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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06623-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06623-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición formulado el 28 de octubre de 2024 por Jorge Ernesto Andrade, respecto la Presidencia de la República, la Contraloría General de la República, la Contraloría General de Santiago de Cali, el Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición invocado por Jorge Ernesto Andrade, frente al Consejo Superior de la Judicatura y la Personería Municipal de Santiago de Cali. TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura y a la Personería Municipal de Santiago de Cali que, en el término cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, den respuesta en 28 Folio 10 del documento denominado “23EnviodeNotifi_Notificacionpdf(.pdf) NroActua 9”, que obra en el índice 9 del expediente 11001031500020240662300 de Samai. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00 Accionante: Jorge Ernesto Andrade Accionado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia) debida forma a Jorge Ernesto Andrade sobre la solicitud presentada el 28 de octubre de 2024. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. QUINTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06623-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: JORGE ERNESTO ANDRADE
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE RESPUESTA A UNA PETICIÓN – Solicitud
de información sobre el presupuesto destinado a la Justicia de Paz y que se ordene la
compra de algunos implementos / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN – Se
configuró / RESPUESTA A LA PETICIÓN – El Ministerio de Justicia y del Derecho y la
Personería Municipal de Santiago de Cali omitieron dar respuesta a la petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por Jorge Ernesto Andrade, de conformidad con el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda1

1. El 25 de noviembre de 20242, Jorge Ernesto Andrade, actuando en nombre
propio, presentó demandade tutela3 en contra de la Presidencia de la República, el
Congreso de la República – “Comisión de presupuesto de la Nación”, el Consejo
Superior de la Judicatura, “la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Valle
del Cauca” y la Personería Municipal de Santiago de Cali, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso.

Hechos relevantes

2. El accionante señaló que la Rama Judicial, en cabeza del Consejo Superior de
la Judicatura, presenta anualmente a la Presidencia de la República un presupuesto

1
Documento denominado “2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2”, que obra en el índice 2 del expediente
11001031500020240662300 de Samai.
2
Acta de reparto, visible en el documento denominado “1ED_ActaReparto(.jpg) NroActua 2”, que
obra en el índice 2 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.
3
Inicialmente, la demanda fue repartida a la Oficina de Reparto Judicial de Cali, sin embargo,
mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2024, ésta fue remitida al Consejo de Estado, de
conformidad con el Decreto 333 del 2021.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

para que éste sea aprobado por el Congreso de la República. Además, indicó que,
dentro de dicho presupuesto, se debe incluir un gasto destinado a la justicia de paz.

3. Agregó que él, en su condición de juez de paz, lleva cerca de 15 años prestando
servicios de manera gratuita y hasta la fecha desconoce en qué se invierten los
recursos destinados al fortalecimiento de la justicia de paz. Asimismo, indicó que
nunca ha visto que el Consejo Superior de la Judicatura y la “dirección ejecutiva de
administración judicial del valle del cauca” (sic) hayan invertido algún recurso en la
referida jurisdicción.

4. Manifestó que actualmente existen cerca de 108 jueces de paz y de
reconsideración, quienes requieren que el dinero destinado a la justicia de paz sea
invertido en suplir necesidades de papelería, celulares, insumos de oficina,
chalecos, maletines, escritorios, aires acondicionados, entre otros elementos.

5. Por todo lo anterior, el 28 de octubre de 2024, el actor presentó una petición
denominada “Solicitud de presupuesto que asignan JUSTICIA DE PAZ (sic). Ley
497 de 1999”, dirigida a la Presidencia de la República, la “Contraloría General de
la Nación”, la “Contraloría General de Santiago de Cali”, el Congreso de la República
– “Comisión de presupuesto de la Nación”, el Consejo Superior de la Judicatura, la
“Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Valle del Cauca” y la Personería
Municipal de Cali.

6. En su solicitud, el accionante pidió a las entidades: (i) información acerca del
presupuesto anual destinado al fortalecimiento de la justicia de paz en la ciudad de
Santiago de Cali; (ii) que se ordene la compra de elementos tales como celulares,
chalecos, archivadores, fotocopiadoras, entre otros, y que sean entregados a cada
juez de paz y de reconsideración; (iii) información acerca del lugar en donde está
depositado el presupuesto para la justicia de paz, “en que (sic) banco está
acumulando intereses y para quien (sic) son los intereses” y la razón por la que no
se le ha entregado dicho presupuesto a los jueces de paz y de reconsideración.
Además, en la petición, el accionante aseguró que los jueces de paz son
maltratados y discriminados en el ejercicio de sus labores.

