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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06672-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06672-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Procuraduría General de la Nación. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de enero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró improcedente la acción de tutela promovida por los señores Clara Elena Zabaraín Urbina y Martín González Zabaraín, por no superar el requisito de inmediatez. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06672-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

22 de mayo de 2025

Demandantes: Clara Elena Zabaraín Urbina y otro
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06672-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06672-01
Demandantes: CLARA ELENA ZABARAÍN URBINA Y OTRO
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema: Tutela contra acto administrativo. Confirma sentencia de
primera instancia que declaró improcedencia por no cumplir el
requisito de inmediatez

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
contra la sentencia del 21 de enero de 2025, en virtud de la cual el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente el amparo constitucional por no
cumplir con el requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores Clara Elena Zabaraín Urbina y Martín González Zabaraín, actuando
a nombre propio iniciaron acción de tutela1 contra el Presidente de la República,
el superintendente de Notariado y Registro y la ministra de Justicia y de Derecho,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
acceso a cargos públicos y a la salud.

Para los actores, la transgresión de las garantías mencionadas se fundamentó en
la negativa2 a su solicitud de traslado, en ejercicio del derecho de preferencia,

1 Acción de tutela radicada a través de la plataforma Samai el 3 de diciembre de 2024 a la cual se

le asignó la secuencia número 10751.
2
Mediante el oficio SNR2023EE124632 del 30 de noviembre de 2023 el jefe de la oficina asesora
jurídica del Consejo Superior de Carrera Notarial informó a la accionante que no era procedente
acceder a la solicitud del traslado.

1

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desde la Notaría Única de Leticia, Amazonas, a otra notaría en las ciudades de
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Bucaramanga.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
Como consecuencia de la tutela de mis derechos y el de mi hijo, solicito que se
interprete el numeral 3° del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 conforme a
la Constitución Políticas y que, en este sentido, no se le dé una interpretación
restrictiva porque esa interpretación no está conforme con la Constitución Política.
La interpretación que no contraría la Constitución es aquella según la cual la
circunscripción corresponde a la competencia del nominador que, en mi caso, es
del Presidente de la República.

Consecuencialmente solicito se impartan las órdenes correspondientes al Consejo
Superior de la Carrera notarial, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al
Presidente de la República, como mi nominador, para que se efectúe mi traslado
a la ciudad de Bogotá o a ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena
o Bucaramanga donde mi hijo pueda acceder a servicios de salud especializados.
Lo anterior por pertenecer a la carrera notarial y porque tengo derecho a ello por
cumplir con todos los requisitos y estar en pie de igualdad con todos ellos. Trato
igual con quienes detentan, como yo, la calidad de notarios de primera categoría y
que accedieron a la carrera notarial en virtud de un concurso de méritos.3.

1.3. Hechos

La señora Clara Elena Zabaraín Urbina actualmente labora como notaria Única de
Primera Categoría de Leticia, departamento del Amazonas, cargo en el que fue
nombrada mediante el Decreto 178 del 3 de julio de 2018 de la Presidencia de la
República.

El 28 de octubre de 2022 la accionante se postuló a una convocatoria publicada
por el Consejo Superior de Carrera Notarial para acceder a notarías del circuito de
Bogotá, en uso del derecho de preferencia de que trata el numeral 3 del artículo
178 del Decreto 960 de 1970.

Advirtió que en la postulación referida solicitó que se «aplique la excepción de
inconstitucionalidad porque la expresión misma circunscripción político-
administrativa resulta contraria al principio constitucional de igualdad, al concepto
y objetivo constitucional de carrera administrativa y al principio constitucional del
mérito» y se le permita acceder a una notaría de otra circunscripción político-
administrativa.

3 Transcripción literal que puede contener errores.

2

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En el Acta No. 04 del 2 de noviembre de 2023 se plasmó la reunión virtual del
Consejo Superior de la Carrera Notarial, en la que se decidió, entre otras, sobre la
«Solicitudes de excepción de inconstitucionalidad frente al numeral 3 del artículo
178 del Decreto Ley 960 de 1970» de la señora Clara Elena Zabaraín, en los
siguientes términos:

El Consejo Superior de la Carrera Notarial no dará aplicación a la figura jurídica de
excepción de inconstitucionalidad, frente al numeral 3 del artículo 178 del Decreto
Ley 960 de 1970, y en consecuencia, no se tendrán en cuenta las solicitudes de
preferencia presentadas por la doctora Clara Elena Zabarain Urbina.4

La anterior decisión se comunicó a la señora Zabaraín mediante el oficio SNR
SNR2023EE124632 del 30 de noviembre de 2023. Frente a este acto no se
interpusieron recursos.

