Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06697-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06697-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06697-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
6 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06697-00
Demandante: José Antonio García Amado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-00
Demandante: JOSÉ ANTONIO GARCÍA AMADO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Tema: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por José Antonio García Amado contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 4 de diciembre de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, José
Antonio García Amado pidió la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al
debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad y a la familia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 31
de julio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que confirmó la decisión de denegar pretensiones en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25307-33-33-001-2016-00059-
00/01.
2. Pretensiones
El tutelante formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se TUTELEN los Derechos Fundamentales del DERECHO DE PETICION, EN CONEXIDAD
CON, Trabajo, Debido Proceso, Mínimo Vital en conexidad al Derecho a la Vida Digna, a la Igualdad, la
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Demandante: José Antonio García Amado
familia y conexos en protección a los hijos menores de edad del accionante, en base a su Derecho al
Reintegro Laboral., A JOSE ANTONIO GARCIA AMADO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 88.237.295 de Cúcuta.
2. Se declaren nulos y deje SIN EFECTOS JURÍDICOS POR SU FALSA MOTIVACIÓN o por vicio de
interpretación jurídica constitucional, o por ser violatorias de Derechos Fundamentales, Resolución No.
2281 del 02 de octubre de 2015 POR EJÉRCITO NACIONAL, Mayor General ALBERTO JOSÉ MEJÍA
FERRERO, por ser violatoria a los derechos fundamentales que se tomó en pretérita oportunidad sin
tener como fundamento los principios.
3. constitucionales y legales, no coincidiendo la autonomía institucional y las decisiones erróneas de
interpretación por parte de la judicatura que ha conocido sobre el presente asunto, Presunción de
inocencia y el previo prejuzgamiento del juez de primera y segunda instancia en materia administrativa.
4. Se declare Nula, y deje SIN EFECTO JURÍDICO POR VIOLACIÓN FLAGRANTE DEL DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, la Resolución No. 2281 del 02 de octubre de 2015 POR
PARTE DEL EJÉRCITO NACIONAL, Mayor General ALBERTO JOSÉ MEJÍA FERRERO,
5. De la misma forma se ordene emitir acto administrativo donde se motive el Reintegro Laboral al cargo,
el grado de Sargento Segundo, vinculación que se debe realizar de manera inmediata al presente por
parte del POR PARTE DEL EJÉRCITO NACIONAL, Mayor General ALBERTO JOSÉ MEJÍA
FERRERO, o quien haga sus veces.
6. En igual sentido se ordene mediante acto administrativo al pago de los salarios congelados o dejados
de percibir por la DESVINCULACION del cargo, a partir del 02 de octubre de 2015, cuyos pagos son:
prestaciones sociales, primas, bonificaciones, bonificaciones especiales y todos los pagos que cubran
la Rama Judicial, acorde con la nivelación salarial pactada por el estado homologados al cargo, hasta
la fecha actual; de no ser positiva tal postura se haga el reintegro de manera inmediata comunicando al
pagador RECURSOS HUMANOS EJERCITO NACIONAL. A JOSE ANTONIO GARCIA AMADO,
identificado con la cédula de ciudadanía número 88.237.295 de Cúcuta.
Sírvase señor juez constitucional o Magistrados, decretar la Medida Provisional solicitada, en pro de del
restablecimiento del derecho al Reintegro Laboral, por la vía constitucional y legal, toda vez que llevo
desde el 02 de octubre de 2015, fecha en la cual me impusieron la medida quedando en la libertad
definitiva, el 19 de julio de 2016, con boleta de libertad No. 014 se le concedió la libertad por vencimiento
de términos, intentando vincularme nuevamente al cargo y se me ha negado dicha talanquera e
imposibilidad por parte del EJERCITO NACIONAL; Sufriendo el perjuicio de manutención propia y el de
mi familia, EN CONEXIDAD CON OTROS DERECHOS LEGALES QUE ME ASISTEN.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Manifestó el demandante que el 1 de septiembre de 2001 ingresó al Ejército Nacional.
