RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06697-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06697-01

Fecha
25 de abril de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06697-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 6 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró improcedente la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. 23 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009. 24 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018. 13 Sentencia de segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01 Accionante: José Antonio García Amado Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06697-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

25 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y Juzgado Primero Administrativo de Girardot
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 6
de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 4 de diciembre de 20241 José Antonio García Amado, a nombre propio, interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
trabajo, al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad, los que
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 31
de julio de 2024, y por el Juzgado Primero Administrativo de Girardot al proferir la
providencia del 20 de abril de 2023 que negó las pretensiones de la demanda en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
25307-33-33-001-2016-00059-00/01.

2. Hechos

2.1. El señor José Antonio García Amado prestó sus servicios en el Ejército Nacional
por 15 años, 9 meses y 23 días.3

2.2. Mediante Resolución 2281 del 2 de octubre de 2015 el comandante del Ejército
Nacional retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares en forma temporal y con

1
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 0A13E3ECE5C7DE28 9B57D5E809C31481
9BC2A8F16282DD0A 52FB5271A6432780.
2
Índice 2 del expediente de primera instancia, certificado E01AEBCE61705A5F 15E3FFF8EB06F560 67182EA849D31435
09D83F824DF814E6.
3
Archivo denominado “021. Escrito respuesta oficio912”, visible a índice 9 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera
instancia, certificado F6E555C35A97D247 E121466650B70CAF 0E4EB85AD18C2ACF 7E39B45EE3441C53.

2

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

pase a la reserva por retiro discrecional al señor García Amado, en su condición de
sargento segundo, orgánico del Batallón de Mantenimiento en Apoyo Directo.

2.3. Posteriormente, el señor José Antonio García Amado interpuso demanda4
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional en orden a que se
declarara la nulidad de la Resolución 2281 del 2 de octubre de 2015. A título de
restablecimiento del derecho solicitó, entre otras cosas, ordenar a la referida entidad
a. reintegralo al Ejército Nacional en el grado que para ese momento debería
ocupar; y b. pagar todos los emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su
desvinculación y hasta que se produzca su reintegro.

2.4. Por medio del oficio RUO-9262 del 1.° de agosto de 2017 el Consejo Superior
de la Judicatura certificó que dentro del proceso CUI11001+00000201500574 –
NI242151, procesado: José Antonio García Amado, delito: fabricación, tráfico y
porte de armas de fuego, el procesado fue capturado el 29 de abril de 2015 y
recluido en el Centro Carcelario y Penitenciario la Picota; y que el 19 de julio de
2016, con boleta de libertad No. 014 se le concedió la libertad por vencimiento de
términos.5

2.5. El 20 de abril de 20236 el Juzgado Primero Administrativo de Girardot emitió
sentencia de primera instancia en el sentido de negar las pretensiones de la
demanda.

2.6. Como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el hoy accionante,
el 31 de julio de 20247 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C confirmó la providencia censurada.

2.6.1. Para ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C valoró el material probatorio allegado al expediente y concluyó que el
acta 697 del 16 de septiembre de 2015, emitida por el Comité de Evaluación del
Ejército Nacional, contenía un análisis detallado de la situación del actor, esto es, la
legalización de su captura por orden del Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal

4
Archivo denominado “002.Demanda poder anexos”, carpeta “002. Demanda poder anexos”, visible a índice 9 de SAMAI del
expediente de tutela digital de primera instancia, certificado B8B5168D4960C9E2 AE57BA5215581AF9 4C83D4CDA7051F21
EBA861A93B1CBDC3.
5
Archivo denominado “018. Escrito respuesta usuarios”, visible a índice 9 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera
instancia, certificado F6E555C35A97D247 E121466650B70CAF 0E4EB85AD18C2ACF 7E39B45EE3441C53.
6
Archivo denominado “054. Sentencia”, certificado F6E555C35A97D247 E121466650B70CAF 0E4EB85AD18C2ACF
7E39B45EE3441C53, ibid.
7
Archivo denominado “62. Sentencia_2016 […]”, visible a índice 8, certificado 2345F5EE83EC5FEA 3C1E0C3C2A699B67
A797C47765C2B30B 6AA0148BA2E6ED58, ibid.

