Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06625-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06625-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06625-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406625-00
Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
Demandados: Sección Segunda del Consejo de Estado y otro1
Tema: La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de
tutela/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y
ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ivonne Carolina Contreras
Sánchez contra la Sección Segunda del Consejo de Estado.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sección
Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, con ocasión a “[…] la omisión
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
en tramitar mi solicitud de recusación y no dar respuesta a la solicitud previa
presentada el 2 de octubre de 2024, en la que solicité la aplicación del artículo 116
del CPACA […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad identificado con el número único de radicación 110010325000201601169-
00: vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, Clara Adriana Montañez Hernández, a través de apoderado,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad contra la Nación-
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de Justicia y del Derecho -
Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la cual solicitó la
declaratoria de nulidad de Decretos 0382, 0383 y 0384 de 2013, 022 de 2014 y 1269
de 2015, mediante los cuales el Gobierno Nacional creó la bonificación judicial para
los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, de la
Fiscalía General de la Nación, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial.
4. Advirtió que, del proceso mencionado supra, le correspondió conocer a la
Sección Segunda del Consejo de Estado, proceso que se identificó con el núm.
único de radicación 110010325000201601169-00.
5. Adujo que, “[…] El 2 de octubre de 2024, presenté una solicitud respetuosa
al Presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, doctor Rafael
Francisco Suárez Vargas, solicitando la aplicación del artículo 116 del CPACA para
que se desplazara al conjuez José Ascensión Fernández Osorio y se asignara el
proceso a los actuales consejeros de la sección, debido a que no subsisten los
impedimentos que originaron la designación de conjueces […]”.
6. Manifestó que, “[…] El día 4 de octubre de 2024, presenté una recusación en
contra del conjuez José Ascensión Fernández Osorio, designado como ponente del
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Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
proceso identificado con radicado No. 11001032500020160116900, en el que se
demanda la nulidad de los Decretos 0382, 0383 y 0384 de 2013. […]”.
7. Indicó que, “[…] Hasta la fecha, ni mi solicitud del 2 de octubre ni mi
recusación del 4 de octubre han sido tramitadas ni resueltas […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela2:
“[…] • Que se ordene a la Sección Segunda del Consejo de Estado tramitar y
resolver, en el término de la ley, la recusación presentada el 4 de octubre de 2024.
• Que se ordene al conjuez José Ascensión Fernández Osorio abstenerse de
continuar conociendo el proceso mientras se resuelve la recusación.
• Que se ordene al Consejo de Estado dar respuesta inmediata a la solicitud
presentada el 2 de octubre de 2024, respecto al desplazamiento de conjueces en
aplicación del artículo 116 del CPACA.
• Que se adopten las medidas necesarias para garantizar mis derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. […]”.
9. Como fundamento de su solicitud la actora manifestó que3:
“[…] Hasta la fecha, ni mi solicitud del 2 de octubre ni mi recusación del 4 de octubre
han sido tramitadas ni resueltas, permitiendo que el conjuez continúe conociendo el
proceso, lo que afecta mi derecho al debido proceso y compromete la imparcialidad
del tribunal.
4. Esta omisión por parte de las autoridades accionadas vulnera mis derechos
fundamentales, al no garantizar una administración de justicia imparcial y al no
tramitar de forma oportuna las solicitudes y recusaciones formuladas. […]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de diciembre de 2024: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección
Segunda del Consejo de Estado; iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, a
2 Transcripción literal del texto.
3 Idem pie de página núm. 2 supra.
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Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Nación – Ministerio de
Justicia y del Derecho, a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la
Fiscalía General de la Nación y a Clara Adriana Montañez Hernández,
concediéndoles el término de tres (3) días para rendir informe; y iv) negó la solicitud
de medida provisional solicitada por la actora.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
11. La Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó declarar improcedente la
solicitud de tutela, al considerar que:
“[…] Con base en lo señalado en la jurisprudencia, se tiene que la accionante no
demuestra el interés directo en el proceso del cual se ufana de actuar en nombre
propio. La calidad de agente oficioso de la titular del derecho, presuntamente violado,
señora CLARA ADRIANA MONTAÑEZ HERNÁNDEZ, tampoco lo demuestra en la
acción, a más de que esta última, ha actuado mediante apoderado dentro del referido
proceso.
