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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06679-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06679-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la parte actora, de conformidad con lo expuesto. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06679-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

20 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06679-00
Demandante: Leidy Johana Vargas Ángel

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06679-00
Demandante: LEIDY JOHANA VARGAS ÁNGEL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas: Tutela contra providencia judicial, reparación directa. Defecto
fáctico.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Leidy Johana Vargas
Ángel, mediante apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Huila, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de diciembre de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Huila por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y dignidad humana.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«SEGUNDO: Solicito muy respetuosamente dejar sin efectos la sentencia de fecha 11 de
junio de 2024 emitida por el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, sala
segunda, de conformidad a los hechos anteriormente señalados.

TERCERO: Solicito muy respetuosamente, ordene al Tribunal Contencioso Administrativo
del Huila, sala segunda, emita y profiera una nueva decisión de conformidad a lo que su
despacho disponga».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 16 de marzo de 2014, se presentó un accidente de tránsito en la carrera 7 con calle
4 de la ciudad de Neiva (Huila), en el que estuvieron involucrados la motocicleta de
placas DMT 798, conducida por Ronald Alberto Vargas Ángel (†) y el vehículo tipo bus
de servicio público de placas VXI 782, conducido por Ferney Puentes Polanía,
vehículo afiliado a la empresa Coomotor Ltda., el cual se encontraba asegurado por
La Equidad Seguros Generales, mediante póliza de Responsabilidad Civil
extracontractual.

Los señores Jairo Vargas Valenzuela, Ubaldina Ángel Millán, Leidy Johana Vargas
Ángel y María Sully Moreno Cruz, quien actúa en nombre propio y en representación
de las menores ISVM y MMVM, interpusieron demanda en ejercicio del medio de

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Demandante: Leidy Johana Vargas Ángel

control de reparación directa en contra del municipio de Neiva, la Cooperativa de
Motoristas del Huila y Caquetá Ltda. - Coomotor Ltda., La Equidad Seguros
Generales, José Luis Díaz y Ferney Puentes Polanía. Lo anterior, con el fin de que se
les declarara administrativamente responsables de los daños y perjuicios causados
por la muerte de Ronald Alberto Vargas Ángel.

En síntesis, argumentaron que el accidente de tránsito ocurrió debido a la imprudencia
del conductor del vehículo tipo bus de placas VXI 782, quien circulaba a exceso de
velocidad. Además, señalaron que, debido a que los semáforos no estaban en
funcionamiento, el conductor no advirtió que la motocicleta ya había ingresado a la
carrera 7 tras salir de la calle 4, la impactó y provocó la caída del motociclista, quien
sufrió lesiones graves que finalmente le causaron la muerte.

Por ello afirmaron que, al no estar en funcionamiento los semáforos en el sitio de
ocurrencia del siniestro, se configuró una falla en el servicio imputable a la
administración municipal de Neiva, pues la carrera 7 con calle 4 es una zona de alto
flujo vehicular que necesita de una permanente asistencia vial, ya sea electrónica,
mediante semáforos o agentes de tránsito.

Los demandados contestaron la demanda y propusieron excepciones y el 25 de
septiembre de 2017, la parte accionante descorrió el traslado de las excepciones y
solicitó que se decretara como prueba «dictamen pericial elaborado por Nelson Rodríguez
Ortega, topógrafo – criminalista (…) quien conceptuara: Sobre la causa del siniestro; participación de
cada uno de los demandados en el siniestro; medidas y vectores correspondientes al accidente de
tránsito a que se refiere el informe anunciado (…); animación en 3D del accidente de tránsito (…);
verificar existencia y funcionamiento de señales preventivas y reglamentarias de tránsito en el lugar de
los hechos.».

El 29 de noviembre de 2017, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva celebró
audiencia inicial en la que fijó el litigio y se decretó la práctica de algunas pruebas. Sin
embargo, negó el decreto del dictamen pericial porque consideró extemporánea su
solicitud. La parte demandante apeló esa decisión en lo atinente a la negativa a
decretar la práctica de pruebas por extemporáneas. El recurso fue concedido en
efecto devolutivo.

