RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06680-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06680-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06680-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Elpidio Reyes Ramírez, para en su lugar: 2. Denegar las pretensiones formuladas en la tutela de la referencia, en atención a la parte motiva de esta determinación judicial. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 8 Sentencia T-25 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 9 Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de septiembre de 2012, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente: 76001-23-25-000-1998-01471-01 (25426): «[…] compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte; por lo tanto, es indispensable demostrar, por los medios legalmente dispuestos para tal fin, los hechos que sirven de fundamento fáctico de la demanda […]». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01 Demandante: Elpidio Reyes Ramírez 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06680-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

3 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: ELPIDIO REYES RAMÍREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tema: Acción de tutela contra providencia que decidió demanda de
controversias contractuales. Defecto fáctico

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia del 30
de enero de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 4 de diciembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Elpidio
Reyes Ramírez solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso.

A juicio del demandante, la vulneración de su garantía superior se presenta con ocasión
de la sentencia del 12 de julio de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, que decidió en segunda instancia la demanda de controversias
contractuales 73001-23-31-000-2010-00223-00/01.

2. Pretensiones

El tutelante formuló de manera textual las siguientes pretensiones:
1. Que se declare que la Sala Accio[na]da vulneró mi derecho al debido proceso con la expedición
de la Sentencia de 12 de julio de 2024 dentro del expediente de radicado 73001-23-31-000-2010-
00223-01 (56141).

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordenen hacer los ajustes necesarios [pa]ra que se
reconozcan las restituciones mutuas derivadas de la nulidad del Contrato.

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-06680-00.

Cabe advertir que la acción de tutela fue admitida inicialmente por el a quo el 29 de julio de 2024 y decidida el 13 de
agosto de ese año, sin embargo, al estudiar la impugnación presentada por la demandada contra esta determinación,
la Sala evidenció que se omitió vincular a este trámite constitucional a las aseguradoras AXA Colpatria Seguros SA y
Zurich Seguros Colombia SA, que fueron llamadas en garantía en el proceso en el que se dictaron los autos
cuestionados, motivo por el cual el 29 de octubre de 2024 declaró la nulidad de lo actuado desde el 29 de julio anterior
y ordenó convocar a las referidas empresas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

El 18 de septiembre de 2003, el tutelante celebró con el municipio de Ibagué el contrato
de prestación de servicios 071, cuyo objeto consistió en asesorar y adelantar actuaciones
de fiscalización encaminadas a identificar los tributos que no habían sido sufragados por
entidades públicas y particulares e iniciar los trámites de cobro coactivo pertinentes. Allí
se estableció que el negocio jurídico tendría una vigencia de 12 meses y como honorarios
se le cancelaría al contratista el 20% «de los mayores valores por concepto de impuestos, e
intereses reconocidos al municipio », sin embargo, se señaló que serían $2.000.000
mensuales para efectos fiscales.

El 23 de diciembre del 2008, el municipio de Ibagué le informó al accionante que el
contrato no sería prorrogado por lo que los interventores le propusieron una liquidación
definitiva en la que se estipuló que, si bien había efectuado las actividades asignadas, se
determinó que $37.452.832.1262 correspondían a impuestos de difícil recaudo por
posible prescripción de la acción de cobro coactivo, los cuales se tendrían en cuenta «por
concepto de procesos en fiscalización ». Allí se indicó que el actor recibió por concepto de
honorarios $5.629.245.824.

En atención a lo anterior, el 20 de mayo de 2009 se suscribió el acta final de entrega en
la que se consignaron los ingresos obtenidos y sobre el cual se aplicaría a su favor el
porcentaje estipulado en el contrato de prestación de servicios del 18 de septiembre de
2003. Allí también se estableció que entregaba 33.000 expedientes, y algunos de ellos
presentaban inconsistencias, como datos inexactos y solo mandamientos de pago y sin
orden de seguir adelante con la ejecución o liquidación de créditos.

