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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06673-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06673-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Presidente de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete. 18 Ibidem. 12 Radicación: 11001-03-15-000-2024-06673-00 Accionante: José Luis Bracho Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06673-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06673-00
Accionante: JOSÉ LUIS BRACHO
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA –Se declara improcedente por no cumplir con
el requisito general de subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor José Luis Bracho contra
el Presidente de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor José Luis Bracho solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de
petición y al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Presidente de la
República, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la
sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., por el Oficio núm. 202471286077
de 3 de octubre de 2024 y la omisión de ejercer las funciones de control y
vigilancia.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. expidió la factura
núm. 6882760193 de 30 de marzo de 2024, por valor de $6.069.740 con ocasión
al “[…] proceso de recuperación de energía […]”, dentro del cual no fue requerido
ni notificado.

2.2. Señaló que, con ocasión a una orden de suspensión de energía por falta de
pago de la factura antes referida, presentó la reclamación núm.
RE3110202483230 de 19 de septiembre de 2024 ante Caribemar de la Costa

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06673-00
Accionante: José Luis Bracho

S.A.S. E.S.P. en la que solicitó el “[…] cobro del consumo no registrado pendiente
por facturar emitido el 30 de marzo de 2024 […]”.

2.3. Indicó que, mediante Oficio núm. 202471286077 de 3 de octubre de 2024,
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. dio respuesta a su solicitud en los siguientes
términos:

“[…] De conformidad con lo establecido en el Artículo 154 de la Ley
142/1994, los usuarios de los servicios públicos domiciliarios sólo pueden
interponer reclamaciones contra las últimas cinco facturas expedidas por
la empresa prestadora, por tanto, la factura de marzo de 2024 objeto de
reclamo, no podrá ser atendida.

Veamos lo que al respecto nos dice la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios en el Concepto No. SSPD-OJ 2006-258:

“Conforme al inciso tercero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994 no
proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5)
meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.
Este es un término de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario
a presentar reclamos, mediante el cual promueve la diligencia para
reclamar en términos.

Adicionalmente, dicha consagración legal busca darle certeza a la factura
que expide la empresa para que no permanezca de manera indefinida con
la incertidumbre de sí el usuario discute el valor de los servicios facturados
en un período determinado. Se trata entonces de un término de caducidad
que opera a favor de las empresas…”

Así las cosas, no es posible atender su reclamación sobre una factura para
la cual la acción de reclamar ya está vencida.

Esperamos con lo anterior haber atendido de la mejor manera su petición.

Finalmente, le informamos que contra la presente comunicación no
proceden recursos por ser un acto de carácter informativo en el entendido
que su solicitud no se encuentra enmarcada dentro de las causales
establecidas en el Artículo 154 de la ley 142 de 1994 […]”.

2.4. Manifestó que la contestación a su petición vulneró su derecho fundamental de
petición porque no se dio una respuesta clara, precisa y de fondo a lo solicitado y
transgredió su derecho al debido proceso y defensa porque no se le permitió
interponer los recursos de reposición y apelación contra dicho acto.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PIMERO: SE DECRETE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO de petición
ordenando a la empresa Afinia, y darnos una respuesta de fondo. QUE Se
concreta en el deber de resolver la petición de forma: clara, esto es que la
misma sea inteligible y contenga argumentos de fácil comprensión; precisa,
es decir que la respuesta atienda a lo solicitado y se excluya toda información
impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; congruente,
esto es que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo

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Accionante: José Luis Bracho

solicitado; y consecuencial, lo que significa que si la petición es presentada
dentro de un trámite procedimental del cual conoce la respectiva autoridad,
ésta deberá dar cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las
cuales la petición resulta o no procedente.

SEGUNDO: que debido a esta violación al derecho de petición se concedan
el recurso de reposición y en subsidio de apelación

TERCERO ordene al presidente y a la superintendencia a ejercer sus
funciones constitucionales de vigilancia y control y ordene a la empresa Afinia
a la materialización de este derecho, petición concediendo el recurso de
apelación conforme el artículo 154 de la ley 142 de 1994 artículo 74 de la ley
1437 del 2011 y las SENTENCIAS T-023/02

CUARTO: QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL APLIQUE EL principio DE
OFICIOSIDAD y de informalidad, debido que no resolvió, ni siquiera una
pretensión todas las pretensiones, no integro el contradictorio, para dar una
solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un
todo inescindible.

