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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06693-00

Fecha
17 de enero de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06693-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niégase el amparo invocado por la parte demandante, frente al defecto orgánico invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, frente al defecto fáctico, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, frente al defecto procedimental, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06693-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

17 de enero de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06693-00
Demandante: ELKIN JAVIER GONZÁLEZ CUADROS
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO
DE ESTADO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
RETIRO DEL SERVICIO. LLAMAMIENTO A CALIFICAR
SERVICIOS. DESVIACIÓN DE PODER.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales con ocasión de las providencias declararon la legalidad del acto
administrativo de retiro del servicio, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, orgánico
y procedimental; sin embargo, la Sala negará el amparo invocado frente al defecto orgánico y
declarará su improcedencia por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional respecto
del defecto fáctico y por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente al procedimental.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por señor Elkin Javier
González Cuadros en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29, 13 y 229
de la Carta Política, presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias proferidas
el 22 de julio de 2022 y el 18 de julio de 2024 por dichas autoridades judiciales.

I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción1 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1 La demanda de la referencia fue presentada el 4 de diciembre de 2024.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06693-00
Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

1) El 19 de enero de 1996, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes “José María Córdoba”
para iniciar la carrera de oficial en el Ejército Nacional.

2) Culminada su formación, obtuvo el grado de subteniente y, posteriormente, se
desempeñó en los grados de subteniente (1 de diciembre de 1999), teniente (28 de
noviembre de 2003), capitán (30 de noviembre de 2007), mayor (28 de noviembre de 2012)
y teniente coronel (30 de noviembre de 2017).

3) Desempeñó cargos de confianza y dirección, entre ellos, los de comandante del Batallón
Oficial de Operaciones, miembro del Estado Mayor, ejecutivo y segundo comandante,
ayudante de comando, oficial de protocolo, jefe de contratos, jefe de presupuesto, oficial S4,
comandante de compañía y de pelotón, entre otros.

4) Por su labor recibió 15 condecoraciones militares nacionales y no fue objeto de sanciones
penales, disciplinarias o administrativas.

5) De acuerdo con el Oficio 2021312001278111 del 22 de junio de 2021 se indicó que,
durante toda su trayectoria militar, estuvo clasificado en lista 1 y 2 y solo en los periodos
2003 a 2004 y 2016 a 2017 fue clasificado en lista 3 porque, para ese momento, realizaba
el curso de Estado Mayor para ascenso de mayor a teniente coronel en la Escuela Superior
de Guerra.

6) El comandante del Ejército Nacional le informó que, de acuerdo con las necesidades del
servicio, había sido trasladado al BAS 02 Batallón ASPC 2 “Cacique Alonso Xeque” de
Barranquilla, cuyo cargo asumió a finales de enero de 2020.

7) Aseguró que desde que asumió el cargo de comandante se realizó una auditoría
financiera por parte de la Contraloría General de la República, en la cual se encontraron
varias irregularidades dentro de su unidad y que tuvo que informar a sus superiores,
además, ordenó a los subalternos revisar todas las dependencias.

8) Dicho proceder generó molestias y ocasionó que su unidad fuera la peor calificada -nivel
inferior-, en razón a 65 hallazgos de alcance disciplinario, administrativo y penal.

9) Sostuvo que, como consecuencia de los hallazgos encontrados, el 25 de noviembre de
2020 se dispuso su traslado a la Brigada de Apoyo Logístico no. 2 del Distrito Capital, en
condición de Oficial de Operaciones y, posteriormente, a través de Resolución no. 0571 de
24 de marzo de 2021, fue retirado de la actividad militar por llamamiento a calificar servicios.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06693-00
Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

10) Con ocasión de lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo
de retiro del servicio y, como consecuencia, se le reintegrara en el grado que ostentaba al
momento de su retiro y se le pagara la totalidad de los salarios dejados de percibir.

11) La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2,
mediante sentencia del 22 de julio de 2022, negó las pretensiones de la demanda, debido a
que el acto administrativo de retiro cumplió con todos los lineamientos fijados en el Decreto
1790 de 2000, modificado por la Ley 1104 de 2006, puesto que el demandante contaba con
el tiempo mínimo requerido para acceder a la asignación de retiro, el acto de retiro estuvo
precedido de un concepto previo realizado por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional para las Fuerzas Militares y no se demostró que la decisión de retirarlo ocurrió por
motivos discriminatorios o fraudulentos; además, condenó en costas a la parte actora.

