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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06700-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06700-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y UNIÓN Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06700-00 Actor: ERIC LONDOÑO ARIAS TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06700-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06700-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ERIC LONDOÑO ARIAS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA
PARTICULAR EMITIDA EN EL TRÁMITE DE UN CONCURSO DE
MÉRITOS, EN LA CUAL SE EMITIÓ EL PUNTAJE OBTENIDO EN EL
CURSO-CONCURSO. NO SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UN
PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL
MÍNIMO VITAL, AL TRABAJO Y AL ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y
CARGOS PÚBLICOS Y AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE

COLOMBIA1, la SOCIEDAD E-DISTRIBUTION S.A.S.2, el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA3 - UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL - ESCUELA

JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA.

1
En adelante la UNIVERSIDAD.
2
En adelante la SOCIEDAD.
3
En adelante el CONSEJO SUPERIOR.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06700-00
Actor: ERIC LONDOÑO ARIAS

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor ERIC LONDOÑO ARIAS, actuando en nombre propio, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, al

trabajo y al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y al

principio de confianza legítima, el cual, a su juicio, le fueron

vulnerados por la UNIVERSIDAD, la SOCIEDAD, el CONSEJO

SUPERIOR - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL - ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA al

expedir esta última autoridad las resoluciones núms. EJR24-298 de

21 de junio4 y EJR24-8435 de 1o. de noviembre de 20246, dentro del

concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria núm.

27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

4
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”. Corregida a su vez mediante la Resolución núm. EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
5
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24- 298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024”.
6
Si bien el actor no hizo referencia directa a los actos administrativos demandados el Despacho aclara
que se refirió siempre a la Resolución que le resolvió el recurso de reposición y en ese sentido se
entiende como demandadas las citadas resoluciones.

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3

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Actor: ERIC LONDOÑO ARIAS

I.2. Hechos

Refirió que se inscribió como aspirante para proveer cargos de

carrera en la Rama Judicial dentro de la Convocatoria núm. 27

adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de

16 de agosto de 20187, emitido por el CONSEJO SUPERIOR.

Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución

núm. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, la ESCUELA JUDICIAL

RODRIGO LARA BONILLA publicó los resultados de la subfase

general del IX Curso de Formación Judicial inicial, en el que obtuvo

un puntaje no aprobatorio.

Sostuvo que interpuso recurso de reposición contra la referida

decisión, el cual fue desatado a través de la Resolución núm. EJR24-

843 de 1o. de noviembre de 20248, de manera desfavorable a sus

intereses, pues se le otorgó un puntaje no aprobatorio de 789.

7
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
8
Cfr. visible en el índice núm. 2, la cual fue allegada con la demanda.

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Adujo que el referido Curso de Formación desconoció el Acuerdo

Pedagógico9 por medio del cual se adoptó el mismo y cambió de

manera abrupta su metodología, pues exigió: “[…] la memorización

fotográfica de miles de páginas de textos que nos enviaron en línea, y todo

esto hizo que este curso de formación sea totalmente eliminatorio,

contrario a los anteriores cursos en que nadie los perdió (solo quienes

faltaron a él) y viola el derecho a la igualdad porque todos quienes ya

hicieron los cursos anteriores están en listas de elegibles a pesar de la

diferencia entre estos cursos y el actual, y no critico que los que ya lo

hicieron tengan este derecho, sino que la metodología del actual curso

debió ser igual al de los anteriores […]”.

Señaló que la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA, al

resolver su recurso de reposición, señaló que contestó de manera

correcta las preguntas 41 del Programa de Ética, Independencia y

Autonomía Judicial; 54 y 78 del Programa de Derechos Humanos y

Género; y 72 del Programa de Filosofía del Derecho - Interpretación

Constitucional, por lo cual, pese a que se sumaron los puntos

respectivos, no fue así frente a la pregunta 72 del Programa de

Filosofía del Derecho - Interpretación Constitucional, por lo que su

puntaje debía ser 790.25 y no 789, como lo concluyó la Resolución

9
Acuerdo núm. PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, “Por el cual se adopta el Acuerdo
Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”.

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finalmente.