2.- De igual manera le informo, Honorable Consejero, que la recusación a la que alude
la accionante fue decidida oportunamente en Sala, donde el suscrito puso en
conocimiento de ella la causal alegada y la determinación tomada fue no aceptar la
recusación, como reposa en las actas de la fecha.
3.-De igual manera, en Sala del 3 de diciembre del año que avanza la Sala de
Conjueces, de forma unánime por los asistentes a ella, decidió enviar a la Sección
Segunda del Honorable Consejo de Estado, el referido asunto, para lo de su
competencia, no estando en la actualidad en poder de la sala de conjueces tomar
alguna determinación de fondo frente a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho (sic) promovida por CLARA ADRIANA MONTAÑEZ HERNÁNDEZ. […]”.
12. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó i) negar la solicitud de tutela;
y ii) su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva. Para tal efecto manifestó lo siguiente:
“[…] De acuerdo a las funciones antes descritas, es evidente que el Ministerio de
Justicia y del Derecho no tiene competencia para adoptar decisiones relacionadas
con procesos judiciales de ninguna índole, competencia que corresponde a la Rama
Judicial del poder público.
En consecuencia, se solicita respetuosamente al Honorable Despacho que se niegue
la tutela y se desvincule del presente proceso a este Ministerio, pues no ha realizado
ninguna acción u omisión que amenace o vulnere los derechos fundamentales de la
accionante, pues los derechos invocados se enmarcan en omisiones o decisiones con
ocasión a un proceso judicial, por lo que este Ministerio no tiene competencia para
pronunciarse o resolver las solicitudes del escrito de tutela. […]”.
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Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
13. El Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó su
desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva,
por las siguientes razones:
“[…] Así las cosas el DAFP no tiene la facultad para revisar o cuestionar las
determinaciones judiciales, ya que estas están sujetas a los principios de autonomía
e independencia del poder judicial. La responsabilidad del Departamento no radica en
las decisiones adoptadas por el órgano judicial en el ejercicio de su función; así, la
acción de tutela resulta improcedente, puesto que, no puede hacerse responsable al
Departamento de las decisiones que emanan de la actividad jurisdiccional, las cuales
están sujetas a un marco normativo y procesal específico que garantiza el debido
proceso y la defensa, lo que comporta la exclusión del Departamento del presente
trámite tutelar por carecer de legitimación material en la causa por pasiva, en tanto
las accionadas son las legítimas contradictoria.
Así las cosas, no hay lugar a la vulneración de ningún derecho fundamental a los que
hace alusión la accionante, en lo que corresponde al Departamento Administrativo de
la Función Pública, como quiera que no existe nexo de causalidad alguno entre los
hechos que dan origen a la acción de tutela y el quehacer administrativo de mi
representada y menos exista prueba fehaciente alguna que permita dilucidar que se
le vulneró algún derecho fundamental. […]”.
14. La Fiscalía General de la Nación solicitó i) su desvinculación, al considerar
que carece de legitimación en la causa por pasiva; y ii) declarar la falta de
legitimación por activa por parte de la actora. Para tal efecto manifestó lo siguiente:
“[…] A los hechos, este ente instructor precisa como cierto que, la Fiscalía General
de la Nación y otras entidades fueron demandadas por el medio de control de nulidad
simple por considerar que los Decreto 382, 383 y 384 de 2013 vulneran el
ordenamiento jurídico colombiano, pero la accionante de la presente acción de tutela
no se encuentra registrada como sujeto procesal. […]”.
[…]
“[…] En este orden de ideas, se advierte que no existe relación de causalidad entre
las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y la presunta vulneración de los
derechos fundamentales alegados por el accionante, con ocasión de la actuación u
omisión de la(s) autoridad(es) judicial(es) objeto de reproche en el escrito de tutela.
Ello, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia constitucional referida.