El 12 de agosto de 2024 la señora Zabaraín Urbina solicitó aclaración de la
respuesta anterior, respecto de «la necesidad de reglamentación específica para
el ejercicio del derecho de preferencia, por cuanto esa fue la razón fundamental
para negar mi petición».

El 3 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la anterior solicitud, en la que se
hizo remisión a lo decidido anteriormente y comunicado a la actora el 30 de
noviembre de 2023.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La señora Clara Elena Zabaraín Urbina señaló que se vulneran sus derechos
fundamentales a la igualdad, la participación política y el acceso a los cargos
públicos por parte del Consejo Superior de Carrera Notarial, dado que aplica una
interpretación restrictiva al derecho de preferencia consagrado en el artículo 178
del Decreto 960 de 1970, lo que afecta su posibilidad de acceder a oportunidades
equitativas en la carrera notarial, cuando la misma Corte Constitucional ha
indicado que, los derechos no se pueden condicionar «por la ubicación
geográfica».

Explicó que, mientras un notario de Bogotá, Medellín, Valledupar, entre otros,
puede optar a otras notarías diferentes de su misma circunscripción, no pasa lo
mismo con la actora, quién no puede hacer uso de su derecho de preferencia, en
tanto en el departamento de Amazonas solo existe una Notaría, lo que hace
nugatorio su derecho.

4 Índice 022 de Samai.

3

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Por otro lado, tanto la señora Clara Elena Zabaraín Urbina como el señor Martín
González Zabaraín consideran que se vulnera el derecho a la salud de este último,
en tanto sufre de enfermedades que afectan su salud mental, y que requiere la
presencia de su madre, la señora Zabaraín Urbina en la ciudad de Bogotá, para
acompañarlo y apoyarlo en su tratamiento integral y proteger su estabilidad
emocional.

Refirió que, si bien no se ha iniciado el proceso de apoyo judicial o notarial, por la
demora de la EPS en las citas médicas, considera que con la prueba aportada
[certificaciones médicas y extractos de la historia clínica] se puede advertir que su
hijo padece de problemas relacionados a la salud que han afectado su vida
académica y social, lo que podría mejorar con la compañía de la señora Zabaraín
Urbina, por lo que requiere su traslado a la ciudad de Bogotá, a una Notaría de
esta circunscripción.

Para los actores, la decisión del Consejo Superior de Carrera Notarial no está
acorde con los principios constitucionales, pues la norma que restringe el uso del
derecho de preferencia notarial a una circunscripción política-administrativa
transgrede el derecho al ejercicio de la función notarial, la que, en su sentir, debe
ser garantizada en condiciones meritocráticas y equitativas como lo indicó la Corte
Constitucional en la sentencia T-215 de 2016.

Además, consideran que las garantías invocadas también se transgreden por parte
de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Presidencia de la República
porque impiden el ejercicio del derecho de preferencia de la señora Clara Elena,
quién no tiene la posibilidad de optar por otra Notaría en la ciudad de Bogotá, para
que pueda brindar un apoyo al señor Martín González Zabaraín en el tratamiento
para mejorar su salud mental, cuya recomendación fue prescrita por su médico,
basada en su vulnerabilidad.

Aunado a lo anterior el señor Martín González indicó que no puede trasladarse a
Leticia, donde vive su madre, dado que en dicho lugar no existen las instituciones,
profesionales y redes médicas especialistas en el manejo integral para su
condición de salud mental.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 21 de enero de 2025, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante5 y, como parte demandada,

5 Índice 014 de Samai. La notificación fue realizada a: czabarain@gmail.com

4

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al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República6, al
superintendente de Notariado y Registro7 y a la ministra de Justicia y del Derecho8.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Presidencia de la República9

En documento allegado el 28 de enero de 2025, la delegada de la entidad, solicitó
ser desvinculada del mecanismo, dado que carece de legitimación en la causa por
pasiva, pues las transgresiones invocadas en el escrito de tutela no pueden
protegerse por esta autoridad ya que, dentro de sus funciones no hay ninguna
relacionada con los asuntos que ocupan la atención de la presente acción.

