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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06672-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06672-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Milton Chaves García. 2. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Superintendencia de Notariado y Registro, por las razones expuestas en esta providencia. 3. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06672-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

20 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06672-00
Demandante: Clara Elena Zabaraín Urbina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06672-00
Demandante: CLARA ELENA ZABARAÍN URBINA
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO

Temas: Contra acto administrativo que denegó solicitud de traslado de la
notaría única de Leticia. Inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Clara Elena Zabaraín Urbina
y su hijo MGZ contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 3 de diciembre de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Clara
Elena Zabaraín Urbina y MGZ pidieron la protección transitoria de sus derechos
fundamentales a la igualdad y a la salud, para evitar la causación de un perjuicio
irremediable,

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del oficio
SNR2023EE124632, dictado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial que denegó
una solicitud radicada por la señora Clara Elena Zabaraín Urbina, como notaria única de
Leticia, con la que pretendía que se ordenara su traslado a alguna notaría de las ciudades
de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena o Bucaramanga.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Solicito que se me tutelen los siguientes derechos:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06672-00
Demandante: Clara Elena Zabaraín Urbina

1. El derecho a la igualdad
2. El acceso a cargos públicos
3. Derecho a la salud de mi hijo MGZ

Como consecuencia de la tutela de mis derechos y el de mi hijo, solicito que se interprete el numeral 3°
del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 conforme a la Constitución Políticas y que, en este sentido,
no se le dé una interpretación restrictiva porque esa interpretación no está conforme con la Constitución
Política. La interpretación que no contraría la Constitución es aquella según la cual la circunscripción
corresponde a la competencia del nominador que, en mi caso, es del Presidente de la República.

Consecuencialmente solicito se impartan las órdenes correspondientes al Consejo Superior de la Carrera
notarial, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Presidente de la República, como mi
nominador, para que se efectúe mi traslado a la ciudad de Bogotá o a ciudades como Medellín, Cali,
Barranquilla, Cartagena o Bucaramanga donde mi hijo pueda acceder a servicios de salud
especializados.
Lo anterior por pertenecer a la carrera notarial y porque tengo derecho a ello por cumplir con todos los
requisitos y estar en pie de igualdad con todos ellos. Trato igual con quienes detentan, como yo, la calidad
de notarios de primera categoría y que accedieron a la carrera notarial en virtud de un concurso de
méritos.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Los demandantes manifestaron que la señora Clara Elena Zabaraín Urbina ingresó a la
carrera notarial como resultado del concurso público de méritos convocado para el año
2015, por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.

Que fue nombrada a través del Decreto 478 del 3 de julio 2018 dictado por el Presidente
de la República, en la Notaría Única de Primera Categoría de Leticia, departamento del
Amazonas.

Que la señora Clara Elena Zabaraín Urbina se postuló a una convocatoria efectuada el 28
de octubre de 2022, por el Consejo Superior de la Carrera Notarial para acceder a una
notaría del círculo de Bogotá, en aplicación del derecho de preferencia.

Explicó que era la única notaria del departamento del Amazonas, que la expresión
<<misma circunscripción político-administrativa>>, contenida en el artículo 178 del Decreto
960 de 19701, debía interpretarse en función a la competencia territorial del nominador,
que para su caso concreto era el Presidente de la República. Que se debía inaplicar por
inconstitucional esa expresión, porque se le vulneraría su derecho fundamental a la

1 Artículo 178. Obligaciones por Pertenecer a la Carrera Notarial. El pertenecer a la carrera notarial implica:

(…)
3. Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político - administrativa, otra Notaría
de la misma categoría que se encuentre vacante.

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igualdad, sus derechos a la carrera administrativa y se trasgrediría el principio
constitucional del mérito.

Que su hijo sufría de ansiedad severa y un trastorno de déficit de atención, que le
dificultaba avanzar en su carrera profesional, que su acompañamiento era necesario para
que pudiera seguir sus estudios universitarios. Que, por lo anterior, era imperativo su
traslado a la ciudad de Bogotá.

