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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06623-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06623-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 27 Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01 Actor: Jorge Ernesto Andrade

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06623-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade
Demandados: Presidencia de la República y otros1

Tema: Derecho fundamental de petición/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición y ii) debido proceso.

Derechos Fundamentales Amparados: Petición

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 7 de febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual: i) negó el amparo del derecho fundamental
de petición respecto de la Presidencia de la República, la Contraloría General de la
República, la Contraloría General de Santiago de Cali, el Congreso de la República,
el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca; y ii) amparó el derecho fundamental de petición frente
al Consejo Superior de la Judicatura y la Personería Municipal de Santiago de Cali.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Presidencia de
la República, el Congreso de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, la
Personería Municipal de Santiago de Cali, la Contraloría General de la República y
la Contraloría General de Santiago de Cali, porque, a su juicio, con ocasión al trámite
que se le dio a la respuesta a la petición de 28 de octubre de 2024, mediante la cual
elevó “[…] Solicitud de presupuesto que asignan JUSTICIA DE PAZ (sic). Ley 497
de 1999 […]”, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, “[…]Tanto la rama judicial de Colombia. Consejo superior de
la judicataura en Colombia, manejan un presupuesto anuanalmente y cada año
pasan a la presidencia de la republica de colombia, para que este despacho
administrativo lo pase al congreso de la republica para su aprobacion del presupues
tos destinados para la nación y, entre presupuesto va el presupuesto destinados a
la JUZTICIA DE PAZ LEY.497 de 1999.JUECES DE PAZ Y JUECES DE RE
CONSIDERACION, […]”.2

4. Indicó que, “[…] llevo cerca de 15 años servicio de gratuidad y hasta Ia fecha
no he visto en que se gastan el presupuesto y que se inviertan estos recursos
provenientes del iva y otros rublos de la nación (sic) […]”.

5. Señaló que, “[…] requerimos que estos dineros se inviertan y se destinen en
su gadto a los JU CES DE PAZ Y JUECES DE RECONSIDERACION, en donde
necesjtamos papelería, insumos de oficinas, celulares, chalecos, cachuchas,

2 Transcripción literal del texto

3

Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

maletines, escritorios, mesas redondas, para las audencias, sillas, archivadores,
[…] con el fin deh hacer deligencias de nuestras funciones como jueces de paz y
jueces de reconsideración, […]”.3

6. Sostuvo que, el 28 de octubre de 2024, presentó una petición denominada
“[…] Solicitud de presupuesto que asignan JUSTICIA DE PAZ (sic). Ley 497 de 1999
[…]”, dirigida a las autoridades accionadas, mediante la cual, por un lado, aseguró
que los jueces de paz son maltratados y discriminados en el ejercicio de sus labores
y, por otra parte, solicitó: i) información acerca del presupuesto anual destinado al
fortalecimiento de la justicia de paz en Santiago de Cali; ii) que se ordene la compra
de elementos tales como celulares, chalecos, archivadores, fotocopiadoras, entre
otros, y que sean entregados a cada juez de paz y de reconsideración; y iii)
información acerca del lugar en donde está depositado el presupuesto para la
justicia de paz, “[…] en que (sic) banco está acumulando intereses y para quien (sic)
son los intereses […]” y la razón por la que no se le ha entregado dicho presupuesto
a los jueces de paz y de reconsideración.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela4:

“[…] Dentro del articulos 21 de la ley 1755 de 2015, en donde dentro de la rama judicial
en Colombia, esta el consejo superior de la judicaturua, tambien, esta otra entidad
direccion ejecutiva de administracion judicial del valle del cauca, que se le ordenen a
esta entidad realizar las compras y imsumos destinoas del presupuesto para la
JUSTICIA DE PAZ, como lo explique dentro de los hechos de esta presente acción
de tutela, para que compren todos los mencionados y se haga efectiva la entrega de
estos importantes mobiliario de oficinas y dotacion a la justicia de paz y lo mismo la
entrega de los insumos para que nosostros los jueces de paz, prestemos un mejor
servicio a la comunidad de la ciudad del santiago de cali y en algunos municipios en
donde no hay JUSTICIA DE PAZ, posamos prestar un mejor servicio en gratuidad.

dentro de las 48 horas. […]”.

7.1. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que5:

3 Transcripción literal del texto
4 Transcripción literal del texto.
5 Transcripción literal del texto.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

“[…] Tanto la rama judicial de Colombia. Consejo superior de la judicataura en
Colombia, manejan un presupuesto anuanalmente y cada año pasan a la presidencia
de la republica de colombia, para que este despacho administrativo lo pase al
congreso de la republica para su aprobacion del presupues tos destinados para la
nación y ,entre presupuesto va el presupuesto destinados a la JUZTICIA DE PAZ
LEY.497 de 1999.JUECES DE PAZ Y JUECES DE RE CONSIDERACION, llevo
cerca de 15 años servicio de gratuidad y hasta Ia fecha no he visto en que se gastan
el presupuesto y que se inviertan estos recursos p rovenientes del iva y otros rublos
de la nacion con destino a fortalecer la JUSTICIA DE PAZ y nunca en visto que esta
entidad del consejo superior de la judicaturua. Dirección enecutiva de administracion
judicial del valle del cauca, haya inbertido ningun recurzos para la JUSTICIA DE PAZ,
que actualmente somo cerca de 108 jueces de paz y jueces de reconsideracion, en
donde con este presupuesto que no es millones de pesos acomulados son billones
de pesos acumulados con destino a la JUSTICIA DE PAZ y en la cual requerimos que
estos dineros se inviertan y se destinen en su gadto a los JU CES DE PAZ Y JUECES
DE RECONSIDERACION, en donde necesjtamos papelería, insumos de oficinas,
celulares, chalecos, cachuchas, maletines, escritorios, mesas redondas, para las
audencias, sillas, archivadores, […]”.

