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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06675-01

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06675-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, y en su lugar: Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Lili Margarita Narváez Ruíz, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada la decisión, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06675-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06675-01
Accionante: Lili Margarita Narváez Ruíz
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se revoca la decisión de primera instancia, y en su lugar, se niegan
las pretensiones de la acción de tutela por no demostrarse los
defectos alegados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante, la señora Lili Margarita Narváez
Ruíz; y los señores Luis Daniel Narváez Ballestero, Luis Fernando Narváez
Ballestero, Olga Mercedes Narváez Ruiz, Martha Sofía Narváez Ruiz y Laura
Sofía Martínez Narváez, quienes actúan como terceros con interés, en contra de
la providencia del 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela al
considerar que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos
La señora Claudia Elena Ballesteros Bernal presentó una denuncia penal contra
el señor Enoc Manuel Narváez Murillo. En consecuencia, el Juzgado Promiscuo
Municipal de San Marcos procedió a la legalización de su captura, aprobó la
imputación de los cargos formulados por la Fiscalía, relativos al delito de actos
sexuales con menor de catorce años, y a solicitud del ente acusador impuso
medida de detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual se hizo
efectiva el 4 de septiembre de 2013.

Transcurrido un período de 2 años, 9 meses y 14 días de reclusión, el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Marcos resolvió disponer la libertad inmediata del
señor Enoc Manuel Narváez Murillo, en virtud del vencimiento de los términos
procesales, y finalmente, el 21 de noviembre de 2017, la autoridad judicial dictó
sentencia absolutoria, al no existir certeza de la comisión de la conducta punible.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06675-01
Accionante: Lili Margarita Narváez Ruíz

En consecuencia, la señora Lili Margarita Narváez Ruíz y su padre, el señor Enoc
Manuel Narváez Murillo, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
demandaron a la Nación - Rama Judicial – Fiscalía General y al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, a fin de que se declarara a dichas entidades
responsables patrimonialmente por los perjuicios materiales, morales, de
afectación a bienes y por daño a la salud, derivados de la privación injusta de la
libertad y las lesiones que sufrió dentro del centro penitenciario el señor Narváez
Murillo.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Sincelejo, quien, mediante providencia del 25 de mayo de 2023, negó
las pretensiones del medio de control, pues consideró que la imposición de la
medida cautelar de detención preventiva fue proporcional y razonable. Asimismo,
concluyó que las afectaciones de salud del señor Enoc Manuel Narváez en el
establecimiento carcelario habían ocurrido con anterioridad a su privación de
libertad, y que su trauma de cadera fue un accidente fortuito, no atribuible al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Inconforme con la decisión judicial anterior, la parte demandante interpuso
recurso de apelación, pues, a su juicio, el Juzgado Promiscuo Municipal de San
Marcos impuso la medida cautelar de detención preventiva atendiendo
únicamente a los señalamientos de la presunta víctima y su madre.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión, a través de la sentencia del 9 de mayo de 2024, revocó parcialmente
la decisión de primera instancia, pues, pese a confirmar que la imposición de
medida de aseguramiento atendió a los criterios de necesidad, proporcionalidad
razonabilidad, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control
de reparación directa, en relación con las pretensiones derivadas de las lesiones
sufridas por el señor Narváez Murillo al interior del establecimiento carcelario.

2.2. Fundamentos jurídicos

La señora Lili Margarita Narváez Ruíz consideró que el Tribunal Administrativo
de Sucre al proferir la decisión judicial del 9 de mayo de 2024, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, la dignidad y la tutela jurisdiccional
efectiva, e incurrió en los siguientes defectos:

• Defecto fáctico debido a que la autoridad judicial accionada valoró la
entrevista practicada a la menor referida como víctima del proceso penal
con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento, aun
cuando, a su juicio, únicamente debía valorar los elementos materiales
probatorios en que el juez de control de garantías fundamentó su decisión.