El 2 de mayo de 2018, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva profirió sentencia en
la que resolvió negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:

En cuanto a la presunta falla del servicio por la falta de funcionamiento de los
semáforos, expresó que, si bien, se demostró que efectivamente estos no estaban
funcionando en la intersección al momento del accidente, ese hecho no generaba, por
si solo, responsabilidad patrimonial del municipio de Neiva, porque: (i) el Código
Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) establece que, en ausencia de
semáforos, los conductores deben acatar otras normas de tránsito, como la prelación
de las vías y la reducción de velocidad en intersecciones; (ii) el informe de tránsito
confirmaba la existencia de señales verticales y horizontales en la vía, por lo que la
intersección estaba debidamente señalizada; (iii) la ausencia de semáforos no exime
a los conductores de la obligación de conducir con precaución.

Por ello, manifestó que no existía responsabilidad del municipio de Neiva y determinó
que la ausencia de semáforos no configuraba por si sola una falla en el servicio, pues
el accidente no se produjo por falta de regulación vial, sino por la imprudencia del
motociclista.
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Seguidamente, analizó las pruebas aportadas en el expediente con el fin de estudiar
la responsabilidad del conductor del bus y concluyó que: (i) no se encontraron huellas
de frenado prolongadas, lo que indicaba que el conductor del bus no iba a una
velocidad excesiva; (ii) el punto de impacto fue en la parte delantera lateral derecha
del microbús, lo que demostraba que el motociclista ingresó abruptamente a la
intersección sin respetar la prelación de la vía; (iii) el conductor del microbús tenía la
prelación de la vía, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito: (iv) el testimonio
del agente de tránsito que atendió el accidente confirmó que el microbús no se
desplazaba a alta velocidad. En consecuencia, determinó que no se configuró
responsabilidad del conductor del microbús, porque este circulaba conforme con las
normas de tránsito y tenía derecho de paso en la intersección.

Aunado a lo anterior, resaltó que estaba demostrado que la imprudencia y estado de
embriaguez del motociclista fueron la causa determinante del accidente. Frente a este
último punto resaltó que informe pericial de toxicología forense confirmó la alta
concentración de alcohol en la sangre del motociclista. Por lo anterior, declaró la culpa
exclusiva de la víctima y, en razón a ello, negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra esa decisión con
fundamento en los siguientes argumentos:

(i) El testimonio de la señora Rosalba Pulido Ospina fue considerado sospechoso por
el juez a quo, pero dicha afirmación carecía de objetividad, pues se presumió la mala
fe de la testigo, pese a que su declaración fue objetiva, espontánea, imparcial y sin
interés en favorecer a ninguna de las partes. Resaltó que, aunque algunos detalles
no fueron recordados por la testigo, ello se debió al tiempo transcurrido y al impacto
emocional de haber presenciado el accidente.

(ii) La responsabilidad del municipio de Neiva no fue declarada, a pesar de que se
acreditó una falla en el servicio de semaforización, pues los semáforos fueron
diseñados para regular el tráfico y evitar accidentes, y resultaba erróneo afirmar,
como lo hizo el juez de primera instancia, que su función era únicamente evitar la
congestión en horas pico. De ahí que, para quedar exonerado, el ente territorial debió
probar una causa extraña o una debida diligencia en el mantenimiento de los
semáforos.

(iii) El juez tomó como prueba de la culpa de la víctima la hipótesis planteada por el
agente de tránsito que elaboró el informe del accidente. Se destacó que el agente
de tránsito Luis Humberto Guaraca Quiroga manifestó que los semáforos no estaban
funcionando, pero que, pese a ello, endilgó responsabilidad exclusivamente al
motociclista.

(iv) La versión del agente de tránsito rendida en el proceso carecía de credibilidad,
porque no presenció el accidente y se basó únicamente en la declaración del
conductor del microbús, quien resultó ser la única persona viva del siniestro. Se
advirtió que, si bien la hipótesis del agente se sustentó en la prelación de la vía por
parte del microbús, su credibilidad se debilitó al contrastar su versión con la del único
testigo presencial, esto es, la señora Rosalba Pulido Ospina.