Que escaló en la institución hasta el grado de sargento segundo, sin tener llamados de
atención.
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Demandante: José Antonio García Amado
El 28 de abril de 2015, el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de
Garantías, en el proceso con radicado 11001-60-00-000-2014-00413-00, dictó orden de
captura en su contra, al estar involucrado en una investigación por los delitos de
fabricación, tráfico, porte de armas y municiones de uso privativo de la fuerza armadas
agravado, por financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas.
El 1 de mayo de 2015, el Juzgado 31 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento carcelario.
Que el 30 de julio de 2015, fue notificado, en el centro de reclusión, del auto del 9 de junio
de 2015, proferido por el Ejército Nacional, que daba inicio a una indagación preliminar
en su contra.
Que el 5 de octubre de 2015, le fue notificada la Resolución 2281 del 2 de octubre de
2015, proferida por el Ejército Nacional, por medio de la cual se ordenó su retiro del
servicio activo de las Fuerzas Militares y con pase a la reserva, con fundamento en el
artículo 104 del Decreto Ley 1790 de 20001, que contempla la causal discrecional de
retiro temporal del servicio y debido a la perdida de la confianza, en razón a la orden de
captura y posterior medida de aseguramiento que se dictó en su contra
Que el 10 de octubre de 2015, solicitó al comandante del Ejército Nacional que restituyera
su vinculación como miembro activo de esa institución y el 3 de noviembre de 2015 fue
denegada su solicitud, con base en que el retiro había obedecido a la perdida de la
confianza.
Por estos hechos, el demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Ejército Nacional, para que se declarara la nulidad de la Resolución
2281 del 2 de octubre de 2015.
La demanda se adelantó bajo el radicado 25307-33-33-001-2016-00059-00 y
correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Girardot que, por sentencia del 20 de
abril de 2023, denegó las pretensiones, al estimar que la resolución demandada fue
proporcional y racional, debido a que se profirió en razón a una situación particular del
demandante, que desdibujaba la confianza que había sido depositada en él por sus
superiores.
1 Artículo 104. Retiro Discrecional. Por razones del servicio y en forma discrecional, se podrá disponer el retiro de los
oficiales y suboficiales, con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación del Comité de Evaluación para el
efecto, el cual estará conformado por el Segundo Comandante de Fuerza, el Inspector General, el Jefe de Personal de
la respectiva Fuerza, y el Comandante de la unidad operativa a la cual pertenezca. Cuando se trate de oficiales se
requiere previo concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares. El acto
administrativo de retiro se regirá por lo dispuesto en el artículo 99 de este Decreto
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Demandante: José Antonio García Amado
Inconforme, el demandante apeló y argumentó que hubo indebida valoración probatoria,
porque en el proceso penal no se dictó sentencia en su contra y que la causal invocada
por el Ejército Nacional se utilizó de forma desproporcionada.
Por sentencia del 31 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, confirmó la decisión apelada, básicamente por las
mismas consideraciones.
4. Fundamentos de la acción
La Sala debe precisar que, si bien en las pretensiones el demandante no señaló de forma
explícita que cuestiona providencias judiciales, lo cierto es que esa situación se infiere de
lo expuesto en su escrito de tutela.
Ahora bien, de manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de
amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora trascribió parte de las sentencias de primera
y segunda instancia dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25307-33-33-001-2016-00059-00/01.
Señaló que la Fiscalía General de la Nación inaplicó lo dispuesto en los artículos 7 y 8
del Código de Procedimiento Penal, relacionados con la presunción de inocencia y el
derecho de defensa.
Que el Ejército Nacional al proferir la Resolución 2281 del 2 de octubre de 2015, tampoco
tuvo en cuenta su presunción de inocencia, debido a que el hecho de haber estado
involucrado en un proceso penal no implicaba que hubiera certeza de la comisión de los
delitos por los que se le investigaba.
Que el tribunal demandado no realizó un test de igualdad y razonabilidad sobre la
Resolución 2281 del 2 de octubre de 2015 y la protección de su derecho al trabajo, que,
además, no tuvo en consideración que había sido <<víctima de atropellos por la misma
FISCALIA>> que no garantizó su presunción de inocencia.