Pretensiones

7. El accionante solicita lo siguiente (transcripción literal, con posibles errores
incluidos):

“Dentro del articulos (sic) 21 de la ley 1755 de 2015, en donde dentro de la rama
judicial (sic) en colombia (sic), esta (sic) el consejo superior de la judicatura (sic),
tambien (sic) esta otra entidad direccion (sic) ejecutiva de administracion (sic)
judicial del valle del cauca (sic), que se le ordene a esta entidad realizar las
compras y (sic) insumos destinoas (sic) del presupuesto para la JUSTICIA DE
PAZ, como lo explique (sic) dentro de los hechos de esta presente (sic) accion
(sic) de tutela, para que compren todos los mencionados y se haga efectiva la
entrega de estos importantes mobiliario de oficinas y dotacion (sic) a la justicia
de paz y lo mismo la entrega de los insumos para que nosotros los jueces de

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

paz, prestemos un mejor servicio a la comunidad de la ciudad de santiago de cali
(sic) y en algunos municipios en donde no hay JUSTICIA DE PAZ, posamos (sic)
prestar un mejor servicio en gratuidad”.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. En el encabezado de su escrito de demanda, la parte accionante indicó como
“asunto” la vulneración de sus derechos fundamentales de petición y al debido
proceso. No obstante, a lo largo del documento no indicó en qué consiste la alegada
violación de derechos, sino que únicamente se limitó a relatar una serie de
necesidades que, presuntamente, tienen los jueces de paz de la ciudad de Santiago
de Cali, y se refirió a la presentación de una petición ante varias entidades, sin hacer
ninguna precisión acerca de si recibió o no una respuesta a su solicitud.

9. En vista de lo anterior, se tendrá como fundamento de la acción de tutela la
alegada vulneración de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso,
en el marco de la única actuación administrativa cuya existencia se advierte a partir
del escrito de demanda y sus anexos, esto es, la petición presentada por parte del
accionante ante diversas entidades y el trámite que se le dio a la misma.

Trámite de la demanda de tutela

10. Mediante auto del 6 de diciembre de 20244, este despacho dispuso: (i) admitir
la demanda de tutela en contra de la Presidencia de la República, “el Congreso de
la República (Comisión del presupuesto de la Nación)”, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del
Cauca, la Personería Municipal de Santiago de Cali, la Contraloría General de la
República y la Contraloría General de Santiago de Cali; (ii) notificar a todas las
accionadas, con el fin de que rindieran informe acerca de las actuaciones
relacionadas con los hechos descritos por el accionante, frente a los cuales alega
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales; (iii) notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y (iv) tener como pruebas las arrimadas
con el escrito de demanda.

11. La Presidencia de la República5 contestó la demanda de tutela, manifestando
que, a través del oficio OFI24-00215368 / GFPU 13150001, del 30 de octubre de
2024, remitió la solicitud del accionante, por competencia, al Ministerio de Justicia y
del Derecho para que brindara al peticionario una respuesta de fondo. Por tal razón,
el 16 de enero de 2025 se profirió auto, en el que se ordenó vincular como parte
accionada al Ministerio de Justicia y del Derecho, y se le concedió el término de dos
(2) días para que ejerciera su derecho de defensa.

4
Documento denominado “10Autoqueadmite_220240662300ADMITEVF(.pdf) NroActua 6”, que obra
en el índice 6 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.
5
Documento denominado “OFI24-00241691 GFPU”, contenido en la carpeta denominada
“32RECIBEMEMORIAL_RV_20240662300zip(.zip) NroActua 15”, que obra en el índice 15 del
expediente 11001031500020240662300 de Samai.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

Intervenciones

12. La Contraloría General de Santiago de Cali6 señaló que no ha vulnerado
algún derecho fundamental del accionante. Asimismo, en atención a que la
pretensión de la demanda consiste en que se ordene la compra de unos
implementos para los jueces de paz, aseguró que esa entidad, con fundamento en
la normativa legal y constitucional, no puede coadministrar ni mucho menos
intervenir en las decisiones administrativas de la Presidencia de la República, el
Congreso de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la “Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Valle del Cauca”, o la Personería Municipal
de Santiago de Cali. Además, indicó que sus funciones se limitan a las detalladas
en la Resolución Reglamentaria N.º 1000.30.00.23.040 del 4 de julio de 2023, las
cuales deben ser ejercidas de forma posterior y selectiva, de manera que la entidad
no puede interferir ni invadir la órbita de competencias de las demás autoridades
administrativas. Por todo lo anterior, aseguró que no tiene “injerencia en el presente
asunto”, por lo que solicitó su desvinculación del trámite de la referencia.