El contrato de prestación de servicios fue liquidado por el municipio de Ibagué, a través de
Resolución 41-020 del 14 de enero de 2010, en la que se consignó que no había lugar a
reconocerle valor alguno al contratista, ya que para ello se requería el efectivo ingreso de
las sumas cobradas para concederle el pago de honorarios y varias de las sumas
señaladas no habían entrado a las arcas del ente territorial. Además, el contratista no había
cumplido con todos los pagos que le correspondían por concepto de seguridad social.

3.2 Proceso de controversias contractuales

El 6 de mayo de 2010 el tutelante presentó acción de controversias contractuales contra
el municipio de Ibagué (a la que se le asignó el número de radicación 73001-23-31-000-
2010-00223-00/01), con el fin de que anulara la Resolución 41-020 del 14 de enero de
2010, se declarará que la parte demandada incumplió ese acuerdo de voluntades y se le
ordenara pagarle los siguientes emolumentos:

(i) $14.900.630.480 por concepto de honorarios, que corresponden al porcentaje
pactado en el negocio jurídico sobre las sumas que ingresaron al municipio con
ocasión de su gestión,
(ii) $20.000.000 mensuales, que concernían a lo que se gastó en la entrega de los
expedientes;
(iii) $142.000.000 por la confección de cada expediente,
2 Que comprenden los impuestos de predial e industria y comercio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

(iv) $50.000.000 por gastos de notificación de esas diligencias y
(v) lo que dejó de recibir por la liquidación unilateral del contrato.

En la demanda se indicó que, aunque en el contrato de prestación de servicios 071 del 18
de septiembre de 2003 se estipuló un «término nominal de ejecución» de 12 meses, lo cierto
es que allí se pactó que el negocio jurídico culminaría cuando se obtuviera el pago de las
obligaciones tributarias dentro los respectivos procesos de cobro coactivo, en
consecuencia, la expiración de dicho lapso no involucró la terminación del acuerdo de
voluntades. Además, señaló que hubo incumplimiento contractual por parte del municipio
de Ibagué, por cuanto no le canceló el porcentaje sobre los valores que entraron a sus arcas.

El asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo del Tolima, que el 11 de agosto de
2010 lo admitió. Luego, el 30 de agosto siguiente, el municipio de Ibagué formuló
demanda de reconvención con el argumento de que fue el tutelante quien incumplió el
contrato de prestación de servicios 071 del 18 de septiembre de 2003 y este contenía
cláusulas contrarias a las normas que rigen la contratación estatal, pues establecían
actividades que no podían ser delegadas en contratistas porque solo las podían realizar
servidores públicos, como la fiscalización tributaria.

El 24 de junio de 2011, el a quo decretó como pruebas (i) los documentos allegados con
la demanda, (ii) el testimonio de Favel Naveros Puentes y (iii) un dictamen pericial, el cual
fue emitido por un contador auxiliar de la justicia, quien adujo que el actor le entregó
26.875 expedientes al municipio de Ibagué y en su elaboración se invirtieron
$5.534.556.875, y el actor dejó de recibir por concepto de honorarios la suma de
$11.022.682.128, calculada sobre las sumas que recibió en municipio de Ibagué por las
gestiones del demandante.

Mediante sentencia del 25 de marzo de 2015 el Tribunal Administrativo del Tolima (i)
declaró la caducidad de la demanda de reconvención, conforme al literal e del numeral
10 del artículo 136 del CCA, dado que pasaron más de 5 años después del
perfeccionamiento del contrato de prestación de servicios 071 del 18 de septiembre de
2003, (ii) declaró de oficio la nulidad absoluta de ese negocio jurídico y (iii) condenó en
abstracto al municipio de Ibagué a que pagara los «costos materiales e intelectuales de los
expedientes que fueron devueltos por el contratista ».

