanto coincide
con la Sección Primera de esta Corporación en que los argumentos esgrimidos
carecen de relevancia constitucional. La mayoría de ellos no se acompaña de una
carga argumentativa suficiente para evidenciar el reproche constitucional alegado; y,
otros, están encaminados a convertir esta solicitud de amparo en una instancia
adicional al proceso ordinario de controversias contractuales.
17. Los yerros que no tienen carga argumentativa son los relacionados con el defecto
fáctico (el primero alegado), el defecto sustantivo, la violación del principio de buena
fe y el desconocimiento del precedente judicial.
18. En su orden, respecto del primer defecto, el actor únicamente indicó que la
autoridad judicial accionada omitió apreciar las sentencias favorables obtenidas por
el abogado Tribín Ferro en las dos instancias del proceso ejecutivo y que no tuvo en
cuenta que en el proceso estaba demostrada la mala fe en la que incurrió Etesa al
revocar el poder a él conferido. Sin embargo, no indicó cuál era la importancia,
relevancia y potencialidad que tenían los mencionados fallos para cambiar la
decisión objeto de debate; así como tampoco señaló, siquiera de forma sumaria, con
cuál material probatorio estaba probada la mala fe de la demandada del proceso
ordinario. Tampoco considera en su argumentación que en la providencia
cuestionada se declaró el incumplimiento contractual, cosa diferente es que no se
acreditaran los perjuicios, frente a lo cual no se indica en qué medida los documentos
señalados aportan elementos de juicio relevantes para arribar a otra conclusión
respecto a ese tópico.
19. En el segundo defecto, el señor Tribín Ferro expresó que la entidad accionada al
negar las peticiones de condena dejó de aplicar los artículos 1546 y 2184 (numerales
3 y 5) del Código Civil, que le otorgaban derecho a la remuneración estipulada y a la
indemnización de perjuicios. Pese a ello, no argumentó el motivo por el cual las
normas aplicadas por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C en la
decisión acusada no estaban acordes al debate planteado y/o eran inaplicables al
caso concreto, ya sea porque perdieron vigencia, eran inconstitucionales o, el
contenido de la disposición no tenía conexidad material con los presupuestos de la
5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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discusión; ni explicó por qué las traídas a colación por él eran pertinentes para
solución del problema jurídico planteado.
20. En lo concerniente con el tercer yerro relativo a la violación del principio de buena
fe; al realizar una revisión de las pruebas allegadas al plenario, se visualiza que la
entidad demandada en el proceso ordinario no alegó vicios contra sus propios actos
para negarle la remuneración al actor, pues aquella invocó la caducidad de la acción
y la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser parte del contrato suscrito
con el señor Tribín Ferro. Por ende, es claro que esos reproches son contrarios a la
realidad por no corresponder con lo verdaderamente indicado por la parte pasiva
dentro del proceso ordinario de controversias contractuales.
21. Sumado a lo anterior, se observa que fue el Consejo de Estado – Sección Tercera
– Subsección C quien indicó, al momento de analizar la indemnización genérica, que
no era posible reconocerle al demandante el 7% solicitado sobre la liquidación del
crédito que realizó el Tribunal, ya que estaba acreditado que en la providencia del 4
de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro
del proceso ejecutivo 1996-2052, se indicó que el mismo no podía continuar con la
etapa de ejecución porque el Consejo de Estado había declarado la nulidad de los
actos administrativos que fueron aducidos por la ejecutante como parte del título
ejecutivo complejo, dándose una terminación “anormal” del proceso.
22. Por lo que concluyó que las gestiones del abogado no hubieran garantizado el
recaudo de recursos en favor de la entidad, ya que el trámite terminó porque en un
proceso judicial distinto, en el que el demandante no era el apoderado, se anuló el
título que servía de fundamento a las pretensiones de la demanda ejecutiva. En tal
sentido, aun cuando se hubiera permitido al apoderado terminar su labor -culminar
el proceso -, lo cierto era que la anulación del título hubiera impedido cualquier
posibilidad de pago en favor de la entidad demandada, por lo que ningún daño sufrió
el apoderado con ocasión de la terminación del contrato de mandato, puntualmente
respecto al porcentaje que se pactó como honorarios.
