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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06689-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06689-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Diana Carolina de las Mercedes Muñoz Martínez, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena, Sala de Conjueces, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06689-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06689-00
Accionante: Diana Carolina de las Mercedes Muñoz Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06689-00
Accionante: Diana Carolina de las Mercedes Muñoz Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena, Sala de Conjueces.

Temas: Acción de tutela por mora judicial. Niega el amparo solicitado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Diana Carolina de las
Mercedes Muñoz Martínez en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena, Sala
de Conjueces.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

2. En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Diana Carolina Mercedes Muñoz Martínez, por intermedio de su
apoderado judicial, promovió demanda en orden a que se tutele su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, solicitó
«ordenar al […] Tribunal Administrativo del Magdalena, Sala de Conjueces, adoptar
las medidas necesarias para que cesen las dilaciones injustificadas dentro del proceso
judicial» con radicado 47001-23-33-000-2017-00042-00.

1.2. Los hechos

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3. La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

4. El 30 de enero de 2017, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual le correspondió conocer al Tribunal Administrativo del Magdalena y le
fue asignado el radicado 47001-23-33-000-2017-00042-00.

5. El 31 de marzo de igual anualidad, el despacho de la magistrada Maribel Mendoza
Jiménez de la corporación referida admitió la demanda y el 4 de julio de 2018 se
celebró la audiencia inicial.

6. El 30 de agosto del mismo año, presentó alegatos de conclusión.

7. El 20 de febrero de 2019, los magistrados Maribel Mendoza Jiménez, Elsa Mireya
Reyes Castellanos, María Victoria Quiñones Triana y Adonay Ferrari Padilla
manifestaron su impedimento para continuar conociendo el proceso.

8. El 23 de septiembre de 2019, el Consejo de Estado declaró fundado el impedimento
y devolvió el expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena.

9. El 25 de julio de 2022, después de haberse programado en tres ocasiones el sorteo
de conjueces (el 29 de julio de 2019, el 11 de octubre de igual año y el 24 de mayo de
2021), se fijó una nueva fecha para realizar dicho sorteo.

10. El 24 de agosto de 2021, el 5 de diciembre de 2023 y el 3 de septiembre de 2024,
presentó memoriales de impulso procesal, sin que la autoridad judicial accionada les
hubiese dado trámite.

1.3. Fundamentos de derecho

11. La accionante afirmó que el Tribunal Administrativo del Magdalena, Sala de
Conjueces vulneró su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
ya que han transcurrido más de 2.865 días desde la recepción de la demanda de

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nulidad y restablecimiento del derecho y, además, tampoco se han tramitado ninguna
de las peticiones de impulso procesal radicadas.

12. Adicionalmente, indicó que la Sala de Conjueces no ha realizado ninguna gestión
para la designación del conjuez, a pesar de haberse convocado en cuatro ocasiones
el sorteo. Por lo anterior, consideró que la autoridad precitada incurrió en una demora
injustificada, constante y negligente que afecta gravemente sus garantías
constitucionales.

1.4. Actuación procesal

13. El 13 de diciembre de 2024, el despacho del magistrado sustanciador de la
presente decisión (i) admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
del Magdalena; (ii) vinculó, como tercero interesado en los resultados del proceso, a
la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional; (iii) requirió a la autoridad judicial
precitada para que remitiera copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 47001-23-33-000-2017-00042-00 [01]; y (iv) reconoció
personería jurídica al abogado Carlos Mauricio Agudelo Vallejo para actuar como
apoderado de la parte accionante.

14. Posteriormente, el 30 de enero de 2025, el despacho del consejero ponente vinculó
a la Sala de Conjueces del Tribunal precitado, para que en el término de tres días se
pronunciara sobre los hechos y pretensiones en que se funda la solicitud de amparo.

1.5. Contestación de la demanda

15. La Secretaría de Conjueces del Tribunal Administrativo del Magdalena remitió
copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
47001-23-44-000-2017-00042-00. Adicionalmente, informó que el referido proceso se
encontraba a cargo del conjuez Oswaldo Gil García.

16. El conjuez Oswaldo Gil García afirmó que no le asiste razón a la accionante, ya
que, si bien transcurrió tiempo para el sorteo y la designación de los conjueces, lo que

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impidió la conformación de la Sala, ello no obedeció a una conducta negligente o
injustificada por parte de los magistrados del Tribunal, pues las circunstancias que
impidieron la conformación de dicha sala fueron «imprevisibles e ineludibles», por lo
que no se configuró la mora judicial alegada ni se vulneró el derecho al debido proceso.

17. Sostuvo que la autoridad judicial accionada, de acuerdo con sus facultades y
obligaciones, actuó correctamente en la designación de los conjueces; sin embargo,
debido a la carga de trabajo y a los inconvenientes que se presentaron con los
conjueces designados, el trámite del proceso se ha demorado. Asimismo, adujo que
la Rama Judicial, especialmente, la jurisdicción de lo contencioso administrativo
enfrenta un aumento significativo en la cantidad de procesos, lo que ha provocado una
crisis estructural y la llamada congestión judicial, ocasionando retraso en los procesos
y en la adopción de decisiones.