Explicó que los artículos 684 y 688 del Estatuto Tributario preveían que la fiscalización e
investigación orientada a asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias las debía
realizar el jefe de la unidad de fiscalización; de igual manera, el artículo 824 ibidem
establecía que el cobro coactivo estaba a cargo del jefe de la oficina de cobranzas del
correspondiente organismo, disposiciones de las que se infería que las referidas
actividades debían adelantarlas servidores públicos y no contratistas, por involucrar la
emisión de actos administrativos. Además, las tareas contratadas no eran propias de un
contrato de prestación de servicios, por lo que debieron contratarse a través de la
modalidad pertinente (licitación pública).

Inconformes, las partes apelaron. La parte demandante, al considerar que el asunto no
se relacionaba con delegación de funciones administrativas y la declaratoria oficiosa de
nulidad de un contrato estatal solo era procedente cuando los vicios fueran ostensibles,
condición que no se cumplió frente al contrato de prestación de servicios 071 del 18 de
septiembre de 2003. Asimismo, señaló que no se tuvo en cuenta que era necesario que
el municipio de Ibagué contratara sus servicios porque requería de sus conocimientos
técnicos para recaudar tributos, tarea que no era esencial, por ende, podía ser delegada
a un particular.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

Por su parte, el municipio de Ibagué afirmó que no había lugar a pagarle al actor los
gastos relacionados con los expedientes administrativos que entregó tras la liquidación
del negocio jurídico, ya que fueron cubiertos con el pago de los honorarios y no
involucraron beneficio para el ente, por cuanto debía adelantar múltiples actuaciones para
obtener los recursos allí previstos.

A través de fallo del 12 julio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, revocó la condena en abstracto impuesta al municipio de Ibagué, para denegar todas
las pretensiones de la demanda, al considerar que, en efecto, el contrato de prestación
de servicios 071 de 18 de septiembre de 2003 era nulo por «objeto ilícito por violación de
normas del ordenamiento», puesto que no se centró en labores de asesoría, sino que
involucró función administrativa que solo podían desempeñar servidores públicos, como
lo era la fiscalización e investigación de impuestos, conforme a los artículos 683 y 684
del Estatuto Tributario.

Que el municipio de Ibagué no cumplió las exigencias de los artículos 110 y 111 de la
Ley 489 de 1998 para otorgar funciones administrativas al demandante, pues no emitió
un acto administrativo previo donde se identificaran ni adelantó un proceso de selección
del contratista. Asimismo, los honorarios se fijaron sin tener en cuenta las normas de
planeación presupuestal y la correcta distribución de los ingresos tributarios, en
afectación del interés general.

Que el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establecía que hay lugar al pago de prestaciones
ejecutadas en un contrato nulo cuando se probara que benefició a la entidad estatal
contratante, es decir, en el evento que se acreditara que satisfizo el interés general,
premisa que no cumplieron los expedientes elaborados por el demandante, ya que si bien
podían ayudar a efectuar las labores de fiscalización y cobro coactivo, no se demostró
que efectivamente hayan contribuido al interés público, esto es, al recaudo efectivo de
los impuestos, pues no obraban en el proceso de controversias contractuales para
dilucidarlo.

Que, si bien en el acta de entrega final del 20 de mayo de 2009 se consignó que la gestión
del actor determinó unos valores adeudados por los contribuyentes por concepto de
impuestos, no daban certeza de que esas sumas hubiesen ingresado a las arcas del
municipio de Ibagué, en consecuencia, no era dable asumir que se obtuvo un beneficio
general.