El 30 de noviembre de 2023, a través del oficio SNR2023EE124632, el Consejo Superior
de la Carrera Notarial le informó a la señora Zabaraín Urbina que en las sesiones virtuales
del 2 y 3 de noviembre de 2023 se había decidido no tener en cuenta su solicitud de
preferencia, debido a que la notaría por ella ocupada no hacía parte de la circunscripción
político-administrativa de Bogotá. Que podía acceder a una notaría de otra circunscripción
político-administrativo a través del concurso de mérito.

Que el Congreso de la República era quien debía expedir una ley que regulara el derecho
de preferencia, que aplicar la excepción de inconstitucionalidad y cambiar las reglas del
juego podría hacer incurrir a la entidad en violación de la reserva legal.

El 12 de agosto de 2024, la señora Clara Elena Zabaraín Urbina pidió aclaración del oficio
SNR2023EE124632, para que le precisaran lo relacionado con la necesidad de
reglamentación del derecho de preferencia, porque, a su juicio, ese era un derecho de
aplicación inmediata que no necesitaba ser regulado.

El 3 de septiembre de 2024, el Consejo Superior de la Carrera Notarial dio respuesta a la
solicitud de aclaración de la señora Zabaraín Urbina, en la que reiteró que el ejercicio del
derecho de preferencia debía ser regulado por el legislativo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora señala que, se vulneran sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
salud y de preferencia al denegar su solicitud de traslado. Que notarios de otras ciudades
y con la misma categoría que la señora Clara Elena Zabaraín Urbina sí pueden optar por
ser reubicado, pero a ella se le deniega el traslado con fundamento en la expresión
<<misma circunscripción político-administrativa>>, contenida en el artículo 178 del Decreto
960 de 1970.

Que lo anterior afecta el bienestar familiar, porque impide satisfacer las necesidades de
salud del joven MGZ.

Que la decisión de no acceder al traslado de señora Clara Elena Zabaraín Urbina a otra
notaría de la ciudad de Bogotá o de alguna otra ciudad principal constituye una trasgresión

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a su derecho de acceso a cargos públicos en igualdad de condiciones, de acuerdo con la
sentencia T-131 de 1993 dictada por la Corte Constitucional.

Que, de acuerdo con la sentencia C-421 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, el
derecho de preferencia no puede ser interpretado de manera restrictiva y causarles
perjuicios por el simple hecho de ser la única notaria del departamento del Amazona.

Que la condición de salud mental de MGZ requiere atención médica especializada, que
no puede ser suplida en el municipio de Leticia, lo que vulnera su derecho fundamental a
la salud. Que, por lo anterior, se debe ordenar el traslado de la señora Clara Elena
Zabaraín Urbina a una notaría en una ciudad principal.

Que la señora Clara Elena Zabaraín Urbina es una madre cabeza de familia, de acuerdo
con la sentencia T-293 de 2015 proferida por la Corte Constitucional. Que las
recomendaciones médicas son que MGZ esté en compañía de su madre.

Que se deben ordenar acciones afirmativas en su favor, tendientes a que se pueda
efectuar el traslado pretendido.

Que MGZ padece de episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, trastorno
depresivo recurrente, otros trastornos de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de
ansiedad generalizada, trastorno mixto de ansiedad y depresión y trastorno obsesivo
compulsivo. Que tiene antecedentes de intentos de suicidios y que por sus condiciones
médicas es considerado una persona con discapacidad.

Que actualmente están realizando los trámites para que se le expida el certificado de
discapacidad, pero que ese es un trámite largo y dispendiosos que depende de la EPS de
MGZ.

Sobre la protección constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, señalaron que el no ordenar el traslado implica un riesgo de daño
irreparable, al tener en cuenta los intentos de suicidio en que MGZ ha incurrido. Que el
acompañamiento de la madre es esencial para su estabilidad emocional y fundamental
para asegurar que reciba el acompañamiento y los servicios médicos que necesita. Que
la falta de apoyo por parte de la madre podría agravar su condición y generar
consecuencias irreversibles en su salud y desarrollo.

Que los mecanismos judiciales ordinarios no resultan eficaces ni oportunos frente a la
gravedad y urgencia de la situación médica de MGZ, que, por su situación de salud,
cualquier dilación podría poner en riesgo su vida y bienestar.