18. Adicionalmente, manifestó que en el caso no se presenta un perjuicio irremediable,
comoquiera que la actora no demostró su existencia para justificar la procedencia
excepcional del mecanismo de amparo y, además, tampoco acreditó una situación
particular que requiriera alterar el turno de ingreso del expediente al despacho.

19. En ese orden de ideas, aseguró que no se cumplen los requisitos para declarar la
mora judicial invocada por la parte accionante. Por tanto, solicitó decretar la
improcedencia de la acción de la referencia.

20. El Ministerio de Defensa, a través de su apoderado judicial, afirmó que esa
entidad no está obligada a asumir facultades ni responsabilidades que estén por fuera
de las competencias funcionales que le asisten, pues el Tribunal Administrativo del
Magdalena, Sala de Conjueces, es el único encargado de dirigir el proceso que se
discute.

21. Adicionalmente, indicó que la tutelante no logró acreditar los yerros que, en su
criterio, se presentan en las decisiones de la corporación judicial referida y que
justificarían la intervención del juez constitucional, como lo son los defectos orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,

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desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Por tanto,
solicitó que se desestimaran las pretensiones contra esa cartera ministerial, debido a
la ausencia de legitimación en la causa por pasiva.

22. La Secretaría de Conjueces del Tribunal Administrativo del Magdalena remitió
copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
47001-23-44-000-2017-00042-00. Adicionalmente, informó que el referido proceso se
encontraba a cargo del conjuez Oswaldo Gil García.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

23. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal
5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del
Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces
o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en mora injustificada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 47001-23-33-000-2017-00042-
00.

2.3. Sobre la mora judicial injustificada

25. El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la Sentencia C-341 de 2014, señala que
el derecho al debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y

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administrativas y el artículo 288 ejusdem precisa que «los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado».

26. En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 70 de
1996 estableció como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos
sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción
a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional».

27. Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los operadores
judiciales la obligación de cumplir los términos judiciales, so pena de incurrir en
sanciones disciplinarias, y prevé el deber de dictar sentencias en el mismo orden en
que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda
alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.

28. En esa misma lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una
demanda, interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra
actuación dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene
derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales
dispuestos para ello».1

29. Así las cosas, se tiene que tanto la Constitución como las normas legales y la
jurisprudencia constitucional son claras en imponer, para quienes administran justicia,
la exigencia de observar las garantías procesales y los términos previstos para la
resolución de las controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo, conscientes
del alto tráfico procesal que desborda la capacidad de los operadores jurídicos, tal
obligación debe atenderse en función del estricto orden de entrada de los expedientes
al despacho.

30. Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una
violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la
Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o

1
Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las
justifiquen o razón que las fundamenten».2

31. Por esa razón, estableció como supuestos para determinar la existencia de la mora
judicial injustificada,3 los siguientes: «(i) el incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo
razonable que justifique la demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de una autoridad judicial».4

32. En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación
constituye lo que la doctrina ha denominado «mora judicial», fenómeno que
necesariamente implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no de
la complejidad del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo, como
el exceso de carga laboral de los despachos, sino de la falta de diligencia y omisión
sistemática de los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus deberes.5

2.4. Análisis de la mora judicial en el caso en concreto

33. La señora Diana Carolina de las Mercedes Muñoz Martínez solicitó la protección
de su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, el cual considera
vulnerado por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Magdalena por la
tardanza injustificada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
radicado bajo el número 47001-23-33-000-2017-00042-00, pues han transcurrido más
de 2.865 días desde la recepción de la demanda.

34. Pues bien, como la peticionaria del amparo discute una presunta mora judicial,
resulta pertinente efectuar un recuento de las actuaciones procesales llevadas a cabo
en el referido medio de control. Así, de la revisión del expediente, la Sala observa que
el 31 de enero de 2017, la señora Diana Carolina de las Mercedes Muñoz Martínez

2 Sentencia T-297 de 2006.
3 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007.
4 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 2007.
5 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de obtener la nulidad del acto
administrativo con radicado 20163170998101 del 1.° de agosto de 2016, mediante el
cual se negó el reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14
de la Ley 4a de 1992.

35. Adicionalmente, se avizora que el 31 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo
del Magdalena admitió la demanda. Posteriormente, el 4 de julio de 2018 y el 16 de
agosto de igual anualidad celebró las audiencias inicial y de pruebas y, en esta última,
corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.

36. El 20 de febrero de 2019, los magistrados Maribel Mendoza Jiménez, Elsa Mireya
Reyes Castellanos, María Victoria Quiñones Triana y Adonay Ferrari Padilla,
integrantes de la referida corporación, manifestaron su impedimento para continuar
conociendo del proceso, con fundamento en la causal 1a del artículo 141 del Código
General del Proceso, puesto que podrían llegar a tener interés en la reliquidación de
la prima especial del 30 % que discute la accionante y su incidencia prestacional.