[…]

“[…] con el fin deh hacer deligencias de nuestras funciones como jueces de paz y
jueces de reconsideración, que esto son insumos y el presupuesto destinados a la
JUSTICIA DE PAZ O JURISDICION DE PAZ y ademas tambien requerimos de
fotocopiadoras con el fin de poder sacar fotocopias y poder prestar con los mas altos
estandares de la calidad de la atención. Que a cada JUEZ DE PAZ Y A CADA JUEZ
DE RECONSIDERACION, se haga una entrega por separados, y que ademas esta e
ti dad accionada ordenen la compras y haga efectivo el presupuesto destinado a la
JUSTICIA DE PAZ, en donde tenemos derechos a saber en que se gastan y en se
invierten, pero ni lo uno, ni lo otro. […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 6 de diciembre de 2024: i) admitió la acción
de tutela; y ii) ordenó notificar a las autoridades accionadas y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado; concediéndoles el término de dos (2) días para que
rindieran informe sobre el particular.

9. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 16 de enero de 2025, vinculó como parte
accionada al Ministerio de Justicia y del Derecho, concediéndole el término de dos
(2) días para que rindiera informe sobre el particular.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

Intervenciones de la demandada

10. La Presidencia de la República solicitó i) su desvinculación, al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva; y ii) declarar la improcedencia de la
acción de tutela, o en su defecto, negar las pretensiones de la solicitud de tutela,
por las siguientes razones:

“[…] 1.1. La Rama Judicial posee una autonomía presupuestal y administrativa que le
permite adquirir los bienes y servicios que considere necesarios para su
funcionamiento

Conforme a las reclamaciones presentadas por el accionante en su escrito de tutela,
la Rama Judicial en Colombia goza de autonomía presupuestaria, lo que implica que
tiene la capacidad de gestionar y asignar sus recursos financieros sin la intervención
de otras ramas del poder. Esta independencia asegura que los fondos necesarios
para el adecuado funcionamiento de los tribunales y demás entidades judiciales sean
administrados según las necesidades del sistema de justicia, sin influencias externas.
En este contexto, la Presidencia de la República no tiene autoridad para intervenir en
los asuntos presupuestales de la Rama Judicial, preservando así la separación de
poderes y garantizando que la justicia se mantenga imparcial y libre de presiones
políticas.

Lo anteriormente expuesto, encuentra sustento por medio del Concepto 110661 de
2020 Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual nos dice de manera
textual lo siguiente: […]”.

[…]

“[…] Por lo expuesto se solicita se emita una decisión que declare la improcedencia
de la presente acción de tutela respecto de la Presidencia de la República o en su
defecto que la desvincule del presente trámite por la falta de legitimación que
evidencia anteriormente ya que la entidad encargada de solucionar la situación
particular del accionante es la misma Rama Judicial. […]”.

[…]

“[…] Como señaló el sistema de gestión documental del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, el trámite impartido a la petición radicada por el
accionante bajo el EXT24-00174980 fue contestada a través del OFI24-00215366 /
GFPU 13150001 del 30 de octubre de 2024, en el cual se le indicó textualmente lo
siguiente: […]”.

[…]

“[…] En virtud de la remisión por competencia señalada por la Presidencia de la
República emitió los siguientes oficios donde traslado (sic) su solicitud a las siguientes
entidades:

1. Como mi representada no era la entidad competente, se pasó a dar traslado por
competencia a la petición del accionante. Esto, se hizo bajo OFI24-00215368 / GFPU
13150001 del 30 de octubre de 2024. Redirigiendo al accionante al Ministerio de
Justicia y del Derecho.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

El anexo denominado “Trazabilidad Documento OFI24-00215366 / GFPU 13150001”
y “Trazabilidad Documento OFI24-00215368 / GFPU 13150001”, se emite por sistema
de gestión documental empleado por la Presidencia de la República denominado
ESCRIBE, este emite una constancia que permite verificar a su Despacho el efectivo
envío de la anterior comunicación al accionante, a las respectivas direcciones
electrónicas relacionadas en el mismo documento, lo anterior atendiendo a la Ley
2213 de 2022, que faculta este tipo de notificación en el ordenamiento jurídico
colombiano, como se evidencia a continuación:

Trazabilidad OFI24-00215366 / GFPU 13150001 del 30 de octubre de 2024. […]”.

[…]

“[…]Trazabilidad OFI24-00215368 / GFPU 13150001 del 30 de octubre de 2024. […]”.

[…]

“[…] La inexistencia de una omisión o una acción en cabeza de mi representada de
acuerdo a lo reclamado por el accionante, evidencia que no hay nada que pudiese
implicar la vulneración de alguno de sus derechos fundamentales, lo que obliga a
afirmar que falta un requisito esencial para que se pueda hablar de una posible
vulneración a los derechos invocados. […]”.