Que la decisión cuestionada desconoció los principios de estabilidad laboral reforzada y
debilidad manifiesta, de acuerdo con la sentencia T-041 de 2014 dictada por la Corte
Constitucional.
Que las decisiones proferidas en el proceso ordinario consideraron de manera errónea
que, por estar vinculado a un proceso penal, la causal de retiro del servicio estaba
debidamente fundamentada, con lo que incurrieron en un prejuzgamiento, debido a que,
a su juicio, no había certeza de la comisión de los delitos por los que estaba siendo
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investigado, porque no se había proferido sentencia definitiva.
Finalmente, trascribió apartados de las sentencias T-234 de 2005, T-1173 de 2008 y T-
303 de 2018 dictadas por la Corte Constitucional, así como los artículos del 1 al 10 de la
Constitución Policita.
5. Trámite procesal
Por auto del 6 de diciembre de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y al juez
primero administrativo de Girardot, y ordenó vincular como tercero con interés al ministro
de defensa y al comandante del Ejército Nacional.
En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó la notificación correspondiente por correos electrónicos enviados el 11 de
diciembre de 2024.
6. Intervención
El Juzgado Primero Administrativo de Girardot pidió que se declarara improcedente
la acción de tutela, al considerar que la parte actora la utiliza para reabrir un debate que
ya fue resuelto en el proceso ordinario.
Manifestó que las decisiones de primera y segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25307-33-33-001-2016-00059-00/01 indicaron
de manera clara los argumentos fácticos y jurídicos de esas decisiones y que el
demandante pretende emplear la acción constitucional como una tercera instancia del
proceso ordinario.
La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, ponente de la decisión cuestionada, sostuvo que en la sentencia del 31
de julio de 2024 se puede verificar que no existe vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora y que se somete al juicio de valoración que se estime
necesaria.
El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional no se pronunciaron pese a que, como
se vio, fueron debidamente notificados.
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si la tutela presentada por José Antonio García Amado
para dejar sin efectos la sentencia del 31 de julio de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que denegó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25307-33-33-001-2016-00059-00/01.
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora la utiliza para insistir en que se debió declarar
la nulidad de la Resolución 2281 del 2 de octubre de 2015, expedida por el Ejército
Nacional.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iv)
analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir
directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la
amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela la parte actora
señala que se debió declarar la nulidad de la Resolución 2281 del 2 de octubre de 2015,
expedida por el Ejército Nacional, que ordenó su retiro del servicio activo de las Fuerzas
Militares.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 20 de abril de 2023, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Girardot, se lee
lo siguiente:
(…) en el Archivo 33 del Expediente Digital – Folio 176 a 186 obra respuesta a solicitud de copias Oficio
05/02/2018 por medio del cual la Asistente Fiscal II allega el Acta de las Audiencias de Legalización en
(9) folios, de las cuales se relatan los hechos y argumentos que tuvo el Juzgado 34 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías para imponer la medida de aseguramiento.
Del folio 180 se extrae:
(…)
Del folio 184 se extrae:
(…)
Por lo tanto, el Juez de Primera Instancia pudo saber a través de esta documental que mi procurado
estaba siendo investigado por presuntamente pertenecer a un grupo de personas que se dedicaba a la
venta de armas y municiones a la guerrilla, situación dada a conocer por el señor Albeiro Ávila Serna,
quien posteriormente aclara que el documento aportado como testimonio de él, fue cambiado, alterado
y que él desconocía tal documento y que no conoce al señor JOSÉ ANTONIO GARCÍA AMADO y
también argumenta el señor Ávila Serna que fue constreñido varias veces para declarar en contra del
señor JOSÉ ANTONIO GARCÍA AMADO, situación que fue puesta de presente en la audiencia de
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pruebas celebrada el 29 de noviembre de 2018 Archivo 045 del Expediente Digital.