12) La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó que el retiro no
tuvo como finalidad el mejoramiento del servicio oficial, sino que fue manejado de forma
contraria a los preceptos constitucionales y legales, en atención a que se utilizó como una
medida de retaliación y de abuso de poder, tal como fue demostrado, sin que ello fuera
valorado de manera integral por el a quo.

13) De igual manera, sostuvo que se probó que el retiro se efectuó sin que se le permitiera
ejercer su derecho de defensa y sin que se garantizara el debido proceso para defenderse
de los hallazgos que no le eran imputables, pues, asumió el cargo de comandante de
BASPC02 7 meses antes a la realización de la revista de inspección, tiempo durante el cual
detectó y reportó oportunamente las irregularidades a sus superiores.

14) En sentencia de 18 de julio de 20243, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado4 confirmó la decisión de primera instancia, en consideración a que no se
demostró que el retiro haya obedecido a razones distintas al mejoramiento del servicio y al
relevo de la estructura jerárquica de la institución castrense ni mucho menos que se tratara
de una medida de retaliación o de un abuso de poder.

2 Proceso con radicación no. 25000-23-42-000-2021-00808-00/01.

3 Decisión que fue notificada el 23 de agosto de 2024.

4 Decisión que fue suscrita por dos de los magistrados que integran la Sala: Juan Enrique Bedoya Escobar y

Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06693-00
Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

2. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia con ocasión de los fallos proferidos el 22 de julio de 2022 y el 18 de julio de 2024,
por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico, orgánico, procedimental y
desconocimiento del precedente judicial.

En cuanto al defecto orgánico, señaló que la Sala de Decisión solo se integró con dos de
los 3 magistrados que conforman la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, lo cual evitó enriquecer la discusión para obtener una decisión unánime.

Respecto del defecto procedimental, sostuvo que se valoraron los argumentos de un tercero
(Rosa Esperanza Pineda Cubides) que no hacía parte del proceso y a quien nunca le fue
reconocida personería jurídica para que actuara como apoderada del Ejército Nacional.

Después de la contestación de la demanda no se contó con un apoderado judicial que
representara los intereses de la autoridad demandada, pues, quien actuó presuntamente
con esa calidad nunca fue reconocida en el proceso.

Asimismo, frente al defecto fáctico, indicó que no se valoraron en su conjunto las pruebas
que demostraban la acción fraudulenta de la autoridad demandada y, además, se dejaron
de valorar algunos medios probatorios que reposaban en el proceso, entre ellos, los
hallazgos que se reportaron el 20 de febrero, el 6, 11, 15, 25, 26 de marzo, el 22 de junio,
el 23 de julio y el 28 de septiembre de 2020; la respuesta por parte del Ejército Nacional
frente a la incomodidad que generó esos hallazgos; la imputación de hallazgos en su contra;
la ausencia de firma del acta por los 56 miembros que integran la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares.

Las pruebas demostraban que la autoridad demandada actuó de manera fraudulenta como
retaliación frente a hallazgos evidenciados en su labor como miembro del Ejército Nacional.

Por último, afirmó que se desconoció la sentencia SU-237 de 2019, pues no se tuvo en
cuenta que en el presente asunto sí se demostró la actuación fraudulenta del Ejército
Nacional.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06693-00
Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de la siguiente
súplica:

“Solicito a la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO
DE ESTADO amparar mis derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dentro del radicado
25000-23-42-000-2021-00808-01 (5392-2022), por haberse configurado las
siguientes causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales:

✓ Defecto orgánico. Al no haberse integrado la Sala de decisión con 3
magistrados/consejeros.

✓ Defecto procedimental. Por valorar los argumentos de un tercero (Rosa
Esperanza Pineda Cubides), que no hace parte del proceso6. Adicionalmente, al
no existir apoderada judicial, no se aportó ni se solicitó el acta del Comité de
Conciliación, contrario a lo exigido en el capítulo III de la Ley 2220 de 2022.

✓ Defecto fáctico. Al no valorar en su conjunto las pruebas que demuestran la
acción fraudulenta de la entidad demandada (en sede contencioso administrativa)
y dejar de valorar algunas pruebas que reposan en los anexos de la demanda.
Entre estas, se relacionan las siguientes: (…)

Así, en vez de perseguirse el fin de relevar la línea jerárquica en aras de mejorar
la prestación del servicio, la decisión fue adoptada como acto de retaliación en mi
contra.