13. La Secretaría General del Senado de la República7 señaló que, mediante
Oficio SGE-CS-5834-2024, dio contestación a la petición presentada por el actor,
advirtiendo que la responsabilidad de dar una respuesta íntegra a su solicitud
corresponde a la Rama Judicial. En ese sentido, argumentó que está claro que
cualquier petición debe ser resuelta de fondo y oportunamente, pero eso no implica
necesariamente que la respuesta deba acceder a lo solicitado por el peticionario.
De otro lado, manifestó que, si bien el Congreso de la República aprueba el
presupuesto general de la Nación en cada vigencia, también es cierto que la Rama
Judicial goza de autonomía para preparar el anteproyecto de presupuesto y, luego,
para ejecutarlo, aunado a que el Gobierno Nacional es el que tiene la iniciativa
presupuestal y es el responsable de la política económica. También adujo que de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 497 de 1999, es al Consejo Superior de la
Judicatura al que le corresponde incluir dentro del proyecto de presupuesto de la
Rama Judicial, las partidas necesarias para la financiación de la Justicia de Paz.
Finalmente, precisó que la demanda no cumple con el requisito de subsidiariedad,
pues lo que se pretende es que se ordene la ejecución de unos recursos, para lo
cual el accionante puede acudir a otros mecanismos dispuestos en el ordenamiento
jurídico. En suma, pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, que
se le desvincule del proceso y que se niegue cualquier pretensión en su contra.

14. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del
Cauca8, informó que el 5 de noviembre de 2024 el accionante presentó una petición
similar a la del 28 de octubre de ese mismo año, formulando una serie de
interrogantes en torno a unas impresoras y unos kits de papelería, frente a la cual

6
Documento denominado “11_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
5CONTESTACIONTUTE(.pdf) NroActua 10”, que obra en el índice 10 del expediente
11001031500020240662300 de Samai.
7
Documento denominado “22RECIBEMEMORIAL_1227tutelapdf(.pdf) NroActua 12”, que obra en el
índice 12 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.
8
Documento denominado “28RECIBEMEMORIAL_RESPUESTATUTELA20240(.pdf) NroActua 13”,
que obra en el índice 13 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

también cursa actualmente una acción de tutela. Advirtió que mediante el Oficio
DESAJCL24-5930 del 20 de noviembre de 2024, dio respuesta de fondo, de manera
conjunta, a las peticiones presentadas por el accionante el 28 de octubre y el 5 de
noviembre de 2024. Señaló, además, que el demandante no acreditó su calidad de
juez de paz, por lo que sugiere que se estudie su legitimación en la causa por activa.
Por último, aseguró que esa entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno,
sino que, por el contrario, cumplió con sus deberes de emitir la respuesta de fondo
que ameritaba la petición allegada. Así, solicitó que se “niegue la acción de tutela
por improcedente”.

15. La Comisión Cuarta del Senado de la República9 pidió que se declare su
falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, argumentó que la petición
a la que se hizo alusión por parte del demandante no fue allegada a esa comisión.
Adicionalmente, explicó que, dada su naturaleza y las funciones que le han sido
asignadas, esa dependencia tiene la responsabilidad de debatir y aprobar el
proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Nacional, pero no ejecuta
directamente recursos ni administra presupuesto alguno. En esa línea, se refirió a
la sentencia C-192 de 2006, para indicar que las comisiones del Congreso de la
República cumplen una función legislativa y de control político, pero no son
responsables de la ejecución presupuestal. Por último, hizo alusión al artículo 20 de
la Ley 497 de 1999, y puso de presente que es a la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca a la que le corresponde solicitar y
asignar el presupuesto para el buen funcionamiento de esa rama del poder público.

16. La Presidencia de la República10 aseguró que, a través del Oficio OFI24-
00215366 / GFPU 13150001 del 30 de octubre de 2024, dio respuesta a la petición
del accionante. En dicha comunicación, explicó que, por considerar que no era la
autoridad competente para resolver la solicitud del accionante, dio traslado de la
misma al Ministerio de Justicia y del Derecho, por medio del Oficio OFI24-00215368
/ GFPU 13150001 del 30 de octubre de 2024. Asimismo, sostuvo que la Rama
Judicial tiene autonomía presupuestal, lo que significa que tiene independencia para
gestionar y asignar sus recursos financieros sin la intervención de otras ramas del
poder, de modo que la Presidencia de la República no tiene potestad para
inmiscuirse en los asuntos presupuestales de la Rama Judicial. En ese orden,
aseguró que los reclamos y solicitudes del accionante son competencia de otras
entidades, lo cual implica que esa entidad carece de legitimación en la causa por
pasiva. Por lo expuesto, pidió que se le desvincule del presente trámite o que se
declare la improcedencia del amparo y, subsidiariamente, que se nieguen las
pretensiones de la demanda.