11. El Senado de la República solicitó: i) su desvinculación; ii) declarar la
improcedencia de la acción de tutela y negar las pretensiones, por las siguientes
razones:

“[…] 4.1. Respuesta de fondo al derecho de petición.

Resulta de interés señalar que, revisadas la solicitud presentada por el accionante y
que sustenta los hechos de la demanda de tutela, en lo puntual se manifiesta al
despacho que mediante oficio SGE-CS-5834-2024 se le dio contestación a la misma
dentro del término legal establecido advirtiendo que la responsabilidad de dar una
respuesta integra (sic) corresponde a las dependencias competentes de la rama
judicial.

No existe discusión alguna que, frente al derecho de petición debe haber una
respuesta de fondo y oportuna para el peticionario, pero esto no envuelve que la
misma pueda estar de acuerdo con lo pedido, porque sí lo que pretende el accionante,
es insistir, a través de la presente acción constitucional que, el presidente del
Congreso de la República de respuesta en la dirección que lo determina el peticionario
frente a sus legítimas reclamaciones, no estaría actuando dentro de su competencia.

Así lo ha ratificado la Corte Constitucional: […]”.

[…]

“[…] 4.2. Imposibilidad del Congreso de la Republica (sic) para incidir en la ejecución
del presupuesto para la JUSTICIA DE PAZ.

La Rama Judicial, a través de sus órganos de gobierno y administración, goza, en
principio, de autonomia (sic) presupuestal para elaborar su propio proyecto de
presupuesto y para ejecutarlo de conformidad con la aprobación que del mismo haga
el Congreso.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

En virtud del artículo 151 superior se establece que el "Congreso expedirá leyes
orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio
de ellas se establecerán... las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo..."

Si bien, en el Congreso de la República se aprueba el Presupuesto General de la
Nación de cada vigencia, también es cierto que la Rama Judicial, es autónoma para
preparar el anteproyecto de presupuesto, y para su ejecución la cual se manifiesta
"en la posibilidad de manejo, administración y disposición directa de las partidas
incluías (sic) en la ley anual de presupuesto". Además, es el Gobierno el titular de la
iniciativa presupuestal y responsable de la política económica del Estado y, es quién
dispone racionalmente en el respectivo proyecto de las apropiaciones destinadas a
cada sección del presupuesto […]”.

[…]

“[…] Además, su petición fue contestada oportunamente y de fondo por parte del
Congreso de la República. […]”.

12. La Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Congreso de la
República solicitó su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:

“[…] 1. El Derecho de Petición que dio origen a la Tutela de la referencia no fue
allegado a esta Comisión.

2. Por otro lado, en lo que respecta a la Comisión Cuarta Constitucional Permanente
del Senado de la República, existe una falta de legitimación en la causa por pasiva.
Lo anterior, radica en la naturaleza y funciones propias de las comisiones económicas
del Congreso.

Estas células legislativas, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley 5 de 1992 y
la Ley Orgánica del Presupuesto, tienen la responsabilidad de debatir y aprobar el
proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Nacional, pero no ejecutan
directamente recursos ni administran presupuesto alguno.

Siguiendo con la misma línea argumentativa, la Corte Constitucional en la Sentencia
C-192 de 2006, frente a el presupuesto nacional, determinó que las comisiones del
Congreso cumplen con su función legislativa y de control político, pero no son
responsables de la ejecución presupuestal.

Por otro lado, Teniendo en cuenta que, la Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean los
Jueces de Paz y se reglamenta su organización y funcionamiento” artículo 20.
Financiación. El Concejo (sic) Superior de la Judicatura deberá incluir dentro del
proyecto de presupuesto de la Rama Judicial, las partidas necesarias para la
financiación de la Justicia de Paz., por ende, corresponde a la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca solicitar y asignar el presupuesto para el
buen funcionamiento de esta Rama.

Bajo ese escenario, existe una falta de legitimación en la causa por pasiva en lo
referente a las comisiones económicas del Congreso de la República, porque no
tienen competencia de ejecución estos de (sic) recursos. […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

13. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali solicitó:
i) negar la acción de tutela y su ii) desvinculación, por las siguientes razones:

“[…] FRENTE A LO HECHOS

Conforme a los hechos narrados por el accionante, tenemos que esta Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali (V), no le ha vulnerado Derecho
Fundamental Alguno, y tal como se evidencia, refiere a una petición enviada a
diferentes entidades del Estado y Municipales, frente a las cuales esta Dirección
Seccional emitió la respuesta de fondo correspondiente mediante oficio
DESAJCLO24-5930 del 20 de noviembre de 2024, asunto: “Respuesta derechos de
petición del 28 de oct y 5 de Nov de 2024”, al correo del gestor [...]@gmial.com,
relacionado en el derecho de petición allegado tal como se acredita con el pantallazo
adjunto: […]”.

[…]

“[…] Adicionalmente, es de resaltar que el accionante no acredita la calidad de Juez
de Paz, ello con el fin de validar la legitimación en la causa por activa.

Es de anotar que el Actor, ha elevado múltiples derechos de petición y tutelas, las
cuales han sido resueltas, conforme a la consideración jurídica correspondiente, y se
acota, nuevamente, las tutelas presentadas, tal como se acredita con la presente
respuesta, han sido falladas negativamente […]”.

