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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06681-00

Fecha
24 de enero de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06681-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 12 Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06681-00 Actora: Sandra Leana García Aedo Acción de tutela 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06681-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

24 de enero de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06681-00
Demandante: SANDRA LEANA GARCÍA AEDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. CUANDO SE PRETENDE USAR ESTE
MECANISMO COMO UNA TERCERA INSTANCIA EL
ASUNTO CARECE DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la actora reclamó que se vulneraron sus derechos fundamentales por no
haber cumplido con el requisito de agotar la conciliación extrajudicial. La Sala encontró que
la acción de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional porque se pretendió
emplear como una instancia adicional a las del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Víctor Danilo Camacho
Fernández en contra del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali
y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad, vivienda y acceso a la administración
de justicia previstos en los artículos 13, 29, 51 y 229 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos

1) La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) inició un
proceso de cobro coactivo en contra de la señora Sandra Leana García Aedo por

1
Mediante escrito presentado el 4 de diciembre de 2024 con paso al despacho para fallo del 17 de
enero de 2025.

2

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06681-00
Actora: Sandra Leana García Aedo
Acción de tutela

obligaciones tributarias adeudadas por concepto del impuesto de renta y
complementarios, correspondientes a los periodos fiscales 2012 y 2013.

2) Las respectivas notificaciones de las actuaciones del proceso coactivo no se
realizaron de manera electrónica, sino a través de documentos físicos que fueron
enviados a direcciones desactualizadas o incompletas, lo cual impidió que la señora
García Aedo tuviera conocimiento efectivo de las actuaciones administrativas.

3) Mediante mandamiento de pago de 23 de enero de 2015, la autoridad libró
mandamiento de pago con el cual ordenó el pago de la deuda mencionada y dictó
una medida cautelar de embargo sobre el apartamento de la actora, ubicado en el
municipio de Vijes (Valle del Cauca).

4) En el transcurso del proceso, la DIAN avaluó el inmueble y lo remató el 25 de
noviembre de 2020, al tiempo que lo adjudicó en favor del señor Javier Antonio Yela
Rico, por un monto de treinta y seis millones de pesos.

5) El 13 de enero de 2021 se intentó realizar la diligencia de entrega del apartamento
en favor del adjudicatario, la cual fue frustrada por la negativa de la persona que
para entonces lo ocupaba, quien en ese momento informó tal situación a la
demandante; por ello, solo a partir de entonces la actora tuvo conocimiento parcial
y preliminar del proceso de cobro coactivo.

6) El 20 de enero de 2021, la señora Sandra García Aedo solicitó a la DIAN una
copia del expediente para conocer los detalles del proceso coactivo y en ese
momento se enteró del mandamiento de pago librado en su contra, las órdenes de
embargo y del avalúo y remate del inmueble por un valor que estimó
considerablemente inferior al valor comercial real del bien.

7) El 24 de noviembre de 2022, la actora presentó una demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa en contra de la DIAN y Javier Antonio Yela
Rico para que se les declarara responsables por los daños materiales y morales
sufridos como consecuencia del embargo, remate y adjudicación de su inmueble en
el proceso coactivo, derivado de graves irregularidades en su trámite, como la
indebida notificación.

3

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06681-00
Actora: Sandra Leana García Aedo
Acción de tutela

8) El 12 de mayo de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Cali inadmitió la demanda, con fundamento en que no se cumplió con el requisito
de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, exigido por el artículo 161 de la Ley
1437 de 2011 y concedió diez días hábiles para subsanar tal defecto 2.

9) La demandante presentó un escrito de subsanación y argumentó que la demanda
de reparación directa está relacionada con materias tributarias, por lo cual no es
susceptible de conciliación, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 2 del
Decreto 1716 de 2009 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

10) El 15 de diciembre de 2023, el juzgado rechazó la demanda tras concluir que el
asunto no es de carácter tributario, porque no se discutió el cálculo o monto de
impuestos, sino de carácter patrimonial porque se exigió la reparación de un daño
derivado de actuaciones administrativas, de ahí que el requisito de conciliación
extrajudicial fuera obligatorio.