9
Documento denominado “30RECIBEMEMORIAL_RESPUESTATUTELApdf(.pdf) NroActua 14”,
que obra en el índice 14 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.
10
Documento denominado “OFI24-00241691 GFPU”, que hace parte de la carpeta comprimida
denominada “32RECIBEMEMORIAL_RV_20240662300zip(.zip) NroActua 15”, que obra en el índice
15 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

17. El Ministerio de Justicia y del Derecho11 solicitó su desvinculación del
presente trámite, en tanto que carece de legitimación en la causa por pasiva. Al
respecto, sostuvo que, mediante Oficios MJD-OFI24-004971 y MJD-OFI24-
0049474 del 12 de noviembre de 2024, realizó traslado de la petición del accionante
al Consejo Superior de la Judicatura, por considerar que ésta última es la autoridad
competente para brindar al peticionario una respuesta de fondo. Además, indicó
que, en múltiples ocasiones se ha dado respuesta a peticiones y se ha rendido
informe por acciones de tutela que han sido presentadas por el mismo accionante,
en torno a temas similares al de la presente acción constitucional. Agregó que, el
objeto de la petición no está relacionado con las facultades misionales y las
obligaciones asignadas a esa entidad. En cambio, señaló que la petición sí está
relacionada con las competencias asignadas a la Rama Judicial en la Ley 270 de
1996, por lo que sería esa entidad la llamada a atender los pedimentos del actor.

18. Las demás partes e intervinientes guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

19. A continuación, la Sala examinará si la acción de tutela presentada por el
accionante satisface los requisitos de procedibilidad, a saber: (i) legitimación en la
causa por activa, (ii) legitimación en la causa por pasiva, (iii) inmediatez y (iv)
subsidiariedad.

Legitimación en la causa por activa y por pasiva

20. La legitimación en la causa por activa es la figura por la cual se reconoce el
interés jurídico directo que tiene una persona para presentar una acción de tutela
ante un juez y solicitar la protección de sus derechos fundamentales, cuando estos
han sido vulnerados o amenazados12. En ese marco, la Corte Constitucional ha
entendido que, cuando se ejerce la acción de tutela por la presunta vulneración del
derecho de petición, la legitimación por activa recae en todo aquel que, en su
oportunidad, haya presentado un escrito de petición ante una autoridad o un
particular, y posteriormente alegue la vulneración o amenaza de su derecho13.

21. Lo expuesto reviste particular importancia, en tanto que, la Dirección Seccional
de Administración Judicial del Valle del Cauca, al rendir su informe en el trámite de
la referencia, pidió que se analizara la legitimación en la causa del accionante,
puesto que éste no había acreditado su condición de juez de paz. Sobre este punto,
la Sala advierte que no es necesario tener la calidad de juez de paz para elevar una
petición ante cualquier autoridad pública, ni mucho menos lo es para ejercer la
acción de tutela por el derecho fundamental de petición, pues, como quedó visto, la

11
Documento denominado “48RECIBEMEMORIAL_MJDOFI250001739pdf(.pdf) NroActua 24”, que
obra en el índice 24 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-321 de 2020.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-817 del 2000.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

legitimación por activa en casos como este solo exige que se haya presentado una
petición y que se invoque la violación o amenaza del derecho.

22. En el presente caso, la acción de tutela fue interpuesta por el señor Jorge
Ernesto Andrade, quien es el titular de los derechos fundamentales -petición y
debido proceso- presuntamente vulnerados por las accionadas. En efecto, el
accionante es quien presentó los derechos de petición el día 28 de octubre de 2024,
mediante los cuales solicitó información acerca del presupuesto destinado a la
justicia de paz, así como la compra y entrega a los jueces de paz de algunos
implementos para el desarrollo de sus funciones.

23. De otro lado, la Presidencia de la República, el Congreso de la República, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Seccional de Administración Judicial
del Valle del Cauca, la Personería Municipal de Santiago de Cali, la Contraloría
General de la República y la Contraloría General de Santiago de Cali, cuentan con
legitimación en la causa por pasiva, pues son las entidades frente a quienes el
accionante dirigió su petición.