3

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

con Funciones de Control de Garantías, por los delitos de tráfico y porte de armas,
municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos
agravado en concurso heterogéneo con peculado por apropiación.

Asimismo, advirtió que el nominador consideró que el comportamiento del entonces
demandante implicó la pérdida de confianza de sus superiores, puso en tela de juicio
su trayectoria militar e hizo que se perdiera credibilidad respecto al actor para el
ejercicio de futuros cargos y misiones que se le encomendaran, razón por la cual la
decisión de retiro fue clara, cierta y con suficiente motivación. En consecuencia,
aquella decisión no requería de la apertura de un proceso disciplinario previo, pues
era una actuación administrativa autónoma.

Lo anterior, aunado al hecho de que a pesar de que el entonces demandante no
registrara sanción disciplinaria durante su desempeño, no significaba que no
pudiera ser retirado de forma discrecional. Por lo tanto, señaló que los cargos de
nulidad alegados no tenían vocación de prosperidad.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no realizó un test de igualdad ni de
razonabilidad con ocasión de la expedición de la Resolución 2281 del 2 de octubre
de 2015, y además desconoció que fue “víctima de atropellos por la misma
FISCALIA”, en tanto no se garantizó su presunción de inocencia.

3.2. La Resolución 2281 del 2 de octubre de 2015 ocasionó al accionante un
perjuicio irremediable, porque adolece de falsa motivación y errada interpretación
normativa.

3.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó erróneamente que el acto
administrativo que ordenó el retiro del servicio del señor García Amado estaba
ajustado a derecho, comoquiera que fundamentó su dicho en la existencia del
proceso penal adelantado en su contra. Con ello, incurrió en prejuzgamiento, debido
a que, a su juicio, no había certeza de la comisión de los delitos por los que fue
investigado, porque no se había proferido sentencia definitiva.

4

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

3.4. La parte accionante transcribió apartes de las sentencias T-234 de 2005, T-
1173 de 2008 y T-303 de 2018 dictadas por la Corte Constitucional, así como los
artículos del 1 al 10 de la Constitución Política.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. Que se TUTELEN los Derechos Fundamentales del DERECHO DE PETICIÓN, EN
CONEXIDAD CON, Trabajo, Debido Proceso, Mínimo Vital en conexidad al Derecho a
la Vida Digna, a la Igualdad, la familia y conexos en protección a los hijos menores de
edad del accionante, en base a su Derecho al Reintegro Laboral., A JOSE ANTONIO
GARCIA AMADO, identificado con la cédula de ciudadanía número 88.237.295 de
Cúcuta.

2. Se declaren nulos y deje SIN EFECTOS JURÍDICOS POR SU FALSA MOTIVACIÓN
o por vicio de interpretación jurídica constitucional, o por ser violatorias de Derechos
Fundamentales, Resolución No. 2281 del 02 de octubre de 2015 POR EJÉRCITO
NACIONAL, Mayor General ALBERTO JOSÉ MEJÍA FERRERO, por ser violatoria a los
derechos fundamentales que se tomó en pretérita oportunidad sin tener como
fundamento los principios constitucionales y legales, no coincidiendo la autonomía
institucional y las decisiones erróneas de interpretación por parte de la judicatura que ha
conocido sobre el presente asunto,. Presunción de inocencia y el previo prejuzgamiento
del juez de primera y segunda instancia en materia administrativa.

4. (sic) Se declare Nula, y deje SIN EFECTO JURÍDICO POR VIOLACIÓN FLAGRANTE
DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, la Resolución No. 2281 del
02 de octubre de 2015 POR PARTE DEL EJÉRCITO NACIONAL, Mayor General
ALBERTO JOSÉ MEJÍA FERRERO

5. De la misma forma se ordene emitir acto administrativo donde se motive el Reintegro
Laboral al cargo, el grado de Sargento Segundo, vinculación que se debe realizar de
manera inmediata al presente por parte del POR PARTE DEL EJÉRCITO NACIONAL,
Mayor General ALBERTO JOSÉ MEJÍA FERRERO, o quien haga sus veces.

