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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06658-00

Fecha
16 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06658-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Se declara improcedente la acción de tutela, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo: Si esta sentencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Radicado: 11001-03-15-000-2024-06658-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06658-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de enero de 2025

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06658-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de enero de dos mil veinticinco 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06658-00
Accionante: Magda Milena Murillo Orrego
Accionado: Municipio de Girardot

Temas: Acción de tutela por presunta transgresión de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y propiedad, por no
pago de honorarios por parte del municipio de Girardot.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Magda Milena Murillo
Orrego, en nombre propio, en contra del municipio de Girardot.

ANTECEDENTES

La accionante solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la propiedad, los cuales considera vulnerados por el
ente territorial antes señalado.

HECHOS

Manifestó que el 10 de julio de 2023 suscribió Contrato de Servicios Profesionales
núm. CD-083-2023 con la Alcaldía de Girardot, el cual ejecutó hasta el 9 de
noviembre de igual año y que la entidad accionada le adeuda los honorarios del
último mes por la suma de $4.000.000.

Afirma que a la fecha de presentación de la tutela el ente territorial no le ha
cancelado el valor antes mencionado, pese a «los múltiples requerimientos y
gestiones realizadas desde el 14 de julio de 2024, mediante derechos de petición

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y otras comunicaciones». Además, señaló que el tesorero del municipio en
respuesta del 1º de abril de 2024 le indicó que «se estaban realizando gestiones,
pero no se comprometió una fecha definitiva de pago, a pesar de que la deuda
sigue vigente y aumentan los plazos».

Que el 14 de noviembre de 2024 le solicitó al municipio cancelar la suma
adeudada, y a la fecha no ha recibido respuesta que resuelva de manera concreta
la obligación pendiente.

Señaló que la «falta de pago y el constante dilatamiento (sic) de la solución
vulneran mis derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad,
además de generar un perjuicio económico y emocional innecesario debido a la
inacción de la administración pública».

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, ordenar a
la Alcaldía de Girardot a pagar de inmediato 1) la suma de $4.000.000 más los
intereses moratorios generados desde la fecha de vencimiento del pago y 2)
indemnización por los daños causados debido a la mora en el pago y los gastos
en los que ha incurrido en el trámite del cobro.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 4 de diciembre de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó la
notificación del ente territorial accionado.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de Girardot solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela, ya que a través de este mecanismo no
se puede exigir el pago de obligaciones económicas y la accionante cuenta con
otros medios o recursos para resolver esta controversia.

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Por otro lado, solicitó desvincular de la acción de tutela al alcalde del municipio,
pues el contrato que alude la accionante lo suscribió con el Instituto Municipal,
Cultura y Fomento de Girardot, el cual posee personería jurídica propia,
autonomía administrativa y patrimonio independiente.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A efectos de decidir la presente acción de tutela la Sala abordará los siguientes
temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia excepcional de la
acción de tutela para el pago de honorarios profesionales y III) caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional ha señalado que se está ante un perjuicio irremediable
cuando hay «un grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que
deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e
impostergables», también ha expuesto que para determinar la irremediabilidad
del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios
elementos que configuran su estructura: 1) que sea inminente, es decir, que se
trate de una amenaza que está por suceder prontamente; 2) que sea grave, esto
es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona
sea de gran intensidad; 3) que las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes; y 4) que la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad1.

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de mayo de 2018 radicado 73001-

23-33-000-2018-00068-01(AC)

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II) Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de
honorarios profesionales

El amparo del derecho fundamental al mínimo vital, como consecuencia del no
pago oportuno de honorarios profesionales, la Corte Constitucional diseñó una
serie de «hipótesis fácticas mínimas»2, dentro de las cuales encontramos:

“(…) i. Cuando existe un incumplimiento salarial.
ii. Cuando el incumplimiento afecta el mínimo vital del trabajador
a. Puede presumirse la afectación al mínimo vital, si el incumplimiento es
prolongado o indefinido
b. Se entiende por incumplimiento prolongado o indefinido, aquel que se extiende
por más de dos meses, con excepción de aquella remuneración equivalente a un
salario mínimo,
c. Los argumentos económicos, presupuestales o financieros no justifican el
incumplimiento salarial
d. Aun cuando se comprueben las anteriores hipótesis, no se entiende afectado el
mínimo vital, cuando se demuestra que la persona posee otros ingresos o recursos
con los cuales puede atender sus necesidades primarias vitales y las de su familia.
(…)”

De igual forma, la Corte precisó que las sumas que se reclamen no sean deudas
pendientes, «en cuyo caso la tutela se torna improcedente para obtener el pago
de deudas laborales pues no se está ante un perjuicio irremediable»3. La
jurisprudencia de la Corte ha sido clara en negar la procedencia del amparo
constitucional cuando se trata de hacer efectivo el cobro de esta clase de deudas,
pues en tales eventos está en juego un interés patrimonial que debe ventilarse
ante la jurisdicción competente4.

III) Caso concreto

En síntesis, la señora Magda Milena Murillo Orrego solicita la protección de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la propiedad, los
cuales estima vulnerados por el municipio de Girardot, por no haber cancelado

2 Ver sentencias T-148 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-065 de 2006 (MP. Jaime Córdoba

Triviño), T-809 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-651 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández).
3 En la sentencia T-162 de 2004 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte sostuvo que “la protección de la acción

de tutela no se extiende a sumas de dinero adeudadas con anterioridad”. También, entre otras, las
sentencias T-1059 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-1118 de 2000 (MP. Alejandro
Martínez Caballero) y T-1023 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
4 Corte Constitucional, sentencia T 279 de 2016

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honorarios por la suma de $4.000.000, correspondiente al mes de noviembre de
2023.

Al respecto, advierte la Sala que la acción de tutela resulta improcedente, dado
que la accionante cuenta con los medios de control pertinentes para obtener la
protección de los derechos fundamentales invocados, el pago de honorarios
profesionales que reclama por haber ejecutado el Contrato de Prestaciones
Profesionales núm. CD-083-2023 y la indemnización que alega por la mora en el
cumplimiento de la obligación dineraria.

Cabe advertir que, en este caso no sustentó la accionante la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, en otras palabras, cuál es el daño que no se puede
retrotraer o revertir, la certeza e inminencia de éste y la ineficacia de los medios
ordinarios de defensa; de manera tal que habiliten la intervención del juez
constitucional de manera transitoria.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela por no satisfacer
el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Se declara improcedente la acción de tutela, por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad, conforme a las consideraciones plasmadas en esta
providencia.

Segundo: Si esta sentencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06658-00

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC

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