11) El 11 de enero de 2024, la demandante presentó un recurso de reposición y en
subsidio apelación en contra de esa decisión e insistió en la naturaleza tributaria de
la controversia que la eximía de agotar el requisito de conciliación.

12) Con auto de 29 de enero de 2024 el juzgado resolvió no reponer el auto de
rechazo con los mismos planteamientos y concedió el recurso de apelación ante el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad judicial que el 1 de noviembre
de 2024 desató la apelación y confirmó el rechazo de la demanda 3.

2. Fundamentos de la vulneración

2
La autoridad judicial sostuvo que la conciliación es obligatoria para las demandas de reparación
directa, salvo en casos no conciliables o expresamente excluidos por ley.

3
Para la autoridad judicial la controversia planteada en la demanda de reparación directa no es de
carácter tributario porque, aunque las actuaciones de la DIAN se desarrollaron en el marco de un
proceso coactivo relacionado con tributos, las pretensiones de la demanda no buscan cuestionar el
monto, cálculo o distribución de impuestos, sino que se declare la responsabilidad patrimonial de esa
autoridad por las supuestas irregularidades administrativas que llevaron al remate y pérdida de la
propiedad del inmueble de la actora, no la revisión de aspectos sustanciales del régimen tributario.

El tribunal subrayó que el requisito de conciliación es exigible cuando el conflicto tiene un contenido
económico y es susceptible de transacción, lo cual se cumplió en el caso.

Dado que el medio de control buscó la indemnización por daños materiales y morales, la conciliación
constituye un paso previo indispensable antes de acceder a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

4

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06681-00
Actora: Sandra Leana García Aedo
Acción de tutela

La demandante afirmó que con los autos de 12 de mayo de 2023, 15 de diciembre
de 2023 y 29 de enero de 2024 proferidos por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial del Valle del Cauca y el auto de 1º de noviembre de 2024 del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, las autoridades judiciales vulneraron
sus derechos fundamentales e incurrieron en un defecto procedimental absoluto, un
defecto sustantivo, un desconocimiento del precedente judicial y una violación
directa de la Constitución.

Sobre el defecto procedimental absoluto alegó que las providencias aplicaron de
forma incorrecta el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, porque exigieron la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, pese a que el caso versa
sobre un conflicto relacionado con tributos, lo cual está expresamente excluido de
dicho requisito por el artículo 2 del Decreto 1716 de 2009 y el Decreto 1069 de 2015.

Frente al defecto sustantivo afirmó que las decisiones cuestionadas se fundaron en
normas generales inaplicables al caso y desatendieron las excepciones específicas
previstas en el ordenamiento jurídico, al tiempo que se basaron en una
interpretación restrictiva porque limitaron la materia tributaria a aspectos
relacionados exclusivamente con el “monto, distribución o asignación de
impuestos”, con lo cual ignoraron que el procedimiento tributario también es parte
integral de dicha materia.

En lo relacionado con el desconocimiento del precedente judicial la demandante
manifestó que las providencias que rechazaron su demanda de reparación directa
desconocieron antecedentes vinculantes de la Corte Constitucional 4 y el Consejo
de Estado5, los cuales establecen de manera clara la inaplicabilidad del requisito de
conciliación prejudicial en conflictos relacionados con asuntos tributarios.

4
“• Sentencia C-086 de 2016, Corte Constitucional.
• Sentencia C-714 de 2001, Corte Constitucional.
• Sentencia C-514 de 2019, Corte Constitucional.
• Sentencia T-356-2022, Corte Constitucional”.
5
“Sentencia Consejo de Estado, 14 de junio de 2012, Radicación número: 08001-23-31-000-2011-
00086-01(19172), Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA.

• Sentencia Consejo de Estado, 9 de marzo de 2017, Radicación número: 05001-23-31-000-2012-
00909-01(21511); Consejero Ponente: Dr. HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS.