• La parte accionante señaló que la autoridad judicial accionada desconoció
que el juez de control de garantías se limitó a transcribir apartes de las
leyes sin motivación alguna, ignorando el contenido de los artículos 308 –
313 de la ley 906 de 2004, en donde se establecen los requisitos para la
imposición de dicha medida. Por ende, esta Sala considera que la señora
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Accionante: Lili Margarita Narváez Ruíz

Narváez Ruíz invoca un defecto sustantivo, ya que alega la inaplicación
de las normas precitadas.

Ahora, si bien la parte actora alega la violación directa de la Constitución
Política, lo cierto es que los argumentos esbozados en la demanda de
tutela son los mismos para el defecto sustantivo, pues afirman que la
imposición de la medida de aseguramiento no se fundamentó en los
requisitos de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, razón por la que,
de conocer de fondo la acción de tutela, solo se pronunciará respecto del
defecto sustantivo.

• Desconocimiento del precedente judicial en relación con las sentencias
de la Corte Constitucional: SU 072 de 2018, C-318 de 2008 y C-774 de
2001, que establecieron el debido actuar del juez de control de garantías
frente a la imposición de la medida de aseguramiento dentro del proceso
penal.

• De igual forma, señaló que el Tribunal accionado ignoró la aplicación de la
Sentencia proferida el 25 de abril de 2020, con radicado 25000-23-26-000-
2010-00849-01, en donde se condenó a la Rama Judicial pues, aunque se
determinó que se impuso una medida de aseguramiento cumpliendo con
los requisitos legales, se demostró que la detención preventiva le ocasionó
un daño especial, situación que, a su juicio, es similar al caso concreto.

2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:

«1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, tutela jurisdiccional
efectiva, dignidad humana, igualdad, conforme a sus garantías que se
invocan vulneradas, que fuere conculcado por la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, con ocasión de la
expedición de la Sentencia del 09 de mayo de 2024; acotando que de
encontrarse que son otros los derechos fundamentales a amparar, o por
unas razones diferentes a las expuestas, se proceda de conformidad
según las posibilidades de fallar iura novit curia y extra y ultra petita que
rigen en sede de tutela.

2. Consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto la providencia del 09 de
mayo de 2024 emanado de la sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre que confirmó la decisión del Juzgado Octavo
Administrativo de Sincelejo de fecha 25 de mayo de 2023; en contra de
la RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNINPEC; y

3. Ordenar a la Sala Tercera de Decisión, que emita un nuevo fallo
debidamente motivado que en derecho corresponda.». (sic en toda la
cita)

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2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
mediante auto del 13 de diciembre de 2024, a través del cual ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión como accionado y al
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, Sucre, a la
Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario - INPEC y a los señores, German Luis Narváez Ruiz y otros1, como
terceros interesados en el resultado del proceso.

2.4.1. El Tribunal Administrativo de Sucre aseguró que la decisión judicial
cuestionada se fundamentó en las pruebas allegadas al expediente y en la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el asunto. En ese sentido, solicitó
que se nieguen las pretensiones de la demanda.

2.4.2. La Fiscalía General de la Nación señaló que la acción de la referencia
no cuenta con el requisito general de relevancia constitucional, pues se pretende
reabrir un debate ya concluido. De otra parte, no avizoró vulneración alguna de
los derechos fundamentales de la parte accionante. Finalmente, solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.4.3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario afirmó que no ha
incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
Asimismo, manifestó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva en
el presente proceso.

2.4.4. Olga Mercedes Narváez Ruiz, Martha Sofía Narváez Ruiz y Laura Sofía
Martínez Narváez respaldaron la acción de referencia y afirmaron que el Juez de
control de garantías ordenó la privación de la libertad del señor Narváez Murillo
sin debida motivación. De igual forma, indicaron que la autoridad judicial
accionada valoró una prueba que no hizo parte del expediente de medida de
aseguramiento. Aunado a lo anterior, aseguró que el juez del proceso penal no
realizó un estudio de la proporcionalidad de la medida de aseguramiento.