[…]

“[…] Se itera, NO se acredita derecho fundamental alguno vulnerado o con amenaza
de ser agraviado contra el accionante, contrario a ello, se evidencia que esta Dirección
Seccional ha adelantado las actuaciones dentro de la órbita de nuestra competencia
con el fin de formalizar la entrega de unos elementos.

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DEPRECADO

De conformidad con lo expuesto, es preciso indicar que acción de tutela deviene en
improcedente, toda vez que el accionante no acredita afectación o perjuicio
irremediable a Derecho Fundamental alguno, como quiera que el trámite de las
pretensiones enunciadas en el escrito le han sido resueltas, dentro de los términos y
oportunidades legales.

Se itera, NO se acredita derecho fundamental alguno vulnerado o con amenaza de
ser agraviado contra el accionante, contrario a ello, se evidencia que esta Dirección
Seccional ha adelantado las actuaciones dentro de la órbita de nuestra competencia
con el fin de formalizar la entrega de unos elementos. […]”.

14. La Contraloría General de Santiago de Cali solicitó su desvinculación. Para
tal efecto, manifestó lo siguiente:

“[…] En virtud de la referida solicitud presentada por el Tutelante, considero
importante indicar que la Contraloría General de Santiago de Cali, con fundamento
en la normatividad constitucional y legal, así como en los pronunciamientos de las
Altas Cortes, no puede coadministrar, ni mucho menos interferir en las decisiones
administrativas de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CONGRESO DE LA

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Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

REPUBLICA DE COLOMBIA, COMISION DEL PRESUPUESTO DE LA NACION,
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA, PERSONERIA MUNICIPAL
DE SANTIAGO DE CALI.

Desde dicha perspectiva, mediante el presente escrito, allegaré al proceso, la aludida
Resolución Reglamentaria No 1000.30.00.23.040 del 4 de Julio de 2023 “POR EL
CUAL SE DEFINEN LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES Y LOS SUJETOS Y
PUNTOS OBJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LAS DIRECCIONES
TÉCNICAS ADSCRITAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI,

Por consiguiente, las manifestaciones señaladas en la demanda de tutela, no le
constan a la Entidad, correspondiendo probarlas a la Parte Actora, desconociendo, a
ciencia cierta, las razones fácticas y jurídicas que han dado lugar a impetrar la Acción
de Tutela que demanda nuestra intervención.

[…]

En relación con la Entidad que represento, resulta obvio admitir que la misma no tiene
injerencia para definir el presente asunto y, por lo tanto, contra ella, no está llamada
a prosperar la acción incoada.

Mi mandante no ha quebrantado o amenazado derecho fundamental alguno; por el
contrario, ha actuado con estricta sujeción a la Constitución Política y la Ley,
observando los lineamientos jurisprudenciales emitidos por las Altas Cortes, debiendo
proceder sólo en el evento que llegare a detectar un presunto daño patrimonial.

No siendo este el motivo que originó la presente acción, en honor a la justicia, habrá
de concluirse que la Entidad que represento no ha violado ningún derecho
fundamental al accionante Jorge Ernesto Andrade […]”.

“[…] Al respecto, la Alta Corte, mediante Sentencia C-337 del 19 de agosto de 1993,
Magistrado Ponente doctor VLADIMIRO NARANJO MESA, precisó: […]”.

[…]

“[…] Su Señoría, cabe resaltar que la referida Acción de Tutela se constituye en un
mecanismo carente de objeto para este caso. […]”.

15. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó su desvinculación, al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Para tal efecto,
manifestó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con los hechos relatados, es posible anotar que este Ministerio no
ha vulnerados los derechos fundamentales del accionante y cuenta con la
competencia para pronunciarse de fondo sobre la solicitud a que hace referencia. En
el caso concreto, la inconformidad del actor se deriva del trámite y decisiones que
deben ser adoptadas por otras instituciones de las cuales esta Cartera Ministerial no
tiene injerencia.

Frente a la solicitud radicada por el accionante el 28 de octubre de 2024, es necesario
señalar que, en efecto, la misma fue recibida por traslado de la Presidencia de la
República mediante el oficio OFI24-00215368 / GFPU 13150001 del 30 de octubre de
2024, y radicado interno MJD-EXT24-0066498, radicado el 01 de noviembre de 2024.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

n virtud de lo anterior, este Ministerio realizó traslado por competencia con oficios
MJD-OFI24-0049471 y MJD-OFI24-0049474 del 12 de noviembre de 2024 al Consejo
Superior de la Judicatura, por ser la entidad competente para dar respuesta de fondo
a lo solicitado, documentos que se anexan a éste escrito como soporte.

[…]

Sea la oportunidad para mencionar que dentro de las facultades misionales y
obligaciones asignadas en la norma, no se encuentra en cabeza del Ministerio de
Justicia y del Derecho lo relativo al nombramiento, seguimiento y control de las
actuaciones de los jueces de paz, así como tampoco se cuenta con la competencia
para la asignación de recursos para su el ejercicio de su labor, ni intervenir en sus
procedimientos, definir el alcance de sus funciones y posibles vulneraciones al debido
proceso en el ejercicio de su cargo. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 2 del Decreto 1427 de 2017, “Por el cual se modifica la estructura orgánica y
se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del
Derecho”, que señala: […]”.

[…]

“[…] De esta forma, los jueces de paz se encuentran adscritos a la Rama Judicial y
por lo tanto, la definición del alcance de sus competencias le corresponde al Consejo
Superior de la Judicatura.