5

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06681-00
Actora: Sandra Leana García Aedo
Acción de tutela

Respecto de la violación directa de la Constitución sostuvo, de manera sucinta, que
las providencias trasgredieron sus derechos constitucionales fundamentales.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“(...) 2. Que en consecuencia, se ordene revocar el Auto de Sustanciación
No. 235 del 12 de mayo de 2023, el Auto Interlocutorio No. 512 del 15 de
diciembre de 2023 y el Auto Interlocutorio No. 027 del 29 de enero de
2024 proferidos por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Cali, y el Auto Interlocutorio del 1o. de noviembre de 2024 proferido por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, en cuanto dichas
providencias judiciales, bajo el argumento de no haberse ago[t]ado el
requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, inadmitieron y
rechazaron la Demanda Contencioso Administrativa impetrada por medio
de apoderado por la señora SANDRA LEANA GARCÍA AEDO contra la
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN y el
señor JAVIER ANTONIO YELA RICO, demanda radicada en dicho
Juzgado bajo el No. 76001333300520220027000.

3. Que en consecuencia se ordene al Juzgado Quinto Administrativo Oral
del Circuito de Cali admitir la referida demanda y darle el trámite que
conforme a la ley le corresponde.

4. En caso de negar el amparo deprecado por considerar que existe otro
mecanismo idóneo y con mayor eficiencia que la tutela para reclamar la
protección de los derechos vulnerados, de manera igualmente respetuosa
solicito a su señoría se sirva informar específicamente cuál es ese
mecanismo alternativo de defensa en los términos del Decreto 2591 de
1991.”. (mayúsculas del original - archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI).

4. Actuación procesal

Con auto de 6 de diciembre de 2024 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y al titular del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali y se
vinculó al director de la DIAN y al señor Javier Antonio Yela Rico, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

• Sentencia Consejo de Estado 13001233100020100047801(19399) del 1 de agosto de 2016.

• Providencia Consejo de Estado, 25 de junio de 2012, Consejero ponente: WILLIAM GIRALDO
GIRALDO,

• Providencia Consejo de Estado, 19 de enero de 2023 (sic).”.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06681-00
Actora: Sandra Leana García Aedo
Acción de tutela

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó que
se declare la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional ya que se empleó a este mecanismo para valorar nuevamente
aspectos relacionados con la interpretación y aplicación de normas procesales, los
cuales son de competencia exclusiva del juez natural.

La demandante tuvo la oportunidad de recurrir las decisiones del juzgado mediante
recursos ordinarios, los cuales fueron resueltos en debida forma.

La acción de tutela no puede utilizarse como una tercera instancia para reabrir un
debate que ya fue objeto de análisis por los jueces competentes.

La titular del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali afirmó que
la acción de tutela es improcedente porque fue utilizada por la actora como una
tercera instancia para cuestionar decisiones judiciales de fondo, lo cual contraviene
su naturaleza excepcional y subsidiaria.

En lo demás, la demandada defendió la exigencia del requisito de conciliación
extrajudicial en el caso de la actora, por tratarse de un trámite previo obligatorio para
los medios de control de reparación directa.

La controversia de la señora Sandra Leana García Aedo no tiene carácter tributario,
ya que no se cuestiona el monto, distribución o asignación de impuestos; en cambio,
se buscó la reparación de un presunto daño antijurídico derivado de irregularidades
administrativas en un proceso de cobro coactivo, controversia de naturaleza
patrimonial y conciliable según el marco normativo aplicable.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2)
delimitación del asunto y 3) el caso concreto.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06681-00
Actora: Sandra Leana García Aedo
Acción de tutela

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. Delimitación del asunto.

La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las providencias
proferidas en las dos instancias del proceso ordinario, lo cierto es que los
argumentos de reproche de la parte actora se concentraron en controvertir los
fundamentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el auto
del 1 de noviembre de 2024, en el cual se confirmó la decisión de rechazo de la
demanda de reparación directa adoptada en primera instancia por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali.

Lo anterior, aunado a que esa sentencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una providencia de reemplazo sería el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá exclusivamente a lo decidido en el
auto de 1 de noviembre de 2024.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06681-00
Actora: Sandra Leana García Aedo
Acción de tutela

3. El caso concreto

En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, vivienda y acceso a
la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia proferida por esa autoridad judicial el 1 de noviembre de 2024.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará su
improcedencia por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por
las razones que procederán a exponerse:

1) En el presente caso la actora alegó que la providencia cuestionada adolece de
los defectos sustantivo, procedimental absoluto, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución, sin embargo, la Sala considera que
respecto de tales cargos la acción de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional, pues, es claro el interés de la parte demandante de revivir una
discusión que ya fue analizada y resuelta en la providencia cuestionada.