6. En igual sentido se ordene mediante acto administrativo al pago de los salarios
congelados o dejados de percibir por la DESVINCULACION del cargo, a partir del 02 de
octubre de 2015, cuyos pagos son: prestaciones sociales, primas, bonificaciones,
bonificaciones especiales y todos los pagos que cubran la Rama Judicial, acorde con la
nivelación salarial pactada por el estado homologados al cargo, hasta la fecha actual; de
no ser positiva tal postura se haga el reintegro de manera inmediata comunicando al
pagador RECURSOS HUMANOS EJERCITO NACIONAL. A JOSE ANTONIO GARCIA
AMADO, identificado con la cédula de ciudadanía número 88.237.295 de Cúcuta.

Sírvase señor juez constitucional o Magistrados, decretar la Medida Provisional
solicitada, en pro de del restablecimiento del derecho al Reintegro Laboral, por la vía
constitucional y legal, toda vez que llevo desde el 02 de octubre de 2015, fecha en la
cual me impusieron la medida quedando en la libertad definitiva, el 19 de julio de 2016,
con boleta de libertad No. 014 se le concedió la libertad por vencimiento de términos,
intentando vincularme nuevamente al cargo y se me ha negado dicha talanquera e
imposibilidad por parte del EJERCITO NACIONAL;

5

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

Sufriendo el perjuicio de manutención propia y el de mi familia, EN CONEXIDAD CON
OTROS DERECHOS LEGALES QUE ME ASISTEN.”8 (Subrayado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 6 de diciembre de 20249 se admitió la acción de tutela, se
vinculó a la Nación, Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional y se negó la medida
provisional. También se dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. El Juzgado Primero Administrativo de Girardot10 rindió informe, para lo cual
señaló que la acción de tutela es improcedente porque el accionante pretende
utilizarla como una instancia adicional al proceso ordinario, con el fin de revivir el
debate probatorio y los términos ya surtidos, aunado al hecho de que no cumple con
el requisito de relevancia constitucional.

Finalmente, señaló que las decisiones reprochadas no desconocen el ordenamiento
jurídico, pues efectuaron un análisis detallado y cuidadoso del material probatorio
obrante en el expediente.

5.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C11
aseveró que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales del
accionante, porque la decisión fue tomada bajo el análisis fáctico y jurídico
correspondiente.

5.4. El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional no se pronunciaron.12

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 6 de febrero de 202513 el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró
improdecente la acción de tutela.

8
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado E01AEBCE61705A5F 15E3FFF8EB06F560
67182EA849D31435 09D83F824DF814E6, folios 44 y 45.
9
Índice 4 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 5E533E829DC86D8A
92F624CB89B33E18 3BB551E31ED07E16 17ECCD7502A668E8.
10
Índice 9 de SAMAI, certificado 233F631FF0FD21B7 97EA601BDAA68D73 640BBA7A47A95EC1 7061E8E5267025DC,
ibid.
11
Archivo denominado “2024-06697-00 contestación tutela” visible a índice 8 de SAMAI, certificado 2345F5EE83EC5FEA
3C1E0C3C2A699B67 A797C47765C2B30B 6AA0148BA2E6ED58, ibid.
12
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Ministerio de Defensa y el Ejército
Nacional hubieran rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida obrante a índice 7 de SAMAI, ibid.
13
Índice 12 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 1014B11AAAB3E1A1 7FDD56CE34F95213
7C6D66EC8412F3F9 59174F575D143BA1.

6

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

El a quo constitucional concluyó que los argumentos expuestos en la acción de
tutela coincidían con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues solicitó la nulidad de la Resolución 2281 de 2015 expedida por el
Ejército Nacional.