Por otro lado, explicó que el Estatuto Notarial, en el artículo 164 establece las
cuales son las demás autoridades con las que se integra el Consejo Superior de
la Carrera Notarial para llevar a cabo sus competencias para garantizar y proteger
el sistema de mérito en el nombramiento de los notarios en propiedad, así como
administrar la carrera notarial, y señaló que la Presidencia de la República no hace
parte de estas, por lo que consideró que debe accederse a su desvinculación.

1.6.2. Ministerio de Justicia y del Derecho10

Mediante escrito allegado el 29 de enero de 2025 la directora jurídica del Ministerio
rindió informe en el que expuso el marco de competencia de esta entidad, que se
encuentra regulado en el artículo 5 del Decreto 2163 de 1970 y según el cual, tiene
la facultad, que comparte con la Presidencia de la República, de nombrar a los
notarios de primera categoría.

Indicó que la señora Clara Elena Zabaraín Urbina fue nombrada como notaria
Única de Leticia, Amazonas mediante el Decreto 478 de 2018.

Refirió que la carrera notarial y sus concursos están administrados por el Consejo
Superior de la Carrera Notarial, el cual está integrado por el Ministro de Justicia y

6 Índice 014 de Samai. La notificación fue realizada a: notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co;

contacto@presidencia.gov.co; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co;
marthacorssy@presidencia.gov.co
7 Índice 014 de Samai. La notificación fue realizada a:
notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co; correspondencia@supernotariado.gov.co.
8 Índice 014 de Samai. La notificación fue realizada a: notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co
9 Índice 016 de Samai.
10 Índice 019 de Samai.

5

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del Derecho quien lo preside, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, dos Notarios y el
Superintendente de Notariado y Registro, este último quien tendrá solamente voz
y que la defensa de este cuerpo colegiado corresponde a la oficina asesora jurídica
de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien funge como Secretaria
Técnica del Consejo.

Manifestó además que mediante el Acuerdo No. 01 de 20 «se convoca, se fijan las
bases y el cronograma del concurso de méritos público y abierto para el
nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial», el que
bien puede aspirar la accionante.

Por otro lado, recordó que, la Presidencia de la República, en su intento de
evolucionar la reglamentación del Decreto 960 de 1970 y reglamentar el ejercicio
del derecho de preferencia notarial expidió el Decreto 2054 de 2014 y por su parte
el Consejo Superior de la Carrera Notarial profirió el Acuerdo 02 de 2020 para
establecer el procedimiento para aplicar tal normativa, sin embargo, este Decreto
se declaró nulo por el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante providencia
del 13 de mayo de 2021 con fundamento en la reserva legal del legislativo en
regular la función notarial. Como consecuencia de lo anterior, el Consejo Superior
de Carrera Notarial revoco el referido Acuerdo.

Solicitó declarar improcedente este mecanismo al no advertir la alegada
vulneración a los derechos fundamentales invocados por los accionantes, como
tampoco, que se haya causado un perjuicio irremediable a la señora Zabaraín,
pues actualmente ejerce sus labores como Notaria Única de Leticia, Amazonas, y
no tiene riesgo alguno de perder su cargo, además las solicitudes de preferencia
presentadas en su momento en vigencia del Decreto 2054 de 2014, no fueron
procedentes al estar definida claramente la circunscripción político administrativa.

Finalmente, puso de presente que la tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad en la medida que la actora cuenta con la posibilidad de acceder a
otros medios judiciales para defender sus derechos, en los que la ley ha previsto
la posibilidad que el interesado pueda solicitar la suspensión de los efectos de los
actos administrativos que considere vulneradores de sus prerrogativas superiores.

1.6.3. Superintendencia de Notariado y Registro11

La jefe de la oficina del área jurídica de la entidad, obrando en calidad de
Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, conforme a la
delegación del Ministerio de Justicia y del Derecho plasmada en la Resolución
01918 de 24 de febrero de 2020 rindió informe el 29 de enero de 2025 en el que

11 Índice 022 de Samai.