Inmediatez

24. De acuerdo con la información suministrada dentro del expediente de tutela,
la parte accionante satisfizo el requisito, pues la petición se realizó el 28 de octubre
de 2024, mientras que la acción de tutela se interpuso el 25 de noviembre de 2024,
por lo cual ha transcurrido un tiempo razonable.

Subsidiariedad

25. En relación con el requisito de subsidiariedad, el Decreto 2591 de 1991, indica
que la persona que acuda ante el juez de tutela, deberá agotar los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su disposición.

26. En el presente caso, la Sala advierte que el accionante no cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial para obtener la protección de sus derechos
fundamentales de petición y al debido proceso, razón por la cual procederá al
estudio de fondo del caso.

Sobre el derecho fundamental de petición

27. El artículo 23 superior indica que toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas ante las autoridades y los particulares que ejerzan funciones
públicas, y que las mismas deben ser resueltas de fondo y de manera oportuna,
dentro de los términos dispuestos en la Ley 1755 de 2015, estatutaria del derecho
de petición. Al respecto, el artículo 14 de la referida ley indica que, por regla general,
las peticiones deben resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su
presentación, so pena de sanciones disciplinarias. Existe un término especial, en
los eventos en los que se solicita información o acceso a documentos, pues la ley
prescribe que el término es de diez (10) días hábiles. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y, como consecuencia,
las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

28. En relación con la respuesta oportuna de los derechos de petición, en la
Sentencia C-951 de 2014, la Sala Plena de la Corte precisó que, el derecho de
petición es un instrumento para realizar el principio de la democracia participativa
prevista en la Carta de 1991, pues permite el acceso a información pública de
trascendencia social, por consiguiente el derecho de petición es interdependiente e
indivisible del derecho al acceso a la información, a la libertad de expresión y al
ejercicio de dimensiones políticas de otros derechos fundamentales.

29. En relación con la respuesta de un derecho de petición también se ha indicado
que esta debe ser pronta y debe notificarse adecuadamente al peticionario. En la
sentencia la C-951 de 2014, la Corte Constitucional precisó que las autoridades y
particulares tienen la obligación de responder las solicitudes presentadas por las
personas en el menor plazo posible, sin que este exceda el tiempo legal, interregno
que la Ley 1755 de 2015 fijó en quince (15) días hábiles. La Corte ha comprendido
que el plazo de respuesta del derecho de petición debe entenderse como un tiempo
máximo que tiene la administración o el particular para resolver la solicitud, de modo
que ellos pueden responder la petición antes del vencimiento de dicho interregno14.
Además, en relación con la respuesta de fondo se ha prescrito que las autoridades
y los particulares tienen la obligación de responder de fondo las peticiones de forma
clara, además de precisa15. De igual manera, la Corte16 ha indicado que la respuesta
de los derechos de petición debe observar las siguientes condiciones para que sea
considerada válida en términos constitucionales:

“(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión;
(ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido,
de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición
elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el
interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si
se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la
petición resulta o no procedente”.

30. Ahora bien, la jurisprudencia17 de la Corte también ha precisado que, si al
momento de recibir una petición la autoridad se percata de su falta de competencia,
es su deber comunicárselo al peticionario dentro del término legal previsto y remitir
la solicitud al funcionario competente. De esa forma, se entiende que la entidad ha
dado una respuesta válida a la petición; sin embargo, la responsabilidad de dar una

14
Sentencia T-814 de 2005 y T-101 de 2014.
15
Sentencias T-709 de 2006 y T-013 de 2008. En similar sentido T-149 de 2013.
16
Sentencias T-610 de 2008 y T-814 de 2012.
17
Sentencia T-180 del 2001.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

respuesta de fondo no desaparece, pues, es la entidad a la cual se remitió la petición
la que, en virtud de su competencia, debe dar una contestación satisfactoria dentro
de los quince (15) días posteriores al recibo de la remisión de la solicitud.