Ahora bien, como ya se ha dicho, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura,
ejercer las correspondientes acciones administrativas y presupuestales, pues es esta
la institución encargada de la administración y el gobierno de la Rama Judicial. El CSJ
define las desagregaciones del presupuesto de acuerdo con las necesidades y
prioridades de cada jurisdicción. Así como es el responsable de la planeación,
programación y ejecución del presupuesto, entre otras funciones a su cargo.

Conforme a lo anterior, en criterio de esta Cartera, el presente asunto está relacionado
directamente con las funciones que corresponden al Consejo Superior de la
Judicatura en cabeza de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0096 del 05 de enero de 2024,
por la cual se desagrega y se asigna el Presupuesto de Inversión de la Rama Judicial,
que a tenor literal, reza, lo siguiente: […]”.

16. El Consejo Superior de la Judicatura y la Personería Municipal de Santiago
de Cali guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

17. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 7 de febrero de 2025, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición formulado el
28 de octubre de 2024 por Jorge Ernesto Andrade, respecto la Presidencia de la
República, la Contraloría General de la República, la Contraloría General de Santiago
de Cali, el Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la
Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición invocado por Jorge
Ernesto Andrade, frente al Consejo Superior de la Judicatura y la Personería
Municipal de Santiago de Cali.

TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura y a la Personería
Municipal de Santiago de Cali que, en el término cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de la presente providencia, den respuesta en debida forma
a Jorge Ernesto Andrade sobre la solicitud presentada el 28 de octubre de 2024. […]”.

17.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 8. En el encabezado de su escrito de demanda, la parte accionante indicó como
“asunto” la vulneración de sus derechos fundamentales de petición y al debido
proceso. No obstante, a lo largo del documento no indicó en qué consiste la alegada
violación de derechos, sino que únicamente se limitó a relatar una serie de
necesidades que, presuntamente, tienen los jueces de paz de la ciudad de Santiago
de Cali, y se refirió a la presentación de una petición ante varias entidades, sin hacer
ninguna precisión acerca de si recibió o no una respuesta a su solicitud.

9. En vista de lo anterior, se tendrá como fundamento de la acción de tutela la alegada
vulneración de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso, en el
marco de la única actuación administrativa cuya existencia se advierte a partir del
escrito de demanda y sus anexos, esto es, la petición presentada por parte del
accionante ante diversas entidades y el trámite que se le dio a la misma […]”.

[…]

“[…] 23. De otro lado, la Presidencia de la República, el Congreso de la República, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Seccional de Administración Judicial
del Valle del Cauca, la Personería Municipal de Santiago de Cali, la Contraloría
General de la República y la Contraloría General de Santiago de Cali, cuentan con
legitimación en la causa por pasiva, pues son las entidades frente a quienes el
accionante dirigió su petición.

[…]

31. En el sub judice, está acreditado que el 28 de octubre de 2024 el accionante
presentó una petición, en la que solicitó lo siguiente: […]”.

[…]

“[…] 32. Asimismo, se observa que, de acuerdo con el encabezado del escrito, la
petición iba dirigida a la Presidencia de la República, la “Contraloría General de la
Nación”, la Contraloría General de Santiago de Cali, “Función Pública”, el Congreso
de la República, la “Comisión de presupuesto de la Nación”, el Consejo Superior de
la Judicatura, “la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Valle del Cauca”
y la Personería Municipal de Santiago de Cali. No obstante, en el plenario únicamente
obra prueba del envío de dicho escrito a cuatro de las entidades mencionadas, a
saber: (i) el Congreso de la República; (ii) la Dirección Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca; (iii) la Presidencia de la República y (iv) la Personería de
Santiago de Cali.

33. Bajo este contexto, el examen acerca de la posible vulneración de los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso, se centrará únicamente en revisar
que, las cuatro entidades frente a quienes se presentó la petición, hayan dado un

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Actor: Jorge Ernesto Andrade

correcto trámite y hayan resuelto la solicitud del accionante de forma oportuna, clara,
precisa, congruente y consecuente, en los términos descritos en el acápite anterior.

34. En relación con el Congreso de la República, la Sala observa que, mediante el
Oficio SGE-CS-5834-2024 del 28 de noviembre de 2024, se brindó una respuesta al
peticionario, en el sentido de indicarle que, en razón de la competencia para atender
los asuntos objeto de su solicitud, la misma sería remitida a la Dirección de
Administración Judicial del Valle del Cauca, en los siguientes términos: […]”.

[…]

“[…] 35. Adicionalmente, se allegó prueba del Oficio SGE-CS-2635-2024 del 28 de
noviembre de 202420, a través del cual la Secretaría General del Senado de la
República dio traslado a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle
del Cauca de la petición presentada por el accionante. En esa medida, para la Sala
está claro que el Congreso de la República cumplió con su deber de dar una respuesta
al accionante, en tanto que, al advertir su falta de competencia para responder de
fondo la solicitud, procedió a remitirla a la autoridad que estimó competente, al tiempo
que informó al peticionario acerca del trámite impartido a su petición.

36. En cuanto a la Dirección Seccional de Administración Judicial, también está
acreditado que dio una respuesta a la petición elevada por el accionante. Sobre este
punto, obra prueba del Oficio DESAJCLO24-5930 del 30 de noviembre de 2024, que
fue comunicado en esa misma fecha al peticionario, en el que se le dio una respuesta
de fondo a sus inquietudes, de la siguiente forma (transcripción literal, con posibles
errores incluidos): […]”.