Asimismo, se afirmó que ambos conductores ejercían una actividad peligrosa, y que
el riesgo del accidente se incrementó debido a la alta velocidad del microbús. Y, en
todo caso, falta de huellas de frenado en el croquis no demostraba que el colectivo
transitaba a baja velocidad, porque, de haber sido así, el impacto no habría causado
el fallecimiento del motociclista.

(v) De manera sospechosa, fue negado el dictamen pericial de reconstrucción del
accidente, el cual tenía como finalidad demostrar la culpa del conductor del
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microbús. Además, manifestó que el recurso de apelación relacionado con este
dictamen aún no había sido resuelto por el Tribunal Administrativo del Huila.

(vi) Se omitió analizar la concurrencia de culpas, puesto que, aunque la víctima ejercía
una actividad peligrosa y aparentemente había consumido alcohol, dicha
circunstancia no constituyó la única causa eficiente del accidente. Al respecto,
resaltó que debía tenerse en cuenta la ausencia de semáforo en funcionamiento y el
exceso de velocidad del microbús, que fueron factores determinantes del siniestro.

(vii) Consideró excesiva la condena en costas impuesta en la sentencia

El 11 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de
segunda instancia en la que revocó el auto de 29 de noviembre de 2017, que había
rechazado por extemporánea la prueba y, en su lugar, «revocó» la práctica de la
prueba pericial solicitada por la parte demandante. Por otro lado, confirmó
parcialmente el fallo de primera instancia.

En cuanto al auto de 29 de noviembre de 2017, precisó que la prueba fue solicitada
por la parte actora dentro del término en que se corrió el traslado de las excepciones,
esto es, de forma oportuna. Por lo anterior, decidió «revocar» el auto que negó la
prueba pericial por extemporánea, pero, negó la práctica de la prueba pericial
solicitada, porque carecía de utilidad, pues en el proceso fueron aportados el informe
policial del accidente de tránsito, el testimonio del agente de tránsito que atendió el
siniestro, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y el dictamen de toxicología
forense, de modo que, contaba con pruebas suficientes para establecer las
circunstancias del accidente.

En cuanto a la presunta responsabilidad del señor Ferney Puentes Polania, conductor
del microbús, anotó que las pruebas obrantes en el expediente no permitían concluir
que incurrió en alguna infracción de las normas de tránsito, toda vez que: (i) el informe
de tránsito estableció que el microbús ya se encontraba dentro de la intersección
cuando ocurrió el impacto; (ii) el punto de colisión correspondió al costado lateral
derecho del vehículo de servicio público, lo que indicaba que fue la motocicleta la que
invadió su carril; (iii) no se hallaron huellas de frenado extensas en la vía, lo que sugirió
que el microbús no circulaba a alta velocidad.

Aunado a lo anterior, resaltó que la investigación penal adelantada contra el conductor
fue precluida por la Fiscalía General de la Nación, al determinarse que no existía
responsabilidad penal en su conducta.

Por lo anterior, confirmó la conclusión del juez de primera instancia, en el sentido de
que Ferney Puentes Polanía no tuvo responsabilidad en el accidente.

Respecto a la responsabilidad del municipio de Neiva por la falta de funcionamiento
de los semáforos, si bien, estos no estaban operativos el día del accidente, debía
resaltarse que el Código Nacional de Tránsito obliga a los conductores a detenerse
por completo cuando ingresan a una vía principal sin semáforos en funcionamiento.
Sin embargo, la motocicleta no detuvo su marcha y no verificó la presencia de
vehículos en la intersección. De modo que, no se probó que el municipio de Neiva
hubiera incurrido en una falla grave en la prestación del servicio.

