Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06638-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06638-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06638-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06638-01
Accionante: Lina María Rondón Lizarazo
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Temas: Impugnación. Tutela por acción u omisión de autoridad pública.
Derecho de petición. Debido proceso. Revoca.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala1 decide la impugnación presentada por Lina María Rondón Lizarazo
contra la Sentencia de 21 de febrero de 2025 de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela presentada.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 3 de diciembre de 2024, Lina María Rondón Lizarazo interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, la Procuraduría Provincial de
Sincelejo y el Concejo Municipal de Morroa (Sucre), por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales de petición y debido proceso. La accionante sostuvo
que el Tribunal Administrativo de Sucre anuló el acto administrativo mediante el cual
se designó a Yuranis Tovar Barragán como Personera municipal de Morroa - Sucre,
y ella no ha sido nombrada en dicho cargo, a pesar de haberlo solicitado de forma
expresa. Asimismo, señaló que ni el Concejo ni la Procuraduría han dado respuesta
a sus peticiones. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:
«1. Solicito al honorable Consejo de Estado ordenar la protección del derecho
fundamental de las peticiones fechadas seis (6) y siete (7) de noviembre de 2024 al no
haber sido resueltas o estar sin responder luego de pasados quince (15) días hábiles.
2. Solicito al honorable Consejo de Estado ordenar la protección del debido proceso en
conexión con el derecho a peticionar en tanto a mí no se me notificó de nada sobre la
conformación de la lista de elegible que ordena el Tribunal Administrativo de Sucre
adelante el concejo; pese a mis peticiones que fueron ignoradas en su totalidad donde
pedí claramente transparencia en aras de un debido proceso administrativo en la
elección del personero municipal de Morroa (2024-2028)
1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.
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3. A consecuencia de la violación del debido proceso de parte del Concejo Municipal
de Morroa, y por tergiversar la orden judicial del Tribunal Administrativo de Sucre
solicito se deje sin efecto la nueva elección para optar por el cargo de personero periodo
2024-2028 que hiciera dicho concejo para el mes de noviembre de 2024 donde de
nuevo con violación al debido proceso administrativo se elige a la señora Yuranis Tovar
Barragán como personera de Morroa, toda vez que a mí no se me notifico acerca de la
lista de elegible ya que así fue ordenado por el tribunal sucreño, derecho este que me
fue violado.
4. Dado a que se declara la nulidad del acto que elige a la señora Yuranis Tovar
Barragán como Personera del Municipio de Morroa - Sucre para el periodo 2024-2028,
contenido en el Acta No. 031 del 14 de mayo de 2024 corresponde ordenar al Tribunal
Administrativo de Sucre aclarar su fallo el cual fue tergiversado incurriendo el concejo
en una vía de hecho por mal interpretarlo nombrando de nuevo a la misma persona a
la cual se le anulo la elección, sin convocar a un nuevo concurso público y de méritos.
5. Si el Tribunal Administrativo de Sucre no responde o sigue sin responder a mis
peticiones por ello solicito que sea el Concejo de Estado quien tome la rienda de la
vulneración a mis derechos fundamentales al debido proceso y proceda a invalidar o
DEJAR SIN EFECTO JURIDICO el acto por el cual se nombra de nuevo en el mes de
noviembre de este año a la señora YURANIS TOVAR BARRAGAN ya que en ningún
momento el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE ordena dar un plazo al concejo
para subsanar los errores que cometió el mismo concejo municipal de Morroa-Sucre.
Siendo que el concejo no es un órgano autorizado para interpretar la ley, pues quien
debe aclarar es el mismo tribunal que profirió el fallo, por lo que el concejo incurre en
una vía de hecho.
6. Al dejar sin efecto la elección que hace el concejo en el mes de noviembre de 2024,
solicito se ordene se haga un nuevo concurso público y de méritos. Atendiendo también
a la sentencia del Tribunal Administrativo que ordeno su anulación.»
2. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron
identificados los siguientes:
3. Lina María Rondón Lizarazo participó en el concurso de méritos para elegir al
personero de Morroa – Sucre 2024 – 2028, llevado a cabo por el Concejo Municipal.
Siendo elegida personera Yuranis Tovar Barragán.
4. El 27 de junio de 2024, Rosa Elena Ávila Zarza2 presentó una demanda de
nulidad electoral frente a la elección de Yuranis Tovar Barragán como personera del
mencionado municipio, para el periodo 2024-2028. Esta demanda fue asignada al
Tribunal Administrativo de Sucre, con radicado No. 70001-23-33-000-2024-00110-
00.
5. Mediante Sentencia de 25 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Sucre declaró la nulidad de la elección de la señora Tovar Barragán, debido a que
la elección no se basó en una lista de elegibles, lo cual era un requisito
indispensable dentro del concurso de méritos3.
2 Una de las participantes dentro del concurso de méritos para elegir personero municipal 2024 –
2028 en Morroa – Sucre.
3 En la sentencia se expuso el desarrollo del concurso de méritos, dejando en evidencia que,
conforme al procedimiento establecido, una vez aplicadas las pruebas, debía conformarse una lista
de elegibles. No obstante, el Concejo Municipal procedió a posesionar directamente a la persona
que obtuvo el mayor puntaje en el concurso (Yuranis Tovar Barragán) sin que previamente se hubiera
conformado la referida lista de elegibles, requisito indispensable para garantizar la legalidad y
transparencia del proceso.
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6. El 6 de noviembre de 2024, Lina María Rondón Lizarazo presentó a través de
correo electrónico un derecho de petición ante la Alcaldía y el Concejo Municipal en
el que solicitó:
«1. Con todo respeto le pido respetar la LISTA DE ELEGIBLES y considerarme a mí
para ocupar el cargo de personera de Morroa, mientras se hace otro concurso ya que
como saben el anterior fue anulado.
2. Si ustedes al violar la lista de elegibles entonces Le pido justificar por qué tienen que
nombrar en el cargo de personero a otra persona que ni siquiera participo en el
concurso y que no se lo merece. Solicito copia de tal apelación
3. Solicito notificarme si el concejo y la señora Barragán apelaron a tiempo la decisión
que la perjudica. 4. Solicito notificar y motivar cualquiera que sea su decisión»
7. El 7 de noviembre de 2024, la señora Rondón Lizarazo radicó un segundo
derecho de petición en donde solicitó (1) al Concejo (i) copia de las hojas de vida
para el nombramiento de la nueva personera, incluyendo la de Érica Patricia Ortega
Barragán; (ii) copia del proceso de selección tras la nulidad de la elección de Yuranis
Tovar Barragán; y (iii) copia del proceso de convocatoria y los medios utilizados.
Preguntó (iv) si Érica Patricia Ortega Barragán era familiar de Yuranis Tovar
Barragán y, de ser así, cuál era el grado de parentesco; y (v) cuántas personas se
presentaron para el cargo después de la declaratoria de nulidad. (vi) Pidió que se
remitiera el proceso a la Procuraduría para supervisión, así como (vii) la revocación
del nombramiento de Érica Patricia Tovar por falta de objetividad y (viii) exhortó a
los concejales a seguir la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre.
8. (2) A la Procuraduría Provincial de Sincelejo (i) investigar el grado de
parentesco entre la personera entrante y la saliente; (ii) averiguar si la elección de
Érica Patricia Ortega Barragán generó un conflicto de intereses; (iii) vigilar para que
no se tergiverse la sentencia judicial relacionada con la elección de una nueva
personera; y (iv) imponer una acción preventiva para que el Concejo Municipal de
Morroa responda a la solicitud de manera adecuada y no evasiva. Aunado ello,
mencionó que el Tribunal Administrativo de Sucre reconoció que la solicitante
estaba en la lista de elegibles, pero no fue considerada por el concejo para el cargo
de personera, sintiéndose ignorada. Expresó preocupación porque el concejo
intentó hacer una nueva lista de elegibles para subsanar una nulidad. Aclaró que el
tribunal anuló la elección de la señora Tovar Barragán y no ordenó su retorno al
cargo, lo que implicaba que debía realizarse un nuevo concurso.