Que el dictamen pericial practicado en primera instancia no era idóneo para cuantificar el
interés general que tuvo la elaboración de los expedientes entregados, pues allí se
estableció el monto los perjuicios que le causó al actor la liquidación del contrato, es decir,
lo que dejo de recibir, pero no las sumas que devengó Ibagué en razón a su gestión.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el tutelante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

En cuanto al fondo del asunto, el accionante afirmó que la sentencia cuestionada incurrió
en defecto fáctico porque no advirtió que las pruebas que reposaban en el proceso de
controversias contractuales 73001-23-31-000-2010-00223-00/01 demostraban los
beneficios que generaron los expedientes administrativos que elaboró y entregó al
municipio de Ibagué y sobre los cuales no recibió compensación alguna, lo que constituyó
enriquecimiento sin justa causa del ente territorial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

Que dentro de las pruebas que no fueron valoradas se encuentran (i) el testimonio de
Favel Naveros Puentes, interventor del contrato de prestación de servicios 071 del 18 de
septiembre de 2003, quien manifestó que los expedientes fueron puestos a disposición
de la entidad «para seguir adelante con el desarrollo de los mismos», como lo era la etapa de
cobro, y (ii) el dictamen pericial practicado en el curso del proceso contencioso-
administrativo, que daba cuenta de la entrega de esos procesos para que se continuara
con la recaudación de los tributos.

Adujo que, si la autoridad accionada no contaba con elementos de juicio para otorgar la
indemnización por la elaboración de los expedientes, debió decretar pruebas de oficio,
en aras de aclarar esa situación. Además, señaló que la providencia cuestionada «abrió
la puerta» a que los municipios contraten los servicios de profesionales y luego de
beneficiarse no paguen por ello, lo que resulta contrario a la Constitución Política.

Que, aunque en esta instancia judicial no discutía la declaratoria de nulidad del contrato
de prestación de servicios 071 del 18 de septiembre de 2003, por cuanto ello involucraba
discusiones jurídicas de las que no tenía conocimiento por ser contador, debía
reconocérsele la compensación por la construcción de los expedientes que le entregó al
municipio de Ibagué como retribución por su trabajo.

5. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, adujo que cuando un contrato
es declarado nulo por objeto ilícito, solo es dable reconocer las prestaciones que hayan
contribuido al interés general, lo que no aconteció en los hechos debatidos en el proceso
de controversias contractuales 73001-23-31-000-2010-00223-00/01, pues allí no obraba
prueba de que la gestión del actor hubiese derivado en perjuicios cuantificables
relacionados con la construcción de los expedientes que entregó al municipio de Ibagué,
y aunque reposaba un dictamen pericial, en este se estableció las sumas que el
demandante dejó de recibir con ocasión de la terminación unilateral del contrato, pero no
se determinaron los tributos pagados por sus tareas.

Que la posibilidad de pedir pruebas de oficio estaba instituida con la finalidad de aclarar
puntos oscuros de la controversia, pero no para suplir la carga probatoria que les asistía
a los demandantes, de ahí que no fuera procedente decretar alguna en el expediente
73001-23-31-000-2010-00223-00/01 para dilucidar si hubo una prestación a favor del
interés general, pues era al actor a quien le correspondía acreditar ello.

Concluyó que el tutelante pretende obtener en esta instancia un nuevo pronunciamiento
sobre aspectos que fueron desestimados en sede contencioso-administrativa, de lo que
se infería que empleaba la acción de tutela como una tercera instancia, lo que
desnaturaliza su carácter excepcional.

El Tribunal Administrativo del Tolima describió los aspectos jurídicos esbozados en la
sentencia con la que decidió en primera instancia la demanda de controversias
contractuales 73001-23-31-000-2010-00223-00/01 y señaló que providencia enjuiciada
se emitió bajo el precepto superior de autonomía judicial y en esta se expusieron
interpretaciones razonables del material probatorio obrante en ese expediente, lo que
impedía atribuirle vulneración de los derechos fundamentales del demandante.

El municipio de Ibagué guardó silencio, a pesar de que se le notificó el auto admisorio
de la acción de tutela de la referencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 30 de enero de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumplía la exigencia de
procedibilidad de relevancia constitucional, ya que el actor pretendía obtener un nuevo
análisis de aspectos que fueron desestimados por la autoridad accionada bajo
interpretaciones razonables de las normas que regían la controversia ventilada en el
proceso de controversias contractuales 73001-23-31-000-2010-00223-00/01 y de las
pruebas que allí obraban.