En igual sentido, se enfatiza ante el Despacho, que la Fiscalía General de la Nación
no tiene idoneidad para pronunciarse sobre las pretensiones presentadas por la parte
tutelante, toda vez que esta entidad, no tiene las facultades ni la competencia para
acceder a las pretensiones del accionante con la acción de tutela. […]”.
[…]
“[…] En el caso concreto, no se evidencia que se haya aplicado la agencia de
derechos ajenos por parte de la señora Ivonne Contreras Sánchez, esto es, no se
encuentra manifestada ni justificada la acción de tutela instaurada a nombre de otro,
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Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
sin poder para representarlo, lo que resulta improcedente en los términos de lo
establecido en el artículo 86 constitucional. […]”.
15. La Sección Segunda del Consejo de Estado allegó copia digital del
expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de control de
nulidad identificado con el número único de radicación 110010325000201601169-
00.
16. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y Clara Adriana Montañez Hernández
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
Cuestiones previas
Falta de legitimación en la causa por pasiva
19. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
7 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el
juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[8]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.
22. La Sala advierte que la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Fiscalía General de la
Nación solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de
legitimación en la causa por pasiva.
23. Al respecto, es preciso indicar que dichas autoridades fueron notificadas del
proceso de tutela de la referencia como terceros con interés legítimo, en la medida
en que, por un lado, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento
Administrativo de la Función Pública fueron demandados al interior del proceso de
nulidad identificado con el núm. de radicación 110010325000201601169-00, y por
otra parte, la Fiscalía General de la Nación, fue vinculada como tercero con interés
legítimo en el proceso mencionado anteriormente; es decir, que a dichas
autoridades les asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.
24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Nación – Ministerio
de Justicia y del Derecho, al Departamento Administrativo de la Función Pública y
a la Fiscalía General de la Nación les asiste interés en la decisión de tutela que se
profiera.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-
562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, se cumplen o no los
presupuestos procesales para la presentación de la acción de tutela, en especial
si la actora está legitimada en la causa por activa para interponer la presente
acción, y en caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa,
establecer si en el presente caso se vulneraron los derechos fundamentales
invocados supra.
27. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la
acción de tutela; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; iii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) análisis
del caso concreto y finalmente las v) conclusiones de la Sala.
La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela
28. Al respecto el inciso primero artículo 86 de la Constitución Política de 1991
establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o
mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. La norma establece textualmente lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. […]” (Destaca
la Sala).
29. Frente a la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción
de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece:
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Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
“[…] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
30. Como se puede evidenciar, la acción de tutela puede ser interpuesta
directamente por: i) el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante
apoderado donde se acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la
agencia oficiosa. Frente al tema la Corte Constitucional ha dicho 9:
“[…] En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución
del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el
funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es
propio del demandante […]”.
31. La regla contenida en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y 10
del Decreto núm. 2591 de 1991, impone que el actor de tutela debe estar legitimado
en la causa por activa, en la medida que solamente podrá ejercer esta acción
constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin
perjuicio de la agencia oficiosa de derechos. Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha considerado lo siguiente:
“[…] 3.2.3. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA.
Tal como se encuentra estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción
de tutela es un mecanismo judicial en virtud del cual a través de un procedimiento
preferente y sumario, toda persona puede acudir ante cualquier juez a solicitar la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos
resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas.
Desde sus inicios esta Corte ha sido enfática en señalar que, la acción de tutela tiene
como una de sus características esenciales la del ejercicio informal, “es decir que no
limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen
de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los
niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo
individuo de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano.”10
9 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-459 de 15 de julio de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Sin embargo, las normas reglamentarias de la tutela exigen como requisito la
legitimidad e interés del accionante, conforme se advierte en lo estipulado en el
artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, admitiéndose también la agencia de
derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia
defensa, y la intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros
municipales.
Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir de
manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar
protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza a la
acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos
de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa11 […]” (Destaca la
Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
32. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional12 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
12 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
34. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional13 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Análisis del caso concreto
36. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sección
Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, con ocasión a “[…] la omisión
en tramitar mi solicitud de recusación y no dar respuesta a la solicitud previa
13 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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presentada el 2 de octubre de 2024, en la que solicité la aplicación del artículo 116
del CPACA […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad identificado con el número único de radicación 110010325000201601169-
00, vulneró sus derecho fundamentales invocados supra.