6

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manifestó que en el caso particular no evidencia una vulneración a los derechos
invocados.

Explicó que, lo pretendido por la actora, se resolvió por el Consejo Superior de la
Carrera Notarial en sesión virtual llevada a cabo los días 2 y 3 de noviembre de
2023, donde se estableció que no era posible aplicar la excepción de
inconstitucionalidad del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 en los términos
que hoy reitera la accionante.

Además, refirió que, si lo pretendido en esta acción es proteger el derecho a la
salud del señor Martín González, Zabaraín, la entidad llamada a ello es su EPS
Sanitas, a la que se encuentra afiliado, pues esta entidad no presta servicios de
salud, por lo que solicitó su desvinculación del mecanismo.

Por otro lado, indicó que, no se puede dar aplicación al derecho de preferencia, en
los términos que pretende la actora, pues la norma establece que solo se puede
ejercer sobre la misma circunscripción político-administrativa, esto es, en el mismo
departamento y no a nivel nacional, está vigente y no admite que se aplique la
interpretación que pretende la accionante.

Manifestó que, de accederse a lo pedido, equivaldría a establecer por parte de la
autoridad judicial, que en situaciones que involucren la prestación de salud en
municipios o zonas apartadas de ciudades grandes, sea un motivo para nombrar
a los familiares en cargos públicos sin haber participado en un concurso [principio
de mérito], lo cual sería abiertamente contrario a la ley.

Aparte, indicó que lo pretendido en este mecanismo no cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues para conseguir la inaplicación de inconstitucional del artículo
178 del Decreto 960 de 1970 cuenta con el del medio de control de la nulidad por
inconstitucionalidad.

Asimismo, destacó que los tutelante no probaron la existencia de un perjuicio
irremediable, pues la señora Clara Zabaraín sigue disfrutando de su cargo como
notaria.

1.7. Sentencia de primera instancia12

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, dictó sentencia el 20 de febrero de 202513
en la que declaró improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el
requisito de inmediatez.

12 Índice 028 de Samai.
13 Decisión suscrita por los consejeros, Wilson Ramos Girón, Myriam Stella Gutiérrez Argüello y

Luis Antonio Rodríguez Montaño.

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Lo anterior, en tanto, la parte actora cuestiona el oficio SNR2023EE124632 del 30
de noviembre de 2023, dictado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, que
denegó la solicitud realizada por la señora Clara Elena Zabaraín Urbina,
relacionada con que se ordenara su traslado como notaria a una ciudad principal,
en aplicación al derecho de preferencia y debido a las condiciones de salud de su
hijo. Este se notificó el mismo día de su expedición, sin embargo, la tutela contra
dicha decisión se radicó el 3 de diciembre de 2024, esto es, luego de 1 año y 3
días de haberse notificado el acto administrativo objeto de este mecanismo, cuyo
término resulta injustificado y excesivo.

Además, advirtió que los accionantes no desplegaron actos en ese interregno que
acrediten diligencia en la defensa de sus derechos, pues solo hasta el 2024 la
señora Zabaraín Urbina presentó una solicitud de aclaración del oficio
SNR2023EE124632 del 30 de noviembre de 2023, lo que denota la falta de
urgencia que alegan.

Por otro lado, evidenció que la parte actora contaba con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para debatir la legalidad del acto que
pretende acusar por esta vía.

Finalmente, negó la solicitud de desvinculación propuesta por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y la Superintendencia de
Notariado y Registro.

1.8. Impugnación14

La parte accionante remitió memorial de impugnación, en el que indicó que este
mecanismo se interpuso contra los siguientes pronunciamientos:

1) La respuesta negativa del Consejo Superior de la Carrera Notarial en sesión
virtual de los días 2 y 3 de noviembre de 2023 a la solicitud de aplicación
de la figura de la excepción de inconstitucionalidad al artículo 178 del
Decreto 960 de 1970.

2) Respuesta a la solicitud de aclaración del 12 de agosto de 2024 elevada al
Consejo Superior de la Carrera notarial respecto a la necesidad de
reglamentación específica para el ejercicio del derecho de preferencia, la
que se notificó el 3 de septiembre de 2024.