Que de efectuarse el análisis jurídico que reclamaba el accionante, se desconocería la
autonomía del juez natural, lo que está vedado al de tutela, máxime cuando no se
evidenciaba deducciones arbitrarias o caprichosas de las pruebas que responsaban en
el expediente 73001-23-31-000-2010-00223-00/01.

7. Impugnación

El demandante impugnó el fallo de primera instancia, al estimar que la acción de amparo
sí tenía relevancia constitucional, dado que en esta se invocó una indebida valoración
probatoria y la omisión de emplear la potestad de decretar pruebas de oficio, lo que
involucraba afectación de preceptos constitucionales que imponía al juez de tutela
realizar análisis de fondo.

Que en el proceso de controversias contractuales 73001-23-31-000-2010-00223-00/01
reposaban elementos de convicción de los cuales era dable inferir los beneficios que
obtuvo el municipio de Ibagué en razón a sus actividades, como el acta de entrega de
expedientes al ente territorial del 20 de mayo de 2009, el dictamen pericial que se decretó
en ese trámite contencioso administrativo y el testimonio de Favel Naveros Puentes.

Que si la autoridad accionada consideraba que las pruebas que obraban en el expediente
73001-23-31-000-2010-00223-00/01 no demostraban los perjuicios allí reclamados,
debía decretar pruebas de oficios en aras de salvaguardar la garantía superior a la
reparación integral, lo cual no hizo, omisión que denotaba afectación de dicha
prerrogativa.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela por no colmar la exigencia de procedibilidad de relevancia
constitucional.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por el señor reyes
Ramírez cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
encontrarse demostrado el defecto fáctico alegado por el accionante, se afectaría la
garantía superior al debido proceso, pues la presunta indebida valoración probatoria
afecta prerrogativas de las partes del proceso protegidas por el sistema normativo
superior que ameritan la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por la accionante es constitucional y
no legal o económica, toda vez que en últimas concierne a la garantía superior a la
reparación integral, según la cual cualquier persona que resulte afectada en la ejecución
de un contrato estatal le asiste el derecho a que sus perjuicios sean resarcidos.

Además, no se evidencia reiteración de argumentos, dado que la inconformidad del actor
planteada en la solicitud de amparo radica en el hecho de que en la sentencia
cuestionada se le haya negado la compensación monetaria por la elaboración de los
expedientes que le entregó al municipio de Ibagué y que fue reconocida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por ende, no era dable que se pronunciara sobre el particular
en el proceso de controversias contractuales 73001-23-31-000-2010-00223-00/01 dado
que ese aspecto fue desestimado en segunda instancia.

La tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque de acuerdo con la verificación
del expediente 73001-23-31-000-2010-00223-00/01, se constata que el fallo cuestionado
se notificó el 26 de julio de 20245 y la tutela se presentó el 4 de diciembre de ese año (4
meses y 8 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el lapso razonable para formular la acción de tutela
contra determinaciones judiciales.

Asimismo, el demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió la demanda de controversias contractuales 73001-23-31-000-2010-
00223-00/01 y fue la sentencia de segunda instancia la que presuntamente incurrió en
el defecto fáctico invocado en la solicitud de amparo, contra la cual no procedía recurso
alguno. Además, esa causal específica no comporta alguna de las causales de
procedencia del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del
CPACA.

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 Es de anotar que el correo electrónico de notificación de la providencia censurada fue enviado el 24 de julio de 2024,

por lo que se entiende notificada el 26 del mismo mes y año, conforme al artículo 8º de la Ley 2213 de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es,
expuso que la presunta vulneración de su derecho fundamental invocado provenía de
una supuesta indebida valoración probatoria.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela pues, como se dijo, el accionante ataca una
sentencia que decidió en segunda instancia una demanda de controversias
contractuales.

