Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06657-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06657-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06657-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06657-00
Demandante: Jheason Osorio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06657-00
Demandante JHEASON OSORIO
Demandada PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Temas Acción de tutela. Inexistencia a amenaza o vulneración de
derechos fundamentales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Jheason Osorio, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de agosto de 20241, el señor Jheason Osorio instauró acción de tutela, en
nombre propio, contra la Presidencia de la República y la Alcaldía de Medellín, por
considerar vulnerados sus derechos a un ambiente digno, a la seguridad y al
desarrollo integral.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«solicito que se tomen las medidas necesarias para garantizar la cooperación entre las
autoridades locales y nacionales, asegurando así la ejecución de proyectos que beneficien a
la población de Medellín y se restablezca un ambiente propicio para la convivencia y el
desarrollo económico de la ciudad y sus alrededores».
2. Fundamentos de la acción
El tutelante sostuvo que desde hace varios meses la relación entre el alcalde de
Medellín y el presidente de Colombia se ha deteriorado, lo cual ha generado un
ambiente de confrontación que afecta directamente la gobernabilidad en la ciudad.
Aseguró que esa discordia ha impactado negativamente la ejecución de proyectos
cruciales para la ciudad y sus alrededores, tales como el metro de la 80, respecto
del cual no se han aprobado los recursos necesarios.
Asimismo, manifestó que la falta de apoyo del gobierno nacional ha dificultado la
implementación de soluciones necesarias para la descongestión vehicular y que la
falta de colaboración ha limitado la efectividad de los programas de seguridad,
aumentando la inseguridad en el área metropolitana.
3. Trámite e intervenciones
3.1. Inicialmente, la acción de tutela fue repartida al Tribunal Superior de Medellín,
Sala Séptima de Decisión Laboral que mediante sentencia de 30 de agosto
de 2024 negó el amparo solicitado.
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Samai, índice 2.
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Demandante: Jheason Osorio
Posteriormente, en providencia de 3 de octubre de 2024, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de las actuaciones
que se surtieron en ese trámite constitucional a partir del auto admisorio y
ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado. Fundamentó tal decisión
en la regla de reparto del artículo 1, numeral 12 del Decreto 333 de 2021,
según la cual las acciones de tutela dirigidas contra la Presidencia de la
República serán repartidas al Consejo de Estado.
3.2. El asunto fue remitido al Consejo de Estado el 3 de diciembre de 2024. Y en
auto de 10 de diciembre de 2024, se requirió al accionante a fin de que
aclarara la calidad en la que actúa; señalara cuáles son las acciones u
omisiones, respecto de cada autoridad demandada, que generan la
vulneración y qué derecho fundamental considera vulnerado por dichos
hechos; y señalara las pretensiones respecto de cada uno de los demandados
de forma clara y concreta.
3.3. El actor presentó memorial en el cual aclaró que actúa en calidad de
ciudadano directamente afectado por los retrasos en las obras del proyecto
metro de la 80. Invocó el derecho fundamental de petición, señalando lo
siguiente: «solicito información y transparencia administrativa frente al proyecto, dados los
impactos sobre la movilidad y el bienestar de los habitantes de mi comunidad».
Manifestó que la Presidencia de la República incurrió en un retraso en los
desembolsos de los recursos comprometidos para la ejecución del proyecto
Metro de la 80 y que la Alcaldía de Medellín ha tenido demoras en la
adquisición de predios, gestión de redes de servicios públicos y en la
ejecución de obras preliminares necesarias para avanzar en el proyecto.
A su vez, solicitó como pretensiones las siguientes:
«Presidencia de la República 1. Que se ordene el desembolso inmediato de los recursos
comprometidos en los acuerdos de cofinanciación del Metro de la 80. 2. Que se presente un
informe periódico al Consejo de Estado sobre los avances financieros y administrativos
relacionados con el proyecto.
Alcaldía de Medellín 1. Que se implemente un plan de acción para agilizar la adquisición de
predios y la adecuación de redes de servicios públicos necesarias para el proyecto. 2. Que
se ordene a la Alcaldía la publicación de informes periódicos sobre el estado de las obras y
los recursos ejecutados, accesibles al público en medios digitales».