9. (3) Al Tribunal Administrativo de Sucre (i) aclarar su fallo y (ii) asegurar que
dicha providencia no fuera ignorada ni malinterpretada por el Concejo Municipal de
Morroa.
10. Al momento de presentar la acción de tutela, manifestó que no había recibido
ninguna respuesta.
11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora afirmó que el Concejo
Municipal de Morroa, la Procuraduría Provincial de Sincelejo y el Tribunal
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Administrativo de Sucre vulneraron su derecho de petición al no responder las
solicitudes que presentó el 6 y 7 de noviembre de 2024. Señaló que se violó su
derecho al debido proceso por parte del Concejo Municipal y el Tribunal
Administrativo de Sucre, ya que la falta de respuesta y la no atención a las
pretensiones planteadas en sus derechos de petición desatendió lo establecido en
la Sentencia de 25 de octubre de 2024, Rad. 2024-00110-00.
Intervenciones
12. El Concejo Municipal de Morroa manifestó que respondió las peticiones al
correo electrónico linamariarondonlizarzo@gmail.com4. Agregó que acató el fallo
emitido dentro del proceso de nulidad electoral «y procedió adelantar la etapa
fundamental respecto a la expedición del acto administrativo por medio de la cual
se hace la publicación de la lista del concurso público y abierto de méritos para la
elección de personero municipal de Morroa – Sucre, y se dictan otras disposiciones,
la cual fue publicada a través de la resolución Nº 020 de fecha 21 de noviembre del
año 2024». Indicó que dicho acto administrativo fue notificado a todos los
interesados (incluso a la señora Rondón Lizarazo). Solicitó declarar improcedente
la acción de tutela por no existir vulneración de los derechos de petición y debido
proceso, y solicitó su desvinculación.
13. El Tribunal Administrativo de Sucre expresó que se oponía a la
prosperidad de la acción de amparo, ya que conforme a la competencia establecida
en el artículo 151 del CPACA, esa corporación declaró, mediante Sentencia de 30
de octubre de 2024, la nulidad del acto de elección de Yuranis Tovar Barragán como
personera de Morroa (Sucre) para el periodo 2024-2028. Manifestó que la
competencia para conformar la lista de elegibles en el concurso de méritos para
elegir al personero corresponde exclusivamente al concejo municipal. Además,
indicó que el derecho de petición no era el mecanismo adecuado para pedir
aclaraciones sobre decisiones judiciales, especialmente cuando quien lo solicita no
hizo parte del proceso.
14. Rosa Elena Ávila Zarza adujo que participó en el concurso de méritos para
la elección del personero municipal de Morroa, correspondiente al periodo 2024–
2028. Señaló que actuó como demandante en la acción de nulidad electoral
radicada bajo el No. 2024-00110-00 y precisó que al haberse declarado la nulidad
del acto administrativo que contenía dicha elección, también deben considerarse
inválidos todos los actos desarrollados dentro del proceso de elección.
15. La Procuraduría Provincial de Sincelejo manifestó que no era responsable
de la presunta vulneración de derechos alegada en la acción de tutela, ya que la
competencia para llevar a cabo el concurso de méritos para la elección del
personero de Morroa, para el periodo 2024–2028, recaía en el concejo municipal.
Además, señaló que, en el marco de la acción preventiva con radicado P-2023-
4 Anexó respuestas y prueba de su envío el 6 de diciembre de 2024 al correo electrónico
linamariarondonlizarzo@gmail.com
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2974114, se realizó seguimiento al proceso de elección de los personeros en los
distintos municipios bajo su jurisdicción, incluyendo Morroa (Sucre). En ese
contexto, se inició una actuación disciplinaria con radicaciones IUS E-2023-306998
e IUC D-2024-3456142, debido a presuntas irregularidades detectadas en aquel
concurso de méritos.