4. Análisis del caso concreto

El demandante afirmó que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, en razón
a que no advirtió que algunas pruebas que reposaban en el proceso de controversias
contractuales 73001-23-31-000-2010-00223-00/01 demostraban que los expedientes que
le entregó al municipio de Ibagué contribuyeron al recaudo de tributos, por ende, al interés
general, de ahí que debiera otorgársele la respectiva compensación monetaria.

El tutelante indicó que los elementos de convicción que no fueron valorados en debida
forma por la autoridad accionada fueron (i) el dictamen pericial practicado en las
diligencias contencioso-administrativas, en el que, a su juicio, se estableció la recaudación
de tributos por su gestión; y (ii) el testimonio de Favel Naveros Puentes, interventor del
contrato de prestación de servicios 071 del 18 de septiembre de 2003.

Además, el actor señaló que si la autoridad accionada consideraba que no había pruebas
para otorgarle la compensación pecuniaria por la elaboración de los expedientes, debió
decretar pruebas de oficio para dilucidar ello y no lo hizo.

Al analizar las pruebas allegadas a este trámite constitucional y al proceso de reparación
directa, la Sala evidencia que el señor Elpidio Reyes Ramírez y el municipio de Ibagué
suscribieron el contrato de prestación de servicios 071 del 18 de septiembre de 2003, en
el que se pactó que aquél asesoría y adelantaría actuaciones pertinentes para recaudar
tributos a favor del ente territorial.

En razón a que se le comunicó al demandante la terminación del negocio jurídico, se
suscribió acta de entrega del 20 de mayo de 2009, en donde se estableció que le
suministraba 25260 expedientes al municipio de Ibagué, de los cuales 3870 estaban
archivados. Allí se determinó el estado de las diligencias, pero no se indicaron valores
efectivamente recaudados, es decir, sumas que hubiesen entrado a las arcas del
municipio de Ibagué con ocasión de la gestión del accionante.

El contrato de prestación de servicios 071 del 18 de septiembre de 2003 fue liquidado a
través de la Resolución 41-020 del 14 de enero de 2010, en la que se estipuló el número
de diligencias que se surtieron para recaudar los tributos y las cuantías de estos, sin
embargo, no se especificaron los valores pagados efectivamente.
El 6 de mayo de 2010 el tutelante promovió demanda de controversias contractuales
73001-23-31-000-2010-00223-00/01 contra el municipio de Ibagué, en la que pidió
declarar el incumplimiento del mencionado contrato por parte del ente y ordenar que se
le pagaran los correspondientes perjuicios, entre ellos, los gastos de elaboración de los
expedientes que entregó el 20 de mayo de 2009.

El asunto fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, que
decretó como pruebas un dictamen pericial y el testimonio de Favel Naveros Puentes. La
experticia fue realizada por un contador auxiliar de la justicia, quien concluyó que el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

demandante entregó 26.875 expedientes al ente allí demandado y dejó de recibir
$11.022.682.128 por concepto de honorarios, empero no se estableció cuánto dinero
entró a las arcas públicas como resultado de su gestión.

Por su parte, el aludido testigo adujo que el demandante entregó expedientes elaborados
por él, en los que constaba obligaciones tributarias, y que el municipio de Ibagué estaba
en la obligación de tramitarlos, empero, no indicó si algún monto ya había ingresado al
erario.

Mediante sentencia del 25 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo del Tolima
declaró de oficio la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios 071 del 18 de
septiembre de 2003, dado que comprendió actividades propias de servidores públicos
que no era dable que las desarrollara un particular. No obstante, condenó en abstracto al
ente territorial demandado, para que le cancelara al actor los gastos en que incurrió al
elaborar los expedientes que entregó el 20 de mayo de 2009.