2.4.5. Luis Daniel Narváez Ballestero y Luis Fernando Narváez Ballestero
manifestaron que el juez de control de garantías no motivó la medida de
aseguramiento impuesta al señor Enoc Narváez, ni explicó por qué no se optó
por una medida menos restrictiva, aun cuando se dirigía en contra de una
persona de la tercera edad.

1 Luisa Milena Narváez Ballestero, Sara Sofía Narváez Morales, Luis Daniel Narváez Ballestero,

Luis Fernando Narváez Ballestero, Valeria Naizir Narváez, Enoc Manuel Narváez Murillo, Olga
Mercedes Narváez Ruiz, Martha Sofía Narváez Ruiz, Laura Sofía Martínez Narváez, Ignacio
Vicente Narváez Ruiz, Juliana Andrea Narváez Quiroz, Rafael Eduardo Cordero Narváez, Maria
José Cordero Narváez, Andrés David Cordero Narváez, Rubiela Mercedes Cordero Narváez,
Daniela Francisca Cordero Narváez.
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2.5. Sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, determinó que la acción de referencia
no cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional,
toda vez que no cuenta con los argumentos suficientes que justifiquen la
intromisión del juez constitucional en el proceso, tampoco se observa vulneración
alguna de los derechos fundamentales de la parte accionante. De otra parte,
manifestó que los planteamientos de la acción de tutela son idénticos a los
presentados al interior del proceso de reparación directa, por lo que consideró
que, la parte accionante por medio del mecanismo constitucional únicamente
pretendía reabrir un debate concluido por el juez natural del mismo.

2.6. Impugnación

2.6.1. Lili Margarita Narváez Ruiz tras insistir en los argumentos de la acción
de tutela, señaló que el escrito cumple con el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que versa sobre la vulneración de sus derechos
fundamentales.

2.6.2. Luis Daniel Narváez Ballestero y Luis Fernando Narváez Ballestero
manifestaron su desacuerdo con la decisión judicial de primera instancia, pues
afirmaron que el Tribunal Administrativo de Sucre desconoció la sentencia SU
072 de 2018 y la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B con radicado 25000-23-26-000-2010-00849-01, consejero Fredy Ibarra
Martínez.

2.6.3. Olga Mercedes Narváez Ruiz, Martha Sofía Narváez Ruiz y Laura
Sofía Martínez Narváez reiteraron los argumentos de la acción de referencia e
indicaron que la sentencia impugnada desconoció la sentencia de Unificación del
15 de agosto de 2018 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en relación
con «los casos de privación injusta», pues la imposición de la medida de
aseguramiento debe cumplir los elementos del test de proporcionalidad.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, incurrió en el
defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, al proferir

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la decisión judicial del 9 de mayo de 2024, dentro del proceso de reparación
directa con radicado 70-001-33-33-008-2018-00306-01.
3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
y la jurisprudencia constitucional vigente, fue creada para proteger los derechos
constitucionales fundamentales de las personas cuando estos sean vulnerados
o amenazados por las autoridades o particulares en casos expresamente
señalados en la ley.

Este mecanismo constitucional cuenta con un carácter residual o subsidiario, de
modo que, solo se activa cuando no existen otros medios judiciales de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Sin embargo, al ser una acción excepcional y residual, la acción de tutela exige
el cumplimiento de ciertos requisitos, con el fin de equilibrar la seguridad jurídica,
la autonomía de los jueces y la efectiva protección de los derechos
fundamentales, a saber:

(i) Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada, la cual se

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surtió el 17 de junio de 2024 y la acción de referencia se presentó el 4 de
diciembre de 2024.

3.3.1.4. Si bien el juez de tutela de primera instancia declaró la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, la
Sala estima que el asunto a resolver sí cuenta con esta causal de procedibilidad,
pues en el escrito de tutela, la parte accionante argumenta una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia del presunto defecto fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional2 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa3, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva4, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios»5.

2 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-

456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
3 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
4 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle

Correa.
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En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis del defecto fáctico en el caso concreto

La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico por indebida valoración de la entrevista practicada a la menor
referida como víctima dentro del proceso penal con posterioridad a la imposición
de la medida de aseguramiento, aun cuando, a su juicio, únicamente debía
evaluar los elementos materiales probatorios en que el juez de control de
garantías fundamentó su decisión.