Advirtió que en cuanto a las preguntas 8, 11,y 35 del Programa de

Justicia Transicional y Justicia Restaurativa; 78 del Programa de

Argumentación Judicial - Valoración Probatoria; 43, 61, 63 y 77 del

Programa de Derechos Humanos y Género; 4, 10, 18, y 41 del

Programa de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones; y 69, 72, 76 y 83 del Programa de Filosofía del

Derecho - Interpretación Constitucional, pese a que, a su juicio, las

contestó de forma correcta y su puntaje debía ser tenido en cuenta

para obtener el puntaje aprobatorio de 800 y así continuar a la

subfase especializada del referido Concurso, la ESCUELA JUDICIAL

RODRIGO LARA BONILLA consideró que las mismas fueron

erradas.

I.3. Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRETENSIONES:

1ª. Ruego al señor Juez Constitucional que con su experiencia y
conocimiento y ante todo considerando la misión, visión y las funciones
de los Jueces y Magistrados analice las preguntas y respuestas que he
planteado y sustentado y con base en ello tutele mis derechos
fundamentales invocados y tal como lo solicité punto por punto,

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declare que mis respuestas están correctas y en consecuencia ordene
a los accionados sumar a mi puntaje global el puntaje atribuido por el
evaluador a cada una de dichas respuestas correctas, y además el
1.25 de la pregunta 72 del módulo de filosofía del derecho-
interpretación constitucional control de lectura, que aunque aceptan
su error al resolver el recurso no me sumaron el valor correspondiente
a mi puntaje global. Esta petición porque si el Juez ordena a los
accionados que revisen mis respuestas y me vuelvan a calificar, desde
su posición de dominantes van a ratificarse en su calificación, pues no
tienen disposición a reconocer los errores cometidos en este concurso,
tal como se observa con todas las falencias presentadas desde el año
2.018.

2ª. Ordenar a los accionados que repongan mi calificación global
sumándole los 47,92 puntos o al menos 12 puntos de algunas de las
preguntas con respuestas válidas y no aceptadas por los accionados
(las que el Honorable Juez Constitucional considere) y se me incorpore
a la fase III Etapa de selección IX curso de formación Judicial Inicial,
unidad 1 y 2 proceso formativo sub fase especializada.

3ª. Ante la posición de dominantes de los accionados frente a los
discentes y porque se trata de la vulneración de derechos
fundamentales, no garantizables en este momento por otra vía ya que
la etapa especializada del curso de” formación” empezó el 16 de
noviembre y por lo mismo me encuentro ante un perjuicio irremediable
que solo es posible hacer cesar por este medio constitucional - debe
el amparo ser inmediato por el avance del curso de formación- pues
como ya lo dije la única vía de que dispongo para reclamar la garantía
de mis derechos constitucionales es la acción de tutela. Sin embargo,
solicito al señor Juez Constitucional que, si su concepto difiere del mío,
por favor me conceda la tutela de mis derechos fundamentales
invocados y los demás que encuentre vulnerados de manera transitoria
a efectos de no ser víctima de un perjuicio irremediable, mientras
puedo acudir y se decide por otra acción judicial […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA solicitó

declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia por

falta del requisito general de subsidiariedad, toda vez que no se

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acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, como tampoco

existe vulneración alguna al derecho fundamental invocado.

Sostuvo que el accionante cuenta con un mecanismo idóneo y

efectivo para proteger sus derechos fundamentales como es el medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la

posibilidad de solicitar al juez ordinario la adopción de medidas

cautelares.

Mencionó que lo que pretende el actor con la presente acción

constitucional es utilizarla como un nuevo recurso para controvertir

la Resolución núm. EJR24-843 de 2024, la cual le resolvió los motivos

de inconformidad frente al contenido del cuestionario aplicado en la

Subfase General del IX Curso de Formación Judicial, en el cual le

explicó el contexto de las preguntas, los elementos psicométricos, la

coherencia y cohesión de las mismas, entre otros, concluyendo con

la retroalimentación de cada opción de respuesta.

Afirmó que no le vulneró ningún derecho fundamental al actor, pues

actuó conforme a derecho resolviendo su recurso de reposición, de

conformidad con la ley frente al puntaje obtenido y los reparos contra

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el mencionado Curso de Formación, por lo que no se configura el

prejuicio irremediable alegado.