[…]

“[…] 37. Visto lo anterior, la Sala considera que la respuesta brindada al accionante
por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Valle del Cauca
satisface los requisitos de claridad, precisión, congruencia y consecuencia, toda vez
que en ella se abordaron todos los puntos formulados en la petición y además se
tuvieron en cuenta las respuestas que, en ocasiones anteriores, la misma entidad
había dado a peticiones similares presentadas por el mismo ciudadano.

38. En lo que respecta a la Presidencia de la República, se evidencia que dicha
entidad expidió el Oficio OFI24-00215366 / GFPU 13150001 del 30 de octubre de
2024, que fue comunicado al peticionario en esa misma fecha, en el que se expresó
lo siguiente (transcripción literal, con posibles errores incluidos): […]”.

[…]

“[…] 39. También obra en el plenario el Oficio OFI24-00215368 / GFPU 13150001 del
30 de octubre de 2024 y su comunicación, a través del cual la Presidencia de la
República remitió la petición del accionante al Grupo de Servicio al Ciudadano del
Ministerio de Justicia y del Derecho, por considerar que ésta última era la autoridad
competente para dar una respuesta de fondo.

40. En relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Sala observa que dicha
entidad emitió los Oficios MJD-OFI24-0049471 y MJD-OFI24-0049474 del 12 de
noviembre de 2024, en los que remitió -por competencia- al Consejo Superior de la
Judicatura la petición elevada por el accionante, y le comunicó a este último tal
determinación, respectivamente. Así, en el primero de los referidos oficios se puede
leer lo siguiente (transcripción literal, con posibles errores incluidos): […]”.

[…]

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Actor: Jorge Ernesto Andrade

“[…] 41. En esa medida, para esta Subsección está claro que el Ministerio de Justicia
y del Derecho cumplió con su deber de dar una respuesta al accionante, la cual, si
bien no resolvió de fondo su pedimento, sí brindó información al ciudadano sobre el
trámite impartido a su solicitud, la cual fue remitida a otra entidad, respecto de la cual
se consideró que recaía la competencia para resolver la cuestión planteada por el
accionante.

42. Ahora bien, en relación con el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala advierte
que, si bien fue vinculado al trámite de la referencia en calidad de accionado y se le
dio la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, la entidad no se pronunció al
respecto. Así las cosas, en atención a que la petición fue remitida el 12 de noviembre
de 2024, el término de quince (15) días con el que contaba esa autoridad para dar
una respuesta al peticionario finalizó el 3 de diciembre de 2024, sin que, a la fecha,
se haya acreditado que se dio respuesta a la petición. Por lo anterior, se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente decisión, que se dé una respuesta a la petición
del accionante, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de este fallo.

43. Lo mismo sucede con la Personería Municipal de Santiago de Cali, pues no rindió
informe dentro del trámite de la referencia, a pesar de que fue notificada del auto que
admitió la demanda, por lo que no se tiene certeza acerca de si brindó o no una
respuesta a la petición elevada por el accionante.

44. De conformidad con lo anterior, se amparará el derecho fundamental de petición
en favor de Jorge Ernesto Andrade, y se ordenará al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Personería Municipal de Santiago de Cali que, en el término cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, den
respuesta en debida forma a la solicitud presentada por el accionante el 28 de octubre
de 2024. […]”.

La impugnación

18. El Consejo Superior de la Judicatura impugnó la sentencia proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas
expresó lo siguiente:

“[…] Si bien uno de los rasgos característicos de la acción de tutela es la informalidad,
la Corte Constitucional ha señalado que «el juez tiene el deber de corroborar los
hechos que dan cuenta de la violación de un derecho fundamental, para lo cual ha de
ejercer las facultades que le permiten constatar la veracidad de las afirmaciones,
cuando sea del caso».

En igual sentido, ha manifestado que «un juez no puede conceder una tutela si en el
respectivo proceso no existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de
un derecho fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es garantizar la
efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone la
intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario».

Quiere decir lo anterior, que los hechos afirmados por el accionante en el trámite de
una acción de tutela, deben ser probados siquiera sumariamente, a fin de que el juez
pueda inferir con plena certeza la verdad material que subyace con la solicitud de
amparo constitucional.

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Por otra parte, la misma Corporación en Sentencia T-131 de 2007 se pronunció sobre
el tema de la carga de la prueba en sede de tutela, afirmando el principio “onus
probandi incumbit actori” que rige en esta materia, y según el cual, la carga de la
prueba incumbe al actor. Así, quien pretenda el amparo de un derecho fundamental
debe demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la
determinación del juez, obedezca a la certeza y convicción de que se ha violado o
amenazado el derecho […]”.

[…]

“[…] En ese contexto, no es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo
Superior de la Judicatura, toda vez el actor que no aporta prueba de la que se pueda
colegir que efectivamente radicó petición a través de los canales de la Corporación.

Por el contrario, de las pruebas aportadas al plenario se logra establecer la petición
fue radicada en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Personería de
Cali y en el Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca -Cali a través del
correo [...]@cendoj.ramajudicial.gov.co, como se observa a continuación: […]”.