Señaló que estudió el testimonio de la señora Rosalba Pulido Ospina, presentado por
la parte demandante como única testigo presencial del accidente y encontró
contradicciones en su declaración, pues existieron afirmaciones inconsistentes sobre

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su ubicación exacta en el momento del accidente, variaciones en su relato sobre si el
motociclista se detuvo antes de cruzar y dudas respecto a su razón para encontrarse
en el lugar del accidente. Además, que su testimonio no tenía la suficiente fuerza
probatoria para desvirtuar las pruebas técnicas y documentales del caso. Por lo tanto,
mantuvo la valoración realizada en primera instancia y no se le concedió mayor
credibilidad a su declaración.

En lo atinente a una presunta concurrencia de culpas, afirmó que, estaba demostrado
que el único responsable del accidente fue el motociclista, debido a que se encontraba
en estado de embriaguez (con una concentración de alcohol de 156 mg/100 ml de
sangre) y no respetó la prelación de la vía ni detuvo su marcha antes de ingresar a la
intersección, por lo que invadió el carril del microbús, lo que provocó el impacto. Por
lo tanto, señaló que se configuró la culpa exclusiva de la víctima y descartó la
concurrencia de culpas.

Finalmente, decidió revocar la condena en costas, porque no se probó que la parte
demandante hubiera actuado con temeridad o mala fe.

3. Argumentos de la acción de tutela

Alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, porque si bien
el Tribunal Administrativo del Huila reconoció que el Juzgado Sexto Administrativo se
equivocó al negar la práctica de la prueba pericial por considerarla extemporánea, se
abstuvo de ordenar la práctica y valoración del dictamen pericial, a pesar de que sin
esta prueba no era posible determinar de manera objetiva la velocidad del bus, la
trayectoria de los vehículos, el estado de la vía, el trasado de la huella de frenado y
otras condiciones determinantes del accidente.

Afirmó que la negativa de la prueba pericial impidió que se demostrara una posible
concurrencia de culpas y no únicamente la culpa exclusiva de la víctima. Advirtió que
la autoridad judicial demandada señaló que el señor Ronald Alberto Vargas Ángel (†)
se encontraba en estado de embriaguez y transcribió un concepto en el que se
describe los efectos de este. No obstante, consideró que son consideraciones que no
fueron acreditadas por una persona idónea, experta en la materia, esto es, un médico
profesional de salud en toxicología.

Finalmente, aportó sentencia de tutela proferida el 6 de septiembre de 2023, por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente 2023-01943-01, en
la que resolvió una acción de tutela contra una providencia del Tribunal Administrativo
de Nariño. Resaltó que en dicho asunto se ampararon los derechos fundamentales de
la accionante por configuración de defecto fáctico al no valorar un informe técnico.

4. Trámite previo

El 10 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la demandante y a la autoridad judicial demandada. Adicionalmente,
al Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, al municipio de Neiva, a la Cooperativa de
Motoristas del Huila y Caquetá Ltda. – COOMOTOR Ltda., a la Equidad Seguros
Generales, y a los señores José Luis Díaz, Ferney Puentes Polanía, Jairo Vargas
Valenzuela, Ubaldina Ángel Millán, Leidy Johana Vargas Ángel y María Sully Moreno
Cruz, en nombre propio y en representación de Isabel Sofía y María del Mar Vargas
Moreno, como terceros interesados.

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5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Huila guardó silencio.

6. Intervención de los terceros con interés

El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva remitió el expediente del proceso de
reparación directa.

La Equidad Seguros Generales señaló que no existió vulneración de los derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial demandada y que lo pretendido en la
presente solicitud de amparo constitucional es que se realice un nuevo juzgamiento
sobre la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
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mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente
AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que
en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que
se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que
establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Huila vulneró los
derechos fundamentales invocados por la accionante, al incurrir en defecto fáctico
porque, a su juicio, la autoridad judicial demandada desconoció que el dictamen
pericial era esencial para determinar la concurrencia de culpas en el accidente de
tránsito ocurrido el 16 de marzo de 2014, pues, permitía establecer de manera objetiva
la velocidad del bus, la trayectoria de los vehículos, el estado de la vía, el trazo de la
huella de frenado y otras condiciones determinantes del accidente.