Sostuvo que actuó conforme al debido proceso, teniendo en cuenta

los acuerdos núms. PCSJA18-11077 de 2018 y PCSJA19-11400 de

19 de septiembre de 201910, que soportaron los actos

administrativos acusados y resolviendo el recurso interpuesto por el

actor dentro de la actuación administrativa.

Puso de presente que: “[…] respecto de las preguntas 8, 11 y 35 del

programa de Justicia Transicional y Justicia Restaurativa, 78 de

Argumentación Judicial y Valoración Probatoria, 43, 61 y 77 del programa

de Derechos Humanos y Género; 4, 10, 18 y 41 del programa de Gestión

Judicial y TIC, 69, 76 y 83 del programa de Filosofía del Derecho e

Interpretación Constitucional, la Escuela Judicial advierte que el accionante

se limita a reiterar los argumentos expuestos en el recurso en sede

administrativa, lo que denota que la presunta vulneración alegada no

desborda las competencias del juez administrativo y, en consecuencia, no

amerita la intervención del juez de tutela […]”.

10
“Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial
para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
Promoción 2020-2021”.

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Destacó que, contrario a lo señalado por el actor, la Resolución núm.

EJR24-843 de 2024, sí le sumó el puntaje de 1.25 obtenido en la

pregunta 72 del Programa de Filosofía del Derecho - Interpretación

Constitucional.

I.4.2.- La UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019,

conformada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia y la Sociedad E-Distribution S.A.S, sostuvo que carece

de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no ha vulnerado

derecho fundamental alguno al actor, máxime cuando no es la

competente para expedir un acto administrativo y reconocer las

pretensiones de la demanda, de tal forma que la ESCUELA

JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA es la única entidad facultada

para tramitar y resolver las inconformidades expuestas en la solicitud

de amparo, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.

I.4.3.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL solicitó su desvinculación del presente trámite

constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva o, en

su defecto, denegar el amparo deprecado, en la medida en que no

ha vulnerado derecho fundamental alguno en tanto no ha intervenido

en el desarrollo del Curso de Formación Judicial ni tiene injerencia

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alguna con la aplicación del instrumento evaluativo a cargo de la

ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA.

I.4.4.- La UNIVERSIDAD refirió que la acción de tutela es

improcedente ante la carencia actual de objeto y por no cumplir con

el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que se está ante

un caso concreto en el que no existe un hecho vulnerador que

demuestre la conculcación de los derechos fundamentales invocados,

aunado a que los hechos que fundamentan la solicitud de amparo

dan cuenta de que ha actuado de conformidad a su competencia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

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Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN

JUDICIAL 2019 y la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL solicitaron su desvinculación en la presente

acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida,

entre otros, contra la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL, la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA y la SOCIEDAD E-DISTRIBUTION

S.A.S, estas dos últimas que conforman la UNIÓN TEMPORAL DE

FORMACIÓN JUDICIAL 2019, su vinculación se dio como parte

accionada, razón por la que la Sala denegará sus solicitudes de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 199111. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,

a la igualdad, al mínimo vital, al trabajo y al acceso al desempeño de

funciones y cargos públicos y al principio de confianza legítima, los

cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por las autoridades

accionadas, al expedir las resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de

11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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junio12 y EJR24-84313 de 1o. de noviembre de 202414, dentro del

concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria núm.

27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

A través de las referidas decisiones la ESCUELA JUDICIAL

RODRIGO LARA BONILLA publicó los resultados de la subfase

general del IX Curso de Formación Judicial Inicial en el cual el actor

obtuvo un puntaje no aprobatorio de 777,92 y se resolvió el

recurso de reposición contra dicha decisión, en el cual le fue otorgado

un puntaje no aprobatorio de 789.

El actor pretende que a través de la presente acción de tutela se

resuelva sobre la legalidad de las resoluciones aludidas, comoquiera

que, a su juicio, el IX Curso de Formación Judicial Inicial se apartó

del Acuerdo Pedagógico núm. PCSJA19-11400 de 2019, cambiando

la metodología de este y, asimismo, advirtió su inconformidad frente

al contenido del cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación,

respecto de las preguntas 8, 11,y 35 del Programa de Justicia

12
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”. Corregida a su vez mediante la Resolución núm. EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
13
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24- 298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024”.
14
Si bien el actor no hizo referencia directa a los actos administrativos demandados el Despacho aclara
que se refirió siempre a la Resolución que le resolvió el recurso de reposición y en ese sentido se
entiende como demandadas las citadas resoluciones.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06700-00
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Transicional y Justicia Restaurativa; 78 del Programa de