Las partes apelaron la anterior sentencia, alzadas desatadas el 12 de julio de 2024 por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el sentido de revocar la
condena impuesta por el a quo y negar todas las pretensiones de la demanda de
controversias contractuales, al estimar que solo era dable reconocer prestaciones
derivadas de un contrato estatal nulo cuando se satisfizo el interés general, y en el
expediente 73001-23-31-000-2010-00223-00/01 no se acreditó que las gestiones del
actor hayan logrado el ingreso efectivo al erario de alguna suma de dinero.

En la providencia cuestionada se analizó el dictamen pericial al que hace alusión el
demandante en el escrito de tutela, en los siguientes términos:

[…] sea lo primero señalar que, contrario a lo afirmado por el actor, el dictamen pericial rendido en el
proceso no resulta idóneo para estimar o cuantificar el supuesto beneficio recibido por el municipio de
Ibagué por cuenta de los expedientes entregados por el contratista el 20 de mayo de 2009, puesto
que el objeto de dicha prueba fue el cálculo de los “perjuicios” supuestamente sufridos por el
contratista a raíz de la terminación del contrato, lo cual difiere sustancialmente del beneficio reportado
por el Estado y de la satisfacción del interés público a la que alude el artículo 48 de la Ley 80 de 1993,
máxime cuando lo que se pretendió calcular en la experticia fue la cuantía de lo que el hoy demandante
“habría percibido” si no se hubiera dado por finalizado el negocio jurídico, y cuando la estimación de
ese rubro se hizo sobre la base del porcentaje de los impuestos fiscalizados por el actor, lo que es
contrario a la ley, como anteriormente quedó señalado.

Visto lo anterior, se evidencia que en el escrito de tutela el demandante afirma que la
providencia cuestionada incurría en defecto fáctico porque no valoró en debida forma el
dictamen pericial elaborado en el marco del proceso de controversias contractuales
73001-23-31-000-2010-00223-00/01, no obstante, se advierte que la autoridad accionada
adujo que en dicha experticia se estableció lo que dejó de recibir el contratista por la
terminación unilateral del contrato de prestación de servicios 071 del 18 de septiembre
de 2003, pero no daba cuenta de que el municipio de Ibagué haya recibido algún pago
por las actividades realizadas por el tutelante, de ahí que no fuera dable otorgarle
compensación alguna por la elaboración de los expedientes que le entregó al municipio
de Ibagué el 20 de mayo de 2009.

Para la Sala la conclusión a la que llegó la autoridad judicial demandada resulta razonable
dado que, en efecto, en el aludido dictamen pericial se cuantificó la suma que el
demandante dejó de recibir por la terminación del contrato (calculada sobre los tributos
señalados en los expedientes que entregó el 20 de mayo de 2009 y en los que se estipuló
lo que el municipio de Ibagué esperaba devengar), pero no prueba que el ente territorial
haya recibido algún pago de esas obligaciones tributarias.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

En ese orden de ideas, la experticia no acreditó que la elaboración de los expedientes
por parte del accionante desencadenara en una prestación que contribuyera al interés
general, y como ello es un presupuesto indispensable para pagarla cuando se deriva de
un contrato estatal nulo, conforme al artículo 486 de la Ley 80 de 1993, no había lugar a
pagar suma alguna por ese concepto, tal como lo concluyó la autoridad accionada.

Es de anotar que el hecho de que el accionado no haya valorado el dictamen pericial
practicado dentro del proceso de controversias contractuales 73001-23-31-000-2010-
00223-00/01 como lo pretendía el demandante, no se traduce en la configuración del
defecto fáctico, dado que el juez natural tenía la autonomía de brindarle el grado de certeza
que considerara adecuado, siempre que atendiera los criterios de la sana crítica.

Además, las conclusiones probatorias del juez natural sobre la omisión de acreditar las
repercusiones en el interés general que causó la elaboración de los expedientes tributarios
por parte del demandante se fundamentaron en una valoración razonable de la
mencionada experticia, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional7, que sobre el particular indica:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse
ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los
criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al
caso concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están
amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél
es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].