Asimismo, advirtió que la autoridad judicial demandada transcribió un concepto
genérico sobre los efectos del estado de embriaguez en la conducción, sin que dicho
análisis proviniera de un perito idóneo en toxicología. Esto, a su juicio, afectó la
valoración probatoria del caso, al otorgarle un peso determinante a una inferencia sin
respaldo en una opinión técnica debidamente acreditada.

De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En caso de ser afirmativa la respuesta, se evaluará si el Tribunal Administrativo del
Huila incurrió en defecto fáctico, al negar la práctica del dictamen pericial.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque
la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y dignidad humana, se
sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada
afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi.

Tampoco se emplea el mecanismo como una instancia adicional, en el entendido que
la decisión de primera instancia del proceso ordinario rechazó por extemporánea la
práctica de la prueba. Sin embargo, dicha decisión fue revocada en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo del Huila y, en su lugar, se negó el decreto del dictamen
pericial, con fundamento en que la prueba no resultaba útil, pues en el expediente
obraban otros medios probatorios que acreditaba las circunstancias del accidente de
tránsito.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se estaría afectando el derecho al debido proceso de la
parte actora, en la medida en que se negaría la posibilidad de la práctica y análisis de
una prueba pericial que considera clave en el análisis del caso yen la reconstrucción
de los hechos.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
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pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 11 de junio de 2024, notificada por
correo electrónico de 5 de julio de 2024, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el
4 de diciembre de 2024.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los demás requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configura el defecto alegado.

Del defecto fáctico4 en el caso concreto

En síntesis, la parte actora consideró que se configuró defecto fáctico porque la
autoridad judicial demandada, si bien, resolvió que la solicitud del dictamen pericial no
fue extemporánea, negó el decreto de dicha prueba, a pesar de que era esencial para
aclarar las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito en el que falleció
el señor Ronald Alberto Vargas Ángel (†).

Para empezar, la Sala encuentra que, en escrito del 25 de septiembre de 2017, por
medio del cual la accionante se pronunció sobre las excepciones propuestas por los
demandados, solicitó que se decretara como prueba dictamen pericial, así:

«Dictamen pericial

Anuncio, señor Juez, que la parte demandante pretende hacer valer como medio
de prueba DICTAMEN PERICIAL elaborado por Nelson Rodríguez Ortega,
topógrafo - criminalista, adscrito a la empresa Unidad de Investigación Forense,
quien, por medio de un informe de reconstrucción de accidente de tránsito,
conceptuará sobre:

-La causa del siniestro.
-La participación de cada uno de los demandados en el siniestro.
-Medidas y vectores correspondientes al accidente de tránsito a que se refiere el
informe anunciado como prueba documental en el numeral 10 del acápite de
pruebas documentales de la demanda.

4
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional ha señalado que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida
por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.
En esta situación se incurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando
el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente.
Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que para que se constituya una vía de hecho por defecto fáctico es necesario
que “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente
practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la
que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones
que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.”
El defecto fáctico se presenta en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto. Se configura, entre otros, en los
siguientes supuestos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de
los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas
no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo
probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro;
(iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos
en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos
probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.
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Demandante: Leidy Johana Vargas Ángel

-Animación en 3D del accidente de tránsito que provocó la muerte de Ronald
Alberto Vargas Ángel.
-Verificación de la existencia y funcionamiento de señales preventivas y
reglamentarias de tránsito en el lugar de los hechos.»

El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, en audiencia inicial celebrada el 29 de
noviembre de 2017 expresó que no había lugar a pronunciarse sobre aquella solicitud
porque fue presentada de forma extemporánea. Esa decisión fue apelada por la
accionante y el recurso fue concedido en efectivo devolutivo.

El 11 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia de segunda
instancia en la que, entre otros asuntos, resolvió esa apelación, en el sentido de
revocar la decisión inicial y, en su lugar, negó la práctica de la prueba pericial, así:

«En consecuencia, como la prueba solicitada fue pedida oportunamente, no
existía razón alguna para que el juez se abstuviera de analizar si la misma era
pertinente, conducente y útil.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la sentencia fue apelada y se encuentra al
Despacho para Sentencia, corresponde a la Sala decidir sobre el decreto de la
mencionada prueba.