14 Índice 033 de Samai. La sentencia se notificó el 25 de febrero de 2025 a través de correo
electrónico, mientas que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 28 del mismo
mes y año, es decir, 3 días hábiles después, por lo que fue oportuna su interposición.

8

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El señor Martín González Zabaraín reiteró que dado su estado de salud mental
requiere de la presencia y cuidado de su madre, lo que le ha proporcionado
bienestar y estabilidad emocional, por lo que solicitó que teniendo en cuenta que
se trata de un sujeto de especial protección constitucional, se flexibilice el término
de inmediatez y se le permita una garantía de acceso a la justicia, pues la
vulneración alegada ha persistido en el tiempo, de conformidad con lo indicado por
la Corte Constitucional en la sentencia T-001 de 2022.

Por su parte, la señora Clara Elena Zabaraín indicó que la negativa a su traslado
le causa un perjuicio a ella y su hijo, quién sufre de ataque de ansiedad y depresión
por ante la falta de una respuesta efectiva por parte del Consejo Superior de la
Carrera Notarial, por lo que, en aras de evitar un perjuicio irremediable dado el
riesgo latente de un suicidio por parte de su hijo, quién ha estado hospitalizado en
tres ocasiones por tal situación, pues reside en Bogotá solo con su hermano, por
lo que solicita que se flexibilice el término de inmediatez, ante la necesidad urgente
de retornar al cuidado de su hijo y la dificultad de conseguir un nuevo empleo dada
su edad.

Refirió que anteriormente se abstuvo de presentar esta acción dada la noticia de
que se abriría nuevamente un concurso para notarías, no obstante, pasó el tiempo
sin que ello se hiciera efectivo.

Manifestó, además, que elevó la solicitud de aclaración del 12 de agosto de 2024
porque no le quedaron claras las razones por las que se desestimó su solicitud de
traslado, ya que, para ella, la «misma jurisdicción político administrativa» contiene
un orden nacional. En ese sentido, consideró que, los términos interponer la
presente acción deben contabilizarse a partir de la respuesta emitida por el
Consejo Superior de la Carrera notarial el 3 de septiembre de 2024, aunado que,
a su juicio, la falta de inmediatez no puede utilizarse para negar un derecho
fundamental a la vida que en este caso se encuentra en riesgo.

1.9. Actuaciones en segunda instancia

Mediante auto del 9 de marzo de 202515 este Despacho puso en conocimiento16
de los miembros del Consejo Superior de Carrera Notarial17 la existencia de la
presente acción, en aplicación de los artículos 136 y 137 del C.G.P. Lo anterior

15 Índice 005 de Samai.
16 Índice 014 de Samai. La comunicación fue realizada a: presidencia@consejodeestado.gov.co

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co correspondencia@supernotariado.gov.co
notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co correspondencia@supernotariado.gov.co
17 Este órgano colegiado se encuentra conformado por: presidente del Consejo de Estado, la

procuradora General de la Nación, los dos notarios y sus suplentes que lo integran y el secretario
Técnico del aludido Consejo Superior de la Carrera Notarial, quien a su vez es el jefe de la Oficina
Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro.

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toda vez que fue la autoridad que profirió los actos administrativos que negaron la
solicitud de traslado en aplicación del derecho de preferencia de la actora y es el
encargado de administrar la carrera notarial.

1.9.1 Procuraduría General de la Nación18

El 10 de abril de 2025 la profesional universitario grado 18 de la entidad, allegó
pronunciamiento en el que indicó que la Procuraduría implementó una plataforma
denominada DOKUS en la que se realiza la trazabilidad de los documentos que
ingresa ante las diferentes instancias de esta dependencia, sin embargo, señaló
que no tiene trámites pendientes respecto de la accionante, por lo que solicitó ser
desvinculada de este mecanismo.