Argumentación Judicial - Valoración Probatoria; 43, 61, 63 y 77 del

Programa de Derechos Humanos y Género; 4, 10, 18, y 41 del

Programa de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones y 69, 72, 76 y 83 del Programa de Filosofía del

Derecho - Interpretación Constitucional y en especial la pregunta 72

del Programa de Filosofía del Derecho - Interpretación Constitucional,

la cual contestó de forma correcta y, a su juicio, se le debía sumar el

puntaje de 1.25 a su resultado final por parte de la ESCUELA

JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en

especial, el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si

las autoridades accionadas vulneraron los derechos deprecados por

al actor, al expedir las resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de

junio15 y EJR24-84316 de 1o. de noviembre de 2024, dentro del

15
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”. Corregida a su vez mediante la Resolución núm. EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
“Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
16
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24- 298 del 21 de
junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024”.

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concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria núm.

27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»17 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción

de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia

SU 067 de 24 de febrero de 2022 aludida, la Corte Constitucional

precisó lo siguiente:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para

17 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.

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reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las
cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran
la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas
cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión»[55],
demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos
mecanismos de protección, ante los efectos adversos de
los actos administrativos»[56].

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que

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permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»18.

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso

18
Sentencia T-049 de 2019.

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administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»19.

100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación, se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.

[…]

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»20. A continuación, se procede a analizar la
procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.

19
En ambos casos, la Corte revisó dos acciones de tutela de personas que habían sido excluidas de
sendos concursos de méritos como consecuencia de razones que comprometían sus derechos
fundamentales: en un caso, la exclusión se basó en el hecho de que el concursante tenía un tatuaje en
su cuerpo; mientras que en el otro la determinación se basó en la estatura del aspirante. En opinión de
la Corte, tales controversias excedían el ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues planteaban un estricto problema de constitucionalidad, y no de legalidad. Por tal
motivo, estimó procedente la solicitud de amparo.
20
Sentencia SU-077 de 2018.

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110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.

111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «define
una situación especial y sustancial que se proyecta en la decisión
final»21. Si bien el acto administrativo que da a conocer los
resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un acto
de trámite, es evidente que contiene una decisión de indiscutible
relevancia para el desarrollo de la convocatoria. Antes de
ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra oportuno hacer
hincapié en la naturaleza jurídica de la Resolución CJR20-0202
como acto administrativo de trámite: la manifestación de
voluntad del Consejo Superior de la Judicatura que se encuentra
contenida en la resolución no trae como consecuencia la
finalización o la obstaculización del avance de la actuación
administrativa que se encuentra en curso. Por el contrario,
aquella pretende enmendar las irregularidades que se han
presentado en la estructuración y evaluación de la prueba de
conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.

Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela

es improcedente para reclamar la protección de derechos

fundamentales cuando la vulneración se endilga respecto de un acto

administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que

21
Idem.

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22

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permita demandar la protección de la garantía fundamental

infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable

o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el

marco de competencias del juez administrativo.

Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción

de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos

fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos

en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación

administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que

el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se

proyecte en la decisión final y que ocasione la vulneración o amenaza

real de las garantías deprecadas.

En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa

oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que

la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de

un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,

pero que, en todo caso, sí definía una situación especial y sustancial

que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución CJR20-

0202 a través de la cual la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL

corrigió varias de las actuaciones que había desarrollado hasta ese

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momento en el marco de la Convocatoria núm. 27 desde la citación

a las pruebas de aptitudes y conocimientos, para ajustar todo el

trámite a derecho y continuarlo en debida forma.