✓ Desconocimiento del precedente. No se tuvo en cuenta que se satisfizo la carga
de la prueba por la parte actora, sobre la acción fraudulenta de la entidad
demandada en sede contencioso administrativa (SU-237/19).

Como consecuencia de lo anterior, se debe DEJAR SIN EFECTOS las sentencias
proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E) y por la SALA DUAL, de la SUBSECCIÓN B, de la
SECCIÓN SEGUNDA, del CONSEJO DE ESTADO (SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, datadas 22 de julio de 2022 y 18 de julio de
2024, por medio de los cuales, respectivamente, se negaron las pretensiones de
la demanda y se confirmó la decisión a quo; ORDENANDO al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
E) que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la
providencia de tutela, proceda a proferir una sentencia en donde se valoren las
pruebas en su conjunto, incluyendo aquellas que reposan en los anexos y fueron
decretadas en la audiencia inicial, teniendo en cuenta la acción fraudulenta de la
entidad demandada (en sede contencioso administrativa) (…).”. (archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI-).

4. Actuación procesal

Mediante auto del 6 de diciembre de 2024 se admitió la demanda y se ordenó la notificación
al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección B de la Sección Segunda del

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06693-00
Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

Consejo de Estado y de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y al comandante del Ejército Nacional, con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
remitió la copia digitalizada del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; sin
embargo, no se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la demanda.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado puso de presente que para
la fecha en la en la que se profirió la decisión controvertida, la Sala de Decisión estaba
integrada por dos consejeros de Estado, en atención a que no se había elegido el reemplazo
del doctor César Palomino Cortés, quien era su titular.

Asimismo, en cuanto al defecto procedimental, sostuvo que no se encontraba configurado,
en atención a que la presunta irregularidad en la representación de la parte demandada
quedó subsanada, pues no se impugnó oportunamente a través de los mecanismos
previstos por la ley.

En lo relativo a los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, indicó que en
el fallo no se dejaron de valorar los elementos de juicio que expuso el peticionario.

El comandante del Ejército Nacional guardó silencio en esta oportunidad, a pesar de haber
sido notificado en debida forma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos

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Demandante: Elkin Javier González Cuadros
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constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se protejan
los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia presuntamente vulnerados con ocasión de los fallos proferidos el 22 de julio de 2022
y el 18 de julio de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico, orgánico,
procedimental y desconocimiento del precedente judicial.

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción de
tutela se alegaron los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, lo cierto
es que a partir de la lectura integral del escrito de amparo se advierte que esos reparos, en
realidad, tienen relación directa con la presunta indebida valoración de las pruebas que
daban cuenta de que el retiro del servicio no estuvo sustentado en mejorar el servicio, sino
que obedeció a una medida de retaliación y de abuso de poder; por consiguiente, se
procederá a realizar el análisis únicamente frente al primero de los defectos mencionados
pues los argumentos relacionados con el otro también constituyen un defecto fáctico, por lo
que se valorarán desde esa óptica.

De igual manera, seguidamente se realizará el estudio de los defectos orgánico y
procedimental.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo invocado
frente al defecto orgánico y declarará su improcedencia por el incumplimiento del requisito

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Acción de tutela

de relevancia constitucional respecto del defecto fáctico y por el incumplimiento del requisito
de subsidiariedad frente al defecto procedimental, por las razones que procederán a
exponerse:

2.1 Análisis del defecto orgánico en el caso concreto

En primer lugar, la Sala advierte que en cuanto a este cargo se cumplen los requisitos
genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) se
agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada;
ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue
promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada5; iii)
el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un
efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales
de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron; v) no se ataca una
sentencia de tutela y, finalmente; vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia
constitucional por cuanto se alegó una presunta indebida integración de la Sala de decisión
de la segunda instancia.

En consecuencia, procede el análisis de fondo del defecto orgánico invocado por la parte
demandante.

1) En el presente asunto el demandante indicó que la Sala de decisión solo se integró con
dos de los tres magistrados que conforman la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo cual evitó enriquecer la discusión para obtener una decisión unánime.

