Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06653-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06653-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06653-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06653-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
23 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: LUIS GERARDO GIRALDO OROZCO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por los accionantes contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los señores Luis Gerardo Giraldo Orozco, María Aurora Garzón de Giraldo y
Reinel Giraldo Garzón solicitaron, a través de apoderada judicial, el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 5 de junio de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del medio de
control de reparación directa con el número de radicación 18001-33-33-001-2013-
00555-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestaron que promovieron la demanda de reparación directa núm. 18001-33-
33-001-2013-00555-00/011 contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional, para que se le declarara responsable administrativa y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
patrimonialmente por los perjuicios materiales e inmateriales causados con la
aspersión que el 13 de abril de 2021 destruyó los cultivos de café, yuca y plátano
del predio rural denominado “El Paraíso”, ubicado en la verdad Las Acacias
jurisdicción del Municipio de El Paujil.
2.2. Indicóque el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Florencia, autoridad judicial, que, mediante providencia
de 31 de enero de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en que “[…] se acredito [sic] el daño, esto es, la destrucción de los
cultivos y el nexo de causalidad e imputabilidad […]”.
2.3. Refirió que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y que el Tribunal Administrativo del Caquetá revocó, mediante sentencia de
5 de junio de 2024, el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda.
2.4. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, al incurrir en
un defecto fáctico, en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial y en violación directa de la Constitución.
2.5. Frente al defecto fáctico, aseguró que “[…] [c]ontrario a lo expresado por el
Honorable Tribunal Administrativo del Caquetá existen pruebas suficientes como
las referidas para acreditar el daño […]”, entre las que se encuentran:
a. Los Oficios núms. JPAC-01341 y JPAC-01342 de 12 de marzo de 2015, y
el núm. 0210046 SURAN ARECI-29.25 del 27 de marzo de 2015.
b. Las ordenes de servicio núms. 063 de 5 de marzo y 13 de abril de 2011 de
los departamentos de Caquetá y Putumayo, respectivamente.
c. El registro fotográfico que muestra los cultivos efectivamente afectados por
la aspersión.
d. El informe pericial elaborado por el perito Angelino Gualteros Gómez “[…]
administrador en empresas agropecuarias, especialista en sistemas
sostenibles de producción pecuaria y magister en agroforesteria, informe
que tenía entre otros como objeto determinar los daños que presentó el
predio como consecuencia de la fumigación aérea con sustancias
químicas por parte de aeronaves adscritas a la Policía Nacional e indicar
en qué consisten esos daños […]”, y
e. Los testimonios de los señores Ana Matilde, Nicanor García y Luis Gerardo
Giraldo, cuyas declaraciones fueron “[…] coincidentes, […] coherentes y
fueron rendidas de forma espontánea por vecinos del sector que
apreciaron de manera directa la fumigación aérea y percibieron la
destrucción de los cultivos y la afectación económica del señor Luis
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
Gerardo Giraldo, quien dedicó toda su vida al cultivo de estos productos
[…]”.
2.6. Sobre el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial sostuvo
que la autoridad judicial accionada “[…] inobservó jurisprudencia del Consejo de
Estado en la que el hecho causante del daño, lo constituyen en el sub judice, la
actividad riesgosa de fumigación con glifosato a cultivos ilícitos, que además
terminaron por afectar cultivos lícitos del demandante, porque está acreditada la
aspersión aérea en el Departamento del Caquetá el día 13 de abril de 2011, así
como también la afectación a los cultivos de café y yuca conforme lo manifestaron
los testigos en audiencia de pruebas realizada por el despacho y constatada
mediante dictamen pericial presentado […]”.
2.7. Finalmente, sobre la violación directa de la Constitución señaló que la decisión
objeto de esta tutela “[…] quebranta el artículo 90 de la Constitución Nacional, ya
que, conforme a dicha preceptiva normativa, la responsabilidad administrativa del
Estado no excluye entre sí la aplicación de los regímenes subjetivo y objetivo de
imputación, circunstancia que fue desatendida en la sentencia objeto de reproche
mediante esta vía Constitucional, pues en ella se realizó un análisis limitado y
exclusivo de la falla del servicio, desconociendo el alcance de la mencionada norma
[…]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso,
derecho de contradicción, acceso a la administración de justicia y los demás
derechos fundamentales que se consideren vulnerados extrapetita al estudio
de la presente acción.
SEGUNDO: En consecuencia, ordenar al H. Tribunal Administrativo del
Caquetá, valorar todas y cada una de las pruebas en todo su contexto y en
forma íntegra, a efectos de establecer la responsabilidad de las demandadas,
tal como se indicó en los hechos de la tutela.
TERCERO: Se tomen las medidas y ordenes que se consideren necesarias
para que cese la vulneración de los derechos invocados.