3.4. Mediante auto de 13 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Jheason Osorio contra la Presidencia de la República
y la Alcaldía de Medellín; y se ordenó efectuar las demás notificaciones
correspondientes.
3.5. La Alcaldía de Medellín solicitó se le prorrogara el término para presentar
informe sobre los hechos narrados por la parte actora.
3.6. La Presidencia de la República sostuvo que dado que la presunta
vulneración se relaciona con el derecho de petición, se procedió a verificar su
sistema de gestión documental y se encontró que la única solicitud del
peticionario ante la entidad fue radicada el 4 de marzo de 2024 bajo el EXT24-
00034080, con el asunto “Mesa de trabajo - modernización del aeropuerto de
Florencia Caquetá”.
Informó que esa petición fue contestada al accionante a través del OFI24-
00042847 de 7 de marzo de 2024 y que adicionalmente se procedió a dar
traslado por competencia a: (i) el Ministerio de Transporte (bajo el OFI24-
00042869); (ii) la Agencia Nacional de Infraestructura (bajo el OFI24-00042905);
(iii) la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (bajo el OFI24-
00042908); (iv) la Gobernación del Caquetá (bajo el OFI24-00042945); y, (v) la
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Alcaldía del Caquetá (bajo el OFI24-00042961).
Por ende, manifestó que no ha trasgredido los derechos fundamentales del
actor, pues el objeto de la única petición que el actor ha radicado ante la
Presidencia versa sobre un tema completamente distinto al que ocupa la
presente acción de tutela. Consecuentemente, sostuvo que no existe una
omisión o una acción de su parte y solicitó su desvinculación del trámite de
tutela, la declaratoria de improcedencia de la acción y la negativa a las
pretensiones.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si existe
amenaza o vulneración a algún derecho fundamental del actor, producto de los
reproches manifestados en el escrito de tutela.
3. Existencia de una amenaza o vulneración a derechos fundamentales
como requisito de la acción de tutela
Del artículo 86 de la Constitución Política se desprende que el objeto de la acción
de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos
fundamentales, «cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares» (Negrillas propias).
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha explicado que es un requisito para
la procedencia de la acción la existencia de una actuación u omisión que amenace
o vulnere derechos fundamentales:
«partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los artículos
5º y 6º del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acción u omisión cometida por los
particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los derechos
fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de
derechos fundamentales (...) En suma, para que la acción de tutela sea procedente requiere
como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que
amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)’, ya que ‘sin la existencia de un
acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u
omisiva de la cual proteger al interesado’»3 (Negrillas propias).
Por consiguiente, dada la finalidad de la tutela, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que «cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al
accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de un derecho
fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela». Es decir, la tutela es
improcedente en los eventos en que «no existe una actuación u omisión del agente accionado
2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Corte Constitucional. Sentencia T-130 de 2014.
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a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en
cuestión»4.
En suma, al juez de tutela le está vedado fallar “con base en el presentimiento, la
imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado
o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso particular es
improcedente la tutela»5.
4. Análisis en el caso concreto
4.1. Desde su temprana jurisprudencia, la Corte Constitucional entendió como
derechos fundamentales aquellos que «pertenecen al ser humano en atención a su
calidad intrínseca de tal, por ser él criatura única pensante dotada de razonamiento; lo que le
permite manifestar su voluntad y apetencias libremente y poseer por ello ese don exclusivo e
inimitable en el universo social que se denomina dignidad humana» 6.
Asimismo, en Sentencia T-227 de 2003, tal autoridad explicó que «Será
fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la
dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo» (Negrillas propias).
Oportunidad en la cual manifestó que el concepto de derechos fundamentales
tiene como eje central la dignidad humana.
4.2. Con fundamento en lo anterior, la Sala no advierte la transgresión de algún
derecho fundamental del actor, en tanto que lo expuesto, de manera general,
en el escrito de tutela no se relaciona con asuntos indispensables para
garantizar su propia dignidad. De hecho, no se encuentra acreditada alguna
acción u omisión que atente personalmente contra el actor.