2) Sin embargo, esta Sala encuentra que, contrario a lo afirmado en la acción de tutela, no
se vulneraron los derechos fundamentales invocados, por cuanto, si bien la sentencia
proferida el 18 de julio de 2024 fue suscrita por dos de los magistrados que conforman la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la ausencia del tercer
integrante de la Sala de decisión no obedeció a una actuación ilegal ni mucho menos a una
omisión deliberada, sino al hecho de que el tercer magistrado que integraba esa Sala, esto
es, el ex consejero César Palomino culminó su periodo constitucional el 26 de junio del
2024, fecha a partir de la cual asumió el encargo el magistrado Juan Enrique Bedoya, con
lo cual queda más que demostrado que la providencia cuestionada estuvo debidamente

5 La notificación de la sentencia se surtió el 23 de agosto de 2024 y la tutela se presentó el 4 de diciembre del

mismo año.

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Demandante: Elkin Javier González Cuadros
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suscrita por los miembros que, en ese momento, conformaban el quorum decisorio6.

3) En esa medida, resulta claro que el fallo de segunda instancia fue discutido y aprobado
en sesión del 18 de julio de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la
Ley 270 de 19967, referido al quorum deliberatorio y decisorio, es decir, que acató el
procedimiento establecido para su validez, razón por la cual no son de recibo los
argumentos alegados por el actor y, en consecuencia, el cargo tampoco tiene vocación de
prosperidad.

4) En consecuencia, para esta Sala no hay lugar a declarar la presencia de un defecto
orgánico en la providencia atacada.

2.2 La falta de relevancia constitucional frente al defecto fáctico

1) La parte demandante indicó que se dejaron de valorar algunos medios probatorios que
reposaban en el proceso, entre ellos, los hallazgos que se reportaron el 20 de febrero, el 6,
11, 15, 25, 26 de marzo, el 22 de junio, el 23 de julio y el 28 de septiembre de 2020; la
respuesta por parte del Ejército Nacional frente a la incomodidad que generó esos hallazgos;
la imputación de hallazgos en su contra; la ausencia de firma del acta por los 56 miembros
que integran la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, los
cuales daban cuenta que el retiro del servicio se dio de manera fraudulenta como retaliación
frente a las irregularidades evidenciadas por el demandante como miembro del Ejército
Nacional.

2) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de
la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación
presentado en contra del fallo del 22 de julio de 2022, oportunidad en la cual la parte

6 La magistrada que integró la Sala en remplazo del consejero César Palomino fue la doctora Elizabeth Becerra

Cornejo, quien se posesionó el 7 de octubre de 2024.
7 “ARTICULO 54. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Todas las decisiones que las Corporaciones

judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y
decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección.

Es obligación de todos los Magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por
la Corporación en pleno y, en su caso, por la sala o la sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa
legal de impedimento aceptada por la Corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente
comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. La violación sin justa causa de
este deber es causal de mala conducta.
El reglamento interno de cada corporación señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y
sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos jurisdiccionales de su competencia.”.

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Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

demandante indicó, en los mismos términos que ahora pretende, que no se valoraron las
pruebas que demostraban que el retiro no tuvo como finalidad el mejoramiento del servicio
oficial sino que se dio de forma contraria a los preceptos constitucionales y legales, en
atención a que se utilizó como una medida de retaliación y de abuso de poder; además,
sostuvo que el Acta 01 del 20 de enero de 2021 carecía de validez porque no fue firmada
por todos los integrantes de la junta, lo cual constituyó una omisión grave porque era un
cuerpo colegiado que requería la votación por mayoría o unanimidad de sus integrantes
para efectos de recomendar el retiro -en los siguiente términos-:

“El motivo de inconformidad con el fallo de primera instancia radica en el hecho
de que el retiro del TC GONZÁLEZ CUADROS, por la causal de “llamamiento
a calificar servicios” no tiene como finalidad el mejoramiento del servicio
oficial, sino que esta causal de retiro fue manejada de forma contraria a los
preceptos constitucionales y legales, ya que se utilizó como una medida de
retaliación y de abuso de poder, aspectos que fueron demostrados en la
relación de los hechos y de las pruebas aportadas en la demanda y que no
fueron valoradas de manera integral por el fallador de primera instancia
cuando manifiesta que no existe nexo causal entre el retiro del TC GONZÁLEZ
CUADROS y la revista de inspección realizada en el mes de agosto de 2020.

Pues de conformidad con los siguientes hechos y pruebas se demuestra la
existencia del nexo causal entre el llamamiento a calificar servicios de mi
prohijado y la revista de inspección antes aludida, así:

(…).