Ahora bien, es menester informar al Ad quem que, el escrito de acusación aportado inicialmente por el
despacho y obrante en el Archivo 44 del Expediente Digital, sufrió adiciones, aclaraciones y
correcciones (…)
Ahora bien, de acuerdo con las pruebas allegas al expediente, sigue siendo desproporcionado el retiro
discrecional de mi representado, pues el mismo se da en octubre de 2015, la decisión de archivo en el
proceso disciplinario en 2017 y dentro del proceso penal no se ha proferido sentencia, lo que se traduce
en una desigualdad entre el Funcionario y el Estado, pues sin tener decisiones de fondo emitidas por el
Juez Natural se puede terminar con la carrera de un profesional intachable aduciendo pérdida de
confianza.
Por su parte, en la acción de tutela, la parte actora dice:
En este punto es preponderante tener en cuenta que el eje central de la discusión, sobre las decisiones
judiciales por las entidades TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C” En providencia segunda instancia, que tuvo la confirmación el día
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024), siendo Magistrada Ponente: Dra.
AMPARO OVIEDO PINTO, y el juez de primera instancia JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO, JUDICIAL DE GIRARDOT, con providencia calendada el veinte (20) de abril de dos mil
veintitrés (2023), no realizo un test de igualdad, de razonabilidad, frente a otras instituciones protección
al trabajo, y lo más importante el derecho a la certeza de que esta persona fue víctima de atropellos por
la misma FISCALIA, cuando debe pregonarse lo contemplado en el artículo 7 del C.P. P. se resalta
orden constitucional.
(…)
Se tiene H. juez constitucional, en primer orden se tiene que las consideraciones del AQUO, Y
ADQUEM, replica que, por estar en curso en un proceso penal, las misma considera que el acto
administrativo de resolución está ajustada a derecho por la legalidad, confianza y de la institución militar,
(…)
Argumentos que no se compadecen de manera autónoma y tajante al retiro del servicio por está
realizando tanto primera como segunda instancia un prejuzgamiento anticipado al curso del presente
proceso penal, sin embargo, la autonomía de retiro y justificación obedece a la institución, pero lo cierto
es que esas consideraciones no pueden ser fuente de hipótesis para el retiro del presente cargo, como
quiera que no va compasado con las legalidades establecidas en la constitución y la ley.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en providencia del 31 de julio de 2024,
en la que consideró:
Sin dificultad, de la lectura del acta en mención se establece que, la sugerencia o recomendación de
retiro se sustenta en la pérdida de confianza en el uniformado debido a su vinculación en un proceso
penal por delitos relacionados con tráfico de armas de fuego, causa dentro de la cual le fue librada orden
de captura, por lo que permaneció recluido en la cárcel la Picota de Bogotá, hasta el día 19 de julio de
2016, fecha en la que se expidió boleta de libertad por vencimiento de términos, hechos que para el
Comité tienen impacto en el servicio y la imagen de la entidad.