QUINTO: que el juez constitucional conforme a artículo 4 de la constitución
inaplique la parte final del artículo 154 de la ley 142 de 1994 En ningún caso,
proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses
de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. En este caso
concreto, debido que la empresa no me puso en conocimiento el
procedimiento administrativo del cobro de la energía dejadas de facturar.

SEXTO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 13 DE LA
CONSTITUCION el juez constitucional aplique el principio de favorabilidad
más benéfica aplicando el articulo 74-1 de la ley 1437 del 2011.

SEPTIMO: QUE el juez constitucional conforme artículo 4 de la constitución
aplique la excepción de inconstitucionalidad en este caso concreto y deje sin
efecto y sin valor el cobro de la energía dejadas de facturar dándole
cumplimiento a los artículos 13,23,29,30 93 de la constitución […]”.
[Mayúscula original del texto y sic en toda la cita].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 20 de enero de 2025, el Despacho Sustanciador admitió la
acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron los
siguientes informes:

5.1. El Presidente de la República, a través de apoderada, solicitó la desvinculación
de la acción constitucional porque de los hechos referidos en el escrito de tutela no
tenían relación con sus funciones.

5.2. La sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. solicitó declarar improcedente
la acción de tutela por ausencia del requisito de subsidiariedad porque el accionante
cuenta con otro mecanismo de defensa ante la jurisdicción contencioso

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06673-00
Accionante: José Luis Bracho

administrativo para que se estudie la legalidad del acto administrativo contenido en
el Oficio núm. 202471286077 de 30 de noviembre de 2024.

5.3. Señaló que el 19 de septiembre de 2024, el accionante presentó la solicitud núm.
RE3110202483230, a través de la cual realizó el cobro del consumo no registrado y
pendiente por facturar de 30 de marzo de 2024.

5.4. Indicó que, mediante oficio 202471286077 de 30 de noviembre de 2024, se dio
respuesta a la solicitud mediante la cual se resolvió:

“[…] De conformidad con lo establecido en el Artículo 154 de la Ley 142/1994,
los usuarios de los servicios públicos domiciliarios sólo pueden interponer
reclamaciones contra las últimas cinco facturas expedidas por la empresa
prestadora, por lo tanto, la factura de marzo de 2024 objeto de reclamo, no podrá
ser atendida […]”.

5.5. Señaló que la respuesta brindada al accionante fue de manera clara y precisa,
motivo por el cual no existe omisión por parte de la entidad prestadora de servicios.

5.6. LaSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de
apoderado, se opuso a las pretensiones de la acción de tutela y solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, al considerar que “[…] no existe una
coincidencia de derecho entre el titular de la obligación reclamada y el sujeto frente
al cual se alega dicha conducta […]”, toda vez que revisada la base de datos de la
entidad, no se ha revisado en segunda instancia procesos de reclamación
presentados por el señor José Luis Bracho.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Presidente de la República y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Accionante: José Luis Bracho

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, señaló lo siguiente:

“[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.5

Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir
que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil,
están legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de
autoridades públicas, presuntamente responsables de las acciones y
omisiones que, a juicio del accionante, vulneraron sus derechos
fundamentales […]". [Subrayado fuera del texto].

9. ElPresidente de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios les asiste legitimación en la causa por pasiva por cuanto fueron
identificados por el accionante como los causantes de la vulneración de sus
derechos y, adicionalmente, se elevaron pretensiones en contra de estas
entidades.

10. Por lo expuesto, la Sala denegará las solicitudes de desvinculación elevadas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad.
Si ello es así, se deberá determinar:

b) Si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales de petición y al
debido proceso del accionante, con el Oficio núm. 202471286077 de 2024
y la omisión de ejercer las funciones de control y vigilancia.