Afirmó que dicha discusión ya fue resuelta por el tribunal demandado al explicar que
no era dable declarar la nulidad de la Resolución 2281 de 2015, porque la decisión
de retirar del servicio activo al demandante fue proporcional y racional,
fundamentada en la pérdida de confianza y credibilidad en el ejercicio de sus
funciones.

Finalmente, respecto a las sentencias T-041 de 2014, T-234 de 2005, T-1173 de
2008 y T-303 de 2018 dictadas por la Corte Constitucional, el a quo constitucional,
luego de analizar cada una de ellas, no advirtió la configuración de un
desconocimiento del precedente, debido a que se trataba de supuestos facticos
distintos a los estudiados en el sub lite.

7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación14,
en el que reprodujo, en gran parte, los motivos expuestos en la acción de tutela. En
ese orden, argumentó lo siguiente:

7.1. La decisión reprochada no analizó a. que no existieron elementos probatorios
para proferir la decisión de su retiro del servicio; b. la configuración del perjuicio
irremediable; y c. el prejuzgamiento de una persona cuando no ha sido condenada.

7.2. Criterios como la confianza y la credibilidad no son suficientes para avalar
decisiones administrativas que vulneran el derecho al debido proceso, comoquiera
que, por un lado, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo
en cuenta que no se había proferido sentencia definitiva en el proceso penal
adelantado contra el hoy accionante y, por el otro, no existió proceso disciplinario
en su contra.

14
Índices 18 y 19 de SAMAI, certificados E4BF0FF007A59CBB CDF50CAAC07072B3 81F9EFFD984FA0D3
6EF3B10B9E1133FD, 28A347227455162F 4B12681729AF4611 E0CADA8F638B9696 BC83D8A9A2F15139,
respectivamente, ibid.

7

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

7.3. El principio pro homine es un principio del derecho internacional de los derechos
humanos que exige una interpretación amplia y extensiva de los derechos, y
reducida y taxativa de las restricciones a aquellos.

7.4. En consecuencia, el accionante solicita ordenar a. “rehacer” la actuación
administrativa adelantada por el Ejército Nacional, en la que no se emitan juicios de
valor sin antes haberse expedido la decisión definitiva en el proceso penal; y b.
dejar sin efectos las decisiones emitidas en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho y la sentencia de primera instancia emitida por el a
quo constitucional.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 26 de febrero de 202515 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 6 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta.

2. Cuestión previa

A pesar de que el tutelante atacó las providencias de primera instancia del 20 de
abril de 2023 y la del 31 de julio de 2024 que la confirmó, la Sala analizará
únicamente la segunda en mención, puesto que se observa que esta fue la que
concluyó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
25307-33-33-001-2016-00059-00/01.

15
Índice 21 de SAMAI del expediente de primera instancia.

8

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

3. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad16 y de procedencia17 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.18

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber19: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

16
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

9

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202220, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

5.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

En el caso concreto, el accionante cuestiona, en esencia, que la decisión emitida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó erróneamente que el acto
administrativo que ordenó el retiro estaba ajustado a derecho, comoquiera que
fundamentó su dicho en la existencia del proceso penal adelantado en contra del
actor. Con ello, incurrió en prejuzgamiento, debido a que, a su juicio, no había
certeza de la comisión de los delitos por los que estaba siendo investigado, porque
no se había proferido sentencia definitiva.

Asimismo, advierte que la Resolución 2281 del 2 de octubre de 2015 le ocasionó un
perjuicio irremediable, porque adolece de falsa motivación y errada interpretación
normativa. Por su parte, en su concepto, criterios como la confianza y la credibilidad
no son suficientes para avalar decisiones administrativas que vulneran el derecho
al debido proceso, porque por un lado, la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no tuvo en cuenta que no se había proferido sentencia definitiva en
el proceso penal adelantado contra el hoy accionante y, por el otro, no existió
proceso disciplinario en su contra.