Ahora bien, el demandante también indica que la providencia cuestionada incurría en
defecto fáctico por no analizar el testimonio de Favel Naveros Puentes, quien era
interventor del contrato de prestación de servicios 071 del 18 de septiembre de 2003 y
aseveró que el demandante entregó al municipio de Ibagué los respectivos expedientes,
los cuales debían continuar con su trámite.

Al analizar la sentencia atacada se evidencia que, en efecto, la autoridad accionada no
analizó la mencionada declaración, sin embargo, esa omisión no comporta defecto
fáctico, ya que lo dicho por el testigo no demuestra que el municipio de Ibagué haya
recibido algún pago por las diligencias adelantadas por el actor, es decir, que se haya
contribuido al interés general.

Es de resaltar que para que se configure la referida causal específica de procedibilidad
de la tutela contra determinaciones judiciales, es necesario que la prueba que se dejar

6 «La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las
prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando
se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere
obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren
servido para satisfacer un interés público».
7 Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Varas Silva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

de valorar tenga la entidad suficiente de cambiar el sentido de la decisión censurada, tal
como lo dijo la Corte Constitucional8 en los siguientes términos:
La sola omisión en la valoración o práctica de una prueba, no es constitutiva de una vía de hecho. Para
que ésta se produzca, debe tratarse de errores manifiestos u ostensibles, atribuibles a una actitud
caprichosa o arbitraria del funcionario competente. Además, esas pruebas deben tener la capacidad
inequívoca de modificar el sentido del fallo. En consecuencia, no hay vía de hecho cuando no se
practican pruebas o se omite la valoración de las existentes, pero la decisión se fundamenta en un
análisis coherente de otros elementos de juicio.

En ese orden de ideas, como el testimonio del señor Favel Naveros Puentes no tendría
la virtualidad de cambiar el sentido de la decisión de no reconocerle al actor prestación
alguna por la elaboración de los expedientes tributarios, ya que no acreditó la
consecución del interés general, no merece reproche constitucional alguno que la
autoridad accionada no haya estudiado esa declaración.

Por último, el demandante sostiene que la autoridad accionada debió declarar una prueba
de oficio si consideraba que no estaba demostrado que la ejecución del contrato de
prestación de servicios 071 del 18 de diciembre de 2003 hubiere contribuido al interés
general, aseveración que para la Sala carece de asidero jurídico, dado que era a él a
quien le correspondía probar los hechos de la demanda, en virtud del principio de la carga
de la prueba9, la cual no es dable trasladarla al juez natural.

Así las cosas, la Sala concluye que la providencia cuestionada no incurre en defecto
fáctico, dado que la autoridad accionada valoró de manera razonable el dictamen pericial
elaborado en el marco del proceso de controversias contractuales 73001-23-31-000-
2010-00223-00/01, y la omisión de tener en cuenta el testimonio de Favel Naveros
Puentes no involucra irregularidad alguna por no tener la entidad de cambiar el sentido
de la decisión.

En virtud de lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, para denegar las pretensiones
formuladas en este trámite constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por Elpidio Reyes Ramírez, para en su lugar:

2. Denegar las pretensiones formuladas en la tutela de la referencia, en atención a la
parte motiva de esta determinación judicial.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

8 Sentencia T-25 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
9 Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de septiembre de 2012, C. P. Carlos Alberto

Zambrano Barrera, expediente: 76001-23-25-000-1998-01471-01 (25426): «[…] compete a la parte que alega un hecho
o a quien lo excepciona o lo controvierte; por lo tanto, es indispensable demostrar, por los medios legalmente
dispuestos para tal fin, los hechos que sirven de fundamento fáctico de la demanda […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06680-01
Demandante: Elpidio Reyes Ramírez

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.