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por la existencia de otro

medio de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades

planteadas en este trámite constitucional recaen en las resoluciones

núms. EJR24-298 de 21 de junio y EJR24-843 de 1o. de noviembre

de 2024, cuya legalidad puede ser discutida a través del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Cabe precisar que la Resolución núm. EJR24-298 de 21 de junio de

2024 publicó los puntajes obtenidos por los concursantes en la

evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial

Inicial y la Resolución núm. EJR24-843 de 1o. de noviembre de 2024

estudió el recurso de reposición interpuesto por el actor en el cual se

analizaron los motivos de inconformidad específicos frente al

contenido del cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación

sobre las preguntas 1, 2, 8, 11, 15, 24, 26, 28, 34, 36, 39 y 41 del

Programa de Habilidades Humanas; 43, 44, 46, 55, 57, 61, 62, 64,

76, y 79 del Programa de Interpretación Judicial – Estructura de la

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Sentencia; 2, 8, 11, 15, 16, 27, 35, 36 y 40 del Programa de Justicia

Transicional y Justicia Restaurativa; 45, 46, 48, 60, 78 y 83 del

Programa de Argumentación Judicial - Valoración Probatoria; 4, 9,

10, 18 y 40 del Programa de Ética, Independencia y Autonomía

Judicial; 43, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 70, 72, 77, 81 y

82 del Programa de Derechos Humanos y Género; 4, 5, 10, 14, 16,

18, 28, 31, 40, 41 y 42 del Programa de Gestión Judicial y

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 49, 54, 55, 56,

62, 66, 68, 69, 74, 75, 76, 83 y 84 del Programa de Filosofía del

Derecho - Interpretación Constitucional.

De igual forma, respecto de la pregunta 72 del Programa de Filosofía

del Derecho - Interpretación Constitucional, la Sala observa que sí

tuvo en cuenta el puntaje de 1.25, tal y como se observa en el folio

núm. 193 de la Resolución núm. EJR24-843 de 2024.

Así las cosas, se destaca que para controvertir la calificación de la

evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial

Inicial y el contenido de las preguntas antes mencionadas, el actor

cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, mecanismo de defensa judicial idóneo para el asunto y en

el cual puede solicitar las medidas cautelares dispuestas en el CPACA,

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las cuales “permitirán prevenir la consumación de un daño definitivo

mientras se surte la causa judicial”, tal como lo previó la Corte

Constitucional en la sentencia SU-067 de 2002.

Igualmente, en lo que concierne a la improcedencia de la acción de

tutela para discutir decisiones administrativas particulares emitidas

en concursos de méritos, en especial, el acto administrativo que

excluye del proceso de selección, esta Sala en sentencia de 14 de

octubre de 202122, señaló:

“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad

20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.

21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.

22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-
15-000-2021-06518-00(AC).

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concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.

23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».

24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)

25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.

26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.

27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte

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actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.

Cabe precisar que en sentencias de 5 de agosto de 202123 y 4 de

marzo de 202224, esta Sala también se pronunció sobre la

improcedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones

particulares emitidas en el desarrollo de concursos de méritos, bajo

argumentos similares a los expuestos en el precedente en cita.

En efecto, tal criterio ha sido acogido por esta Sala en múltiples

oportunidades, entre ellas, mediante providencia de 14 de abril de

202325, por medio de la cual en un asunto en el que el actor pretendía

controvertir el puntaje asignado en las pruebas de aptitudes y

conocimientos y en el que formuló reproches respecto de cada una

de las preguntas del examen, declaró improcedente la solicitud de

amparo por falta del presupuesto de subsidiariedad, al considerar

que la legalidad de las decisiones acusadas podía ser discutida a

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto
de 2021, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
03717-00(AC).
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo
de 2022, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315
00 (AC).
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-01326-
00.

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través del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho.

Asimismo, la Sala precisa que si bien, entre otras, en sentencias de

2426 y 3127 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a

solicitudes de amparo elevadas por participantes de la convocatoria

27, dicha situación obedeció a que los asuntos devenían de la

presunta falta de resolución de los recursos de reposición

interpuestos contra los puntajes de las pruebas de aptitudes y

conocimientos, lo que se relacionaba con el derecho de petición,

garantía susceptible de protección directa a través de la acción de

tutela28, lo que difiere del asunto bajo examen, en el cual se

cuestiona la forma de calificación y los instrumentos utilizados para

el efecto.

Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta

Sala precisó:

“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023 00837 00.

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-
01122-00.

28
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.

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subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».
Significa lo anterior que el presente asunto está orientado
a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 29 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de

29
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que

sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito

introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas

probadas se pueda advertir tal situación.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo por incumplimiento del requisito general de la

subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y UNIÓN

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TEMPORAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la

referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta

sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los

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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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