En el acta No. 697 del 16 de septiembre de 2015, se analiza detalladamente la situación del actor
partiendo de unos antecedentes ciertos, esto es, la legalización de captura del Suboficial por orden del
Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, según orden de
detención No. 396, referencia: C.U.I. 11001600000020140041300 NI 218008 del 01 de mayo de 2015,
donde se resolvió imponerle medida de aseguramiento con detención preventiva por los delitos de
tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas y
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explosivos agravado en concurso heterogéneo con peculado por apropiación. En esa oportunidad el Comité de Evaluación señaló que la conducta por la que se investiga al
demandante afectó de manera grave el buen nombre de la institución y puso en tela de juicio la ética y
el ejercicio de las funciones. Esto bajo la comprensión razonada de que existe una mayor exigencia
para el personal militar, que al momento de ingresar a la institución jura cumplir con ética y honor sus
funciones. Y el encartado, después de esta valoración, no asegura esos fines constitucionales e
institucionales. En conclusión, consideró el nominador, que el comportamiento del demandante trajo como
consecuencia la pérdida de confianza de sus superiores, puso en tela de juicio su trayectoria militar y
perdió credibilidad para el ejercicio de futuros cargos y misiones que se le encomendarán. En ese orden, para el Tribunal, es diáfano el análisis hecho en sede administrativa, proporcional y
razonable que el Comité de Evaluación haya concluido que los hechos tipificados en la legislación penal
en los que presuntamente incurrió el actor y que originaron la orden de captura, causaron una afectación
real al servicio prestado por la institución, que sin duda, disminuyen la confianza que la comunidad
deposita en los uniformados y en el Ejército. A todas luces, el comportamiento endilgado al Suboficial desborda los postulados éticos y morales de
la institución castrense y afecta gravemente la imagen institucional, y aunque para la fecha el proceso
penal no hubiere culminado, lo cierto es que, como bien lo señaló el Comité de Evaluación en el acta
correspondiente, la investigación adelantada en contra del demandante afectó el servicio, su carrera
militar y llevó a la pérdida de credibilidad y confianza de sus superiores, compañeros y subalternos,
circunstancias frente a la cual, no puede apartarse la vista y permitir que un servidor en esas condiciones
continúe encargado de la protección y la defensa de la comunidad, cuando se encuentra en tela de
juicio el cumplimiento leal de sus deberes. Son razonables los argumentos del Comité y suficientes para emitir la recomendación de retiro del
servicio, partiendo de la confianza que debe tener el nominador en su personal para la adecuada
prestación del servicio que busca eficacia y eficiencia por parte de los integrantes del Ejército Nacional. Por su parte el nominador tomó la recomendación del Comité, y bajo su atribución constitucional y legal,
decidió el retiro, con suficiente motivación, clara y cierta. Luego entonces, no resulta desproporcionado
e irracional el retiro. Se efectuó un examen de sus antecedentes, que quedó consignado en el acta,
razones ciertas y objetivas, lo que no denota un procedimiento arbitrario, sino de una decisión
fundamentada en razones de buen servicio, de interés general, finalidad que persigue la institución que
fue válidamente motivado, sin contrariar lo dispuesto en la ley. Ahora bien, alega la parte actora que el acto de retiro deviene ilegal, toda vez que, en su sentir, el hecho
de encontrarse en curso una investigación penal dentro de la cual se ordenó su privación de la libertad,
significa que no existe certeza sobre la comisión del delito y por ende, el retiro originado en esa causa
implica una violación a la presunción de inocencia y una sanción anticipada al servidor. Sobre el particular para el Tribunal, tal como lo analizó el Comité Evaluador, la investigación penal
adelantada contra el actor y su posterior detención, empañan su trayectoria institucional e influyen
negativamente en el grado máximo de confianza que la institución exige al personal a su servicio. No
responde a la exigencia de un comportamiento intachable que amerite su continuidad en las filas del
Ejército Nacional.
Lejos de hacer señalamientos o acusaciones que impliquen un prejuzgamiento o la aplicación de una
sanción de destitución, el análisis que hace el Comité de Evaluación en torno a la investigación penal
en contra del actor, resulta obligatoria por ser una situación fáctica que hace parte de los antecedentes
del Suboficial. Además, está visto que su análisis partió de la gravedad de la conducta imputada, lo que
llevó a la pérdida de confianza en el uniformado, motivo más que suficiente para disponer su retiro de
la institución militar. La existencia de una orden judicial de privación de la libertad o de una investigación penal, no impide a
la institución hacer uso de la figura discrecional legal para el retiro del personal uniformado al interior de
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las escalas jerarquizadas del Ejército Nacional, ni comporta una usurpación a las funciones de la Rama
Judicial porque el Comité de Evaluación no emitió un juicio de valor sobre ellos sino que analizó su
incidencia en la pérdida de confianza en el uniformado tanto de sus superiores, compañeros como
subalternos lo que le impide el cabal cumplimiento de la misión que se le otorga como funcionario del
Estado.