Caso concreto

31. En el sub judice, está acreditado que el 28 de octubre de 2024 el accionante
presentó una petición18, en la que solicitó lo siguiente:

32. Asimismo, se observa que, de acuerdo con el encabezado del escrito, la
petición iba dirigida a la Presidencia de la República, la “Contraloría General de la
Nación”, la Contraloría General de Santiago de Cali, “Función Pública”, el Congreso
de la República, la “Comisión de presupuesto de la Nación”, el Consejo Superior de
la Judicatura, “la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Valle del Cauca”
y la Personería Municipal de Santiago de Cali. No obstante, en el plenario
únicamente obra prueba19 del envío de dicho escrito a cuatro de las entidades
mencionadas, a saber: (i) el Congreso de la República; (ii) la Dirección Seccional

18
Ver folio 5 del documento “2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2”, que obra en el índice 2 del expediente
11001031500020240662300 de Samai.
19
Ver folios 7 al 11 del documento “2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2”, que obra en el índice 2 del
expediente 11001031500020240662300 de Samai.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

de Administración Judicial del Valle del Cauca; (iii) la Presidencia de la República y
(iv) la Personería de Santiago de Cali.

33. Bajo este contexto, el examen acerca de la posible vulneración de los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso, se centrará únicamente en revisar
que, las cuatro entidades frente a quienes se presentó la petición, hayan dado un
correcto trámite y hayan resuelto la solicitud del accionante de forma oportuna,
clara, precisa, congruente y consecuente, en los términos descritos en el acápite
anterior.

34. En relación con el Congreso de la República, la Sala observa que, mediante
el Oficio SGE-CS-5834-2024 del 28 de noviembre de 2024, se brindó una respuesta
al peticionario, en el sentido de indicarle que, en razón de la competencia para
atender los asuntos objeto de su solicitud, la misma sería remitida a la Dirección de
Administración Judicial del Valle del Cauca, en los siguientes términos:

35. Adicionalmente, se allegó prueba del Oficio SGE-CS-2635-2024 del 28 de
noviembre de 202420, a través del cual la Secretaría General del Senado de la
República dio traslado a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle
del Cauca de la petición presentada por el accionante. En esa medida, para la Sala
está claro que el Congreso de la República cumplió con su deber de dar una
respuesta al accionante, en tanto que, al advertir su falta de competencia para
responder de fondo la solicitud, procedió a remitirla a la autoridad que estimó
competente, al tiempo que informó al peticionario acerca del trámite impartido a su
petición.

36. En cuanto a la Dirección Seccional de Administración Judicial, también está
acreditado que dio una respuesta a la petición elevada por el accionante. Sobre este
punto, obra prueba del Oficio DESAJCLO24-5930 del 30 de noviembre de 202421,

20
Ver folio 1 del documento denominado “21RECIBEMEMORIAL_02884_241204_230439p(.pdf)
NroActua 12”, que obra en el índice 12 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.
21
Ver documento denominado “26RECIBEMEMORIAL_Respuestaderechosdep(.pdf) NroActua 13”,
que obra en el índice 13 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

que fue comunicado22 en esa misma fecha al peticionario, en el que se le dio una
respuesta de fondo a sus inquietudes, de la siguiente forma (transcripción literal,
con posibles errores incluidos):

“En atención al derecho de petición presentado el 28 de octubre de 2024, en el
cual solicita respuestas concretas por parte de la Contraloría General de la
República, la Contraloría de Cali, la Personería de Cali y el Congreso de la
República, me permito emitir la siguiente respuesta dentro del ámbito de
competencia de la Dirección Seccional, tal como se ha hecho en ocasiones
anteriores en relación con los múltiples derechos de petición que ha presentado.

Es importante señalar que las entidades públicas deben cumplir con la ejecución
presupuestal dentro de su competencia y conforme a las claras reglas de
responsabilidad fiscal. Los presupuestos asignados deben ser destinados de
acuerdo con la especificación puntual que los distribuye, en este caso, desde el
Ministerio de Hacienda al Consejo Superior, del Consejo Superior a la Dirección
Ejecutiva y, finalmente, de la Dirección Ejecutiva a las Direcciones Seccionales.

En virtud de lo anterior, la entrega de elementos para los jueces de paz se realiza
conforme a un estudio de necesidad correspondiente, dentro del marco de
austeridad del gasto público y de acuerdo con reglas claras de orden
administrativo y contractual. En el caso de muebles de oficina y equipos de
cómputo, como se le ha reiterado en respuestas anteriores, deben estar
amparados por las pólizas correspondientes y bajo la responsabilidad de los
entes municipales de administración.

Así, es deber de las entidades públicas velar porque los recursos destinados a
diferentes propósitos no corran riesgos, además de cumplir con los lineamientos
normativos.

Conforme a lo expuesto, el cumplimiento de los requisitos legales para la entrega
de los elementos destinados a los jueces de paz no es un capricho o negligencia
de esta administración. Además, esto no constituye discriminación, odio o
humillación, como usted lo ha manifestado.