En el fallo de primera instancia no se realizó una valoración integral de las
pruebas allegadas al proceso, pues si bien es cierto que la entidad demandada
goza de la facultad discrecional, esta potestad no la excluye del deber que tiene
de obrar con sujeción a la Constitución y a la ley.

Es por ello que la entidad demandada no puede incurrir en actos de abuso
de poder y arbitrariedad con los miembros que conforman las filas del
Ejército Nacional.

(…).

Durante el tiempo que el demandante estuvo como comandante del
BASPC02 detectó una serie de irregularidades que reportó de manera
oportuna a sus superiores, informándoles que se estaban presentado desde
el año 2016 y las causas de estas irregularidades.

(…).

De esta manera se evidencia que, SI existen pruebas dentro del presente
proceso que permite demostrar que mi prohijado fue víctima de abuso de
poder, persecución y arbitrariedad por parte de la entidad demandada, la que
abusando de su poder discrecional, utilizó la causal de retiro de “Llamamiento a
calificar servicios” como una herramienta sancionatoria procediendo a retirarlo del
servicio, incluso por circunstancias que se reitera no eran de su responsabilidad.

(…).

En cuanto a la ilegalidad del Acta No. 01 del 20 de enero de 2021 radica en:

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Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

Que se advierte que carece de validez, al no encontrarse firmada por todos
y cada uno de los integrantes relacionados en el encabezamiento del acta,
lo cual constituye una omisión grave considerando que al ser un cuerpo colegiado
donde se requiere la votación por mayoría o unanimidad de sus integrantes para
efectos de recomendar el retiro de un miembro de la Fuerza Pública, la firma de
los mencionados avala la decisión a tomar.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).

3) Tales planteamientos fueron abordados y resueltos en la providencia del 18 de julio de
2024 por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado cuando
confirmó la decisión de primera instancia en el sentido de declarar que las pruebas no
lograron demostrar que el retiro haya derivado de una persecución, retaliación o
discriminación del actor por el hallazgo de irregularidades en el batallón que comandaba y
tampoco que el fin se dirigiera a causas distintas a mejorar el servicio y relevar la estructura
jerárquica de la institución castrense, así:

“86. No desconoce la Sala que Elkin Javier González Cuadros fue trasladado al
Batallón de ASPC 2 «Cacique Alonso Xeque» el 16 de diciembre de 2019 y que
no era el responsable de aquellas irregularidades de vigencias anteriores; sin
embargo, de las pruebas no se extrae que se le hayan imputado, sino que las
órdenes impartidas se dirigieron a que, a pesar de tal circunstancia, se debían
solucionar y/o corregir, sin que, se insiste, de ello se desprenda persecución alguna
en su contra.

87. A la par, si bien es cierto que en el informe se recomendó a la Jefatura de
Estado Mayor Generador de Fuerza «trasladar Oficiales y Suboficiales del
arma de logística, teniendo en consideración que la TOE del Batallón de
ASCPC No. 02 se encuentra al 47% y su funcionabilidad se [encontraba]
limitada para el cumplimiento de la misión», no lo es menos que en esta no
se mencionó expresamente al actor y tampoco denota una retaliación en su
contra.

88. En lo que respecta a la violación del derecho al debido proceso, debe señalarse
que, en el retiro de Elkin Javier González Cuadros, la administración acudió
a la causal de llamamiento a calificar servicio, la cual prevé que los oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Militares podrán ser retirados después de haber
cumplido 15 años o más de servicio, tiempo con el cual le es posible hacerse
acreedor de la asignación de retiro, requisito que, para el caso, se encontraba
acreditado, en razón a que contaba con 23 años, 6 meses y 24 días de servicios
prestados al Ejército Nacional, es decir, superaba el tiempo establecido en la
norma para aplicar la aludida causal.

89. En ese orden, el retiro estuvo sujeto a la finalidad de la norma, esto es
permitir la evolución en la línea jerárquica institucional en aras de mejorar la
prestación del servicio. En otros términos, lo previsto en el artículo 103 del
Decreto 1790 de 2000 no establece un procedimiento para escuchar en descargos
u otro similar, previamente a proferir la decisión de retiro por la mencionada causal,
de manera que no se puede predicar la vulneración de sus derechos
fundamentales.