La preocupación por la gestión pública de obras de construcción no
necesariamente implica la vulneración de un derecho subjetivo en cabeza del
actor. Y si bien el ciudadano tiene derecho a demandar de las autoridades
públicas la correcta gestión sobre los recursos públicos, de su narración no se
advierte ninguna situación particular que atente contra los derechos
fundamentales del actor.
Además, ni siquiera se alegó la vulneración propiamente de derechos
fundamentales, sino «al ambiente digno, a la seguridad y al desarrollo integral». Estos
últimos se enmarcan, más bien, dentro de la categoría de derechos colectivos
dispuesta en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, cuya vía de amparo judicial
es el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, y
no la acción de tutela.
4.3. El único derecho fundamental que se encuentra involucrado en el asunto es el
derecho de petición.
Frente a este, en el escrito de subsanación el actor manifestó lo siguiente: «En
ejercicio de mi derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la
Constitución y en la Ley 1712 de 2014, solicito información y transparencia administrativa
frente al proyecto, dados los impactos sobre la movilidad y el bienestar de los habitantes de
mi comunidad».
Como lo ha precisado de manera reiterada la jurisprudencia Constitucional, si
bien toda persona tiene derecho a elevar solicitudes respetuosas ante la
administración o contra particulares, es requisito indispensable para obtener
el fin perseguido con la acción de tutela, demostrar así sea de forma sumaria,
que se presentó la petición.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-130 de 2014.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-264 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-420 de 1992.
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En este sentido, la Sentencia T - 997 de 20057 explicó que «…La carga de la
prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes enfrentadas: debe el
solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo,
y la autoridad, por su parte, debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la
petición y de su fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, para
defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue contestada,
resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la presentación
de la solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues
procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la
obligación constitucional de responder…».
Es por lo anterior, que se ha precisado que no basta por tanto que el
accionante afirme que su derecho de petición se vulneró por no obtener
respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación, de manera que la
persona que alegue haber presentado una solicitud y no haber obtenido
respuesta, es la llamada a presentar copia de la misma recibida por la
autoridad, para verificar la posible afectación de este derecho fundamental.
Al respecto, el accionante no acreditó haber radicado dicha solicitud ante
alguna autoridad pública o privada; y la Presidencia de la República aseveró
no haber recibido solicitud alguna relacionada con las inconformidades
manifestadas en el escrito de tutela. Por lo tanto, tampoco se advierte
transgresión alguna al derecho fundamental de petición, puesto que no se
acreditó siquiera la existencia de la solicitud debidamente radicada ante la
autoridad de la que se pretende obtener la información.
4.4. Se resalta que, según el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la
acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir
cualquier persona para pedir la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, «cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares» (Negrillas
propias).
En consecuencia, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para ventilar
las inconformidades del actor, debido a que no están en juego sus propios
derechos fundamentales subjetivos.
Las preocupaciones sobre la ejecución de proyectos de construcción, el
control sobre los recursos de tales proyectos, la implementación de soluciones
necesarias para la descongestión vehicular y la seguridad son asuntos que
podrán ser puestos en consideración en el plano judicial a través del medio de
control protección de los derechos e intereses colectivos; o frente a las
autoridades administrativas competentes, como podrían ser las de control
fiscal o disciplinario; o mediante veedurías ciudadanas cuya finalidad es,
justamente, ejercer vigilancia sobre la gestión pública8.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Jheason Osorio, por una parte, al no advertir siquiera la
amenaza a sus derechos fundamentales subjetivos; y por la otra, teniendo en cuenta
que no se acreditó al menos haber radicado petición alguna, ante una autoridad
pública o privada, relacionada con los asuntos aludidos en el escrito de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
7
También en la Sentencia T- 767 del 12 de agosto de 2004.
8
Ley 850 de 2003. Artículo 1.
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Demandante: Jheason Osorio
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor
Jheason Osorio, por las razones dispuestas en la parte considerativa de esta
decisión.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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