5.3. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 31 de julio
de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, se observa el siguiente análisis textual:

“[…] Recientemente el H. Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre el particular
en sentencia del 7 de abril de 2022, en esa oportunidad reiteró que los actos de retiro
por voluntad del Gobierno o de la Dirección General son discrecionales y por ende, no
requieren motivación expresa. Sin embargo, teniendo en cuenta que están precedidos

20
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

10

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

de la recomendación proferida por junta competente, que fundamenta la desvinculación,
y que, la administración se halla en una posición privilegiada frente al servidor, debe
darse a conocer al policial el sustento de dicha recomendación, en aras de salvaguardar
los principios de transparencia de la gestión pública y los derechos fundamentales al
debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Esto no significa que el retiro por voluntad del Gobierno o discrecional deba estar
precedido de un procedimiento administrativo en el que se le permita al servidor
controvertir las pruebas que sustentan la recomendación de la junta, basta con que los
fundamentos de la recomendación estén señalados de manera expresa, para que
puedan ponerse en conocimiento del interesado y así, garantizar que tenga acceso a las
razones objetivas y a los hechos ciertos que dieron origen a la decisión de retiro.

Aun así, dijo el alto tribunal que el solo hecho de que la recomendación de retiro no esté
expresamente sustentada o no se permita al interesado conocer los fundamentos, no
vicia per se la legalidad del acto de retiro. […]

[…] En el acta No. 697 del 16 de septiembre de 2015, se analiza detalladamente la
situación del actor partiendo de unos antecedentes ciertos, esto es, la legalización de
captura del Suboficial por orden del Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías, según orden de detención No. 396, referencia: C.U.I.
11001600000020140041300 NI 218008 del 01 de mayo de 2015, donde se resolvió
imponerle medida de aseguramiento con detención preventiva por los delitos de tráfico
y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas
y explosivos agravado en concurso heterogéneo con peculado por apropiación.

[…] En conclusión, consideró el nominador, que el comportamiento del demandante,
trajo como consecuencia la pérdida de confianza de sus superiores, puso en tela de
juicio su trayectoria militar y perdió credibilidad para el ejercicio de futuros cargos y
misiones que se le encomendarán.

[…] Por su parte el nominador tomó la recomendación del Comité, y bajo su atribución
constitucional y legal, decidió el retiro, con suficiente motivación, clara y cierta. Luego
entonces, no resulta desproporcionado e irracional el retiro. […]

[…] Ahora bien, alega la parte actora que el acto de retiro deviene ilegal, toda vez que,
en su sentir, el hecho de encontrarse en curso una investigación penal dentro de la cual
se ordenó su privación de la libertad, significa que no existe certeza sobre la comisión
del delito y por ende, el retiro originado en esa causa implica una violación a la
presunción de inocencia y una sanción anticipada al servidor.

[…] Lejos de hacer señalamientos o acusaciones que impliquen un prejuzgamiento o la
aplicación de una sanción de destitución, el análisis que hace el Comité de Evaluación
en torno a la investigación penal en contra del actor, resulta obligatoria por ser una
situación fáctica que hace parte de los antecedentes del Suboficial. Además, está visto
que su análisis partió de la gravedad de la conducta imputada, lo que llevó a la pérdida
de confianza en el uniformado, motivo más que suficiente para disponer su retiro de la
institución militar.

La existencia de una orden judicial de privación de la libertad o de una investigación
penal, no impide a la institución hacer uso de la figura discrecional legal para el retiro del
personal uniformado al interior de las escalas jerarquizadas del Ejército Nacional, ni
comporta una usurpación a las funciones de la Rama Judicial porque el Comité de
Evaluación no emitió un juicio de valor sobre ellos sino que analizó su incidencia en la
pérdida de confianza en el uniformado tanto de sus superiores, compañeros como
subalternos lo que le impide el cabal cumplimiento de la misión que se le otorga como
funcionario del Estado.