(…)

El artículo 227 del Código General del Proceso trajo como novedad en cuestión
pericial que, tal prueba debe ser aportada por quien la requiera, o anunciarla para
que el juez disponga el término en el que es factible su presentación, tal y como
lo solicitó la accionante.

No obstante, considera la Sala que dicha prueba carece de utilidad en esta
instancia, por cuanto en el proceso obran pruebas suficientes para establecer los
hechos que se pretenden probar.

En este sentido fue aportado por la misma parte, el informe de accidentes de
tránsito, el cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 inciso primero
de la Ley 769 de 2002 es un informe policial descriptivo, que contiene, entre otros,
el estado de la vía, el grado de visibilidad, la colocación de los vehículos, la
distancia y observaciones sobre el no funcionamiento de las señales preventivas,
así como otros elementos que constan en el croquis, siendo esto el objeto de la
prueba solicitada.

Dicho documento, pese a que no tiene el carácter de prueba pericial, establece
con claridad y suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió
el accidente de tránsito, sin que lo allí dicho haya sido puesto en duda, ni tachado
de falso por las partes, es decir, no se alegó que lo allí declarado y representado
por el agente no hubiese correspondido a lo sucedido, conforme a lo estatuido en
los artículos 243 a 274 del Código General del Proceso.

Asimismo, fue recepcionada la declaración del agente que lo suscribió, señor Luis
Humberto Guaraca, cuya declaración aclaró aspectos relacionados con el
diligenciamiento del informe, agente que fue interrogado por todos los sujetos
procesales.

De igual forma, reposan los informes de policía judicial que hacen parte del
expediente penal, prueba que fue aportada tanto por la parte demandante como
las demandadas. Y la declaración de la señora ROSALBA PULIDO OSPINA, en
calidad de testigo presencial quien aporta detalles de las circunstancias de tiempo,
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modo y lugar en las que sucedió el siniestro, las cuales serán analizadas y
sometidas a la valoración conjunta los demás medios de prueba que reposan en
el expediente.

Así las cosas, la Sala deniega el decreto de la prueba solicitada.»

Asimismo, citó jurisprudencia respecto a la naturaleza del informe de accidentes de
tránsito, específicamente, la sentencia T-475 de 2018 y el fallo de tutela de 2 de
febrero de 2017, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, expediente
radicado 02337-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, así:

«El artículo 144 inciso primero de la Ley 769 de 2002 establece que el informe
policial de accidente de tránsito es un informe descriptivo, en el cual debe
contener, entre otros, el estado de la vía, la huella de frenada, el grado de
visibilidad, la colocación de los vehículos y la distancia, así como otros elementos
que constarán en el croquis.

La forma en que se levanta dicho informe fue regulada por las resoluciones 4040
de 2004 y 11268 de 2012, expedidas por el Ministerio de transporte. El artículo 4
de la Resolución 4040 de 2004, establece que el informe policial de accidente de
tránsito no puede ser modificado por la autoridad competente, una vez aquel sea
elaborado (integridad del informe); mientras que el artículo 5 de la Resolución
4040 de 2004 consagra que el Ministerio de Transporte deberá elaborar y adoptar
un manual técnico para el diligenciamiento. Dicho manual fue adoptado mediante
la Resolución 11268 de 2012 del Ministerio de Transporte. En la consideración
tercera de la Resolución 11268 de 2012 se manifiesta que la función del Registro
Nacional de accidentes de tránsito (RANT), alimentada por los informes policiales
de accidentes de tránsito, es constituir una herramienta que permita identificar
claramente las hipótesis de las causas de accidentalidad.

El registro de dichas hipótesis se hará conforme al manual de diligenciamiento, el
cual establece tanto el procedimiento a seguir ante la ocurrencia de un accidente
de tránsito como los aspectos que deben ser registrados en el informe –art. 6 de
la Resolución 11268 de 2012-.