Cabe destacar, señor Andrade, que usted es el único juez de paz que ha
expresado sentir un presunto maltrato o discriminación, a pesar de que esta
entidad siempre ha brindado, de manera respetuosa, respuestas a sus
constantes quejas y peticiones. No obstante, en sus escritos ha utilizado
calificativos desobligantes como fraude, detrimento patrimonial y abuso de
autoridad, que no corresponden, de ninguna manera, a la gestión desplegada
por esta dirección.

Asimismo, se ha dado respuesta a las múltiples tutelas que ha presentado desde
el año 2023, de las cuales solo una ha prosperado, y se está adelantando el
trámite pertinente ante la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali para formalizar la
entrega de los equipos de cómputo y muebles que deben instalarse en los
“CALI”. Sin embargo, estos se encuentran a disposición de los jueces de paz,
como se le ha manifestado en los oficios DESAJCLO24-47523 del 20 de
septiembre de 2024, DESAJCLO24-5417 del 28 de octubre de 2024, y en esta
nueva respuesta.

22
Ver documento denominado “27RECIBEMEMORIAL_PANTALLAZOREMISIONRE(.pdf) NroActua
13”, que obra en el índice 13 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

(…)

Así mismo, con relación a la suscripción eventual de un contrato de comodato
de la Dirección Seccional con los jueces de paz, para el presente caso, con
usted, es preciso manifestar que no es viable suscribirlo, toda vez que el mismo,
a efecto de que los muebles queden debidamente asegurados, requieren que el
Distrito de Santiago de Cali, sea quien suscriba el convenio o comodato
correspondiente, como quiera que dichos muebles, deben encontrarse bajo la
responsabilidad de la citada entidad pública, en atención a que el sitio de
utilización debe ser dentro de las instalaciones correspondientes, todo esto en
cumplimiento de los principios de responsabilidad y protección de los recursos
públicos.

En virtud de ello, rechazamos categóricamente el señalamiento de fraude
procesal, presunto detrimento patrimonial, abuso de autoridad, extralimitación de
funciones administrativas etc; porque, contrario a su señalamiento, la exigencia
de suscripción del convenio o comodato correspondiente, es con el fin de dar
cumplimiento a cabalidad a la Constitución, la Ley y, con fin esencial de la
protección de los recursos públicos.”.

Finalmente, respecto al derecho de petición del 28 de octubre de 2024, es
pertinente añadir que, conforme al oficio CSVAO24-1302 del 16 de octubre de
2024, usted no forma parte de la relación de jueces a quienes corresponde la
entrega de dotación, dado que deben cumplir con la totalidad de los requisitos
establecidos.”

37. Visto lo anterior, la Sala considera que la respuesta brindada al accionante por
parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Valle del Cauca
satisface los requisitos de claridad, precisión, congruencia y consecuencia, toda vez
que en ella se abordaron todos los puntos formulados en la petición y además se
tuvieron en cuenta las respuestas que, en ocasiones anteriores, la misma entidad
había dado a peticiones similares presentadas por el mismo ciudadano.

38. En lo que respecta a la Presidencia de la República, se evidencia que dicha
entidad expidió el Oficio OFI24-00215366 / GFPU 13150001 del 30 de octubre de
202423, que fue comunicado al peticionario en esa misma fecha 24, en el que se
expresó lo siguiente (transcripción literal, con posibles errores incluidos):

En atención a su comunicación radicada en esta entidad, en la que indica “(…)
Solicitud de jueces de paz (…)”.

En virtud de lo anterior, de manera atenta, procedo a dar respuesta a su
comunicación en los siguientes términos:

I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del
Poder Público, se han creado entidades que apoyan la gestión del Primer
Mandatario; en ese orden los ministerios, Departamentos
Administrativos, las entidades adscritas y vinculadas y las sociedades de

23
Ver documento denominado “35_MemorialWeb_Anexos-OFI2400215366_GFP(.pdf) NroActua
16”, que obra en el índice 16 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.
24
Ver documento denominado “33_MemorialWeb_Anexos-TrazabilidadDocumen(.pdf) NroActua
16”, que obra en el índice 16 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

Economía Mixta, son las encargadas de brindar soporte y canalizar los
temas como los que usted menciona en su comunicación.

II. Asunto materia de consulta.

Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha
dado traslado al Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad legalmente
facultada, para conocer del tema expuesto por usted en su misiva, y
tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la consideración y
fines pertinentes.”