23. Por lo anterior, para esta Sala es visible que los argumentos esgrimidos por el
señor Tribín Ferro relativos a la presunta violación del principio de buene fe carecen
de cualquier tipo de sustento y justificación; debido a que simplemente no
corresponden con la realidad de lo aducido por la autoridad demandada en el
proceso ordinario y; aunque medianamente se entiende que su censura está
relacionada con los argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado en el fallo
acusado, el actor no brindó ninguna explicación para demostrar el motivo por el cual
la tesis de la autoridad judicial accionada es errada, contraria a derecho o a la verdad,
o arbitraria.
24. Finalmente, frente al último defecto relativo a que en el proceso hay suficiente
material que prueba el daño moral y que exigir otra prueba va contra el propio
precedente la Corporación, puntualmente, de la sentencia del 6 de septiembre de
2001. Se observa que el señor Tribín no indicó cuáles son las pruebas que
demuestran el perjuicio solicitado, ni la importancia que tiene cada una de ellas para
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cambiar la decisión objeto de litigio. Así como tampoco expresó el motivo por el cual
la decisión judicial referenciada constituye precedente aplicable al asunto, es decir,
si guarda similitud fáctica y de problemas jurídicos con el suyo, ni tampoco cuál fue
la ratio decidendi desconocida.
25. En este punto, se le aclara al actor que, contrario a lo expresado en su escrito de
impugnación, el juez constitucional de primera instancia y ahora este, no están
exigiendo formalismos incompatibles a la acción de tutela. Pues ha sido pacífica
dentro de esta Corporación la postura relativa a que, en este tipo de acciones,
cuando se cuestiona una providencia judicial, no basta con que la parte accionante
enuncie los derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que a su sentir
incurrió la autoridad accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es
decir, tener una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia
las razones y motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de
desvalor de los derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y
definición que ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir
el derecho y, se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración; de no ser
así, toda providencia judicial que desestima una demanda o accede a las
pretensiones, materialmente sería transgresora de los derechos fundamentales de
la parte vencida.
26. Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, construir, ni adecuar los cargos alegados contra la providencia judicial
acusada, el juez de tutela no puede proceder a ello de forma supletiva.
27. Por otra parte, respecto de los argumentos relativos a que la revocación arbitraria
del mandato afecta el buen nombre del señor Tribín; presentado como uno de los
defectos fácticos alegados en el escrito de tutela. Esta Subsección advierte que el
actor pretende continuar con el mismo debate de forma indefinida para que su
postura prime sobre la del operador judicial, buscando convertir la solicitud de
amparo en una instancia adicional del proceso ordinario.
28. Lo anterior es evidente, debido a que el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C estudió lo atinente al daño moral y, sostuvo que no se demostró su
ocurrencia, tampoco fueron cuantificados, ni quedaba claro cómo la terminación del
mandato pudo causar un deterioro a los sentimientos del apoderado.
29. Por lo que el hecho de que el actor siga insistiendo en que la revocación arbitraria
del mandato por parte de la entidad demandada del proceso ordinario le generó un
perjuicio moral, pese a que el juez natural expresó -con una argumentación
razonable- que no estaba demostrada su configuración, sólo denota una
inconformidad del actor por haber obtenido una decisión adversa a sus intereses,
pero no una verdadera lesión de los derechos fundamentales invocados.
30. Por último, se logra entrever que el fin último del accionante con este mecanismo
constitucional es meramente económico; pues cada uno de sus reparos tiene una
relación intrínseca con la decisión de no reconocerle la indemnización, ya sea la
genérica o el daño moral; puntos respecto de los cuales la autoridad judicial fue clara
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
en señalar que no se contaba con elementos probatorios que los acreditaran; y en
esta acción de tutela, más allá de brindar razones para evidenciar una postura
caprichosa respecto a ese aspecto y señalar las falencias en el análisis de pruebas
específicas debidamente aportadas al proceso, el accionante se decantó por
exponer censuras sobre aspectos generales e insistir en que debieron reconocerse
los perjuicios y que los mismos se causaron; sin atacar en forma específica las
razones que determinaron a la autoridad judicial a decidir sobre ese tópico en el
sentido que lo hizo.
31. Así las cosas, la Sala encuentra que el fallo acusado en esta sede encuentra
sustento en el principio de libre valoración judicial, independencia y autonomía del
juez, y antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el
resultado de una interpretación razonable del material probatorio aportado al
proceso, confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban
aplicables al caso. En los términos precedentes, la Sala estima que el debate
propuesto en la demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una
afectación a algún derecho fundamental.
32.
Por lo expuesto anteriormente, se confirmará la sentencia de 20 de febrero de
2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera.
33.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de febrero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Primera.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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