Sobre el particular, se observa que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión, a través de la sentencia del 9 de mayo de 2024, se
pronunció respecto de los elementos materiales probatorios en los que el juez de
control de garantías fundamentó su decisión, así:

«En relación con la procedencia de la medida de aseguramiento
impuesta por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos
• Sucre al señor Enoc Manuel Narváez Murillo, de acuerdo a lo
registrado en el acta de la respectiva audiencia, dado que no obra la
grabación de la misma en el expediente, la misma se fundamentó en
los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General
de la Nación».

Esos elementos materiales probatorios, es decir, la denuncia
presentada por la señora Claudia Milena Ballestero Bernal y la
entrevista de la menor, que obran en el expediente, dan cuentas de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente
ocurrieron los hechos, en el siguiente orden:

«Denuncia Penal interpuesta el día 3 de mayo del 2013 por la señora
Claudia Milena Ballestero Bernal, madre de la menor víctima»
(…)
«Entrevista Forense en práctica a la menor (MV) por un agente de la
Policía Nacional, en presidencia del Defensor de Familia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar».

De conformidad con los elementos materiales probatorios precitados, la
autoridad judicial accionada señaló lo siguiente:

En efecto, por su cercanía con la menor (MV), al ser considerado por
ésta como un abuelo, el señor Enoc Manuel Narváez Murillo podría
considerarse en esa época como un peligro para ella, que
habitualmente acudía a su residencia y donde supuestamente
ocurrieron los hechos. En tal sentido, la víctima se encontraba en
situación de vulnerabilidad, máxime porque la amenazaba con “matar”

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a su “mamá y a mis hermanitos", en caso de ir preso». (sic en toda la
cita)

Habida consideración de lo anterior se observa que la autoridad judicial
accionada determinó que el juez de control de garantías fundamentó la
imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario en la denuncia interpuesta por la señora Claudia
Milena Ballestero Bernal, madre de la menor referida como víctima en el proceso
penal; y en la entrevista forense practicada a esta última.

Así las cosas, esta Sala no encuentra demostrado que el Tribunal Administrativo
de Sucre valorara la entrevista practicada a la menor con posterioridad a la
imposición de la medida de aseguramiento, por el contrario, se acreditó que en
la providencia cuestionada evaluó los elementos materiales probatorios
allegados con anterioridad a dicha imposición. Por ende, no se configuró el
defecto fáctico en el caso concreto.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»6.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber:

«(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada).
(…)
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan

6Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
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con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso, bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable, o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

La señora Lili Margarita Narváez Ruíz señaló que la autoridad judicial accionada
desconoció que el juez de control de garantías no sustentó la medida de
aseguramiento, sino que se limitó a transcribir apartes de las leyes sin motivación
alguna, ignorando el contenido de los artículos 308 – 313 de la ley 906 de 2003,
en donde se establecen los requisitos para la imposición de dicha medida, los
cuales son: la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Pese a las consideraciones de la parte accionante, se observa que la autoridad
judicial accionada en la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 se pronunció
acerca de los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento, así:

«En ese sentido, la Sala puede advertir que las pruebas aportadas por
la Fiscalía General de la Nación en su momento, soportaban la medida
de aseguramiento impuesta al señor Enoc Manuel Narváez Murillo, y
la misma cumplió con los requisitos establecidos por la Ley 906 de
2004 para su procedencia, es decir, fue necesaria, proporcional y
razonable».
(…)
«Y por último, el artículo 310 del C. de Procedimiento Penal enlista las
circunstancias que deben ser valoradas para terminar, si “la libertad
del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la
comunidad”, dentro de las que se encuentra “cuando el punible sea
por abuso sexual con menor de 14 años”.