16. Recalcó que la accionante presentó 2 escritos de queja, identificados con los
radicados IUS-E-2024-685917 / IUC-D-2024-3874379 e IUS-E-2024-285969 / IUC-
D-2024-3639423, respectivamente. Indicó que dado que dichos asuntos se refieren
al mismo objeto y a los mismos sujetos disciplinables involucrados en la actuación
disciplinaria con radicado IUS-E-2023-306998 / IUC-D-2024-3456142, en aplicación
del principio de economía procesal, ordenó su acumulación de oficio. Esta decisión
fue adoptada mediante Autos de 14 y 28 de noviembre de 2024, los cuales fueron
debidamente comunicados a la accionante, en su calidad de quejosa.
17. Finalmente, alegó su falta de legitimación por pasiva, ya que no era
responsable de la presunta vulneración de derechos alegada en la acción e indicó
que no se configuró violación o amenaza del derecho de petición, pues la accionante
confundió la facultad de presentar quejas con el ejercicio del derecho fundamental
de petición.
18. Yuranis Tovar Barragán explicó que participó en el concurso de méritos y
fue elegida personera de Morroa, según el Acta No. 031 de 14 de mayo de 2024.
Sin embargo, su elección fue objeto de una demanda, y el Tribunal Administrativo
de Sucre declaró su nulidad. En consecuencia, el Concejo Municipal de Morroa,
mediante el Acta No. 021 de 21 de noviembre de 2024, elaboró una lista de elegibles
de acuerdo con el concurso de méritos realizado, en la cual ella ocupó el primer
lugar. Finalmente, como personera municipal, declaró que no reposa en su
despacho «oficios, memoriales o derechos de peticiones radicados por la
accionante para el seguimiento de las Garantías de sus Derechos Fundamentales,
en el caso que nos atañe presentadas ante el Concejo Municipal de Morroa y otras
entidades».
19. Las demás personas vinculadas como terceros, a pesar de haber sido
notificados de la acción de tutela, guardaron silencio.
Sentencia impugnada
20. El 21 de febrero de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela.
21. De un lado, sostuvo que los reparos de la parte actora contra el Tribunal
Administrativo de Sucre y el Concejo Municipal de Morroa estuvieron dirigidos a
«censurar la conformación de la lista de elegibles que se dio con posterioridad a la
orden judicial emitida por el Tribunal, sumado a que Lina María Rondón Lizarazo no
actuó de ninguna forma al interior de la nulidad electoral» punto sobre el cual (i) no
se pronunció la Sentencia de 25 de octubre de 2024 y (ii) cursa una segunda
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demanda de nulidad electoral cuya demandante fue la señora Rondón Lizarazo, la
cual incluso se relaciona con la designación posterior de la señora Tovar Barragán
(Rad. 70001-23-33-000-2024-00197-00).
22. Del otro, señaló que en el proceso quedó demostrado que, previa
presentación de la acción de tutela, la Procuraduría Provincial de Sincelejo y el
Concejo Municipal de Morroa dieron respuesta a las peticiones de 6 y 7 de
noviembre de 2024. Frente a la petición ante el Tribunal, señaló que al tratarse del
seguimiento de la sentencia de nulidad electoral, esta debe sujetarse a los términos
y reglas propias del proceso judicial.
Impugnación
23. La accionante impugnó la decisión argumentando que las peticiones
presentadas los días 6 y 7 de noviembre de 2024 aún no han sido resueltas. En su
escrito de impugnación reiteró los argumentos expuestos inicialmente en la acción
de tutela.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, establecer si Tribunal
Administrativo de Sucre, el Concejo Municipal de Morroa y la Procuraduría
Provincial de Sincelejo vulneraron el derecho fundamental de petición y/o debido
proceso de la señora Rondón Lizarazo.