[…]

“[…] Quiere decir lo anterior, que el Consejo Superior de la Judicatura no ha tenido
conocimiento de la petición aludida, comoquiera que dicha cuenta electrónica es de
uso exclusivo del citado Consejo Seccional de la Judicatura, lo que en gracia en
discusión, no ha vulnerado el derecho fundamental de petición de la parte actora […]”.

[…]

“[…] Finalmente, si bien es cierto, esta Colegiatura no brindó respuesta en el trámite
de primera instancia, no es óbice para que no se valide en debida forma las pruebas
aportadas al plenario por el actor, ya que la conculcación de dicho derecho se
desprende cuando aquella autoridad que recibió la petición no brinde respuesta de
fondo o inyecte el trámite pertinente, situación que no puede ser atribuible al Consejo
Superior de la Judicatura, cuando está establecido que no recibió petición por parte
del aquí actor. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.

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Actor: Jorge Ernesto Andrade

20217 y con el artículo 138 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20199, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

20. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

21. En el caso sub examine, de conformidad con el escrito de impugnación, el
problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si se deben
proteger los derechos fundamentales invocados por el actor frente al Consejo
Superior de la Judicatura.

22. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
petición; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
al debido proceso; iii) análisis del caso concreto; y finalmente iv) las conclusiones
de la Sala.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho de petición

23. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:

“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta

7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Jorge Ernesto Andrade

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.

24. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01
de 2 de enero de 198410, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los
artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

25. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201111, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República
expidiera la ley estatutaria correspondiente.

26. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los
términos y procedimientos para resolver las distintas modalidades de peticiones.

27. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.

28. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala
realizará una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201512 y, en segundo
orden, se enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

10 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
12 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.

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Actor: Jorge Ernesto Andrade

29. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

30. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i)
Derecho de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición
ante autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante
organizaciones e instituciones privadas.

31. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.

32. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo
14 ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una
consulta a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

33. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán
presentarse verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde
la petición contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige,
ii) los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o
apoderado con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde
recibirá la correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que
fundamenta su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para
iniciar el trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los
interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

34. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.

35. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes
de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.

36. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

37. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.

Reglas jurisprudenciales del derecho de petición

38. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
146 de 201213, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:

13 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto

citado fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias
atienden el problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición,
lo que resulta aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta
línea jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-
572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999,
T-415 de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130

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Actor: Jorge Ernesto Andrade

“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.

de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-
137 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.

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39. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.

40. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las
personas a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga
respuesta de fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que
sea puesta en conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.

41. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se
complementa mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que
debe atender los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la
otra parte, que es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una
respuesta por parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en
donde se dé solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así,
garantizar la finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien
posee una información que debe y puede ser suministrada a quienes estén
interesados […]”14.

42. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.

43. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional15:

14 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,

número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
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“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.

Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

44. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

45. Atendiendo a que, la Corte Constitucional16 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines

16 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Actor: Jorge Ernesto Andrade

esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Análisis del caso concreto

46. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Presidencia de
la República, el Congreso de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, la
Personería Municipal de Santiago de Cali, la Contraloría General de la República
y la Contraloría General de Santiago de Cali, porque, a su juicio, con ocasión al
trámite que se le dio a la respuesta a la petición de 28 de octubre de 2024, mediante
la cual elevó “[…] Solicitud de presupuesto que asignan JUSTICIA DE PAZ (sic).
Ley 497 de 1999 […]”, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

47. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

48. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

49. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

49.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

49.2. Informe rendido por las autoridades accionadas, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

50. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 7 de febrero de 2025, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición formulado el
28 de octubre de 2024 por Jorge Ernesto Andrade, respecto la Presidencia de la
República, la Contraloría General de la República, la Contraloría General de Santiago
de Cali, el Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la
Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición invocado por Jorge
Ernesto Andrade, frente al Consejo Superior de la Judicatura y la Personería
Municipal de Santiago de Cali.

TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura y a la Personería
Municipal de Santiago de Cali que, en el término cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de la presente providencia, den respuesta
en debida forma a Jorge Ernesto Andrade sobre la solicitud presentada el 28 de
octubre de 2024. […]”. (Resaltado por la Sala)

51. En lo que concierne al amparo frente al Consejo Superior de la Judicatura,
el A quo consideró que:

“[…] 42. Ahora bien, en relación con el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala
advierte que, si bien fue vinculado al trámite de la referencia en calidad de accionado
y se le dio la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, la entidad no se pronunció
al respecto. Así las cosas, en atención a que la petición fue remitida el 12 de
noviembre de 2024, el término de quince (15) días con el que contaba esa autoridad
para dar una respuesta al peticionario finalizó el 3 de diciembre de 2024, sin que, a la
fecha, se haya acreditado que se dio respuesta a la petición. Por lo anterior, se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente decisión, que se dé una respuesta a la
petición del accionante, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este fallo […]”.

52. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura impugnó la sentencia
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese
orden de ideas expresó lo siguiente:

“[…] Si bien uno de los rasgos característicos de la acción de tutela es la informalidad,
la Corte Constitucional ha señalado que «el juez tiene el deber de corroborar los
hechos que dan cuenta de la violación de un derecho fundamental, para lo cual ha de
ejercer las facultades que le permiten constatar la veracidad de las afirmaciones,
cuando sea del caso».

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Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

En igual sentido, ha manifestado que «un juez no puede conceder una tutela si en el
respectivo proceso no existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de
un derecho fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es garantizar la
efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone la
intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario».