39. También obra en el plenario el Oficio OFI24-00215368 / GFPU 13150001 del
30 de octubre de 2024 y su comunicación25, a través del cual la Presidencia de la
República remitió la petición del accionante al Grupo de Servicio al Ciudadano del
Ministerio de Justicia y del Derecho, por considerar que ésta última era la autoridad
competente para dar una respuesta de fondo.

40. En relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Sala observa que
dicha entidad emitió los Oficios MJD-OFI24-004947126 y MJD-OFI24-004947427 del
12 de noviembre de 2024, en los que remitió -por competencia- al Consejo Superior
de la Judicatura la petición elevada por el accionante, y le comunicó a este último
tal determinación, respectivamente. Así, en el primero de los referidos oficios se
puede leer lo siguiente (transcripción literal, con posibles errores incluidos):

“En forma atenta informamos que estudiada su comunicación radicada bajo el
número citado en el asunto, la cual nos fue remitida po9r (sic) la Presidencia de
la República, evidenciamos que el tema de la misma no se encuentra dentro de
las competencias de este Ministerio de conformidad con las funciones a él
asignadas en el artículo 2 del Decreto 1427 de 2017.

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, hemos trasladado su petición mediante
oficio No. MJD-OFI24-0049471-GSC-40700 del 12 de noviembre de 2024 al
Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 497 de 1999 es la entidad competente para conocerla y dar
la respuesta correspondiente.”

41. En esa medida, para esta Subsección está claro que el Ministerio de Justicia
y del Derecho cumplió con su deber de dar una respuesta al accionante, la cual, si
bien no resolvió de fondo su pedimento, sí brindó información al ciudadano sobre el
trámite impartido a su solicitud, la cual fue remitida a otra entidad, respecto de la

25
Ver documento denominado “34_MemorialWeb_Anexos-TrazabilidadDocumen(.pdf) NroActua
16”, que obra en el índice 16 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.
26
Documento denominado “52RECIBEMEMORIAL_MJDOFI2400494711pdf(.pdf) NroActua 25”, que
obra en el índice 25 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.
27
Documento denominado “51RECIBEMEMORIAL_MJDOFI2400494741pdf(.pdf) NroActua 25”, que
obra en el índice 25 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

cual se consideró que recaía la competencia para resolver la cuestión planteada por
el accionante.

42. Ahora bien, en relación con el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala
advierte que, si bien fue vinculado al trámite de la referencia en calidad de accionado
y se le dio la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, la entidad no se
pronunció al respecto. Así las cosas, en atención a que la petición fue remitida el 12
de noviembre de 2024, el término de quince (15) días con el que contaba esa
autoridad para dar una respuesta al peticionario finalizó el 3 de diciembre de 2024,
sin que, a la fecha, se haya acreditado que se dio respuesta a la petición. Por lo
anterior, se dispondrá en la parte resolutiva de la presente decisión, que se dé una
respuesta a la petición del accionante, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de este fallo.

43. Lo mismo sucede con la Personería Municipal de Santiago de Cali, pues no
rindió informe dentro del trámite de la referencia, a pesar de que fue notificada28 del
auto que admitió la demanda, por lo que no se tiene certeza acerca de si brindó o
no una respuesta a la petición elevada por el accionante.

44. De conformidad con lo anterior, se amparará el derecho fundamental de
petición en favor de Jorge Ernesto Andrade, y se ordenará al Consejo Superior de
la Judicatura y a la Personería Municipal de Santiago de Cali que, en el término
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, den respuesta en debida forma a la solicitud presentada por el
accionante el 28 de octubre de 2024.

45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición formulado el 28
de octubre de 2024 por Jorge Ernesto Andrade, respecto la Presidencia de la
República, la Contraloría General de la República, la Contraloría General de
Santiago de Cali, el Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho
y la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición invocado por Jorge
Ernesto Andrade, frente al Consejo Superior de la Judicatura y la Personería
Municipal de Santiago de Cali.

TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura y a la Personería
Municipal de Santiago de Cali que, en el término cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de la presente providencia, den respuesta en

28
Folio 10 del documento denominado “23EnviodeNotifi_Notificacionpdf(.pdf) NroActua 9”, que obra
en el índice 9 del expediente 11001031500020240662300 de Samai.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06623-00
Accionante: Jorge Ernesto Andrade
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera Instancia)

debida forma a Jorge Ernesto Andrade sobre la solicitud presentada el 28 de octubre
de 2024.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

QUINTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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