Procedibilidad de la acción de tutela contra autoridad pública
25. La presente acción resulta procedente pues 1) se orientó a lograr el amparo
de los derechos fundamentales de petición y debido proceso; 2) se tiene acreditada
la legitimación, tanto por activa como por pasiva, puesto que la accionante es la
titular de las garantías de constitucionales que se invocan como violadas y el
Tribunal Administrativo de Sucre, el Concejo Municipal de Morroa y la Procuraduría
Provincial de Sincelejo son las autoridades que presuntamente no contestaron sus
peticiones; 3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora
procurar la defensa de sus derechos constitucionales; 4) hubo un plazo razonable
en la presentación de la acción de tutela.
Análisis de la vulneración alegada
26. La Sala revocará la decisión de primera instancia emitida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las siguientes razones:
27. Frente al derecho fundamental de petición y en relación con las solicitudes
presentadas ante el Concejo Municipal de Morroa, se encuentra acreditado en el
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expediente que dichos requerimientos fueron resueltos durante el trámite de la
primera instancia. En efecto, consta que la respuesta fue enviada el 7 de febrero de
2025 al correo electrónico linarondonlizarazo@gmail.com5. En ese orden,
comoquiera que la acción de tutela fue presentada el 3 de diciembre de 2024, se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado6, toda vez que la
autoridad accionada dio respuesta al derecho de petición antes de que el juez
constitucional profiriera decisión de fondo sobre el asunto.
28. Por su parte, la Procuraduría Provincial de Sincelejo comunicó por correo
electrónico a la accionante sobre la acumulación de quejas IUS-E-2024-685917
IUC-D-2024-3874379 e IUS-E-2023-306998 IUC-D-2024-2456142, ante la
existencia de un proceso previo por las presuntas irregularidades en el concurso de
méritos para elegir personero de Morroa – Sucre.
29. Aunado a ello, no puede perderse de vista que, con fundamento en la
Resolución Interna No. 330 de 2021, «[p]or la cual se establece el reglamento
interno para el trámite del derecho de petición en la Procuraduría General de la
Nación y se adoptan otras disposiciones», la queja de define como «[m]anifestación
de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en
relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores
públicos o contratistas, en desarrollo de sus funciones y obligaciones
contractuales»7. Dicho reglamento, da cuenta que la Procuraduría cuenta con un
marco normativo claro para recibir y procesar las quejas, lo que garantiza un canal
formal y reglado para que la ciudadanía pueda manifestar sus inconformidades
frente a la actuación de los servidores públicos.
30. En ese orden de ideas, dado que el escrito presentado por Lina María
Rondón Lizarazo no fue otra cosa que una queja y/o denuncia relativa a las
presuntas irregularidades en el proceso de elección de personero municipal, ello no
implica que deba darse inicio automático a una investigación disciplinaria, sino que
habilita a dicha autoridad para evaluar su contenido, determinar si tiene mérito y, en
caso afirmativo, decidir si procede iniciar las indagaciones preliminares que
considere pertinentes8. En consecuencia, la queja debe ser tramitada y estudiada
cuidadosamente, para determinar el inicio de una actuación disciplinaria. Llevando
a concluir que la respuesta dada por la Procuraduría a la señora Rondón Lizarazo
fue acorde con las competencias otorgadas por la ley a la entidad y con el
procedimiento para tratar las mismas.
5 Correo electrónico indicado por la accionante para ser notificado de la respuesta al derecho de
petición.
6 Sobre el concepto y categorías de la carencia actual de objeto puede consultarse: Corte
Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.
7 Artículo 8.
8 Sobre el particular. Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 1997: «no toda queja necesariamente
origina una actuación disciplinaria, indagación preliminar o investigación, ya que desde el inicio
puede descartarse si es descabellada o irrelevante. En este caso, no se considera como un requisito
para iniciar una acción disciplinaria, lo que implica que el funcionario encargado del poder
disciplinario no está obligado a ponerla inmediatamente en conocimiento del presunto infractor».
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31. Por último, en lo que respecta a la solicitud presentada ante el Tribunal
Administrativo de Sucre, en el marco del proceso de nulidad electoral Rad. 70001-
23-33-000-2024-00110-00, debe indicarse que no se rige por las reglas del derecho
de petición, sino por los lineamientos propios del proceso judicial. En ese sentido,
la afirmación de la señora Rondón Lizarazo, según la cual el Tribunal presuntamente
no ha dado respuesta a su solicitud, carece de fundamento, ya que dicha solicitud
debe ser tramitada conforme a las reglas del proceso, resaltando que ella no es
parte dentro del mismo9.