Quiere decir lo anterior, que los hechos afirmados por el accionante en el trámite de
una acción de tutela, deben ser probados siquiera sumariamente, a fin de que el juez
pueda inferir con plena certeza la verdad material que subyace con la solicitud de
amparo constitucional.

Por otra parte, la misma Corporación en Sentencia T-131 de 2007 se pronunció sobre
el tema de la carga de la prueba en sede de tutela, afirmando el principio “onus
probandi incumbit actori” que rige en esta materia, y según el cual, la carga de la
prueba incumbe al actor. Así, quien pretenda el amparo de un derecho fundamental
debe demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la
determinación del juez, obedezca a la certeza y convicción de que se ha violado o
amenazado el derecho […]”.

[…]

“[…] En ese contexto, no es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo
Superior de la Judicatura, toda vez el actor que no aporta prueba de la que se pueda
colegir que efectivamente radicó petición a través de los canales de la Corporación.

Por el contrario, de las pruebas aportadas al plenario se logra establecer la petición
fue radicada en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Personería de
Cali y en el Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca -Cali a través del
correo [...]@cendoj.ramajudicial.gov.co, como se observa a continuación: […]”.

[…]

“[…] Quiere decir lo anterior, que el Consejo Superior de la Judicatura no ha tenido
conocimiento de la petición aludida, comoquiera que dicha cuenta electrónica es de
uso exclusivo del citado Consejo Seccional de la Judicatura, lo que en gracia en
discusión, no ha vulnerado el derecho fundamental de petición de la parte actora […]”.

[…]

“[…] Finalmente, si bien es cierto, esta Colegiatura no brindó respuesta en el trámite
de primera instancia, no es óbice para que no se valide en debida forma las pruebas
aportadas al plenario por el actor, ya que la conculcación de dicho derecho se
desprende cuando aquella autoridad que recibió la petición no brinde respuesta de
fondo o inyecte el trámite pertinente, situación que no puede ser atribuible al Consejo
Superior de la Judicatura, cuando está establecido que no recibió petición por parte
del aquí actor. […]”.

53. De conformidad con lo expuesto en el escrito de impugnación, corresponde
a la Sala determinar si en efecto el Consejo Superior de la Judicatura vulneró el
derecho fundamental de petición del actor.

54. El actor señaló que presentó petición de 28 de octubre de 2024, respecto de la
cual allegó captura de pantalla del envío de dicha petición a: i) el Congreso de la

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Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

República; ii) la Dirección Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca;
iii) la Presidencia de la República y iv) la Personería de Santiago de Cali.17

55. En ese orden de ideas, en principio le asistiría razón al Consejo Superior de
la Judicatura al manifestar en su escrito de impugnación que “[…] de las pruebas
aportadas al plenario se logra establecer la petición fue radicada en la Presidencia
de la República, en el Senado, en la Personería de Cali y en el Consejo Seccional
de la Judicatura de Valle del Cauca -Cali a través del correo
[...]@cendoj.ramajudicial.gov.co, como se observa a continuación: […] Quiere decir
lo anterior, que el Consejo Superior de la Judicatura no ha tenido conocimiento de
la petición aludida, comoquiera que dicha cuenta electrónica es de uso exclusivo
del citado Consejo Seccional de la Judicatura, lo que en gracia en discusión, no ha
vulnerado el derecho fundamental de petición de la parte actora […]”.

56. Sin embargo, del acervo probatorio se advierte lo siguiente:

56.1. La Presidencia de la República, mediante OFI24-00215368 / GFPU
13150001 de 30 de octubre de 2024, remitió por competencia la petición del actor
al Ministerio de Justicia y del Derecho.18

56.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio MJD-OFI24-
0049471-GSC-40700 de 12 de noviembre de 2024, remitió por competencia la
petición a quien para la fecha ostentaba el cargo de Presidenta del Consejo Superior
de la Judicatura.19

57. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que, si bien el
Ministerio de Justicia y del Derecho no anexó constancia de envió de dicha remisión,
en su informe sí afirmó haber enviado el oficio mencionado supra, del cual allegó
copia.

17 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en medio digital.
18 Cfr. Índice núm. 15 de SAMAI. Documento denominado “32RECIBEMEMORIAL_RV_20240662300zip(.zip)

NroActua 15”. Archivo aportado en medio digital.
19 Cfr. Índice núm. 25 de SAMAI. Documento denominado
“51RECIBEMEMORIAL_MJDOFI2400494741pdf(.pdf) NroActua 25”. Archivo aportado en medio digital.

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Actor: Jorge Ernesto Andrade

58. A lo anterior se suma que, dentro de los argumentos expuestos por el
Consejo Superior de la Judicatura en su impugnación no se encuentra alguno
dirigido a cuestionar dicha remisión realizada por el Ministerio de Justicia y del
Derecho, y del acervo probatorio tampoco hay elemento alguno que la desvirtúe.

59. En ese orden de ideas, la Sala considera que se debe confirmar lo resuelto
en primera instancia, de conformidad con el acervo probatorio que obra en el
expediente de la acción de tutela de la referencia y los argumentos expuestos en el
escrito de impugnación presentado por el Consejo Superior de la Judicatura.

Conclusiones de la Sala

60. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de 7 de febrero de 2025
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de febrero de 2025 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406623-01
Actor: Jorge Ernesto Andrade

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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