Que la acción de tutela es el único medio que permitiría garantizar la protección inmediata
y efectiva de sus derechos fundamentales.

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5. Trámite procesal

Por auto del 6 de diciembre de 2024, el Despacho sustanciador inadmitió la demanda,
para que, en el término de 3 días contados a partir de la notificación de esa providencia,
la señora Clara Elena Zabaraín Urbina, quien en un principio había presentado la acción
de tutela en representación de su hijo: i) señalará en que condición promovía la acción de
tutela con relación a su hijo MGZ, debido a que él tenía 26 años y podía ejercer su propia
representación, ii) cumpliera con los requisitos de la agencia oficiosa, en caso de que
acudiera a través de ese mecanismo legal y, iii) allegará, de ser el caso, las pruebas que
la acreditaran como miembro del grupo de apoyo de MGZ, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 1996 de 2019.

El 16 de diciembre de 2024, la señora Clara Elena Zabaraín Urbina allegó memorial en el
que indicó que su hijo <<no está calificado como con un grado de discapacidad que lo inhabilite
para tomar decisiones o ser independiente, dado que su enfermedad mental no afecta su
capacidad cognitiva de manera que interfiera con su autonomía personal>>, que no se había
constituido el grupo de apoyo. Adicionalmente, el 16 de diciembre de 2024, MGZ allegó
memorial en el que señalaba que interponía acción de tutela en nombre propio.

Por auto del 21 de enero de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados al director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, al superintendente de notariado y
registro y a la ministra de justicia y del derecho.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 24 de enero de 2025.

6. Intervenciones

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó su
desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, porque,
según dijo, no ha vulnerado los derechos fundamentales de los demandantes.

El Ministerio de Justicia y del derecho pidió que se denegaran las pretensiones de los
accionantes. Sostuvo que la representación judicial del Consejo Superior de la Cerrera
Notarial está a cargo de la secretaría técnica.

Que ni por acción u omisión ha vulnerado los derechos de los demandantes. Que la
presente acción de tutela es improcedente porque no se acreditó la causación de un
perjuicio irremediable. Que la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad,
porque los demandantes cuentas con los medios de control dispuestos en la Ley 1437 de
2011 para controvertir el acto administrativo que denegó la solicitud presentada por la
señora Clara Elena Zabaraín Urbina.

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La Superintendencia de Notariado y Registro solicitó, por un lado, declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la parte actora y porque los demandantes cuentan con otros medios de
defensa judicial para pedir la protección de sus derechos presuntamente vulnerado. Por
otro lado, su desvinculación, al afirmar que no tiene asuntos pendientes con los
accionantes.

Manifestó que la EPS del señor MGZ es la única llamada a proteger su derecho
fundamental a la salud. Que la parte actora no probó la existencia de un perjuicio
irremediable.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Manifestación de impedimento.

Los impedimentos son instrumentos procesales que permiten garantizar la protección de
los principios de independencia e imparcialidad del juez, los cuales, a su vez, hacen parte
del derecho fundamental al debido proceso y constituyen pilares esenciales de la
administración de justicia.

La independencia hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia
no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones o exigencias que
interfieran en su juicio. La imparcialidad, por su parte, se predica del derecho a la igualdad
de todas las personas ante la ley. De ahí que se trate de un asunto de índole moral y ética,
así como de responsabilidad judicial2.

Ahora bien, el magistrado Milton Chaves García manifestó su impedimento para decidir el
asunto, al considerar que se encuentra incurso en la causal prevista en el numeral 1 del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal3, porque en el año 2024 se desempeñó
como presidente del Consejo de Estado y adquirió la condición de integrante del Consejo
Superior de la Carrera Notarial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 del Decreto
960 de 19704.

2
Sentencia C-365 de 2000.
3 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.
4 ARTICULO 164. <CARRERA NOTARIAL>. La carrera notarial y los concursos serán administrados por el Consejo

Superior integrado, por el Ministro de Justicia, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado,
el Procurador General de la Nación y dos Notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes
personales, elegidos para periodos de dos años por los Notarios del país, en la forma que determine el Reglamento.
Para el primer periodo la designación se hará por los demás miembros del Consejo.