VI.4. El núcleo esencial del derecho de petición

12. El artículo 23 de la Constitución Política prevé que toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante
organizaciones privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener
una pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el
artículo 85 de la Carta.

13. La
Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la
connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales

5
Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06673-00
Accionante: José Luis Bracho

como la información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad
social, el acceso a documentos públicos, entre otros.

14. El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto
que son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la
pronta resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que
sea clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la
decisión adoptada se le notifique al peticionario6.

15. La vulneración del núcleo esencial del derecho fundamental de petición es
objeto de protección a través de la acción de tutela. Sin embargo, la jurisprudencia
ha precisado que el sentido de la respuesta no hace parte del referido núcleo
esencial de este derecho. En virtud de lo anterior, se ha precisado que la
respuesta negativa en ningún caso constituye una vulneración del derecho
fundamental de petición, ya que “[…] existe una diferencia entre el derecho de
petición y el derecho a obtener lo pedido […]”7.

16. En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido.

VI.5. Caso concreto

17. El señor José Luis Bracho solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
de petición y al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Presidente de la
República, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la
sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., por el Oficio núm. 202471286077
de 3 de octubre de 2024 y la omisión de ejercer las funciones de control y
vigilancia.

18. El accionante le atribuye la vulneración a su derecho fundamental de petición
porque considera que la solicitud formulada el 19 de septiembre de 2024 no fue
respondida de fondo. Además, estima que se desconoció su derecho al debido
proceso porque no se le permitió interponer recursos contra el Oficio núm.
202471286077 de 2024.

VI.5.1. Del incumplimiento del requisito general de subsidiariedad

19. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de

6
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-007 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 18 de enero de 2017.
7
Ibidem.

7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06673-00
Accionante: José Luis Bracho

derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

20. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en
el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”.

21. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza8), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

22. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”9.

23. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
8
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
9
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06673-00
Accionante: José Luis Bracho

salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”10.

24. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, en los siguientes términos: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”11.

25. No obstante, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

26. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

27. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:

“[L]a inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos
mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica
que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como
medidas precautelativas para garantizar la protección de los derechos
fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados […]”12

28. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala procede a analizar si la
presente solicitud de amparo cumple o no el requisito general de procedibilidad
de la subsidiariedad.

29. En el caso objeto de estudio el accionante presentó reclamación, mediante
radicado núm. RE3110202483230 de 19 de septiembre de 2024, a la factura de
energía núm. 6882760193 de 30 de marzo de 2024. En la referida reclamación se
solicitó lo siguiente:

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de abril de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-225 de 15 de junio de 1993, expediente T-7984. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,
reiterada en la sentencia SU-617 de 5 de septiembre de 2013.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06673-00
Accionante: José Luis Bracho

“[…] pretendo con este: REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, […], para
que la empresa y la superintendencia de servicios públicos domiciliarios le de
cumplimiento a los artículos 75,79,81, 146, 149, y […] Y me conceda los
recursos de ley y se inaplique el artículo 154 de la ley 142 de 1994. Y haga
extensiva LOS precedente de la cortes constitucional establecido en las
sentencia T-270 DEL 2004 y la sentencia de UNIFICACIÓN SU-1010 DEL
2008 por medio de la cual fijaron los procedimiento y limites que debe
someterse la empresa AFINIA para determinar y poder cobrar la energía
dejada de facturar, […] revoque el proceso de cobro de energia dejadas de
facturar y lo reinicie nuevamente […], y anule el cobro de la energía dejadas
de facturar por valor de $ 6.069.740 del 30 de marzo del 2024 DE expedida
en la factura No. 6882760193, porque me fueron a suspender el servicio por
lo que la empresa debe de demostrar con prueba que me notifico el acto
administrativo por medio de la cual me impone el cobro de la energía dejada
de facturar […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto, y sic en toda la cita].