1.9.2. Superintendencia de Notariado y Registro19

Por medio del memorial radicado el 21 de abril de 2025 la jefe de la oficina asesora
jurídica de esta entidad, en representación del Consejo Superior de la Carrera
Notarial, emitió pronunciamiento respecto del auto de nulidad saneable del 9 de
abril de 2025 e indicó que, dado que la secretaria técnica del Consejo Superior de
la Carrera Notarial está a su cargo, como lo indica el artículo 2.2.6.1.5.4.2. del
Decreto 1069 de 2015 en concordancia con lo señalado por el numeral 13 del
artículo 14 del Decreto 2723 de 2014, se tenga como contestada la tutela en el
memorial allegado el 29 de enero de la anualidad, en la que se emitió
pronunciamiento sobre los supuestos de hecho y derecho de esta acción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
de presentada por los señores Clara Elena Zabaraín Urbina y Martín González
Zabaraín, contra el Presidente de la República, el superintendente de Notariado y
Registro y la ministra de Justicia y de Derecho, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación del presente
trámite, tras considerar que no le asiste legitimación en la causa por pasiva en

18 Índice 011 de Samai.
19 Índice 012 de Samai.

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tanto no tiene la competencia para garantizar los derechos invocados por los
accionantes.

Sobre el particular, la Sala encuentra necesario precisar que no se accederá a la
misma. Esto, en virtud de que, su vinculación en segunda instancia se hizo como
tercero, en virtud del eventual interés que les puede representar el presente
trámite, dado que es miembro del Consejo Superior de Carrera Notarial, quién
expidió los actos administrativos atacados en esta acción.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del
21 de enero de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, a efectos
de lo anterior, se debe resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela en contra providencia judicial?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿Se vulneran las garantías fundamentales invocadas por la parte
accionante con ocasión de la expedición del oficio SNR2023EE124632 del
30 de noviembre de 2023 por parte del Consejo Superior de la Carrera
Notarial en el que se resolvió de forma negativa la solicitud de traslado, en
ejercicio del derecho de preferencia, como notaria Única de Leticia,
Amazonas?

Para lo anterior, resulta pertinente analizar los siguientes temas: (i) la naturaleza
de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su
procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control
ante el juez contencioso administrativo (iii) el requisito de inmediatez como
presupuesto de procedibilidad, y (iv) el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los

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derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable20.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del
artículo 6.º del Decreto Ley 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia 21.

El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de
donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los
operadores judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de
convencionalidad, de constitucionalidad y de legalidad.

Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las

20 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
21 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones”.

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controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención
a la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos
de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201122.

Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el
núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de
amparo se torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la
afectación de las garantías superiores.

2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1 Inmediatez

En relación con este requisito, la Sala advierte que en la presente solicitud de
amparo no se cumple, por las razones que a continuación se explican.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que, en los eventos en que el
hecho generador del daño tenga sustento en un acto administrativo, debe
analizarse si entre la notificación de este y el ejercicio de la tutela transcurrió un
tiempo razonable, «lo cual debe analizarse en el caso concreto y a partir de las
particularidades de quien acude al juez de tutela» y si se advierte que transcurrió un
amplio margen de tiempo y no se justifican las razone de la tardanza, se incumple
con el requisito de inmediatez.

Al respeto, la Alta Corporación señaló lo siguiente:

[…]
En consecuencia, la Corte no encuentra que existan razones de peso que
justifiquen el largo lapso que media entre la actuación presuntamente lesiva de los
derechos fundamentales y el ejercicio de la acción constitucional, particularmente
porque: (i) no se logró demostrar que la actora estuviese en una particular situación
de debilidad manifiesta, que le hubiera impedido presentar la acción de tutela, y
porque, (ii) en lo que refiere al desconocimiento de las herramientas jurídicas con
las que contaba para hacer valer sus derechos, pese a que el propio acto

22La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias
del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-
23-33-000-2016-00293-01.

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administrativa le señalaba cuáles eran dichas herramientas, y pese a haber
contado desde el año 2019 con asistencia jurídica especializada, la promoción de
la solicitud de amparo continuó dilatándose en el tiempo, sin que en a este último
respecto se haya puesto de manifiesto alguna razón que justifique dicho
proceder.23

3. Caso concreto

De conformidad con lo anterior, en el asunto objeto de estudio se observa que la
parte actora elevó una solicitud ante el Consejo Superior de Carrera Notarial,
dirigida a que se aplique la excepción de inconstitucionalidad del numeral 3 del
artículo 178 del Decreto Ley 960 de 197024, con el fin de que se le permita ejercer
el derecho de preferencia en una circunscripción político-administrativa diferente a
la del cargo que actualmente ocupa como notaria Única del Circuito de Leticia,
Amazonas.