37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
38. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
39.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad identificado con el número único de radicación 110010325000201601169-
00.
Solución del caso concreto
40. En el caso sub examine, la Sala evidencia que la actora presentó acción de
tutela contra la Sección segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, con
ocasión a “[…] la omisión en tramitar mi solicitud de recusación y no dar respuesta
a la solicitud previa presentada el 2 de octubre de 2024, en la que solicité la
aplicación del artículo 116 del CPACA […]”, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad identificado con el número único de radicación
14
Núm. único de radicación: 110010315000202406625-00
Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
110010325000201601169-00, vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.
41. En ese orden de ideas, la Sala debe establecer si la actora tiene legitimación
en la causa por activa, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales.
42. Sobre el particular, es preciso indicar que, Clara Adriana Montañez
Hernández, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público –
Ministerio de Justicia y del Derecho, y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, a través de la cual solicitó la declaratoria de nulidad de Decretos
0382, 0383 y 0384 de 2013, 022 de 2014 y 1269 de 2015, mediante los cuales el
Gobierno Nacional creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, de la Fiscalía General de la Nación, de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de
la Rama Judicial (número único de radicación 110010325000201601169-00).
43. La Sala observa que, revisado el expediente digital del proceso de nulidad,
en aplicación del numeral 3.º del artículo 171 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se ordenó la vinculación de la
Fiscalía General de la Nación y de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial dado el eventual interés que podía tener en las resultas
del proceso.
44. En ese orden de ideas, se advierte que la persona y las autoridades
mencionadas supra son los legitimados en la causa por activa para interponer la
presente acción de tutela por ser las partes que integraron dicho proceso.
45. Igualmente, la Sala advierte que al consultar en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial – Samai la información del proceso objeto de debate, se observa
lo siguiente:14
14 Cfr.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103250002016011690011
00103
15
Núm. único de radicación: 110010315000202406625-00
Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
46. De conformidad con lo expuesto, para la Sala no se configura la legitimación
en la causa por activa de la actora, toda vez que no fue parte15 dentro del medio
de control de nulidad identificado con el número único de radicación
110010325000201601169-00.
47. La Sala precisa que, si bien la actora presentó dentro del proceso ordinario
los memoriales que indicó en el escrito de tutela, lo cierto es que en ellos no solicitó
ser vinculada como tercero con interés o su coadyuvancia y, en consecuencia, no
se advierte en el expediente que en efecto haya sido reconocida en algún momento
como parte o como tercero.
15 Frente a la configuración de la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela, ha
dicho esta sección “[…] Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual, quien promueva una acción
de tutela con el propósito de buscar la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente
vulnerado con ocasión de las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial,
debe acreditar que es o fue parte en el mismo. Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10, que determina que en la acción de tutela la
legitimidad para actuar está radicada en la persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien ejercerá la acción, directamente o a través de apoderado, debidamente acreditado. Lo
anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el objeto de la acción de amparo es el de controvertir y
dejar sin efecto el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del 3 de marzo de 2016, dictada en
el medio de control de nulidad electoral bajo el radicado 1100-03-28-000-2016-00024-0015; pues de ésta es
que el actor deriva la vulneración, en primer lugar, del derecho fundamental al debido proceso, y, como
consecuencia de ello, de los de buena fe y de elegir y ser elegido; sin que él se hubiere constituido como parte
en el mismo. En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio de control de nulidad electoral
radicado con el número 11001-03-28-000-2016-00024-00 allegado al expediente de tutela, la Sala pudo
determinar que el actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud alguna de coadyuvancia,
razón por la que no puede ser considerado como parte en ese proceso […]”. (Resaltado por la Sala). Cfr.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre
de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2018-02917-00.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202406625-00
Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
48. Esta Sección, en acciones públicas como lo es el medio de control de
nulidad electoral, ha indicado lo siguiente16:
“[…] En el asunto cuyo estudio ocupa la atención de la Sala, se advierte, del
expediente allegado en calidad de préstamo a esta causa constitucional, que las
partes del proceso de nulidad electoral objeto amparo fueron los siguientes: i) los
ciudadanos Samuel Manuel Martínez Mendoza, Gustavo Prado Cardona y la
Veeduría de Transparencia Electoral (demandantes); ii) los señores Rodrigo
Alberto Mendoza Vega y Jairo Enrique Ruiz Tamayo, el Consejo Nacional
Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Partido de la U
(demandados); y iii) los coadyuvantes Margarita Inés Quintero López, Johann
Wolfgang Patiño Cárdenas y Laura Camila Casas Pinto.