37. El 4 de julio de 2019, el Consejo de Estado, Sección Segunda, declaró fundando
el impedimento y, en consecuencia, ordenó devolver el expediente al Tribunal para
que fijaran fecha con el fin de llevar a cabo el sorteo de conjueces.

38. El 9 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo del Magdalena estableció como
fecha de sorteo de conjuez el 16 de igual mes y anualidad. Sin embargo, el 29 de julio
de 2019 (sic) la autoridad precitada estableció la realización del sorteo de conjuez para
el 2 de noviembre de 2020.

39. El 24 de mayo de 2021, la corporación judicial mencionada fijó como fecha para
efectuar el sorteo de conjuez el día siguiente. El 25 de igual mes y anualidad, resultaron
elegidos los abogados Héctor de Jesús Visbal Saballet, en calidad de conjuez ponente,
y Humberto Díaz Acosta y María Auxiliadora Zambrano Castillo, como conjueces
miembros de la Sala.

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40. El 25 de julio de 2022, se programó un nuevo sorteo de conjuez para integrar la
respectiva sala para el 4 de agosto de 2022, comoquiera que el 29 de junio de igual
anualidad se aceptó la renuncia del doctor Humberto Díaz Acosta. En la fecha
mencionada, se llevó a cabo dicho sorteo y se designó al abogado Francisco
Hernández Parodys.

41. El 22 de octubre de 2024, la presidenta del Tribunal Administrativo del Magdalena
ordenó realizar un nuevo sorteo con los actuales conjueces, para lo cual fijó como
fecha el día siguiente. El 23 de igual mes y anualidad, se designaron a los abogados
Oswaldo Gil García, como conjuez ponente, Evilieta Gómez Cotes y Claudio Oñate
Mendoza.

42. El 30 de octubre de 2024, el expediente ingresó al despacho del conjuez Oswaldo
Gil García.

43. Finalmente, el 6 de diciembre de 2024, la autoridad judicial precitada declaró
cerrado el debate probatorio y, en consecuencia, ordenó correr traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión.

44. Pues bien, de acuerdo con el recuento detallado de las actuaciones judiciales, la
Sala advierte que, a pesar de las vicisitudes que se presentaron, en relación con la
conformación de la sala de conjueces, debido a la renuncia de los que en su momento
fueron designados, el proceso fue objeto de impulso procesal por parte de la autoridad
judicial accionada, ya que el 23 de octubre de 2024 se escogió la sala de conjueces
que asumiría el conocimiento del proceso y el 6 de diciembre de igual anualidad el
despacho del conjuez ordenó correr traslado a los extremos procesales para que
presentaran sus alegatos de conclusión.

45. En ese entendido, según la jurisprudencia constitucional, para que se configure la
mora judicial en los procesos debe estar plenamente demostrada la ausencia de
justificación y tiene que resultar evidente que el actuar de la autoridad judicial no ha
sido diligente. Sin embargo, en el caso bajo análisis no se encuentra acreditada dicha
circunstancia, pues no ha existido una inactividad en el trámite judicial, sino que, todo

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lo contrario, del repaso realizado, puede apreciarse que aquella está adelantando
todos los trámites y etapas necesarias para resolver de fondo el referido medio de
control.

46. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la congestión judicial que se presenta y
que constituye un problema estructural en la administración de justicia, que impide a
los jueces emitir los pronunciamientos de fondo de manera inmediata. En efecto, según
el informe rendido en el marco de esta acción, el despacho del conjuez Oswaldo Gil
García indicó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo presenta un aumento
en la cantidad de procesos y que el Tribunal Administrativo del Magdalena solo
contaba con tres magistrados para el año 2018, lo que obligó a la designación de
nuevos magistrados. Por tanto, este factor de congestión judicial contribuye a que los
plazos de resolución de los casos no siempre puedan ser tan breves como sería ideal,
pero no por ello puede considerarse que haya existido una mora judicial injustificada.

47. En consecuencia, tras haber revisado las circunstancias del caso, la Sala concluye
que el Tribunal Administrativo del Magdalena no incurrió en mora judicial, pues ha
actuado de manera diligente garantizando que se realicen todas las actuaciones
necesarias para continuar con el trámite de la demanda, a pesar de las dificultades
propias de la congestión judicial y la necesidad de reorganizar la sala de conjueces.
Por lo anterior, se negará el amparo deprecado por la señora Diana Carolina de las
Mercedes Muñoz Martínez.

2.5. Conclusión

48. Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que en el presente asunto no se configuró la mora judicial injustificada; en
tal sentido, negará la protección del derecho fundamental invocado.

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49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

3. FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Diana Carolina de las Mercedes
Muñoz Martínez, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal
Administrativo del Magdalena, Sala de Conjueces, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.

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