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En ese orden, se advierte que, en efecto, el magistrado integró el Consejo Superior de la
Carrera Notarial, autoridad que profirió el acto administrativo cuestionado. La Sala destaca
que, si bien no intervino en la expedición del Oficio SNR2023EE124632 del 30 de
noviembre de 2023, si lo hizo en el oficio del 3 de septiembre de 2024, con el que el
Consejo Superior de la Carrera Notarial dio respuesta a la solicitud de aclaración de la
señora Zabaraín Urbina, en la que reiteró que el ejercicio del derecho de preferencia debía
ser regulado por el legislativo.

En consecuencia, se declarará fundado el impedimento.

2. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente,
contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional5 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la decisión del Consejo Superior de la
Carrera Notarial de denegar la solicitud realizada por la señora Clara Elena Zabaraín
Urbina de ordenar su traslado a una notaría de una ciudad principal.

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la
Superintendencia de Notariado y Registro pidieron su desvinculación. Dicen que no han
vulnerado los derechos fundamentales de los demandantes y que no tiene asuntos por
resolver relacionados con los accionantes, respectivamente.

Ahora bien, para la Sala, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
y la Superintendencia de Notariado y Registro tienen aptitud legal y pueden,
eventualmente, estar llamadas a responder por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora, puesto que, de acuerdo con el artículo 22 del Decreto
2383 de 19996, integran el Consejo Superior de la Carrera Notarial y tendrían
competencias para decidir sobre el traslado pretendido por los demandantes.

5 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado.
6 Artículo 22. Consejo Superior de la Carrera Notarial. Funcionará como un organismo asesor del Gobierno Nacional en

asuntos notariales, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, y además administrará la carrera notarial y todo lo
relacionado con el ingreso, permanencia y retiro de la misma, de conformidad con lo estatuido en el Decreto-ley 960 de
1970 y demás normas que regulen la materia.
El Consejo Superior de la Carrera Notarial reemplaza al Consejo Superior de que trataba el artículo 164 del Decreto-ley
960 de 1970 y estará integrado por:

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En consecuencia, no se accederá a su solicitud de desvinculación.

3. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Clara
Elena Zabaraín Urbina y MGZ para proteger sus derechos fundamentales a la igualdad y
a la salud, presuntamente vulnerados con ocasión del oficio SNR2023EE124632, dictado
por el Consejo Superior de la Carrera Notarial que denegó una solicitud radicada por la
señora Clara Elena Zabaraín Urbina, como notaria única de Leticia, con la que pretendía
que se ordenar su traslado a alguna notaria de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Cartagena o Bucaramanga.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque no se cumple el
requisito general de inmediatez. En efecto, la solicitud de amparo fue presentada luego de
un año y tres días de haber sido notificado el oficio SNR2023EE124632.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, ii) la subsidiariedad y, (iii) analizará el caso concreto.

4. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si existe

1. El Ministro de Justicia y del Derecho o el Viceministro, quien lo presidirá.
2. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
3. Dos representantes del Presidente de la República.
4. El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.
5. El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
6. Dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales.
PARÁGRAFO 1º.Los representantes del Presidente de la República y de los notarios en el Consejo Superior de la
Carrera Notarial serán designados para períodos de dos años.
PARÁGRAFO 2º.El Superintendente de Notariado y Registro asistirá con voz al Consejo Superior de la Carrera Notarial.
La Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial será ejercida por el Superintendente Delegado para
el Notariado.
El Consejo Superior de la Carrera Notarial se reunirá cada vez que fuere convocado por su presidente y por derecho
propio al menos en dos oportunidades cada año.

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perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que proponga
la parte demandante.

5. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar antes de pasar
al estudio de fondo de la acción de tutela.

Este presupuesto exige que la tutela se presente en un plazo razonable, contado desde
el momento de la supuesta vulneración o amenaza. De esta manera se garantiza que el
amparo sea un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente 7.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela no puede ser
presentada en cualquier momento, porque de lo contrario se podría afectar la seguridad
jurídica y alterar su esencia como mecanismo de protección inminente.