(…)
En suma, se observa que la entidad atendió la normatividad contentiva de la causal de retiro
discrecional, que exige como requisito previo el concepto emitido por el Comité de Evaluación. Además,
el acto administrativo acusado, contiene una justificación clara y real consistente en la pérdida de
confianza y credibilidad en el ejercicio de sus funciones que descarta la falsa motivación alegada,
determinado por la autoridad competente al interior del Ejército Nacional. Por lo expuesto no prosperan
los cargos de nulidad alegados.
En el curso del proceso la apoderada del actor ha insistido en la existencia de pruebas que determinan
la inocencia del actor dentro de la causa penal adelantada en su contra, circunstancia que en su sentir
tiene incidencia en la decisión del retiro; sobre esta alegación el Tribunal responde que la decisión de
retiro discrecional es una decisión administrativa independiente y autónoma que se funda en las razones
del servicio e interés general, que se presumen en el acto, mientras no se haya desvirtuado tal
presunción. Es distinta y ajena al resultado eventual del juicio penal, que tiene un fin distinto como en
efecto es la investigación del delito, y es allí donde el encartado tiene la oportunidad de ejercer su
defensa haciendo valer los medios de prueba que le favorezcan, de manera también es independiente
a la decisión administrativa, que tiene un fin distinto. Por lo tanto, no se impone a esta jurisdicción la
obligación de revisar medios de prueba que se practiquen en el proceso penal.
Como se ve, la discusión que propone el demandante ya fue resuelta por el tribunal
demandado que explicó que no era dable declarar la nulidad de la Resolución 2281 del 2
de octubre de 2015, porque la decisión de retirar del servicio activo al demandante había
sido una decisión proporcional y racional, fundamentada en la pérdida de confianza y
credibilidad en el ejercicio de sus funciones.
En el escenario que propone los demandantes, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si
era dable o no declarar la nulidad de la Resolución 2281 del 2 de octubre de 2015. La
acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
Ahora, con relación a las sentencias T-041 de 2014, T-234 de 2005, T-1173 de 2008 y T-
303 de 2018 dictadas por la Corte Constitucional, la Sala no advierte un desconocimiento
del precedente, debido a que se trata de supuestos facticos distintos a los estudiados en
esta acción de tutela.
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Demandante: José Antonio García Amado
En primer lugar, la sentencia T-041 de 2014 estudió el caso de varias personas a la que
se les dio por terminada su relación laboral si tener en cuenta que padecía diversas
enfermedades y afectaciones a su salud, por lo que concedió el amparo, de manera
transitoria, de sus derechos a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital.
En segundo lugar, en la sentencia T-234 de 2005 se decidió el caso de varias personas
a las que se les había dado por terminado unilateralmente sus contratos de trabajo, sin
justa causa, sin tener en cuenta que gozaban de fuero sindical.
En tercer lugar, en la sentencia T-1173 de 2008 la Corte Constitucional resolvió una
acción de tutela interpuesta por un uniformado del Ejército Nacional que fue retirado
discrecionalmente del servicio, en aplicación del artículo 104 del Decreto 1790 de 2000,
pero con vulneración al debido proceso, debido a que la decisión fue expedida sin
motivación.
Finalmente, en la sentencia T-303 de 2018 se estudió una acción de tutela interpuesta
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura contra las sentencias de primera y segunda instancia que habían ordenado el
reintegro de un funcionario, al considerar que estaba amparado por el fuero sindical, pese
a que esa situación no había sido informada a su empleador, en esa ocasión la Corte
Constitucional dejó sin efectos las decisiones cuestionadas porque no era oponible el
fuero sindical al empleador, debido a que no le había sido notificado que su empleado
contaba con la garantía de fuero sindical en los términos del artículo 363 del CST.
Como se vio, las sentencias antes mencionadas están relacionadas con supuestos de
hecho y de derecho distintos a los estudiados en la presente acción de tutela.
Por último, la Sala debe señalar que no emitirá ningún pronunciamiento sobre las
pretensiones relacionadas con el acto de retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares
del señor García Amado, puesto que, como se vio, su legalidad ya fue estudiada por el
juez natural en el proceso ordinario.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
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Demandante: José Antonio García Amado
2. Comuníquese la presente providencia al Consejo de Estado, Sección Primera.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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