32. En otras palabras, no le asiste razón a la peticionaria, toda vez que la solicitud
elevada ante el Tribunal Administrativo de Sucre se formuló en el marco de un
proceso judicial, respecto del cual no ostenta la calidad de parte. Por tanto, dicha
petición no se encuentra sujeta a las reglas de las actuaciones administrativas de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA), sino a las disposiciones procesales que rigen el trámite
del medio de control de nulidad electoral. En tal medida, no puede predicarse una
vulneración por parte del despacho judicial, al haber actuado conforme a las
competencias y procedimientos establecidos por la ley.
33. Ahora bien, esta Sala negará la acción de tutela respecto a la presunta
vulneración del derecho al debido proceso, por cuanto no se advierte que dicha
garantía constitucional haya sido afectada en relación con el ejercicio del derecho
de petición. Del análisis efectuado se concluye que las entidades accionadas han
actuado conforme a sus competencias frente a las solicitudes presentadas por la
señora Rondón Lizarazo. El hecho de que no se haya accedido a lo solicitado no
constituye, por sí mismo, una vulneración de sus derechos fundamentales.
34. En efecto, del contenido de las solicitudes se infiere que la pretensión de
fondo de la peticionaria era ser designada como personera Municipal de Morroa –
Sucre. No obstante, es importante reiterar que las entidades no están obligadas a
acceder favorablemente a lo solicitado. El núcleo esencial del derecho de petición
consiste en: (i) brindar una respuesta de fondo, (ii) de manera clara y precisa, (iii)
dentro de los términos legales, y (iv) comunicar oportunamente al peticionario 10. El
cumplimiento de estas condiciones no implica una obligación de resolver
positivamente la solicitud elevada.
35. En consecuencia, no se configura una vulneración del derecho de petición ni
del debido proceso, toda vez que las autoridades competentes dieron respuesta
9
Así lo ha hecho ver esta corporación en decisiones anteriores en donde ha manifestado que las
peticiones judiciales se tramitan por las reglas propias del proceso, así: «[L]a jurisprudencia
constitucional ha insistido que las reglas del derecho fundamental de petición no son aplicables
cuando se le solicita a un servidor judicial que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que las
peticiones sobre actuaciones judiciales se encuentran reguladas en procedimientos propios. Por
tanto, los memoriales y los recursos se rigen por los términos y etapas procesales previstos por el
legislador, y en general, por las leyes procedimentales propias de cada mecanismo judicial. Esto
significa que las peticiones y escritos que se interponen ante autoridades judiciales sobre aspectos
relacionados con el litigio se regulan por las reglas propias de cada juicio. Por ende, las disposiciones
que rigen el derecho de petición no son aplicables a las solicitudes que pretendan obtener
pronunciamientos relacionados con procesos judiciales (…)» Consejo de Estado. Sección Cuarta.
Rad. 11001-03-15-000-2020-04387-00.
10 Puede consultarse: Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2015.
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Accionante: Lina María Rondón Lizarazo
oportuna y motivada a las solicitudes de la accionante, ajustándose a los parámetros
legales establecidos. La acción de tutela, en este aspecto, será negada por no
haberse acreditado la afectación de derechos fundamentales.
Conclusión
36. En mérito de lo expuesto, esta Sala procederá a revocar la decisión de primer
grado y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado frente
a las peticiones presentadas ante el Consejo Municipal de Morroa y negar el amparo
frente a las peticiones dirigidas a la Procuraduría Provincial de Sincelejo y el
Tribunal Administrativo de Sucre.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 21 de febrero de 2025 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por Lina María Rondón Lizarazo. En
su lugar, se dispone: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
frente a las peticiones presentadas ante el Consejo Municipal de Morroa y NEGAR
la solicitud de amparo en todo lo demás.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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