En el manual, por su parte, se indica que el informe policial de accidente de tránsito
puede hacer parte de un proceso judicial para determinar la responsabilidad civil
o penal. Por ello, el manual establece unos requisitos de criterio y unos formales
para garantizar que el informe pueda ser tenido en cuenta en un proceso. Los
primeros (de criterio) se entienden como la elaboración técnica, veraz, clara,
completa y efectiva del informe policial de accidente de tránsito; mientras que los
segundos (formales) hacen referencia a la elaboración del informe policial de
accidente de tránsito con letra legible, sin tachones ni enmendaduras. Debe
tenerse en cuenta que el manual de diligenciamiento entiende por tecnicidad no
el conocimiento especializado –profesional o técnico– que debe tener la autoridad,
sino a un conjunto de criterios, tales como: a) apoyo en la experiencia –praxis– del
agente; b) concentración al momento de diligenciamiento; c) atención y
seguimiento al protocolo establecido en el manual.

El marco normativo y el manual permiten establecer que el informe policial de
accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo. Este
informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, que no son los
establecidos por el CGP o el CPACA para este tipo de prueba. Esta evaluación
implica, entre otras, que la ratificación del informe debe hacerse según el protocolo
establecido en el manual, es decir, que las preguntas planteadas en el proceso
deben estar orientadas a establecer si el agente se ciñó al protocolo.

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Asimismo, el hecho de que el manual del diligenciamiento entienda que el informe
policial de accidente de tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que
aquel debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en
conjunto con otras pruebas.

La anterior afirmación puede verse en la praxis de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado. La primera ha sostenido que no existe errores al
considerar el informe policial de accidente de tránsito como prueba, cuando aquel
es analizado a través de una lógica basada en las reglas de experiencia.
Asimismo, y en relación con el caso objeto de estudio, la Corte Suprema de
Justicia ha manifestado que no existe una restricción del valor probatorio de un
croquis (propio del informe policial de accidente de tránsito) ni una tarifa legal para
probar la ocurrencia de un hecho, sino que el croquis debe valorarse a partir de
un sistema de apreciación racional. En cuanto a la jurisdicción contencioso
administrativa, el Consejo de Estado ha valorado los informes policiales de
accidente de tránsito en armonía con otras pruebas, para determinar la ocurrencia
de hechos y las consecuencias que derivan de los mismos. Por ejemplo, en un
caso sobre la muerte de un conductor en una vía de la vereda de Aguablanca
(Floridablanca), se logró determinar la imprudencia del conductor gracias a la
coincidencia entre el informe policial de accidente de tránsito, los testimonios
rendidos en el proceso y otras pruebas. En un caso de tutela por violación al
debido proceso, el Consejo de Estado también manifestó que, a través de una
concienzuda valoración de las pruebas, se puede comprobar la ocurrencia de
hechos no registrados en el informe policial de accidente de tránsito (p. ej. no
portar casco)».

Además, expresó que el agente de tránsito que elaboró el informe de accidente de
tránsito, Luis Humberto Guaraca Quiroga, acudió al proceso para ratificar la
información allí plasmada.

Asimismo, se encuentra que el tribunal demandado para sustentar su decisión valoró:
(i) el informe emitido por el investigador de campo de la Fiscalía General de la Nación
– Formato FPJ1117; (ii) el Informe de toxicología forense N° DRSUR-DSTLM-LTOF-
0001160-2014, en el que se concluyó que la muestra de sangre tomada al señor
Ronald Alberto Vargas (†), evidenció que en el instante del accidente se encontraba
en alto estado de alicoramiento; (iii) la investigación penal adelantada en contra del
señor Ferney Puentes por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, que
culminó con decisión de preclusión decretada por el Juzgado Penal del Circuito en
Descongestión en audiencia llevada a cabo el 14 de abril de 2015; (iv) la ausencia de
funcionamiento del semáforo el día de los hechos y, (v) el testimonio de Rosalba
Pulido Ospina, frente al cual señaló que lo dicho presentaba contradicciones e
imprecisiones.