CUARTO: Se ordene al H. Tribunal Administrativo del Caquetá sala segunda
de decisión que, en un término de 48 horas, de cumplimiento al fallo de tutela
[…]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 10 de diciembre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Florencia.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:
5.1. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional señaló, a
través de apoderada judicial, que “[…] la presente acción de tutela es plenamente
improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio irremediable
ocasionado a la parte accionante, derivado de la determinación adoptada por
Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Segunda de Decisión y que no está en
la obligación jurídica de soportar […]”. Por lo que solicitó que se declarara
improcedente el presente mecanismo constitucional.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró el derecho fundamental invocado
por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
fáctico, en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y
en violación directa de la Constitución.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución7.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
7
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”8 que encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. Los señores Luis Gerardo Giraldo Orozco, María Aurora Garzón de Giraldo y
Reinel Giraldo Garzón solicitaron, a través de apoderada judicial, el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 5 de junio de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del medio de
control de reparación directa con el número de radicación 18001-33-33-001-2013-
00555-00/01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
8
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental9 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones10.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales11, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12.
20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
9
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
11
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
12
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
13
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202214 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
14
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202315.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales16.
24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo del Caquetá vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico, en
un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en violación
directa de la Constitución.
25. Frente al defecto fáctico, aseguró que “[…] [c]ontrario a lo expresado por el
Honorable Tribunal Administrativo del Caquetá existen pruebas suficientes como
las referidas para acreditar el daño […]”, entre las que se encuentran:
a. Los Oficios núms. JPAC-01341 y JPAC-01342 de 12 de marzo de 2015, y
el núm. 0210046 SURAN ARECI-29.25 del 27 de marzo de 2015.
b. Las ordenes de servicio núms. 063 de 5 de marzo y 13 de abril de 2011 de
los departamentos de Caquetá y Putumayo, respectivamente.
c. El registro fotográfico que muestra los cultivos efectivamente afectados por
la aspersión.
d. El informe pericial elaborado por el perito Angelino Gualteros Gómez “[…]
administrador en empresas agropecuarias, especialista en sistemas
sostenibles de producción pecuaria y magister en agroforesteria, informe
que tenía entre otros como objeto determinar los daños que presentó el
predio como consecuencia de la fumigación aérea con sustancias
15
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
químicas por parte de aeronaves adscritas a la Policía Nacional e indicar
en qué consisten esos daños […]”, y
e. Los testimonios de los señores Ana Matilde, Nicanor García y Luis Gerardo
Giraldo, cuyas declaraciones fueron “[…] coincidentes, […] coherentes y
fueron rendidas de forma espontánea por vecinos del sector que
apreciaron de manera directa la fumigación aérea y percibieron la
destrucción de los cultivos y la afectación económica del señor Luis
Gerardo Giraldo, quien dedicó toda su vida al cultivo de estos productos
[…]”.
26. Sobre el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial sostuvo
que la autoridad judicial accionada “[…] inobservó jurisprudencia del Consejo de
Estado en la que el hecho causante del daño, lo constituyen en el sub judice, la
actividad riesgosa de fumigación con glifosato a cultivos ilícitos, que además
terminaron por afectar cultivos lícitos del demandante, porque está acreditada la
aspersión aérea en el Departamento del Caquetá el día 13 de abril de 2011, así
como también la afectación a los cultivos de café y yuca conforme lo manifestaron
los testigos en audiencia de pruebas realizada por el despacho y constatada
mediante dictamen pericial presentado […]”.
27. Finalmente, sobre la violación directa de la Constitución señaló que la decisión
objeto de esta tutela “[…] quebranta el artículo 90 de la Constitución Nacional, ya
que, conforme a dicha preceptiva normativa, la responsabilidad administrativa del
Estado no excluye entre sí la aplicación de los regímenes subjetivo y objetivo de
imputación, circunstancia que fue desatendida en la sentencia objeto de reproche
mediante esta vía Constitucional, pues en ella se realizó un análisis limitado y
exclusivo de la falla del servicio, desconociendo el alcance de la mencionada norma
[…]”.
28. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
29. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
30. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, al
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, lo cierto es que la inconformidad
se basa en el criterio de la autoridad judicial accionada para determinar que no se
acreditó la operación con glifosato del 13 de abril de 2021 y mucho menos que el
daño a los cultivos fue producido por alguna aspersión realizada en la zona.
31. Además, la parte accionante no está poniendo de presente que en la providencia
censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que
fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que la decisión
adoptada en la sentencia de segunda instancia revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda.
32. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo del Caquetá en la providencia cuestionada:
“[…] En este caso concreto de las pruebas se encuentra por la Sala que:
1. El 13 de abril de 2011 la Dirección Nacional de Estupefacientes realizó
operaciones de aspersión con glifosato en el Departamento del Caquetá, sin
que se acreditara que fuese en el municipio de El Paujil, o más exactamente
en el lugar en donde queda ubicada la finca El Paraíso de propiedad de los
demandantes.
Lo anterior obedeció a que no se entregaron las coordenadas del predio en
referencial, lo cual impidió la verificación correcta de la base de datos
estadísticos, lo que impidió que se aportara los soportes documentales (actas
y polígamas) con los que cuenta la entidad, así como también se allegara las
ordenes de servicio. Recordemos que la Policía, mediante Oficio No. S-2015-
021046/SURAN-ARECI-29.25 del 27 de marzo de 201517, informó que: “… las
operaciones de aspersión realizadas el 13 de abril del año 2011, no se
desarrollaron de manera indiscriminada individualizando predios o vereda, toda
vez que dichas operaciones se realizan sobre lotes de coca previamente
detectados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI, de
acuerdo a la Resolución 0013 de 2003 del Consejo Nacional de
Estupefacientes, donde además advierte que también serán objeto del
Programa las áreas de cultivos ilícitos fraccionados y/o mezclados con cultivos
lícitos”, así mismo sostuvo que “para las operaciones de aspersión aérea con
glifosato, que se realizaron el 13 de abril del año 2011 en municipio del Paujil
departamento del Caquetá, de igual forma me permito informar, que como
quiera que en la solicitud no describe la ubicación exacta del predio, no es
posible por parte de esta oficina determinar si las presuntas afectaciones fueron
en desarrollo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato
(PECIG)”
2. En gracia de claridad, además de que no existe certeza científica de que los
hoy actores sufrieran un daño en los cultivos lícitos de café, yuca y plátano por
una aspersión de la cual se reitera, se desconoce si ocurrieron o no en el predio
acá identificado.
En el sub lite, el daño alegado por los demandantes consistió en la afectación
de 2 hectáreas que contenían cultivos de café, yuca y plátano, los cuales,
17
Páginas 12 a 15 del archivo pdf 20 del expediente digital de OneDrive carpeta de 1 instancia
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
según su dicho, se vieron afectados por la aspersión con glifosato que realizó
la Policía Nacional.
En estos eventos, el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre los elementos
probatorios bajo los juicios de imputación del daño ambiental consecuencial
derivado de una actividad peligrosa, como lo es la erradicación aérea con
glifosato de cultivos de uso ilícito, indicando que la prueba del daño no impone
la necesaria elaboración de un dictamen científico-técnico, siendo aplicable
para el efecto el principio de libertad probatoria, por lo que el convencimiento
del juez puede llegar incluso a partir de elementos probatorios idóneos,
pertinentes y concurrentes que estructuren pruebas indiciarias en favor de las
pretensiones18.
Sin perjuicio de lo anterior, esta alta corte dijo:
“Se recuerda que “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el
mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse,
como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas
e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o
en ausencia de determinada prueba”19, de manera que el juzgador tiene
la responsabilidad de evaluar la mayor o menor credibilidad de las
pruebas allegadas atendiendo a su conexión con los hechos a demostrar
y su capacidad de convencimiento”20, y cuando se presenta
incompatibilidad probatoria, deberá privilegiar racionalmente aquellas
que acrediten un grado superior de probabilidad lógica o de probabilidad
prevaleciente”21.
Punto sobre el cual, se avizora que la única prueba con la que pretenden
acreditar el daño es con unos testimonios que no ofrecen credibilidad sobre el
objeto que se pretende probar, en tanto que no brindan información concreta
sobre la afectación de los cultivos de propiedad de los libelistas, sus
declaraciones resultan ser muy generales frente a los hechos, de manera que
no permiten identificar y verificar la existencia y características concretas del
presunto daño cierto y personal alegado en la demanda.
En este sentido, las referencias genéricas respecto a la realización de las
aspersiones, junto con la también abstracta afirmación de unas pérdidas, no
dan claridad ni certeza de que efectivamente -y cómo- los cultivos del
demandante resultaron afectados, véase que cuando se les preguntó sobre
presuntos daños, afirmaron categóricamente que habían sido afectados los
cultivos de café, plátano, yuca y otros pequeños cultivos, sin embargo, no se
logró establecer cómo se pudo llegar a tal conclusión, así como tampoco
manifestaron de manera posterior el deterioramiento de los cultivos.
Verificada la prueba pericial allegada se encuentra que no hizo ninguna alusión
a este hecho y lejos de dar alguna certeza para demostrar el daño antijurídico
se hicieron algunas manifestaciones como las siguientes:
18
bidem [sic]. “Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la prueba
documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la
prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través de
la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que
construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso”.