2) En efecto, los aspectos en concreto que fundamentaron la acción de tutela ya
fueron expuestos ante la autoridad judicial competente en el recurso de apelación
que presentó la demandante en contra de la providencia del Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, en los siguientes términos:

“En efecto, basa el despacho su decisión en cuestión, fundamentalmente
en las normas que regulan de manera general el requisito de
procedibilidad de la conciliación previa a la instauración de las acciones
ante la jurisdicción, normas tales como la Ley 1437 de 2011 modificada
por la Ley 2080 de 2021, el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.

Reconoce el Despacho que todas esas normas, y las demás invocadas
en el auto en cuestión advierten que el mencionado requisito de
procedibilidad solo es exigible para las controversias que sean
conciliables, y para las que no versen sobre asuntos tributarios, pero
inaplica dichas excepciones legales.

En efecto, el cuestionado auto reconoce que el artículo 7 de la Ley 2220
de 2022 al consignar los asuntos conciliables, expresó que serán
conciliables todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley.

Invoca igualmente el Decreto 1716 de 2009, pero no menciona que en el
Parágrafo 1 de su artículo 2 el citado Decreto 1716 de 2009 al reglamentar
el mecanismo de conciliación advierte de manera clara, inequívoca y

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Actora: Sandra Leana García Aedo
Acción de tutela

perentoria, precisamente que: “No son susceptibles de conciliación
extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: Los asuntos que
versen sobre conflictos de carácter tributario”. (...)

Sobre el punto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, en Sentencia del 14 de junio de 2012,
Radicación número: 08001-23-31-000-2011-00086-01(19172), Consejera
ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA, ponderó: (...)

En idéntico sentido se ha pronunciado en profusa y consistente
jurisprudencia el Consejo de Estado, como en la Sentencia del 9 de marzo
de 2017 con radicación número: 05001-23-31-000-2012-00909-
01(21511); Consejero Ponente: Dr. HUGO FERNANDO BASTIDAS
BARCENAS.

Valga aclarar que los asuntos tributarios constan de dos partes
fundamentales: la sustancial y la formal o de procedimiento, este último
contenido en el libro V del Estatuto Tributario.

Y esas dos partes van envueltas en un claro y contundente sistema de
principios del derecho tributario.

Al respecto, en Auto del 25 de junio de 2012 el Máximo Tribunal
Administrativo en su Sección Cuarta, Consejero ponente: WILLIAM
GIRALDO GIRALDO, advirtió: (...)

Además, en el caso de la especie lo que se discute es nada menos que
la violación grave por parte de la administración tributaria a especiales,
precisas y obligatorias normas de procedimiento tributario, tales como las
referentes a las notificaciones, la competencia, los intereses moratorios y
el régimen sancionatorio, todas ellas consagradas por el Libro V del
Estatuto Tributario.

En tal perspectiva, la violación al procedimiento tributario, forma especial
del debido proceso consagrado por la Constitución Nacional en su artículo
29, es un asunto de carácter tributario.

La ausencia de notificación de un acto que contiene asuntos tributarios
tiene carácter tributario y está inescindiblemente ligada a la obligación
tributaria sustancial y a la forma de cumplimiento de la misma. (...)

Al respecto, no cabe duda en que el despojo de su única vivienda por
parte de la administración tributaria a un contribuyente en un proceso de
jurisdicción coactiva por un impuesto de renta, intereses y sanciones,
mediante la omisión de las debidas notificaciones conforme a la[s]
especiales reglas de la normatividad tributaria ES UN ASUNTO DE
CARÁ[C]TER TRIBUTARIO (...)”. (archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI)

3) Frente a tales planteamientos se pronunció el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en el auto de 1º de noviembre de 2024 con las consideraciones que a
continuación se transcriben:

“La Sala confirmará el auto apelado, pues resulta completamente claro
que el medio de control ejercido es el de reparación directa, respecto del
cual, como lo ha precisado el Consejo de Estado, debe agotarse el
requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial: (…)