En este contexto, la Sala encuentra que la autoridad judicial demandada no incurrió
en el defecto fáctico alegado, porque su decisión de negar la prueba pericial no fue
producto de una omisión arbitraria en la valoración probatoria, sino de una apreciación
razonada de los elementos que obraban en el expediente.

Si bien es cierto que en segunda instancia se reconoció que la prueba fue solicitada
oportunamente, también lo es que el Tribunal Administrativo del Huila justificó su
negativa en la suficiencia probatoria del expediente, argumentando que el informe de
accidente de tránsito, el croquis del siniestro, la declaración del agente de tránsito, el
informe de toxicología y los documentos aportados en la investigación penal eran
suficientes para establecer las circunstancias del siniestro.

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En efecto, la Sala encuentra que el Tribunal no desconoció ni excluyó arbitrariamente
un medio probatorio, sino que realizó un análisis sobre su pertinencia, conducencia y
utilidad, con fundamento en el cual concluyó que la prueba solicitada no aportaba
información adicional determinante para modificar las conclusiones ya establecidas
con el acervo probatorio existente.

De modo que, el Tribunal Administrativo del Huila no incurrió en un defecto fáctico,
porque su determinación se sustentó en un análisis integral de las pruebas obrantes
en el proceso y no en una omisión probatoria o en la exclusión injustificada de un
elemento de juicio esencial.

El defecto fáctico implica que la autoridad judicial haya incurrido en omisiones
arbitrarias en la valoración probatoria, ya sea por excluir pruebas determinantes o por
dar por ciertos hechos sin respaldo probatorio suficiente. En este caso, la prueba
pericial solicitada fue evaluada en cuanto a su utilidad y pertinencia, concluyéndose
que su práctica no era necesaria.

En cuanto al argumento respecto a la falta de idoneidad de la afirmación realizada en
la sentencia sobre los efectos de embriaguez de la víctima, se encuentra que el estado
de embriaguez del señor Ronald Alberto Vargas Ángel no fue la única razón por la
cual se concluyó que la culpa exclusiva del accidente recaía sobre la víctima. El
tribunal demandado sustentó su decisión en diversos elementos probatorios, entre
ellos, el informe de tránsito, el croquis del accidente y las normas de tránsito que
regulan la prelación en intersecciones sin semáforo. Dichos medios de prueba
permitieron establecer que el motociclista incurrió en una maniobra imprudente y
desconoció las normas de tránsito vigentes, lo que derivó en la colisión.

De igual forma, la Sala resalta que la autoridad judicial demandada aplicó las reglas
de la experiencia para señalar las consecuencias del estado de embriaguez en la
conducción, teniendo en cuenta que dicho estado sí estaba probado mediante el
examen toxicológico forense, el cual arrojó una alta concentración de alcohol en
sangre.

De manera que, la decisión cuestionada resulta razonable, pues se fundamenta en
una interpretación coherente de las normas procesales, la aplicación del principio de
congruencia y en el análisis objetivo de los hechos y pretensiones planteados en el
proceso ordinario.

En consecuencia, no se configura el defecto fáctico alegado y, por tanto, no procede
el amparo invocado.

Finalmente, la Sala advierte que la sentencia de tutela proferida el 6 de septiembre de
2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente 2023-
01943-01, citada por la accionante, no guarda identidad de supuestos fácticos ni
jurídicos con la presente acción de tutela, pues en aquella oportunidad, el defecto
fáctico se configuró por la omisión absoluta en la valoración de un informe técnico que
ya obraba en el proceso, mientras que en el presente caso, la autoridad judicial
demandada determinó que la práctica del dictamen pericial no era necesaria, dada la
suficiencia probatoria que existía en el proceso.

En virtud de lo anterior, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del Huila, no
incurrió en defecto fáctico y, por el contrario, la decisión proferida fue razonable, pues
se ajustó a la norma aplicable y a las pruebas valoradas de forma integral.
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Demandante: Leidy Johana Vargas Ángel

En esa medida, se impone negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció
la señora Leidy Johana Vargas Ángel contra el Tribunal Administrativo del Huila.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la parte actora, de
conformidad con lo expuesto.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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