90. La Sala no desconoce los reconocimientos obtenidos en su carrera
militar, comoquiera que según su hoja de vida no le figuran sanciones y fue
objeto de múltiples condecoraciones y felicitaciones, así como de
anotaciones positivas por el ejercicio de la actividad militar y profesional.

(…).

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06693-00
Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

92. En esa medida, considera la Sala que no se demostró que el retiro hubiera
tenido razones distintas a mejorar el servicio y relevar la estructura
jerárquica de la institución castrense o, en términos del recurso, que fuera
una medida de retaliación y de abuso de poder.

93. Por las razones expuestas, no se encuentra desvirtuada la presunción de
legalidad de la Resolución 0571 del 24 de marzo de 2021, por la cual fue retirado
del servicio activo bajo la causal de llamamiento a calificar servicios; en
consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia.”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).

4) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los expuestos en el recurso
de apelación dirigidos de manera exclusiva a que se declarara que el retiro del servicio
obedeció a los hallazgos de las irregularidades que puso de presente cuando se desempeñó
como comandante del BASPC02 y no se motivó en el mejoramiento de la prestación del
servicio; además, que el acta que recomendó su retiro se debía invalidar en atención a que
no fue firmada por la totalidad de los miembros de la junta del Ministerio de Defensa de las
Fuerzas Militares.

5) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación y resueltos en el fallo del 18 de julio de 2024 y se dirigieron de manera exclusiva
a que se declarara que se encontraba debidamente acreditado que el retiro del servicio
obedeció a una actuación fraudulenta del Ejército Nacional en respuesta a los hallazgos que
el demandante evidenció en su labor como Oficial del Ejército y no al mejoramiento del
servicio.

6) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en la
providencia objeto de tutela, concluyó que había lugar a confirmar la decisión de primera
instancia, pues, de las pruebas allegadas al proceso, no se acreditó que el retiro hubiera
estado motivado en razones distintas al mejoramiento del servicio y relevar la estructura
jerárquica de la institución castrense, o que fue una medida de retaliación y de abuso de
poder.

7) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia no
reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre
materias que desbordan su competencia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06693-00
Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

8) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a este defecto.

2.3 La falta de subsidiariedad frente al defecto procedimental

a. Caracterización del requisito de subsidiariedad

1) La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del texto
del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

2) En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3) La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja el
uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o
instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

4) En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.

5) Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad, así:

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06693-00
Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias
no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado,
procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio.

6) En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo para evitar
la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un amparo transitorio
para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

b. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

1) El demandante indicó que se valoraron los argumentos de un tercero (Rosa Esperanza
Pineda Cubides) que no hacía parte del proceso y a quien nunca le fue reconocida
personería jurídica para que actuara como apoderada del Ejército Nacional.

2) Afirmó que después de la contestación de la demanda no se contó con un apoderado
judicial que representara los intereses de la autoridad demandada, pues quien actuó
presuntamente con esa calidad nunca fue reconocida en el proceso.

3) No obstante, revisada la solicitud de tutela objeto de examen la Sala advierte que la
misma es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de derechos
fundamentales como el debido proceso y acceso a la administración de justicia, el
demandante no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance y tampoco
demostró la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la imperiosa necesidad de
que el juez constitucional intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y
suficientes en aras de evitar su inminente materialización o mitigarlo.

7) En efecto, de las pruebas allegadas al expediente, la Sala observa que como el
demandante no propuso de manera oportuna la nulidad contemplada en el numeral 4 del
artículo 133 del Código General del proceso8, para alegar la presunta indebida

8 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06693-00
Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

representación de una de las partes, se entiende que la misma fue saneada en los términos
del artículo 136 ibidem.

8) Por consiguiente, resulta claro que como la parte actora no cuestionó en las
oportunidades pertinentes la presunta indebida representación de la parte demandada,
debe declararse improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

9) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues, a
partir del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.

10) Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria nos llevaría
a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las competencias
ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de
derechos fundamentales.

11) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.

12) En consecuencia, la Sala negará el amparo invocado frente al defecto orgánico y
declarará su improcedencia por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
respecto del defecto fáctico y por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente al
defecto procedimental, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

(…).

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06693-00
Demandante: Elkin Javier González Cuadros
Acción de tutela

FALLA:

1º) Niégase el amparo invocado por la parte demandante, frente al defecto orgánico
invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, frente al defecto fáctico, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, frente al defecto procedimental, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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