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06681-00
Actora: Sandra Leana García Aedo
Acción de tutela

En este orden de ideas, observa la Sala que la controversia planteada en
la demanda no corresponde a un asunto de carácter tributario como lo
alega la parte demandante, toda vez que en el libelo introductorio no se
está cuestionando el monto, distribución o asignación de impuestos,
contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o
distritales, sino que se pide la declaratoria de responsabilidad patrimonial
de la DIAN, por los daños derivados de la pérdida de la titularidad de un
bien inmueble de propiedad de los demandantes que fue rematado en un
proceso coactivo, situación que naturalmente sí exige el agotamiento de
la conciliación como requisito de procedibilidad para incoar la demanda.”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

4) Como viene de leerse, la providencia cuestionada resolvió la materia que sirvió
de fundamento a la presente acción de tutela, en la medida en que el análisis del
tribunal se centró en evaluar la aplicabilidad del requisito de conciliación prejudicial
para el caso concreto, aspecto que fue discutido exhaustivamente durante el
proceso ordinario y sobre el cual se rechazó la interpretación normativa propuesta
por la demandante que reiteró en la acción de tutela.

5) El tribunal consideró específicamente que la controversia no correspondía a un
asunto de carácter tributario, pues, las pretensiones de la actora no versaban sobre
la legalidad de un tributo, sino sobre la responsabilidad patrimonial de la DIAN por
un presunto daño derivado de un proceso administrativo, análisis que resultó
fundamental para desestimar la interpretación de la demandante, la cual fue
reiterada en la demanda de tutela sin incorporar elementos nuevos o adicionales
que justificaran su procedencia.

6) La Sala denotó que el análisis efectuado por el tribunal en ejercicio de la
autonomía judicial frente a la aplicabilidad del requisito de conciliación prejudicial
contiene argumentos razonables sobre la naturaleza de las pretensiones de la
demanda, basados en la normativa vigente y en una interpretación que resulta
consistente, según la cual la reparación patrimonial por actos administrativos no
puede ser excluida del requisito de conciliación con el argumento de que el caso
tiene naturaleza tributaria, puesto que la controversia no estaba ligada directamente
a la determinación o exigibilidad de una obligación fiscal.

6) Además, en el recurso de apelación presentado por la actora se invocaron parte
de los antecedentes jurisprudenciales que en el presente trámite alegó como
desconocidos, y si bien la providencia cuestionada no se refirió de manera expresa
a ellos, lo cierto es que esa decisión se basó en otros precedentes aplicables al

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Acción de tutela

caso y desarrolló argumentos suficientes para justificar su conclusión, para
considerar que los precedentes invocados por la demandante no eran aplicables en
el caso concreto.

7) A partir de lo expuesto, para la Sala es claro que los fundamentos que soportaron
la interposición de la acción de tutela se dirigieron de manera exclusiva a discutir
los argumentos que fueron debidamente debatidos en el trámite del proceso de
reparación directa, con miras a que se admitiera que la demanda de reparación
directa de la señora Sandra Leana García Aedo estaba exenta de cumplir con el
requisito legal de conciliación extrajudicial.

8) Así entonces, es claro que la providencia judicial cuestionada es resultado de un
análisis judicial sobre la controversia reformulada en la acción de tutela, lo cual
permite concluir que la actora pretendió emplear a la acción de tutela como una
instancia adicional y buscó obtener una decisión favorable a sus intereses en el
proceso en que se profirió la providencia atacada.

9) Ante ese panorama, la Sala reitera que el proceso de acción de tutela no está
instituido como una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento
jurídico cuyo análisis radica en el juez natural de la causa para decidir sobre las
controversias sometidas a su consideración.

10) En consecuencia, se encuentra acreditado que la acción de tutela de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque su objeto fue reabrir un debate
jurídico propio del proceso ordinario, no así presentar un caso de violación directa
de derechos fundamentales que no haya sido previamente considerado en el
proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre
materias que desbordan su competencia, en consecuencia se declarará la
improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

12

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06681-00
Actora: Sandra Leana García Aedo
Acción de tutela

1º) Declárase improcedente la acción de tutela por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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