Dicha solicitud fue resuelta de forma negativa por el Consejo Superior de la Carrera
Notarial, mediante el oficio SNR SNR2023EE124632 del 30 de noviembre de 2023,
que fue comunicado a la actora en la misma fecha de su expedición y frente al que
no presentó ningún pronunciamiento.

Sin embargo, el 12 de agosto de 2024, esto es, 9 meses después de recibir la
negativa a su petición, elevó una solicitud de aclaración respecto de la
«reglamentación del específica para el ejercicio del derecho de preferencia». Esta
se resolvió por el Consejo Superior de la Carrera Notarial el 3 de septiembre de
2024, remitiéndose a lo resuelto en el oficio del 30 de noviembre de 2023.

En ese sentido, considera la Sala que, el acto administrativo que resolvió de fondo
sobre la petición de la actora es el contenido en el oficio SNR SNR2023EE124632
del 30 de noviembre de 2023, por tanto, este es el que crea, modifica, o extingue
la situación jurídica de la actora, y, en consecuencia, el hecho generador que diese
lugar a la solicitud de protección constitucional, por tanto, es a partir de la
notificación de este y no del oficio del 3 de septiembre de 2024 que debe
contabilizarse el plazo de inmediatez.

Al respecto se tiene que, (i) el oficio el SNR SNR2023EE124632 del 30 de
noviembre de 2023 proferido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial se
notificó por correo electrónico en la misma fecha, esto es, 30 de noviembre de

23 Corte Constitucional, sentencia T-180 de 2023. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
24 ARTÍCULO 178. El pertenecer a la carrera notarial implica:
[…]
3. Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político -
administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se encuentre vacante.

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2023; (ii) quedó ejecutoriado el 1 de diciembre de 202325., y; (iii) la acción de tutela
se radicó el 3 de diciembre de 2024, habiendo transcurrido 1 año y 1 mes entre la
ejecutoria del acto administrativo mediante el cual se despachó desfavorablemente
tal solicitud de la accionante y la presentación de esta acción.

Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto que la actora puso de presente algunas
razones para justificar el paso prolongado del tiempo en esta ocasión. En
particular, manifestó que su hijo padecía patologías que afectaban su salud mental
y que la ausencia prolongada del apoyo de la señora Clara Elena Zabaraín Urbina
agravaba tal condición, lo cual persiste en el tiempo. Sin embargo, tales
argumentos más allá de servir como argumento para soportar la inactividad antes
referida, denotan que no existe una necesidad de tomar medidas de protección
inmediatas por este mecanismo.

Aunado a lo expuesto, la Sala debe concluir que en esta ocasión tampoco se
cumple el requisito de subsidiariedad como bien lo indicó el a quo, y pese a que la
decisión sobre este punto no fue impugnada, no sobra recordar a la parte
accionante que, si pretendía dejar sin efectos el oficio el SNR SNR2023EE124632
del 30 de noviembre de 2023, bien pudo acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, pero no lo
hizo.

En consecuencia, no se advierten razones de peso que justifiquen el largo lapso
que media entre la actuación presuntamente lesiva de los derechos fundamentales
y el ejercicio de la acción constitucional, particularmente porque no se logró
demostrar que la actora estuviese en una particular situación de debilidad
manifiesta que le hubiera impedido presentar la acción de tutela dentro del término
razonable, ni tampoco se encontró acreditada ninguna de las hipótesis señaladas
por la Corte Constitucional que permiten soslayar el requisito de la inmediatez.

En ese orden de ideas, en el sub examine no existe una explicación válida para el
ejercicio de este mecanismo después de que transcurriera un lapso de tiempo tan
amplio desde que se le notificó el oficio el SNR SNR2023EE124632 del 30 de
noviembre de 2023 que consideró como lesivo de sus derechos fundamentales.

Conforme lo expuesto, se confirmará la sentencia del 21 de enero de 2025
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no encontró satisfecho el requisito de
inmediatez.

25 ARTÍCULO 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en

firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
[…]

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Procuraduría
General de la Nación.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de enero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró improcedente la acción de tutela
promovida por los señores Clara Elena Zabaraín Urbina y Martín González
Zabaraín, por no superar el requisito de inmediatez.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
.

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