1. Visto lo anterior, es claro para la Sala que el ciudadano Óscar de Jesús Giraldo
Torres -aquí actor- no fue parte dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral con radicado número 05001-23-33-000-2019-03141-
01 y, por ende, carece de legitimación en la causa por activa para promover el
mecanismo de amparo de la referencia, con el objeto de cuestionar, en nombre
propio, la providencia judicial dictada en el interior del referido proceso.
2. De manera que el hecho consistente en que el actor haya ejercido su derecho al
voto en las elecciones regionales y locales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019,
no significa que se encuentre legitimado para controvertir la decisión judicial que se
profirió dentro de un proceso de naturaleza electoral en el que no intervenino (sic),
pues para ello resultaba indispensable que hubiese sido parte dentro del proceso
respecto del cual ahora alega la vulneración de su derecho fundamental.
3. Es por lo anterior que esta Sección coincide con el a quo cuando consideró que si
bine (sic) «en el escrito tuitivo, Torres Giraldo pretendió justificar su legitimación con
base en el derecho a elegir y ser elegido, dada la calidad de elector y simpatizante
de Rodrigo Mendoza Vega; sin embargo, ese argumento no es de recibo, toda vez
que, al estudiar los cargos alegados, es claro que lo que realmente pretende
salvaguardar son los derechos del diputado cuya elección fue anulada, pues busca
desvirtuar las conclusiones vertidas en una sentencia judicial que le fue
desfavorable a este». (negrillas por fuera del texto original)
4. Valga destacar que en este mismo sentido y de manera pacífica se ha pronunciado
esta Sección, entre otras, en la providencia -sentencia- de 4 de agosto de 2016, en
la que se sostuvo lo siguiente -la cual se reitera en esta oportunidad-:
[…] no puede el accionante alegar que se encuentra legitimado para promover la
presente acción de tutela, con fundamento en la vulneración de su derecho a elegir
y ser elegido, materializado en el voto otorgado a la señora Oneida Rayeth Pinto,
toda vez que, en su criterio, el hecho de hacer parte del censo electoral que dio
lugar a la elección, lo acredita como interesado.
Para la Sala, tal argumento no es de recibo, por cuanto, la participación en el censo
electoral no legitima al elector para promover la acción de tutela contra la
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de octubre de
2021, radicación número: 11001-03-15-000-2021-03281-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202406625-00
Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
providencia judicial que anule la elección, si no se hizo parte del respectivo
proceso electoral […]17. (Se destaca)
5. Siguiendo esa misma línea argumentativa, esta Sala de Decisión, en reciente
18
pronunciamiento de 11 de junio de 2021 , resolvió declarar improcedente la acción
de amparo, por falta de legitimación en la causa por activa de los actores que la
promovieron, toda vez que no fueron parte ni sujeto procesal dentro del medio de
control de nulidad electoral en el que se profirió la providencia judicial que
cuestionaban por vía de tutela […]”.
49. En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la actora tenga un
interés directo y particular respecto al amparo que se solicita ante el juez
constitucional que permita establecer que los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados sean propios de la actora, razón por la cual esta Sala
no puede emitir un pronunciamiento de fondo, para establecer si en el presente
caso concreto hubo o no la afectación de sus derechos fundamentales.
Conclusiones de la Sala
50. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formuladas por la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho,
el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Fiscalía General de la
Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de agosto de
2016, expediente número 11001-03-15-000-2016-01865-00, C.P. María Elizabeth García González.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de
2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-02314-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406625-00
Actora: Ivonne Carolina Contreras Sánchez
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Salva voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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