Así las cosas, para esta Sala la decisión que restringió la libertad del
señor Enoc Manuel Narváez Murillo, lejos de ser arbitraria e irracional,
se sustentó en pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso
penal y se ajustaron a las circunstancias y elementos con los que
contaba el juez de control de garantías al momento de proferirla, por
tanto, no puede concluirse que desbordó los criterios de
proporcionalidad y de razonabilidad inherentes a la adopción de ese
tipo de decisiones, dado que la detención preventiva se sustentó
principalmente en la entrevista de la víctima que lo individualizó como
responsable del delito imputado, con descripción detallada de la

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Accionante: Lili Margarita Narváez Ruíz

conducta delictiva y, por ello, sin razón para restarle credibilidad.

Sobre la proporcionalidad y necesidad de la medida, el artículo 310 de
la Ley 906 de 2004 dispone que “para estimar si la libertad del
imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será
suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible”». (sic en la
cita)

En ese orden de ideas, esta Sala considera que la autoridad judicial accionada
realizó un análisis detenido de la decisión proferida por el juez de control de
garantías dentro del proceso penal frente a la imposición de la medida de
aseguramiento, de acuerdo a los requisitos dispuestos en el artículo 308 de la
Ley 906 de 2004. En consecuencia, concluyó que dicha medida se tornó
necesaria, proporcional y razonable, pues de conformidad con el numeral 6° del
artículo 310 ibidem, la libertad del procesado representaba un peligro para la
sociedad, en razón a que el delito imputado versaba sobre abuso sexual con
menor de 14 años.

Por consiguiente, resulta claro que el Tribunal accionado no desconoció la
aplicación de los artículos precitados, por el contrario, estudió la necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento impuesta al
señor Enoc Narváez, teniendo en cuenta la normatividad aplicable al caso
concreto. Por ende, no se configuró el defecto sustantivo.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único
posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y
salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del
precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera

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suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial
que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las
exigencias de la igualdad y de la independencia judicial.

En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional
por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de
arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se
encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.6.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente judicial en el
caso concreto

Alega la parte actora que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente judicial en relación con las sentencias de la
Corte Constitucional: SU 072 de 2018, C-318 de 2008 y C-774 de 2001, que
establecieron el debido actuar del juez de control de garantías frente a la
imposición de la medida de aseguramiento dentro del proceso penal.

Sin embargo, la Sala no encuentra que la autoridad judicial accionada
desconociera las sentencias mencionadas previamente, pues, como se indicó en
líneas anteriores, tras realizar un análisis cualitativo y detallado de la imposición
de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario, determinó que el juez de control de garantías fundamentó su decisión
en el cumplimiento de los requisitos de necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad.

De igual forma, la parte accionante señaló que el Tribunal accionado ignoró la
aplicación de la Sentencia proferida el 25 de abril de 2020, con radicado 25000-
23-26-000-2010-00849-01, en donde se condenó a la Rama Judicial pues,
aunque se adujo que se impuso una medida de aseguramiento cumpliendo con
los requisitos legales, se demostró que la detención preventiva le ocasionó un
daño especial al procesado, situación que, a su juicio, es similar al caso concreto.
Lo anterior, en razón de que el señor Enoc Manuel Narváez Murillo, persona de
la tercera edad al momento de la imposición de la medida de aseguramiento,
sufrió afectaciones de salud al interior del establecimiento carcelario, a saber, un
trauma de cadera por caída.

No obstante, la sentencia referida por la parte accionante no guarda relación con
el caso concreto, toda vez que, la autoridad judicial accionada declaró probada
de oficio la excepción de caducidad respecto de las pretensiones relacionadas
con la indemnización por las lesiones sufridas por el señor Enoc Manuel Narváez
Murillo mientras estuvo privado de la libertad, lo anterior teniendo en cuenta que
entre la ocurrencia de los hechos y la fecha de interposición de la demanda de
reparación directa transcurrieron más de dos años.

De conformidad con lo anterior, esta Sala no encuentra configurado el
desconocimiento del precedente judicial en el caso concreto.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia
de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
y en su lugar:

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Lili Margarita Narváez Ruíz, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte
motiva de la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada la decisión, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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