30. En respuesta a la reclamación formulada, Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.,
mediante Oficio 202471286077 de 3 de octubre de 2024 negó la solicitud bajo los
siguientes términos:

“[…] De conformidad con lo establecido en el Artículo 154 de la Ley 142/1994,
los usuarios de los servicios públicos domiciliarios sólo pueden interponer
reclamaciones contra las últimas cinco facturas expedidas por la empresa
prestadora, por tanto, la factura de marzo de 2024 objeto de reclamo, no podrá
ser atendida.

Veamos lo que al respecto nos dice la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en el Concepto No. SSPD-OJ 2006-258:

“Conforme al inciso tercero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994 no
proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5) meses
de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. Este es un
término de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a presentar
reclamos, mediante el cual promueve la diligencia para reclamar en términos.

Adicionalmente, dicha consagración legal busca darle certeza a la factura que
expide la empresa para que no permanezca de manera indefinida con la
incertidumbre de sí el usuario discute el valor de los servicios facturados en
un período determinado. Se trata entonces de un término de caducidad que
opera a favor de las empresas…”

Así las cosas, no es posible atender su reclamación sobre una factura para la
cual la acción de reclamar ya está vencida.

Por lo anterior, le informamos que no se accede a su petición.

Esperamos con lo anterior haber atendido de la mejor manera su petición.

Finalmente, le informamos que contra la presente comunicación no proceden
recursos por ser un acto de carácter informativo en el entendido que su
solicitud no se encuentra enmarcada dentro de las causales establecidas en
el Artículo 154 de la ley 142 de 1994 […]”.

31. La Sala observa que la respuesta brindada por la entidad accionada sí abordó
el fondo de la petición formulada por el accionante. En efecto, se advierte que
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. negó la reclamación presentada, en razón a

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06673-00
Accionante: José Luis Bracho

que el artículo 154 de la Ley 142 de 11 de julio de 199413 y el concepto núm.
SSPD-OJ 2006-258 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
establecen que no son procedentes las reclamaciones sobre facturas con una
antigüedad superior a cinco meses.

32. Se debe reiterar que una respuesta negativa a una petición no constituye una
vulneración de dicho derecho fundamental porque “[…] existe una diferencia entre
el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido […]”14.

33. Con base en lo anterior, la Sala estima que el accionante lo que pretende en es
controvertir a través de esta acción y alegando la vulneración al derecho
fundamental de petición y el debido proceso, la respuesta brindada por Caribemar
de la Costa S.A.S. E.S.P., en el Oficio 202471286077 de 3 de octubre de 2024,
porque no accedió a estudiar su reclamación por extemporánea y solicita que se
inaplique el artículo 154 de la Ley 142.

34. En ese sentido, el artículo 154 señala supra dispone:

“[…] ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS. El recurso es un acto del
suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que
afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos
de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que
realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los
casos en que expresamente lo consagre la ley.

No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación
y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue
objeto de recurso oportuno.

El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por
facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha
de conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas
por las empresas de servicios públicos.

De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la
empresa que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso
dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto
en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las
condiciones uniformes del contrato […]”.

35. En este aspecto, en criterio de la Sala, el accionante tendría a su disposición el
medio de control de nulidad y restablecimiento para controvertir la respuesta que
emitió Caribemar de la Costa a la reclamación presentada contra la factura de
energía núm. 6882760193 de 30 de marzo de 2024.

36. Cabe resaltar que el medio de control de nulidad y restablecimiento resulta ser
eficaz puesto que, tal como lo ha sostenido esta Sección15, “[…] con la expedición
la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el argumento según el

13
“por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.”.
14
Ibidem.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.

11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06673-00
Accionante: José Luis Bracho

cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el
estudiado […]”16.

37. Lo anterior en consideración a que “[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia17, como la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad […]”18.

38. Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta lo pretendido por el accionante, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta decisión. Además, no se encuentra probado un perjuicio
irremediable.

39. Igualmente, tampoco se encuentra acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales endilgadas al Presidente de la República y a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, relacionadas con la omisión de ejercer
funciones de vigilancia y control.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Presidente de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
17
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
18
Ibidem.

12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06673-00
Accionante: José Luis Bracho

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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