El requisito de plazo razonable en el ejercicio de la acción es fundamental para establecer
el carácter apremiante de la situación amenazadora del derecho, porque un retraso
excesivo e injustificado permite concluir que ni siquiera el titular de los derechos reconoce
la condición de urgencia de su situación, lo cual desvirtúa la urgencia de intervención del
juez constitucional y la naturaleza inmediata de la acción de tutela8.

Ahora bien, aunque no existe una regla rigurosa y clara sobre el término para decidir la
inmediatez, para ello se deben estudiar las circunstancias particulares de cada caso. Sin
embargo, la Corte Constitucional ha establecido algunos criterios para este fin: <<(i) la
diligencia del interesado en la defensa de sus derechos; (ii) la eventual afectación de derechos de
terceros; (iii) la estabilidad jurídica; (iv) la complejidad del conflicto; (v) el equilibrio de las cargas
procesales y (vi) la existencia de circunstancias de vulnerabilidad o debilidad manifiesta>>9.

6. Análisis del caso concreto

En el sub-lite, la Sala advierte que la parte actora cuestiona el oficio SNR2023EE124632
del 30 de noviembre de 2023, dictado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, que
denegó la solicitud realizada por la señora Clara Elena Zabaraín Urbina, relacionada con
que se ordenara su traslado como notaria a una ciudad principal, en aplicación al derecho
de preferencia y debido a las condiciones de salud de su hijo MGZ.

Que también advirtió que el 3 de septiembre de 2024, el Consejo Superior de la Carrera
Notarial dio respuesta a la solicitud de aclaración de la señora Zabaraín Urbina, en la que
reiteró que el ejercicio del derecho de preferencia debía ser regulado por el legislativo, sin

7 Corte Constitucional, sentencia T-020 de 2021
8 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 2019
9 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.

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embargo, la Sala no advierte que la actora presentara reparos puntuales contra ese oficio,
como si lo hace en contra del oficio del 30 de noviembre de 2023.
Para la Sala la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez. En efecto,
el oficio SNR2023EE124632 del 30 de noviembre de 2023, fue notificado ese mismo día
al correo electrónico institucional de la señora Clara Elena Zabaraín Urbina.

Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 3 de diciembre de 202410, esto es,
luego de un año y tres días de haberse notificado el acto administrativo objeto de tutela,
término que para la Sala no resulta razonable, pues se advierte un retraso excesivo e
injustificado en la solicitud de amparo, lo que evidenciaría que ni los propios demandantes
reconocen la condición de urgencia e impostergabilidad de la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales, lo que a su vez desvirtúa la urgencia de la intervención del juez
de tutela.

La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez
a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.

En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela y los demandantes tampoco la
exponen.

De hecho, la Sala no encuentra acreditado que los accionantes hubiesen desplegado
actos en ese interregno que acrediten diligencia en la defensa de sus derechos, pues
como se vio, solo hasta el 2024 la señora Zabaraín Urbina presentó una solicitud de
aclaración del oficio SNR2023EE124632 del 30 de noviembre de 2023, ni tampoco que se
trate de un asunto especialmente complejo en el que se advierta un desequilibrio de
cargas procesales que impidieran cuestionar en un plazo razonable la decisión negativa
de traslado.

Si la parte demandante estimaba que el oficio SNR2023EE124632 del 30 de noviembre
de 2023 vulneró sus derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de
tutela o acudiera a los mecanismos judiciales ordinarios tan pronto como fue notificada.
Cuando se cuestionan actos administrativos, la oportunidad de la solicitud de amparo se
determina a partir del momento en que se notifica la decisión de la administración, pues
la notificación supone que el interesado tuvo conocimiento de la existencia del acto.

10 Índice 1, Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Clara Elena Zabaraín Urbina

Además, lo anterior, también permite evidenciar que, el término para cuestionar el oficio
SNR2023EE124632 del 30 de noviembre de 2023 a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho se encontraría caducado, de acuerdo con el literal c del
numeral 2º del artículo 164 del CPACA.

En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no satisface el requisito de inmediatez.

III. FALLA

1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Milton Chaves García.

2. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República y a la Superintendencia de Notariado y Registro, por las
razones expuestas en esta providencia.

3. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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