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de marzo 10 de 2005, rad. 27946, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
20
onsejo [sic] de Estado, Sección Cuarta, sentencia de enero 30 de 1998, rad. 8661, C.P. Delio Gómez Leyva.
21
Consejo de Estado, sentencia 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494), del 14/07/2023, C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
“En la visita realizada por el suscrito se pudo verificar la existencia de la
finca o predio referido por el actor, así como su ubicación, extensión,
dedicación y producción de la misma, frente a los daños causados a los
cultivos transitorios, semipermanentes y permanentes mencionados en
el cuadro 2, por el efecto de las fumigaciones se encontraron vestigios de
la existencia de los mismos, como troncos, arboles perennes afectados,
se observó cambios de coberturas en donde se encontraban estos
sistemas agrícolas. Además, estas áreas aún no han sido modificadas
por regeneración natural, por lo reciente de los hechos, por lo tanto, se
puede ver a simple vista el nivel de afectación de los cultivos y pastos de
la propiedad donde ya se empieza a ver el surgimiento de especies
vegetales nativas de la zona como: (helechos, pasto vendeaguja, cola de
zorro y rastrojos), arvenses o plantas indicadoras de suelos degradados
donde se vierten los químicos esparcidos por las fumigaciones aéreas”.
Esta posición del perito es clara en afirmar que encontró afectaciones a los
cultivos de yuca, plátano y café, como lo fue el cambio en sus coberturas, y que
había un suelo degradado, que pudo ser producto de un químico esparcido por
fumigación aérea, sin descontar el hecho de que pudo ser por otro tipo de
fumigación.
Es decir, en el anterior documento no consta ninguna información sobre la
razón del conocimiento directo que tendría el Administrador de Empresas
Agropecuarias – Especialista en Sistemas de Sostenibilidad de Producción
Pecuaria – Magister en Agroforestería de la presunta afectación al predio con
ocasión de las fumigaciones; de manera que este escrito carece de sustento
que demuestre que se corroboró la información o contaba con alguna fuente
científica directa de donde habría conocido lo que supuestamente certificó,
pues, entre otras cosas: (i) no comprende información relativa a si el hecho fue
constatado técnicamente a través de una auscultación detallada realizada por
algún profesional experto a las plantaciones y (ii) lo informado en el documento
se limita únicamente a referir que la aspersión afectó los cultivos de los hoy
actores sin precisar mayores particularidades, y sin especificar las
proporciones en que el cultivo habría resultado afectado ni la metodología
empleada para rendir dicho dictamen.
Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado ha establecido que dichos
dictámenes no dan cuenta del daño sino que su única finalidad es “…la
estimación de unos perjuicios y no mostrar su existencia o causación, dado que
el calculó, la renta de unos sembradíos (…), sin que esto permita establecer
que los cultivos existían para la fecha de la ocurrencia de los hechos (…), o
hubiese resultado afectados o deteriorados, según el dicho del demandante22.
En suma, este documento no sirve de sustento sobre la causación del daño
alegado en la demanda, en tanto no identifica ni incluye información anexa que
sustente la razón de su dicho, lo cual impide establecer si su contenido
realmente obedece a un fundamento empírico y fáctico, tal como lo ha dicho el
Consejo de Estado en sendos procesos23 […]
22
Consejo de Estado, sentencia 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494), del 14/07/2023, C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
23
Ver sentencias: Consejo de Estado, sentencia 68001-23-31-000-2012-00644-01 (62.494), del 14/07/2023, C.P. José
Roberto Sáchica Méndez. Sentencia 54001-23-31-000-2012-00034-01 (54316), del 27/08/2021, C.P. María Adriana Marín.
Sentencia 52001-23-33-000-2014-00181-00 (AG) del 3/11/2020, C.P., Ramiro Pazos Guerrero.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
[…]
Tampoco obra en el expediente otro medio de prueba del que sea posible
derivar el daño presuntamente irrogado a la parte demandante.
Así, el material aportado al plenario resulta insuficiente, tal como lo estableció
en el recurso de alzada la parte demandada, para acreditar el daño antijurídico.
Las aseveraciones hechas en la demanda son muy generales, no acreditan la
calidad, edad del cultivo, así como tampoco es posible inferir el necrosamiento
o el estado de descomposición de los cultivos de café, yuca y plátano, como
sus causas, por lo que se colige que existen razonables dudas para considerar
que se está ante un daño cierto, personal y directo […]”. [Subrayado original
del texto].
33. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
34. Se observa que la autoridad judicial accionada analizó las pruebas obrantes en
el expediente y concluyó que ninguna de estas acreditaba que el daño
presuntamente causado a los cultivos de los demandantes fuera imputable a la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
35. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”24.
36. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”25. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”26.
37. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
25
Ibid.
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06653-00
Accionantes: Luis Gerardo Giraldo Orozco y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.