Sea del caso aclarar que las investigaciones disciplinarias son actuaciones
administrativas independientes de la actuación que concluye con el retiro; y, la

11

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

investigación penal tiene a su turno, fines y propósitos distintos como es el castigo del
delito. Las tres actuaciones tendientes a determinar sus específicas responsabilidades
penal, disciplinaria y situación administrativa de retiro, tienen fines y propósitos distintos.
[…]

[…] En el curso del proceso la apoderada del actor ha insistido en la existencia de
pruebas que determinan la inocencia del actor dentro de la causa penal adelantada en
su contra, circunstancia que en su sentir tiene incidencia en la decisión del retiro; sobre
esta alegación el Tribunal responde que la decisión de retiro discrecional es una decisión
administrativa independiente y autónoma que se funda en las razones del servicio e
interés general, que se presumen en el acto, mientras no se haya desvirtuado tal
presunción. Es distinta y ajena al resultado eventual del juicio penal, que tiene un fin
distinto como en efecto es la investigación del delito, y es allí donde el encartado tiene
la oportunidad de ejercer su defensa haciendo valer los medios de prueba que le
favorezcan, de manera también es independiente a la decisión administrativa, que tiene
un fin distinto. Por lo tanto, no se impone a esta jurisdicción la obligación de revisar
medios de prueba que se practiquen en el proceso penal.”21

5.4. Se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca explicó, con base
en las pruebas allegadas al expediente y en la jurisprudencia aplicable al caso
concreto, que a. el acta 697 del 16 de septiembre de 2015, emitida por el Comité de
Evaluación del Ejército Nacional, contenía un análisis detallado de la situación del
señor García Amado; b. la decisión de retiro del servicio no contenía un
prejuzgamiento, porque el Comité de Evaluación debía hacer un análisis de la
situación fáctica del entonces demandante, lo cual implicó estudiar la investigación
penal adelantada en su contra con el fin de determinar su incidencia de cara a la
pérdida de confianza en él tanto de sus superiores como de sus compañeros y
subalternos; y c. lo resuelto en la Resolución 2281 del 2 de octubre de 2015 fue
claro, cierto, con suficiente motivación, independiente y autónomo al proceso penal
y fundamentado en razones del servicio e interés general, razón por la cual no
existía la obligación de revisar los medios de prueba que se practicaran en aquel
proceso.

Así las cosas, para esta Subsección es claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se vio, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que
tuvo lugar en el proceso de nulidad y restablecimiento con el fin de que prevalezca
su interpretación sobre la acogida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C en el proceso 25307-33-33-001-2016-00059-
00/01; máxime cuando la Sala, luego de revisar el recurso de apelación22
presentado, observa que se formularon similares motivos de reproche contra la

21
Archivo denominado “62. Sentencia_2016 […]”, visible a índice 8 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
2345F5EE83EC5FEA 3C1E0C3C2A699B67 A797C47765C2B30B 6AA0148BA2E6ED58, folios 12, 14 al 16 y 18.
22
Archivo denominado “056 recurso de apelación demandante”, visible a índice 9 de SAMAI del expediente de primera
instancia, certificado F6E555C35A97D247 E121466650B70CAF 0E4EB85AD18C2ACF 7E39B45EE3441C53.

12

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

providencia de primera instancia emitida el 20 de abril de 2023, tal como lo advirtió
también el a quo constitucional.

Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada23; lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario24.

5.5. Finalmente, el accionante aduce que el a quo constitucional no analizó la
configuración de un perjuicio irremediable con ocasión a la expedición de la
Resolución 2281 del 2 de octubre de 2015, porque, en su concepto, se afectó su
núcleo familiar, económico y afectivo. Al respecto, la Sala advierte que no presenta
argumentos específicos tendientes a demostrar en qué medida se configura el
presunto perjuicio irremediable alegado, pues la parte actora insiste en reprochar la
legalidad de aquel acto, situación que fue agotada, como se explicó, en el proceso
ordinario.

6. Con fundamento en las razones expuestas, se confirmará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 6 de febrero de 2025 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró improcedente la acción, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

23
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
24
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

13

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06697-01
Accionante: José Antonio García Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.